"Esperamos que se haga efectiva esa nueva forma de "gobernar escuchando", no solo a los poderes financieros sino a la ciudadanía y a las personas directamente afectadas por los desahucios y la falta de vivienda", afirman los autores

Recientemente, PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y grupos stop desahucios madrileños hemos valorado las líneas generales en materia de vivienda que el nuevo ayuntamiento presidido por Manuela Carmena nos explicó en una reunión con la concejala Marta Higueras (del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo). Más allá de esas valoraciones iniciales, desde PAH Vallekas queremos insistir en positivo en los ejes que debe seguir una política de vivienda municipal a nuestro juicio realista y correctora de las desigualdades sociales. Las resumimos aquí sin pretender cerrar un debate lleno de implicaciones.

Banca y sector financiero deben devolver lo que les hemos dado: por una regeneración del parque público de vivienda. La propuesta de que con parte importante del millón de viviendas que han ido quedando en manos del sector financiero (bancos rescatados y SAREB) se puede rearmar un parque público de vivienda dirigido al alquiler social es parte central de las reivindicaciones de la PAH. Sin este aspecto, casi con seguridad podemos afirmar que las intenciones de 'parar los desahucios' expresadas por diferentes partidos políticos quedarán tarde o temprano en agua de borrajas.

Pero al aterrizar esta idea en el terreno de lo municipal nos encontramos con las supuestas limitaciones de competencias para obligar a la banca a ceder una parte sustancial de sus activos para alquileres sociales. En el caso de Madrid capital, esas cesiones se darán en el marco estrechísimo de entendimiento ya fijado por el Gobierno central en el Fondo Social de Viviendas que acordó con la banca en 2013: algunos bancos se comprometerán a entregar al Ayuntamiento una cantidad todavía indeterminada de pisos para destinarlos al alquiler social. Pensamos que la enorme necesidad de vivienda digna exige por parte del Ayuntamiento una actitud mucho más proactiva y ambiciosa, y que existen herramientas a sus disposición para forzar a los bancos a ceder un porcentaje significativo de sus viviendas y en mejor estado y localización. Entre ellas, las herramientas fiscales, las sanciones por mantener pisos vacíos –tal y como se hizo en Catalunya en la mayoría de ayuntamientos a instancias de las PAH catalanas– o un simple censo concienzudo que determine exactamente cuántos pisos vacíos mantiene el sector financiero en la ciudad de Madrid, y su correspondiente difusión con todo el peso y el prestigio institucional de un ayuntamiento.

El problema EMV: Dos décadas de gestión desastrosa han convertido a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, de ser el principal instrumento de intervención municipal en materia de vivienda, a ser un recurso de ultima necesidad para dotar de ingresos a las mermadas arcas municipales mediante la malventa del parque público a los conocidos como 'fondos buitre'. Entendemos, y es quizá uno de los aspectos más positivos, que el nuevo ayuntamiento hará de la auditoría integral de la EMV una de sus prioridades. La opacidad de los contratos de venta a empresas como Blackstone y el hecho de que estos fondos sean entidades que no tributan ni reinviertan sus beneficios en la ciudad de Madrid sin duda son poderosos instrumentos en manos del consistorio para conseguir la reversión de parte de los contratos de venta con estos fondos. Esto, junto con una política contundente de presión a la banca para la municipalización de su parque de viviendas, permitiría dotar a la EMV de su función de garante del  derecho a la vivienda y de contrapeso público a las políticas basadas en el crédito.

Redistribución quiere decir alquiler social y suministros garantizados: La cuantía del alquiler social, los criterios para definir quién puede acceder a él, son la otra parte central de cualquier política que pretenda 'acabar con los desahucios'. Por un lado, tiene que existir un parque público de viviendas suficiente para atender la necesidad de vivienda digna y para intervenir estratégicamente en el mercado de la vivienda, de modo que éste vaya siendo cada vez menos una opción de inversión por parte del sector financiero (y de sus efectos indeseables para la mayoría: las burbujas inmobiliarias y los alquileres altos). Por otro, ese parque público tiene que ser accesible: por abajo, para las múltiples realidades de la población empobrecida, un poco más por arriba, para que los restos de la denominada 'clase media' no confíen sus ingresos a la ficción de acceder a una vivienda en propiedad mediante una hipoteca. Hablamos de madres solas que ni siquiera llegan a percibir la Renta Mínima de Inserción o de familias trabajadoras y, aún así, con ingresos conjuntos en el entorno de los 800/1.000 euros, de jóvenes desempleados o en el abismo de la insuficiencia salarial -becarios, contratados de la FP dual- de familias no tradicionales, de trabajadores y trabajadoras eventuales o por temporada sin posibilidad sostenible de acceder a un alquiler en el mercado privado o a una hipoteca, de hogares sin acceso a la tarjeta de residencia, la tarjeta sanitaria o el derecho al voto. Solo así se podrá articular una política de vivienda que sea inclusiva y redistributiva (que transfiera recursos de quienes más tienen a quienes menos tienen) a la vez que se previene el viejo vicio de considerar la vivienda social como un contenedor de familias desestructuradas.

Además, y más en respuesta a las propuestas del Ayuntamiento, pensamos que la PAH tiene que participar en la Oficina de Intermediación Hipotecaria y que ésta debe promover la dación en pago (y no reestructuraciones u otras soluciones que mantienen la deuda y la ficción de la vivienda en propiedad). Incluso más importante debería ser la coparticipación en la definición de los criterios que seguirán los servicios sociales a partir de ahora.

En ningún caso esta Oficina debe servir para volver a socorrer al sistema financiero mediante, por ejemplo, la subvención de las cuotas hipotecarias o el alquiler social. Ya se ha invertido suficiente dinero público en rescatar a estas entidades, ahora es el momento en que devuelvan parte de esta inversión para rescatar a las familias.

Esperamos que se haga efectiva esa nueva forma de “gobernar escuchando”, no solo a los poderes financieros sino a la ciudadanía y a las personas directamente afectadas por los desahucios y la falta de vivienda.