Hace un par de meses describíamos en esta sección algunos indicios de cambio en la ciencia española, centrándolos en el caso del CSIC, una de sus instituciones de referencia. Hacíamos el análisis como resultado de una iniciativa de colaboración entre científicos, políticos y gestores que comenzó hace ya más de cinco años, destinada a implementar las reformas que necesita la gestión de la ciencia española (y de la que hemos dado cumplida cuenta en este foro; 1, 2, 3, 4). En paralelo se han desarrollado nuevas iniciativas por parte de otros Organismos Públicos de Investigación (OPIs), varias Fundaciones, la COSCE, la CRUE y la SOMMa, entre otros, que llegan a conclusiones similares y que se pueden resumir en un decálogo. Este decálogo representa el conjunto de normas y consejos básicos necesarios para el desarrollo de la I+D pública española.

La necesidad de implementar todos los puntos de este decálogo no implica necesariamente que haya que aplicarlos todos a la vez. Hay procedimientos y prácticas organizativas, generalmente relacionadas con la interpretación de las normas, que deben cambiarse con urgencia para evitar el colapso del sistema. Un ejemplo claro es la intervención previa de las inversiones y gastos en los OPIs, que retrasa y dificulta la gestión eficaz de los recursos económicos en el entorno competitivo y cambiante de la actividad científica, lo que acaba asfixiándola. Algunas soluciones en este sentido se incluyen en el Real Decreto Ley 3/2019 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 8 de febrero. La aprobación de este Real Decreto Ley (RD-L) representa, sin embargo, una oportunidad perdida para modificar otras Leyes (por ejemplo la de subvenciones, la de Régimen Jurídico del Sector Público o la general presupuestaria), cuya aplicación severa es lo que realmente asfixia el sistema español de I+D. El contexto político actual no favorece, desde luego, el desarrollo de normas de calado, que exigen debates extensos, consensos amplios y compromisos a largo plazo. De hecho, un aspecto clave que no se ha abordado en este RD-L son las dificultades de funcionamiento y de autonomía presupuestaria de Agencia Estatal de Investigación (AEI) encargada de la financiación competitiva de la actividad científica. Esta Agencia, que debería contar con una estructura de gestión independiente, tiene problemas para asegurar una agenda de convocatorias de proyectos y personal que sea estable y predecible para los grupos de investigación. Planificar la investigación a medio plazo en estas condiciones es como avanzar por un videojuego de puentes movedizos, que pueden desaparecer cuando más se les necesita: ¡Game over!

A petición de los parlamentarios de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, organizamos una jornada sobre modelos de organización de los centros públicos españoles de investigación. Su objetivo fue debatir las claves del éxito (o el fracaso) de su gestión, de su gestión y las dificultades y la burocratización creciente consecuencia de los años de crisis. Asistieron los responsables de las iniciativas autonómicas CERCA, IKERBASQUE e IMDEA, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO),  el vicepresidente de investigación del CSIC, representantes parlamentarios de la Comisión, e investigadores convocantes del CSIC. El documento adjunto resume las conclusiones alcanzadas, y la propuesta de reformas y actividades a corto, medio y largo plazo, elaboradas por los gestores de la ciencia española, justo antes de la publicación del RD-L. Disponemos, por tanto, de una magnífica oportunidad para comparar las conclusiones de la jornada y este RD-L.

Los problemas de la ciencia han sido debatidos y analizados con intensidad y frecuencia en la última década, lo cual ha permitido identificar soluciones, especialmente en lo que se refiere a reformas urgentes a corto plazo. En este sentido, el RD-L incluye la eliminación temporal de la intervención previa en los OPIs, la revisión de la normativa laboral de contratación temporal, la modificación de la ley de contratos para flexibilizar los límites de gasto en contratos menores, la ampliación del plazo de vigencia de los convenios,  y la demora en el pago de los intereses de la deuda resultante de la creación de Parques científicos y tecnológicos. Incluye incluso un punto referido a la Agencia Estatal de Investigación, pero no centrado en su autonomía o su presupuesto, sino en la dotación de medios suficientes para cumplir sus deberes burocráticos de control.

La reacción general de la comunidad científica ante el RD-L ha sido la de un moderado optimismo, a pesar de las ambigüedades de redacción que pueden limitar su alcance. Las medidas que se aprobaron en el RD-L pueden contribuir a evitar el colapso administrativo de varias instituciones científicas, especialmente de los OPIs. Cabe esperar que estas buenas noticias se confirmen y se mejoren en la nueva legislatura, con independencia del color del gobierno. Sin embargo, no todo son luces, sino que también hay sombras en este RD-L. El Real Decreto Ley se queda muy corto ya que ni siquiera contempla cuatro aspectos considerados urgentes en el debate general:

Tampoco se mencionan en el RD-L los objetivos a largo plazo para la ciencia, sino que simplemente se destaca que estas medidas suponen mejoras frente a la situación actual. Este recurso, tan habitual en el lenguaje político, de no referirse a un objetivo futuro sino a una situación pasada, es preocupante para actividades como la ciencia que requieren de una planificación estratégica a largo plazo. En este contexto, es destacable que la Agenda del Cambio 2030, liderada por el Ministerio de Economía y Empresa, señale que: “España debe aumentar sustancialmente su inversión en ciencia básica para mantener el buen nivel actual, estabilizando el sistema desde el punto de vista presupuestario y de personal cualificado, y fomentando su actividad de transferencia al tejido productivo”.

No es posible juzgar la eficacia potencial de las medidas del RD-L , que deben someterse aún a convalidación en el Congreso de los Diputados, sin tener una referencia de los objetivos a alcanzar, cuyo debate y desarrollo, sin ser tan angustiosamente urgente como las medidas adoptadas, es sin embargo esencial para asegurar el funcionamiento de la I+D española. Unas nuevas elecciones, y la formación de un nuevo gobierno y los difíciles equilibrios de poder, tampoco ayudan a asentar el trabajo realizado durante los últimos años en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Es de agradecer que esta Comisión haya pretendido, en estos meses de trabajo, alcanzar un consenso político sobre las medidas a largo plazo que deberían facilitar que la I+D española sea tratada, por fin, como política de estado.

No se debe perder de vista la necesidad de reformas estructurales que favorezcan la sostenibilidad de la política científica y que eviten la necesidad de reformas urgentes, a corto plazo y puntuales como las aquí analizadas. Es más eficiente promover una Ley de la Ciencia que aborde de forma integral los problemas generales y que simplifique la enorme burocratización que ahoga la actividad científica que continuar parcheando otras leyes. Las ideas generales sobre la naturaleza de estas reformas están en gran medida recogidas en los informes y propuestas elaboradas a lo largo de estos años de crisis por varias instituciones. Va siendo tiempo de concretar las medidas, y, sobre todo, de ponerlas en práctica. Sólo así podremos seguir compitiendo en la primera división de la ciencia, en la que ya estamos por rendimiento, pero aún no por la calidad institucional de nuestros centros y organizaciones de investigación.

La publicación de trabajos científicos está dominada por un reducido grupo de empresas editoriales que operan con márgenes de beneficio desorbitados de hasta el 40% [1]. A pesar del presupuesto limitado con el que cuenta el sistema científico español desde hace años, el conjunto de universidades y organismos públicos de investigación de nuestro país mantiene un gasto ingente (decenas de millones de euros anuales) para poder acceder a las bases de datos y publicaciones editadas por las grandes editoriales. Por ejemplo, la suscripción a la base de datos Scopus (propiedad de Elsevier) nos cuesta más de 2 millones de euros al año [2], y la suscripción a Web of Science (propiedad de Clarivate) se estima que cuesta más de 3 millones de euros al año. A pesar de que a menudo se vende el acceso a estas bases de datos como indispensables para los científicos, actualmente existen alternativas gratuitas viablesviables y con prestaciones similares [3,4] (e.g. Google Scholar, MS Academic, Dimensions, 1findr, ...). 

Los costes de suscripción para poder acceder al contenido de revistas científicas son aún más impactantesimpactantes [5] y con constantes subidas de precios anuales. Por ejemplo, se estima que España paga unos 25 millones de euros anuales [6] sólo para poder leer los contenidos publicados en Elsevier. Para hacernos una idea de la magnitud de esta cifra, esa cantidad es equiparable [7] a lo que se invierte anualmente en todo el programa postdoctoral Juan de la Cierva. El beneficio económico de estas grandes editoriales contrasta con el hecho de que la inmensa mayoría de editores, autores y revisores realizan su trabajo de asesoramiento y revisión de manera gratuita. Un primer paso imprescindible es conocer el gasto real de forma fiable exigiendo más transparencia sobre los costes de las licencias tanto de bases de datos como de revistas. 

Ni siquiera la tendencia generalizada al incremento de la publicación en Acceso Abierto (Open Access - OA), que permite que cualquiera pueda leer los artículos tan pronto se publican y que sin duda va a aumentar en la Unión Europea una vez que el Plan S entre en vigor en 2020, ha provocado un cambio de actitud en las negociaciones con las editoriales. De hecho, la tendencia hacia la publicación en OA no se ha visto compensada por un acceso más económicoacceso más económico [8] a las publicaciones científicas, de modo que la cuestión de los altos costes de acceso y suscripción es uno de los grandes obstáculos a la generalización de la publicación en OA. 

Ante lo insostenible de la situación, muchos paísespaíses [9] (como Alemania y Suecia) e institucionesinstituciones [10] (como el Instituto Max Planck en Alemania o la Universidad de California en Estados Unidos) se están movilizando para reducir los costes de suscripción a bases de datos y publicaciones, llegando en algunos casos a la cancelación total de la suscripción. En España, sin embargo, se ha avanzado relativamente poco en las negociaciones con las principales empresas implicadas, lo que implica asumir costes crecientes y cada vez más insoportables para un sistema que aún mantiene niveles bajos de financiación que limitan notablemente su capacidad para generar conocimiento y servir a la sociedad. 

Ante esta situación, los firmantes de este artículo animamos al gobierno español y las instituciones científicas implicadas a emprender las acciones necesarias para reducir de manera drástica los costes de acceso a bases de datos y publicaciones científicas. 

Las medidas concretas que proponemos son: 

1. Revisión y posible cancelación de la licencia nacional para Scopus y Web of Science (coste anual estimado superior a los 5 millones de euros), dada la existencia de alternativas gratuitas equiparables, y mantener tan solo el número mínimo de suscripciones individuales imprescindibles para aquellos investigadores y profesionales que sí necesitan estas bases de datos para desarrollar su labor (e.g. investigadores en el área de bibliometría y bibliotecarios). 

2. Negociar una reducción sustancial tanto del coste de suscripción a publicaciones y revistas científicas (decenas de millones de euros anuales), como  de los costes de publicación por artículo en Acceso Abierto (APCs) , mediante un acuerdo valiente con las grandes editoriales, y a ser posible con una coordinación internacional con otras agencias y gobiernos. Plantear la cancelación global de la suscripción si no se llega a acuerdos económicos satisfactorios, como ya están haciendo otros países. 

3. Promover que la evaluación de los investigadores pase a regirse por los principios delineados por la declaración de San Francisco (DORADORA) en lugar de por el “Factor de Impacto” (IF) y los quartiles (Q1, Q2, ...) de las revistas científicas en las que publican, tal como rigen los criterios de evaluación utilizados en la actualidad.

4. Considerar la adhesión de las agencias españolas a la iniciativa cOAlition ScOAlition S abierta el 4 de septiembre de 2018 por un grupo de organizaciones nacionales de financiación de la investigación, con el apoyo de la Comisión Europea y el Consejo Europeo de Investigación (ERC) [11]. El Plan S pretende hacer realidad el acceso abierto a las publicaciones de forma completa e inmediata. Sin embargo, para que el Plan S funcione ha de ir de la mano de una reducción y adecuado modelo de financiación de los costes de publicación por artículo (APCs) que asegure la viabilidad de las revistas publicadas por sociedades científicas sin ánimo de lucro [12]. 

Entendemos que el proceso es complejo, por eso queremos animar a nuestras instituciones científicas y académicas (FECYT, AgEInves, CSIC, ANECA, CRUE, ISCIII, universidades, OPIs) a abordar un debate profundo de estas cuestiones. Para ello, iremos recabando el respaldo (y no solo la opinión) de la comunidad científica española a este tipo de medidas, tal como se haciendo en los países de nuestro entorno. 

Este artículo es el primero de una serie que queremos plantear aquí sobre el tema. Esperamos que genere el necesario debate y que éste debate salga del ámbito estrictamente académico para que la sociedad que financia con sus impuestos una parte sustancial de la mejor investigación que se realiza en el país comprenda la naturaleza de los cambios propuestos y sea escuchada. 

Iniciativas mencionadas:

https://www.coalition-s.org/

https://sfdora.org/ 

Fuentes de los datos económicos:

[1] https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-science

[2] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-12-27/elsevier-negociacion-actas-secretas-innegociable_1728034/

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751157718303249?dgcid=author

[4] http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/03/16/google-scholar-is-a-serious-alternative-to-web-of-science/

[5] https://eua.eu/resources/publications/321:eua-big-deals-survey-report-the-first-mapping-of-major-scientific-publishing-contracts-in-europe.html

[6] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-02-15/todos-contra-elsevier-gigante-revistas-cientificas_1521884/

[7] http://www.ciencia.gob.es

[8] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ddi.12885

[9] https://www.nature.com/articles/d41586-018-05191-0

[10] https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/

[11] https://erc.europa.eu/news/erc-supports-full-open-access

[12] https://www.pnas.org/content/early/2019/01/24/1900359116 

Servicios para académicos mencionados:

https://www.scopus.com

https://www.webofknowledge.com/

https://scholar.google.es/

https://academic.microsoft.com/

https://www.dimensions.ai/

https://www.1science.com/1findr/

Una de los de los grandes retos que mantiene la ecología como ciencia es conocer las reglas que regulan las diferencias de abundancia de las especies. ¿Por qué hay especies (de plantas, de animales) que son muy comunes y otras, en cambio, son rarísimas? ¿Qué factores determinan la riqueza y abundancia de especies en la Tierra?

La biodiversidad en el Planeta no ha hecho sino crecer durante los últimos 3.500 millones de años, pero con un ritmo pautado por cinco grandes eventos de extinción en masa. Por ello, ha desaparecido casi un 95% de las especies que en algún momento han poblado la Tierra. Una extinción en masa tiene tres características: afecta a una considerable proporción (al menos 75%) de la biota terrestre o marina en un periodo dado; ese periodo es breve (desde una perspectiva “geológica” del tiempo); y la extinción acontece sobre una extensión geográfica amplia.

En tanto que en, al menos, tres de los cinco grandes eventos de extinción han tenido que ver impactos extraterrestres (meteoritos, cometas), muy probablemente estamos asistiendo al sexto evento de extinción: la gran extinción asociada al antropoceno, el periodo que abarca los últimos 15.000 años, aproximadamente. Y en esta sexta extinción, el principal factor causal es la acción del hombre.

La extinción de las especies, al igual que su origen, es muy dinámica. La última edición de la lista de especies amenazadas, elaborada por la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (IUCN) en noviembre de 2014, enlista 76.000 especies. ¿Cuáles son las cifras de la biodiversidad? Damos nombre a unas 18.000 especies por año; y ya tenemos nombradas aproximadamente 1,8 millones. Ignoramos cuantas especies hay en el Planeta, pero estimamos que son entre 9 y 12 millones; o 20 millones, quizás. No sabemos. Pero estimamos también que perdemos entre el 0,05 y el 0,72% por año.

Un reciente estudio en la revista Nature por Newbold y colaboradores señala que sólo los cambios del uso de la tierra (para cultivos, minería, etc.) han causado en los últimos 500 años un declive promedio del 8,5% (con estimas de error de 4–13%) en la diversidad local de diferentes ecosistemas. Los escenarios que examinan para los próximos 100 años sugieren que, si no intervenimos cambiando las prácticas devastadoras de uso de la tierra, el promedio de riqueza de especies caerá en un 3,4% adicional. Esas cifras de pérdida no son triviales, dado que la extinción de las especies es difícilmente reversible. Es la primera prueba empírica de los efectos devastadores del antropoceno.

¿Es eso todo? No, ciertamente; hay más biodiversidad aparte de las especies en sí. Las especies no viven aisladas en la naturaleza. No hay una sola especie en la Tierra que no interaccione con otra. Por ello una de las imágenes icónicas de un ecosistema nos la proporcionó Charles Darwin, que describía estas relaciones entre especies como la espesura del soto ribereño en un río, con su intrincado entrelazado de ramas y hojas.

Las interacciones ecológicas, al igual que las especies, también se extinguen. Y pueden hacerlo antes de que se pierdan las especies. Por ejemplo, fragmentos de bosque tropical en Amazonia, remanentes tras la deforestación, pueden tener escasos individuos de algunas especies: se podría avistar algún tapir o algún tucán. Pero cuando quedan pocos individuos de una especie se pierden las funciones ecológicas de esa especie: los árboles cuyas semillas son dispersadas por los tapires o tucanes ya no contarían con suficientes dispersores como para garantizar la regeneración natural del bosque.

Es el “síndrome del bosque vacío”: las especies pueden estar ahí, pero su ecología ha sido tan transformada que se han perdido sus funciones ecológicas clave, haciendo peligrar la persistencia del ecosistema. Esas interacciones son también biodiversidad, es más, son la arquitectura de la biodiversidad, porque conforman el armazón ecológico que sostiene a las especies. Pero esas valiosas interacciones ecológicas pueden perderse (extinguirse) bastante antes de que se pierdan las especies, resultando en alteraciones graves del funcionamiento de los ecosistemas.

Las interacciones de las especies no se conforman de forma simple ni azarosa en los ecosistemas. Forman redes complejas semejantes a las que dan base a internet, o a las conexiones entre neuronas en el cerebro, o a las relaciones entre los genes del genoma. Al igual que en un pequeño juego de Meccano o Lego, si unimos al azar las piezas de un modelo jamás tendremos un cacharro que funcione: sólo si seguimos las reglas de ensamblaje obtendremos un modelo perfectamente funcional.

Los estudios más recientes sobre redes complejas en ecosistemas revelan que la biodiversidad depende estrechamente de esas interacciones. La estabilidad de los ecosistemas y su capacidad de retorno a estados de equilibrio depende de forma crucial de que se preserven los elementos centrales de la red de interacciones ecológicas.