En el año 2003 comenzó su andadura Seviten (Seguridad Vial Tenerife), cuando David, un policía local tinerfeño preocupado por la seguridad en la conducción y muy interesado en el estado de las carreteras, arrancó en Internet -aun no existían las redes sociales- publicando incidencias, advertencias y sugerencias en páginas web gratuitas que ofrecía hotmail.

En 2010 aterrizó en la red social Twitter, donde cumplirá seis años el próximo mes de junio y donde mantuvo el nombre de Seviten hasta finales de 2015, hasta que lo cambió por Tenerife Vial.

David, que ha preferido mantener su apellido en el anonimato, relata que su historia comienza cuando “al ser agente de Tráfico observo que muchos accidentes tienen el origen en el factor vía y que no siempre es culpa del conductor”.

“Me puse a investigar, a preguntar y a hablar con guardias civiles de tráfico, con ingenieros forenses industriales sobre investigación en accidentes de tráfico, y observo que en Internet habia más gente hablando de la causa inmediata de los accidentes y decido a empezar a observar la calzada, como cualquier ciudadano”.

Indica que hay “riesgos viales” creados por el propio titular de la vía, ya sea por fallos en la propia construcción de la carretera u otros factores de los elementos que están presentes en las vías como mala señalización o ausencia de señalizacion, pérdida de adherencia, utilización de elementos metálicos con riesgo para peatones, ciclistas y motoristas en caso de accidentes, o la ausencia de elementos guía, además de aquellos que son consecuencia del paso del tiempo y de un indebido mantenimiento.

Desde entonces, con comentarios y fotos, el community manager de Tenerife Vial va advirtiendo a la gente, desde su experiencia profesional, por qué hay en una zona determinada riesgo para peatones o conductores. En muchas ocasiones informa de incidencias y algunos ayuntamientos se hacen eco de sus comentarios, “pero no todas las administraciones responden, no sé si es que se lo toman como una critica destructiva, cuando no es así”.

A este respecto recalca que en sus comentarios insiste en la participación ciudadana y aclara que “nunca he recibido quejas de las administraciones públicas y los ciudadanos. Al contrario siempre he recibido colaboración y agradecimiento por esta labor que hago”.

En la cuenta de Twitter @TenerifeVial se han publicado numerosas incidencias en carretera y se ha criticado la falta de respuesta por parte de la administración competente en algunos casos. Se han publicado algunas curiosidades impensables y también se ha denunciado alguna intervención por considerarla de riesgo; es el caso de un tramo de la autopista del Sur, TF-1, entre Tabaiba Baja y Radazul, donde hay instalada una placa de metal en un tramo de más de cien metros y que los motoristas consideran peligrosa.

Tanto Tenerife Vial como la asociación canaria de moteros -esta última en su página web- han publicado en estos días que “si esta placa es pisada por un motorista se puede caer al suelo, sobre todo si está mojado, porque no tiene ningún dispositivo antideslizante”.

Dicho elemento es en realidad una junta de dilatación producto de la ampliación de la autopista que llevó a cabo la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y que acabó hace hace unos seis años, según ha podido confirmar Tenerife Ahora a través del Cabildo -responsable del mantenimiento de la carretera- y la Consejeria, propietaria de la vía.

El Cabildo señala que ya advirtió en su momento de los inconvenientes de esta placa metálica a Obras Públicas porque podria provocar deslizamiento, si bien le consta que esta intentó solucionar entonces el problema con pintura antideslizante.

Por su parte, la Consejería indica que al ser una junta de dilatación la única posibilidad que hay es pintar la placa con una pintura especial que la haga menos deslizante, actuación que -señala- tendria que llevar a cabo el Cabildo pues le corresponde a esta administración el mantenimiento y la seguridad de las vías. Obras Públicas apunta que el Cabildo recibe al año, dentro de las transferencias del Gobierno de Canarias, una partida de unos 17 millones de euros para el mantenimiento y seguridad de las carreteras.

Mientras estas dos administraciones se tiran la pelota una a otra, David señala que este tema se ha puesto en conocimiento del departamento de seguridad de la Unión Internacional para la Defensa de los Motoristas para que lo estudie y proceda, en su caso.

Este tinerfeño, que también comparte sus inquietudes y conocimientos en otras redes sociales como Facebook o Instagram, espera que las carreteras de la isla lleguen algún día a tener un nivel no tan alto como las carreteras alemanas, a las que ha podido observar en más de una ocasión durante sus viajes al país germano, pero si al menos un nivel óptimo, aunque matiza que eso llevará mucho tiempo.

El estado lamentable del antiguo Colegio de La Asunción, adquirido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para uso de la ciudadanía, se cae. Esta frase encabeza una petición lanzada esta semana en la plataforma social change.org en la que su autora, en nombre de ex alumnas del citado colegio, denuncia el estado actual de este edificio, catalogado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento, y reclama que sea rehabilitado para uso y disfrute de la ciudadanía. 

El parque, donde se encuentra el colegio construido en 1903, lleva el nombre del botánico José Viera y Clavijo y desde el punto de vista arquitectónico destaca su iglesia neogótica. La superficie de todo este espacio ubicado junto a la avenida de las Asuncionistas supera los 30.000 metros cuadrados. El conjunto del Viera y Clavijo alberga también extensos jardines que contienen algunas joyas botánicas como su inmensa Ceiba, árbol de origen caribeño que causa admiración por quienes pasean por el parque. 

En la petición lanzada en la plataforma social se incluye la pregunta de cuál es el motivo del abandono de “una importante zona de la capital tinerfeña que cuenta con zonas verdes y un magnífico edificio que parece querer que se desplome”. Se recuerda que el inmueble se halla en una zona privilegiada, junto a las Ramblas, y rechaza que “se convierta en un solar especulativo”. 

La petición, lanzada hace dos días, contaba este sábado con casi 400 firmas de apoyo a la iniciativa que va en la línea de lo solicitado por la Asociación en Defensa del Parque Viera y Clavijo. 

La asociación, que preside Ana Mendoza, ha solicitado en fechas recientes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que retire las vallas publicitarias situadas en el vallado exterior del parque, al entender que no se está respetando la imagen de este espacio declarado BIC, y sobre todo, la riqueza patrimonial que contiene en su interior, señala Carlos Castañosa, secretario de la asociación.

Como recuerda Castañosa, en la decada de los 80, entonces era alcalde de la ciudad, Manuel Hermoso, el Ayuntamiento se hizo con la propiedad del colegio de La Asunción y el edificio anexo. El objetivo de entonces era construir el Hotel Escuela en el terreno de la zona baja, que es el que cedían las monjas inicialmente para el proyecto. 

“Las monjas tenían una deuda de plusvalias e impuestos, y el Ayuntamiento aprovechó esa situación para exigirles la venta del edificio”, indica. “La tasación de todo el parque con los edificios era mucho mayor pues al Ayuntamiento le costó solo una décima parte del valor de su tasación oficial por el resto del territorio y edificaciones”. 

En 1980, “la hábil maniobra municipal” dio resultado y el Ayuntamiento consiguió para construir el Hotel Escuela 3.500 metros cuadrados dentro del parque “que le fueron graciosamente regalados a Hecansa”, señala Castañosa. 

Posteriormente, el colegio se transformó en un centro cultural y se instalaron allí la Universidad Internacional Menendez Pelayo, la Escuela de Mayores, y la Escuela de Música. Años más tarde se pondría el nombre de Teatro Pérez Minik al edifico anexo, en el que se celebraron representaciones teatrales, exposiciones y conferencias, entre otros actos culturales. 

El edificio de La Asunción tuvo uso hasta el tránsito de siglo, hasta que hubo una cesión a favor del Gobierno de Canarias, en 2004, por el cual el Ejecutivo se comprometió mediante un convenio con el Ayuntamiento capitalino a la restauración y posterior uso del inmueble con fines de la enseñanza.

Pero lo cierto es que esa rehabilitación nunca llegó. Se redactó el proyecto de reforma y se hicieron los primeros trabajos pero la obra nunca comenzó, quedando el edificio con puertas y ventanas tapiadas, y el inmueble anexo sin techo. 

La Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias argumentó entonces que la obra se paralizó debido a la detección de importantes problemas de estructura del edificio, que hicieron necesario la realización de un nuevo proyecto arquitectónico que suponía una significativa ampliación del presupuesto. El argumento del Gobierno ha sido que estas obras no se han podido retomar desde entonces por falta de presupuesto ante la llegada de la crisis económica de 2008. 

Carlos Castañosa recuerda que la Consejería de Educación tenía la intención de demoler el Teatro Pérez Minik, el edificio anexo, “pero se evitó por la actuación de la Fiscalía a partir de la denuncia interpuesta desde la asociación. Según el auto de archivo, si llegan a meter la pala excavadora, contraviniendo la ley de Patrimonio Histórico y Bienes de Interés Cultural, hoy estaríamos hablando de penas de prisión para los infractores”. 

También el Ayuntamiento de Santa Cruz se opuso por entonces al derribo del Teatro Pérez Minik. 

Este inmueble está ocupado hoy en día por 20 personas sin hogar que tienen una relación afable y guardan buena sintonía con la Asociación en Defensa del Parque Viera y Clavijo. “Estas personas se han ocupado durante estos años de cuidar, en la medida de sus posibilidades, este espacio”, afirma Ana Mendoza. Así recuerda que antes de que el Ayuntamiento se ocupara de nuevo del cuidado del parque, eran los okupas los que cargaban garrafas de agua en una toma a la altura del puente Serrador para transportarla en carritos y regar los árboles del silencioso jardín de los cipreses.      

La bandera comunitaria que ondea en el Ayuntamiento de La Laguna luce un crespón negro en solidaridad con los refugiados y en señal de protesta por la gestión de la Unión Europea (UE) en esta crisis humanitaria.

En el Pleno que celebró el Ayuntamiento en la tarde noche de este miércoles, el alcalde de la ciudad, José Alberto Díaz, leyó una moción institucional que aprobaron todos los grupos municipales, y recordó que Canarias ofertó aproximadamente 600 plazas para acoger refugiados, “pero La Laguna y Canarias no han podido ser solidaria porque la Unión Europea ha gestionado con mezquindad un acuerdo con Turquía”.

Santiago Pérez, portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), felicito a la Alcaldía por una iniciativa “que honra a este municipio”. Señaló que “estas personas están huyendo del hambre y Europa es un espacio humano, una comunidad de derecho”, y recordó que hace unos años hubo un problema similar en Canarias, cuando miles de personas llegaron a las Islas en patera procedentes de África. “Ojalá nunca más se levanten voces como en aquella ocasión, que hablaron de invasión”.

Antonio Alarcó, portavoz del PP, dijo que como ciudadano europeo se sentía identificado con la propuesta, que se solidariza con miles de sirios que huyen de sus país por la guerra. “Estos ciudadanos del mundo están siendo víctimas de las mafias”, dijo el concejal.

En nombre del grupo socialista, el conceal Javier Abreu dio que “vivimos épocas difíciles en las que no debemos de mirar para otro lado”, como lo hacen “el Gobierno de España y el de la Unión Europea”. “Hoy más que nunca solidarios y europeos, a pesar de que algunos gobiernos conservadores mantengan una actitud despreciable”, apostillo.

Rubéns Ascanio, portavoz del grupo de Unid@s se Puede, dijo que el pueblo canario sabe bien lo que es emigrar “porque mas de dos millones de personas tuvieron que abandonar este territorio y tuvieron que buscarse la vida en otros países”. Es una pena, añadió, que la Unión Europea tenga tan poca memoria histórica.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Teresa Berástegui, afirmo que los acuerdos que se han tomado en la UE “demuestran la incapacidad de los estados, entre ellos el español, para gestionar lo que es una verdadera crisis”, e indicó que “el proyecto de la UE debe basarse en el respeto a los derechos humanos y no a los intereses económicos”.

El Ayuntamiento de La Laguna encargará una auditoria de la gestión de Teidagua, la empresa mixta de abastecimiento de agua, a la Universidad de La Laguna según el acuerdo aprobado por el Pleno municipal. Todos los grupos políticos expresaron su respaldo a la moción presentada por el concejal socialista Javier Abreu en la sesión de este miércoles y en una semana convulsa para el Ayuntamiento de La Laguna.

El pasado lunes Abreu, primer teniente de alcalde, fue destituido de sus responsabilidades de gobierno por el alcalde de CC, José Alberto Díaz. Su decisión desembocó en que dos concejales socialistas renunciaran a sus áreas de gobierno. La presentación de la moción fue el detonante del cese de Abreu de sus competencias al entender el alcalde que esta empresa “no se puede utilizar como un arma política contra tu socio de gobierno”.

Ante un salón de plenos abarrotado de público, de los que buena parte eran seguidores de Javier Abreu, el concejal defendió la misma moción que el pasado mes quedó sobre la mesa, después de que el secretario de Organización del PSOE, Julio Cruz, y a petición de CC, -como ha relatado el propio Abreu- le pidió que retirara.

En su intervención, afirmó que este tipo de auditorias son habituales en las empresas públicas y tienen como fin conocer una serie de parámetros: “cómo funciona la empresa, a qué precio compramos el agua, y a qué precio se vende, cómo esta la red o cuánto le pagamos al Ayuntamiento de Santa Cruz por la depuración de las aguas residuales”. En definitivo, dijo,“saber que cosas se están haciendo bien y que los ciudadanos sepan si se le cobra el justiprecio por ese servicio”.

Defendió la gestión del PSOE al frente del Consejo de Administración de Teidagua, del que fue cesado como consejero delegado el pasado mes de diciembre por “deslealtad” según argumentó el alcalde nacionalista. Así, señaló que “cuando llegamos se cobraba por llamar para denunciar una avería o una fuga de agua, los depósitos no tenían cámaras de vigilancia y las hemos colocado; y no se sabía a qué precios estábamos comprando el agua en el mercado”.

Apuntó que llevó la propuesta al Consejo de Administración del pasado mes de septiembre y nadie puso ningún reparo, incluso estaba de acuerdo la parte privada de Teidagua, la empresa Canaragua.

En otro momento Abreu ironizó con el revuelo que se ha formado en torno a este asunto y señaló: “no entiendo que alguien ponga el grito en el cielo por este tipo de políticas, todas las cúpulas de partido se llenan la boca hablando de transparencia, pues qué mejor que hacer una auditoria”, a lo que añadió que “algunos han contado la película como les convenía para disfrazar otras decisiones”.

La portavoz de Ciudadanos, Teresa Berástegui, manifestó el respaldo de su grupo a la propuesta y recordó que el Consejo de Administración de Teidagua, del que la concejal forma parte, dio su visto bueno para que se lleve a cabo la auditoria.

Santiago Pérez, portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), dijo que realizar esta auditoria lleva aparejado “consecuencias positivas”, y subrayó uno de los aspectos más negativos, a su juicio, de la decisión de entregar a principios de los años 90 la gerencia de Teidagua al socio privado, lo que “le dio una preponderancia en la gestión de esa entidad mercantil”.

Según Pérez, desde la gerencia de Teidagua “se ha desarrollado una política de subcontratación de servicios que favorecen al socio de Teidagua”, en este caso Canaragua.

Por su parte, el portavoz del PP, Antonio Alarcó, recordó que la auditoria es un instrumento técnico de transparencia de obligado cumplimiento, mientras que José Luis Hernández, concejal de Unid@s se Puede, coincidió con Santiago Pérez en el excesivo “poder” que se da a la parte privada “para controlar a la empresa”.

El alcalde de La Laguna, y presidente de Teidagua, intervino casi al final del debate sobre este punto del Pleno para señalar que “cuando me pidieron la comparencia el mes pasado hice un dossier con cada uno de los puntos que me parecieron de interés. Se hizo un informe que se dio a cada concejal y a los medios de comunicación, con lo cual hay transparencia, aunque algunos no se lo crean”.

Indicó que se trata de un informe de 33 páginas, donde se indica que se ha hecho una auditoria a Teidagua en 2015, en la que ha sido evaluada en seguridad laboral, patrimonial, emergencias, y ha obtenido una valoración muy alta en todos los puntos. Afirmó también que la empresa posee varios certificados de calidad que acreditan su gestión.

Además recordó que en el Consejo de Administración todos los miembros aceptaron hacer una auditoría. Por tanto, ha dicho, CC “en ningún momento”, a pesar de lo que otros creen, se ha negado a la auditoría que llevará a cabo la Universidad de La Laguna.

En un receso del Pleno y ya una vez aprobado este punto del orden del día, tanto el alcalde como el concejal socialista mantuvieron la misma posición que han defendido en los últimos días. A preguntas de los periodistas, Javier Abreu dijo que no tiene miedo de ser expulsado de su partido porque según dijo no hay motivo, “la moción ha sido aprobada por unanimidad”, recalcó. Por su parte el alcalde subrayó que “no se puede estar en el Gobierno y en la oposición al mismo tiempo”.

Yeray Rodríguez y Zebensuí González, los dos concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna que presentaron este martes su renuncia a las competencias que tenían delegadas como miembros del grupo de gobierno en virtud del pacto electoral CC-PSOE, han expresado su respaldo al concejal Javier Abreu, destituido por el alcalde este lunes, y han afirmado que “la dignidad del partido es lo primero”.  

En un encuentro con periodistas, pocas horas después de presentar la renuncia, Yeray Rodríguez dijo que han renunciado a seguir en el grupo de gobierno por los últimos acontecimientos en el Ayuntamiento de La Laguna, “especialmente el atropello al que ha sido sometido Javier Abreu -también secretario general en La Laguna- en las últimas horas a manos de quien es supuestamente nuestro socio de gobierno”. 

Yeray Rodríguez, vicesecretario general del PSOE en este municipio tinerfeño defendíó la decisión tomada por él y su compañero de grupo, de la que dijo que “es coherente nuestros principios”. 

“No voy a permanecer un minuto más en un equipo de gobierno donde el principal responsable y desleal es el alcalde de La Laguna”, ha dicho Rodríguez. “A mí me da igual lo que estén haciendo otros dirigentes del partido en otros ámbitos, que no han salido a defendernos ni en un solo minuto”.

Expresó su malestar porque la dirección del partido, según dijo, no ha salido en defensa de Javier Abreu tras su destitución. “Duele un poco que con todo lo que ha hecho el PSOE de La Laguna con el resto de los compañeros de partido, no salga absolutamente nadie en nuestra defensa, ni los representantes del partido en el Cabildo ni nuestros supuestos representantes en el ámbito regional”.

Además recordó que el acuerdo de gobierno entre CC y PSOE en La Laguna “es un pacto de gobierno impuesto, que no ha sido firmado por los concejales pero que lo hemos asumido por responsabilidad y porque nos lo han pedido”. Añadió que este pacto, suscrito por miembros de la dirección del partido, “lo han firmado otros que hoy están escondidos”, y recalcó que “es ridículo seguir manteniendo un pacto donde el propio equipo de gobierno suma 12 concejales frente a 15 de la oposición”.

Con todo dijo que él y su compañero no se irán del Ayuntamiento de La Laguna, donde permanecerán hasta el año 2019.

Así, Rodríguez deja las competencias en Cultura y el Organismo Auónomo de Música, y González, en Mercados y Sanidad, mientras que por ahora, las otras dos concejales del grupo, María José Castañeda y Mónica Martín, mantienen sus áreas.

Santiago Pérez, portavoz del grupo municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, ha manifestado que la destitución del concejal socialista Javier Abreu por parte del alcalde, José Alberto Díaz, obedece a un intento de Coalición Canaria (CC) de debilitar al Partido Socialista en este municipio de Tenerife.

Pérez manifestó su pesar por la situación que se vive en el Ayuntamiento de la Ciudad de Aguere y apuntó que “forma parte del libro de estilo de Coalición Canaria aprovecharse, no ya de las disciplinas, sino de las jerarquías de partidos de ámbito estatal para mantenerse en el poder en el Archipiélago, gane o pierda las elecciones. Igual que forma parte de su libro de estilo debilitar constantemente a su aliado”.

En esa línea recordó que el Partido Popular (PP), que cogobierna con CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, “tiene una larga historia en ese ayuntamiento, donde lo han ido descabezando periodicamente y sus líderes electorales más destacados han acabado en el exilio”, y citó los nombres de Guillermo Guigou, Ángel Llanos y Cristina Tavío.

Según Pérez, CC lo intenta ahora en La Laguna con la destitución de Javier Abreu, hasta ayer lunes primer teniente de alcalde y al que el José Alberto Díaz ha quitado por decreto toda responsabilidad de gobierno. Todo ello, añadio, para dejar el grupo socialista sin la persona que ejerce su liderazgo desde hace tiempo en La Laguna. “No lo han conseguido porque Javier Abreu no ha aceptado ni compras ni nuevos cargos ni cantos de sirena”, apostilló el concejal.

El portavoz de XTF-NC afirmó además que lo más que le “entristece” de la situación que se vive en La Laguna es la “actitud” del Partido Socialista Canario. “El día que yo decidí abandonar el PSOE fue esencialmente porque no estaba dispuesto a que CC me mangoneara desde Ferraz, y era el partido de mis ideales, y en buena medida lo sigue siendo”, apuntó.

Dijo no entender “el sometimiento y humillación de los líders del PSOE” ante las “agresiones” de CC y se preguntó si obedece “al deseo de mantenerse compartiendo la mesa del poder en el Gobierno de Canarias o en el Cabildo de Tenerife”.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ha firmado este lunes el decreto por el que destituye al concejal socialista Javier Abreu de sus competencias, en concreto la primera Tenencia de Alcaldia, Servicios Municipales, Participación Ciudadana, Parques y Jardines, y Cementerios, y además cesa a cuatro asesores del grupo municipal socialista. Ya el pasado mes de diciembre Abreu fue destituido como consejero delegado de Teidagua por “deslealtad” según el argumento del alcalde de Coalición Canaria (CC).

El “detonante” que ha llevado a José Alberto Díaz a tomar esta decision, según fuentes de CC, ha sido la moción que Abreu presentó al Pleno municipal “desoyendo a su partido” para que se lleve a cabo una auditoria a la empresa municipal Teidagua. El concejal socialista no retiró la moción y la dejó sobre la mesa, por lo que previsiblemente irá al Pleno de esta semana.  

El alcalde de La Laguna, que ve en la actitud de Abreu otra prueba de su “deslealtad”, sostiene que la razón de su decisión no es la auditoria en sí, sino la “incoherencia” que supone hacer tal propuesta cuando se forma parte del grupo de gobierno. 

Díaz ha dicho este lunes que Javier Abreu “ha jugado desde el principio del mandato a estar dentro y fuera del pacto de gobierno” suscrito por CC y PSOE, en una actitud, ha añadido, “esencialmente desleal y destructiva”.

El pacto de CC y el PSOE “ha funcionado razonablemente bien a pesar de los intentos de Javier Abreu, y ahora espero que funcione muchísimo mejor”, ha afirmado. “Jugar a hacer Gobierno y oposición al mismo tiempo es tomarle el pelo a los electores en particular y a la ciudadanía de La Laguna en general”.

El alcalde de La Laguna aseguró que con este cese “no se agrede a Javier Abreu, se defiende la estabilidad del equipo de gobierno que necesita La Laguna para gestionar sus intereses generales”. Con todo ha dicho que el actual pacto de gobierno entre CC y el PSOE es el mejor acuerdo para La Laguna y ha anunciado que solicitará la reunión de la mesa del pacto.

En la actualidad Javier Abreu no recibe remuneración por sus responsabilidades como concejal del grupo de gobierno puesto que antes del mes de diciembre percibía un sueldo como consejero delegado de Teidagua. En la Alcaldía señalan que José Alberto Díaz le ofreció, tras su destitución, la posibilidad de cobrar un sueldo como concejal liberado, a lo que Abreu dijo que lo consultaría con su partido pero aun no ha dado una respuesta.   

Veinte personas viven en la actualidad en el ruinoso Teatro Pérez Minik, en pleno corazón de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. El teatro se encuentra dentro del Parque Viera y Clavijo, en lo que su día fue el salón de actos del colegio de las Asuncionistas, construido como un anexo al colegio y a la iglesia que forman el conjunto neogótico declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). A pesar de su valor patrimonial este edificio está hoy en día abandonado. 

El Teatro Pérez Minik tenía un aforo para medio millar de personas y en él se celebraron conferencias, exposiciones, cursos y obras teatrales, entre otros actos. El paso del tiempo y el abandono lo han convertido en un inmueble en ruinas, ya no tiene ni techo, en el que empezaron a vivir personas sin hogar hace aproximadamente cuatro años. 

Sus actuales moradores mantienen bien limpio este espacio, al que solo se puede acceder a través de una puerta que permanece día y noche con candado. En su interior hay algunas chabolas situadas justo encima de lo que en su día fue el escenario del Teatro Pérez Minik.  

Podría parecer una corrala, las casas a los lados, desde las que asoma ropa tendida, y un gran patio interior en el que hay algunas sillas y una mesa para pasar las horas de la tarde, señala Ana Mendoza, presidenta de la Asociación en Defensa del Parque Viera y Clavijo.

Mendoza, gran defensora de la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad, conoce bien a los moradores del Teatro Pérez Minik a los que la asociación asesora en el trámite de papeleo y ayuda con la entrega de alimentos, al igual que hacen algunas ONG como Sonrisas Canarias, señala.   

“Eramos una asociación cultural pero nos hemos visto con un problema social del que nos hemos hecho cargo”, dice Mendoza de esta organización que ha sacado a dos personas que vivían en barrancos de Santa Cruz y que ahora se encuentran en lo que en su día fue el Teatro Pérez Minik.

“El parque estuvo abandonado mucho tiempo, entraba gente de noche, hacían botellón..” “Ahora las personas que viven aquí -relata mientras muestra el lugar- cuidan del sitio y se esmeran porque esté en las mejores condiciones”. Mendoza sueña porque todos ellos, los hay carpinteros, soldadores y fontaneros, “puedan participar como peones algún día en la rehabilitación del teatro”.  

Las 20 personas que viven en este lugar, en su mayoría cubanos pero también hay españoles, argentinos y un africano, comen cada día en un comedor social aunque también cocinan en las improvisadas casas. El Ayuntamiento ha ofrecido una alternativa a su situación actual, por ejemplo, mediante una ayuda al alquiler, pero lo cierto es que ellos continúan alli tras varios años, y además se niegan ir al albergue municipal. 

El Teatro Pérez Minik y todo el Parque Viera y Clavijo, que linda con el Hotel Escuela y se encuentra cerca de un gran parque de la ciudad, el de La Granja, es propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que lo cedió al Gobierno de Canarias para su rehabilitación y su posterior puesta en uso.

En el año 2008 la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda inició la ejecución del proyecto de reforma y ampliación del Parque Viera y Clavijo, pero la obra se paralizó al siguiente año debido a la detección de importantes y graves problemas de estructura del edificio, según la Consejería, que hicieron necesario la realización de un nuevo proyecto arquitectónico que suponía una significativa ampliación del presupuesto.

El argumento de este departamento del Gobierno ha sido que estas obras no se han podido retomarse desde entonces por falta de presupuesto ante la llegada de la crisis económica de 2008. 

“Esperemos que el Ayuntamiento lo recupere y proceda a rehabilitarlo, porque no se puede tener un edificio y unos terrenos, casi 33.000 metros cuadrados, inutilizados”, subraya la presidenta de la asociación. 

La Fiscalía pide un total de 17 años de prisión para los dos acusados en el conocido como caso Siliuto por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, en concreto el exconcejal Norberto Plasencia y el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes. Izquierda Unida Canaria (IUC), que este miércoles ha anunciado que se personará en la causa como acusacion particular, solicita también penas de prisión para el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo.

El concejal de IUC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, y Luis Aguirre, miembro del comité político local, informaron de ello este miércoles y reclamaron que la Corporación se persone también en esta causa que investiga la compra por parte de la Administración municipal de un inmueble en el barrio de El Toscal, destinado a acoger la futura sede de la Casa Insular de la Juventud, por una cantidad cercana al doble de la tasación de los técnicos municipales.

“La jueza en su escrito da al Ayuntamiento la opción de personarse y pensamos que debe de hacerlo para mostrar con rotundidad su necesario compromiso en contra de la corrupción que ha maltratado las arcas de este municipio”, señaló Trujillo.

La adquisición de la vivienda se formalizó el 3 de febrero de 2003 al precio de 612.777,78 euros, pese a que en el expediente administrativo tramitado por la Gerencia de Urbanismo se estipulaba que el precio debería ser de 332.496 euros. Un expediente en el que se advertía, según dijo Trujillo, de que no se ajustaba a la legalidad el informe de tasación realizado por Tinsa por encargo del Ayuntamiento y en el que valoraba el inmueble en 705.000 euros.

Asimismo, y en contra de lo acordado por el propio Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, se decidió que el impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana fuera asumido por el propio Ayuntamiento, dejando de percibir las arcas municipales el importe correspondiente al citado tributo, que ascendia a la cantidad de 10.946 euros.

La Fiscalía interesa la apertura de juicio oral en el que serán citados en calidad de testigos varios exconcejales de Santa Cruz de Tenerife, como Manuel Parejo y Guillermo Núñez, y altos cargos del Ayuntamiento, además del concejal Dámaso Arteaga.

El 3 de diciembre de 2002 el Consejo de Administracion de la Gerencia de Urbanismo decide la compra de la Casa Siliuto desconociendo la tasacion realizada por la arquitecta municipal, apuntó Trujillo durante la rueda de prensa.“El Ayuntamiento compró la casa con sobreprecio y pagó unos impuestos que no le correspondían”, señaló y añadio que Izquierda Unida pide penas de ocho años de cárcel para los dos acusados por la Fiscalía, además de Manuel Parejo.

Como quiera que la tasación encargada por el perito judicial estableció en 2005 que el valor de la casa es de unos 475.000 euros, IU plantea que estas tres personas deben de indemnizar conjuntamente al Ayuntamiento con la diferencia entre lo que se pago por el inmueble -612.777,78 euros- y esta última tasación; esto es cerca de 140.000 euros.

La Fiscalía solicita que el Ayuntamiento sea indemnizado solidariamente por los dos acusados con 280.281 euros. En el caso del exconcejal Norberto Plasencia, el ministerio público pide 7 años de prisión e inhabilitación absoluta por 12 años por el supuesto delito de prevaricación, además de 3 años por malversación de caudales públcos. Para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo solicita 7 años de prisíón.

El coordinador de Izquierda Unida en Canarias, Ramón Trujillo, ha defendido la posibilidad de un acuerdo entre formación política y Podemos para presentarse juntos a las elecciones generales. Horas antes de la reunión que el representante de IU mantendrá este miércoles con la secretaria general de Podemos en Canarias, Meri Pita, en la que se comenzará hablar de cuestiones programáticas, Trujillo ha insistido que este acuerdo dependerá de las negociaciones a nivel estatal, y ha remarcado que la única posibilidad de la izquierda en esta país es ir juntos. 

Este acuerdo, según Trujillo, “es absolutamente necesario porque las encuestas, los sondeos y los resultados electorales de diciembre muestran que la única posibilidad que tiene la izquierda en este país es yendo juntos para no ser penalizados por la ley electoral”. En cualquier caso, añadio, esta coalición electoral “es la única garantia de ser la segunda fuerza política, lo que significa que antes o despues se gobierna, y que la capacidad de condicionar las políticas públicas de este país se incrementan de manera sustancial”.

También dijo que este acuerdo entre IU y Podemos es la única manera de garantizar que el ciclo de protesta y de resistencia frente a los recortes que los españoles han vivido durante la “crisis estafa”, acabe teniendo “una plasmación en lo político y en lo institucional con capacidad de transformar la política de este pais. Esa es la responsabilidad que tenemos Izquierda Unida y Podemos, como otras fuerzas políticas”.

Trujillo remarcó que se trata de “evitar que se produzca una restauración del programa neoliberal y consolidación de la pérdida de derechos y que pueda prolongarse durante décadas”. Ante la gravedad de un mal desenlace en esta coyuntura, dijo, “tenemos que anteponer otras muchas consideraciones y entender que hay que ir juntos”. 

Juan Carlos Monedero, politólogo y miembro fundador de Podemos, ha dicho este jueves en Tenerife que ante las elecciones generales que se avecinan habría que preguntar a los votantes del Partido Popular (PP), 7 millones de personas ha dicho, si van a dar su voto “al partido de Rita Barberá, Bárcenas, Soria y los papeles de Panamá”.

Monedero ha protagonizado un encuentro con simpatizantes del partido en el Parque de La Granja de Santa Cruz de Tenerife, acompañado de la secretaria general de Podemos en Canarias, Meri Pita, la diputada Noemí Santana y el diputado Alberto Rodríguez, quienes se han dirigido al público antes de la intervención del cofundador de Podemos. Entre el público se pudo ver también a algunos representantes del partido en las Islas.

Ante unas 400 personas, aproximadamente, Juan Carlos Monedero ha iniciado su intervención con algunas bromas como “hoy me he duchado dos veces” y algunas frases de quien le diera clases, Jesús Ibáñez.

Monedero hizo alusión a los miles de jóvenes que han abandonado el país en busca de trabajo, “los necesitamos, necesitamos vuestra inteligencia”, a los parados de larga duración, “a los que les decían que son unos perdedores hasta que vino la Platatorma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a decirles: no tenéis la culpa, os han robado”; y a la ley mordaza, “una ley que demonizaba cualquier tipo de protesta”.

Señaló que “los canallas están envalentonados pero hay que decir que cualquiera de los que estamos aquí somos sujetos de dignidad por esa condición finita, y hoy cualquier persona debiera ser tratada como un héroe”.

“No queremos caridad, queremos derechos”, dijo Monedero, para hacer hincapié en que “los derechos laborales no son gracia que nos dan, son derechos”, y ha recordado que lo primero que ha hecho Podemos al llegar al Congreso “ha sido llevar la ley 25 para ayudar a los que lo necesitan”.

Apuntó que su partido ha sido atacado desde diferentes frentes y acusado de estar financiado por Venezuala e Irán, cuando lo cierto es, dijo, que “no debemos nada a nadie. Esa gente que ataca a Venezuela, qué curioso, resulta que tiene papeles en Panamá y dinero escondido”, señaló. “Hemos sacado 5 millones de votos y nos está mirando el mundo”.

El cofundador de Podemos también aludió a las críticas que le han caído a Pablo Iglesias por sus manifestaciones sobre un periodista de El Pais. “Nos parece muy bien que los periodistas nos exijan pero ha sido Cebrián el que ha echado a un periodista de la SER”, dijo sobre la decisión de la dirección de la cadena de no contar con el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, como analista en la tertulia de un programa de radio. “¿Dónde están las protestas?, se preguntó Monedero.

Hizo referencia también al papel que jugó Podemos en la negociación con el PSOE para intentar conformar un gobierno y afirmó que el líder del partido, Pablo Iglesias, “ofreció a Pedro Sánchez, desde el primer momento, un gobierno de cambio pero el Consejo Federal del PSOE, el 28 de diciembre, negó la posibilidad de un acuerdo con Podemos”.

Añadió que “Ciudadanos va a tener que explicar por qué ha bailado la yenka y el PSOE por qué renunció a su programa para echarse en manos de Ciudadanos”.

“Somos mayoría, somos alegría” fue una de las últimas frases de Juan Carlos Monedero en el encuentro con seguidores de partido, en la capital tinerfeña, y en el que los ciudadanos pudieron hacer a continuación algunas preguntas a los representantes de Podemos.

Representantes de tres colectivos sociales y el concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, criticaron la decisión de la dirección del Centro Municipal de Acogida, más conocido como albergue municipal, de no permitir el acceso a uno de los usuarios al que “han echado a la calle” tras protagonizar supuestamente una pelea, y tacharon de “inhumano” el reglamento por el que se rige este centro. 

Eloy Cuadra, representante de la Plataforma por la Dignidad, comenzó su intervención pidiendo disculpas porque este colectivo no presentara en su momento y por desconocimiento alegaciones al Reglamento de régimen interior del Centro Municipal de Acogida, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en mayo de 2014, del que dijo que “es abusivo e inhumano”.

Según indicó, el reglamento establece la expulsión del centro por un periodo de tres meses en caso de cometer una falta leve; de tres meses a un año por falta grave; y expulsión definitiva por falta muy grave. Añadió que las sanciones son desproporcionadas con respecto al albergue municipal de Sevilla, “que gestiona la misma empresa, Grupo 5, y que establece para las faltas leves varias alternativas; en último caso si hay reincidencia se contempla la baja del centro por un mes”, recalcó.

Denunció que en el albergue de Santa Cruz conviven usuarios con problemáticas distintas, desde ancianos hasta personas con adicción a las drogas o al alcohol, y aseguró que hay quejas incluso por parte de los usuarios pero no quieren dar la cara por miedo a represalias. 

Afirmó que es necesario buscar soluciones alternativas al albergue, “porque este reproduce señalamiento y marginalidad”, e indicó que el Plan Nacional para personas sin hogar plantea que hay que sustituir progresivamente los albergues por pisos tutelados. Dijo también que “el Cabildo de Tenerife -al que el Ayuntamiento ha pedido su colaboración en la atención a las personas sin hogar- no quiere poner más dinero para el albergue porque ellos van por esta otra vía de los pisos tutelados”.

Ángel Brito, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Azorín y portavoz de la Plataforma 29-E, reclamó “una solución digna” para las personas sin hogar y recordó que la asociación que representa ha hecho algunas propuestas, como que se habilite un espacio junto al albergue para una ambulancia fija e indicó que el año pasado murieron en la zona cinco personas.

Además afirmó que en el lugar donde el Ayuntamiento quiere habilitar un centro de acogida para que las personas sin hogar puedan pasar la noche, en el barrio de Buenos Aires, “está escriturado como garaje y oficinas”, y se preguntó si este es el espacio idóneo.

También intervino en la rueda de prensa Ana Méndoza, presidenta de la Asociación en Defensa del Parque Cultural Viera y Clavijo y defensora de las personas que actualmente viven en el edificio público que alberga este parque. Mendoza recordó el caso de Yurena, la trabajadora del albergue y madre de dos hijas despedida por llevarse tres panes y 150 gramos de queso, indicó que el acto de conciliación está previsto para el 12 de mayo si bien advirtió de que “la empresa ha dicho que no va a haber acuerdo” alegando como motivo que la noticia del despido saltara a los medios de comunicación. 

Asimismo Mendoza dijo que se ha preguntado al albergue por qué no se permite la entrada a uno de los usuarios del centro desde hace una semana pero no les han contestado. “Sabemos que hay peleas dentro pero no se puede echar a la gente a la calle. ¿Por qué no se le da un bocadillo y por qué no se le permite utilizar las duchas, acompañado si fuera preciso, de un segurita”, apuntó. 

El afectado en cuestión, según Mendoza, alega que “fue al médico para que le atendiera tras la pelea y cuando volvió al albergue no le dejaron entrar”. 

A este respecto Ramón Trujillo informó de que IUC preguntará al grupo de gobierno por algunos casos concretos de usuarios del albergue municipal y a cuántas personas se han sancionado con la expulsión del centro. Además planteara modificaciones “para humanizar este reglamento”.   

El portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha defendido este miércoles la propuesta de su grupo municipal para que el proyecto de ley canaria del suelo sea sometido a referéndum con el fin de garantizar la legalidad y la defensa de los recursos naturales de Canarias.

El concejal indicó que desde el punto de vista constitucional no habría ningún obstáculo para la celebración del referéndum, y advirtió de los perjuicios que conlleva para el futuro de las Islas la propuesta de ley del Gobierno que preside Fernando Clavijo.

Afirmó que el proyecto de ley es una “contrarreforma” y rechazó los argumentos que hasta ahora ha defendido el Ejecutvo canario: la simplificación de la maraña legislativa, la agilización de los trámites burocráticos y el fortalecimiento de la autonomía local.

Paradójicamente, Santiago Pérez comenzó su rueda de prensa recordando las palabras que pronunció en su discurso de investidura el ya fallecido expresidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, acerca del “agotamiento” al que estaba llegando el modelo económico de las Islas a consecuencia del excesivo protagonismo del sector terciario -turismo, construcción y transporte-. “El diagnóstico que hacía Adán Martín en el año 2003 es perfectamente aplicable hoy”, apuntó sobre el que fuera compañero de partido de Fernando Clavijo.

“Es muy difícil tener entre manos un tema más importante para el presente y el futuro de las Islas como es la ordenación de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales, sobre todo cuando lo que se pretende es una contrarreforma”, dijo Pérez. Afirmó que la propuesta del Gobierno coloca a Canarias “en el punto cero” de una reflexión que cuajó en la Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias y la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, aprobadas ambas por amplio consenso.

El representante de XTF-NC dijo que si el presidente del Gobierno de Canarias hubiera tenido en sus manos cuando era alcalde la ley que ahora pretende aprobar, “le hubiera impuesto a La Laguna un Plan General de Ordenación que era devastador para el suelo agrícola del municipio, pues 6,2 millones de metros de suelo agrícola que tenían y tienen que ser protegidos, habrían sido dedicados a urbanizarlos”. Si se llevan a cabo las previsiones urbanízadoras de Fernando Clavijo, La Laguna será un municipio que podrá albergar a una población de 338.000 habitantes.

Pérez apuntó que “las ilegalidades” que pretendía Clavijo afloraron cuando el Gobierno de Canarias, a través de la Cotmac, hizo su análisis y se conoció entonces que pretendía urbanizar suelo agrícola en Punta del Hidalgo, Tejina, Valle de Guerra, Los Baldíos, Guamasa o la Vega de Aguere.

Aseguró que “esto es lo que esta volviendo a intentar con la nueva ley del suelo Fernando Clavijo, que quiere seguir siendo alcalde de La Laguna a distancia”, y añadió que el Gobierno municipal tiene el Plan General “en suspense”.

Como este es un asunto que afecta a todo el Archipiélago, a los tinerfeños y, particularmente a los laguneros, en la moción presentada al Pleno municipal, el portavoz de XTF-NC pide al Ayuntamiento que le solicite a su vez al Gobierno de Canarias que promueva un referéndum “para que todos los canarios, mediante voto universal, secreto e igual -esto es que valga lo mismo el voto de un ciudadano de Tenerife que uno de La Gomera-, decidamos sobre un tema determinante de nuestro presente y de nuestro futuro”.

El concejal dijo que aunque este proyecto de ley tiene algunos elementos perfectamente aceptables, “es de extrema gravedad que se pretenda eliminar el control de legalidad que actualmente ejerce el Gobierno Canarias, a través de la Cotmac y que los informes de otras administraciones sobre los planes de ordenación de un municipio no sean tomados en consideración si no se emiten en tiempo ”.

Asimismo, criticó que la futura normativa permitirá que el Ejecutivo o los cabildos aprueben proyectos de interés singular que se ejecutarían en los municipios con independencia de lo que digan los planes de ordenación, de tal manera que la autonomía municipal para aprobar los PGO “quedaría sesgada”, porque estos planes podrían incluir la instalación, hasta en suelo agrícola, de actividades turísticas, de ocio, equipamientos, etc, en contra del planeamiento municipal.

A este respecto Pérez puso como ejemplo la Vía Exterior, que podría “imponerse” en La Laguna bajo la fórmula de proyecto de interés singular, e incluso se podrían legalizar construcciones “ilegales como el Mamotreto”, dijo Perez en alusión al edificio de aparcamientos construido junto a la playa de Las Teresitas de la capital tinerfeña.

Orlee acompaña a la artista canaria Fabiola Socas desde hace tan solo un año y medio, y desde entonces este cariñoso y adiestrado animal ha cambiado su vida. “Un perro guía es una hermosa experiencia, es lo más parecido a ver”, señala.

“Afortunadamente ahora llevo perro guía pero ojalá hubiera tomado antes la decisión, aunque se dice que las cosas llegan en el momento en que uno lo necesita. De estar ciego lo más hermoso es pasar por esta experiencia, porque se crea un vínculo muy especial entre tú y el animal”.

La cantante y compositora, que participó hace unos días en Santa Cruz de Tenerife en la inauguración de una exposición de la ONCE dedicada a los perros guía, indica que si bien las personas ciegas pueden solicitar un perro desde que cumplen los 18 años, ella hizo la petición con 36 años y lo recibió un año y medio después.

Antes de que Orlee llegara a su vida a través de la Fundación ONCE del perro guía, Fabiola Socas, invidente desde su nacimiento hace 39 años, llevaba siempre con ella un bastón, un hecho que le ha puesto las cosas más fáciles a la hora de que le entreguen a uno de estos animales. “Para que te den un perro guía tienes que tener una buena movilidad y una buena orientación. El bastón es un paso que no debes saltarte, incluso te recomiendan que practiques con él aunque tengas perro, para no perder destreza”, explica.

Esta tinerfeña relata cómo su perra guía -de tres años de edad- ha llevado cambios importantes a su vida, uno de ellos perder el temor. “Tener a Orlee conmigo es lo más parecido a ver. Empiezas a caminar con ella y no tiene ningún tipo de miedo; ella tira de ti y empiezas a caminar rápido, como nunca antes lo has hecho en tu vida”.

Recalca la relación tan especial que se crea entre la persona invidente y el perro guía pues “solo está el arnés, ella y tú; es una cosa maravillosa, no tienes miedo porque te indica dónde están los escalones y los obstáculos”. Además, subraya que Orlee “es una compañía con la que vas hablando constantemente”.

Con respecto a la sugerencia de no hablar a estos animales cuando una persona se los cruza por la calle, Socas señala que “casi debería ser una norma de educación vial, como no cruzar cuando un semáforo está en rojo”. Recuerda que “un perro, por encima de todo tiene un instinto, y si le hablas va a mirar hacia donde estás, va a mover el rabo y va a querer saludarte porque son muy sociables”. Situaciones como esta pueden distraer al animal de su importante cometido.

Sobre su actividad profesional, Fabiola Socas señala que se halla inmersa en un proyecto de música canario-bereber junto a un equipo de músicos. “Pronto verán en las redes un videoclip que estamos terminando”.

El proyecto se llama Ait Nahaya (hijos de hombres dignos). “Acudimos a nuestros maestros, tanto canarios como bereber, para estudiar, aprender y transformar todo eso en algo que tenga un sonido actual”. En el equipo se encuentra también Luisa Machado, “mi querida compañera de profesión”, recalca Socas.

La Fundación ONCE del Perro Guía celebra 25 años; y lo hace con la muestra denominada 25 años caminando juntos en la que explica el trabajo y las diferentes etapas -crianza, socialización, adiestramiento y vida diaria- que atraviesa un perro para ser el guía de una persona ciega. 

En su trayectoria esta fundación ha facilitado más de 2.500 perros a las personas ciegas o con discapacidad visual para mejorar su autonomía, desplazamientos y seguridad. En la actualidad hay 26 perros guía activos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (22 en Tenerife, 2 en La Gomera y 2 en La Palma), y la exposición pretende visibilizar la realidad de las personas que viven en compañía de estos adiestrados animales, indicó el director de zona de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Guillén.

Acompañaban a Guillén en la inauguración el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz; la consejera de Acción Social y Atención Ciudadana del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido; y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, entre otras autoridades. También se encontraba presente la cantante Fabiola Socas entre otros usuarios de perro guia.

La muestra estará abierta al público hasta el próximo sábado, 16 de abril, en la sede de la ONCE en la calle San Sebastián, y en ella se puede observar cómo los perros guía -el labrador retriever, golden retriever, pastor alemán y flat coated retriever son las razas más utilizadas- están capacitados para evitar obstáculos fijos y móviles; avisar al usuario de cruces y escalones; buscar pasos de peatones, entradas y salidas de todo tipo de establecimientos e incluso localizar escaleras o paradas de autobús.

Las leyes reconocen el derecho de los usuarios a deambular y permanecer, acompañado de su perro guía, en transportes y lugares públicos o de uso público, sin embargo todavía existen espacios que no son capaces de reconocerlo y ponen problemas al acceso de los perros guía, que en ocasiones no pueden entrar a un restaurante o subir a un taxi, tal y como indicó Cristina Valido durante su intervención.

La consejera señaló que seguramente esta inauguración sea uno de los actos “más emotivos” de los que ella haya asistido de la ONCE, y sobre los protagonistas de la jornada apuntó que “son animales a los que no tenemos que ponerles barreras, sino que tenemos que rendirles un homenaje”. 

José Manuel Bermúdez felicitó a la ONCE por la labor que realiza, afirmó que esta organización es un ejemplo para otros países del mundo y una “aliada” con la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.  

A continuación el público hizo un recorrido por la exposición, de cuyos detalles informó Candelaria Darias, jefa del Servicio Social para afiliados de la ONCE en Tenerife, acompañada de su perro guia. Recalcó el papel de la ONCE pues “además de darnos la oportunidad de tener un trabajo digno nos facilita el tener un perro guía”. Indicó que adiestrar a uno de estos animales cuesta 31.000 euros y que ese dinero sale de la venta de cupones. 

El grupo municipal de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado que son tres las empresas a las que Emmasa cobra por debajo de las tarifas establecidas en las ordenanzas y aprobadas por el Pleno municipal. Además ha señalado que las “graves irregularidades” detectadas en la gestión de Emmasa justifican la resolución del contrato con Sacyr para así “remunicipalizar” el servicio y que la gestión sea pública.

Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se Puede, y la concejal Asuncion Frias analizaron en rueda de prensa el anuncio realizado por el propio grupo de gobierno el pasado lunes en el que se informaba del inicio de un expediente sancionador a la Empresa Mixta Municipal de Aguas (Emmasa) por cobrar de menos a Iltesa Danone entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de marzo de 2013. Una actuación tipificada como “infracción muy grave” en los pliegos que rigieron la licitación de Emmasa.

Frías comentó que desde agosto de 2015 Sí se Puede denunció la existencia de convenios entre Emmasa y alguna empresa -por aquel entonces no dio ningún nombre- por los que Emmasa cobraba de menos por el agua. “Nos parece relevante que el 31 de marzo de 2008, el Consejo de Administración, con autorizacion del alcalde de entonces, Miguel Zerolo, y el exconcejal Norberto Plasencia, se aprobara un trato de favor a Iltesa Danone, con el establecimiento de precios especiales”.

La concejal informó de que su grupo va a solicitar al equipo de gobierno que incoe un expediente patrimonial para que sean Zerolo y Plasencia los que devuelvan el dinero que no se cobró a dicha empresa, de acuerdo al precio fijado en el convenio que firmaron ambas partes.

Al respecto Arcila aseguró que hay otras dos grandes empresas del sector de transformación de productos alimenticios que también han sido beneficiadas por Emmasa, si bien no quiso identificarlas. El concejal dijo que a la vista de las graves infracciones cometidas y de que a Emmasa no le preocupan las multas “porque al final las repercute en sus costes, que pagan los vecinos de la ciudad”, conviene que el Ayuntamiento rescate la concesión del servicio mediante la resolución del contrato firmado con Sacyr.

También en referencia a Emmasa el grupo municipal de Sí se Puede recordó que ya hubo una sanción por infracción muy grave por subcontratación de servicios y que hay una investigación penal por vertidos al mar de agua sin depurar.

Arcila señaló que existe un informe de los técnicos del Ayuntamiento en el que se reflejan con detalle otros vertidos de aguas residuales al mar sin tratamiento previo en las zonas de Taganana, Igueste de San Andrés, Añaza y Acorán, y que tampoco cuentan con autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

Añadió que Emmasa tiene contabilizadas otras cinco irregularidades, cuatro de ellas muy graves, por cuestiones como contratación de prestaciones y ocupación de locales públicos.

Arcila dijo que antes de plantearse acudir a los tribunales, Sí se Puede prefiere “hacer el recorrido político” y conseguir que el gobierno municipal abandone “su pasividad”. Recalcó que se puede recuperar el servicio de Emmasa pues en su último año como empresa pública obtuvo unos beneficios del orden de 500.000 euros.

El director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, ha achacado a “un exceso de celo” la carta enviada por el gerente de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) a los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, en la que exige que se deje de abonar el agua y la luz de las personas que ocupan de forma irregular viviendas que pertenecen a esta entidad.

El director general, que le correspondió este miércoles explicar la posición de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que preside la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, con respecto a la carta, dijo que este departamento ha desautorizado el contenido del comunicado que el gerente hizo llegar a los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, ambos en la isla de Tenerife, puesto que tal y como se indicaba en el comunicado emitido por la mañana, “no concuerda con la filosófía” de la Consejeria.

“Por eso tenemos que circunscribir la acción del gerente a un exceso de celo a la hora de defender el patrimonio de la empresa pública Visocan a través de una carta de la que no tenía conocimiento ni la consejera ni el consejo de administracion de Visocan, ni yo mismo”.

Indicó que la Consejería es consciente de que cuando se ha ocupado una vivienda de manera irregular, se debe de iniciar los procedimientos para recuperar esa vivienda, “pero siguiendo unos protocolos”. En primer lugar, “la negociacion con la familia que ha tomado la medida desesperada de ocupar esa vivienda, y solo si esa negociación no tiene resultados positivos, iniciar los procedimientos legales establecidos para la recuperación”, apuntó, “pero nunca utilizar como medida de presión que las familias afectadas pudieran ser privadas de los servicios básicos”.

Manifestó sentirse “sorprendido” por la reacción de la responsable de Vivienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Delia Alberto, que según dijo ha dado difusión a la carta en los medios de comunicación en lugar de dirigirse a Visocan o a la Consejería para aclarar este asunto, como así hizo el Ayuntamiento de La Laguna.

La iniciativa del gerente de Visocan y su carta fue duramente críticada este miércoles por parte del alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y sobre ese aspecto el director general apuntó que “si bien la carta estuvo equivocada la respuesta por parte de los gestores municipales se ha sobredimensionado”.

Pérez recalcó que ninguna familia que carezca de los recursos suficientes será privada de los servicios esenciales, esto es vivienda, agua y luz, “porque pudiera darse el caso de que esas unidades familiares tengan menores a cargo o personas dependientes, y entendemos que sería una acción desproporcionada”.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife son cinco las viviendas ocupadas de forma irregular y tres en el municipio de La Laguna, cuyo Ayuntamiento “sí tomó la determinación de llamarnos, le hemos explicado la situación y cuál es nuestra posición”, apostilló.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha criticado este miércoles la postura de Visocan, una empresa del Gobierno de Canarias, de la que ha dicho que parece que quiere dejar en la calle a las personas que ocupan de forma irregular una vivienda pública, y le ha advertido de que prefiere ir a los tribunales antes que cortar el agua y la luz a los okupas.

José Manuel Bermúdez ha hecho estas manifestaciones un día después de recibir una carta de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), dirigida al concejal de Asuntos Sociales, en la que exige al Ayuntamiento de la capital tinerfeña que deje de abonar lo correspondiente al agua y la luz de las personas que carecen de recursos y ocupan de forma irregular inmuebles que pertenecen a la entidad.

En la misiva, el director gerente de Visocan, Víctor González García, denuncia lo que considera un “comportamiento ilícito” por parte del Ayuntamiento tinerfeño y lo acusa de “coadyuvar en la ocupación ilegal” de los distintos inmuebles de titularidad pública, por lo que amenaza con denunciarlo ante la Justicia. 

Sobre ello el alcalde de Coalición Canaria (CC) explicó que, desde hace cinco años, “y con alguna incomprensión, cuando una persona entra en una casa, si ya tenía instalada el agua y la luz, nosotros le ayudamos a pagar los recibos. Esto es lo que hemos hecho cuando una persona ha entrado ilegalmente en una vivienda”. La sorpresa, añadió, es que “Visocan defiende que se le corte el agua y la luz”.

Añadió que Visocan debe de negociar una alternativa habitacional con estas personas, “lo que hay que hacer es convencer y no imponer”.

Afirmó que el Ayuntamiento no ha hecho nada ilegal y añadió que “Visocan, cuya presidenta es la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, -y representante del PSOE- lo que nos dice es que por hacer bien las cosas van a iniciar acciones legales; pues nos veremos en los tribunales”.

Bermúdez recalcó que el Consistorio “va a seguir ayudando a las personas que por razón equis ha entrado en una casa”, negociando una alternativa mediante la labor de los trabajadores sociales, y recordó que hace unos años el Consistorio puso en marcha un protocolo antidesahucios. “Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es exigir a las financieras que apliquen ese protocolo y no aplicarlo en sus propios inmuebles”. El Gobierno, dijo, debería hacer lo mismo.

Por su parte, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias se ha desmarcado de la iniciativa de Visocan con un comunicado que ha emitido hoy mismo, en el que asegura que el contenido de la carta firmada por el gerente de la empresa pública, Víctor Nicolás González García, es contrario a sus políticas. Así, señala que “uno de sus pilares fundamentales es que ninguna familia sin recursos económicos se quede sin acceso a los servicios básicos, como el agua o la luz”.

La Consejería indica que ni el Consejo de Administración de la empresa pública, ni la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ni el director general de Vivienda del Gobierno de Canarias habían sido informados previamente de la intención de enviar esta carta ni de su contenido.

“Es voluntad de esta Consejería revertir las consecuencias que se deriven de su contenido y seguir defendiendo el acceso de la ciudadanía a los servicios básicos, sin menoscabar por ello la defensa del interés del patrimonio público del Gobierno de Canarias”, señala el comunicado. 

Además, el Gobierno sostiene que pedirá explicaciones al gerente de Visocan y adoptará las medidas oportunas en defensa del interés general.

A este respecto el alcalde de Santa Cruz de Tenerife afirmó que “me cuesta pensar” que la vicepresidenta del Gobierno no tuviera conocimiento de dicha carta. “Ella sabrá los problemas que tiene dentro de su consejería, y si tiene algún problema de coordinación con su gerente debería de resolverlo”. En todo caso apuntó que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la ciudad se merecen una disculpa. 

Un avance de una encuesta puesta en marcha entre las camareras de piso para conocer la opinión sobre las condiciones de trabajo de este colectivo de trabajadoras revela un dato apabullante. Un 70 por ciento de ellas reconoce que se medica para aliviar las dolencias musculares y, en muchos casos, soportar la jornada laboral.

Los datos de este sondeo, que ha puesto en marcha el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y la plataforma Las que limpian los hoteles, son provisionales y las conclusiones estarán listas previsiblemente a mediados de año. A la pregunta ¿Te sientes explotada en tu centro de trabajo?, el 96 por ciento responde afirmativamente.

Gladys Medina, camarera de piso y delegada sindical de CCOO, recalca que este colectivo -compuesto en su gran mayoría por mujeres aunque también hay camareros de piso- no está demandando una mejora salarial, que por supuesto sería bienvenida, sino que se baje la carga laboral. “Si no hay condiciones de trabajo digno no hay sueldo digno”.

Según Medina, en el sur de Tenerife, zona turistica por antonomasia, una camarera de piso limpia a diario una media de 20 a 25 habitaciones en una jornada de ocho horas, cinco días a la semana. En los días de salida de los turistas de hoteles y apartamentos, preferentemente los viernes, el número de habitaciones son las mismas pero el trabajo se multiplica pues hay que preparar las habitaciones para nuevos clientes.

El sueldo según convenio ronda los 1.000 euros para aquellas que trabajan en hoteles de cinco estrellas, que son la minoría pues los municipios de Arona y Adeje -al igual que otras zonas turísticas de Canarias- están plagados de establecimientos turisticos de tres y cuatro estrellas, donde el salario mensual es menor.

La situación de las camareras de piso en Canarias en general y Tenerife en particular y su denuncia no es algo nuevo. “Cada vez llegan más turistas a las Islas y sin embargo nuestras condiciones laborales siguen empeorando”, apostilla Medina.

Las denuncias por parte de sindicatos y partidos políticos, el acuerdo plenario del Cabildo de Tenerife en el que manifiesta -a propuesta de Podemos- su apoyo a una mejora en las condiciones de estas trabajadoras, y las críticas de los grupos políticos del Parlamento de Canarias por la situación de este colectivo han llevado a la patronal hotelera Ashotel a tomar cartas en el asunto en un intento de evitar que se dañe la imagen del sector turístico, principal fuente de ingresos del Archipiélago, y acallar las constantes críticas, que por supuesto rechaza.

La patronal hotelera ha anunciado que creará una comisión técnica para estudiar la situación “real” de las camareras de piso. “Ashotel por fin está reconociendo que hay un problema y podrá confirmar lo que venimos diciendo, lo que vivimos día a día”, apunta Medina al respecto. “Este es un tema que debería enfocarse por la salud de las trabajadoras, es el cuerpo el que está sufriendo como herramienta de trabajo, y no es posible que estemos cogiendo bajas”.

En ese sentido CCOO insta al Gobierno de Canarias a proporcionar los medios económicos necesarios y contratar más personal en técnicos de salud laboral para hacer un seguimiento de las enfermedades profesionales. “Es importante que las camareras de piso achaquen sus dolencias -cervialgias, lumbalgias principalmente, además de estrés-, a enfermedades profesionales; que sean atendidas por la mutua cuando haya una incidencia sobre la salud o un accidente, porque es la única manera de que veamos el número real de bajas laborales”.

Afirma que se deben de bajar las cargas de trabajo “y reducir la presión que recibimos por parte de nuestros jefes inmediatos y de las direcciones de los hoteles, que pretenden sacar el mismo trabajo con mínima plantilla”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Gobierno de Canarias que, en el borrador de la futura Ley del Suelo, se permita la permuta de suelo publico por viviendas privadas, muchas de ellas ya construidas y vacías por no haber tenido salida en el mercado. Según el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, la petición al Ejecutivo se ha hecho de forma “oficiosa” pues aun no se ha abierto el plazo de presentación de alegaciones al anteproyecto de dicha ley.

El Ayuntamiento busca con su propuesta contar con un número determinado de viviendas para destinarlas a alquiler social, y además dar respuesta a los varios miles de demandantes de viviendas sociales en la capital tinerfeña a través de la adjudicación en propiedad, competencia esta última del Gobierno de Canarias. En la actualidad en la capital tinerfeña más de 1.000 familias reciben una ayuda municipal para poder pagar el alquiler de las casas que habitan.

“Ante la falta de recursos para atender la gran demanda de vivienda social que tenemos, podría ser una opción el permutar suelo público por estos inmuebles de promotores privados que podrían quedar a disposición de esas personas en menor plazo de tiempo”, indico Bermúdez este miércoles tras una reunión entre administraciones en la que se abordó otra problemática: la necesidad de recursos especializados para prestar asistencia a las personas sin hogar.

En cuanto a la carencia de vivienda, la propuesta del Ayuntamiento es que la ley permita que las administraciones puedan permutar suelo público por inmuebles privados para convertirlos en viviendas sociales. “Los ayuntamientos tienen suelo pero no tienen dinero ni para comprar viviendas ni para construirlas. Aparte de eso, si hay un parque de viviendas vacío para qué vas a crearlo”, señaló a Tenerife Ahora Bermúdez.

El alcalde recordó también que, en 2012, “aparte de ser el Ayuntamiento pionero en España que se opuso a las entidades financieras que desahuciaban, llegamos a un convenio con Banif, para que 70 viviendas que se encontraban en Añaza, propiedad de esta entidad financiera, fueran cedidas al Ayuntamiento a cambio de un alquiler social, para que entraran familias que lo necesitaban”.

Según Bermúdez, ahora se trata de avanzar en esta línea pero “cediendo suelo a bancos y promotores para que construyan, si quieren, cuando mejoren las condiciones de mercado, a cambio de casas vacías que se convertirían en viviendas sociales”.