Prácticamente no hay problema social que no se haya propuesto resolver apelando a la educación de los ciudadanos. ¿Pero qué papel desempeña realmente el nivel educativo en las dinámicas de polarización relacionadas con temas científicos? Por un lado, cabría esperar que un mayor nivel educativo facilitara la asimilación de la comunicación científica sobre temas clave de la agenda pública. Por otro, por sorprendente que parezca existe la posibilidad de que un nivel educativo más alto no solo no promueva consensos, sino que agrave las divisiones, intensificando la polarización entre las élites más educadas como han sugerido estudios influyentes en Estados Unidos. Esta idea, aunque contraintuitiva, se basa en la hipótesis de que quienes tienen mayor familiaridad con la ciencia podrían emplear su conocimiento no para evaluar los hechos con mayor objetividad, sino para reforzar sus creencias previas y argumentar con mayor eficacia en favor de sus posiciones, profundizando así las divisiones.

Esto ocurre en primer lugar porque no todos los temas de la ciencia son igualmente propicios a producir dinámicas polarizantes. De los miles de resultados científicos que se publican cada día, solo unos pocos intersectan con cuestiones que han podido ser objeto de compromisos ideológicos en un momento particular por algún líder o movimiento político o cultural. Algunas respuestas a cuestiones complejas y que deberían depender claramente de la mejor evidencia disponible pueden llegar así a simbolizar lealtades o lindes en una contienda de trincheras. Lo que está en juego parecería a veces ser más una repartición del estatus relativo de los grupos en contienda y no una cuestión importante que se puede decidir en base a más y mejores datos. Se alimenta en definitiva lo que se denomina el “sesgo de mi lado” o sesgo de confirmación basado en las creencias grupales previas.

En nuestra investigación auspiciada por una beca Leonardo de la Fundación BBVA y ahora publicada en la revista Science & Education, llevamos a cabo una encuesta con el panel online de EMOP para analizar si los patrones de polarización observados en otros contextos se reproducen en la sociedad española. Nos centramos en una serie de cuestiones que, aunque podrían resolverse con ayuda de la investigación científica, tienden a estar asociadas con posicionamientos ideológicos en el espectro derecha-izquierda. Además de las medidas habituales de nivel educativo también incluimos una medida propia de comprensión del proceso científico de producción de conocimientos. ¿Adoptan las personas con mayor nivel educativo o mayor comprensión de la ciencia posiciones más polarizadas, o por el contrario, menos polarizadas? Para explorar esta cuestión, presentamos a los participantes una serie de temas —como el cambio climático, los beneficios económicos de la inmigración, la seguridad de la energía nuclear o la eficacia del control de precios en el alquiler—, midiendo sus creencias iniciales y las asociadas a su identidad política.

Tras registrar sus respuestas, presentamos una comunicación científica real que desafiaba las creencias predominantes de izquierda (en el caso de la seguridad nuclear o la ineficacia del control de precios) o de derecha (en el caso del calentamiento global o los beneficios de la inmigración). Posteriormente, volvimos a preguntar a los participantes sobre sus percepciones respecto a estas cuestiones y sobre el consenso de la comunidad científica detrás de estos resultados.

Los resultados mostraron que las personas con una mayor comprensión de la naturaleza de la ciencia tendían a percibir un mayor consenso científico en torno a los resultados, aun cuando estos desafiaban las creencias mayoritarias de su orientación política. Incluso observamos, en un seguimiento realizado dos meses después, que quienes puntuaban más alto en comprensión de la ciencia eran algo más propensos a haber modificado sus creencias iniciales, alineándolas con las conclusiones de la comunicación científica presentada.

¿Qué lecciones, a modo de “piedras de papel,” podemos extraer de esta investigación? En primer lugar, frente a los resultados pesimistas observados en Estados Unidos sobre temas polarizadores de su agenda pública —como el calentamiento global o la teoría de la evolución—, no encontramos que el nivel educativo ni la mayor comprensión de la ciencia sean, en general, factores que agraven la polarización. Sin embargo, también urge no sobregeneralizar: ¿Por qué la teoría de la evolución o el calentamiento global son altamente polarizantes en E.E.U.U. en torno a los niveles educativos más altos pero no en España? ¿Por qué las creencias sobre la inmigración sí parecen registrar en nuestro país cierto patrón relacionado con el nivel educativo? La diversidad de cuestiones que se prestan al atrincheramiento ideológico sugiere que las diferencias sociológicas caso por caso pueden arrojar detalles importantes.

En los últimos años, quizá como respuesta a la percepción exagerada de ciertas tendencias, ha ganado fuerza una visión excesivamente catastrofista que describe nuestra era como la de la posverdad. Aunque a veces es tentador suscribir este diagnóstico, nuestros resultados muestran un panorama más alentador. Al igual que estudios previos, encontramos que los ciudadanos son menos propensos a cambiar sus opiniones cuando la evidencia científica contradice sus puntos de vista ideológicos. Sin embargo y en contraste con investigaciones anteriores, no hallamos que el nivel educativo sea responsable de este fenómeno. Por el contrario, una mayor comprensión de la naturaleza de la ciencia predijo una mayor alineación con el consenso científico comunicado, el cual, frente a la retórica de la posverdad, emerge como un importante predictor de las actitudes en temas polarizadores. En otras palabras, la visión mayoritaria de los científicos sigue siendo percibida como una guía fiable incluso en torno a las cuestiones controvertidas. Es precisamente en este punto donde comprender mejor la naturaleza del proceso científico resulta clave para asimilar la visión de la comunidad científica.

Estos resultados subrayan la importancia de fomentar una comprensión más profunda de la ciencia como generadora de conocimiento, promoviendo un mayor entendimiento del proceso de contrastación de evidencias y del escepticismo constructivo. En un contexto donde las trincheras ideológicas parecen ahondarse, podría no solo contribuir a reducir la polarización, sino también a recuperar la confianza en el conocimiento como una herramienta compartida para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo.

Una legislatura más, los parlamentarios del Reino de España han sido incapaces de ponerse de acuerdo para legislar a favor de extender los derechos de los pacientes en el final de la vida.

Se argumentará que es un tema muy complicado, pero la eutanasia activa y/o el suicidio médico asistido son prácticas legales en países como Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo, Holanda, Suiza y en siete estados de los Estados Unidos.

En estos países, en los que ambas posibilidades están reguladas siguiendo un proceso muy controlado cuyo objetivo principal es salvaguardar la protección del paciente, estas muertes suponen entre el 0,3% y el 4,6% de todos los fallecimientos, unas cifras reducidas que indican que la legalización no conlleva un abuso en el recurso a estas prácticas.

En España, los estudios disponibles y las encuestas más recientes muestran que tanto la eutanasia como, en menor medida, el suicidio médico asistido, también denominado ayuda en la muerte, son prácticas que cuentan con un importante y creciente apoyo entre la población.

En lo que sigue presentamos los principales resultados de una encuesta online realizada en noviembre de 2018 a partir de un panel probabilístico de la población española de 18 y más años (IMOP). En la encuesta, financiada con una beca de investigación de la Fundación Victor Grifols i Lucas, preguntábamos acerca de las opiniones de la población sobre distintos temas potencialmente controvertidos en bioética, entre los que se incluían preguntas sobre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia médica voluntaria.

¿Qué piensan los españoles de estas prácticas?

Como se aprecia en el gráfico, a la gran mayoría de la población española le parece bien que se permitan tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Entre el 78% y el 88%, según se adopte una definición más o menos restrictiva del apoyo, juzga como bueno que se permita la eutanasia activa voluntaria. Esta cifra oscila entre el 72% y el 85% en el caso del suicidio médicamente asistido.

Estos resultados son equiparables a los obtenidos en encuestas similares realizadas en España. Así, por ejemplo, una encuesta de IPSOS de 2018 situaba el apoyo a la regularización de la eutanasia en torno al 85%, un apoyo muy similar al 84% obtenido por Metroscopia el año anterior. Aunque no abundan las encuestas entre los profesionales médicos, las disponibles también muestran un respaldo ampliamente mayoritario a ambas prácticas en este colectivo. Estos datos ponen de manifiesto que el nivel de apoyo en España es similar al que existe en aquellos estados en los que estas prácticas son legales desde hace tiempo.

Sin embargo, de manera paradójica, los encuestados no son conscientes de la existencia de este amplio consenso en torno a los denominados “derechos de salida”. En otra de las preguntas del cuestionario pedíamos a las personas entrevistadas que nos dijeran qué porcentaje de la población creen que está de acuerdo con permitir estas medidas. El 81% da porcentajes inferiores al nivel de apoyo declarado de la eutanasia y el 71% al del suicidio asistido. La media del apoyo percibido de la eutanasia es del 60% (frente al 78% de apoyo declarado) y del 56% en el caso del suicidio asistido (frente al 72% de apoyo declarado).

El estudio no proporciona claves que nos permitan explicar esta disparidad entre el apoyo declarado y el apoyo percibido pero, al menos como hipótesis, es posible pensar que la presentación habitual del tema como un debate entre posturas enfrentadas puede estar contribuyendo a este hecho.

¿Pueden ambas partes tener razón?

Pero, ¿existe realmente esta polarización? ¿Perciben los entrevistados que ante los derechos de salida solo una de las posturas es la correcta?

La encuesta incluía una pregunta para ver cómo juzga la población española un desacuerdo moral en este terreno. En el caso de la eutanasia activa voluntaria y el suicidio médicamente asistido resulta muy interesante ver cómo, a pesar del abrumador apoyo a la regulación legal de dichas medidas, la mayoría de la población española percibe ambivalencia moral (“ambas partes pueden tener razón”).

El 54% de la población admite que en el caso de la eutanasia activa pueden tener razón tanto quienes defienden que es algo moralmente aceptable como quienes defienden lo contrario. Este porcentaje asciende al 58% en el caso del suicidio médicamente asistido.

Asimismo, resulta interesante señalar que esta posición de aceptación de la discrepancia en el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido se produce tanto entre quienes están a favor de estas prácticas como entre quienes se declaran en contra (las diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas).

En temas de bioética ¿somos los españoles consecuencialistas?

Para terminar, nuestra encuesta sobre desacuerdos bioéticos también preguntaba a los participantes si en su opinión se debía permitir la eutanasia activa y el suicidio médico asistido entre otras cuestiones bioéticas “siempre, independientemente de las consecuencias para las partes afectadas”, “nunca, independientemente de las consecuencias para las partes afectadas” o “cuando las consecuencias positivas son mayores que las consecuencias negativas para las partes implicadas”.

También se presentaba a los participantes con una serie de dilemas donde se confrontaban valores morales en conflicto en relación con los temas potencialmente controvertidos y se pedía a los participantes que dieran una justificación sobre por qué preferían permitir o prohibir dichas prácticas.

Las respuestas dadas a estas preguntas nos permiten clasificar a la población en función de si su posición respecto a estas cuestiones responde a criterios relacionados con principios de tipo moral (justificación deontológica) o definidos en función de las consecuencias que tiene para las partes implicadas (justificación consecuencialista) o bien una justificación mixta (con elementos de ambas).

Lo que observamos fue un patrón en el que aquellas personas que respondían sin reconocer ambivalencia moral (“solo una parte puede tener razón”) daban respuestas menos consecuencialistas y justificaciones más deontológicas. A la inversa, aquellos que reconocían una mayor ambivalencia moral, mostraban mayor preferencia porque la legislación tenga en cuenta las consecuencias para los afectados y tenían una probabilidad mayor de dar justificaciones consecuencialistas. Además, observamos que auto-adscribirse una identidad fuerte (el responder que el ser de izquierdas, de derechas, católico o musulmán es importante para uno) es uno de los mejores predictores de tener actitudes no consecuencialistas.

Más allá del amplio apoyo de la población española a estas medidas, es llamativo el porcentaje de apoyo intuitivo dado hacia el anticonsecuencialismo. Un porcentaje no bajo de personas están dispuestas a apoyar en un primer momento medidas de permisión o prohibición independientemente de las consecuencias que dichas leyes tengan para las partes afectadas. Si pensamos en el reciente borrador de ley que eliminaba la Ética de la ESO este dato proporciona materia para reflexionar.

En esta próxima legislatura, ¿alcanzarán nuestros representantes políticos el acuerdo que la ciudadanía parece estar pidiéndoles?

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.The Conversationaquí

Una parte importante de los conflictos sociambientales se da porque no se considera la capacidad de decisión de las poblaciones afectadas y porque se descuenta el "conocimiento local".

Hugo Viciana & Mina Kleiche-Dray (Institut de Recherche pour le Développement, Centre Populations et Développement, IFRIS)

La concesión, este último año, del premio medio ambiental Goldman a la hondureña Berta Cáceres y del premio Martin Ennals de derechos humanos a la mexicana Alejandra Ancheita ha permitido subrayar, una vez más, la aparente colisión entre derechos humanos fundamentales y visiones del desarrollo económico que sufren comunidades locales y poblaciones migrantes en Latinoamérica que a menudo se ven afectadas por grandes proyectos estatales o de empresas transnacionales. Un choque de trenes entre lo local y lo transnacional que es si cabe más agudo en el ámbito de los conflictos medioambientales.

El área de Latinoamérica y el Caribe contiene aproximadamente un 50% de los recursos en biodiversidad del planeta. Al mismo tiempo, estos países se cuentan entre los más afectados y sus poblaciones entre las más vulnerables frente a determinados efectos de las dinámicas actuales de la globalización. Un mapa virtual de geolocalización de conflictos socioambientales elaborado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización recoge alrededor de un centenar de regiones afectadas en Latinoamérica y el Caribe. El Atlas de Justicia Ambiental también señala a Latinoamérica como una de las zonas más calientes en el ámbito de los conflictos medioambientales.

Y ello aun cuando el Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992 promovía el respeto hacia “las comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos”, y afirmaba “la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan” de sus saberes prácticos sobre el medio ambiente. Sin embargo, la bioprospección, el dispositivo de derecho por el que el mencionado convenio preveía que el conocimiento autóctono sobre la biodiversidad pudiera ser “el nuevo oro verde” cuya explotación industrial suministraría royalties a las comunidades indígenas, ha resultado ser, todo parece indicarlo así, una “promesa incumplida” (según la fórmula del sociólogo francés Jean Foyer).

En este contexto, cabe interrogarse de manera realista por el papel que han de ocupar hoy los saberes autóctonos en la gobernanza ambiental, entendida ésta, simplemente, en el sentido del “quién”, el “cómo”, el “cuándo” y el “sobre qué” en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos.

En el caso de América Latina, es frecuente denunciar un extractivismo que se da a dos niveles: por un lado, en su sentido más literal, en cuanto muchos de los conflictos socioambientales actuales son relativos a la explotación de recursos naturales no renovables que tienen, además, un impacto nada desdeñable (externalidades) sobre el ambiente; por otro lado, por una gobernanza que en muchos casos puede ser descrita como el resultado de la dirección impuesta por instituciones extractivas, en el sentido en que una parte importante de la población se ve excluida, primero, de los procesos de decisión en la configuración de los proyectos de desarrollo y, luego, de gran parte de los beneficios que reportan dichos proyectos. Entre la justicia social y el aprovechamiento de la inteligencia colectiva de una capa de la población que hasta hace poco estaba ampliamente excluida de estas tomas de decisiones, creemos que es posible despejar algunos equívocos que obstaculizan el diálogo entre saberes autóctonos y saberes científico-tecnológicos.

Por una parte, se ha señalado que, aunque útiles en el seno de estudios de antropología o agronomía de cara al uso de los recursos naturales, determinadas categorías tales como “conocimiento indígena” o “conocimiento local” han podido a veces transformarse en meros fetiches, sin ser realmente eficaces a la hora de deshacer las injusticias estructurales en las que viven muchas de estas poblaciones. Por otra parte, los trabajos que han analizado los proyectos desarrollistas del siglo XX han mostrado cómo la investigación científico-tecnológica en torno a materias de alto potencial económico, como son los recursos naturales, experimenta una clara tendencia a orientarse hacia las áreas con mayor financiación. Por eso, puede existir a veces escaso control democrático sobre la dirección de dicha financiación tecnológica, influyendo en el debate y contribuyendo al desequilibrio de fuerzas por lo que hace a la autoridad de quienes son escuchados como “expertos”.

Frente a esto, recientemente, en un documento de recomendaciones dirigidas a los representantes políticos y tomadores de decisiones señalamos el modo en que: “El uso sostenible de los ecosistemas requiere la inclusión de los actores sociales que interactúan con la naturaleza. Para ello se requiere conocer, para cada actor, su racionalidad, su ubicación en la cadena productiva, su condición de productor o destructor de la biodiversidad y especialmente sus saberes, en conjunto con los cambios tecnológicos actuales.”

Porque, efectivamente, los conflictos socioambientales parecen jugarse muchas veces en el terreno de la autoridad epistémica, en su viejo sentido de “auctoritas” o aquel saber que tiene la última palabra en el diálogo con otros saberes. Esto, que sucede efectivamente en una serie de controversias socioambientales, creemos, puede inducir a error, en lo que puede ser interpretado en muchas ocasiones, de modo más eficaz, como un conflicto en torno a la participación en los procesos de decisión.

El caso de los conflictos simbólicos en torno al maíz en México, un fenómeno social que ha recibido relativamente poca atención en Europa, podría ser un ejemplo. México, percibida generalmente como la cuna histórica en la domesticación del maíz, es también uno de sus principales focos de biodiversidad. En un país donde el maíz ocupa una parte fundamental de la alimentación, en el que una mayoría de las unidades agrícolas son familiares y campesinas, un amplio porcentaje de las cuales lo son, además, en régimen de subsistencia, la biodiversidad del maíz ha venido a ocupar un puesto importantísimo en el imaginario colectivo nacional. Numerosas asociaciones civiles se articulan desde hace unos años en torno a esta cuestión y han empezado a cosechar éxitos notables. Sin ir más lejos, en este último año se ha ratificado la orden judicial de no otorgar nuevos permisos para la siembra de maíz transgénico a raíz de demandas interpuestas por estas asociaciones.

Es en este contexto las críticas a los transgénicos, aunque se presenten a menudo como una confrontación directa con la auctoritas tecnocientífica, puede verse también como una crítica más general al reparto de los riesgos, los costes y los beneficios en procesos socioeconómicos en los que las distintas partes pueden enarbolar valores que pretenden ser superiores, si bien, en último término, unas partes son susceptibles de sufrir desproporcionadamente más la violencia del proceso que otras.

¿Es posible pues un diálogo con los saberes autóctonos en el marco de los proyectos de desarrollo para la región? Frente al obstáculo de lo que se presenta como una confrontación irreconciliable de valores o de auctoritas, creemos que no sólo es posible sino necesario este diálogo de saberes a fin de afrontar con mayores garantías los conflictos socioambientales actuales y potenciales en Latinoamérica. Una parte importante del origen de dichos conflictos proviene, así de claro, de que no se tiene suficientemente en cuenta la capacidad de decisión de las poblaciones afectadas, descontándose a menudo su aportación en términos epistémicos o de autoridad en la materia. En décadas recientes, tras operar durante largo tiempo en los márgenes del Estado, muchas de estas poblaciones han estado articulándose en agrupaciones civiles para intervenir en las decisiones de gobernanza ambiental a través de los instrumentos estatales. Y es probable que esto continúe ocurriendo y que se incremente cada vez más, reivindicándose con fuerza los saberes autóctonos como forma de empoderamiento, pese a la rápida degradación medioambiental o, acaso, precisamente por su acicate.