"La educación sigue sufriendo y la sociedad demanda, cada vez con mayor claridad, un cambio. Hasta el momento nada ha cambiado en el Ministerio. Nada en la Consejería de Educación", afirma la autora

Comienza el curso 2015-16 con un nuevo responsable al frente del Ministerio de Educación (MEC) y un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid que empieza a caracterizarse por entregarse a una suerte de juego de trileros que mientras muestra una cara amable y dialogante. Pero esconde, en la otra mano, la continuidad de la política educativa del ínclito Sr. Wert y la Sra. Doña Esperanza Aguirre.

Quizá la comunidad educativa y las sociedades española y madrileña tendrán que acostumbrarse a una nueva dinámica en la que pasemos del exabrupto, la arbitrariedad, el desprecio y el enfrentamiento, a las medias verdades, las buenas palabras, las sonrisas y la intoxicación comunicativa.

Porque lo cierto es que la política educativa del Partido Popular sigue la senda de deterioro de la educación pública, de retirada de apoyo a familias y estudiantes con mayores dificultades, de elitización de la educación y de centralización antidemocrática de la gestión de los centros educativos que deja fuera a la comunidad educativa.

Las prioridades tanto de Ministerio como de Consejería así parecen confirmarlo.

Mientras el presupuesto se reduce (su ampliación es aparente ya que se debe a los costes de la implantación de la ampliamente rechazada LOMCE) afectando especialmente a los Departamentos de Orientación, mientras se desmantelan los Planes de Convivencia en los centros, mientras se ningunea el papel de las tutorías sobrecargando al  profesorado, el Ministropone a disposición de los estudiantes un teléfono para denunciar el acoso escolar. No, Sr. Ministro, no, Sr. Consejero.  El complejo problema de acoso escolar no se resuelve con la técnica del “Teléfono de la esperanza”. Se aborda con la prevención, poniendo medios que prevengan el acoso, actuando antes  y no socorriendo telefónicamente cuando el mal está hecho. Se aborda con recursos humanos, con formación, con planes de convivencia, facilitando el contacto con las familias, la coordinación del profesorado… El dramático caso del IES Ciudad de Jaén que terminó con el suicidio de una joven acosada puso de relieve la imposibilidad de abordar estos conflictos con una única orientadora para un centro de difícil desempeño con más de 1200 alumnos y una Consejería de Educación sorda ante las múltiples demandas de ayuda tanto del centro como del AMPA.

Tampoco se aborda el problema del fracaso escolar con propuestas al “estilo LOMCE” , es decir, eliminando los programas de diversificación que permitían titular a miles de estudiantes cada año y sustituyéndolos por los Programas de Mejora y Aprendizaje que no solo impiden la titulación sino que adelantan el diagnóstico a  los 12 años, no eso no lo arregla, especialmente cuando en la Comunidad de Madrid se abre el curso sin que se hayan puesto en marcha en una parte importante de centros educativos. La inversión detraída de estos programas recae, por supuesto, en lo que llaman “excelencia”.

Pero además, en la Comunidad de Madrid, mientras que decenas de miles  de estudiantes de Formación Profesional de grado medio quedan sin plaza, en un contexto en que el paro  supera el 72% en menores de 20 años y empuja a nuestros jóvenes a salir fuera de nuestras fronteras, la inversión educativa no se dirige al aumento del número de plazas, ni a la ampliación de una oferta formativa acorde con un modelo productivo que propicie trabajos estables y cualificados. No, la  inversión educativa se dirige exclusivamente, según ha anunciado Cristina Cifuentes, a promover un plan de bilingüismo para los afortunados que han conseguido plaza. Y las tasas de las escuelas Oficiales de Idiomas subiendo… Decenas de miles de estudiantes sin cualificación profesional no es el mejor método de resolver el problema del paro juvenil.

Tampoco se soluciona el problema del profesorado derivado de la implantación de la LOMCE destinando, como ha hecho el Sr. Van Grieken, “0,5 de profesor” (si, medio profesor),tal y como se reflejaba  en la comunicación oficial, por centro para tareas “de apoyo”, esto es, “para lo que salga”.

Pero esta forma de entender la educación del Partido Popular como mecanismo de clasificación y segregación social obviando su función compensatoria ya no consigue apoyos. Los esfuerzos de estos últimos años de la comunidad educativa para poner de relieve el proceso de deterioro y elitización de la educación en manos de los gobiernos del PP han calado profundamente en la sociedad civil. Ahora son también necesarias las medias verdades, recurrir a la ambigüedad y en ocasiones casi al engaño para conseguir un apoyo social perdido.

Como cuando el  Sr. Méndez Vigo, en un intento de lavar la cara a su Ministerio anuncia, como si de una concesión se tratara, que no habrá reválidas en la ESO hasta el 2017, plazo previsto e impuesto por Wert. Como cuando anuncia a bombo y platillo y como si fuera un  movimiento de apertura una tasa de reposición del 100% tras la pérdida de más de 30.000 profesores en los últimos años, como cuando anuncia la bajada de ratios para el 2017 cuando previsiblemente ya no esté al frente del Ministerio.

El Consejero de Educación de Madrid se suma a la ceremonia de confusión y medias verdades que inicia Méndez Vigo.

Así, anuncia 500 nuevas contrataciones cuando anualmente, en junio, despide a miles de interinos que se quedan sin sueldo ni derecho a paro.  Pero aún mas, afirma que la prometida bajada de ratos del Ministerio no afecta a Madrid que mantiene una media de 29 alumnos por aula. Le sugiero al Sr Consejero que se pase por algún centro de la Comunidad de Madrid. Una pena no haberle conocido el curso pasado porque yo misma le hubiera invitado a mis aulas.  Que un profesor tenga un curso de 37 alumnos y salga uno para la atención de un logopeda no implica que haya dos cursos de 19 sino uno de 36 y uno de 1. No hablamos de ratio media sino de ratio máxima y esta desde hace años es superior a la cifra que menciona.

También proclama la reducción de tasas universitarias en un porcentaje irrisorio o enumera, triunfante,  los centros de nueva creación que abren sus aulas con las excavadoras en el  patio, los edificios sin terminar sin gimnasio, comedor u otros servicios, con aulas desperdigadas por la población, como en Villaverde con el IES Butarque, en Valdemoro en el Diego Muñoz Terrero, como en Las Rozas, Leganés, Getafe o tantas otras localidades.

Engaños que tratan de quebrar, ante la opinión pública la línea de continuidad real entre el ex ministro Wert y el Sr. Méndez Vigo, entre la hoy imputada Lucía Fugar y el Sr. Van Grieken, entre Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

Las políticas educativas del PP no convencen ya a nadie, los desmanes, la corrupción que afecta a algunos centros concertados, el ninguneo de la comunidad educativa, la arbitrariedad en la imposición de su modelo educativo alejado de las demandas sociales vive horas muy bajas.

De ahí esos esfuerzos por mostrar una cara amable ,“piel” como decían en el anuncio. Pero eso no va a ser suficiente. La educación sigue sufriendo y la sociedad demanda, cada vez con mayor claridad, un cambio. Hasta el momento nada ha cambiado en el Ministerio. Nada en la Consejería de Educación.

Nada.

"La decisión de la Asamblea de Madrid del jueves 23 de julio en la que insta al gobierno a demorar el desarrollo de la LOMCE es un paso más en esta crónica de una muerte anunciada", afirma la autora

La LOMCE, aprobada a finales del mes de noviembre del 2013, es con seguridad una de las leyes más contestadas en la democracia española. Contra ella se convocaron las primeras huelgas de la totalidad de la comunidad educativa (familias, profesorado y estudiantes). Contra ella se pronuncian la totalidad de agentes sociales. Contra ella firman la mayor parte de los partidos políticos un compromiso de derogación en el momento en que el partido del gobierno pierda la mayoría absoluta en el Parlamento.

La LOMCE nace, pues, ligada inexorablemente a la frágil mayoría parlamentaria del partido del gobierno y frente a una mayoría social cansada de la utilización de la educación como un arma de batalla contra el oponente. Nace, muchos lo advertimos en aquel momento, con los días contados.

Las amplias competencias en materia educativa de la que gozan las diferentes comunidades autónomas y la conciencia de la fragilidad de la ley, a pesar de las declaraciones del en aquel momento ministro de educación, el Sr. Wert, hacen que, como medida de seguridad, se incluya en su articulado un calendario de implantación. Esto obligará a que en dos breves años, antes de la celebración de las siguientes elecciones legislativas, la ley esté implantada en la totalidad del Estado.

Sin embargo pronto empieza la rebelión contra la ya llamada Ley Wert. Primero fueron las comunidades no gobernadas por el Partido Popular. Ya a finales del 2014 Andalucía, Euskadi, Catalunya, Navarra, Canarias y Asturias solicitan por primera vez una moratoria que será rechazada por el Ministerio de Educación. La falta presupuestaria, la improvisación y la invasión de competencias son los principales argumentos, pero también el proceso de elaboración de la misma sin consenso alguno y su aprobación vía “rodillo parlamentario”. Una ley que responde a una forma muy particular de entender la educación: como un mecanismo de clasificación de trabajadores que obvia su función de compensación social y de formación integral de los estudiantes.

Con las elecciones del 24 de mayo la rebelión se extiende a las comunidades autónomas en las que el Partido Popular pierde el gobierno. Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura y Valencia se suman a la rebelión y, llevando al límite las competencias autonómicas en educación, proponen desarrollos curriculares que distan mucho los unos de los otros. Es difícil reconocer estos desarrollos como parte de un sistema educativo único.

La aprobación de la Proposición no de Ley en la Asamblea de Madrid para demorar la LOMCE parecía abrir nuevos caminos y complicaba, más aún si cabe, las dificultades de su implantación. Ahora había sido una comunidad gobernada por el Partido Popular quien había demandado su paralización temporal. Madrid, la joya de la corona, porque fue ella la que sirvió de laboratorio para experimentar lo que posteriormente cristalizaría en la Ley Wert. Madrid, cuna de la Marea Verde, que libró batallas en la calle que ahora pasan a las instituciones. Quizá sea la expresión más clara de que los tiempos del bipartidismo han acabado.

Este triunfo en la dura plaza de Madrid debería simbolizar el fin de una forma de hacer política y el comienzo de otra forma de abordar el tema de la educación en el que no se trataría de imponer la voluntad de quien gane sino de gobernar para la mayoría. Y sin embargo no ha sido así. Solo una semana después, la presidenta del gobierno declara que la LOMCE y sus desarrollos seguirán su implantación en la Comunidad de Madrid. La ley, dice, “es vinculante”, no así las decisiones de la Asamblea de Madrid. Como si la Asamblea tuviera una misión diferente a la de expresar la voluntad de los madrileños de cara a legislar según sus dictados. Hubiera sido deseable que esta afirmación hubiese estado acompañada de un informe técnico de los letrados de la Comunidad de Madrid. Entonces sabríamos que estábamos hablando, efectivamente, de leyes, hubiéramos debatido posibilidades, establecido prioridades. Pero no ha sido el caso.

Las leyes de las que hablamos, la LOMCE y su desarrollo curricular que corresponde a la Comunidad de Madrid, no son fenómenos atmosféricos frente a los que poco se puede hacer, ni son teoremas matemáticos, necesarios, imposibles de contradecir. Las leyes humanas deberían ser, en un estado democrático, la expresión de la voluntad general, de la voluntad consensuada de la mayoría social.

Para el partido en el gobierno de la Comunidad de Madrid, sin embargo, las leyes se tornan plúmbeas e inaccesibles cuando surgen de sus mayorías parlamentarias (que no sociales) y ligeras y volátiles cuando surgen de parlamentos en los que no tienen mayoría absoluta. No hay más que recordar la feroz campaña del Partido Popular hace unos años llamando a la población a la objeción a la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”.

Hasta hace unos días, la pelota estaba en el tejado del gobierno de la señora Cifuentes. A ella le correspondía decidir para quién iba a gobernar: si para los madrileños que hablaron en la Asamblea de Madrid a través de sus diputados o para su partido político. Y ha decidido gobernar para su partido pese a que el resultado sea que nuestros estudiantes convivan, probablemente durante unos meses, con una ley agonizante, tocada de muerte, en sus aulas.

Nosotros no nos vamos a resignar. Seguiremos entendiendo que las leyes son la expresión del consenso de la voluntad de las mayorías sociales. Seguiremos, con otras palabras, queriendo vivir en democracia.