Ni la Democracia ni la Comisión para la Reforma Electoral romperán Canarias. La Democracia y el debate que se inicia ahora en el Parlamento, tras larga demanda ciudadana, darán lugar finalmente a una Canarias más fuerte, más unida, mejor preparada para avanzar en su progreso económico y social.

Durante más de treinta años se ha venido utilizando este argumento amenazante: quienes quieren cambiar el sistema electoral de Canarias quieren postergar a las islas menores y dejarlas a su suerte; rompen Canarias. Y con este poco amigable razonamiento se ha salido al paso de todos los intentos que se han planteado para reformar el sistema de peor calidad democrática del Estado.

Hace poco hemos oído en el Debate del Estado de la Nacionalidad alusiones de Fernando Clavijo al riesgo de ruptura de Canarias como consecuencia del debate sobre la refoma del que los expertos apuntan como el peor de los sistemas electorales. Ese sistema no está en Tanzania, ni en lugares remotos, lejanos e inexplorados, está aquí, en Canarias.

Si el de Clavijo fuera el discurso de un dirigente de una organización política, lo tendríamos que calificar de inadecuado. Pero como Clavijo es el Presidente de todos los canarios, habrá que subir la gradación del calificativo hasta la categoría de irresponsable.

Todos los grupos parlamentarios, a excepción del Mixto (encabezado por Casimiro Curbelo) que se abstuvo, votaron a favor de la apertura de una Comisión de Estudio del Sistema Electoral. Y lo hicieron con generosidad los tres partidos de la oposición que sumando más votos que los del gobierno, secundaron la propuesta hecha por el Grupo Socialista (PSOE) y Nacionalista (CC y PNC). Si el Presidente Clavijo tuviera el convencimiento de que tal debate, en efecto, expone a Canarias a la ruptura, su irresponsabilidad entonces habría que tildarla de máxima, y debiera haberse opuesto por todos los medios a que la Comisión se constituyera.

Pero no lo hizo así; de lo que nos felicitamos, pues optó por dar cauce parlamentario a lo que en su investidura él mismo proponía fuese una mera mesa de debate. Por eso, parece más bien que las alusiones a la fractura de Canarias forman parte del discurso habitual de quienes, opuestos a cualquier modificación de nuestro sistema electoral, enarbolan tal idea con la intención de amedrentar y culpabilizar a los ciudadanos de todas las ideologías políticas por aspirar a mejorar la democracia en la que viven.

Pero ahora estamos en otro punto. Se ha convocado a todos -políticos, expertos y, esperamos, ciudadanía- para debatir, dialogar y acordar una mejora en el sistema de elección de representantes a nuestra Cámara Legislativa. No es el momento de infundir miedo, sino de alentar un espíritu de encuentro que propicie superar obstáculos. Este es el discurso que debió hacer Fernando Clavijo en el Debate de la Nacionalidad y hubiera significado dar un paso importante hacia el liderazgo del debate de mayor trascendencia de la IX Legislatura. En cambio, Clavijo ha optado por situarse en el margen, alumbrando peligrosas fracturas -que no vemos el resto de los demócratas- en lugar de oportunidades de progreso.

Coalición Canaria no puede quedarse en la periferia de una reforma que influye en lo más sensible de la organización política de Canarias. Debería estar liderando la búsqueda de soluciones.

¿Realmente pensamos que nuestra convivencia está resuelta? ¿Creemos sinceramente que el sistema que rige unas elecciones en las que 5.500 votos obtienen tres escaños y 55.000 se quedan fuera del Parlamento es un dechado de entendimiento entre los canarios? ¿Piensa alguien que se va a seguir tolerando mucho más tiempo que mayorías poblacionales del 83% pueden quedar de brazos cruzados contemplando cómo el 17% de sus conciudadanos ostentan igual capacidad decisoria en el Parlamento?

Nosotros creemos que la respuesta es tres veces no. Y creemos al tiempo que la solución a las innegables dificultades que las islas no capitalinas tienen por su situación periférica y menor demografía, no puede seguir siendo la de alterar, hasta los extremos de lo paritario, su representación en la Cámara que legisla para la totalidad de los canarios. Asimismo opinamos que el sistema debe contemplar compensaciones de representación a esos territorios. Incluso, sí, amplias compensaciones.

Pero no puede seguir manteniéndose la anómala situación actual con la excusa de que equilibra Canarias. Es un argumento que los estudios sobre índice de pobreza y desigualdad social rebaten con cifras. Lejos de equilibrarse, nuestro archipiélago, en un estudio que abarca nada menos que el periodo que va de 1974 a 2003, ha ocupado los últimos puestos en crecimiento de bienestar per cápita y de reducción de la desigualdad en la redistribución de la renta (Goerlich y Villar.Desigualdad y bienestar social. De la teoría a la práctica. Fundación BBVA, 2009).

Pensamos además, que los problemas de los territorios mencionados deberían tener una solución propia. Se ha expuesto ya, cada vez se hace de manera más frecuente, estudiar la creación de un estatuto especial para compensar las desventajas de los canarios que viven en esas islas para ponerlos en condiciones de oportunidad equiparables a los de las islas capitalinas. Esa legislación específica daría garantías a las islas no capitalinas, independientemente de quien resultara ganador en los comicios autonómicos. Esta opción, que afrontaría de manera definitiva los problemas que enumeran las islas periféricas, dejaría expedito el camino para una reforma electoral en términos más pacíficos y permitiría un diálogo constructivo dirigido a alcanzar soluciones.

Desde Demócratas para el Cambio seguimos trabajando para facilitar el encuentro. Lo estamos haciendo con el Pacto por la Democracia en Canarias al que se ha sumado recientemente el Partido Popular y que ya habían firmado Podemos y Nueva Canarias, así como otras organizaciones extraparlamentarias como Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia, Ciudadanos o Unidos por Canarias. Ya solo estamos a la espera de la respuesta de CC y PSOE. Ese documento no fija fórmulas cerradas. Aporta tres puntos de partida para el acuerdo: reducir barreras, mejorar la representación y tener lista la reforma para que esté vigente en las próximas elecciones de 2019.

Ni estamos de acuerdo, ni secundamos la postura de quienes quieren poner el sambenito del paripé a la Comisión. Esperamos resultados. Esta ha sido una victoria tras una larga reivindicación cívica. La Comisión se observa de cerca: estará abierta a los medios. Se han creado grandes expectativas. Todos los partidos políticos deben saber que se evaluará su actuación en ella.

Y, por cierto, no sale bien puntuada CC proponiendo como presidente de la misma a Antonio Castro Cordobez, alguien que ha dicho que si no existiera este sistema electoral en Canarias habría que hacerlo igual. Coalición Canaria se está equivocando en la Reforma Electoral y el Partido Socialista… aún no sabemos lo que piensa hacer el partido socialista.

*Coordinadores de DPC

Vicente Mujica Moreno

José Manuel Marrero Henríquez

José Brito López

Luis Roca Arencibia

Samuel Marrero Lorenzo

Manuel Rodríguez González

Es cierto que estamos más cerca de la normalización del sistema electoral de Canarias, pero aún estamos lejos de conseguir un sistema de representación con la adecuada proporcionalidad. El recién estrenado sistema electoral ha mejorado los valores en el índice de malapportionment (desequilibrio en el prorrateo de escaños entre circunscripciones en atención a la población) y en el de desigualdad en el valor de voto entre electores, aunque en ambos casos de forma discreta. Más notable ha sido su efecto en la disminución del número de votos desperdiciados, que se ha reducido en más de 90.000.

En cualquier caso, se ha dado el primer paso, y ahora debe seguirse profundizando en la mejora democrática de nuestras reglas de elección de representantes cuando se acometa por el nuevo Parlamento el mandato estatutario del desarrollo de una ley electoral.

Las condiciones para afrontar la Ley Electoral que tiene pendiente de aprobar nuestra Asamblea Legislativa son, a pesar de las dificultades derivadas de las posiciones contrapuestas de los grupos políticos, bastante más favorables que aquellas con las que los partidos tuvieron que lidiar una década atrás. Lo son porque ya se ha superado el tabú de la triple paridad y, además, porque se ha podido comprobar que el nuevo sistema electoral, lejos de romper Canarias, ha introducido con la circunscripción autonómica, un instrumento valioso para progresar en la construcción del Archipiélago. La idea que de Canarias tiene cada organización política -basculante entre las dos posiciones extremas de los conceptos isla/región-, repercute indefectiblemente sobre esa futura Ley de Elecciones al Parlamento. Será de utilidad evaluar formulaciones intermedias dentro de ese rango, que vengan a superar la tradicional confrontación dicotómica insular/autonómica.

Habrá tiempo para que todos (grupos políticos, academia y sociedad civil) puedan dialogar con calma sobre los aspectos que debe contener una nueva ley electoral con vocación de permanencia frente al actual sistema electoral, que solo está regulado en una disposición transitoria del Estatuto. Pero ese tiempo para su aprobación ya está tasado por la norma autonómica: restan dos años y cinco meses para culminar el procedimiento legislativo.

Tal y como pudimos transmitirle al líder de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, en la jornada del pasado 12 de julio, nada hay que no pueda hablarse y debatir con una actitud de diálogo constructivo, opinión en la que Curbelo coincidió. Y ese diálogo probablemente deba abarcar, simultáneamente, un campo más amplio que el de la mera ley electoral, extendiéndolo a otros aspectos que tienen que ver con la equiparación de nuestros territorios más frágiles a los más pujantes. Al tiempo que nos ha parecido positiva la actitud del diputado gomero, nos preocupa que en un discurso de Investidura se obvie un tema que el nuevo Estatuto exige acometer; no se trata, desde luego, de una ausencia menor. El nuevo Presidente de Canarias tendrá más oportunidades para referirse a este asunto; pero no dejar huella en la primera ocasión en la que se dirige a la Cámara y al pueblo canario, es una señal que podría dar a entender que se eluden los temas más peliagudos de abordar para el próximo gobierno y para la Cámara.

Somos conscientes de las dificultades del nuevo pacto de Gobierno para promover este asunto, pero el punto cuatro de la disposición transitoria primera no se volatilizará sin más. Los desafíos legislativos habrán de afrontarse. Transmitir a la ciudadanía que la actitud frente a los retos más espinosos será decidida, es la mejor manera de trasladar confianza, compromiso y responsabilidad. Todo es posible con un diálogo razonable. Si prevalece la actitud de estar dispuesto a escuchar los argumentos del contrario y la de saber empatizar con sus posiciones y sus aspiraciones, es posible que nos llevemos la sorpresa de que estamos más cerca de una solución que de la sempiterna confrontación entre territorios y, también, entre organizaciones políticas.

Demos tiempo al tiempo. Acaba de arrancar un gobierno que tiene muchos temas que resolver, algunos de ellos de la manera más inmediata. Se necesita, además, un plazo adecuado para que se asienten las nuevas estructuras organizativas y para que la confianza y la lealtad entre los socios vaya calando con el trabajo del día a día. También los grupos de la oposición requieren su tiempo para recomponer sus líneas de actuación. Una vez que esa etapa de recomposición del Ejecutivo autonómico y de actualización de las estrategias de las distintas organizaciones políticas se haya completado, llegará el momento de encauzar la importante tarea legislativa. Será entonces cuando todos tendremos que reservar una parte de nuestra energía para dedicarla a este asunto.

Demócratas para el Cambio tratará de aportar soluciones. Lo haremos, como siempre, fundamentando cada propuesta que hagamos y creando un clima de confianza con todos los interlocutores que quieran escucharnos, tanto los partidos que dan su apoyo al gobierno como los que se encuentran en la oposición. Creemos que hay una oportunidad histórica, de la que no debe inhibirse ninguno de los grupos políticos, para aproximarnos al sueño que, desde antes de la llegada de la democracia, late en todos los canarios: hacer de las ocho islas una sola tierra.

* Coordinadores de DPC

Vicente Mujica Moreno

Carlos Fernández Esquer

José Brito López

Luis Roca Arencibia

José M. Marrero Henríquez

Samuel Marrero Lorenzo

Manuel Rodríguez González

Canarias no es una excepción a este problema. Se ha acabado el año, y la legislatura que nació con las elecciones de mayo de 2015 se despide con el último debate de la nacionalidad que muestra su estado: malo. El balance muestra una circunstancia que sobresale sobre todas las demás: durante más de la mitad de la legislatura, un partido político (Coalición Canaria) que no ha conseguido el respaldo de la mayoría social (tercero en número de votos), aunque sí una mayoría parlamentaria relativa (primero en número de escaños) debido a un anómalo sistema electoral –ahora parcialmente reformado gracias al impulso de la sociedad civil-, ha gobernado en solitario con la aquiescencia del Partido Popular, en unos momentos, y del Partido Socialista, en otros. Una de las funciones básicas de cualquier parlamento, la de control al gobierno, aquella donde la oposición fiscaliza las actuaciones del poder ejecutivo a la par que se proyecta como alternativa de gobierno ante la opinión pública de cara a las próximas elecciones, se ha desarrollado de forma anodina, rutinaria, de manera apenas incisiva. No hay ningún ejemplo en el resto de comunidades autónomas en el que un partido político con un exiguo apoyo social y un gobierno con semejante debilidad parlamentaria, gobiernen una región y saquen adelante sus presupuestos sin mayores sobresaltos, a placer. Esto ha ocurrido porque ninguno de los dos grandes partidos de la oposición (PP y PSOE) han asumido la responsabilidad de conformar el apoyo social mayoritario que reunían entre ambos en una acción política común de gobierno. Sí, no hay que escandalizarse: eso es lo que sucede en países de larga y seria tradición democrática. Países sensatos en los que aún prima el deber político respecto a los ciudadanos sobre la trifulca partidista. Esta forma flagrante de eludir la responsabilidad en las labores de oposición es un buen ejemplo para entender cómo se construye el edificio de la desafección y el desprestigio de la democracia. El mensaje que PP y PSOE han enviado con su actitud a los ciudadanos es desesperanzador.

La mayoría de 3/5 de PP, PSOE, Nueva Canarias y Podemos es suficiente para modificar la Ley 7/2003, de Elecciones al Parlamento de Canarias. Y no sólo en lo concerniente a papeletas, urnas y trámites que deben sustanciarse ante la Junta Electoral autonómica -algo en lo que hemos hecho ya el suficiente énfasis y que sin duda otorgaría al proceso electoral mayores garantías y seguridad jurídica-, sino también en una cuestión tan relevante como es la fórmula de reparto de escaños.

Sí, apostamos sin ambages por sustituir la fórmula D'Hondt (una de las menos equitativas y que mayores sesgos introduce) por otra más proporcional como es la fórmula Hare. Esta opción resulta ineludible para que Canarias decida su rumbo sin otro condicionamiento que el de la preferencia política de cada elector expresada con su voto. Al tratarse de un mero cambio en la operación matemática para la atribución de escaños, esta medida no comportaría ningún gasto económico para los contribuyentes y, sin embargo, su contribución a la democracia y al pluralismo político sería considerable. Además, ¿qué partido político podría argumentar algo respecto a la alteración de equilibrios territoriales? En nada interviene Hare en esa cuestión, pues no afectaría al reparto de escaños entre islas, sino al reparto entre partidos. Su influencia sobre el incremento de la proporcionalidad es, además, tan grande o mayor que la conseguida con el nuevo sistema electoral ya aprobado.

La fórmula Hare -avalada, por cierto, por el Consejo de Estado un su prestigioso informe de 2009 para la reforma electoral del Congreso-, convierte los votos que ha obtenido cada partido en escaños de la manera más proporcional posible, esto es, sin primar o penalizar a ninguno (en lugar de atribuir escaños dividiendo los votos obtenidos por 1, 2, 3, etc, como hace D'Hondt, en Hare se obtiene un cociente derivado de la división de todos los votos obtenidos por los partidos por el número de escaños a repartir, utilizándose como cuota con la que asignar los escaños por igual a todos los partidos). Los partidos que claman por un cambio en el sistema electoral (PSOE y PP) para que el partido ganador en votos también lo sea en escaños en el parlamento, tienen que ser los principales promotores de Hare. Los partidos que tras cada noche electoral repiten una vez y otra que el más votado debe gobernar, tienen que ser, igualmente, los resueltos promotores de Hare. Los partidos (PP y PSOE) que más se quejan de que el tercero en votos (CC) sea el primero en escaños, tienen que ser los primeros promotores de Hare.

La responsabilidad y el deber con la democracia no puede ejercerse con palabras hueras y discursos complacientes, sino con acciones precisas frente a cada desafío. Ahora nos enfrentamos a uno muy concreto: sustituir D'Hondt por Hare y que gane el más votado; o no hacerlo y seguir dando cuerda al teatrillo político habitual. Aún hay tiempo para que juntos, PP, PSOE, Podemos y NC, aprueben una ley electoral canaria mediante el procedimiento de urgencia y en lectura única. En realidad, ni CC ni ASG deberían faltar a una acción de justicia democrática como esta.

La decisión ahora está en manos de Antona y Torres. Demócratas para el Cambio ha remitido cartas demandando esta reforma urgente a los partidos políticos que han asumido la tarea de acometer, tras más de tres décadas, la reforma política más importante de Canarias: la de su sistema electoral. Veremos si están a la altura de saber culminarla o si permitirán que cierre en falso.

El Consejo Consultivo de Canarias (CCC) ha venido a dejar claro lo que ya antes habían avalado catorce juristas y expertos en el informe de Demócratas para el Cambio: el Estatuto y el sistema electoral contenido en sus artículos 39 y Disposición Transitoria Primera son de aplicación directa sin necesidad de aprobar ninguna Ley previa. El CCC añade además otro dato esencial: el voto se ejercerá con dos papeletas separadas –una papeleta para las candidaturas insulares y la otra para la lista regional o autonómica-.

La autoexclusión de Coalición Canaria para afrontar la tramitación de una Ley Electoral, junto a las conclusiones alcanzadas por el Consultivo en el Dictamen, trasladan toda la responsabilidad de la Ley a la mayoría de 3/5 de los cuatro grupos reformistas: Nueva Canarias, Partido Popular de Canarias, Podemos Canarias y Partido Socialista Canario.

Pero ¿por qué recurrir al desarrollo de una Ley si tal cosa no es estrictamente necesaria? En efecto, no es imprescindible, pero sí es más que conveniente si de lo que se trata es de dotar al nuevo sistema electoral de la máxima seguridad jurídica. No desarrollar por ley los preceptos estatutarios del nuevo sistema electoral aboca a que sean instancias ajenas al Parlamento las que puedan tener que tomar decisiones sobre la manera concreta de llevar a acabo su aplicación. Dicho de otro modo, nos resulta bastante incomprensible que se derive una decisión de tal calado al Gobierno o a la Junta Electoral de Canarias, cuando el legislativo tiene la mayoría de tres quintos precisa y el tiempo suficiente para afrontar la tarea. Aún se entiende menos cuando, según reflejan los medios, el grupo nacionalista se incorpora a la opción de la doble papeleta. Sorprende que, llegados a este punto, en lugar de primar la cordura y responsabilidad de todos los grupos de la Cámara para modificar puntualmente la Ley de Elecciones al Parlamento de Canarias -ante unos comicios a cinco meses vista-, se decida endosar un asunto de tal calibre a un decreto gubernamental.

Antes de entrar a otros pormenores, digamos ya cuál es la posición de Demócratas para el Cambio. Nuestro foro cívico sostiene que, los tres quintos reformistas del PP, NC, Podemos y PSOE, deben aprobar, por un procedimiento urgente, una Ley (o una modificación de la actual Ley de Elecciones al Parlamento de Canarias) con el tiempo suficiente para explicar a la población canaria cómo va a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Estos cuatro partidos deben hacerlo con un objetivo prioritario: dar la máxima seguridad jurídica a los electores y candidatos en la próxima cita electoral, y facilitar el trabajo a las instituciones, como la Junta Electoral de Canarias, que se encargan de velar por el normal funcionamiento de los procesos electorales.

Este objetivo se logra acudiendo al Dictamen del CCC en el punto en el que aclara que la interpretación de las leyes debe realizarse de la forma más garantista posible, por lo que, en consecuencia, lo correcto es legislar de forma que se permita a los electores disponer de dos papeletas de votación. De esta forma se asegura en toda su amplitud, sin obstáculos de tipo jurídico, tanto el derecho de sufragio pasivo (el de los candidatos que se presentan por los partidos de forma libre e igualitaria) como, sobre todo, el derecho de sufragio activo (el de los electores canarios que deben poder votar a distintos partidos políticos y en condiciones de igualdad). Aunque el Consultivo admite la posibilidad de que fuera legalmente viable la papeleta única, su concreción podría tropezar con problemas jurídico-constitucionales, por lo que resulta un camino que introduce una indeseable incertidumbre. Es por ello que la decisión reciente de todos los grupos parlamentarios de abandonar la idea de la papeleta única resulta positiva, en cuanto supone apostar por la versión que con mayor plenitud permite disfrutar el derecho de sufragio activo y pasivo: las dos papeletas.

Siendo así, insistimos, ¿qué o quién impide entonces una modificación puntual de la Ley? Los artículos que hay que modificar, requieren cambios limitados. Se trata, básicamente, de nueve artículos que hacen referencia al procedimiento electoral y la Junta Electoral de Canarias (números: 14, 16, 17, 18, 19 y 20) y a las papeletas (números: 24, 25 y 26).

¿Cuál es el problema entonces? Deben explicarse.

Seamos consecuentes, señorías. Cada vez que abdicamos de nuestras responsabilidades respecto a la democracia, se agrietan sus cimientos, circunstancia que es aprovechada por sus enemigos. No es de recibo lamentarse cuando se observan acontecimientos como los que desde hace años se vienen produciendo en las democracias occidentales, en las que -a través de esas grietas desatendidas- acceden al poder representantes políticos de dudosos principios democráticos.

Partido Popular de Canarias, Partido Socialista Canario, Nueva Canarias y Podemos Canarias están a tiempo -también Coalición Canaria-, de reconsiderar todo esto. Lo responsable es legislar y dar seguridad a los ciudadanos para votar. Háganlo así, y enviarán un mensaje inequívoco a la ciudadanía de que vale la pena luchar por la democracia y sus instituciones.

Las mejoras introducidas en la norma institucional básica de nuestro archipiélago incluyen tanto aspectos económicos (salvaguarda del REF) como de profundización del autogobierno. Son elementos todos ellos de la máxima importancia. Pero que a nadie le quepa duda: la reforma electoral ocupa la posición central. Ninguna de las otras novedades incorporadas a esta reforma estatutaria cambiará Canarias como lo hará su nuevo sistema electoral.

Hay al menos dos pruebas que demuestran que lo más trascendental del texto se encuentra en el artículo 39 y en la Disposición Transitoria Primera, preceptos ambos que modifican el sistema electoral. La primera de las pruebas es que en 2006, la reforma electoral -barrida por la oposición frontal de CC- fue el detonante que llevó al Gobierno de Coalición Canaria a sacrificar la totalidad del Estatuto retirándolo de las Cortes Generales. Ni se sonrojan ahora cuando repiten su discurso para quitar importancia a lo que entonces supuso hundir a Canarias doce años en el grupo de las autonomías de segunda categoría.

La segunda prueba tiene que ver con el propio desarrollo del actual proceso reformista. El Congreso de los Diputados -con el Estatuto casi completamente redactado-, tuvo que esperar a que el Parlamento de Canarias emitiera un Dictamen con las conclusiones de la Comisión de Estudio para la reforma electoral, que durante los dos años en los que se desarrollaron sus trabajos tuvo que sufrir las sucesivas maniobras dilatorias de Coalición, cuyo único cometido era embarrar el debate y dilapidar el tiempo. El último capítulo de sus artimañas fue el que se produjo tras el enésimo ofrecimiento de PP, PSOE, Podemos y NC, en el que se les proponía un acuerdo en torno a la fórmula de la lista autonómica aparcando el consenso mayoritario que ya se había logrado trenzar con el colegio de restos. Coalición pidió un mes más asegurando que era necesario para dirimir el asunto en su órgano de decisión, el Consejo Nacional. Pues bien, no es que tal órgano desechara la propuesta; es que ni si siquiera lo convocaron. Si este mes malgastado de forma artera se hubiera aprovechado, en estos momentos, en lugar de estar pidiendo la tramitación urgente en el Senado, estaríamos convalidando el Estatuto en Canarias, su último paso antes de la aprobación final en las Cortes Generales.

Los cuatro partidos que en Canarias han sabido estar a la altura para llegar al consenso más amplio en 36 años para cambiar el eje central de las instituciones de autogobierno en Canarias, tienen la oportunidad de culminar la tarea y ofrecer una histórica mejora democrática a toda la ciudadanía. No lo pasemos por alto, esos partidos suponen el 80 por ciento del apoyo popular en votos y más de los 3/5 de la cámara autonómica. Han trabajado con luz y taquígrafos durante dos años a la vista del público que quisiera observarlos en las emisiones en directo de las sesiones parlamentarias. Y, tras ese arduo trabajo, han podido acordar un Dictamen emanado de nuestra asamblea legislativa -tras significativas concesiones mutuas-, que ha sido la base sobre la que construir el nuevo sistema electoral plasmado en este Estatuto que ahora pasa por el Senado. Pero ¿por qué no se ha elaborado una Ley directamente en el Parlamento canario y se ha llevado esto a las Cortes? De nuevo, porque CC lo ha impedido junto a su socio insularista, el partido de Casimiro Curbelo -ASG-. Estos dos partidos, con solo el 18% del voto, tienen más de 1/3 de los escaños, concretamente 21 de 60. Hubiesen sido necesarios 40 escaños -y, lo que resulta más difícil para CC, visión global de Canarias-, para haberse aprobado la Ley en nuestro parlamento. No satisfechos con esto, aún avisa Coalición con torpedear el futuro proceso para alcanzar dicha Ley en el PARCAN.

Estamos ya en el Senado y surgen nuevas amenazas. La más relevante de todas es la importante inestabilidad del Gobierno central, derivada de su debilidad parlamentaria. ¿Afecta esta situación a la tramitación del Estatuto? Sí, totalmente. Si el Presidente del Gobierno decidiera un adelanto de elecciones generales, Congreso y Senado se disolverían. Cualquier Ley pendiente de aprobarse en las Cortes, decaería, también nuestro Estatuto. Es decir, no solo se paralizaría su trámite, sino que se evaporaría. Habría que volver a empezar de cero con el Estatuto en la nueva Legislatura. Permitir esto, después de lo ocurrido en 2006, es un intolerable despropósito. El primer culpable de ello ante los canarios será CC, pero el resto de fuerzas políticas no puede contribuir a ese irresponsable fracaso, ni siquiera de manera indirecta o por omisión.

Está fuera de nuestro alcance incidir en los planes que pueda tener el Presidente Sánchez respecto a un hipotético adelanto electoral. Pero lo que sí está en nuestras manos -concretamente en las manos de los senadores y fundamentalmente en los del Partido Popular-, es el acelerar los trámites tanto como sea posible. El primer paso se debe dar ya en la reunión de la Mesa del Senado del martes 25 de septiembre, declarando el procedimiento de urgencia, lo que acortaría la tramitación de 2 meses a 20 días. Existe ya un acuerdo político y no hay nada en el reglamento que lo impida. Tengamos en cuenta, además, que nuestro Estatuto en vigor prevé que, si las Cortes introdujeran “modificaciones sustanciales”, como así ha sido, el Estatuto debe regresar a Canarias para su convalidación y luego retornar de nuevo a las Cortes para su aprobación final. En cualquier caso, la decisión no es técnica, sino política: la mayoría del Senado puede adoptarla.

Es verdaderamente descorazonador comprobar cómo ciertos individuos, y, peor aún, organizaciones políticas, han trabajado con ahínco para derrumbar el acuerdo de la mayoría política, académica y social que ha dado un paso de gigante para la reconstitución de los derechos políticos más básicos: los que tienen que ver con poder decidir sobre los asuntos públicos en igualdad de condiciones. Si han obstruido con todos los medios a su alcance la mejora de la democracia, piensen los canarios y canarias qué no estarán dispuestos a hacer con otros temas de interés general con tal de mantener intacto el suyo particular.

No lo permitamos. Luchemos ahora o asumamos otras cuatro décadas de fracaso en todos los órdenes.

Coordinadores de DPC

Vicente Mujica Moreno, José M. Marrero Henríquez, José Brito López, Luis Roca Arencibia, Carlos Fernández Esquer, Samuel Marrero Lorenzo, Manuel Rodríguez González

Por contra, dos fuerzas políticas de inamovible vocación insularista, Coalición Canaria (junto a Agrupación Herreña Independiente y el Partido Nacionalista Canario) y Agrupación Socialista Gomera, se han opuesto a este consenso mayoritario. Al enrocarse en la triple paridad, han impedido que tal acuerdo se pudiera convertir en Ley en la cámara canaria. Estos dos partidos cuentan con 21 diputados, esto es, el tercio que les otorga poder de veto para impedir la aprobación de una Ley Electoral. Ese tercio de 21 diputados, sin embargo, no representa al tercio de los votantes canarios, sino tan solo al 23%. Una vez más se comprueba cómo el truco del sistema electoral canario les facilita bloquear la reforma de las propias reglas electorales.

La frontal oposición de CC se ha aderezado por el camino con dilaciones reiteradas. La última ha sido una tomadura de pelo. Coalición Canaria pidió un mes para convocar a su Consejo Político y decidir si, finalmente, se sumaría a la última propuesta que PP-PSOE-Podemos-NC le ofrecieron, consistente en sustituir el “Colegio de Restos” por la “Lista Autonómica”, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía, cuya toma en consideración defendió el portavoz de CC, en el Pleno del Congreso de los Diputados. Pues bien, CC ni siquiera llegó a convocar a tal Consejo, pero hizo perder un mes a quienes de buena fe le tendían la mano para que se incorporaran al consenso.

Todo esto ha obligado a quienes se han comprometido con los canarios para que podamos votar en condiciones más justas en las elecciones de 2019 a culminar la reforma electoral en las Cortes Generales a través de la enmienda del texto estatutario. Así las cosas, la cuenta atrás en Congreso y Senado está en marcha. No hay un solo día que perder.

Dicho esto, las responsabilidades políticas no acaban en la actitud que ha mantenido CC y ASG. Ahora asoman al escenario del Congreso otros actores parlamentarios que, sorprendentemente, parecen seguir dando juego a aquellos que desean impedir la reforma dilatando los plazos. Para que las próximas elecciones autonómicas se lleven a cabo con la nueva norma electoral, el Estatuto debe estar en vigor antes de que se firme el decreto de convocatoria de elecciones por el Presidente del Gobierno de Canarias. Ese momento se producirá el 1 de abril de 2019. Aún hay tiempo, ciertamente, pero volverían nuestros diputados a dejar las cosas a medias. Nos explicamos. Hay tiempo a expensas, eso sí, de mantener al texto estatutario -de nuevo- como regulador del sistema electoral canario, en lugar de desarrollarlo en detalle mediante una Ley, que sería lo deseable. Para la correcta adopción de esta Ley del Parlamento de Canarias, es razonable reservar, al menos, dos meses para su debate y aprobación. Teniendo en cuenta que enero no es mes hábil para sesiones parlamentarias, la cuenta atrás nos lleva hasta diciembre de 2018. Lo sensato es que, a más tardar, en noviembre de 2018 el Estatuto estuviese aprobado definitivamente en el Congreso y entrase en vigor.

Y aquí surgen nuevas irresponsabilidades. La diputada Meri Pita anuncia, ignorando el acuerdo alcanzado por su organización -Podemos Canarias-, que hay mucho rabo de toro que cortar. Se comprendería que quisiera hacer ver la posición “más ambiciosa” de Podemos al respecto, pero tal cosa ya la han hecho suficientemente bien sus dirigentes en el Archipiélago. Todos conocemos la enmienda registrada por Podemos: dos diputados por isla, y el resto asignados a una circunscripción autonómica. Como conocemos las de todos los demás grupos políticos. Esa no es ya la cuestión. La cuestión ahora es que, igual que el resto de quienes teniendo una posición “más ambiciosa” sobre el asunto han cedido en parte de sus pretensiones para lograr el consenso, Podemos en Canarias ha actuado con la misma generosidad y responsabilidad para sumarse al acuerdo. Y, además, lo ha hecho tras una consulta a sus bases que han respaldado la negociación. ¿Pretende entonces Meri Pita malgastar el escaso tiempo disponible de forma consciente? Incomprensible; pero quizá ella pueda explicarlo a quienes, tras once años de lucha cívica, esperamos culmine la reforma política de mayor calado para Canarias en cuatro décadas.

En paralelo, Melisa Rodríguez, portavoz de Ciudadanos exige “abrir un debate en la Comisión del Congreso” sobre la reforma electoral ante un “texto imperativo del Parlamento de Canarias”. Pedir que se abra un debate sobre la reforma electoral cuando se trata precisamente del punto del texto estatutario que se ha debatido durante más tiempo (dos años en la Comisión de Estudio del Parcan), de la manera más rigurosa (han participado 17 expertos), de la forma más plural (han comparecido 5 partidos extraparlamentarios -entre ellos el suyo, y con su presencia personal) y de la manera más transparente (las sesiones se han emitido en streaming y los periodistas han podido estar presentes), es pedir, igualmente, que se dilapide el tiempo.

Y choca aún más su pretensión cuando Cs y sus dirigentes han sido reiteradamente invitados por los partidos reformistas, y por nosotros mismos, a incorporarse a las mesas negociadoras y la respuesta ha sido el silencio. Conocemos la enmienda registrada por Ciudadanos: aumentar a 70 diputados el Parlamento, de los que treinta y dos se asignan de manera fija a las siete circunscripciones y treinta y ocho se distribuyen en proporción a su población. También conocemos su discurso: dicen que con 60 diputados basta. Lo que no conocemos es cómo van a defender su cambiante posición, si con 60 o con 70 diputados. Tampoco sabemos si de una u otra forma, su voto finalmente será para sumarse al consenso mayoritario (no “imperativo”, sino arduamente consensuado) o para votar en contra, como hizo con la toma en consideración del Estatuto. Claridad y consistencia en las opiniones, eso es lo que interesa a la ciudadanía; si van a facilitar la reforma electoral de Canarias o la van a obstruir con nuevas demoras.

Se acabó el tiempo. Quien no tenga altura política para saber qué nos estamos jugando al poner en riesgo los plazos para la reforma electoral, será rápidamente desenmascarado. No nos vamos a dejar engañar por maniobras de distracción ni vamos a dejar pasar por alto la falta de responsabilidad. Y esto incluye al ámbito institucional del gobierno canario. Señorías, habiliten el mes de julio para tener el texto estatutario en el Senado antes de septiembre. Pongan el aire acondicionado en marcha y no se levanten de la Comisión hasta entregar a la sociedad canaria un Estatuto con el sistema electoral reformado, tal y como ha venido demandando la ciudadanía, y tal y como ha sido consensuado por la gran mayoría del espectro político con enorme esfuerzo. Por cierto, una mayoría muy superior a la que respaldó el texto estatutario que se remitió a las Cortes Generales.

Sepamos que, si este acuerdo no llega a culminarse, resultará incontestable que la decisión para la reforma electoral se habrá adoptado en Canarias por una mayoría sin precedentes, a pesar de que una minoría quiera impedirlo. Y es precisamente esa mayoría la que habilita a las fuerzas políticas reformistas para lograr ese objetivo en el ámbito del Congreso de los Diputados. Tal procedimiento no admite la más mínima duda sobre su legitimidad; es más, no hacerlo -después del trabajo realizado con todas las garantías jurídicas y de asesoramiento por parte de expertos en la materia en el Parlamento de Canarias-, supondría faltar al deber que contrajeron cada uno de los representantes políticos que se mostraron convencidos de la necesidad de acometer esta reforma política.

Canarios y canarias no podemos doblegarnos al criterio impuesto por parte de una minoría política anidada en Coalición Canaria. CC se enroca, tal y como hemos vuelto a ver en el reciente Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, a pesar de la demanda de la sociedad civil, del planteamiento razonado y razonable de los expertos y de la extraordinaria mayoría del sufragio (80%) que representan los cuatro partidos (Partido Popular de Canarias, Nueva Canarias, Partido Socialista Canario y Podemos Canarias), que por consenso han llegado a un acuerdo de cambio moderado del sistema electoral canario. El objetivo de CC es claro: mantener una norma electoral que permite seguir obteniendo el mismo número de diputados a 350.000 personas que a 1.850.000, lo cual supone una anomalía sin parangón en ninguna otra democracia occidental. De paso, esto le facilita conseguir el primer puesto en número de escaños, sin acercarse siquiera al primero en votos.

El sistema electoral actual, decidido en 1982 por un pacto preautonómico sin aval posterior de una Ley refrendada por los canarios, pervierte la voluntad popular, menoscabando la obtención de los representantes que a cada cual le correspondería fielmente en el Parlamento en función del respaldo social verdadero obtenido en las urnas. Esto está conduciendo a Canarias al desastre. Lo avalan los puestos del oprobio que nuestro archipiélago padece desde hace ya más de 25 años: a la cola en empleo, en nivel educativo, en prestaciones sociales y en asistencia sanitaria (y otro calamitoso sin fin). Y también se constata en la corrosiva circunstancia que implica la reiterada aprobación de leyes sin el respaldo mayoritario del pueblo canario al que, mediante la triquiñuela del actual sistema electoral, se le sustrae su capacidad de decidir por mayoría: el abecé de la democracia.

En Canarias no es sencillo imaginar un escenario en el que los ciudadanos, mediante el ejercicio de su voto, puedan propiciar el cambio de gobiernos y de las políticas públicas. Nuestro sistema electoral dificulta sobremanera algo esencial en cualquier sistema democrático como es la posibilidad de que se produzca la alternancia, esto es, que los ciudadanos, cada cuatro años, puedan desalojar de sus puestos a aquellos gobernantes que reinciden en errores al ejercer el poder público. Antes bien, este sistema electoral actúa como un tapón. La población lo sabe y, deprimida, se aleja cada vez más de la política. No ve soluciones en ella, sino perjuicios, incluso abusos. Así triunfa, con peligro para la democracia y nuestra convivencia, el discurso populista, demagogo y camaleónico de los oportunistas.

En esta estrategia de obcecada cerrazón al cambio democrático que reclama la gran mayoría, CC se ve secundada por Agrupación Socialista Gomera, el partido de Casimiro Curbelo, alguien cuya propuesta para la construcción de Canarias consiste en fomentar, en todas las islas, organizaciones políticas a semejanza del partido ultra insularista que él ha fundado. Si hay una manera eficaz de impedir la construcción política común de nuestro archipiélago, es precisamente este modelo, del que se vanagloria quien con 5.500 votos ostenta 3 diputados en el Parlamento canario, mientras decenas de miles de ciudadanos quedan huérfanos de representación. Esto no puede seguir tolerándose.

Nadie quedará igual después de posicionarse frente a este asunto, que es ni más ni menos, que el núcleo central de la concepción de Canarias y de su futuro. Cada partido político, cada institución, cada uno de nosotros, deberá decidir ahora qué va a hacer, mantener firme su convicción sobre la necesidad de un cambio histórico para dar un giro a la trayectoria fallida de nuestra sociedad, o bien plegarse a espurios intereses inmediatos. Las responsabilidades, sin embargo, no se reparten igualmente entre todos. Los primeros responsables son los partidos políticos con representación tanto en el Parlamento canario como también en el Congreso. En esta hora habrán de saber estar a la altura. ¿Irán o no hasta el final con la reforma electoral? Los partidos políticos no son entes anónimos, los componen y dirigen personas concretas. Las personas que lideran sus respectivas formaciones políticas -Asier Antona (PP), Román Rodríguez (NC), Noemí Santana (Podemos), Ángel Víctor Torres (PSOE) y Melisa Rodríguez (Cs)-, son las siguientes en los puestos de reparto de responsabilidades: deben afrontar su cuota correspondiente.

Toda esta reclamación democrática de casi cerca de 11 años ha supuesto un coste para la sociedad civil. A los partidos políticos que no cumplan -y a sus líderes-, también les tiene que costar. Quien se pliegue a la posición minoritaria de CC, no puede ser ni comprendido, ni excusado. Con el ejercicio de nuestro voto -maltrecho voto-, debemos recordarle en las urnas su apocamiento, su deslealtad y, digámoslo más claro, su traición a este movimiento cívico y político regeneracionista. No hay vuelta atrás para nadie con la reforma electoral de Canarias. Se nos va a empujar a resolverla en Madrid. Hagámoslo entonces sin dudas ni complejos, y con toda la ambición democrática.

La hora de la madurez democrática ha llegado para Canarias, que nadie ceda, que nadie se equivoque, que nadie la frustre. Queremos, una vez más, hacer un llamamiento sincero de entendimiento a Coalición Canaria: sepan calibrar este instante con objetividad y lanzar una mirada amplia hacia el futuro que necesita Canarias. La flecha de ese tiempo futuro de progreso para nuestro archipiélago no apunta a la fragmentación en ocho orillas, sino a la cohesión, al acercamiento, a la solidaridad y a la proyección común de un solo territorio.

Estimado ciudadano y ciudadana, nosotros también tenemos nuestro deber cívico. Defendamos nuestra dignidad democrática hasta el final con las movilizaciones y la determinación que sean necesarias.

Se ha hecho un trabajo serio y bien fundamentado que ha conducido a las conclusiones que tanto los generadores de opinión como los expertos académicos convocados a la Comisión de Estudio han manifestado con meridiana claridad: nuestra democracia tiene un profundo déficit en su sistema electoral y es preciso corregirlo sin más excusas.

La forma de proceder no ha sido secundaria en todo este recorrido. En 2007 fue la sociedad civil la que alertó de la necesidad de modificar el sistema electoral canario y ha sido la que desde entonces hasta hoy se ha mantenido movilizada. Los partidos políticos deberían haber asumido con mayor determinación el grave asunto de reformar una norma electoral tan deficitaria. No lo hicieron y, si estamos en la fase de avanzado consenso en la que nos encontramos, es porque la sociedad civil los ha conducido hasta él.

Demócratas para el Cambio, un foro cívico sin adscripción partidista ninguna, ha tenido siempre un solo objetivo, conseguir que la ciudadanía canaria pueda elegir a sus representantes políticos de un modo que garantice una mayor justicia democrática, es decir, que los escaños que integran el Parlamento de Canarias y el Gobierno que de él se derive, sean un reflejo más fidedigno de la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.

De eso se trata. De algo tan básico como eso. Todavía hay quien persiste en dar vueltas a lo que ya no admite ni una más. Ahora toca ser decididos y conscientes de cómo podría repercutir negativamente en la sociedad canaria actual y futura, la actitud negligente de aquellos partidos canarios que abdicasen de su responsabilidad.

El acuerdo al que probablemente se está a punto de llegar no es más que un paso discreto (reducción de barreras electorales y limitado incremento de la proporcionalidad) en la mejora de nuestro edificio democrático; discreto, pero también imprescindible y relevante. Y lo es por diversos motivos. En primer lugar, porque lo que DPC ha propuesto a la sociedad canaria y a sus políticos ha sido debatir desde la base, sin condiciones previas y sin excluir a nadie sobre algo que es el núcleo fundamental de nuestra convivencia. Además, y como reclamamos en su momento, tal debate se ha hecho en Canarias, en su Parlamento, con una Comisión de Estudio razonablemente plural (podría haberlo sido más, pero también menos).

Las conclusiones, ya sea para materializarlas en una Ley canaria (lo ideal y más inmediato) o en el Estatuto, se habrán auspiciado y discutido en Canarias. Conviene, por tanto, no seguir echando balones fuera cuando se intenta trasladar a la ciudadanía la idea de que instancias ajenas al archipiélago pretenden decidir por nosotros. No es así,  y nadie con esa cantinela puede seguir excusándose para no concluir aquí y ahora con un Dictamen de la Ponencia que exprese nítidamente los términos reformados para una nueva norma electoral y para su inmediata plasmación en Ley por el Parlamento de Canarias.

En segundo término, la trayectoria reformista también es relevante porque, de nuevo, la sociedad civil organizada en torno a DPC, ha tenido un papel proactivo. No ha sido un simple testigo. Desde un inicio la sociedad civil asumió un papel de impulso y divulgación y, en su última fase de tres años, también se ha implicado con un papel de intermediación entre los actores políticos y ha realizado propuestas que han propiciado el acercamiento a posiciones que todos los interlocutores han podido compartir. A pesar de que el foro cívico tiene su propia visión de la reforma, no se ha intentado imponer ninguna solución, sino que se ha buscado concitar consensos.

Ése es un logro de la ciudadanía. Sin su papel, pueden estar seguros, los partidos políticos hubiesen mantenido su lógica electoralista, su estrechez cortoplacista, y continuarían utilizando la reforma electoral de forma táctica, presentándose ante los votantes como paladines reformistas de ida y vuelta. Esto se ha podido superar con la intervención neutral de Demócratas para el Cambio que ha facilitado acuerdos y ha sustraído este asunto de la contienda política. Neutralidad, sí, pero, al tiempo, firmeza en la salvaguarda de los compromisos adquiridos por cada grupo político ante los ciudadanos.

Quien aún pretenda seguir en un escenario de regate corto se equivoca de plano. Quien pretenda obtener réditos electorales o usar, otra vez, como moneda de cambio esta cuestión, se verá arrastrado por el hado de la sociedad canaria, una sociedad cada vez más madura, cada vez más consciente de lo que afecta a su vida diaria la conformación de un Parlamento peligrosamente alejado de la voluntad expresada en las elecciones a las que se le convoca cada cuatro años para frustrarla cada cuatro años.

Queremos concluir con un mensaje positivo: nunca antes desde 1982 hemos conseguido estar todos tan cerca de culminar un proceso tan decisivo como sociedad como al que nos estamos enfrentando y que en breve se resolverá. Seamos cada uno conscientes y responsables de la trascendental decisión que nos toca asumir aquí y ahora.

La confluencia de circunstancias favorables y excepcionales en el tiempo (implicación cívica, acuerdo de expertos, consenso de partidos y simultaneidad de vías legislativas para la reforma en PARCAN y Cortes Generales), muy improbablemente se repetirá en el futuro. No podemos dejar pasar este tren.

Ciudadanos, inscritos o militantes en organizaciones políticas, asociaciones cívicas, académicos y partidos políticos, en definitiva, cada uno de nosotros, debemos asumir responsablemente la cuota de compromiso que nos corresponde frente a este reto en el que la sociedad canaria tiene depositadas sus esperanzas de cambio.

No en vano, lo que dirimimos no es una ley más, sino una norma que va a marcar el futuro de Canarias y su democracia. Eso es lo que nos jugamos en las próximas semanas.

Perspectiva y trayectoria

La exigencia ineludible de la reforma nace de la espontaneidad de la sociedad civil más plural, y no de la propuesta de uno u otro partido político. Conviene resaltarlo. Es importante, porque es al conjunto del Parlamento canario al que se convoca a tomar una decisión aplazada durante más de tres décadas. Decidiremos en Canarias y decidiremos ahora, porque la ciudadanía ha puesto este asunto en el foco central del debate político.

Es preciso recordar también que, gracias a la demanda cívica -con diez años de trayectoria- organizada en torno al foro Demócratas para el Cambio, es como ha ido tomando forma la iniciativa de poner en marcha este proceso reformista que, finalmente, se ha visto hecho realidad en la constitución de una Comisión de Estudio en el Parlamento de Canarias. El papel jugado por la sociedad civil ha sido relevante al haber actuado como dinamizadora y, al tiempo, como mediadora entre fuerzas políticas muy dispares en sus planteamientos, siempre con el afán de conseguir un amplio consenso de voluntad reformista que, lamentablemente, no había podido materializarse hasta ahora desde 1982.

Este encuentro de tan heterogéneo grupo de formaciones políticas ha sido posible gracias al Pacto por la Democracia en Canarias. Su compromiso ha sido firmado por doce organizaciones políticas. Pero incluso aquellas que a día de hoy no lo han rubricado, sí que han corroborado en sede parlamentaria estar de acuerdo con sus tres puntos básicos: vigencia de un nuevo sistema electoral más proporcional y menos restrictivo en 2019. Este capital de impulso cívico no debe ser dilapidado.

Consideraciones políticas

Si hay una injusticia que impregne a toda la sociedad canaria, ésta es la que se manifiesta una y otra vez cada cuatro años en las elecciones autonómicas causantes de la mayor desigualdad de voto entre electores de todo el Estado y del mayor porcentaje de votos desperdiciados por efecto de sus excluyentes barreras electorales. Debemos dar juntos un paso adelante para que esto empiece a cambiar de una vez por todas.

Insistimos en que no puede malograrse la ocasión de llegar a los acuerdos necesarios para imprimir el primer impulso de cambio en la Comisión de Estudio del Parlamento de Canarias, y que este impulso inicial sirva como palanca para ulteriores avances a través de la reforma estatutaria en las Cortes Generales. Estamos convencidos de que hay margen suficiente para el acuerdo entre las distintas posiciones. Nadie podrá, sin embargo, pretender que la suya prevalezca sobre las demás sin que existan concesiones mutuas.

Se palpa una posibilidad muy real de acuerdo en la que la variedad de elementos vertidos por los distintos partidos y expertos puedan tener acomodo: la mejora de la proporcionalidad; la reducción de las barreras electorales; la combinación de una representación insular y otra del conjunto electoral archipielágico; la formulación de soluciones simultáneamente mediante ley del Parlamento canario y mediante Reforma del Estatuto en las Cortes; la pretensión de que la reforma pueda llevarse a cabo sin necesidad de aumentar el gasto global del Parlamento; y la aspiración de que todo ello se decida en Canarias.

En este punto entra en juego la responsabilidad de cada cual para saber ceder una parte y así obtener un bien común superior: la mejora de nuestro sistema de elección de representantes y, por ende, de nuestra democracia. Demócratas para el Cambio no elude su responsabilidad. Somos los primeros en decir que estamos dispuestos a ceder en nuestras pretensiones y los primeros en ofrecernos a todos para propiciar un entendimiento que culmine con éxito este proceso histórico. Pedimos a todos la misma actitud para la Reforma Electoral de Canarias. ¡Ahora!

Es una ocasión que debe ser afrontada con toda responsabilidad por cada una de las organizaciones políticas de Canarias.En este momento, es a los delegados y delegadas del PSOE a quienes les toca ejercerla en su congreso regional, no solo ante sus afiliados y simpatizantes, sino ante los votantes y ante el conjunto de la sociedad canaria que les observa con atención.

Este momento excepcional para la reforma electoral de Canarias -que no debemos dudar en calificar de histórico-, se explica al menos por dos circunstancias. La primera es la coincidencia en el tiempo de dos niveles legislativos donde se está debatiendo la reforma: la Comisión de estudio en el Parlamento de Canarias (ya en fase de Ponencia) y la tramitación de la propuesta de reforma estatutaria en el Congreso de los Diputados. Esta situación nos brinda a todos el mayor margen de maniobra para alcanzar consensos. La segunda circunstancia, que no puede ser desaprovechada, es la existencia de un gran principio de acuerdo entre la mayoría de las formaciones políticas que ha sido inducido, promovido y fortalecido por la sociedad civil, organizada fundamentalmente en torno al foro cívico Demócratas para el Cambio.

Los delegados y delegadas del Partido Socialista Canario debatirán y aprobarán distintas resoluciones a partir de la Ponencia Marco, pero para el futuro de nuestro Archipiélago y su democracia, podemos asegurar que serán los puntos que van del 310 al 314 -referidos al sistema electoral-, los que tendrán mayor trascendencia. En concreto, el 314 debe acometerse con la mayor amplitud de miras, pues habla de valorar otras opciones que puedan proponerse desde los colectivos sociales u otras fuerzas políticas, aunque no fueran completamente coincidentes con la propuesta de lista o circunscripción Autonómica.

Las posiciones de todos, las de la sociedad civil, igual que las de las organizaciones políticas, son completamente legítimas y cada cual ha ido explicando sus argumentos para fundamentarlas.

El debate es elemento esencial de la democracia. Como también lo es el llegar a acuerdos entre las diferentes partes y los intereses plurales, para alcanzar un objetivo superior como es el bien común de todos los canarios y canarias.

En esta fase estamos. Todos nos hemos escuchado. Sepamos ahora también todos llegar a consensos, que, indudablemente, nos exigirán ceder y renunciar a parte de nuestras aspiraciones. Demócratas para el Cambio lo hará, como ya anunció en su comparecencia en el Parlamento. Hemos pedido a todas las fuerzas políticas que hagan lo propio, y es lo que rogamos ahora a los socialistas canarios ante su Congreso, para el que les deseamos los mejores éxitos.Demócratas para el Cambio*

*Coordinadores de DPC

Vicente Mujica Moreno

José Manuel Marrero Henríquez

José Brito López

Luis Roca Arencibia

Samuel Marrero Lorenzo

Manuel Rodríguez González

Carlos Fernández Esquer

¿Y a todo este consenso de contundente mayoría social, política y académica qué dice ahora el Partido Popular de Canarias? Que las barreras se tienen que quedar como están.

A continuación explicaremos con mayor detenimiento la actitud del partido de Asier Antona, pero digámoslo ya: la posición de Demócratas para el Cambio es fijar la barrera autonómica al 3%, como máximo. Más claro, agua. Los ciudadanos no hemos trabajado durante una década, sin ningún tipo de ayuda económica ni organizativa de institución alguna, ni hemos sacrificado horas y años de nuestra vida laboral, profesional y familiar, para que jueguen con nosotros. Estamos reclamando derechos democráticos fundamentales, supliendo el desinterés, y en algunos casos la negligencia, de nuestros representantes políticos que debieran haber velado por ellos.

Abordemos ahora la cuestión de fondo. Australia Navarro, miembro de la ponencia para la reforma electoral por el Grupo Popular, no fijó su posición inicial en la sesión del pasado 13 de junio en el 15% insular y 5% regional. Esa fue la concesión del resto de grupos para que el PP accediera a seguir debatiendo sobre la cuestión de la proporcionalidad. En realidad, la propuesta de partida de los populares fue, como hemos dicho, dejar las barreras igual que en la actualidad: 30% insular y 6% autonómico. Y esto, sin entrar en otras consideraciones, nos plantea un primer hecho: el Partido Popular de Canarias no cumple con los compromisos que adquiere con los ciudadanos. El Pacto por la Democracia, firmado por Navarro, y aceptado por Madrid en el acuerdo con Nueva Canarias para la aprobación de los Presupuestos Generales como texto base para la futura reforma electoral, asume que las barreras electorales deben reducirse. Dejar las barreras igual no es una propuesta que dé cumplimiento al documento firmado.

Veamos ahora qué consecuencias tienen las barreras para los votantes de cada isla. El 15% de la barrera insular no tiene repercusión alguna para herreños y gomeros (sus umbrales efectivos, es decir, sus barreras naturales, son del 21% y 16% respectivamente). Para palmeros, lanzaroteños y majoreros, supone un incremento del 5% sobre sus barreras naturales del 10%, algo asumible (los pone en igualdad de condiciones respecto a los umbrales efectivos de La Gomera y El Hierro). En términos comparativos esa subida de 5 puntos supone un incremento del 50% sobre su umbral efectivo. ¿Y para Tenerife y Gran Canaria, qué implica? Pues que se añaden 10 puntos a su barrera natural que es algo menor del 5% (es del 4,79%). En términos comparativos, tal exigencia supone para estas islas un incremento del 200% sobre su umbral efectivo. De nuevo, se inflige un tratamiento claramente discriminatorio a los que vivimos en las islas capitalinas.

Para que pueda valorarse en números qué significa esto, sepamos que de promedio votan en Gran Canaria y Tenerife unos 400.000 ciudadanos. Eso implica que con menos de 60.000 votos no se accederá a ningún escaño.

La barrera autonómica o regional del 3% trata de paliar esta situación. El promedio de votos regional suele ser de 920.000. Su 3% implica superar 27.600 votos para acceder al escaño. Precisamente, esta es una cifra casi idéntica a la de 28.600 votos que se obtendría si exigiéramos a Gran Canaria y Tenerife lo mismo que a las islas no capitalinas, esto es: un incremento del 50% sobre su umbral efectivo. Habría que aplicar un 7,17% (umbral efectivo del 4,79% más su mitad) a 400.000, lo que nos da la cifra mencionada de 28.600 votos.

Así se explica por qué el 3% logra igualar las opciones de acceso al escaño para los electores tinerfeños y grancanarios. Y también explica porqué es irrenunciable para la ciudadanía. Conseguimos así un trato igual para todos los canarios, mientras que con la propuesta inicial del 6% del PP, o la del 5% de compromiso, se persiste en el doble maltrato a tinerfeños y grancanarios.

Por último, nos parece incomprensible e inaceptable la postura negociadora del PP en la ponencia, al menos por dos motivos. El primero es el de haber antepuesto la condición de las barreras para hablar de la proporcionalidad. Siempre hemos compartido el punto de vista del PP cuando ha dicho que no cuenten con ellos para una reforma electoral que solo consista en bajar barreras. Podemos entender que el PP de Canarias hubiera condicionado la reforma en sentido inverso: si no se consigue la mejora de la proporcionalidad, no estamos dispuestos a bajar barreras.

El segundo motivo es de mayor calado. ¿Qué pretende el Partido Popular al introducir de partida un elemento de disenso en un entorno tan mayoritariamente favorable al consenso? ¿Pretende el PP jugar con la reforma electoral para sus intereses políticos en el plazo inmediato? ¿Juegan quizá los populares a asegurarse la eliminación de rivales que le disputen su posición en Gran Canaria y Tenerife en futuras elecciones? Conviene que Asier Antona explique con claridad y en el plazo más breve qué pretende el Partido Popular con la reforma electoral de Canarias.

Nosotros lo manifestamos con nitidez: con los canarios, su democracia y la Reforma Electoral, no se juega.

Ahora bien, escondida en ese texto, con muy escasas palabras, se hace referencia a la reforma de nuestro sistema electoral. ¿Y qué dice el texto que se presenta en las Cortes? Pues, resumiendo, se establece que se reduzcan las barreras electorales, pero, eso sí, aquello de otorgar la mitad del Parlamento al 17% de los canarios queda para discutirlo en el futuro. Ese futuro -ya lo hemos comprobado durante tres décadas-, nunca llega a Canarias.

Nosotros consideramos que esto debe ser puesto de relieve desde el minuto uno por todos los partidos que se han comprometido a cambiar la peor norma electoral del Estado y de la comparativa internacional. El silencio táctico de cualquiera en este punto, no será pasado por alto por la ciudadanía, una ciudadanía harta de esperar para que haya justicia electoral en Canarias de una vez por todas. ¿Esperar otros treinta y cinco años por una Ley Electoral? No, disculpen, tiene que ser ahora señorías.

Los partidos firmantes del Pacto por la Democracia con representación en el Congreso -Partido Popular, Nueva Canarias, Podemos y Ciudadanos- deben ser los primeros en establecer un gran 'pero' a este nuevo Estatuto: no puede quedar así, se enmendará lo necesario para que en 2019 esté en vigor una norma con reducción de barreras, sí, pero también con una clara mejora de la representación poblacional, principal déficit de nuestro actual sistema.

No nos engañemos, lo que está en juego en esas pocas palabras que se refieren a nuestro sistema electoral, es nada menos que la esencia de lo que debe ser Canarias. Hasta ahora, los que se niegan a la profunda reforma de nuestro sistema electoral lo hacen porque siguen anclados en 1982. Ven Canarias como la vieron entonces, como un grupo de islas, cada una preocupada por defender el interés que acaba en sus costas. Así pergeñaron un Parlamento más parecido a una Mancomunidad de Cabildos dotada de capacidad legislativa, que a una auténtica Cámara de representación del pueblo canario.

Esta es la oportunidad de superar definitivamente aquella anquilosada concepción de Canarias, que -el transcurso de estos 35 años de democracia nos lo ha mostrado-, no ha servido para aportar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. Todo lo contrario, Canarias es la comunidad autónoma que ha conseguido los más altos índices de desigualdad del conjunto autonómico. Tampoco ha servido este fallido sistema de representación de la voluntad popular para que nuestro pueblo salga de los peores puestos en su nivel educativo, en desempleo y en pobreza. ¿Disposiciones transitorias, futuras leyes no se sabe cuándo? No, gracias; ha de ser ya, ahora.

Hace poco se han oído voces reclamando responsabilidad a los parlamentarios para afrontar este reto. Estas proclamas han surgido del partido socialista. Seamos claros. Si ha llegado un momento crucial para alguno de los grupos políticos, ese momento es el que tiene frente a sí el Partido Socialista de Canarias. Es su hora de la verdad. Ahora es cuando debe afrontar con decisión este punto de la reforma electoral. Piden responsabilidad, pues bien, aquí tienen la oportunidad de ejercerla los primeros y de la manera más explícita ante todos. No puede ser que los socialistas canarios y sus votantes, vean reducida su propuesta de reforma electoral a vaguedades sin ningún tipo de concreción ni ambición. ¿Nos proponen los socialistas que esperemos que mientras llega esa futura ley sigamos soportando elecciones en las que la tercera fuerza en votos sea la primera en escaños? ¿O que haya más canarios representados en la oposición que en el Gobierno? No, lo sentimos, tiene que ser ahora.

Una Comisión de Estudio -ante la que Demócratas para el Cambio comparecerá el 19 de diciembre- está abierta en el Parlamento Canario para hacer propuestas que mejoren nuestra norma electoral, pero al tiempo en Madrid se escribe el primer capítulo importante para conseguirlo. Desde el primer momento, el mensaje que se traslade a la sociedad y a la opinión pública por los diputados canarios que ese día tomen la palabra en el Congreso debe ser nítido: vamos a cambiar ya nuestro sistema electoral para que en 2019 podamos acudir a unas elecciones con menores barreras y menor desigualdad de voto. Cualquier otro mensaje sonará a dilación, confusión, contemporización… en plata: mareo de perdiz y tomadura de pelo.

Sí, seamos responsables. Y los primeros en serlo deben ser los 15 diputados que tiene Canarias en Madrid. Aquí la responsabilidad atañe de lleno a los líderes Asier Antona, Román Rodríguez, Noemí Santana, Rodríguez Fraga y Melisa Rodríguez. Quisiéramos incluir a todos, también a Coalición Canaria, pero podemos eximirlos de esta responsabilidad: ellos solo proponen bajar barreras electorales, y en eso cumplen; pero solo en eso.

La sociedad percibe el agotamiento del modelo actual. Lo entiende como un fin de ciclo y exige un cambio ya, un nuevo consenso superador del de 1982. Podemos lograrlo entre todos. Pero para ello hay que cambiar actitudes en la Comisión de Estudio creada en el Parlamento tras años de activismo cívico. La Comisión se encuentra en pleno funcionamiento y es el foro adecuado para conseguir este objetivo.

La tarea de la Comisión es buscar la mejor y más adecuada solución a un asunto que aún no tiene una ley. La nueva norma debe disponer -entre otros elementos- cuál será el tamaño del Parlamento, el número y naturaleza de las circunscripciones, el número de diputados asignados a cada circunscripción y el número y porcentaje de corte de las barreras electorales. ¿Dónde queda, actualmente, regulado ese núcleo central del sistema electoral? En una Disposición Transitoria que está a punto de cumplir 35 años.

La Comisión de Estudio del Sistema Electoral Canario se conforma por parlamentarios y parlamentarias, que se verán asistidos con la valiosísima aportación de expertos en ciencias políticas y del derecho, así como de otras áreas del conocimiento que se requirieran. Además, la responsabilidad de los 17 diputados que la conforman se extiende también a su actitud, que debe ser de la mayor receptividad a todas las propuestas que puedan formularse, incluyendo éstas las de fuerzas políticas antagónicas, las de la sociedad civil o las de la heterodoxia académica. Escuchémonos todos.

Por último, la fórmula jurídica para plasmar la solución que en conclusión se acuerde en la Comisión tampoco es un obstáculo insuperable. Puede ser una ley del Parlamento o una modificación del Estatuto que se encuentra aún en el Congreso pendiente de toma en consideración, y, por tanto, susceptible de recibir las enmiendas que se precisen.

Entonces ¿cuál es la dificultad?, ¿qué debe cambiar? En síntesis, la perspectiva de valoración del momento político que estamos viviendo. No estamos debatiendo una proposición de ley más; estamos afrontando un cambio que conducirá a una puesta al día de la organización política de Canarias. Se trata de una transformación de calado. Enredarse en el terreno de lo procedimental no denota capacidad ni ambición de liderazgo frente a este gran reto. Intentar desacreditar a una organización cívica por su crítica al proceder de la Comisión, tampoco es el rol que se espera de quien debiera encabezar la propuesta de soluciones y allanar obstáculos para esta trascendental reforma. Nuestra neutralidad ha conseguido lo que nunca hasta ahora: que todas las fuerzas políticas, salvo CC y PSOE, se pongan de acuerdo en firmar el Pacto por la Democracia en Canarias.

Un episodio reciente en la actividad de la Comisión que ha producido gran polémica puede ayudar a ilustrar lo que queremos explicar. A raíz de un Informe de la Ponencia con el que hemos sido críticos, pero constructivos -pues hemos ofrecido a todos los partidos un texto alternativo-, José Miguel Ruano (CC) nos ha achacado “falta de neutralidad”. No es la primera vez que, quien una vez afirmó “no hay nada que estudiar” cuando DPC propuso la apertura de la Comisión, hace esta acusación. También Fernando Clavijo, y hablando como Presidente de Canarias, dijo en TVE-Canarias en mayo pasado que “DPC lo forman afiliados a partidos con ciertos tintes”, sin que hasta el momento públicamente (sí en privado) haya rectificado.

DPC ha dicho que ese informe de la Ponencia sí que carece de neutralidad, amén de contener errores. No es este el espacio adecuado para desgranar todos los detalles, pero, resumidamente, lo consideramos no neutral porque: a) la Ponencia se ha constituido anómalamente antes de oír a los comparecientes; b) el Informe tiene preámbulo con valoraciones finalistas que pueden ser diferentes a las que concluya la Comisión; c) el Informe tiene comentarios interpretativos de textos que no son fuente de derecho (Consejo Consultivo); d) el informe alude a fuentes del derecho con extractos de textos (artículos de ley o sentencias del Tribunal Constitucional no íntegros); e) el informe comete errores al fijar fuera del alcance del legislador autonómico aspectos en los que sí es competente.

Pero todo esto no es más que embrollo con el que distraer la atención. Porque, ¿qué es lo esencial, cuál es la cuestión de fondo? Lo importante es que existe una gran mayoría de fuerzas políticas -respaldada por la mayoría social- que quiere un nuevo sistema electoral que funcione ya para las elecciones de 2019 con mejor representación de la población y menores barreras. Entre tanto, Coalición Canaria y PSOE no han dado aún el paso definitivo de asumir esos tres puntos básicos para la reforma electoral: puesta en marcha en 2019 del paquete completo, esto es: bajar barreras -sí-, pero además, corregir la representación poblacional.

Y en eso estamos, esperando a que CC y PSOE den respuesta a la firma del Pacto por la Democracia que solo recoge ese compromiso tan básico y a los que seguimos invitando a sumarse. Ese cambio de orientación despejaría definitivamente el discurrir de la Comisión que centraría, así, todos sus esfuerzos en buscar la mejor y más adecuada solución para todos los canarios, todas las islas, todas las organizaciones políticas, es decir, para el conjunto de Canarias.

En una cosa Demócratas para el Cambio no somos neutrales: estamos de parte de todos los ciudadanos y partidos políticos que queremos una Reforma Electoral que lejos de “romper Canarias” -palabras de Fernando Clavijo-, la llevará a estar más unida, más fuerte y mejor preparada para enfrentar su futuro en España y Europa.

En el Archipiélago padecemos la mayor desigualdad de valor de voto del Estado

Hemos leído con atención el artículo En Canarias todos votamos igual de Domingo Fuentes Curbelo, publicado en eldiario.es en fechas recientes. Lo cierto es, por el contrario, que en Canarias padecemos la mayor desigualdad de valor de voto del Estado.

Se puede coincidir con el senador del PSOE en el último párrafo de su artículo cuando habla de la necesaria reforma del sistema electoral y añade que el criterio poblacional no debe ser el único a tener en cuenta y que hay que introducir criterios correctores de solidaridad interterritorial.

Expuestas las concordancias, vayamos a los disensos. El autor comienza su discurso refiriéndonos que a cualquiera de las fuerzas políticas se le exige el mismo porcentaje de votos, y de esto deduce que todos votamos igual. Aunque importante, lo más preocupante no es lo que cuesta a cada partido acceder al escaño. A los ciudadanos lo que nos preocupa, en democracia, es tener, como individuos, igualdad de trato ante la ley, cosa que respecto al valor de voto, no se cumple con el actual régimen electoral canario.

En lugar de despejarlos, Fuentes mezcla los conceptos de igualdad de valor de voto entre ciudadanos con igualdad de condiciones para los partidos ante las barreras electorales. Claro es que a todas las fuerzas políticas se les trata igual ante los topes electorales, pero no se trata igual a todos los electores canarios; desde luego, eso no. La diferencia de valor de voto entre un herreño y un tinerfeño o grancanario es de 17 a 1; la de un gomero de 9 a 1 y la de un elector de Fuerteventura, Lanzarote o La Palma es de 5 a 1 respecto a los canarios que votan en Gran Canaria o Tenerife. Esas son las diferencias de valor de voto más grandes de todo el país. No solo eso, son las desigualdades en valor de voto mayores de todos los sistemas electorales de tipo proporcional del Planeta. Y es así aunque Fuentes Curbelo afirme sin argumentarlo -solo como mero acto volitivo-, que no lo es. A su pesar, es una conclusión científica de la que el senador puede cerciorarse leyendo la monografía de Fernández Esquer 'El extravagante sistema electoral canario' (Universidad Autónoma de Madrid).

En otro momento de su artículo, cuando el socialista Fuentes se refiere a la igual capacidad de decisión (mitad de la Cámara) de que disponen los diputados asignados al 17 por ciento poblacional de Canarias respecto al 83 por ciento restante y dice que esa capacidad decisoria del conjunto del 17 por ciento no es tal porque no se ha ejercido en el Parlamento, nada tiene que ver con lo que exactamente es: concretando, que 350.000 ciudadanos tienen la misma capacidad de decidir que 1.800.000, hayan ejercido o no, de forma concertada, esa capacidad en la Cámara Legislativa que debe representar al conjunto de los canarios -con factores correctores- de forma proporcional.

El autor sostiene que nada tiene que ver el atraso de Canarias reflejado en sus niveles de “pobreza, exclusión social, fracaso escolar, sanidad, desempleo... ” con la elección de representantes legislativos. De nuevo recomendamos a Fuentes Curbelo otra lectura, esta vez del Informe de la UNESCO “La interacción entre democracia y desarrollo”, entre otras decenas de textos escritos por expertos en Economía, Sociología y Ciencias Políticas que prueban todo lo contrario: es decir, que sólo aquellas sociedades democráticamente desarrolladas pueden alcanzar desarrollos socioeconómicos adecuados.

Refiere asimismo el senador de Fuerteventura, que el sistema electoral canario no es el facilitador de que gobierne en Canarias la fuerza menos votada, sino la incapacidad de otras fuerzas de llegar a determinados pactos de gobierno. Sin embargo, el señor Fuentes no reseña en su artículo que por primera vez en treinta años el sistema electoral canario, y no la disposición de distintas fuerzas para llegar a acuerdos, ha permitido un pacto de gobierno -participado por su partido- que dispone de 54.000 sufragios menos que los emitidos en apoyo a la Oposición por una mayoría de canarios. Si a un senador de España esto no le parece de la máxima gravedad en democracia no sabemos qué otra cosa puede parecérselo. Estamos diciendo que, por fin, se ha visto encarnada, gracias a la perversión del sistema electoral canario, la posibilidad que venimos anunciando hace años: el gobierno de la minoría.

Fuentes Curbelo dice que han de irle a contar que el voto de los canarios no vale igual en todas las circunscripciones. Se lo estamos contando desde hace ocho años sectores cada vez más amplios y diversos de una ciudadanía consciente de lo adulterado de nuestro sistema de elección de representantes. Pero se lo diremos una vez más: no vale igual el voto de todos los canarios en toda Canarias. Resulta, por otro lado, chocante, que siendo el senador de Fuerteventura y tras listar minuciosamente las circunscripciones y escaños asignados a cada una, pase por alto el hecho de que una isla con menos población (La Palma) que otra con más habitantes (Fuerteventura) disponga sin embargo de un diputado más.

Por fin don Domingo, tras su exposición deficiente en argumentos, recurre al de la amenaza exterior: las islas centrales -se cuida bien de referirse a 'las burguesías de estas islas'- los han condenado (se refiere a las islas no capitalinas) 'al olvido y el ostracismo'. Sin embargo conviene avisar al senador socialista que de los 1.800.000 canarios (83 por ciento), muy pocos pertenecen a esa burguesía a la que culpa de sus males. Esa mayoría ciudadana son fundamentalmente trabajadores que debiera conocer de cerca visitando las grandes poblaciones suburbiales de las capitales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Esos canarios tienen el mismo derecho que el resto a decidir igual con su voto lo que quieren para su futuro en las políticas públicas relativas precisamente a “pobreza, exclusión social, fracaso escolar, sanidad, desempleo... ”. Eso es lo que se quiere cambiar, y hacerlo además con el concurso de todos, sin excluir a ningún ciudadano ni territorio. Es indigno de un senador suscitar la confrontación en lugar de llamar al diálogo y al consenso. Literatura de Fuentes Curbelo aparecida en otros dos artículos suyos con términos como: “burros”, “egoísta e insolidaria a más no poder”, “nos han echado la pata encima”, son igualmente impropios de un senador, ayudan poco al entendimiento y nos resultan reprobables, se dirijan estos al conjunto de una sociedad o a una parte de ella. En cualquier caso, también es recomendable algo de instrospección. Las sociedades de todas las islas, y aún más las de las menos pobladas, han visto mermadas sus posibilidades de desarrollo, no tanto por la maldad de actores externos, como de otros internos: los grupos e individuos privilegiados del poder (señores de la isla) que en cada una a lo largo de siglos han dictado sus normas a la mayoría.

Ha sido el paso de la dictadura a la democracia lo que ha hecho avanzar a todo el país hacia mayores cotas de prosperidad y progreso, y no, como el autor quiere dar a entender, simplificando, el incio de la Autonomía. Si en el resto de España se ha avanzado más que en Canarias a pesar de treinta y tres años de democracia, deberíamos preguntarnos cuánto de culpa en ello tiene que aquí las decisiones no las puedan tomar las mayorías reales: ya sea para administrar mejor sus recursos como para quitar a un gobierno que no les guste con elecciones libres.

Por último decirle a D. Domingo Fuentes Curbelo que no hay campañas sino tan solo una ciudadanía imparable y consciente del deplorable funcionamiento de su democracia que ha propuesto simple y llanamente que en el Parlamento se constituya una Comisión de Estudio para que se nos escuche a todos, no solo a una parte de los canarios. Si esto de hablar para entendernos -lo más básico para un demócrata- le parece otra ofensa más, solo podemos decirle que nos decepciona: mientras en España se habla de grandes reformas, incluyendo la constitucional, usted propone seguir mirando al pasado. No vamos a renunciar a la justa reclamación de la reforma electoral de nuestra tierra y lo invitamos a aportar ideas que puedan hacer de Canarias un lugar mucho más próspero y democrático de lo que es tras haber probado más de tres décadas con este sistema fallido.