Son casi seis años; sí, seis años a poco de cumplirse… En esos casi seis años, el periodo que ha transcurrido desde la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de los decretos 12/2010 y 21/2010 (ambos de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por los temporales de los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de ese año, el primer decreto, y del 15 y 16 de ese mismo último mes y ejercicio, el segundo), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, como ahora se denomina y que lidera Narvay Quintero (de AHI-CC), no ha tenido tiempo ni recursos económicos para resolver las peticiones de los agricultores y ganaderos de Canarias que se vieron afectados por esos días de fuertes precipitaciones y vientos y que además, acogiéndose a lo establecido por los mencionados decretos, solicitaron apoyo público a la Comunidad Autónoma con el objeto de reparar los daños que entonces se ocasionaron en sus producciones e infraestructuras agrarias.

Pese a que, como ha quedado demostrado en este caso, el Gobierno de Canarias y sus departamentos autonómicos no cumplen todos los compromisos adquiridos, esta misma semana, tras los fuertes destrozos producidos por una borrasca en Gran Canaria y el resto de islas orientales, se ha vuelto a poner en marcha la máquina de proclamar más apoyos públicos para echar una mano y reconstruir lo que se llevó por delante la tromba de agua, también en el sector agrario de esas islas, por cierto no muy afectado. Lo que aún no se sabe con exactitud es si la resolución de las ayudas que se soliciten a partir de la publicación de la nueva convocatoria específica va a tener que ponerse a la cola y esperar, como ocurre con las equivalentes por los temporales de principios de 2010, casi seis años; cerca de seis, que se dice pronto.

Aquella vez, en enero y febrero

En el caso de Tenerife, por los temporales de enero y febrero de 2010, ya han pasado mucho más de cinco años desde que se presentaron las solicitudes correspondientes de petición de apoyo público y aquí, por ahora, todo ese tiempo después, nadie dice nada y el apoyo comprometido no aparece por ningún lado, que es lo peor y en lo que no repara la Consejería de Agricultura.

Solo se sabe que ese mismo departamento autonómico hizo un intento de pago a finales del año 2013, acción que no llegó a consolidarse, otra vez más, con el argumento de la falta in extremis de recursos económicos.

Los temporales de lluvia y viento de los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2010, más el siguiente del 15 y 16 de ese mismo mes y año, ocasionaron cuantiosos destrozos en el campo de las Islas, en especial en los territorios más occidentales.

El impacto negativo de esas intensas y continuas precipitaciones (más el viento) en explotaciones agrícolas y pecuarias de Canarias, en especial en Tenerife, propició que el Consejo de Gobierno dictara los decretos 12/2010 y 21/2010, que, por lo que se ve, casi seis años y medio después y pese a sus rasgos de “urgentes” elementos reparadores, no han servido para aliviar el impacto económico sufrido por los profesionales del sector agropecuario local.

Como parece que ya es norma habitual, la razón de que aún no se haya pagado con cargo a esas convocatorias de apoyo público (al menos para lo que los decretos recogían dentro del epígrafe Producciones e infraestructuras en el sector agrario) guarda relación, como era de esperar, con la escasez de recursos económicos que afecta a la Consejería de Agricultura (y a todo el Gobierno autonómico), que, de seguir con el actual olvido, seguro que batirá un récord Guinness a la mala gestión pública.

Sin noticias del gestor público

En todo este tiempo transcurrido, lo único positivo que se ha apreciado en la Consejería hoy regida por Narvay Quintero respecto a este problema ha sido la puesta en orden de todos los expedientes a finales de 2013, en lo que entonces se consideró un intento de pagar las ayudas pendientes y tan esperadas por los beneficiarios potenciales, hoy más hartos de tanto infortunio y de tan nula eficacia administrativa.

Mientras en la Consejería de Agricultura sus gestores ven qué hacen con esta papa caliente, de las que ya queman mucho, hay agricultores y ganaderos locales que siguen cruzados de brazos a la espera de noticias, sobre todo por si alguien es capaz de decir qué, cómo y en qué cantidades se pretenden reparar los daños ocasionados en producciones y estructuras agrarias isleñas por la intensa lluvia y viento de principios de 2010. Es lo que dicen y a lo que obligan los reseñados decretos, aunque tenga que ser casi seis años después…

Una de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias adscrita a la Consejería de Economía, Industria Comercio y Conocimiento, la llamada Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan), convocó este jueves a su consejo de administración y en él nombró a José Joaquín Bethencourt, de Coalición Canaria (CC) y exconsejero insular de Agricultura en el Cabildo de Tenerife, nuevo consejero delegado de la citada entidad mercantil. En esta función, Bethencourt cobrará un sueldo bruto por año superior a los 60.000 euros.

Esa designación, realizada en el ámbito que controla CC en el Ejecutivo autonómico (el puesto que ya ocupa Bethencourt tiene como punto de partida una decisión de ese partido que se ejecuta en una empresa pública vinculada a una consejería controlada por CC, la de Economía, con Pedro Ortega al mando), supone el regreso a puestos de responsabilidad pública de José Joaquín Bethencourt.

Este político ya ha ocupado cargos públicos en el Cabildo de Tenerife, por ejemplo en el mandato pasado, y fue la persona a la que Carlos Alonso, en su condición de presidente insular, destituyó como consejero de Agricultura tras el escándalo de la importación de vino blanco de La Mancha por parte de la empresa Bodegas Insulares de Tenerife, entidad con participación pública del Cabildo y sociedad en la que entonces Bethencourt era presidente del consejo de administración.

Tras esa honda crisis, que significó que la joya de la corona en el sector vitivinícola local, la misma empresa controlada por el Cabildo, fuera trincada en una operación tan poco justificada y de tan mal gusto, hubo una lluvia intensa de peticiones de dimisión-destitución, lo que en ese momento motivó el cese de Bethencourt como responsable de Agricultura en el Cabildo de Tenerife (noviembre de 2014) y su sustitución por Jesús Morales, que pasó a ocupar ese puesto y es el área en la que sigue en la actualidad.

Entonces, en vez de dejar a Bethencourt sin cartera en el Cabildo, lo que prefirió Carlos Alonso fue un cambio de cromos: Morales, de Aguas a Agricultura, y José Joaquín Bethencourt, de Agricultura a Aguas, que así nadie se quedaba sin su respectivo sueldo.

Después del cierre del mandato anterior, José Joaquín Bethencourt, siempre muy dado a jugar un papel activo en el ámbito público tinerfeño, se había mantenido alejado del mundanal ruido político y había optado por entrar en hibernación. Esto ha sido así hasta ayer, cuando lo que le habían prometido desde CC se pudo llevar a cabo; eso sí, tres meses después de las últimas elecciones autonómicas.

Designaciones a pares

La familia Bethencourt Padrón ya tiene dos cargos políticos en el Gobierno de Canarias, José Joaquín, ahora consejero delegado de Sodecan, y su hermano Juan Manuel, director general de Comunicación, exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de La Laguna, y periodista y exdirector de Diario de Avisos.

José Joaquín Bethencourt, pese a su juventud, ha desarrollado una amplia carrera política en el Cabildo de Tenerife, donde llevaba año tras año ocupando puestos de responsabilidad pública. Licenciado en Farmacia y con un máster en gestión empresarial, se le conocen pocos trabajos en el sector privado, uno de ellos en Cervecera de Canarias.

La vuelta de José Joaquín Bethencourt al ruedo político-administrativo es una demostración de la poca renovación que ha habido en la elección de cargos por parte de CC y también la prueba palpable de que las “puertas giratorias” están muy bien engrasadas en ese partido.

El plátano canario ha vuelto a sumar un nuevo fracaso en sus intenciones de mejorar el apoyo público que ahora recibe y no está vinculado a la inversión (el de las subvenciones). Esta vez la frustración tiene que ver con que un año más, tampoco en 2016, esa actividad agrícola tan relevante en las Islas no podrá participar en la medida estatal de compensación al transporte de mercancías vegetales e insumos ganaderos con origen o destino en las islas Canarias (la contemplada para los productos incluidos en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea).

Pese a que la asignación global de apoyo público al transporte de productos agrícolas (los del Anexo I) e industriales (los no incluidos en el Anexo I) locales y de insumos ganaderos e industriales (inputs) con destino a Canarias se ha incrementado el 91% en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, lo que implica pasar de los 28 millones de 2015 a los 53,56 previstos para el año próximo, el plátano seguirá al margen de tal beneficio público.

Esta situación, que está a punto de consolidarse (se hará con la aprobación definitiva de las nuevas cuentas estatales), implica que la norma que regula tal medida para las mercancías del Anexo I (productos agrícolas e insumos ganaderos) seguirá siendo el Real Decreto 170/2009 (modificado por el 349/2011, de 11 de marzo), donde se deja muy claro que “(…) el transporte marítimo interinsular o con destino al resto de España de productos agrícolas originarios en las islas Canarias, a excepción del plátano, gozará de una compensación de hasta el 70% de los costes regulados (…)” de “(…) 2012 en adelante”.

Los negociadores de la participación específica de las Islas en el nuevo presupuesto estatal de 2016 (para las medidas del REF), o sea, los gobiernos canario y español, han dado por buena la próxima cantidad anual, de poco más de 53 millones de euros, y claramente han preferido evitar más incumplimientos en este capítulo a los ya sumados desde 2010, año desde el que no se satisfacen los porcentajes máximos de apoyo establecidos hasta llegar al tope hoy vigente del 70%, de aplicación de 2012 en adelante (cuatro años).

Desde ese año hasta 2015 (etapa aún no cerrada), en ninguno de los ejercicios que forman tal periodo, se ha podido atender el nivel máximo fijado para la compensación al transporte de mercancías; esto es, el 70% de los gastos que se consideran subvencionables (los que así están regulados). En 2013 y 2014, la media abonada estuvo en la horquilla 25%-35%, mientras que la previsión para 2015 es alcanzar el 50%, aún 20 puntos por debajo de lo establecido desde 2012.

Preferencia por los actuales

Con la subida contemplada, que es espectacular (del 91%) y será de aplicación en las operaciones realizadas en 2016, se prevé pagar la ayuda en el porcentaje del 70%, el que fijan el Real Decreto 349/2011, de 11 de marzo (el de las mercancías del Anexo I -productos agrícolas locales e insumos ganaderos con destino a Canarias), y el Real Decreto 350/2011, también de 11 de marzo (el de las mercancías no incluidas en el Anexo I -productos industriales locales e inputs para este sector en el Archipiélago-).

Tras esta decisión política, que es el resultado del consenso entre las partes estatal y canaria, el plátano isleño, que recibe todos los años 141 millones de euros en ayudas directas y comunitarias del programa Posei (esa cantidad representó 0,40 euros por kilo comercializado en 2014, según la cifra oficial de ventas servida por Asprocan), fracasa en uno de sus dos principales objetivos a corto y medio plazo: el de formar parte de la ayuda estatal al transporte de mercancías, para lo que tendrá que esperar al menos otro año.

El otro propósito, como bien han expuesto en numerables ocasiones el tinerfeño Leopoldo Cólogan, presidente de la APEB, y el actual titular de Asprocan, Santiago Rodríguez, será el incremento de la ficha financiera específica del Posei, los 141 millones al año, como compensación al desarme arancelario progresivo que beneficia a las importaciones de bananas, lo que dificulta que la fruta canaria mantenga o mejore su posición actual en el mercado peninsular, cada vez en cotas más bajas.

Apoyo condicionado del Parlamento

Pese a la defensa condicionada que aprobó hace poco el Parlamento de Canarias sobre la necesidad de meter el plátano isleño en la medida de compensación al transporte, esto ahora tampoco ha sido posible debido a que, antes de adoptar tal decisión, prácticamente todo el mundo coincidía en que era necesario dotar la partida estatal de recursos financieros suficientes para abonar la compensación según el máximo establecido de 2012 en adelante (el 70%) para los productos hoy beneficiarios.

Si se logra en 2016 llegar a ese nivel de apoyo para los que ya están en los anexos, los plataneros canarios lo tendrán más fácil en adelante para conseguir su objetivo, y esto siempre que la partida presupuestaria vuelva a crecer en cantidad suficiente para atenderlos, lo que, como es obvio, está por ver. En el año 2011, el PSOE, entonces en el Gobierno español, elaboró un borrador de norma para meter el plátano en la ayuda al transporte. Esa iniciativa político-administrativo luego terminó escondida en una gaveta de las tantas que hay en el departamento de Fomento en Madrid.

Los datos del mes de agosto sobre los precios en origen (en el campo) y en destino (en la venta final) de los productos agrícolas cultivados en Canarias (los frescos) vuelven a incidir en lo mismo: en el comercio interno de las frutas, verduras y tubérculos de oferta local los que más ganan son los agentes que forman parte de la distribución. En el lado opuesto a la opulencia, se hallan los agricultores, que muchas veces venden a precios que no cubren los costes de producción (al menos antes de recibir las ayudas directas del programa Posei), y los consumidores finales, los ciudadanos que eligen y llevan a sus casas aquellos alimentos, por lo que se ve a precios que pueden llegar a suponer ganancias desorbitadas para los intermediarios de este negocio.

Esta es, y hay que resaltarlo una vez más, la conclusión que se extrae del análisis de precios conocido con las siglas IPOD (Índice de Precios Origen-Destino), una variable que mes a mes difunde la organización profesional agraria COAG-Canarias tras su elaboración a partir de registros oficiales.

Para el último mes servido, el de agosto de 2015, los índices obtenidos son igual de desalentadores que los de periodos anteriores muy cercanos, al menos desde el punto de vista de los profesionales del campo isleño y de los consumidores finales radicados en Canarias, y ello debido a que la diferencia de precio medio entre la renta percibida por el agricultor y el pago final del ciudadano en los comercios minoristas es de tres puntos, lo que significa que los valores de transacción se elevan un promedio del 300% en el corto tránsito de la tierra de cultivo al expositor del supermercado o de la tienda de barrio.

Lo ya reseñado es lo que se ha detectado y por lo tanto se puede demostrar en el caso de los productos agrícolas canarios, con el diferencial de precio, el llamado IPOD agrícola, en 3,02 puntos. En el segmento pecuario, el que incluye nutrientes como la carne, la leche o el huevo de ofertas locales, el asunto mejora algo, con un IPOD ganadero de 2,14 puntos; esto es, con un aumento de precios de una fase a otra de más del 200%, tal y como reflejan los parámetros conocidos en el día de hoy a través de COAG-Canarias.

Si se realiza el cálculo conjunto de esos dos umbrales subsectoriales, se consigue el conocido como IPOD general, que para agosto de este año y siempre en Canarias fue de 2,58 puntos, algo menor al del mes de julio pasado (con el 2,75), pero aún por encima del valor mínimo que se ha logrado en los últimos doce meses: el IPOD general de febrero de 2015, con el 2,16.

Alzas de más del 800%

La distancia entre lo que pagan los consumidores y lo que reciben los agricultores y ganaderos canarios por los productos frescos que se comercializan en las Islas (IPOD) se acortó un poco en agosto de 2015 respecto al mes anterior, “lo que se explica principalmente por la escasez de producto local. Ello provocó un incremento de los precios en origen” y un estrechamiento leve entre esos márgenes, explican los técnicos de COAG-Canarias en una nota.

En agosto de este año, el IPOD general alcanzó los 2,58 puntos, pero la reducción general de los diferenciales de precios ocultó algunas alzas en referencias individuales. Es el caso de la col repollo, con un precio en los lineales de 1,15 euros por kilogramo, mientras que al agricultor sólo se le pagó 0,14 euros (diferencia de 8,55 puntos entre origen y destino). Además destacan, en el plano negativo, la acelga (el productor obtuvo 0,47 euros por kilogramo y el consumidor la abonó a 2,74) y la berenjena (con más 4,41 puntos).

Respecto a los productos ganaderos de las Islas, la ternera fue el artículo que presentó una mayor diferencia al elevar por 3,91, en la carnicería, el valor recibido por el comercializador primario.

Parte del sector productor del plátano en Canarias ha vuelto a poner el grito en el cielo, principalmente los pequeños agricultores de esta fruta en islas como La Palma, la segunda que más oferta plátano en el Archipiélago, por detrás de Tenerife. La razón de tanto desencanto se repite una y otra vez (máxime cuando llega el final de la primavera y se inician los fatídicos meses del estío para este negocio) y tiene que ver con la decisión que adopta la entidad Asprocan (que agrupa a las cinco organizaciones de productores de plátanos existentes en Canarias, o sea, toda la oferta) de activar la llamada “pica” semanal de plátanos, y se entiende que por exceso de oferta de esta fruta.

En los últimos tres meses y medio de lo que va de año (de mediados de abril a finales de julio), la decisión de reducir envíos a la Península, donde la demanda se ha reducido y los precios se han hundido (como es habitual en esta temporada al no haberse mejorado las opciones de comercialización fuera de las Islas), ha propiciado que casi nueve millones de kilos de toda la fruta cortada en ese mismo periodo haya tenido como único destino la basura, esto es, los complejos medioambientales de las islas donde esos alimentos se producen.

A esos casi nueve millones de kilos que se han destruido, hay que sumar los 2,4 millones entregados a la institución Banco de Alimentos (según los datos ofrecidos por el propio sector platanero), en la mayoría de los casos en sedes de la Península y asumiendo el productor isleño todos los gastos puerta a puerta. Si se suman esas dos cantidades, Asprocan ha hecho descender la oferta de plátano canario en casi once millones de kilos en solo tres meses y medio, cifra global que solo da pérdidas al agricultor canario y que, en algunos casos, ni con el abono de la ayuda comunitaria que éste recibe cada seis meses logra compensarlas, o sea, salir de los números rojos.

Los once millones de plátanos que no han sido comercializados sino destruidos o entregados como labor humanitaria al Banco de Alimentos suponen el 3% de la producción comercializada en 2014 (en 12 meses), según el dato oficial servido hace pocas semanas por la propia Asprocan. Ello implica unas pérdidas para los agricultores que se estiman en torno a los seis millones de euros, que vienen a ser los costes de producción asumidos hasta el corte y luego no compensados ni en parte vía mercado, pues no ha habido venta de la fruta.

Pero esos costes de producción no son los únicos que restan en la cuenta del platanero, pues la “pica” y el envío al Banco de Alimentos también implica incurrir en otros gastos, tanto por lo que factura el empaquetado como por el transporte realizado, mucho más gravoso si los plátanos se mandan a la Península.

La prueba más extrema de hasta dónde ha llegado la “pica” este año se tiene en la semana 27, la primera del pasado mes de julio, cuando la cantidad de plátano que se tiró a la basura fue de un millón de kilos, por los casi cinco que se embarcaron a la Península. Ello representó la destrucción de nada más y nada menos que el 17% del corte practicado esa misma semana.

Marruecos, otro pudo ser

Marruecos pudo ser y al final no fue, al menos por lo poco que esta puerta ha durado abierta en lo que va de año. En los últimos tres meses y medio de “pica” va, “pica” viene, exactamente en la semana 29 (del 13 al 19 de julio), Canarias logró algo que hasta entonces podía parecer un imposible: vender su plátano fuera de España y Portugal. Ello lo consiguió en Marruecos, donde a través de un empresario de ese país cerró una operación e introdujo unos 120.000 kilos; esto es, seis camiones. La relación comercial parecía que iba viento en popa, con gran aceptación de la calidad de los dos primeros camiones, pero se rompió de forma brusca cuando se procedió con el resto del encargo, que ya no gustó tanto por la baja calidad de la fruta ofrecida, tal y como han señalado fuentes conocedoras de esta fallida exportación.