Hace cinco años, la contorsionista china Zhu Huajie batió un récord. Consiguió meterse en una pequeña caja transparente de 40 centímetros de lado totalmente con la espalda doblada al revés. Hasta podía cerrarse la caja. Pero realmente lo suyo queda en nada al lado del espectáculo que están proporcionando Feijóo y los líderes territoriales del PP para responder a la aprobación del Anteproyecto de Ley que condonará parcialmente la deuda autonómica.

La medida beneficiará a todas las comunidades de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, ya que les permitirá reducir sus pasivos en 83.252 millones, un 25,8% de la deuda pública de dichas comunidades autónomas a final de 2024.  El objetivo no es otro que corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las comunidades autónomas en la crisis de 2008 y que contrasta con el apoyo que ha dado el Gobierno central durante la pandemia. 

Más allá de que es incuestionable que el PSOE no habría llegado a este acuerdo sin la necesidad de apoyos parlamentarios y que fue la negociación con ERC la que abrió la puerta a esta quita, esta actuación es coherente con la política de apoyo financiero a las Comunidades Autónomas que ha aplicado el Gobierno tras la moción de censura de 2018 y que ha supuesto recursos récord para todos los territorios. También es innegable que la metodología para el cálculo de la condonación responde a criterios objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades autónomas y que supondrá una considerable reducción de los gastos financieros (-24%) con respecto a los que tendrían que satisfacer en los próximos tres ejercicios. Según mis cálculos a partir de datos del Ministerio de Hacienda y de Fedea, la condonación supondrá para las comunidades un ahorro de algo más de 7.000 millones de euros en intereses en los próximos tres años que podrán destinar a mejorar sus servicios públicos, aunque, eso sí, la versión inicial aprobada en Consejo de Ministros no las exime de cumplir las reglas fiscales que desde 2012 limitan el gasto de cada autonomía. Y ese límite sigue siendo el mismo, aunque se produzca este considerable ahorro en intereses.

En definitiva, esos 83.252 millones de euros de deuda no desaparecen, sino que se trasladan de sitio. Es decir, los asume el Estado para que las comunidades de régimen común puedan liberar los recursos que dedican a pagar esa deuda y destinarlos a mejorar servicios públicos. Ese movimiento contable nos beneficia a todas y todos porque el Estado se financia más barato que lo que harán las comunidades autónomas en los mercados. Para muestra, un botón. La Comunidad de Madrid que no ha recurrido a la financiación estatal, paga un elevado sobrecoste por esa decisión plagada de soberbia. Casi un punto porcentual más de tipo de interés y 300 millones de euros adicionales pagamos por la chulería las y los ciudadanos gobernados por Ayuso.

Para calcular qué importe se condona a cada comunidad autónoma se ha establecido un procedimiento en tres fases. En la primera se calcula el aumento de la deuda que las regiones registraron en el peor momento de la crisis entre 2009 y 2013 y se compara con el que registraron durante otro 'choque' económico de gran magnitud, la pandemia de Covid, entre finales de 2019 y finales de 2023. En el primer periodo, su deuda se disparó en 109.582 millones, mientras que en el segundo -debido a que el Estado asumió el grueso de las medidas anticrisis- aumentó menos, en 29.272 millones. La diferencia son esos 80.310 millones de sobreendeudamiento que es la cuantía inicial a condonar. De esa cantidad tres cuartas partes se reparten en función de la población ajustada, esto es, teniendo en cuenta sus necesidades según criterios como el de la población envejecida o la dispersión. El reparto tiene en cuenta a las autonomías más endeudadas y a las que reciben un peor trato del sistema de financiación, como es el caso de Andalucía. El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada región será el 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023. Según Hacienda, los ajustes más relevantes de este sistema buscan compensar e igualar a las comunidades en dos ratios: deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante.

Más allá de que cada comunidad autónoma puede aspirar legítimamente al traje que mejor se le ajuste, es indudable que hay criterios objetivos y que todas mejoran considerablemente su posición. El promedio de la condonación con respecto a la deuda pública del total de comunidades de 2024 es del 25,8% pero la horquilla es amplia. La Comunitat Valenciana y Catalunya tienen los porcentajes más bajos de condonación (18,6% y 19,2% respectivamente) frente a Canarias y Andalucía (49,6% y 46,4% respectivamente).

Y ahí es donde empieza la competencia del PP con la contorsionista china Zhu Huajie que ha dejado a esta mujer a la altura del betún.

Feijóo y sus barones territoriales han demostrado que son extraordinarios a la hora de demostrar una prodigiosa capacidad para doblar la cintura, el tronco y las extremidades de forma espectacular. Porque su primera tesis de que la condonación era una concesión a un territorio se desmontó como un castillo de naipes porque “había café para todos”. No solo eso. Lo más complicado era explicar que algo que habían arrancado los malvados independentistas, se había convertido en un instrumento (la condonación) que beneficiaba en un 72% del total a territorios gobernados por el PP y que el porcentaje de quita es superior al promedio en sus comunidades (28% con respecto a la deuda de 2024) que en el resto (21%).

La “flexibilidad” del PP le permitió doblar el espinazo en forma casi milagrosa para convertir esa herramienta que libera en casi 60.000 millones de euros de deuda a comunidades autónomas que gobiernan ellos en un “reparto de las deudas que otros han generado”, en una “trampa” y en una medida “que beneficia a los que peor han gestionado”. Si así fuese, territorios que han gobernado y que son los que más recursos reciben, no quedan precisamente en buen lugar. 

Las trolas han continuado porque al PP no le bastaba lo de echar la culpa a los que quieren romper España como argumento para meterse en la caja. Y han pasado a minimizar la importancia de la quita. Después de todo, entiéndanme la ironía ¿a quién le apetece que le reduzcan su gasto financiero un 28% y su deuda en casi un 26%? 

Pero el contorsionismo extremo les sitúa en posición de hacer el ridículo y complica sobremanera la gestión en el PP. El “no a todo” de Feijóo hace que sus comunidades autónomas tengan que renunciar hasta a regalos que les vendrían fenomenal para tener una buena foto de ejecución cuando tengan que presentarse a las próximas elecciones autonómicas.

Y no es que esta buena y necesaria medida no tenga claros elementos de mejora. Por supuesto que hay críticas muy pertinentes a la propuesta del Gobierno. La fundamental es que no deja de ser un parche y que deberíamos seguir aspirando a soluciones globales del sistema de financiación autonómico (y, por cierto, también del local, siempre el eterno olvidado). Hasta que eso no ocurra, no habrá un modelo de financiación autonómico justo y aceptable para todos los territorios que debe ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad. Para ello, hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios porque no son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino quienes residen en ellos. Son las personas las que pagan impuestos y reciben servicios públicos, no los territorios. Esa imprescindible reforma del Sistema de Financiación Autonómico debe proporcionar más recursos, potenciar la imprescindible vertebración territorial y la satisfacción de los derechos de la ciudadanía del conjunto del estado. Eso es solo posible con un modelo federal, solidario y de suficiencia financiera vinculada al mantenimiento de los Servicios Públicos y a la población y no a los territorios para convertirlo en un instrumento útil para la clase trabajadora, la de Catalunya y la del resto de territorios del estado plurinacional. 

Pero seamos realistas. No hay mimbres para una reforma del sistema de financiación autonómico. Ni mayorías que puedan acordar cambios importantes en el mismo. Por eso, este Plan de reducción de la Deuda que ya hemos dicho que solo alcanza la categoría de “parche” debería ser saludado como un buen primer paso. Eso sí, la condonación debería estar condicionada a incrementar el gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales (educación, sanidad y servicios sociales) y a la no realización de rebajas impositivas en los tributos cedidos ni en los impuestos propios por parte de las comunidades autónomas beneficiadas. 

Lo lamentable es que la extrema habilidad del PP de contorsionismo para poder oponerse hasta a las decisiones del Gobierno que les benefician es un grave problema para un partido que se califica a sí mismo “de estado”. De hecho, lo que está haciendo Feijóo es meterse en una caja pequeñita como Zhu Huajie y eso solo puede ocurrir si tienes una enfermedad. En el caso de los contorsionistas se denomina hiperlaxitud articular, que no es otra cosa que el aumento exagerado de la movilidad de las articulaciones que le permiten hacer números de circo. Después de haber demonizado la medida que alivia las cuentas de todas las comunidades que gobiernan, ¿cómo podrán acogerse a ella sin hacer el ridículo? Y si no lo hacen, ¿acaso piensan que podrán capitalizar políticamente la renuncia a recursos? La “enfermedad” de Feijóo y sus barones territoriales hará más chiquito su espacio político y limitará su capacidad para negociar soluciones razonables para los problemas más importantes de este país. 

No seré yo quien llore por los errores que cometa la derecha desde el punto de vista de su estrategia, pero, lamentablemente, los platos que rompan con sus movimientos espasmódicos, los pagaremos todas y todos.

No creo que me equivoque si imagino la reacción de entusiasmo que ayer tuvieron tanto PP y Vox como los miembros de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ante la anulación por parte de estos últimos de aquellas partes de la Ordenanza en que se definen las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio de Madrid.

Eso sí, en público, había que disimular. 

Almeida, que accedió a la alcaldía de Madrid echando espumarajos por la boca por su posición contraria a las Zonas de Bajas Emisiones y que en su campaña en 2019 decía aquello de “Lo primero, se acabó Madrid Central”, ha reaccionado a la sentencia manteniendo su confianza en las Zonas de Bajas Emisiones, que ahora dice han sido un “éxito”. Eso sí, la alegría se le notaba cuando también aseguraba que solo recurrirá la sentencia en caso de que los servicios jurídicos estimen que el recurso tiene “viabilidad”.

Poquita vergüenza la de quienes hicieron una Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre que es una chapuza en muchos aspectos y, especialmente, en lo que se refiere al impacto económico de las ZBE. Porque ha sido ese el motivo que ha esgrimido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para estimar parcialmente los argumentos de Vox en relación con la insuficiencia argumental del impacto económico de la Ordenanza municipal. No se discute por el TSJ que el Ayuntamiento tiene capacidad para adoptar las medidas que entienda necesarias para proteger la salud y el medio ambiente. Tampoco cuestionan la necesidad de adoptar medidas de control de la contaminación atmosférica necesarias para garantizar, a la mayor brevedad, el cumplimiento de los valores límite de contaminación fijados por la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008.

Pero dicen que eso hay que justificarlo porque, sin informe económico adecuado y una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes, se puede producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente.

La coartada de la banda del Madrid de los Humos compuesta por TSJ, PP y Vox, es tan simple como dolorosa. 

Porque más cierto aún que los ramalazos fascistas a los que nos tiene acostumbrado Almeida, que dice que al menos “saben gobernar”, es que la excusa de la chapuza del informe de impacto económico no es suficiente para explicar este golpe a la salud de madrileñas y madrileños. El PP no dedicó en la Ordenanza ni 10 páginas de las casi 400 a analizar el impacto económico de la misma y de ellas casi todas a reseñar (corta y pega) las ayudas estatales, regionales y municipales para la adquisición de vehículos eficientes. Como si eso fuese suficiente para una adecuada y justa transición ecológica que no recaiga sobre las espaldas de la clase trabajadora. 

Pero tampoco a Vox ni al TSJ le importan las personas vulnerables en Madrid. 

Explicar que a los de Ortega Smith les estorban quienes tienen una situación de mayor precariedad está de más, porque lo demuestran con todas y cada una de sus decisiones políticas. 

Y cuando digo que al TSJ tampoco eso le mueve, tengo alguna que otra experiencia vital para acreditarlo. Baste solo poner el ejemplo de cómo en 2017 paralizó cautelarmente las inversiones financieramente sostenibles para impedir, por ejemplo, que se pusieran desfibriladores en los mercados municipales de Madrid porque podría suponer un problema a la estabilidad del Reino de España… 

La paradoja es tremenda. El TSJ dice que la Ordenanza afecta presumiblemente a las personas de menos capacidad económica, que se ven impedidas o gravemente dificultados en sus posibilidades de acceder a nuevos vehículos que cumplan con las exigencias ambientales. Y esto no fue valorado porque deben establecerse medidas concretas que consideren las situaciones de vulnerabilidad de colectivos a los que deben ofrecerse medidas de apoyo en el proceso de transición. Como decía, esto le da igual al recurrente, me atrevo que decir que también al propio TSJ y, por descontado, al PP. Y ya tienen su triunfo contra “la agenda globalista, los ecologistas y las restricciones al uso del vehículo privado”. Pero, con la sentencia, ¿cómo quedan las personas “vulnerables económicamente” a las que dicen proteger con la misma?

Porque, como acertadamente han indicado repetidas veces personas doctas en la materia como Álvaro Fernández Heredia o Samuel Romero Aporta, gerente de la EMT y consejero delegado de Madrid Calle 30 en el gobierno de Ahora Madrid, se refieren solo a los vulnerables económicamente que van en coche. Porque a los que no van, que son mayoría, las Zonas de Bajas Emisiones les mejoran notablemente su movilidad y calidad de vida. Y es que la mayoría de la gente usamos el transporte público para movernos en la capital. De hecho, os voy a contar un secreto y es que la gente con menos ingresos no solo lo usa mayoritariamente, sino que no tiene otra opción.

Al mismo tiempo que, según datos del Consorcio Regional de Transportes, la demanda del transporte de viajeros aumentó en 2023 en Madrid el 17,9%, se redujo la oferta de Metro un 3,8% por falta de vehículos y personal e incrementó las frecuencias de paso de los autobuses de la EMT no por falta de buses (que esos se los dejamos comprados en nuestro período de gobierno) sino porque carecen de personas que los conduzcan. 

Para eso no han tenido dinero ni Ayuso ni Almeida y tiene impacto. En concreto que, las personas que usamos el transporte público, vulnerables económicamente o no, vamos apilados como sardinas en lata en las horas punta y eso es difícil de disimular en un informe de económico riguroso. El remate para la ciudadanía lo proporciona la exasperante lentitud del Gobierno central y Renfe para atajar la falta de inversiones en el Cercanías que, si bien fue la red que más oferta incrementó en 2023, con un 3,4% de subida, mostró con claridad su insuficiencia para la demanda existente. 

Aunque la resolución aún no es firme y contra ella cabe la interposición del correspondiente recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, no soy nada optimista en lo que el gobierno municipal de Madrid finalmente decida. 

Y no lo soy porque Almeida no ha hecho más que avanzar a regañadientes en materia de movilidad. Solo ha dado pasos obligado por las circunstancias y por la, gracias tendría que dar, excelente herencia recibida del gobierno municipal que le precedió. 

Que haya dejado agujeros en las Ordenanzas para que sean recurridas por su ala derecha y sean tumbadas por esos jueces tan del PP, como diría Enrique López, no es el mejor motivo para pensar bien.

Frente a esa alianza de las derechas en Madrid en materia de movilidad, cabe reacción. La de la sociedad organizada en movimientos ecologistas, sociales y vecinales que tiene muy claro que esto va de cambiar hábitos y costumbres sociales, que es consciente de que supone tomar decisiones a veces incómodas y que hay que renunciar a la total disponibilidad de transporte individual para llegar a un modelo de movilidad realmente sostenible. 

Y las organizaciones políticas de la izquierda deben estar al servicio de esa lucha para proporcionar una alternativa socialmente justa a su 'Madrid de los Humos'.

El Partido Popular ha hecho un gran descubrimiento: la gestión de Madrid Calle 30 debe ser cien por cien pública.

Almeida y su área de Obras y Equipamientos nos han comunicado que, si bien la gestión mixta de M30 resultaba en principio eficiente, “el transcurso del tiempo, los cambios normativos y la evolución económica” han hecho necesario replantearse el modelo. Y es que ese es el principal motivo del cambio: el ahorro económico que supondrá para las arcas municipales. “Es una opción más eficiente y sostenible, manteniendo el nivel actual de excelencia en el servicio”, afirman. De hecho, el Área de Hacienda solicitó un informe externo para determinar cuál era el modelo más conveniente. No hubo dudas sobre que la municipalización era la mejor alternativa.

Lo que hace Almeida es una enmienda a la totalidad de la política realizada por el PP con Madrid Calle 30, pero veinte años tarde y más de 1.100 millones de sobrecoste después solo en la elección de ese modelo de gestión que ahora anuncian querer cambiar. De hecho, en 2017, el PP votó en contra del mandato claro que surgió de la Auditoría de la Deuda y de las Políticas Públicas y el informe realizado: remunicipalizar Madrid Calle 30, comprar ese 20% y hacerla 100% pública. Se aprobó con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP. 

El dictamen fue ignorado por quienes sucumbieron a las presiones de Montoro, pero también por el PP y Ciudadanos en 2019.

Ahora en 2023, Almeida descubre lo que todo el mundo sabía a estas alturas.

Nos han robado. 

Y, ¿sabéis una cosa?

Fueron ellos…

A nadie sorprende a estas alturas que existen constructoras que han financiado campañas electorales de determinados partidos políticos a cambio de algunos contratos. Desgraciadamente, ha sucedido suficientes veces como para que, en el imaginario colectivo, se haya instaurado como algo habitual. 

Pero la historia de la M30 supera, con creces, cualquier trampa habitual de quienes conviven con la corrupción y están acostumbradas a ella.

Alberto Ruiz Gallardón se presentó a las elecciones del Ayuntamiento de Madrid en 2003 con el proyecto estrella del soterramiento del tramo oeste de la M30. Pidió a las constructoras que se pusieran a trabajar en un proyecto que le diera la alcaldía. Toda la campaña electoral se centró en esta mega obra que escondía una auténtica ruina para las arcas públicas convertida, por la varita del alcalde, en un auténtico tesoro para las constructoras. Toda una estrategia plagada de trampas: ahí residía su magia.

El PP aseguró que apenas supondría un coste de 1.500 millones de euros y que no afectaría a la deuda municipal. 

La auditoría que realizamos en el período de gobierno de Ahora Madrid cifró en más de 9.500 millones de dinero público destinado a la construcción y mantenimiento de esta vía. Y no solo es llamativa la cifra, más de seis veces superior a la anunciada. Es que también la operación ha estado plagada de ilegalidades e irregularidades.

La primera trampa la hicieron con las obras: todas fueron declaradas ilegales.  Decidieron no presentar declaración de impacto ambiental (ojo, con unas obras de 48 km de vías y 500.000 m2 de carretera al lado de un río) con la famosa estrategia del chorizo: presentó la obra en trocitos y declaró que, cada uno de ellos por separado, no necesita dicha declaración. Hoy sabemos que es uno de los principales focos de contaminación de la ciudad y contraviene, además, el diseño urbano adaptado al escenario climático y energético.

La segunda de las trampas, que también pronto quedó en evidencia, se centró en ocultar la deuda. Lo hicieron con un modelo de gestión mediante una empresa mixta que permitiera alegar que la deuda para ejecutar el proyecto no era de la ciudad. No engañaron a nadie. Tampoco a Eurostat, que dejó claro que la deuda debía computar como pública y llevó los pasivos de Madrid a cifras desorbitadas. En definitiva, imputar deuda pública de forma masiva para hacer unas obras declaradas ilegales y que incorporaron gigantescos sobrecostes que eran aprobados en algunos casos en unos pocos minutos sin control efectivo del presupuesto público. 

¿Cómo diseñaron el modelo mixto de gestión?

Se fijaron los costes del mantenimiento de la infraestructura a realizar por parte de la empresa privada que resultase adjudicataria y la inversión que esta aportaría. A cambio, obtendría una rentabilidad fija cada año. 

Suena bien, ¿verdad? 

Pues ha sido con vuestro dinero, porque la licitación estuvo plagada de irregularidades.

1. ACS y Ferrovial constituyeron una UTE para presentarse a este concurso. Hasta aquí, nada raro.

2. Tenían que presentar una propuesta técnica perfecta puesto que su propuesta económica no era lo era tanto. Y fue tan perfecta que la valoración de algunos aspectos de la oferta era superior al máximo. Una maravilla, vamos.

3. Después debía celebrarse una reunión de la mesa de contratación para determinar quién se llevaba el contrato. Sin embargo, algo debió suceder, que ordenaron modificar el informe y convocar de nuevo la mesa 24 horas después.

4. Ahora sí, de esa nueva mesa, ACS y Ferrovial resultaron adjudicatarias del contrato con mayor rentabilidad que han tenido en España.

El resultado es que el modelo de gestión mixto nos ha salido carísimo. Más de 1.100 millones de euros de sobrecoste. Dinero público que, en vez de utilizarse para políticas públicas en beneficio de todas y todos, han engordado los dividendos de las empresas presididas por Florentino Pérez y Rafael del Pino. Es lacerante tomar conciencia que, con el pufo ocasionado por el modelo de gestión mixto que ha enriquecido a ACS y a Ferrovial, se habrían podido construir 18.000 viviendas para alquiler social en nuestra ciudad, multiplicando por dos las que ahora tiene la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

La empresa de economía mixta fue la culminación de la opacidad buscada. Eliminó a los consejeros de los partidos de la oposición, intentó ocultar la deuda para que no computase como propia de la ciudad, permitía saltarse órganos fiscalizadores durante la ejecución de las obras. Obviamente, el precio de esta opacidad ha sido soportado por todos y todas las madrileñas, que han visto recortadas año tras año las inversiones de la ciudad para intentar reducir la deuda desorbitada que las obras y su mantenimiento comprometido hasta el año 2040 generaron. 

Pero, además, la simple elección de un modelo de gestión totalmente lesivo suponía 1.380 millones de euros de coste hasta el final del contrato. De ese importe ya se han desembolsado más de 1.100 millones de euros que hubieran sido evitables mediante una gestión directa. Todo ello sin evaluar el ahorro real que hubiera supuesto una supervisión correcta de la ejecución de las obras y un contrato de conservación adecuado a las necesidades de la vía y no como respuesta a los intereses de la oligarquía española representada en las empresas constructoras y las entidades financieras. No nos olvidemos de las enormes carencias en el mantenimiento de la vía denunciadas durante nuestro mandato, las enormes irregularidades en los pagos por las obras en elementos inexistentes en la infraestructura (¿recordáis las famosas cámaras de los túneles o la estaciones metereológicas a precio de oro?) o como en apenas dos años decidieron aprobar duplicar el coste del contrato de mantenimiento que acaban de firmar. 

Pero el objetivo era otro: suponía un nuevo pacto entre élites y prueba de ello es la garantía de rentabilidad fija que el contrato ofrece a las empresas que se integraron en Madrid Calle 30 (Ferrovial y Dragados). Independientemente del nivel de conservación que ejecuten su rentabilidad quedó blindada mediante el reparto de dividendos de la sociedad y el pago de intereses de los préstamos que Madrid Calle 30 contrajo con estas empresas.

Si solo fueron malas decisiones las que causaron un quebranto económico tan descomunal, quedaría por determinar la asunción de responsabilidades políticas por parte de quienes embarcaron a la ciudad en una operación tan lesiva. Y estas afectarían, además de a Ruiz Gallardón, a Martínez Almeida porque los ocho años que habrán pasado entre la futura municipalización y el Dictamen que en 2017 instaba a cambiar el modelo son imputables a su gestión.

Desgraciadamente, los antecedentes que atesora el PP nos hacen ser desconfiados y sospechar que lo que ha ocurrido es más un saqueo que un error. Y la rescisión de la operación, tardía, será una nueva oportunidad para evaluar de qué lado está el actual gobierno de la ciudad. Aún no sabemos si alguien se lo llevó crudo por conceder unas ventajas tan sustanciosas a empresas, tanto en la construcción como en la gestión de la infraestructura. ¿Cobró alguien comisiones a cambio de tomar decisiones profundamente lesivas para los intereses generales? ¿Tienen relación los ingresos en la caja b del PP con las ventajas otorgadas a un puñado de privilegiados por decisiones políticas? ¿O fue solo torpeza? Lo adecuado es que la Fiscalía hubiese investigado la ingente documentación que le hicimos llegar para descartar cualquier actuación fraudulenta. Desgraciadamente adoptaron la decisión de dar carpetazo sin entrar en el fondo de la denuncia.

Nosotros fuimos fieles al mandato que las bases de Ahora Madrid y las y los votantes nos encomendaron. No nos dejamos arrastrar por las dificultades. Auditamos las políticas públicas, desvelamos las irregularidades y las ilegalidades y planteamos una alternativa adecuada para la gestión de Madrid Calle 30.

Nos llamaron de todo por ello. 

Ahora, el tiempo y Almeida nos dan la razón.

No es clickbait. Bueno, o sí. Porque se ha escrito tanto sobre el tema… Yo creo que a estas alturas es difícil leer o escribir dejando en un rincón los prejuicios que cada uno tenemos. Yo lo voy a intentar empezando por responder a una pregunta.

¿Por qué trabajar juntas con lo diferentes que somos?

Bueno, porque es un ingrediente necesario para que se opere un milagro, uno de verdad. 

Alguien a quien no he tratado por edad y que no sabremos nunca si existió como mito o como personaje histórico, le ocurrió eso de juntar en un “mitin” a unos cinco mil. Y estaban los de organización jodidos porque pensaban con buen criterio, ¿cómo le damos algo de comer a este gentío, que ya se hace tarde? Que no tenemos más que cinco panes y un par de peces. La suma de esto no daba para satisfacer a todo el mundo.

Y hubo un milagro.

Sí. Hay quien cree que fue algo puramente mágico al estilo Harry Potter. Otros, que hemos vivido muchas cosas ya en la vida en general y en política en particular, pensamos que el hecho excepcional fue que la gente buscó en su mochila, sacó lo que tenía y lo compartió. Lo puso a disposición del resto. Cuenta la leyenda que apareció pan suficiente y peces en tal número, que hasta sobró.

Yo he tenido la enorme fortuna de experimentar eso en muchas ocasiones y por eso estoy convencido de que es posible. Creo que tenemos cultura política, ideas, experiencias y conocimientos en cada una de nuestras mochilas como para que haya de sobra para todas y todos.

Solo hay que creérselo, sacarlo y ponerlo a disposición de todo el mundo. Es jodido porque lo mismo yo pongo aquí lo mejor y el de al lado se guarda lo que tiene y…

Puede pasar. Yo opté hace mucho tiempo por no guardarme nada. Y me va mejor. Que cada uno vea lo que quiere aportar en esta nueva fase. Pero a mí me emociona pensar lo que puede nacer con lo que ya tenemos y conocemos. 

Porque nuestra suerte es inmensa y no dedicamos el tiempo que deberíamos a glosar los valores enormes que atesoramos en ese amplio espacio que hay en la izquierda transformadora plurinacional del estado español. Con muchas de las personas he tenido y tengo diferencias sensibles en diagnóstico y en propuestas de solución a los problemas a los que nos enfrentamos. Pero me une a ellas muchísimas más cosas de las que me pueden llegar a separar. 

Yolanda Díaz, inteligencia a raudales y trabajadora incansable, Ione Belarra con empuje y determinación para dar y tomar, Irene Montero, brillante e imparable, Alberto Garzón, que optó por usar la economía para que haya menos pobres y no para que haya más ricos o Ada Colau, pedazo de partisana.

Pero no nos basta con reconstruir el espacio de Unidas Podemos. Toca ir más allá y por eso hay que ser capaces de que Sumar sea atractivo también para Más País, Compromís y Equo. Claro que podría encontrar muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con estas organizaciones. Pero esto no va de heridas personales o lo que ha ocurrido en el pasado. Se trata de sacar lo que cada uno lleve en la mochila…

Joder, que tenemos mucha suerte. Porque estamos ante una gran oportunidad que pasa también por aspirar a coordinar fuerzas y conformar un bloque histórico del que formen parte fuerzas que hicieron posible el gobierno de coalición como EH Bildu y ERC y gentes como Mertxe, Oskar, Bel, Gabriel o Pilar. Yo soy de los que pienso que cuantas más naciones, mejor. 

La clave del éxito precisará de que las organizaciones políticas seamos capaces de asumir un papel respetuoso. Y que en ningún caso asfixiemos a las personas que no militan en ninguna de ellas y a las que ha interpelado el proceso de escucha que ha puesto en marcha Yolanda Díaz.

“Baja a la tierra, Carlos”. Que aquí hay que firmar acuerdos, que hay muchas formas de hacer primarias, infinitas metodologías que negociar y fórmulas diversas. 

Pues claro que sí. A mí si me hubiesen dado la posibilidad de elegir, habría preferido que a estas alturas estuviese acordado todo porque no soy de dejar las cosas para la última hora. Pero no se va a resolver ni presionando, ni forzando a nadie a hacer lo que no quiera hacer, ni buscando culpables. Que nadie se dé por aludido. O que nos demos todos. 

Creo que hay vías para superar los bloqueos. De hecho, a mí no me da igual la forma en la que se haga este proceso y tampoco soy neutral ante el resultado. Pero no es lo más importante ahora. 

Pienso que debemos tener primarias y que la gente, que voluntariamente se apunte a un censo creado al efecto, pueda votar libremente a quienes pueden impulsar la siguiente fase de nuestra realidad política. Claro que yo tengo más sintonía con las personas con las que comparto militancia en Izquierda Unida, pero os aseguro que me saldrían un centenar de nombres capacitadísimos más allá de mi organización que deberían ejercer responsabilidades de enorme calado si aspiramos a gobernar este país y a transformarlo en profundidad. Y estoy seguro de que todas las diferencias que tenemos se resuelven con debate y métodos democráticos. No puedo creer que ese acuerdo sea inalcanzable. Y tampoco pienso que sea necesario rubricarlo para hacerlo posible.

¿Ingenuidad? Bueno, quizá. Pero creo que ahora mismo no viene mal y que debe estar aderezada de unas pizcas de confianza. Y alguien tiene que empezar porque lo contrario nos pesaría toda la vida. Nos va demasiado a los de abajo en este envite. Tiene que salir bien.

Y por eso es imprescindible que, para sumar de verdad, esté Podemos, no falten ni Izquierda Unida ni los Comunes y formen parte Alianza Verde, Equo, Más País, Compromís y Anticapitalistas. Y además que no aparquemos la ambición de convencer a las fuerzas políticas que legítimamente aspiran a la independencia de sus naciones porque, mientras compartimos estado, hay muchísimas cosas que podemos hacer juntos para mejorar la vida de la gente, especialmente las personas más vulnerables. 

Nos sale un programa bonito con los mínimos de todas y todos. Pero, sobre todo, compartiríamos una hoja de ruta que esperanzaría no solo a quienes alguna vez votaron cambio sino a quienes jamás se acercaron a una urna porque no les convencimos de que desde la institución podíamos de verdad mejorar su situación.

Mientras eso ocurre, yo voy a ir ilusionado el 2 de abril al Magariños. Cuantos “imposibles” ha hecho “posibles” nuestro querido Estudiantes allí. 

Y quiero darle allí un abrazo en el templo del Estu a Ione, a Pablo, a Irene, a Pam, a Alejandra y a tantos otros. Porque sin ellos y ellas, sin la militancia de Podemos, no vamos a ningún sitio. Pero tampoco sin Yolanda, sin Izquierda Unida y sin todo el empuje que da quienes no se cansan de soñar que esta vez (esta sí) va a ser la buena.

Y si el domingo no estamos todas y todos, perseveremos para hacerlo posible cuanto antes.

Ojalá Sumar se quede pequeño. Porque se trata de multiplicar.

El alcalde de Madrid ha anunciado durante el debate sobre el estado de la ciudad un acuerdo con el Atlético de Madrid para que el club construya su nueva ciudad deportiva al lado del estadio Metropolitano. Hacía falta un acuerdo porque será sobre tres parcelas públicas cedidas durante 75 años por el Ayuntamiento de Madrid. Más de 200.000 metros cuadrados en los que el Atlético de Madrid erigirá un nuevo estadio de entre 6.000 y 8.000 espectadores, campos de entrenamiento para sus equipos, 25 pistas de pádel, un rocódromo, un espacio para la enseñanza y práctica del surf, una zona para la práctica de skating y jumping. Además, en esos terrenos públicos se construirán equipamientos comerciales y hoteleros, aunque el uso de los mismos sea dotacional deportivo singular. Pequeñas bobadas urbanísticas que Almeida soluciona sin despeinarse indicando que esas actuaciones son solo complementos a lo deportivo.

Parece que la ciudad de Madrid volverá a sufrir un timo como en el caso de la compra de las mascarillas por parte de los colegas de Almeida. 

Porque ceder esos 200.000 metros cuadrados públicos a una sociedad anónima deportiva privada para que esta haga negocio es una golfería, otra más, a apuntar en la corrupta hoja de servicios del PP de Madrid.

Antes de que alguien se ponga nervioso diciendo que no es una cesión gratuita, ya les adelanto que hasta ahí podríamos llegar... Si el alcalde hubiera cedido a cambio de nada el equivalente a 20 campos de fútbol, hasta el juez García Castellón habría tenido que investigarle por vulnerar la ley. Por supuesto que, a cambio, el Atlético de Madrid tendrá que construir dos ramales de salida de la M40 al barrio de Rejas y varios campos de fútbol municipales en otras dos parcelas anexas, además de pistas de pádel y tenis. 

Sin embargo, esto no minora la tropelía. 

¿Hacían falta los ramales de salida de la M40? ¿Necesitaba el distrito de San Blas-Canillejas equipamientos deportivos municipales?

Claro que sí.

Lo que debía haber hecho el gobierno de PP y Ciudadanos era realizar estas actuaciones con recursos económicos propios en vez de ceder el patrimonio público para que una entidad privada haga negocio con él. Más todavía siendo el club por el que Almeida bebe los vientos.

Esta idea, la de aprovecharse del terreno público alrededor del estadio Metropolitano, no es nueva. 

Como contaba yo esta semana en redes sociales, a mí también me pidió suelo público Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y accionista del Atlético de Madrid, cuando yo era Delegado de Economía y Hacienda y responsable del patrimonio público de la ciudad de Madrid.

Ya le dije entonces que yo mis cosas las puedo ceder o regalar a quien quiera. Las que son de los madrileños y las madrileñas, no.

Tal y como contamos junto a Eduardo Garzón en “919 días, sí se podía”, era lógico que el Atleti quisiera más terreno público porque en el año 2008 el gobierno de Gallardón le había vendido el Estadio de la Peineta para poder abandonar la ribera del Manzanares. Pero toda la operación fue escandalosa. El suelo del estadio solo podía estar destinado, acorde al Plan General de Urbanismo, a dotaciones deportivas públicas destinadas a la vecindad. Dada esta limitación, el Ayuntamiento firmó ese año un convenio con el Club por el cual se comprometía a modificar el planeamiento urbano para que pudiera enajenarse, y mientras tanto ello no ocurriese, se permitía que el Atlético de Madrid pudiera usar el estadio. Eso sí, el convenio mantenía la posibilidad de que el Ayuntamiento usara esta instalación para la celebración de unos hipotéticos y futuros Juegos Olímpicos en caso de que tuvieran lugar. Se trataba de un acuerdo extremadamente beneficioso para el club: pasaba a ser propietario del estadio sin pagar ni un solo euro. Se acordó que el Atlético pagaría al Ayuntamiento únicamente con entradas al estadio en partidos de Liga y de Copa del Rey, y también con la cesión de una base para el SAMUR. Como bien se sabe, en el año 2013 la Alcaldesa Ana Botella abandonó la presentación de la candidatura olímpica de Madrid a los Juegos Olímpicos 2024 tras tres intentos fallidos de obtener la candidatura y cientos de millones de euros despilfarrados.

Cuando Ahora Madrid llegó al gobierno, el Ayuntamiento todavía no había modificado el destino del suelo del estadio, aunque sí le había dado al Club más de 50.000 metros cuadrados más sin haber actualizado el valor de la parcela.

Nos encontramos con un desastre urbanístico y con un convenio que favorecía al Club Atlético de Madrid que también tenía una situación de debilidad ya que había invertido casi 200 millones de euros en obras para remodelar un estadio construido sobre una parcela que no era suya y con todos los deberes por hacer (modificar el Plan para que la parcela pueda ser vendida al Club, efectuar una nueva valoración de la parcela con arreglo a la nueva edificabilidad, habilitar los accesos a la parcela, habilitar una línea de metro…).

Toda la operación estaba plagada de irregularidades, pero había algo que se llevaba la palma hasta incluso llegar a vulnerar la ley: usar entradas (papelitos) como fórmula de pago del estadio. En el convenio firmado por Gallardón se estableció que el club pagaría una parte del precio con entradas para asistir a partidos de fútbol. No hace falta ser un experto gestor para darse cuenta de que esto suponía una tropelía: recursos públicos utilizándose para comprar entradas que luego solo utilizarían los amigos del gobierno del Partido Popular. Un escándalo que además estaba prohibido por todas las leyes de régimen local, presupuestario y urbanístico: los ingresos por una venta de un inmueble no se pueden dedicar a gastos corrientes como las entradas. De hecho, incluso el propio convenio limitaba el valor de las entradas usadas como forma de pago a los 320.000 euros y, sin embargo, el club deportivo entregó entradas por valor de más de 6 millones de euros, un 14% del importe total de la compraventa, a lo largo de los años de gobierno de Gallardón y Botella. Los gobiernos del Partido Popular sabían que era ilegal pagar las facturas de todas esas entradas, así que contablemente utilizaron la castiza fórmula de “guardar el gasto en un cajón” ya que mientras no reconocieran oficialmente la obligación de pago, el escándalo no vería la luz.

Lo fácil hubiera sido renovar un convenio lesivo en idénticas condiciones a las que estaba redactado el inicial, pero eso era, entre otras cosas, incurrir en ayudas de estado ilegales a un club deportivo y en actuación negligente con el patrimonio público y por ese motivo nos negamos a llevar adelante ese acuerdo y tras numerosas y complicadas negociaciones, logramos que se modificase sustancialmente. El resultado del nuevo acuerdo resolvió los elementos más lesivos para el patrimonio municipal estableciendo que el club de fútbol tendría que pagar al Ayuntamiento 30 millones de euros, pagar la construcción de los accesos al estadio (valorados en 29 millones) y pagar los aparcamientos a los que obliga la ley (6 millones), que luego serían de propiedad pública. Se suprimió el pago en entradas y en cesión de espacios. El Ayuntamiento se enfrentaba a una indemnización de 250 millones de euros si no alcanzaba un acuerdo. No fue el convenio ideal, pero al menos logramos ahorrar al erario público un total de 65 millones de euros mejorando notablemente un acuerdo que era extraordinariamente lesivo para el Ayuntamiento de Madrid y que solo beneficiaba al Atlético de Madrid y a las empresas constructoras de los accesos al estadio. 

Ojalá esa pauta, la de velar por los intereses generales y no por los de una sociedad anónima, aunque sea deportiva, se hubiese mantenido. Pero vuelve a gobernar el PP y regresan las ayudas públicas para que hagan negocio entidades privadas. 

También el Real Madrid

Claro que no ha sido solamente el Atlético de Madrid el beneficiado. Lógicamente el Real Madrid se ha llevado la palma en estos años en cuanto a favores prestados desde el erario público.

Primero fue aquello de la recalificación de su antigua ciudad deportiva en la que se construyeron hace veinte años los cuatro rascacielos en la Castellana gracias a la venta de esos terrenos de la Castellana expropiados durante el franquismo con una edificabilidad seis veces superior a la existente en ese barrio. Más de 500 millones de plusvalías gracias a la acción pública. A eso le ha seguido una concatenación de permutas de parcelas posteriormente que se pueden resumir fácilmente. Madrid perdió dinero y el Real Madrid lo ganó. Hasta la Comisión Europea dictaminó en 2016 que se había concedido ilegalmente una ventaja al club que tenía la consideración de ayuda estatal al Real Madrid y que era obligatorio que se recuperasen 18,4 millones de euros más los intereses desde que se realizó el convenio hasta la recuperación de la ayuda ilegal. Posteriormente el Tribunal General de la UE anuló esa multa indicando que no se había justificado suficientemente el desequilibrio en la valoración de las parcelas. 

Las ventajas al Real Madrid no han acabado. En los alrededores del Santiago Bernabéu quieren construir dos grandes aparcamientos públicos de gestión privada que el Real Madrid quiere explotar. Tres décadas de concesión para que el club gane más de 120 millones en la operación, descontada la inversión. 

Quítense el forofismo que puedan ustedes tener para analizar estas gestiones con el patrimonio de todas y todos. No hay razón o excusa posible para justificar que no se optimicen los recursos públicos. Las necesidades de equipamiento municipal deben ser abordadas por las administraciones de forma directa y no subcontratando su acción a entidades privadas que, lógicamente, harán negocio a costa del presupuesto y el dinero municipal.

Seas del equipo que seas, estas tropelías también hacen daño a tu bolsillo.

Yo soy del atleti. Lo era también cuando le dije a Gil Marín que el Atlético de Madrid iba a pagar por el estadio y no con “papelitos”. 

Aunque no haya sido noticia de primera página, la constatación del expolio que ha supuesto para las arcas públicas, Sareb, el “banco malo”, no ha pasado desapercibido.

Creada en 2012 por Rajoy y De Guindos para comprar los denominados “activos tóxicos” de las entidades bancarias rescatadas, esta sociedad adquirió viviendas, suelos y préstamos por valor de 50.781 millones de euros. Con el objeto de que no impactase negativamente en las cuentas de las Administraciones Públicas, Sareb se constituyó con mayoría de accionistas privados sin consolidar su balance con las cuentas del Estado. Pero, aunque el Estado solo tiene el 45% de las acciones, aportó el 95% de la financiación. Eurostat se ha dado cuenta de la trampa que hizo el PP y eso hace imprescindible cambiar la ley.

Antes ya cargábamos con el aval de la deuda emitida por Sareb que fue en el inicio más de 50.000 millones de euros, pero ni esa cifra ni las pérdidas que cada año ha tenido el banco malo se imputaban como si fueran públicas.

Pero lo eran.

Aunque De Guindos decía en 2012 que Sareb no nos costaría ni un euro a la ciudadanía, la realidad es que nos ha salido por un ojo de la cara. No es nuevo porque lo mismo ha pasado con el resto del rescate bancario que, como recordaréis, iba a ser un préstamo que nos devolverían o como el de las autopistas de peaje que nos saldría gratis.

Bueno, pues con Sareb, los “buenos gestores” también nos mintieron.

En junio de 2021 la sociedad se había tragado los 1.200 millones puestos de capital y los 3.600 millones de deuda subordinada que habían puesto los accionistas. En total 4.800 millones. Pero además el patrimonio neto de Sareb era negativo en casi 9.700 millones de euros. En total un agujero que asciende a unos 14.500 millones de los que 12.000 millones son públicos. Hablar de cifras con muchos ceros nos hace, quizás, perder la perspectiva, pero este importe equivale a pagar 4 años el Ingreso Mínimo Vital a 1 millón de familias.

Los accionistas privados de Sareb no van a poner un euro más para revivir al “muerto” así que nos quedaremos por un eurillo con la totalidad de Sareb junto los 35.000 millones de euros de deuda garantizada.

Cabría preguntarse si el gigantesco quebranto es un simple error de gestión. Porque han puesto “a los mejores” a implementar el plan de negocio con el pésimo resultado que estamos padeciendo.

Pero no es solo que hayan sido incapaces de no perder “hasta nuestra camisa” con el suelo y los inmuebles. Es que, además, sus decisiones contratando un derivado que nos ha costado casi 4.000 millones de euros y modificando los bonos para que Sareb no se beneficie de los tipos de interés actualmente negativos nos ha supuesto otros 1.000 millones de pérdidas. Han agrandado el desastre. En definitiva, en torno a un tercio de las pérdidas se pueden atribuir de forma directa a cómo se ha gestionado la sociedad.

Sin embargo, a pesar de las negligencias de los altos ejecutivos y miembros del consejo de administración de Sareb, a ellos no les ha ido nada mal porque se han llevado casi 37 millones de euros en retribuciones. Un poquito exagerado para haber “logrado” pérdidas todos los años y volatilizado hasta ahora 14.500 millones de patrimonio…

La aprobación del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifica el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos y en particular el régimen de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria deja en evidencia la negligente actuación del PP en el rescate bancario y debería ir acompañada de una comisión de investigación parlamentaria que estableciese las responsabilidades políticas de unas decisiones que han causado un descomunal coste y quebranto de fondos públicos.

A partir de la aprobación de esta norma se elimina los límites a la participación del Estado en el accionariado de Sareb, permitiendo así la nacionalización de facto. La fórmula de salida de los accionistas privados (bancos y aseguradoras) ha sido pasteleada por la ministra de Economía Nadia Calviño y la banca durante los últimos meses y parece que, además del quebranto ya sufrido y el que queda por caernos encima, la banca podrá computarse los créditos fiscales (DTA) correspondientes a las pérdidas que les ha generado su participación en Sareb, lo que en la práctica nos costará en torno a 782 millones adicionales en créditos fiscales monetizables. Es decir, en menos impuestos pagados en los próximos años por parte de los bancos si las cosas les van bien. Y si les van mal, se los tendremos que abonar.

Bueno… pero y entonces ahora que Sareb ya es “completamente nuestra” ¿qué podemos hacer?

Pues desde luego, algo diferente a la denominada “función desinversora”, que han protagonizado tanto el PP como el PSOE durante estos años de gestión de la Sareb que se ha traducido en malvender viviendas, suelo y créditos con gigantescas pérdidas.

Imaginaos que Sareb asumiese la función de convertirse en una herramienta pública con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda.

No parece sencillo a primera vista porque, aunque posee unos 57.000 inmuebles, no todos son viviendas, también hay garajes o locales. Sin embargo, una parte importante podrían formar parte de una estrategia para facilitar vivienda asequible y eso supone que los “activos” comiencen a concebirse como viviendas que integren el parque social para garantizar acceso a la vivienda de la población.

Además, a finales de 2020 Sareb tenía 72 millones de metros de suelo en desarrollo y finalista que podría convertirse en vivienda pública destinada a alquiler social. Sareb podría construir 360 mil viviendas cuyo coste no superaría los 25 mil millones de euros. Mucha pasta, diréis.

Pues no. Alquilando las viviendas sociales a un precio medio mensual de 100 euros, la rentabilidad para Sareb sería del 1,7%, un 53% superior al coste de la deuda necesaria para construirlas. Sin ir más lejos, en noviembre de 2021 se emitieron bonos del estado a 30 años a un tipo medio del 1,12%.

Aunque esta idea pueda chirriar a los promotores inmobiliarios, fondos de inversión y entidades financieras, no parecería mala idea para la inmensa mayoría de la ciudadanía el desarrollo de una sociedad pública que se encarga de hacer algo así. Claro que eso pasaría por estar de acuerdo con conseguir una bajada del precio de la vivienda de forma generalizada y porque el PSOE aceptara dejar de considerar la vivienda como un bien de mercado.

Algo que a los inversores no les iba a gustar.

Pero tenemos más ideas para hacer con Sareb. Ya que va a ser “totalmente nuestra”, podríamos desplegar una estrategia de inversión en energías renovables en los 98 millones de metros cuadrados de suelo rústico que tiene la sociedad y que supone una superficie similar a la ciudad de Zaragoza. Permitiría una potencia fotovoltaica y eólica instalada de 5.000 MW y una producción anual de al menos 8.000 GWh que podrían abastecer a 250 mil hogares de energía limpia. La inversión necesaria para los 14 millones de paneles ascendería a 3.000 millones de euros. En 2021, Teresa Ribera ha subastado 6.300 megavatios adjudicándose a una media de 30 €/MWh. Como nosotros somos unos soñadores, hemos pensado en que esas instalaciones fotovoltaicas y eólicas que Sareb pusiese en marcha ofrecerían la energía a 25 €, un 17% inferior al precio de adjudicación. Recordemos que el mes pasado el pool eléctrico casaba operaciones en el mercado mayorista a un precio 10 veces superior por lo que esta producción contribuiría a abaratar el recibo de la luz y se amortizaría la inversión de las instalaciones en un razonable plazo de 15 años.

Sin embargo, hay un problema.

Esto a las grandes operadoras del oligopolio eléctrico tampoco les iba a gustar.

Por eso el PSOE no va a querer ni promover una comisión de investigación para depurar las responsabilidades en la gestión de Sareb, ni destinar la vivienda existente ni el suelo edificable a construir vivienda para alquiler social a un precio mensual medio de 100 euros. Tampoco va a provocar a las eléctricas desarrollando energía renovable de titularidad pública en el suelo rústico de Sareb.

Prefiere articular medidas como el bono de alquiler que no deja de ser un incentivo inflacionista a los precios de los alquileres y que no llegará más que a una fracción reducida de jóvenes. Como dice el Consejo de la Juventud, un menor de 30 años no puede alquilar en solitario en ninguna de las 17 comunidades autónomas. Y una ayuda temporal que llegaría en el mejor de los casos a 70.000 beneficiarios (dado que hay 376.300 hogares cuya persona de referencia tiene menos de 35 años, vive en régimen de alquiler, y sus ingresos son inferiores a 23.725 euros anuales) cubriría solo al 19% de los jóvenes en esa situación.

Hacer llegar este bono a todos los inquilinos e inquilinas menores de 35 años con ingresos limitados costaría 26.700 millones de euros, por lo que, en todo caso, esta medida debería presupuestarse cinco veces más, es decir, en 1.000 millones de euros. Pero sobre, esta medida debe ir acompañado de una regulación efectiva de los precios de los alquileres que impida el mantenimiento o incluso la subida de precios que el propio bono, por si sólo, puede provocar. Y para eso es necesario y urgente la aprobación de la Ley de Vivienda estatal.

En cualquier caso, y a medio plazo, más allá de medidas coyunturales, la apuesta y el cambio de rumbo debiera pasar por la consolidación de un verdadero parque público de vivienda en alquiler en condiciones asequibles. Y para eso Sareb también podría valer.

Pero tendría que ser nuestra. De verdad.

20 años ha tardado el Ayuntamiento de Madrid en llegar a la aprobación, el pasado 29 de abril de 2021, del proyecto de urbanización de Los Berrocales en el distrito de Vicálvaro.

Este desarrollo urbanístico fue uno de los que se planificó en la etapa del boom inmobiliario de finales de los 90 en el norte y el sureste de la ciudad, pero no se podían ejecutar todos a la vez pues eso habría tirado de los precios de la vivienda a la baja. La concentración de la propiedad del suelo en pocas manos les permite dosificar la construcción en función de sus intereses, es decir, asegurar la máxima rentabilidad a la especulación. Los Berrocales es el enésimo pelotazo urbanístico.

La prueba es que se inicia la construcción de un nuevo desarrollo una vez que se da por finalizada la venta de las viviendas en el anterior, pero en ningún caso se han puesto en marcha los equipamientos sociales básicos, tanto de competencia municipal como los autonómicos, antes de iniciarse el nuevo.

Para el Ayuntamiento urbanizar el ámbito de Los Berrocales es una prioridad económica pues destina 68 millones a ese fin que se suman a las decenas de millones invertidos ya en acometidas y otros trabajos. Solo en el último año se han formalizado contratos por 11 millones de euros para hacer el colector de saneamiento Vicálvaro B.

Pero para el Ayuntamiento no son una prioridad los equipamientos sociales de los nuevos barrios. En el nuevo desarrollo urbanístico de El Cañaveral no destina más que 150.000 euros para la construcción de una escuela infantil en 2021, lo que no da más que para la elaboración del proyecto. Si en el presupuesto de 2022 se incluye todo el coste de su construcción los vecinos no dispondrán de la escuela hasta 2023 o 2024. En dos años, 2020-21, no se ha podido financiar ni siquiera la primera dotación social en este nuevo barrio.

No se ha dado vía libre a los desarrollos del Sureste hasta que no se ha culminado la operación en los del norte (Las Tablas, Sanchinarro y Montecarmelo). Pero ese retraso ha tenido consecuencias como la quiebra de cooperativas cuyo suelo ha terminado en manos de los grandes propietarios que en el caso de Los Berrocales son Pryconsa, Santander, La Caixa y el Fondo Bain Capital.

La aprobación del proyecto de urbanización en realidad es la continuación del proceso al que se le dio un respaldo decisivo en el último Pleno municipal del anterior mandato cuando se aprobó el convenio de gestión con los votos del PP, Ciudadanos y 12 de los concejales de Ahora Madrid de la corriente carmenista. Dicho convenio y la urbanización blindan los derechos de los propietarios del suelo que deberían ser fuertemente indemnizados si se pretende hacer cualquier cambio que persiga la mejora de este plan urbanístico desde un punto de vista social.

Izquierda Unida Madrid siempre ha defendido el replanteamiento de este desarrollo urbanístico para evitar los graves problemas que conlleva:

-La vivienda pública incorporada a este plan queda relegada a parcelas marginales, aisladas de los núcleos urbanos y pegadas a suelo industrial.

-Aumenta el desequilibrio territorial, caracterizado por la construcción de más viviendas en el sur y más oficinas al norte. El urbanismo debe ser una herramienta para proteger nuestro entorno natural y promover una ciudad equilibrada, y no al contrario como propone este plan. Fomentar la actividad económica del sur de la ciudad y de la región, para no convertir dicho entorno en barrios-dormitorio insostenibles.

-La zona carece de transporte público, lo que lo convertiría en un barrio con una alta dependencia del transporte privado contradiciendo el Plan A de Calidad del Aire de Madrid y las Directrices Europeas de Desarrollo Sostenible.

-Garantizar el derecho a la salud implica no ejecutar viviendas en el rango de afectación de la Incineradora hasta que no se solucionen los problemas derivados de su funcionamiento.

-Debe reducirse la superficie urbanizable y recuperar los terrenos de valor ambiental y cultural.

Nos dicen que la construcción de 22.400 nuevas viviendas en Los Berrocales contribuirá a solucionar el problema de la vivienda, pero nada más lejos de ser cierto.

En primer lugar, porque la urbanización de la zona, que ya se llevan realizando trabajos desde hace años, se ha planificado para ejecutarse en 6 etapas a lo largo 19 años. Es decir, se va a ejecutar al ritmo que dicten los intereses de los propietarios del suelo y no los intereses sociales.

En segundo lugar, porque el precio que alcanzarán esas viviendas, estarán fuera del alcance de las 25.000 familias que están en la lista de espera de la EMVS, cuya necesidad sí es urgente.

Hay otras alternativas para hacer frente a la falta de vivienda que no pasa únicamente por construir vivienda nueva para el mercado.

En Madrid sigue habiendo más de 150.000 viviendas vacías. Se debería hacer un Plan Integral de Choque para que Ayuntamiento y Comunidad consiguiesen la propiedad, el uso o la cesión de viviendas a través del servicio de alquiler público. El Plan incluiría el compromiso de rehabilitación de las mismas cuando sea necesario, la creación de impuestos a las viviendas vacías para propietarios con más de 3 viviendas, así como la compra y la construcción de inmuebles públicos. En dos años se podría hacer frente a la falta de alternativa habitacional más urgente y posteriormente ir incrementando regularmente el parque de vivienda pública ajustándose a las necesidades reales.

Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, ha vuelto a desmontar las trampas realizadas para esconder el rescate bancario. Esta vez le ha tocado a Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, cuya reclasificación esta semana ha situado a esta mercantil dentro del perímetro de las cuentas del sector público.

¿Qué se esconde detrás de esta “pelea de contables”?

Se trata de algo extremadamente importante, no es un tema menor. Tras la decisión de Eurostat, los 35.000 millones de euros que están todavía en el balance de Sareb, pasan a ser considerados como deuda pública y eso incrementará la misma del 117,1% del PIB en 2020 a situarse por encima del 120%. Además, el déficit de esta sociedad también computará como público. La decisión adoptada incorporará a la “mochila” del actual Ejecutivo, una deuda y un déficit relacionado directamente con las decisiones políticas de Mariano Rajoy y Luis de Guindos. Sin embargo, no tardarán los lectores en escuchar al presidente del “nuevo” Partido Popular lamentarse de la escalada de la deuda de las Administraciones Públicas.

La creación de una sociedad de gestión de activos inmobiliarios, o banco malo, fue una de las condiciones impuestas en el MoU, el memorándum de entendimiento firmado con la Unión Europea para el rescate de España en 2012. Sareb fue creada con el objetivo de comprar todos los activos tóxicos y problemáticos que tenía la banca para “limpiar” sus balances y eliminar el lastre que en ellos tenían los activos “improductivos”. Viviendas y suelos que estaban en poder de las entidades después de haber sido ejecutadas las garantías e hipotecas de quienes no habían pagado los préstamos firmados, además de créditos fallidos con enormes dificultades de recuperación, fueron traspasados a este “banco malo” para que las entidades dejasen de tener el lastre de tener que provisionar esos activos que no les generaban más que gastos y les obligaban a reservar capital.

La creación de este “cortafuegos” separaría “el grano de la paja”, los activos buenos, de los malos. Y eso permitiría, además de restablecer la confianza en el sector bancario, que éste se pudiera dedicar a su función de concesión de créditos para evitar el colapso de la actividad económica.

Pero había un problema. Ni el gobierno de Zapatero, ni el de Rajoy, responsables del descontrol y la falta de supervisión del sistema bancario, tenían las manos libres porque eran rehenes de su pasado. No podían reconocer el volumen descomunal de ayudas públicas ni de coste económico que era necesario comprometer para acudir al rescate de las entidades bancarias porque se trataba de salvar a éstas mientras se retiraba el paraguas protector público que debía haber protegido a millones de personas durante una crisis letal. Por eso, cuando PSOE y PP acordaron en agosto la modificación del artículo 135 de la Constitución, en el pack venía incluido realizar las oportunas maniobras que consistían en colocar un tupido velo que impidiese al pueblo ver que, al mismo tiempo que se recortaba en sanidad, educación, dependencia, atención a nuestros mayores o pensiones, se proporcionaban ayudas públicas al sector bancario que han ascendido anualmente en el período 2008-2019 al 12,1% del PIB.

Era difícil de explicar. Por eso se utilizó la “ingeniería financiera” y la “contabilidad creativa” para disimular este gran expolio. De hecho, el uso de una estrategia similar por parte de Ruiz Gallardón en Madrid que ocultó la deuda de Madrid Calle 30, ya había sido desmontado en 2005 por la Comisión Europea. Pero lo volvieron a hacer.

Sareb adquirió por tanto inmuebles, créditos y suelo por valor de 50.781 millones de euros después de aplicar un descuento medio del 52% sobre el que tenían en las entidades. Es decir, activos contabilizados en las entidades bancarias nacionalizadas por 107.121 millones de euros, fueron adquiridos por el “banco malo” por 50.781 millones. ¿Negocio redondo? Pues no. Porque se traspasaron, incluso con esa rebaja, mucho más caros de lo que realmente valían. No lo digo yo. La Comisión Europea indicó en diciembre de 2012, que el descuento medio con el que Sareb debería haber adquirido los activos era de un 72%. Es decir, suponía casi 20 puntos porcentuales sobre el valor bruto de traspaso realmente practicado. Se compraron los inmuebles, el suelo y los créditos por 18.000 millones de euros más de lo que valían. No mereció todo esto titular significativo alguno por parte de los grandes medios de comunicación, seguramente porque estaban en ese momento contando las tropelías fiscales del entonces Jefe del Estado… (ironía que no deja de ser dolorosa).

Sareb compraba muy caras las 55.700 viviendas y unos 30.000 activos anexos, como plazas de garaje y trasteros, más de 185.000 metros cuadrados en oficinas, una treintena de hoteles, 150.000 metros cuadrados de superficie alquilable en centros comerciales y 13 millones de metros cuadrados en solares, de los que un tercio tienen la consideración de suelo urbano. Se convertía en la empresa inmobiliaria más importante de España y una de las primeras de la Unión Europea.

¿Y cómo se pagaban estos activos?

Porque la historia de los “bancos malos” nos muestra que pueden ser empresas del Estado, mixtas o solo privadas. Aquí la clave era que pagásemos todas y todos, pero sin que la gente fuera consciente. Y para eso, Luis De Guindos, a martillazos, cuadró el círculo. Ponemos el dinero, pero sin que se note.

Había que conseguir que Sareb fuera una sociedad “que no formase parte del sector de Administraciones Públicas”. Y por eso, en el capital de la mercantil, el Estado a través del FROB, puso “solo” el 45% del capital inicial de 1.200 millones. El resto lo aportaron catorce bancos nacionales (Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Banco Popular, Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Cajamar, Caja Laboral, Banca March, Cecabank, Banco Cooperativo Español y Banco Caminos); dos bancos extranjeros, (Deutsche Bank y Barclays Bank), una eléctrica (Iberdrola) diez aseguradoras (Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana Occidente, Axa, Generali, Zurich, Reale, Pelayo, Asisa y Santa Lucía). 

Pero con 1.200 millones no se podían adquirir casi 51.000 millones en activos sobrevalorados. Y ahí entró en juego la imaginación. El “banco malo” emitió bonos, títulos de deuda por valor de 50.781 millones de euros. Como os podréis imaginar, una sociedad que compraba “basura” a precios elevados, no sería sencillo que fuera mirada con ojos “golosones” por parte de los mercados. Pero para esas cosas está el Estado, que avaló esos títulos para convertir la chatarra en un coche de lujo, en un título válido.

En definitiva, la Sareb fue financiada con recursos públicos que suponían un 95,31% del total, pero el porcentaje de propiedad accionarial público solo sería del 45,68%. Al mismo tiempo, los socios privados que solo aportaban solamente el 4,69% de la financiación total, se quedaban con el 54,33% de las acciones.

Todos hemos visto películas que describen robos menos descarados que el que os estoy relatando. Sobre todo porque hay gente que desconfía del papel que juegan en Sareb las entidades bancarias que forman parte de su accionariado porque es evidente que podrían existir conflictos de intereses, al ser al mismo tiempo propietarios y competencia de esta sociedad.

Se consiguió el objetivo, el Estado ha aportado más de 52 mil millones de euros entre capital, deuda subordinada y deuda avalada. Pero tiene una participación minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de Sareb computen como déficit público y la deuda sea considerada como pública. La máxima ilusión de los que han pergeñado el plan es que consiguieron durante estos años que la deuda no computase ni en las cuentas públicas, ni tampoco en el de las entidades.

El trilerismo contable no ha colado.

Simular que no es una empresa pública es un flagrante fraude de ley. Pero la patada hacia delante ha conseguido dilatar el reconocimiento del problema que, por cierto, va más allá de lo que Eurostat ha puesto sobre la mesa. Porque Sareb ha tenido pérdidas todos y cada uno de los ejercicios, ha consumido todo el capital y la deuda subordinada, más de 4.500 millones de euros y tiene pérdidas latentes por casi 8.000 millones más. Me diréis que es imposible porque Luis De Guindos contaba ufano en el Plan de negocio que se preveía “una rentabilidad esperada sobre el capital invertido del 14%-15% en un escenario conservador”.

Pues tampoco. De momento las pérdidas públicas superan los 7.500 millones cuando Sareb ha vendido los activos más valiosos. ¿Alguien puede convencernos que no vamos a perder “hasta la camisa”?

Cierto es que no todo el quebranto procede del diseño de la operación que hemos contado. Por si no fuera poco lo anterior, los “inteligentes y buenos gestores” contrataron un swap, un derivado financiero, para proteger la considerable deuda de Sareb de “posibles subidas de tipo de interés”. Pero también aquí metieron la pata, porque el seguro contratado en 2013 era a un tipo de interés absolutamente alejado de la realidad y ha ocasionado hasta ahora 2.265 millones de euros de pérdidas. Cuando Draghi bajaba los tipos de interés al 0%, estos “linces” formalizaban un contrato para abonar hasta el 3,14% de forma fija. No os preocupéis porque, en cualquier caso, lo que ha perdido Sareb con el derivado, lo han ganado las entidades bancarias que cobran las primas del swap. Al final, todo queda en “su” casa.

¿Habéis escuchado alguna petición de disculpas por parte de la derecha en este país? Por supuesto que no. De hecho, hemos promocionado y ascendido al máximo responsable del desastre de Sareb a la Vicepresidencia del Banco Central Europeo. ¿Qué podría salir mal?

Ahora ya no vale de nada lamentarse como única forma de abordar el problema. Tampoco recordar aquello de que “ya lo dijimos” porque, aunque lo hicimos, eso no resuelve el grave quebranto.

Toca actuar.

Todas las viviendas y el suelo propiedad de Sareb tienen que convertirse en la herramienta pública para abordar el drama que supone el flagrante incumplimiento del derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución. Está claro que la mayoría social pagará la fiesta de las élites, nos tocará recoger su basura y los vómitos que han dejado en este país. Al menos, que los “activos” pasen a ser “viviendas” y sirvan para garantizar el derecho a techo y no el negocio de unos pocos.

La rebelión municipalista que ha puesto en pie a centenares de ciudades y pequeños pueblos contra el Ministerio de Hacienda no es un capricho súbito. Expresa agravios que vienen de lejos y que el contexto de emergencia sanitaria, social y económica está convirtiendo en indignación. Las razones no son difíciles de entender. Es incomprensible que en una crisis que amenaza con empeorar, las instituciones más cercanas a la ciudadanía no cuenten con recursos suficientes para hacerle frente. Y menos que sean sistemáticamente desoídas o tratadas como menores de edad. No solo por la prepotencia que una actitud institucional de este tipo trasluce, sino porque deja entrever una idea demasiado pobre de la propia democracia.

Más de 40 años después de la transición, la financiación de los gobiernos locales es similar a la del tardofranquismo. De hecho, los avances sociales y económicos que se produjeron en el mundo municipal no se hicieron gracias a ese marco, sino a pesar suyo, con un enorme esfuerzo vecinal y de alcaldías en muchos casos asfixiadas. Todo esto empeoró tras la crisis de 2008. Primero, con la reforma del artículo 135 de la Constitución, que obligaba, también a los gobiernos locales, a priorizar el pago de la deuda sobre otras necesidades sociales. Luego, con la infausta Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, aprobada por el rodillo del PP aprovechando su mayoría absoluta y el apoyo de CiU, que impedía a los ayuntamientos disponer de sus ahorros y dedicarlos a inversiones prioritarias.

A pesar del ahogo impuesto por la llamada Ley Montoro, el municipalismo demostró una incontestada solvencia y responsabilidad en materia de gestión. Mayor, sin dudas, que la del Estado central o la de las propias Comunidades Autónomas. Al estallar la pandemia, esto fue reconocido por la propia ciudadanía, que en todas las encuestas premió a los ayuntamientos por su seriedad y sus esfuerzos a la hora de atender las necesidades ciudadanas.

Por eso, precisamente, cuando la Comisión Europea anunció que la emergencia sanitaria, socio-ambiental y económica obligaba a inyectar recursos y a levantar las restricciones draconianas sobre el gasto público impuestas en la crisis anterior, lo lógico era pensar que los ayuntamientos podrían, por fin, disponer de sus ahorros y contar con herramientas adecuadas para afrontar esta nueva crisis dentro de la crisis.

Este ha sido el criterio utilizado en Alemania y otros países europeos. Pero no en España. Incomprensiblemente, la prioridad del Ministerio de Hacienda no ha sido levantar el cepo establecido por la Ley de Estabilidad del PP, sino utilizarlo, una vez más, para drenar recursos municipales al propio Estado central.

La filosofía de fondo es tan inaceptable, tan poco respetuosa con el municipalismo, que todas las negociaciones dirigidas a mitigarla están acabando en fracaso y poniendo en evidencia al propio Ministerio de Hacienda. Primero, porque el Estado central ya dispone hoy de un margen amplio para obtener esos recursos en condiciones favorables en los mercados internacionales, con el respaldo del Banco Central Europeo. Segundo, y más importante, porque supone un desconocimiento flagrante de la autonomía local y de la suficiencia financiera municipal consagradas por la propia Constitución en los artículos 140 y 142.

La insistencia obcecada de Hacienda en que los ayuntamientos “presten” sus ahorros al Estado central para que este se los “devuelva” progresivamente hasta en 15 años se está revelando como un error sin paliativos. De entrada, ya se ha cobrado la credibilidad del presidente socialista de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que acabó desdiciéndose de su discurso a favor de la autonomía en la Comisión de Reconstrucción del Congreso para forzar una votación que ha dividido como nunca antes al mundo local. Pero sobre todo, ha generado una coalición contraria a la iniciativa tan amplia, que las posibilidades de que el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de agosto sea convalidado parlamentariamente son ahora mismo ínfimas.

Lo único que podría evitar este naufragio es un cambio radical de actitud por parte de Hacienda. Esto supondría, ante todo, aceptar de una vez que los ayuntamientos son mayores de edad y tienen derecho a disponer de recursos propios, estatales y europeos, para atender las necesidades vecinales. A partir de aquí, establecer compromisos de financiación concretos y calendarizados, y no simples promesas vagas, que conviertan a las corporaciones locales en un dique de contención efectivo para la emergencia social que se avecina. Y sobre todo, escuchar. Escuchar y mostrar respeto por el municipalismo, que es algo que se echa en falta desde hace demasiado tiempo.

Isabel Díaz Ayuso ha lamentado que la campaña lanzada contra ella haya afectado también a Kike Sarasola. Es lógico porque, tal y como declaró recientemente Pablo Casado, estamos ante gente muy generosa y por eso le mandaba un fuerte abrazo en su visita al Room Mate Óscar en la que también glosó el duro trabajo de los emprendedores de este país.

Sin embargo, a la inmensa mayoría de los autónomos que puedan leer este artículo les cabreará descubrir que no todo el mundo es igual a la hora de iniciar una aventura empresarial. El Partido Popular, y en concreto José Manuel Soria, experto en recibir regalos de empresarios del sector turístico, tuvieron que ver mucho con el arranque del negocio de Kike Sarasola. Como ha publicado eldiario.es, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió en 2015 a Be Mate tres préstamos “destinados a la financiación y potenciación de la actividad de la Sociedad por un importe total de 3.000.000 euros” a un tipo de interés inferior al 1% y que vencen este año.

Eran créditos baratos pero, a la hora de la verdad, a estos admirados amigos del señor Casado les sale mucho más a cuenta no devolverlos. Y de hecho, es lo que hasta ahora ha ocurrido, ya que pidieron en 2019 un aplazamiento de capital e intereses, tregua que les fue concedida. No había ninguna emergencia sanitaria a la que poder responsabilizar, así que habrá que suponer que la culpa es de quienes no vamos a esos apartamentos de lujo y no pagamos 200 euros la noche por dormir en ellos. Es lo que tiene favorecer y subvencionar con dinero público un modelo de negocio que tanto tiene que ver con la especulación de la vivienda en el centro de las ciudades y la insostenibilidad del crecimiento de los precios que expulsa a los vecinos de toda la vida.

La cosa no se queda ahí, porque estos “emprendedores liberales” que se afanan en criticar el papel de lo público en la economía consiguieron también en 2015 un préstamo concedido por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), también adscrita a Industria, por importe de 450.000 euros y cuyo vencimiento está fijado en diciembre de 2021.

Quienes dicen aborrecer la banca pública, usaron el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para financiar con el presupuesto del Estado a sus colegas. Vamos que para arrancar, se agenciaron casi tres millones y medio de euros de dinero público mientras ese año el PP recortaba gasto público a toda velocidad. Suponemos que, a estas alturas, cualquier emprendedor votante de la derecha y que se cree sus falsos mensajes estará tan indignado como nosotros.

El capital social de la compañía es de… 60.000,00 euros, y entre todas y todos hemos aportado 3.450.000 euros. Sin embargo, aunque la administración pública gobernada por el PP arriesgó 57 euros por cada uno que pusieron los dueños, no tenemos ni una acción…

No perdamos la perspectiva de que esta financiación, en su mayor parte en forma de préstamos participativos, es una inmensa ayuda porque a efectos de análisis de riesgo no computa como deuda exigible, ya que en la estructura de balance tienen el carácter de “semi-fondos propios”, por lo que facilita que te den otros préstamos. De hecho, el Ministerio de Industria y ENISA estarían “los últimos de la cola” a la hora de cobrar deudas si esta sociedad, dios no lo quiera, tiene problemas en el futuro a la hora de afrontar los pasivos. No sabemos qué otras entidades bancarias privadas, siguiendo las ortodoxas leyes liberales, han arriesgado y apostado por este proyecto tan publicitado y alabado por el Partido Popular.

Además hay otra ventaja porque pagan intereses en función de los beneficios que obtengan. Y ahí es donde está el siguiente favorcillo; la empresa matriz, es decir, el accionista único, está domiciliada en Holanda. La matriz factura a la filial por conceptos diversos aunque no tenga, como es este caso, ni empleados ni oficinas, y la deja “seca” de beneficios. Paga sus impuestos en Holanda a un tipo ridículo y aquí en España, hasta ahora, no ha abonado ni un puñetero euro en impuesto de sociedades. Ni lo pagará nunca. Estas estructuras societarias radicadas en Países Bajos les cuestan a las haciendas públicas de todo el planeta el 15% de la elusión fiscal mundial. No penséis que el dinero se queda en Holanda. De allí se va a los paraísos o guaridas fiscales en las que se pierde el rastro.

Y todo es “legal”.

En cualquier caso, no nos debe extrañar que José Manuel Soria, el entonces ministro de Rajoy, inflara a fondos públicos a una sociedad relacionada con paraísos fiscales y elusión tributaria. Su nombre apareció en la documentación interna del despacho panameño Mossack Fonseca, ya que fue administrador de su empresa familiar, que aunque era “muy española” prefería no pagar impuestos en nuestro país.

En definitiva, que gracias a la derecha, financiamos entre todas y todos a unos ricos para que hagan negocio con dinero público y facilitamos que no paguen impuestos con normativas legales que permiten guaridas fiscales dentro de la Unión Europea.

Imaginamos al señor Sarasola azuzando la manifestación indignada de esa patronal por las recientes declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando dijo que en el sector turístico había estacionalidad y precariedad. Desgraciadamente es tan cierto como que hay empresarios que en vez de arriesgar su dinero, prefieren que sea “papá Estado” quien se lo juegue. Si va bien, ganan ellos y si va mal, perdemos todas y todos.

Con estas ventajas, no ha de extrañar que pudiera haberle regalado cosas a Ayuso y quién sabe si a otros dirigentes del PP.

Porque de esto se trata. A Isabel Díaz Ayuso la pilló desprevenida, en perfecta consonancia con la sensación de impunidad a la que nos tienen acostumbrados los dirigentes del Partido Popular madrileño desde hace décadas. Solo ha reconocido que pagaría por los 408 humildes metros cuadrados proporcionados por Room Mate cuando se ha descubierto el pastel. Pero lo que ha dicho que abonaría sigue suponiendo un ahorro con respecto a las tarifas para el resto de los mortales, de más de 13.000 euros.

Y eso es un escándalo mayúsculo. Porque desvela una relación absolutamente vergonzosa entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, y un empresario dopado con dinero público gracias a la acción de gobierno del Partido Popular. Que, además de todo lo anterior, se adjudicara por procedimiento de urgencia un contrato de 565.000 euros a la empresa de Sarasola y que dicho contrato se volatilizara ante la denuncia pública que evidenciaba esta ilegalidad no hace sino incrementar su magnitud.

Así ponen en práctica eso que llaman “colaboración público-privada”, que se parece mucho a las redes clientelares del caciquismo de toda la vida. Si a alguien le espeluzna es a los autónomos y autónomas que se tienen que buscar la vida cada día para ganarse el pan de forma honrada y que son utilizados por la derecha como excusa para su capitalismo de amiguetes.

Ayuso y Casado tienen mucho que explicar antes de irse a su casa.

Ya es poco habitual y ni siquiera en la legendaria calle de las Sierpes en Sevilla, es fácil encontrarse a determinados artistas que, con indudable talento, montan su negocio en plena vía. No hace falta mucho aparataje. Con un par de cajones que pueden ser de cartón para levantar un mostrador a una altura de metro y medio, tres cubiletes y una bolita, son capaces de desplumar al incauto que cree poder adivinar dónde está la bolita. No actúan solos. Sin el gancho que hace creerse listo a quien no lo es, incluso su extrema habilidad haría imposible que pudieran desplumar al personal. Y de eso va este artículo. De trileros.

No de otra forma se puede calificar lo que ha ocurrido con la recaudación tributaria en España, especialmente en el período que va desde 2007 a la actualidad. Las maniobras, cierto es que no demasiado hábiles, nos permiten ver cómo ha cambiado la distribución de la financiación vía impuestos de las administraciones públicas. En 2019 la liquidación de ingresos tributarios permitirá obtener un importe nominal récord que superará los 216 mil millones de euros. Sin embargo, en relación a la riqueza de nuestro país medida en términos de PIB, solo estamos ligeramente por encima de la obtenida en 2007.

Pero el mapa no tiene nada que ver con lo de hace 13 años, sin ser ni mucho menos maravillosa la situación de entonces. Porque la distribución de los ingresos ha cambiado gracias, cómo no, al engaño realizado por el juego de manos de la derecha de este país. Mientras el IVA ha incrementado casi un 37% la recaudación, seguido de cerca por el IRPF con un 28%, el Impuesto sobre Sociedades se ha desplomado un 33%. ¿Casualidad? Claramente no. Hay trampa.

Los profesionales del trile, suelen usar un poquito de pegamento en los dedos, para poder retirar la bolita con disimulo, o a veces en el interior del cubilete, para que quede adherida al mismo cuando se levanta.

Los profesionales de la estafa fiscal que se ha perpetrado son más sofisticados y utilizan el Boletín Oficial del Estado para implementar normativa legal que satisfaga a quienes más poder y dinero tienen. Hablan de “bajar los impuestos” y utilizan un reclamo e incluso “ganchos” para engañar al personal. Puede parecer increíble, pero una y otra vez lo consiguen.

¿Quién no se acuerda del ínclito Mariano Rajoy y la reina de la charca, Esperanza Aguirre, criticando la subida del IVA realizada por el PSOE en julio de 2010? El Ejecutivo socialista aumentó los tipos de IVA en julio de 2010 y de ese incremento considerado por el PP de “disparate total” hizo bandera electoral la derecha. En 2012, ya con mayoría absoluta, dejó chiquitita la subida anterior y al 12,5% con que nos había obsequiado el PSOE a las clases populares, el PP añadió un 16,7% adicional de incremento. La subida del tipo general acumulada de ambos “partidos de estado” fue de un 31,25% y explica el meteórico aumento de la recaudación en estos años. Había que obtener ingresos, nos decían, y esa era una vía rápida e inmediata. Cierto es que injusta y regresiva porque, como bien es sabido, no supone el mismo esfuerzo abonar el IVA para las clases trabajadoras explotadas, extenuadas y precarizadas que para las élites que marcan el camino fiscal de este país. Por eso es especialmente doloroso para la mayoría social del país, comprobar cómo nos han hecho el trile durante estos años. Sí, pagamos más IVA y más IRPF (con menos progresividad que la de años antes porque les da mucho miedo que los tipos marginales sean un poco más altos para quienes ganan 10.000 euros al mes). Y al mismo tiempo, las grandes empresas, principales contribuyentes de este país, pagan mucho menos que entonces.

La distribución de la tarta muestra que el peso en la misma del IVA y el IRPF se han incrementado de manera considerable, casi un 11% y al mismo tiempo el Impuesto de Sociedades ha reducido su peso a la mitad, un 8%.

Nos cambiaron la bolita.

Pero estos trileros de nuevo cuño lo intentan justificar con melifluos argumentos. ¿Quién no ha escuchado llorar a Díaz Ferrán entonces y a Garamendi ahora? Lo mal que lo están pasando las grandes corporaciones y su discurso amplificado por grandes medios de comunicación puede llegar a enternecer incluso a quienes no tienen trabajo ni prestación alguna o techo bajo el cual guarecerse porque fueron desahuciados. Incluso se ha hecho habitual defender las tesis de que no pagan aquí porque nuestras grandes compañías transnacionales se han internacionalizado y abonan tributos en otros lugares del mundo. Ojalá. Sería un “mal menor”. Pero no es as&iacute. De hecho, la información de la Agencia Tributaria indica que las 134 grandes multinacionales con matriz española lograron en 2016 un beneficio de 91.894 millones y pagaron por este impuesto 11.594 en todo el mundo, un 12,6%. Y, en el caso más extremo, 27 de ellas pagan un Impuesto sobre Sociedades en todo el mundo del 0,3% de su beneficio. Vamos, que utilizan también lo del cubilete para esconder la bolita y, al final, lo que deberían abonar de impuestos, no lo pagan en ningún sitio.

Imaginad que se hubiera mantenido el mismo porcentaje de aportación tributaria por parte de las empresas que había en 2007, un 3,3% del PIB. Eso hubiera supuesto que habríamos ingresado en estos 13 años casi 210 mil millones de euros más que los que han entrado en la caja procedentes de las empresas de este país. Cómo para no hacer donaciones simbólicas que sirvan para despistar… Por si a alguien le da por volver a sacar el mantra de “lo mal que lo han pasado”, le recuerdo que peor y que más han sufrido las trabajadoras y los trabajadores de este país y ahora contribuyen más que en 2007 con más IVA, IRPF e impuestos especiales.

A sanidad se han dedicado 930 mil millones de euros en los años que van de 2007 a 2019. Con esos casi 210 mil millones de euros, los presupuestos de estos 13 años habrían podido incrementarse un 23%. Llamadme demagógico pero hemos entregado más beneficios y menos impuestos para que las grandes empresas puedan repartir dividendos a sus accionistas a cambio de menos sanidad pública para atender a la gente.

Y sin embargo, la verborrea con la que han cautivado al incauto pueblo español sigue operando. No han cambiado la operativa. Lo volverán a intentar. Por eso hay que ir pensando en el día después del fin de la emergencia sanitaria porque sacarán de nuevo el cajón, la bola y los tres cubiletes para que la reconstrucción la vuelvan a pagar los y las de siempre: las clases populares. Pero deberían andarse con mucho cuidado porque, a estas alturas los cubiletes son transparentes, vamos sobrados de engaños, estamos exhaustos y tenemos claro quién es el gancho.

El pasado 12 de diciembre el Ayuntamiento de Madrid aprobó la compra por 55 millones de euros del edificio que alberga el servicio municipal de informática. Aunque los informes municipales atribuyen al inmueble un valor 10 millones inferior y por tanto la operación se habría formalizado un 22% por encima de este importe, el equipo de Gobierno actual considera que, si hubiera tenido que trasladar a todo el personal a otro lugar y hacer obras de reforma y adecuación en una nueva ubicación, el coste total de la operación sería superior a los 55 millones de euros del importe de la oferta de adquisición preferente hecha por la propietaria actual del edificio. La justificación que la Junta de Gobierno ha utilizado para realizar la adquisición es que supondrá un ahorro para el Ayuntamiento de más de 25 millones en los próximos 20 años y una rentabilidad media del 8,3 %.

Los datos que han anunciado, más allá del análisis detallado de la documentación asociada a esta operación, parecen señalar que Partido Popular y Ciudadanos han hecho una operación buena para los intereses de madrileñas y madrileños. Ahorrarse casi cuatro millones de euros de alquiler es algo positivo y rentable económicamente para la ciudad.

Pero no puede ser.

No tiene lógica alguna que el Partido Popular y Ciudadanos consideren que esta es “una gran operación para Madrid” porque hace tres años, solamente tres años, organizaron toda una cacería política con apoyo mediático para denunciar algo que seguramente lectoras y lectores recordaréis.

El equipo de gobierno de Ahora Madrid y el Área de Gobierno de Economía y Hacienda que en ese momento yo presidía, nos encontramos con el resultado de las políticas de la derecha en nuestra ciudad llevadas a cabo por Ruiz Gallardón. Para reducir el ritmo de crecimiento de la deuda y obtener ingresos fácil y rápidamente, vendió edificios municipales a empresas privadas. Sin embargo, como el Ayuntamiento necesitaba la mayoría de todos esos edificios para prestar sus servicios, en repetidas ocasiones y después de cada venta, el gobierno firmaba inmediatamente un contrato de arrendamiento con su nuevo dueño por el que se comprometía a pagar una renta mensual a cambio de seguir usándolos. En el año 2003 el Ayuntamiento de Madrid tenía suscritos 30 contratos de arrendamiento que suponían un coste anual para las arcas públicas de algo más de 6 millones de euros. Pues bien, solamente seis años más tarde el número de contratos firmados había llegado a los 85 y el coste superaba los 55 millones cada año, es decir, multiplicaron por 9 el coste anual de los alquileres para el consistorio. No era más que una estrategia suicida el deshacerse del patrimonio público y alquilar edificios a elevados precios. No era más que pan para hoy, y hambre para mañana.

Eso sí, para quien sí resultaba una estrategia verdaderamente provechosa era para quienes compraban los inmuebles municipales y luego se los alquilaban al Ayuntamiento a elevadísimos precios. Caso paradigmático fue el de un inmueble municipal situado en Calle Alcalá, 45, precisamente el edificio en el que se ubica el Área de Economía y Hacienda. El gobierno de Gallardón lo vendió en 2004 a una empresa privada e inmediatamente después firmó un contrato de alquiler con esa empresa para seguir utilizando el inmueble. El precio del alquiler pactado (28,37 euros por metro cuadrado) fue muy superior al de mercado (16,6 euros), un 71% más, lo que se traducía en que el Ayuntamiento comenzó a pagar 18.293 euros diarios por arrendar algo que antes era de su propiedad. El contrato se blindó hasta 2019, asegurando así que la empresa privada ganara con el alquiler 100,7 millones de euros.

El precontrato entre el Ayuntamiento de Madrid y la entidad Testa Inmuebles se firmó entre Juan Bravo, concejal de Hacienda y D. Pedro Gamero del Castillo y Bayo, hijo de uno de los primeros ministros de Franco, protegido de Serrano Suñer y defensor de las posturas más filonazis durante la Segunda Guerra Mundial siendo uno de los anfitriones de Himmler durante la visita de este a Madrid. Su hijo y heredero es quien firma este contrato. Daría para hablar bastante este hecho de cómo la oligarquía franquista ha sido directamente heredera de la actual, pero lo dejaremos en un detalle histórico que dice bastante de cómo se han consolidado ciertas fortunas en nuestro país tras la “modélica transición”.

A nadie se le puede escapar que era un negocio redondo para la empresa y una ruina para el Ayuntamiento. Que la empresa agraciada fuera Testa Inmobiliaria, filial patrimonial de Sacyr Vallehermoso, cuyo máximo responsable Luis del Rivero aparece como donante del Partido Popular en la contabilidad B de un tal Luis Bárcenas, es para algunos ingenuos, una casualidad. Para quienes hemos visto que la dilapidación del dinero público para beneficiar a unos pocos suele ir acompañada de financiación ilegal del Partido Popular y de enriquecimiento personal de quienes adoptan esas decisiones, las casualidades no existen.

La estrategia que adoptamos desde el gobierno de Ahora Madrid fue acabar con todos los contratos de arrendamientos en los que fuese posible hacerlo sin mucho coste (muchos tenían cláusulas que encarecían notablemente la finalización del contrato) y renegociar las condiciones en los que no fuese posible. El objetivo último era ahorrar dinero y también recuperar para el patrimonio público inmuebles estratégicos. No era necesario recomprar todos los edificios ocupados en alquiler porque el Ayuntamiento de Madrid tenía otros muchos inmuebles vacíos y sin uso, de forma que se podían reorganizar los equipamientos y recursos para aprovechar al máximo su utilización sin necesidad de comprar nuevos edificios. El plan de reducción de alquileres permitió ahorrar en el anterior mandato el 65% del importe abonado por el Partido Popular entre 2011 y 2014. No parece mala estrategia destinar esos fondos a necesidades sociales en vez de a retribuir a los propietarios de los inmuebles.

Y por eso, en diciembre de 2016, recompramos el edificio y lo hicimos adquiriéndolo más barato que el precio por el que fue vendido por el PP. Si actualizamos el valor de venta de Alcalá 45 en 2004 con el IPC tendríamos que haber abonado por el edificio 124 millones de euros y si hubiéramos utilizado el indicador sectorial de vivienda e inmuebles, el valor sería de 144 millones de euros.

Lo adquirimos por 104 millones de euros. Ahorramos 22 millones en alquileres hasta 2019 y la rentabilidad económico financiera de la operación superaba el 8,33% sin incluir los costes de traslado a unas nuevas instalaciones que habría que haber puesto a disposición del Ayuntamiento ya en estas fechas y que ascendían a unos 15 millones de euros adicionales.

Bueno, pues esta operación realizada en 2016, mereció los calificativos de: “comunista, caprichosa, arbitraria, despropósito, impresentable, chapucera, realizada con prisas, oscura y que no tenía otro objetivo que el que Sánchez Mato tuviera su palacio de invierno”. Para completar el marco, la Cámara de Cuentas indicó que la adquisición, pese a demostrar un ahorro de gasto recurrente en los próximos 20 años de más de 140 millones de euros en alquileres, contribuía al incumplimiento de la regla de gasto.

De todo esto, toda la ciudadanía tuvo cumplida información en medios escritos, emisoras de radio y alguna que otra televisión en los que se trasladó la posición política de Partido Popular y Ciudadanos, obviándose los elementos que hemos aquí desgranado tanto del origen de ese alquiler desmesurado como del ahorro económico que esa decisión de gobierno supuso.

Ante tanta hipocresía acumulada, cabe formular algunas preguntas que no tengo duda alguna de que jamás serán contestadas.

Si ahorrarse casi cuatro millones de euros de alquiler al año, que es lo conseguido por PP y Ciudadanos, es “algo positivo y rentable económicamente para la ciudad”, ¿me podría explicar alguien por qué ahorrarse 7 millones anuales es un “despropósito de bolcheviques”?

Si comprar un edificio en 2016 era “una estratagema para disimular la reducida ejecución del presupuesto y una operación precipitada y apresurada”, ¿cómo se debería calificar la que han aprobado el 12 de diciembre de 2019?

Si ahorrarse 25 millones en 20 años, que es lo que ha hecho Almeida, es “una gestión excelente”, ¿por qué reducir las obligaciones de pago municipales en 140 millones en el mismo plazo merece ser calificado de chapucero?

Si conseguir una rentabilidad económica del 8,31%, que es lo obtenido por el actual equipo de gobierno, es “una buena operación”, ¿por qué obtener el 8,33% era “un capricho de concejal comunista”?

Y por último, si comprar un edificio municipal para ahorrar alquileres en 2016 era un intento deliberado de incrementar el incumplimiento de la regla de gasto y fue usado como arma arrojadiza para exigir mi cese y el de mi equipo por incumplir la regla de gasto, ¿qué habría que hacer con Almeida y Villacís cuando han anunciado que la incumplirán y compran un edificio por 55 millones de euros?

Estamos jugando el partido más decisivo de nuestras vidas. Y pese a tener en la conciencia colectiva la mejor herramienta para hacer de este partido el medio de transformación social, perdemos por demasiados puntos. La repercusión del cambio climático en este tiempo de descuento no lo marcará ningún árbitro. Tampoco partimos de las mismas condiciones, ni hay reglas justas del juego.

Y por eso es inevitable afrontar el conflicto.

En un lado están quienes pretenden perpetuar su negocio basado en el consumo ilimitado y la depredación de nuestro planeta, la alteración del metabolismo de la biosfera y el juego con nuestras condiciones de vida. En el otro estamos quienes buscamos un planeta sostenible, justo, socialmente comprometido, equitativo y construido colectivamente sin dejar a nadie en el camino.

Salvo para taciturnos negacionistas de codo en barra, las consecuencias del colapso ecológico son a día de hoy tan evidentes que su negación solo acentúa el servilismo hacia el sistema económico que lo causa. Afortunadamente, la ola de movilizaciones juveniles en todo el mundo ha sabido poner el foco en la exigencia de soluciones más allá de las vacías declaraciones de emergencia que, una vez aprobadas sin medidas concretas, quedan relegadas a posavasos de los brindis más elitistas. Estos gritos de rabia de la juventud exigen medidas concretas e inmediatas sabiendo que no es una circunstancia aislada, sino que es el resultado de décadas de capitalismo.

“El capitalismo mata el planeta” leemos en tantas y tantas pancartas.

Represión, recorte de libertades, tensión comercial, agotamiento de recursos, greenwashing, descafeinar la emergencia ecosocial… El capitalismo juega sus bazas avanzando mientras agudiza las desigualdades sociales. Multinacionales, sector energético, sector mediático y los principales partidos políticos de países ricos han construido un entramado de poder cuyo brazo se alarga hasta la actuación antidemocrática sobre gobiernos que se resisten a entrar en su rueda. Y para afrontar los efectos negativos de la contaminación, plantean “más mercado”. Es decir, potenciar la entrada a este “zoco” de los principales bancos y fondos de inversión, que acceden al mercado de emisiones simplemente para especular con nuestro futuro. Todo ello en el caso de la UE con una absoluta falta de transparencia por parte de la Comisión Europea, que es la única que tiene acceso a los derechos entregados y a la gestión de las emisiones por parte de quienes contaminan.

¿Nos toman acaso por idiotas? ¿Alguien en su sano juicio puede creer a estas alturas que hacer más negocio con el aire que respiramos va a parar la deriva suicida de este modelo económico?

Solo nuestra conciencia colectiva y organizada será capaz de construir la alternativa ecosocial que resista las embestidas de quienes pretenden asegurar la pervivencia de un sistema que nos condena al fracaso. Hay que actuar sabiendo que el coste de no hacerlo es disparatado en términos ambientales, sociales y también económicos. La Unión Europea prevé perder a finales del siglo XXI el 1,9% de su Producto Interior Bruto (PIB) anual, es decir, unos 240.000 millones de euros, si el calentamiento global supera los tres grados centígrados, como indican las proyecciones actuales.

Así que, dar un paso al frente no solo tendría el gran efecto positivo de reducir la incertidumbre asociada al cambio climático, sino que también llevaría consigo muchos beneficios colaterales, también económicos. Una mejor calidad del aire y una reducción tanto de la mortalidad prematura como de la morbilidad asociada no son temas menores. Acompañarlo de una mayor justicia en las relaciones económicas y un mayor bienestar junto con la creación de millones de empleos asociados al rescate de nuestro planeta, lo convierten en la mejor opción de inversión posible.

Habrá quién dirá que es una buena idea pero que, lamentablemente, su elevado coste la hace imposible. Nos intentarán desanimar, como si fuera una ensoñación de utópicos. Por eso, para acallar esos absurdos argumentos basta con señalar que para mantener a flote al sistema bancario, el Banco Central Europeo ha creado de la nada cuatro billones de euros en estos últimos siete años. ¿Intentarán acaso convencernos de que es imposible actuar con decisiones firmes para abordar la emergencia planetaria que amenaza a nuestra población, especialmente la más vulnerable, al tiempo que se siguen dedicando ingentes recursos a salvar a las élites?

Tal y como grita nuestra juventud en las manifestaciones, “si el planeta fuera un banco, ya lo habrían rescatado”.

La Cumbre por el Clima que se celebra en Madrid se desarrolla en un contexto crítico. La tensión en torno a la represión en Latinoamérica, especialmente en Chile y Bolivia, juega un papel trascendental en la crisis ecosocial actual. Las reservas de litio y el avance en derechos democráticos se aúnan en la reivindicación social de un sistema que deja, una vez tras otra, abandonada a la gran mayoría. La tensión comercial entre China y EEUU también se sustenta sobre un tablero alejado de ambos países y refuerza un modelo comercial que basa su despliegue en la energía que proviene de los combustibles fósiles y en las políticas extractivistas. El expolio de recursos naturales continúa al alza.

Mientras, los primeros coletazos de esta Cumbre ya nos indican que el resultado de la misma no alterará la rueda de consumo ilimitado que el sistema capitalista necesita para su reproducción ya que, ante períodos de decadencia, las crisis del sistema están aseguradas. Las supuestas alternativas ecológicas precisan de una cantidad ingente de recursos naturales. El círculo de poder se encarga de presentarnos estas nuevas vías como el antídoto contra la crisis ecosocial, pero ¿en manos de quién cree el lector o la lectora que están esos recursos?

Por eso debemos tomar el mando. Si la transición ecológica la hacen los poderes económicos que nos han llevado al colapso climático, seguramente solo conseguiremos aumentar su cifra de negocio y los indicadores macroeconómicos, pero no conseguiremos que se resuelva el problema de la emergencia ecosocial y correremos el riesgo de que salgan reforzadas las salidas reaccionarias, e incluso ecofascistas.

Si por el contrario queremos una salida con futuro es imprescindible que la transición ecológica sea de carácter popular y por abajo, poniendo en el centro el cambio de modelo económico: redistribución, reducción, justicia, derechos y equiparación del ámbito productivo/reproductivo.

Y, por supuesto, será imprescindible que corramos, porque el tiempo hace mucho que se agotó. Toca reiniciar el sistema.

Llevamos una larga temporada escuchando hablar de “la España de los balcones”, una imagen con la que Pablo Casado, Albert Rivera y sus amigos de VOX pretenden evocar los sentimientos patrios. La utilizan de manera recurrente, como si lo más importante fuesen los colores de las banderas que cada cual decide colgar o no de sus respectivas barandillas.

Desgraciadamente se quedan en la fachada, con esos golpes de efecto tan superficiales a los que nos tienen acostumbrados. Y mientras tanto pasan muchas cosas de puertas y balcones adentro. Ocurre que hay familias que sufren los recortes en sanidad y en educación, que tienen familiares dependientes a su cargo, que temen una nueva subida de su alquiler o que encienden la calefacción con cuentagotas por la subida de la factura de la luz.

Porque los diez años de crisis, y siete de recortes y asfixia se han cebado en la gente corriente de nuestros barrios y la desigualdad, la pobreza y la precariedad han crecido. Y se podía haber evitado. Pero cuando más arreciaba la lluvia, los gobiernos de PSOE y PP quitaron el paraguas. Y si las administraciones públicas no cumplen con su obligación fundamental de protección a la gente, además de crecer la desafección, se siembra la semilla del fascismo.

Tras los balcones hay familias que descubren por la tele que los ricos ganan cada vez más mientras ellas no llegan a fin de mes aunque trabajen todo el día o cobren una pensión. Alucinan cuando les dicen que no hay dinero público para la emergencia social y que “hay que apretarse el cinturón” mientras se rescata a la banca o a las grandes empresas constructoras que metieron la pata con sus previsiones en el negocio de las autopistas. Se quedan boquiabiertas cuando Casado llama a tener más hijos sin que se le ocurra pensar en medidas para favorecer la conciliación o afrontar los gastos escolares. Más allá de las fachadas muchas mujeres siguen sufriendo violencias machistas de manera continuada y son asesinadas.

Eso es lo que nos importa, independientemente de la bandera que represente o emocione a cada cual. Y de eso iba el Acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado que hemos trabajado para sacar adelante. Ni mucho menos era perfecto, pero era bastante mejor que los Presupuestos que tenemos ahora y que seguirán prorrogados hasta la finalización de la legislatura. Aumentaban un 65% el gasto social, que se dice pronto pero eran 12.500 millones destinados a mejorar las condiciones de vida de la gente. Incluían la revalorización de las pensiones; equiparaban los permisos de paternidad y maternidad y preveían más ayudas a la dependencia, mejores programas contra la violencia machista, becas para material escolar e incremento considerable de las políticas de vivienda. Y aunque técnicamente no vaya dentro de los Presupuestos, y precisamente por eso se ha salvado, no se puede dejar de resaltar el incremento hasta los 900 euros mensuales del salario mínimo interprofesional, que solo suscita rechazo a quienes no hacen el esfuerzo de imaginar qué es vivir con 900 euros al mes.

Por eso sonroja a “la España que madruga” que, con diferentes motivos, unos más legítimos que otros, se haya saboteado el primer paso hacia un cambio de rumbo para recuperar parte de los derechos económicos y sociales arrebatados a la mayoría social con la excusa de la crisis. Oponerse a la tramitación y aprobación de unas cuentas que abordan los problemas que quitan el sueño a la gente, es una pésima noticia para quienes sienten como propios esos problemas y un motivo de alegría para quienes necesitan todas las banderas del mundo para esconder su defensa de los que más tienen.

En 2014, una persona que militaba por aquel entonces en mi organización política, me dijo después de un debate en el que planteábamos qué proponer para las siguientes elecciones en la ciudad de Madrid: “Carlos, habrá que decirle a la gente que no tendremos opción de aplicar nuestro programa, que no podremos hacer prácticamente nada” . Yo solamente acerté a contestarle que no entendía entonces para qué nos íbamos a presentar a los comicios. La victoria de las elecciones municipales en muchas ciudades despertó muchas ilusiones, demostró que se podía derrotar a la derecha y conquistar la mayoría en el ámbito de la izquierda.

La clave del éxito fue apoyarse en la movilización, en la militancia y los activistas sociales y emplear unos métodos democráticos para la elaboración del programa y la elección de las candidaturas. Multitud de personas las sintieron como suyas y eso fue determinante para alcanzar gobiernos en lugares que parecían vedados. No solo nos presentamos, también conseguimos el gobierno bajo el paraguas de la confluencia Ahora Madrid y pusimos en marcha un programa que precisaba como elemento auxiliar indispensable la herramienta presupuestaria. Porque para hacer políticas públicas son indispensables voluntad y recursos. Y esa fue la senda que elegimos y que permitió un salto adelante histórico para la ciudad.

La derecha entendió rápidamente que era fundamental sabotear la voluntad que teníamos de demostrar con hechos que había alternativa a sus políticas. Nada nuevo bajo el sol. ¿Alguien pensó que nos lo iban a poner fácil? Precisamente para eso se había realizado la reforma en 2011 del artículo 135 de la Constitución Española, que fue la puerta de entrada para introducir en el ordenamiento jurídico estrictas limitaciones a las finanzas públicas y a la capacidad del Estado para impulsar la economía y desarrollar el Estado social.

Y por eso se ha usado la regla de gasto para restringir de manera absolutamente injustificada la actuación de las corporaciones locales, especialmente las que han sido capaces de combinar crecimientos del gasto para atender a unas acuciantes necesidades sociales con elevados superávit presupuestarios.

En los dos primeros años del gobierno de Ahora Madrid, el gasto presupuestado (sin tener en cuenta el servicio de la deuda) creció 5 veces más de lo que el corsé del Ministerio de Hacienda quiso imponer. Más de un 103% de incremento de la inversión y un 60% de aumento en gasto social permitieron la construcción de 13 nuevas escuelas infantiles, 43 nuevos equipamientos culturales, juveniles y deportivos, multiplicar por 4 el gasto total en vivienda desde 2014, de la concesión de ayudas directas para obras de accesibilidad, eficiencia energética y conservación en edificios de viviendas. También se produjo la adquisición de 1.349 nuevos autobuses (el 70% de la flota) en el conjunto de los cuatro años.

Y a pesar de todos estos avances, las finanzas públicas no se desequilibraron: hasta 2017 hubo un superávit de 3.529 millones de euros, y la deuda de la ciudad fue reducida 2.213 millones de euros, casi un 40% con respecto a la heredada después de más de dos décadas de irresponsable gestión del PP.

Es bien conocido el resultado de los ataques, la hostilidad y la arbitrariedad del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. No se trataba de ninguna manía persecutoria. Sabía el efecto que para la derecha política y económica tenía la gestión de los ayuntamientos gobernados por la izquierda después de 2015. No podían permitir que nos saliera bien.

Hace un año ya desde la claudicación ante el Partido Popular y el tiempo ha demostrado que resistir hubiera supuesto vencer. Pero incluso después de la misma y la ralentización producida por la firma del Plan Económico Financiero, se puede decir con claridad que la batalla contra el austericidio que encabezó Madrid mereció la pena.

Es evidente que la ciudad ha dado un significativo paso adelante. Basta analizar de manera somera los datos para ver lo que ha supuesto desde el punto de vista presupuestario que no sea la derecha la que gobierne. Casi 1.350 millones de euros adicionales han sido presupuestados para Madrid y para sus gentes con respecto a lo que hubiéramos incluido si nos hubiéramos conformado con las limitaciones que nos han intentado imponer. Si comparamos con el último mandato del Partido Popular, el gasto social se ha incrementado en 951 millones de euros (+46%) y el esfuerzo inversor por habitante se ha duplicado en estos cuatro años.

Estos datos, claramente positivos, se han abordado haciéndolos compatibles con una reducción del 54% de la descomunal deuda heredada del PP. En definitiva, se ha demostrado con hechos que era posible incrementar sensiblemente el esfuerzo económico presupuestario en las prioridades de la mayoría social al tiempo que se saneaban las cuentas que había saqueado la derecha.

Sin embargo, no debemos dejar de resaltar que no es suficiente. Madrid necesita y merece más y el Presupuesto de 2019 no alcanza los objetivos y expectativas que la mayoría social y también Izquierda Unida como parte de ella, nos habíamos fijado para avanzar en resolver el desastre generado por más de dos décadas de gobiernos del Partido Popular.

Que el presupuesto global de gasto crezca únicamente en 2019 un 1,12% con respecto a 2018 (sin computar el servicio de la deuda, el incremento ascenderá un 3,2%) es insuficiente para abordar con la suficiente decisión la lucha contra la lacerante desigualdad y el reequilibrio territorial que son nuestros objetivos fundamentales. Es el resultado de aceptar los ataques y las imposiciones que lastran la capacidad de crecimiento presupuestario que tiene Madrid. El efecto de la firma del Plan Económico Financiero va más allá del incremento de gastos financieros en 2018 y 2019 por los costes de cancelación anticipada de la deuda. No debemos extender un sentimiento de impotencia y de ausencia de alternativa económica ante su ortodoxia. Recordad que esa era la posición defendida por este antiguo compañero resumida con el fatalista mantra de que “no podíamos hacer nada”.

¿Acaso alguien piensa que si Unidos Podemos consiguiese llegar a la Moncloa o al gobierno de comunidades autónomas no sufriría brutales presiones para no aplicar su programa económico? Cuando se renuncia a cuestionar el sistema y se produce un proceso de adaptación al nuevo statu quo, es inevitable generar desaliento en la gente. Y eso es lo último que podemos hacer y más ante el nuevo ciclo electoral.

Por eso no debemos dejar de soñar en poner en marcha políticas transformadoras y activar la movilización para defenderlas de los inevitables ataques. Hemos demostrado no solo lo que somos capaces de hacer sino lo que podríamos hacer si nos lo creemos y ponemos en el centro el cumplimiento de los compromisos del programa y las necesidades de la gente. No es momento de repliegue ni de salir a la defensiva, sino de ser herramienta útil para quienes necesitan organizaciones políticas que den respuesta a la mayoría social. Incluso las derrotas sirven de aprendizaje para construir una alternativa ilusionante en un marco de unidad popular.

Es tiempo de recuperar la iniciativa. Es tiempo de audacia.

Mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido afrontar el grave problema de movilidad y contaminación que padecemos con el Plan A de Calidad del Aire, la Comunidad de Madrid ignora ambos problemas que afectan a toda nuestra región, judicializando además las medidas adoptadas.

La polémica generada en torno a las políticas de restricción de los vehículos más contaminantes tiene dos ejes fundamentales: que la derecha pretende perpetuar un modelo de movilidad y urbanismo tremendamente perjudicial para la salud, y que es imprescindible abordar un cambio radical de los mismos.

Desde Izquierda Unida llevamos años defendiendo políticas de reequilibrio territorial que, en ningún caso deben consistir en parches que jamás tendrían capacidad de solucionar los problemas históricos de vivienda, de dotaciones públicas o de reestructuración de nuestros barrios y pueblos del sur de la región. Deben ir encaminadas, de manera directa, a atajar los efectos negativos de  un modelo productivo que ha convertido en ciudades dormitorio los municipios del sur y los ha hecho totalmente dependientes de los municipios del norte y del centro de la ciudad que acumula la oferta de empleo, ocio y dotacional. Es justo aquí donde movilidad, desarrollo productivo y urbanismo se entrelazan.

El distrito Centro de Madrid es uno de los mejores comunicados por transporte público, coche o moto compartidos o sistema de bicicleta pública. Nadie puede negar que existen múltiples formas de movilidad sostenible en esa zona, y por eso es evidente que se puede abordar desde ahí la transformación de nuestra región. Por eso, el modelo adoptado en Madrid Central deberá ampliarse y trasladarse a otras zonas de la ciudad y municipios para consolidar un modelo sostenible, saludable y equilibrado en toda la región madrileña.

No se puede eludir la responsabilidad que desde las Administraciones Públicas tenemos a la hora de abordar el grave problema de salud que ocasionan las emisiones de los vehículos contaminantes. Únicamente en la Comunidad de Madrid se producen casi 3.000 muertes prematuras al año por la contaminación asociada a esos vehículos. Madrid Central supone un paso imprescindible a la hora de atajar certeramente esta ineludible realidad.

Además, es inaplazable abandonar una visión únicamente economicista del urbanismo, la movilidad y el modelo productivo para incorporar la sostenibilidad como elemento central que subordine la rentabilidad puramente monetaria, hasta ahora eje fundamental, a la búsqueda de un un modelo de región respetuoso con el medio y que ponga en el centro el uso eficiente y responsable de los recursos que, no debemos olvidar, son finitos.

Esta visión nos enfrenta al modelo que la derecha nos brinda y que pone por delante los intereses individuales a los colectivos.

Que no les lleven a engaño. Es posible un Madrid en el que se aborden los desequilibrios territoriales que sufre fundamentalmente el sur de nuestra comunidad. Y para eso ganar la batalla de la movilidad es clave. Para ello todos los municipios deben avanzar hacia la puesta en marcha de modelos que favorezcan la movilidad en transporte público, bicicleta y a pie, reduciendo los desplazamientos que se realizan en vehículo privado. Y eso requiere de una apuesta decidida del Ministerio de Fomento y de la Comunidad de Madrid para fomentar y potenciar el transporte público y revertir la deriva de la red regional de cercanías explotada por Renfe que paga la carencia de inversiones con retrasos continuos provocados por las averías. No olvidemos que ese impulso es una opción positiva en términos de clase pues el gasto público de las administraciones no es otra cosa que salario indirecto para trabajadoras y trabajadores.

Seguramente este análisis hace más fácil comprender el ataque frontal que están recibiendo medidas como la impulsada por el Ayuntamiento de Madrid por parte de la derecha política y económica.

Por eso hay que decir alto y claro que es momento de plantarse. Ni un paso atrás porque solo la audacia a la hora de abordar la movilidad nos podrá hacer recuperar el tiempo perdido en mandatos pasados por quienes han gestionado de manera penosa el transporte público de la Comunidad de Madrid.

Desconfíen cuando se intenta sumergir en planteamientos técnicos y despojar de ideología algo tan aparentemente árido como los Presupuestos Generales del Estado. Nada hay más ideológico que la plasmación en las cuentas públicas de una posición política determinada. Al fin y al cabo los presupuestos determinan qué parte de la población y con qué intensidad va a verse beneficiada por las políticas públicas, cómo se va a repartir parte de la riqueza y la renta que generamos entre todos y todas, y cómo se va a definir e influir en las características del modelo productivo, social y ecológico de nuestro país.

Si algo queda claro con el Proyecto que se somete a tramitación por parte del gobierno del Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos es la estrategia de la derecha: quieren un país en el que la importancia del estado social continúe menguando, en el que se mantengan tasas de paro muy superiores a la de nuestros vecinos, en el que la precariedad impregne, si cabe aún más, el mercado laboral afectando especialmente a mujeres y a jóvenes, en el que el nivel de desigualdad siga siendo de los más elevados de Europa, en el que los pensionistas se empobrezcan progresivamente, en el que el modelo productivo se caracterice por un bajo valor añadido y tecnológico, en el que el modelo energético siga anclado al siglo XX, en el que la vivienda sea un lujo y no un derecho, etc. Porque los presupuestos generales no los han diseñado para combatir los enormes desafíos económicos, sociales y ecológicos a los que nos enfrentamos, sino para cumplir reglas fiscales carentes de cualquier fundamento técnico que impone la Unión Europea y que han demostrado de manera evidente su inoperatividad para alcanzar los objetivos que le importan a la inmensa mayoría de la gente. Unas reglas carentes de todo sustento científico y técnico que están siendo utilizadas como excusa para deteriorar los servicios públicos y permitir más espacio de negocio a los agentes privados. No hay otra cosa que ideología detrás del disfraz de ciencia. Lo malo es que esa ideología va contra los intereses de la mayoría social. Los retos que debería abordar un presupuesto que se nos plantea al tiempo que el gobierno presume de “haber salido de la crisis” deberían pasar por abordar la realidad de los casi 4 millones de personas desempleadas, en el millón personas que viven en hogares sin ningún tipo de ingreso, en los casi 8 millones de personas que no llegan a final de mes, en la gente que tiene contratos basura. Tendría que mostrar con claridad para qué sirve la herramienta presupuestaria para la gente que sigue siendo desahuciada de sus viviendas o para los casi 13 millones de personas que viven en riesgo de pobreza.

Pero eso no lo encontrarán en estos presupuestos. No hay medidas para crear empleo, ni para reducir la precariedad laboral, ni para reducir la pobreza o la desigualdad, ni para modernizar nuestro modelo productivo y lograr así la creación de empleos de calidad, a pesar de que son las necesidades más apremiantes e importantes que tenemos. En cambio, sí podrán ver medidas que llevan a que el tamaño del Estado social -medido en gasto público sobre el PIB- sea el más bajo de los últimos diez años. Estos presupuestos consolidan los recortes que en 2010 nos dijeron que serían pasajeros: el presupuesto para educación, cultura y deporte es un 21,6% inferior al año 2010, año en el que comenzaron los recortes; el de sanidad es un 31,2% inferior, el de fomento un 54,7%... Estos presupuestos no resuelven los principales problemas que sufre la mayoría social en nuestro país e ignoran derechos básicos recogidos en la Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, la progresividad del sistema fiscal o directamente el artículo 128, que afirma que toda la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general.

No en vano, estos presupuestos parecen estar redactados por y para las élites, por aquellos y aquellas a las que la crisis no les ha ido nada mal. No solo no hay medidas para combatir el elevado fraude fiscal que cometen, sino que además recogen reducciones de impuestos para las empresas más grandes. Es paradigmático que por primera vez en la historia se recojan bonificaciones fiscales a las Socimis, que son grandes empresas que se dedican a hacer negocio con la vivienda lo que explica en buena medida el repunte de su precio de compra y de alquiler. De hecho, los beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades aumentarán con este presupuesto un desorbitado 62%, dejando claro cuál es la prioridad política de este gobierno: reducir la carga fiscal a empresas y grandes fortunas para trasladarla aún más a las espaldas de trabajadoras y trabajadores y consumidoras y consumidores.

Hay alternativa y pasa por dar prioridad a enjugar el déficit social y ecológico por encima de la senda de reducción del déficit fiscal. Y por eso, desde el grupo confederal Unidos Podemos –En Comú Podem – En Marea, hemos presentado una propuesta profundamente estudiada y perfectamente factible, que ponga a la gente por delante de los intereses de las grandes corporaciones. Nuestra propuesta plantea un giro de timón con respecto a las políticas públicas: el gasto público total sería 1,7 puntos porcentuales del PIB superior a la propuesta actual del gobierno. Estamos hablando de unos 20.000 millones de euros que se repartirían entre políticas sociales, políticas para la modernización económica, cambio productivo y transición energética, y políticas para la igualdad de género y cierre de la brecha salarial. Todo ello tendría además un efecto expansivo sobre la actividad económica que permitiría mayor creación de empleo, lo que unido al combate del fraude laboral y a una nueva regulación del mercado de trabajo, lograría mejorar notablemente la calidad del mismo.

Entre las actuaciones contempladas, destaca un programa de inversiones orientadas tanto al aumento de la eficiencia energética (revisión de los edificios, mejora de la red eléctrica, transporte público, medidas de ahorro energético en la industria) como a la sustitución del consumo de energía proveniente de combustibles fósiles y de centrales nucleares, por energía procedente de fuentes limpias y renovables. Por otro lado, nuestra propuesta recoge tres planes de empleo importantes. Uno para los desempleados de larga duración, otro para los jóvenes y otro para acabar con el empleo precario en las administraciones públicas. Y con la pretensión de contribuir a reducir la brecha salarial de género nuestra propuesta incluye la equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad, haciéndolos obligatorios e intransferibles. Las políticas públicas deben orientarse a que las mujeres dejen de tener la etiqueta de “menos disponibles para el empleo”. Otras actuaciones importantes son: un Plan de Renta Garantizada que beneficiaría a aquellas personas que se encuentren con un nivel de renta inferior al umbral de la pobreza; la revalorización de las pensiones contributivas al ritmo del IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo; un importante plan de promoción de parque de vivienda social; un plan de rescate de la ciencia; un importante aumento de las pensiones no contributivas más bajas; la actualización del IPREM para aumentar subsidios de desempleo y otras ayudas públicas; y la aplicación de una prestación por hijo o hija a cargo tal y como recomienda UNICEF.

Se trata de una demostración clara de que una orientación presupuestaria diferente permitiría mejorar las condiciones económicas de la mayoría, con mayor estabilidad en el empleo y mayor retribución, con un avance firme para conseguir la eliminación de la precariedad crónica que caracteriza nuestro modelo de crecimiento. Es imprescindible poner en marcha cuanto antes una alternativa de país al proyecto agotado del Partido Popular.

Solo hace falta voluntad política. Nosotras y nosotros la tenemos.

Este 12 de abril en el Congreso de los Diputados se debatirá y someterá a votación un Real Decreto propuesto por el gobierno de Rajoy que amplía el margen de maniobra que tienen las corporaciones locales a la hora de utilizar su superávit. El ejecutivo quiere presentar este Real Decreto como una actuación de generosidad con respecto a los ayuntamientos pero la realidad es que no es otra cosa que la consecuencia de su derrota política: la enorme presión ejercida por los ayuntamientos -entre los que destaca el de Madrid- y también por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos- En Comú-En Marea, ha obligado al gobierno a dar un pequeño paso atrás en su perversa estrategia austericida consistente en asfixiar a las administraciones públicas todo lo posible. Ahora intentan disfrazar de generosidad lo que es en toda regla un revés político. Prueba de ello es que esta medida llega tarde y mal.

Llega tarde porque estamos ya a mitad de abril y las corporaciones locales han perdido más de tres preciados meses para poder iniciar los trámites necesarios para la aprobación de inversiones financieramente sostenibles. Es importante entender que esta figura económica requiere de unos procedimientos administrativos mucho más lentos y pesados que cualquier otro tipo de gasto o inversión pública, puesto que la administración pública que quiere hacer uso de ella debe primero estudiar la viabilidad económica de las inversiones desde unos criterios especiales y también debe lograr su aprobación en pleno. Unos trámites que no han podido llevarse a cabo durante todo este tiempo perdido y que comenzarán una vez se ha consumido casi la tercera parte del año. Demasiado tarde para lograr un uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y la responsabilidad de provocar esta situación recae única y exclusivamente en el gobierno, pues no había ninguna necesidad de esperar tanto para habilitar el destino del superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles. Podría haberlo hecho muchísimo antes, a través de cualquier decreto como va a ocurrir ahora, y concretamente desde el día en que sabía que los presupuestos se iban a prorrogar por la incapacidad política de este ejecutivo de lograr apoyos para aprobar unos nuevos. Pero decidió esperar, impidiendo así que los ayuntamientos tuvieran algo más de aire y de libertad para utilizar sus propios recursos. Esa estrategia política solo ha causado perjuicios a la ciudadanía. Ahora que la presión aumenta, han tenido que recular, pero se ha perdido un tiempo precioso en la implementación de políticas públicas.

Y llega mal porque es claramente insuficiente. El gobierno intenta vender que con esta medida se solucionan los problemas de las corporaciones locales. ¡Ni mucho menos! Con este Real Decreto lo único que se conseguirá es que las administraciones puedan realizar inversiones financieramente sostenibles, que es algo que han podido hacer todos los años desde 2014 a partir del mes de enero (con la excepción del año pasado, en el que también hubo retraso en la aprobación de presupuestos). Es decir, que volvemos simplemente a la situación que teníamos en años anteriores, que ya eran desastrosas para la autonomía de las corporaciones locales y para el bienestar de la gente. Es cierto que en este decreto el universo de inversiones se amplía, lo cual es una buena noticia, pero es que el verdadero problema es otro: es el de la Regla de Gasto, que a pesar de que es lo que impide que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos en beneficio de la ciudadanía, no se toca absolutamente en nada en este decreto.

Desde el grupo confederal sí hemos propuesto modificar la Regla de Gasto en una Proposición de Ley que se admitió a trámite y que la mesa del Congreso no para de paralizar ampliando eternamente el plazo de enmiendas. Ya vamos por diez ampliaciones, ¡diez ampliaciones para apenas nueve páginas! En un claro ejemplo de filibusterismo parlamentario, el Partido Popular y Ciudadanos le toman el pelo a la gente. No quieren que se debata o se someta a votación una ley que permitiría acabar con el problema de asfixia al que están sometidas las corporaciones locales porque perderían la votación. No parece que sea propio de una democracia parlamentaria evitar que algo se vote cuando sabes que vas a perder y no pueden calificarse de demócratas quienes así actúan.

Intentar disimular su posición con este Real Decreto, que es simplemente un pequeño e insuficiente guiño al que se han visto obligados debido a la presión social y política, va a ser inútil. No nos van a dar gato por liebre.

En Jueves Santo, muchas mujeres y hombres de comunidades cristianas nos reunimos para rememorar la última cena de Jesús con sus colegas. Recordamos a un rebelde que lo compartía todo y que se rodeaba de gente de mal vivir, de esa gente a la que un padre normal no aconsejaría jamás acercarse. Un tipo que a veces sacaba el mal genio e incluso el látigo porque le dolía que se mercantilizase el templo y que los mercaderes precapitalistas lo convirtiesen en “una casa de ladrones”. No quiero pensar qué haría ahora con una iglesia más cerca del poder y del dinero que del pueblo. Era un carpintero sencillo de Galilea en la Palestina del siglo I que anunció un mundo nuevo, sin ambiciones, sin discriminaciones, sin violencia, sin armas, sin guerras, sin hambre y que llamó a construir una sociedad igualitaria, justa, solidaria y fraterna. Alguien que solo vivía para aliviar el sufrimiento humano. Un “prenda”, vamos…

Recordamos que ese individuo, que sería tildado de sospechoso en la prensa y al que seguramente le amenazarían con querellas criminales, defendía que quien quisiera ser considerado el primero, debía arremangarse y ponerse al servicio de todas y todos. Por eso, esa noche, nos arrodillamos y lavamos los pies a los demás. No es un símbolo, debe ser nuestra forma de vivir.

Las cosas que ese tío decía despertaron tanto entusiasmo entre la gente pobre y marginada como pánico entre los poderosos y las autoridades religiosas y políticas que, no en vano, lo veían como peligroso para sus intereses.

Y por eso, este antisistema acabó como acabó, ajusticiado en una cruz, instrumento de tortura frecuente en esa época para castigar delitos de orden político.

Seguro que ese tipo se desternillaría de risa si viera cómo se le encaja, con calzador, en procesiones bajo palio con muchos representantes políticos buscando hueco para salir en las fotos.

Lo mismo son cosas de un cristiano rojo, pero a mí me parece evidente que Jesús de Nazaret no habría reconocido como cercanos a quienes se ponen la etiqueta de “cristianos” y olvidan a los hermanos y hermanas que en peor situación están. Cuánta gente hacinada en infraviviendas y cuánta con sueldos de miseria. Cuánta con miedo a perder su puesto de trabajo, cuánta no pudiendo trabajar legalmente, cuánta sufriendo racismo o xenofobia. Cuántos seres humanos sumidos en un infierno de incertidumbre y vulnerabilidad y que padecen una ciudadanía de tercera clase. Es ahí donde nos la jugamos y donde las medidas políticas nos retratan. Y no parece que sea compatible defender las concertinas en la frontera de Melilla y emocionarse en una procesión en Madrid. No es muy coherente defender la ley de Extranjería y decir “amén” después de leer el capítulo 25 del Evangelio de Mateo.

Mi experiencia personal me dice que en estos días no recordamos a un perdedor y que Jesús de Nazaret no se rindió ni después de ser asesinado. Por eso, muchas y muchos creemos que hay suficientes alimentos para que nadie pase hambre, que hay viviendas de sobra para que a nadie le falte techo y que sobran recursos para educación y sanidad si dejamos de destinar ingentes esfuerzos a proveernos de armamento para matarnos unos a otros.

Algunos dirán que todo esto es solamente un puñado de buenas intenciones no asentadas en la realidad. Y, después de afirmarlo con voz hueca, irán a participar de la Semana Santa. Yo solo digo que, parafraseando a mi admirado Jose Luis Cortés, lo contrario de utopía no es realismo, es miopía.

Se reanudan esta semana los trabajos de la Comisión de Investigación de la crisis bancaria con la comparecencia, entre otros, de Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Elena Salgado o Julio Segura. Se trata de actores fundamentales con enorme responsabilidad en la quiebra del sector financiero que sigue suponiendo una sangría en términos de fondos públicos. Precisamente por eso, la intención ha sido la de obstaculizar la labor de quienes, como el grupo parlamentario Unidos Podemos, queremos esclarecer lo ocurrido.

Actitudes como la de cambiar el formato habitual de interrogatorio por turnos de discursos en la comparecencia del que fuera ministro de Economía, director gerente del FMI y presidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, no son más que un torpe intento de facilitar a uno de los protagonistas fundamentales de este episodio negro de la historia de este país. Se une este hecho a las maniobras coordinadas entre PP y PSOE para evitarle a Aznar, Zapatero, Núñez Feijoo y a los principales banqueros el engorroso trámite de explicarle a la gente cómo es posible que se hayan volatilizado ingentes cantidades de dinero de todas y todos para salvar a las élites, sin que se haya culpables. Dado que en esta legislatura no han podido bloquear la Comisión de Investigación como ya hicieron con la presentada por Izquierda Unida-Izquierda Plural en la X Legislatura en 2012 y que no pudo prosperar al sufrir el veto propiciado por la mayoría absoluta de la que entonces gozaba en el Congreso el Partido Popular, optan por poner palos en las ruedas para que cejemos en nuestro empeño de poner luz sobre esta iniquidad.

No es casualidad y es evidente que no podemos confiar en que ni PP (ni su filial Ciudadanos) ni tampoco el PSOE estén interesados en llegar al fondo de lo ocurrido porque no pretenden otra cosa que minimizar la magnitud de lo que ha pasado o bien extender la idea de que se trataba de algo imposible de prever. Tienen demasiados muertos en el armario y por eso es lógico que PP dispare con Caja Castilla la Mancha y PSOE contraataque con Bankia. Y que a eso responda el PP con Caixa Catalunya  y el PSOE con Novacaixa Galicia. PP arroja Cajasur sobre el PSOE y este devuelve la estocada con Banco Mare Nostrum... Y a todo esto, intentan evitar que se analice el rescate a los bancos y circunscribirlo solo a las cajas de ahorro...

Les va mucho en ello porque la maniobra de despiste y que no tiene otro objeto que difuminar las responsabilidades para exculpar a sus gobiernos que son los máximos responsables de crear las condiciones que facilitaron la insolvencia de las entidades bancarias y de proceder posteriormente a su rescate con dinero público. Durante todo el proceso de rescate se ha blindado el respaldo estatal a los bancos con diferentes formas, desde garantías de préstamo, compras de activos y reconocimiento de créditos fiscales hasta una inyección directa de fondos públicos en las entidades financieras. Todo esto les facilita la obtención de financiación a tasas más baratas de lo que serían si no existiera la posibilidad de conseguir dicho respaldo. Estos costos de financiamiento más bajos representan un subsidio público implícito que beneficia en mayor medida aún a los grandes bancos.

Como remate de todo lo ocurrido, se culminó el proceso de rescate con la firma de un Memorándum para poder obtener los fondos europeos, 40.000 millones de euros, que supone una vergonzosa cesión de soberanía y que excluye del control parlamentario la reestructuración de las entidades bancarias nacionalizadas poniendo fecha a su privatización aunque sea a costa de sufrir quebrantos adicionales para las arcas públicas.

No es de extrañar que sean pagados esos servicios con el nombramiento de quienes como Solbes o Rato tuvieron responsabilidades de gobierno, como consejeros en grandes entidades bancarias beneficiadas por estas ayudas públicas. Queda muy claro al servicio de quienes han estado y siguen estando. 

Han utilizado también para ello a los organismos reguladores, tanto Banco de España y Comisión Nacional de Mercado de Valores como Banco Central Europeo que no han sido otra cosa que correas de transmisión de los intereses de las entidades bancarias privadas. En vez de estar al servicio de los intereses generales, se han convertido en cooperadores necesarios para que se perfeccionara el expolio de fondos públicos. La actuación de los organismos reguladores ha sido incapaz de evitar la crisis ni de paliar los efectos más graves de la misma. Y es que la regulación, y sobre todo “esta regulación” no solucionará los problemas bancarios. No debemos sorprendernos de que no haya otra alternativa para los que “hoy gobiernan y regulan y mañana participan del consejo de administración de una entidad bancaria”. Son parte del problema. Los múltiples y escandalosos ejemplos de  “puertas giratorias” dejan en evidencia las actuaciones realizadas por los reguladores que han demostrado con los hechos que ni han estado ni están al servicio de la gente.

Deberíamos estar bastante preocupados con lo que está pasando porque la impunidad que intentan extender, es el caldo de cultivo para que vuelva a ocurrir de nuevo algo similar en el futuro. Como bien decía Albert Einstein, “no pretendamos que la historia cambie, si hacemos siempre lo mismo”. En nuestras manos, en las de las clases populares que hemos pagado su fiesta con los recortes a nuestros derechos, está el evitar que la historia se repita.