Los partidos que aspiren a gobernar Canarias no pueden apoyar una reforma del sistema electoral que vaya más allá de la ya aprobada por el Parlamento de Canarias recientemente

Los partidos que aspiren a gobernar Canarias no pueden apoyar una reforma del sistema electoral que vaya más allá de la ya aprobada por el Parlamento de Canarias recientemente, en la que se bajan a la mitad los topes para obtener representación, se crea una lista regional de 10 diputados, y se establece el principio de que ninguna isla con más población que otra puede tener menos representación en el Parlamento. Aumentar la representación de Gran Canaria y Tenerife a costa de reducir como se pretende, la representación de las 5 islas no capitalinas sería una regresión de 33 años para estas últimas.

En la anterior entrega, afirmaba que en el pasado, durante siglos, la burguesía dominante —bruta, egoísta e insolidaria a más no poder— de Gran Canaria y Tenerife condenó al olvido y al ostracismo a lo que para esa casta eran «las islas menores». Sin embargo, parte de la culpa de este estado de cosas corresponde a la claudicación, docilidad y resignación de las autoridades periféricas —seguramente les iba en ello el cargo— que aceptaban el sometimiento sin rechistar, como si se tratara de un sino inevitable, un designio divino, o una maldición bíblica.

Con la Ley de creación de los Cabildos Insulares, promovida por el majorero Manuel Velázquez Cabrera, en 1912, cambiaron algunas cosas, pero el centralismo continuó siendo feroz. La burguesía de las islas centrales, que cree merecerlo todo, esgrimiendo el pleito insular —que concluyó con la división provincial en 1927—, consiguió que el grueso de las inversiones se quedara en estas islas. A lo que para ellos eran las «islas menores» apenas llegaban las migajas. Como si las necesidades de todos los canarios, independientemente de la isla en la que residieran, no fueran las mismas. Fue con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias y la constitución del Parlamento y el Gobierno de Canarias en 1983, cuando se rompió el sortilegio, el doble centralismo y nuestra mala suerte.

Y ahora quieren volver a las andadas. Pues bien, quienes nunca ha sido generosos ni solidarios con las islas no capitalinas deben saber que no tenemos motivos para pensar que ahora van a serlo, precisamente quitándonos representación en Parlamento a las islas que desdeñan. Sé que el objetivo del movimiento por el cambio electoral no es machacarnos a las islas no capitalinas —presumo la buena fe de todos los firmantes y colectivos adheridos a la causa—, pero, en el fondo, pienso que le hacen el juego a los que históricamente nos han echado la pata encima. Por lo tanto, si mi partido se uniera a ese movimiento, yo sería el primero en poner el grito en el cielo. O más allá, si hace falta. La reforma del Sistema electoral canario no puede ser excusa para quitarle representación a las «islas menores», como les gusta llamarnos a los caciques de antaño y a alguno de los que ahora les bailan el agua. Tenemos muy claro que, si nos quitan representación parlamentaria ya no se volverá a construir un colegio, un centro de salud, un hospital, un centro sociosanitario, una carretera, un puerto, etc., en una isla no capitalina en el futuro. Todo se quedará en Gran Canaria y Tenerife. Y, para ese viaje, conmigo que no cuenten, ni siquiera mi partido si se apunta a tamaña regresión. No con mi voto.

Y que conste que conozco a mucha gente solidaria en Tenerife y Gran Canaria, pero esos ni pinchan ni cortan el bacalao. Quienes tienen la sartén por el mango no son así. Son el paradigma del EGOISMO con mayúsculas. Estos no comprenden —bueno, sí lo comprenden, pero les da igual— que los habitantes de una isla con 110.000 habitantes como es la mía, que es Fuerteventura, tenemos las mismas necesidades vitales y tenemos derecho al mismo nivel de bienestar que las que se acercan al millón de habitantes. No lo entenderán nunca. Y no es que sean burros, son EGOÍSTAS. Como anécdota que viene al caso puedo contar lo que me ocurrió en la II Legislatura en el Parlamento de Canarias. Un diputado chicharrero, airado por la unidad de los diputados herreños, independientemente del partido al que pertenecían, en su disposición para vetar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias durante su debate, con el objeto de conseguir mejorar las inversiones que consideraban insuficientes para la isla de El Hierro, me espetó:

—El Hierro tiene menos población que el barrio más pequeño de Santa Cruz. Nos saldría más barato construir unos bloques de viviendas, traer a todos los herreños y regalarles una casa que mantenerlos en su Isla.

Mi respuesta no se hizo esperar:

—Vete allí y cuéntaselo a ellos.

Por lo tanto, como habitante de Fuerteventura, estoy esperando que los 13 partidos y organizaciones sociales (incluídos el PP, Nueva Canarias, Podemos y Ciudadanos o sus medianeros y albaceas) que defienden un cambio en el sistema electoral canario, vengan a explicarnos a los majoreros, conejeros, herreños, gomeros y palmeros en qué consiste ese cambio. Si se trata de bajar los topes electorales para obtener representación parlamentaria, estaríamos de acuerdo. Ahora, si lo que pretenden es quitarnos representación a las islas no capitalinas para dársela y aumentar la de Gran Canaria o Tenerife, mejor se ahorran el viaje.

Muchas veces hemos escuchado que en Canarias el que pierde es el que gobierna

Si bien es cierto que los ciudadanos de las islas más pobladas del Archipiélago canario —Tenerife y Gran Canaria— necesitan unos 45.000 votos para elegir 1 diputado; y que basta entre 1.500 y 4.000 votos para ser elegido en las islas no capitalinas, no es menos cierto que el porcentaje para obtener un diputado en cada una de las islas es el mismo. Lo que ocurre es que las organizaciones políticas no están implantadas por igual en todas las islas, y lo que es peor, algunos que aspiran a obtener representación parlamentaria centran sus campañas en las islas centrales y se olvidan de las no capitalinas. Un diputado en El Hierro, por poner un ejemplo, le cuesta igual al PSOE, al PP, a CC, a NC, a Podemos o a Ciudadanos. Quiero decir que, con el sistema vigente, no se vulnera el principio de igualdad, como subraya el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la última reforma del sistema electoral canario.

Es cierto que el Sistema electoral canario da la mitad del Parlamento —30 diputados— a una minoría poblacional del 17% —350.000 habitantes—. Pero es rotundamente falso que esa minoría tenga la misma capacidad de decisión que el 32% restante—1.800.000 habitantes—. Nunca en la historia de la Autonomía se han unido los diputados de las 5 islas no capitalinas para bloquear unos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, ni para frenar ninguna inversión en Gran Canaria o Tenerife. Más bien al contrario, han respetado los equilibrios territoriales y han hecho gala de una solidaridad, que es directamente proporcional al desprecio que siente la burguesía de las islas centrales por lo que llaman sin pudor «las islas menores». En todo caso, los diputados de alguna isla no capitalina han tenido que ejercer, en contadas ocasiones, una minoría de bloqueo —es difícil unir a dos tercios de los diputados de una isla requeridos, por la diferente adscripción ideológica de cada uno de ellos— para defender las inversiones en sus islas correspondientes.

Es cierto que Canarias encabeza, como asegura el movimiento por el cambio electoral, los peores índices de España y de la Unión Europea de lo que debería avergonzarnos: pobreza, exclusión social, fracaso escolar, sanidad, desempleo... Pero eso no tiene nada que ver con la representación parlamentaria. En todo caso este es un problema estructural de la sociedad canaria, y de mala gestión de los Gobiernos de turno. Acabar con el atraso no se consigue cambiando el sistema de elección de representantes para el Parlamento, sino gestionando mejor los recursos de todos los ciudadanos de las ocho islas habitadas.

Muchas veces hemos escuchado que en Canarias el que pierde es el que gobierna. Aunque el partido que actualmente preside Canarias, lleva veintidós años en el Gobierno, nada ha impedido el acceso al Parlamento de las demás fuerzas políticas en igualdad de condiciones. Actualmente hay cinco partidos políticos con representación parlamentaria: PSOE, CC, PP, Podemos y NC. Lo que permite que no gobierne el partido más votado, o el que más diputados obtiene, o que un partido se perpetúe tantos años en el poder es la incapacidad de las demás fuerzas políticas para sumar una mayoría estable de 31 o más diputados. No es el sistema electoral.

Si consideran que no puede ser que —de un total de 60— 10.000 habitantes de El Hierro elijan 3 escaños; que los 22.000 habitantes de la isla de La Gomera elijan 4 diputados; que los 85.000 habitantes de La Palma elijan 8 parlamentarios; que los 110.000 habitantes de Fuerteventura elijan a 7 representantes; o que los 140.000 habitantes de Lanzarote elijan 8 puestos, que vengan a contárnoslo. Pero deben saber que tenemos la convicción de que nuestro voto no vale más que el de otro canario: Vale lo mismo.

Las islas no capitalinas no pensamos renunciar al sistema de reparto de escaños, ni al peso que tenemos en el Parlamento. Es cuestión de supervivencia. ¿Algún ingenuo olvida lo que sucedió en el pasado? La burguesía de las islas centrales, que es egoísta a más no poder, nos condenó al olvido y al ostracismo. En las primeros siglos después de la Conquista ejercieron el control absoluto de las islas periféricas a través de sus medianeros y albaceas. En la última mitad del siglo XIX, lo hicieron a través de la Diputación Provincial, con sede en Tenerife. Y en el siglo pasado, parapetados detrás de las Mancomunidades Interprovinciales de Cabildos, donde se repartieron el pastel, negándonos a las demás islas el pan y la sal. Por eso llegamos hasta principios de los años 80 del siglo pasado sin infraestructuras de ningún tipo. Después de la Autonomía es cuando hemos tenido escuelas, institutos, hospitales, centros de salud, servicios sociales, archivos, bibliotecas, carreteras, puertos, aeropuertos dignos, etc. Tengo la convicción de que, si el poder hubiera seguido concentrado en Gran Canaria y Tenerife, las islas periféricas hubiéramos estado igual que hace 33 años, es decir, en el olvido. Afortunadamente, hemos sacado la cabeza del agua después de que tenemos Estatuto de Autonomía y con el sistema electoral derivado de este. Quienes aspiren a gobernar Canarias tienen que tener muy claro que las islas no capitalinas no vamos a renunciar, bajo ningún concepto, a nuestra cuota de representación porque, si lo hacemos, nos hunden de nuevo en la miseria.

Por esta razón creo que la campaña para la necesaria reforma del sistema electoral está muy mal enfocada, desde el prisma de los intereses de Tenerife y Gran Canaria. No me siento concernido. Ni creo que se sienta ningún habitante de una isla no capitalina. El criterio poblacional no debe ser el único a tener en cuenta en el sistema electoral, no es así en ninguna parte del mundo. Y menos en un archipiélago. Hay que introducir criterios correctores de solidaridad interterritorial y más aún en territorios fragmentados como es nuestro caso. Tengo claro que en Canarias todos votamos igual.