Las asociaciones internacionales de certificación técnica emiten fraudulentamente su visto bueno en los centros de trabajo de los países asiáticos

Según la jurisprudencia vigente en Alemania, las empresas de certificación no son responsables de sus propios informes

Las llamadas auditorías sociales, destinadas a mejorar las condiciones de trabajo en países empobrecidos, se están convirtiendo en un doloroso timo

El espacio sabatino de Contrapoder en el que escribe Wolfgang Kaleck está abierto a contribuciones externas. Hoy escribe en él Miriam Saage-Maaß, directora del área de “Empresas y Derechos Humanos” del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Trabaja, entre otras cosas, en el asunto de las violaciones de los derechos humanos en la cadena de producción y en la cadena de suministros de empresas de textiles globales.

Cada ser humano crece con ciertas certezas. Una que seguramente comparto con muchos que crecieron en Alemania es esta: si una TÜV (technischer Überwachungs-Verein) comprueba algo, si este objeto ha sido revisado con minuciosidad alemana, realmente es seguro.

La situación ahora es que la TÜV y sus sociedades, como por ejemplo la TÜV Renania, hace tiempo que no solo revisan automóviles y parques infantiles, sino que también realizan auditorias sociales, controlando los estándares sociales y de trabajo en las fábricas alrededor del mundo.

Pero cuando la TÜV hace revisiones en fábricas textiles en Bangladesh y otros países del sur de Asia, no son tan detalladas y fundamentadas como las que conocemos con los sellos que dicen “revisado por la TÜV”. Eso lo demuestra, por ejemplo, el derrumbe de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh, donde en abril de 2013 murieron más de 1130 personas y 2500 resultaron heridos, en parte severamente. La TÜV Renania había examinado pocos meses antes la máquina del productor Phantom Apparel Ltd. en la edificación Rana Plaza.

Parecida fue la catástrofe del incendio de la fábrica de textiles Ali Enterprises en Paquistán. El incendio se cobró, en septiembre de 2012, la vida de 260 trabajadoras y trabajadores. La fábrica producía principalmente para la tienda de textiles alemana KiK. Ali Enterprises había recibido pocas semanas antes del incendio un certificado SA 8000 por parte de la empresa italiana RINA, que certificaba, entre otras cosas, los altos estándares de seguridad contra incendios de la fábrica.

La reacción de la mayoría de consumidores ante dicho tipo de acontecimientos es: “algo así debe tener consecuencias legales, también para la TÜV y todas las otras empresas de certificación”. Pero no las tiene, tal es la realidad en Alemania.

A los tribunales alemanes les cuesta responsabilizar a las empresas de certificación. Ninguna de las mujeres heridas, cuyos implantes de senos certificados por la TÜV habían caducado, recibe, según el estado actual de la jurisprudencia alemana, indemnización de la agencia certificadora. La TÜV solo tuvo que revisar el sistema de aseguramiento de la calidad del productor, pero no el estado y la calidad de los implantes producidos: esta es la justificación. La obligación del certificador de actuar por el bien de las mujeres, o de los consumidores en general, no resulta, por lo visto, del contrato de certificación. Cosa parecida ocurre con las auditorias sociales en las fábricas del Sur de Asia: las trabajadoras y los trabajadores de Rana Plaza casi no tienen oportunidad de responsabilizar a la TÜV Renania por haber faltado a su responsabilidad profesional.

La consecuencia de esta jurisprudencia es la siguiente: las empresas de certificación en Alemania, según la situación jurídica actual, no tienen responsabilidad alguna por el contenido de sus informes y certificados. Desde hace casi diez años, estudios empíricos de diversas universidades demuestran que las auditorias sociales y los supuestos programas de mejoras, no mejoran casi nada las condiciones laborales en las empresas de textiles internacionales.

Esto implica que, a pesar de que la gran mayoría de empresas mandan revisar y certificar a sus proveedores, dicha tarea de revisión y certificación carece de efectos reales. Los informes no reflejan de manera fiable la realidad de las empresas. Son papel mojado.

Dada esta situación, ¿cómo puede ser que empresas, consumidores y políticos sigan apostando por las auditorias sociales? El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo espera que los consumidores conozcan los diferentes sellos y mecanismos de revisión y con ello tomen decisiones de compra socialmente responsables. Se espera que los consumidores, con su supuesto poder de mercado, mejoren las condiciones de trabajo de los proveedores de las empresas. El concepto en sí genera suficientes dudas. De hecho, una condición indispensable para que funcionase sería que existiese un acceso público a los informes y a las condiciones de revisión.

Importante es que los certificados sean fiables, cumplan lo que prometen y que, en todo caso, se puedan denunciar. Mientras no sea el caso, la única utilidad de las auditorias sociales será tranquilizar la conciencia de los gerentes empresariales.

Las redes de valor añadido de hoy en día son tan complejas que numerosas corporaciones transnacionales muchas veces solo tienen relaciones superficiales con sus proveedores. En caso de una catástrofe como en Rana Plaza o en Ali Enterprises, las empresas no solo pueden alegar que no tiene influencia sobre muchos de sus proveedores; también podrán escudarse en los informes falsos de las auditorias sociales. Con ello, paradójicamente, las auditorias sociales contribuyen a que se perfeccione el sistema de la “irresponsabilidad organizada” dentro de estructuras globales de suministro. Sirven al White Washing.

Sobre los pros y los contras de los sellos y certificados aún se discute aquí. Pero trabajadoras y trabajadores afectados exigen pronta justicia ante tribunales europeos y alemanes. En el caso de la fábrica quemada en Paquistán los supervivientes y familiares denunciaron a KiK ante el tribunal regional de Dortmund, reclamándole una indemnización, y también el certificador italiano RINA se tiene que preparar para ser denunciado en sus oficinas centrales en Génova.

El ECCHR, junto a una organización cooperadora, ha presentado una queja ante la plataforma empresarial Business Social Complaince Initiative (BSCI). La BSCI promete un sistema sistemático de vigilancia y calificación para mejorar las condiciones de seguridad y trabajo en los países productores y la TÜV Renania es una de 19 empresas certificadoras que examina fábricas como Rana plaza para miembros de la BSCI.