Llevaba tiempo queriendo compartir mis reflexiones sobre los derechos de ciudadanía en la era de las sociedades postnacionales. El documentado artículo de Javier de Lucas 'Un escándalo hipócrita' me ha dado el empujón definitivo. 

La última ofensiva xenófoba de Vox y PP -me niego a llamarla batalla cultural- de la “prioridad nacional” es una oportunidad para analizar el desajuste que en nuestra sociedad se produce entre ciudadanía social, nacionalidad y derechos. No deberíamos desaprovecharla.

Las sociedades que nacen con la industrialización -el factor tecnológico es siempre el desencadenante de grandes disrupciones- se construyeron sobre un paradigma, el de la ciudadanía vinculada a la nacionalidad reconocida por el Estado nación. 

En 1789, la ''Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano' supuso un claro avance de civilización. Pero, en la medida en que solemnizó una distinción entre los derechos humanos y los de los ciudadanos, sentó las bases de futuras discriminaciones. Ya lo intuyeron los impulsores del sufragio universal -un universo entonces solo masculino- en la Constitución republicana de 1793.

En aquellos momentos de centralidad del Estado nación, la vinculación de los derechos de ciudadanía a la nacionalidad tenía su lógica. Hoy, en la era de las sociedades postnacionales, discriminar en el acceso a los derechos de ciudadanía en función de la nacionalidad erosiona la cohesión social, que es un factor clave de las democracias.

La Constitución española de 1978, hija tardía de ese modelo de sociedad que entonces ya comenzaba a desaparecer, establece esa distinción en el acceso a los derechos entre los ciudadanos nacionales y los que no ostentan esa condición. 

Así queda reflejado en la jurisprudencia constitucional, que solo reconoce como derechos de acceso universal los referidos a la dignidad humana, quedando el resto de los derechos fundamentales sometidos a la discrecionalidad del legislador de cada momento y restringiendo expresamente los derechos de participación política a quienes ostenten la nacionalidad española, con la única excepción del sufragio en las elecciones municipales en determinados supuestos. 

En descargo del constituyente conviene recordar que la sociedad de 1978 no tenía nada que ver con la actual. Hace 48 años solo el 0,43 % de los residentes en España eran extranjeros, incluidos los de los países que hoy forman parte de la Unión Europea. 

Actualmente, este porcentaje se sitúa en el 14,6%, y llega al 20,2% si atendemos a la población residente en España nacida en otros países. Este no es un fenómeno puntual sino un reto estructural para el que no tenemos aún respuesta. 

Las recientes (abril 2026) proyecciones demográficas de Eurostat para el 2100 apuntan a que España va a continuar creciendo en población hasta los 54 millones, que se alcanzarían en 2050, para después decrecer, pero manteniendo un saldo ligeramente positivo en el 2100. 

En estas proyecciones, España aparece como uno de los pocos países europeos que van a aumentar su población y la totalidad de ese crecimiento va a ser como consecuencia de los flujos migratorios. Es más, si prescindiéramos de la aportación migratoria la población española caería de los cerca de 50 millones actuales a los menos de 24 millones en el 2100. 

Lo que hace cinco décadas era un factor anecdótico, hoy ya es la norma y cada vez lo va a ser más. Nuestra sociedad, como todas las europeas, va a estar formada desde los parámetros actuales de nacionalidad por ciudadanos de muchas nacionalidades distintas. 

No se puede encapsular a las personas en sus comunidades de origen, manteniéndolas segregadas o exigiéndoles su asimilación como condición previa para el acceso a derechos de ciudadanía. 

Afortunadamente, hay factores que atenúan este desajuste. Nuestra Constitución no restringe a los españoles, sino que reconoce a “todos”, sin vincularlos a la nacionalidad, derechos como la educación (art. 27), la libre sindicación (art. 28) o la protección a la salud (art. 43). 

Esa importante palanca constitucional ha permitido a los gobiernos progresistas reconocer estos derechos a los extranjeros sin discriminar por la nacionalidad. Lo hace, por ejemplo, en su artículo primero, la Ley General de Sanidad, de la que ahora celebramos sus cuarenta años. Pero estos derechos no están garantizados para siempre, como puso de manifiesto el Gobierno de Mariano Rajoy con decisiones que restringieron el acceso al sistema nacional de salud a los no nacionales.  

La pregunta colectiva que debemos hacernos es si en sociedades postnacionales como la nuestra tiene sentido continuar discriminando a las personas que forman parte plena de nuestra comunidad solo por el hecho de que tengan una nacionalidad diferente a la española. Eso en un contexto en el que en algunas CCAA esas personas suponen ya el 19% del total. 

La respuesta, irreflexiva y visceral, de amplios sectores de la sociedad es que sí, que podemos discriminarlos, porque nuestro imaginario continúa anclado en la contraposición entre el “nosotros y ellos, los bárbaros” propio de nuestras raíces tribales y de sociedades que se pretenden homogéneas.

En un momento de graves retrocesos democráticos, la profundización de la democracia comporta, entre otras cosas, eliminar o restringir las diferentes formas de exclusión. No podemos continuar negando derechos básicos a un porcentaje muy significativo de la población a los que se excluye del derecho a participar en el gobierno de sus propias vidas. 

En puridad, nuestro sistema electoral es hoy una variedad moderna de sufragio censitario, en el que se niega el derecho a voto a una buena parte de la ciudadanía, como en otros momentos se negó a los no propietarios, a las mujeres o por razones de raza. 

Esta discriminación produce exclusión social y comporta graves consecuencias, como las detectadas por el geógrafo urbano Oriol Nel.lo. En Catalunya, el 32% de los jóvenes de 18 a 35 años de las unidades censales con mayor pobreza no tienen derecho a voto. 

Conviene recordar una obviedad: son personas que ejercen plenamente la ciudadanía social. Viven en los mismos pueblos y ciudades, en ocasiones en los mismos barrios, comparten centros educativos, pagan los mismos impuestos, participan de la misma vida social y asociativa. Sin obviar que, en las empresas en las que trabajan, las personas inmigrantes se afilian sindicalmente y pueden ser electoras y elegibles en las elecciones a representantes unitarios de los trabajadores -delegados y comités de empresa. Confirmando una vez más el papel central que juega el trabajo en la construcción de la ciudadanía social. 

Ha llegado el momento de que nos planteemos seriamente que en las sociedades postnacionales el acceso a los derechos de ciudadanía no puede restringirse por razones de nacionalidad. Es cierto que algunas de estas personas con el tiempo llegan a adquirir la nacionalidad española, pero después de largos y costosos trámites durante los cuales sus derechos de ciudadanía permanecen en el limbo. 

En su artículo, Javier de Lucas recupera una idea que él y otros juristas vienen defendiendo desde hace años: facilitar el acceso a la nacionalidad por residencia estable. En la medida en que, a corto plazo, el concepto de nacionalidad no va a desaparecer, el acceso a los derechos de ciudadanía a partir de la nacionalidad por residencia resulta una manera pragmática de acabar con el desajuste entre ciudadanía, nacionalidad y derechos con la discriminación que ello comporta. 

Este es uno de esos cambios estructurales que no llega de un día para otro, por eso cuando antes nos pongamos a exigirlo antes lo conseguiremos. Sería una manera civilizada de darle la vuelta a ese retroceso civilizatorio de la “prioridad nacional”. 

Soy un enamorado de las canciones de Jorge Drexler. Sus letras me parecen un armónico maridaje de poesía y filosofía. No importa cuando las escuches te parecerá que están escritas para ese momento. En “Milonga de un moro judío” cada estrofa es un lamento que se clava en el corazón. Del suave grito por la paz de “No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida” hasta el antídoto frente al nacionalismo de “No hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido”. 

Sus letras irradian luz que ilumina algunos de los trances de la vida. La canción “Todo se transforma” ayuda a entender procesos que en apariencia —solo en apariencia— nada tienen que ver con la inspiración del poeta. Al escuchar estos días, una vez, “cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da” me pareció entender mejor eso que llaman absentismo laboral. 

En la controversia sobre su dimensión y causas las organizaciones empresariales suelen aportar datos fríos sobre el aumento de los días que las personas trabajadoras se ausentan, dicen injustificadamente, del trabajo. Con una mirada propia del capitalismo 'manchesteriano' meten en el mismo saco desde las horas dedicadas al ejercicio de derechos fundamentales hasta el tiempo en que los trabajadores permanecen en situación de incapacidad temporal bajo la supervisión de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. 

La respuesta de las organizaciones sindicales impugna la mayor y ofrece datos y una lectura alternativa de esas horas no trabajadas y sus diferentes y complejas causas. Como hay estudios muy profundos y rigurosos, entre ellos el publicado por Comisiones Obreras bajo el título “Ni un día menos”, no sería capaz de añadir nada nuevo. 

Algunos análisis apuntan a que podría existir una relación de causalidad o correlación (no son lo mismo) entre los ciclos económicos y la intensidad de los procesos de incapacidad temporal. Las patronales lo imputan a que en época de bonanza las personas trabajadoras se “cogen más bajas” -así como el que va al supermercado. Los sindicatos invierten la relación, al constatar que en momentos de elevado desempleo las personas van a trabajar incluso cuando están enfermos por el temor a perder el empleo. Una actitud que se revierte cuando la situación económica mejora y el temor al desempleo decrece. 

En un debate muy intenso, hay una mirada que, hasta donde yo sé, no se ha explorado. Me asaltó al escuchar “Todo se transforma”. “Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da”. Esta estrofa nos puede ser útil para entender cosas que se producen en el ámbito de las relaciones laborales. 

Empresas que continúan abusando del trabajo temporal, o de la rescisión indiscriminada del contrato durante los largos períodos de prueba pretenden recibir de sus trabajadores compromiso de permanencia en la relación laboral. Se sorprenden y denuncian que no encuentran trabajadores para puestos de trabajo vacantes. 

Empresas que imponen largas jornadas de trabajo, en algunos casos con horas extras no retribuidas, y que se niegan al control de la jornada pretenden recibir un compromiso incondicional de parte de sus trabajadores. 

Empresas que aplican ritmos de trabajo deshumanizadores, con control tecnológico de eso que ya se conoce como látigo digital, pretenden recibir de sus trabajadores el sacrificio de continuar trabajando incluso cuando enferman.

Sí, ya sé que hay casos que se podrían calificar de picaresca que no entran dentro de estas explicaciones. No me gusta cerrar los ojos para no ver la realidad y creo no ser cínico. Pero incluso en estos supuestos puede servir -sin explicarlo todo y siempre- las letras de Jorge Drexler. 

El desequilibrio entre lo que se da y lo que se pretende recibir desborda en muchas ocasiones el ámbito de la empresa para ampliar la responsabilidad a la sociedad. Un sistema socioeconómico que ningunea la formación de las personas, incumple las promesas de ascensor social y el imaginario de meritocracia no puede pretender que su ciudadanía le ofrezca a cambio abnegada implicación laboral. 

Una sociedad que acepta que la vivienda no sea un derecho, sino un producto financiero, y que fuerza a los trabajadores a vivir en caravanas o a realizar desplazamientos de muchas horas para acceder al trabajo no puede pretender que esas personas le respondan con compromiso. 

Un mundo que impide que las personas puedan vivir y trabajar en sus países y las obliga a emigrar en condiciones muchas veces inhumanas para después tener que soportar todo tipo de discriminaciones, no puede pretender a cambio recibir una implicación plena y sacrificada. El listado de ejemplos que expresan desequilibrio entre lo que se da y se pretende recibir por parte de las empresas y la sociedad podría ampliarse hasta el “infinitum”.

Me temo que, entre tanto ruido, no se le está prestando atención a un proceso de intensa y creciente desafección emocional de la ciudadanía. Que se produce no solo en relación con las instituciones democráticas, sino también respecto a muchos otros ámbitos comunitarios como el de la empresa. 

En el marco de la pandemia muchos medios llamaron la atención y convirtieron en noticia de portada un fenómeno que se detectó en EEUU, pero que tenía dimensiones globales. Incluso, como sucede en estos casos, se le puso un nombre atractivo. 

La “Gran Deserción” fue el calificativo con el que se describió el abandono voluntario de las empresas por parte de sus trabajadores incluso sin tener otro empleo alternativo. Se vinculó, a mi entender erróneamente, a los efectos psicológicos de la pandemia. Cuando esta se superó, la preocupación y la noticia pasaron a mejor vida como sucedió en otros ámbitos. ¿Recuerdan el amor infinito que nos entró hacia nuestros sanitarios? Pasada la novedad y la noticia no se ha hecho un análisis de lo que puede haber detrás de esa gran deserción, a pesar de que sus causas se mantienen. 

Los empresarios, los dirigentes patronales lúcidos (si los hubiera o hubiese) y el conjunto de la sociedad harían bien en analizar y profundizar en este fenómeno de desafección de los trabajadores con las empresas y el empleo. Es y será una realidad cada vez más creciente y que adquirirá formas diversas, aunque no se exprese con la visibilidad de la “gran deserción”. 

En ocasiones los conflictos sociales no se manifiestan a través de los mecanismos colectivos tradicionales y buscan otras formas más difusas, pero no por ello menos contundentes en sus impactos.

Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Lo canta Jorge Drexler.

He de reconocerles que no sigo de cerca la actividad del Consejo de Estado, pero su dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto en materia de control de la jornada de trabajo ha llamado mi atención. Quizás porque se refiere a una materia que ha marcado toda mi vida profesional y sindical. 

Hacerme con él no ha sido fácil y, como no me gusta opinar de oídas o a partir de titulares “demoledores”, he tardado más de lo aconsejable en hacerlo en un mundo en el que las noticias pierden actualidad a las pocas horas de saltar a la palestra. 

Una aceleración que, por cierto, choca con el sosiego y la reflexión que el Consejo de Estado reclama para sus funciones consultivas. Si se contrasta la multitud de requerimientos procedimentales que se establecen en la elaboración de las normas con los ritmos de la vida cotidiana, emerge una de las grandes disrupciones de nuestro tiempo. Instituciones y procedimientos pre-analógicos sometidos a la vertiginosa velocidad del mundo digital. 

Casi tan interesante como el cuerpo del informe me ha resultado la lectura de las alegaciones formuladas por los llamados a emitir su opinión. Más que previsible la oposición de las organizaciones empresariales. Curiosas, por ser prudente, las emitidas por otros ministerios distintos al de Trabajo.  

Las alegaciones de Economía “valoran positivamente la iniciativa y desfavorablemente su puesta en marcha”. Suena a nadar y guardar la ropa, para que nadie sospeche que a los ministerios de economía -desde que se creó el primero- nunca les ha gustado eso de ponerle obligaciones a las empresas.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública alega el elevado coste que tendría para las administraciones públicas tener que aplicar la norma. Al leerlo me he preguntado qué sucedería con el propio ministerio si se aplicara este criterio a su propia existencia. 

Al final de la lectura del dictamen me he quedado con la impresión que en estas alegaciones hay más fuego aliado que observaciones tendentes a mejorar la elaboración de la norma. Más adelante lo explico con ejemplos, pero como espóiler ya les adelanto que, a la vista de las muchas cosquillas que se le busca al Decreto, parece que mucha gente le tenía ganas a esta norma y a sus impulsores.  

Sobre el fondo del asunto, parto de la idea pacíficamente aceptada de que las leyes para ser útiles requieren ser cumplidas y que al poder ejecutivo le corresponde poner los medios para garantizar y controlar su aplicación. Es evidente que en materia de jornada de trabajo eso no sucede, como demuestra la millonada de horas extras realizadas que detecta la EPA. Algunas más allá de los límites fijados en el estatuto de los trabajadores, una parte de las cuales ni tan siquiera se retribuyen. 

No hace falta ser un especialista, basta con tener la vista y los oídos atentos, para saber que el actual mecanismo de control de la jornada de trabajo no funciona adecuadamente. En román paladino, algunas, demasiadas, empresas aplican aquello de “hecha la ley, hecha la trampa”

Entrando en materia. Me ha provocado verdadero pánico jurídico la contraposición que hace el dictamen entre la regulación normativa del control de la jornada y la que establecen algunos convenios colectivos -la minoría, por cierto-. ¿Son conscientes en el Consejo de Estado de que sus argumentos nos pueden conducir a la negación del papel de las normas legales en la regulación de las relaciones de trabajo? 

Entre las principales razones que utiliza el dictamen para rechazar la norma emerge el habitual argumento de su impacto en las pymes. Es evidente que la realidad de las pequeñas es muy distinta a la de las grandes empresas. Y que el legislador y el Ejecutivo deben tenerlo en cuenta. Aunque ese argumento serviría para desmontar todas las obligaciones fiscales, de seguridad social, de salud laboral. Y no por eso dejan de aprobarse, entre otras cosas porque sería discriminar a las personas que trabajan en las pymes.

Por cierto, quizás ha llegado el momento de entender que el apoyo a las pequeñas empresas no consiste en encerrarlas en una burbuja. Pasa por ayudarlas a crecer, a que dejen de ser pequeñas y adquieran musculatura económica. Lo necesitan las pymes para subsistir y también el país. Deberían entenderlo, especialmente, aquellos que dicen estar muy preocupados por nuestra productividad. 

Sinceramente, me parece que es buscar tres pies al gato que se utilice como argumento contra el control digital de la jornada que hay lugares a los que no llega la conexión de internet. ¿Eso no afecta al resto de operativas de estas empresas, las financieras, por ejemplo? ¿La solución es dejar de digitalizar la relación entre empresas y administración? o ¿mejorar la cobertura? Este es uno de los muchos argumentos peregrinos utilizados por el Consejo de Estado para negar su voto favorable al proyecto de Decreto.  

Los redactores del dictamen se lo podrían haber currado un poco más. Argumentar que los datos que aporta la memoria del Decreto sobre horas extras no pagadas -basados en las estimaciones de la EPA- deberían cuantificarse mejor es grotesco. ¿Se han parado a pensar que por definición las horas extras no pagadas son de muy difícil comprobación? Especialmente, si no se dispone de un control eficiente de la jornada en los centros de trabajo. 

Incluso se pone en duda de que la aplicación del control de la jornada pueda tener una incidencia positiva en la conciliación personal de vida y trabajo. Se califica este apartado de la memoria como un objetivo a alcanzar no avalado por datos contrastados. Con este rigor del Consejo de Estado, el que exigen, pero no practican, no hay norma que supere las exigencias de la ley sobre la evaluación de los impactos de género. 

Hay un hilo conductor que recorre todo el dictamen: los constantes argumentos o más bien excusas puestas por el Consejo de Estado para dudar de la posibilidad de que la digitalización pueda entrar en el terreno de las obligaciones empresariales. Digitalización sí, para todo y más, menos para el control de la jornada de trabajo.

He de decir, en cambio, que me parecen razonables algunas de las observaciones realizadas en el dictamen con relación a la necesidad de mejorar la protección de datos personales que debe garantizar cualquier mecanismo de control de jornada. 

Aunque incluso en este apartado algunos de sus razonamientos producen sonrojo. La memoria del Decreto justifica su necesidad en las dificultades que tiene la Inspección de Trabajo para controlar la jornada con el actual modelo. El Consejo de Estado para descalificar esta justificación aporta un argumento que más bien parece un chiste de Forges sobre funcionarios. Así afirman que “el hecho de que un determinado grupo de funcionarios pueda hacer su trabajo con mayor facilidad no supone justificación suficiente”. Por favor, tápense un poco, que no se trata de la comodidad de inspectores o inspectoras de trabajo. Es que, con el actual sistema, no pueden ejercer correctamente sus funciones de control de la aplicación de la ley. 

También merecen atención, a mi juicio, las observaciones hechas sobre los plazos en la entrada en vigor de la norma. Ello es importante porque no se pueden establecer obligaciones a las empresas, ni a ningún administrado, hasta tener la seguridad de que tienen a su disposición los mecanismos necesarios para su cumplimiento. 

El tronco del dictamen hace referencia a un tema de alta complejidad jurídica. La alegación, que asume el Consejo de Estado, de que el control digital debe regularse por una norma con rango de ley y no puede serlo por un Decreto es más que dudosa. Sobre todo, si se tiene presente que la regulación de la jornada de trabajo y el establecimiento de un registro diario, que incluye el horario, viene ya establecido en una norma con rango de ley, el estatuto de los trabajadores, en su artículo 34.

No quiero cansarles, concluyo que me he quedado con la impresión de que los redactores del informe llegaron primero a la conclusión de que debían cargarse el proyecto de Decreto y luego se pusieron a buscar argumentos bajo las piedras para justificar su negativa a la aprobación del Decreto proyectado. 

No se alarmen, aunque a los legos les cueste entenderlo, esta es una lógica muy habitual en el funcionamiento de los Tribunales, primero se decide el fallo de la sentencia y luego se arman los fundamentos jurídicos. Si eso se hace, a menudo, con resoluciones judiciales no es muy exagerado pensar que se haya hecho también con un dictamen del Consejo de Estado que en definitiva es un trámite preceptivo, pero no vinculante para el poder ejecutivo.   

Espero que en el Ministerio de Trabajo y en el Gobierno sepan encontrar la fórmula para mejorar el texto de la norma y así aprobar el control digitalizado de la jornada de trabajo. Por el bien de nuestro sistema democrático. No hay nada que erosione más la confianza de la ciudadanía en las instituciones que las personas tenga la convicción, fruto de sus traumáticas experiencias, que las leyes se aprueban, pero no se cumplen y no se hace nada para hacerlas cumplir. 

El agravio comparativo, convertido en el nuevo motor de la historia, es siempre el vencedor en los debates sobre financiación autonómica. Es una apuesta imbatible frente a la que los datos y los argumentos siempre pierden. 

Al ofrecer una explicación simplista que lo reduce todo a la condición de “perdedoras” de unas comunidades, frente a otras “privilegiadas”, oculta la complejidad derivada de las diferencias sociales en el interno de todas ellas.

Este es uno de los efectos indeseados -entre muchos positivos- del estado autonómico. Propicia un imaginario de identidades cerradas y compactas que niegan la diversidad social. A él se apuntan, entusiastas, todos los nacionalistas, los reconocidos como tales y los camuflados de ilustración jacobina. 

La opinión publicada se llena de quejas sobre el maltrato de la comunidad propia frente al privilegio de otras, que en realidad solo es una, Catalunya. Pero eso merece otro artículo. 

Quienes así argumentan, tanto desde las comunidades con menos capacidad tributaria, como desde las “ricas” obvian las grandes diferencias sociales que hay en cada una de ellas. 

En un reciente y novedoso estudio de EsadeEcPol se aportan datos sobre la desigualdad de riqueza en España, con las CCAA como referencia. Madrid tiene un patrimonio medio por hogar de 687.000 euros (2022), un 80% sobre la media nacional (excluyendo Euskadi y Navarra). Le siguen Baleares, Catalunya y Cantabria. En el otro extremo, Extremadura y Andalucía se sitúan muy por debajo de la media. 

La desigualdad de riqueza no solo se expresa entre CCAA, sino en el interno de cada una de ellas. Canarias, Baleares, Madrid y Catalunya son las comunidades en las que existe más desigualdad en el reparto de la riqueza. Entre las menos desiguales aparecen Castilla y León y Extremadura. 

Estos datos sirven para recordarnos una obviedad, en las CCAA “ricas” hay muchos pobres y viceversa, en las “pobres” también hay ricos. Un factor que nunca aparece en el radar y se oculta deliberadamente cuando se analiza el modelo de financiación autonómico.

Por eso resulta imprescindible relacionar el modelo de financiación autonómica con el sistema fiscal. El primero decide qué parte de la tarta fiscal va a parar al estado central y cuál a las CCAA (equilibrio vertical), para luego establecer cómo se distribuye entre las diferentes comunidades (equilibrio horizontal). Esa distribución se hace a partir de un sistema fiscal que determina el volumen total de la tarta y de dónde provienen los ingresos. 

En España, donde se ha alcanzado un nivel significativo de autonomía tributaria de las CCAA, algunas comunidades la utilizan para reducir la factura fiscal de los más ricos. Especialmente a través de la práctica desaparición del impuesto de sucesiones y donaciones, también del de patrimonio (aunque el gobierno de coalición ha intentado minimizar su impacto con la creación del “impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas”). 

Algunas CCAA, que reciben recursos del Fondo de Garantía de Servicios públicos Fundamentales (FGSPF) aportados por otras comunidades, al mismo tiempo reducen el esfuerzo fiscal que le exigen a las rentas y riquezas altas de su territorio. Es cierto que los cálculos del FGSPF se hacen a partir de la capacidad tributaria en términos normativos, o sea, antes de la reducción de impuestos que aplican, pero eso no evita la distorsión. Entre otras cosas, porque las transferencias de solidaridad de CCAA ricas a pobres -disculpen la simplificación- se hace con recursos que en las comunidades “ricas” aportan, entre otros, muchas personas trabajadoras con salarios medios o bajos, especialmente a partir del IRPF y el IVA. 

El actual modelo de financiación genera efectos perversos. Algunas comunidades que aportan recursos a la solidaridad terminan recibiendo unos ingresos per cápita inferiores al de las receptoras. Esos menores recursos tienen consecuencias, porque afectan negativamente a la cantidad y calidad de los servicios públicos que prestan. Y los más perjudicados son, también en esas comunidades “ricas”, las personas de rentas bajas y medias que suelen ser las que más precisan de los servicios públicos. 

Veamos algunos ejemplos. El presidente Jorge Azcón, uno de los más beligerantes contra los “privilegios” de Catalunya, en sus críticas olvida algunos datos. Aragón, con el actual modelo de financiación autonómica, entra en el sistema con unos ingresos tributarios propios (homogéneos) que son el 86,9% sobre la media y sale percibiendo 100,2%. Mientras, en Aragón se aplican reducciones de la base imponible del impuesto de sucesiones que pueden llegar a ser del 100% en herencias de hasta 3 millones de euros, que no es un pellizco pequeño.

Este regalo fiscal se reproduce en muchas CCAA, especialmente las gobernadas por el Partido Popular. Madrid, Andalucía, Valencia, Galicia, Murcia, Castilla y León o la Rioja tienen establecidas bonificaciones del 99%. 

Aunque el impuesto de sucesiones, junto al de patrimonio, suponen la cara más visible, son solo una parte del inmenso iceberg de los conocidos como beneficios fiscales, o sea, los ingresos que los contribuyentes dejan de aportar como consecuencia de la regulación fiscal del estado y de cada autonomía. Para ilustrar su dimensión económica basta recordar que en los Presupuestos del estado del 2023 (hoy prorrogados) los beneficios fiscales ascendieron a 45.268,75 millones de euros.

A estos se suman los que se incluyen en los presupuestos autonómicos. Volviendo a Aragón, en 2024, de los 1.816.848.000 euros de beneficios fiscales en impuestos cedidos y propios que dejaron de tributarse en esa comunidad, más de 500.000.000 corresponden a regulación autonómica. 

Ese mismo escenario se reproduce en Castilla y León, con unos beneficios fiscales totales (2024) de 3.171,6 millones de euros de los que 1.086.000.000 corresponden a impuestos propios o cedidos. El Ministerio de Hacienda y AIReF publican anualmente datos desglosados para cada comunidad. 

Detrás de estas cifras hay una evidencia que se obvia en los debates del modelo de financiación. En las CCAA “ricas” hay muchas personas pobres (en algunos casos en situación de pobreza extrema) y en las “pobres” también hay ricos. Por eso es imprescindible que el debate sobre la financiación autonómica vaya acompañado y relacionado con la discusión del sistema fiscal. Y sobre todo, que en los análisis no desaparezcan las grandes diferencias sociales que hay en el interno de cada una de las comunidades.

Llegados a este punto me pregunto ¿cuánto tardarán algunas izquierdas en salirse del marco ideológico que han impuesto las derechas, el del agravio comparativo entre CCAA, y situarán la mirada en la desigualdad social? 

En su reciente libro 'La Gran Oportunidad', Cristina Monge enfatiza la necesidad de articular “una conversación pública de calidad”. Su ensayo trata de cómo abordar la crisis climática, pero su sugerencia también es útil para debatir sobre la financiación autonómica. Con escepticismo, me atrevo a aportar mi modesto grano de arena. 

De entrada, no comparto que el origen de la propuesta, un pacto entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa y su negociación posterior con el Gobierno español, lo vicie democráticamente, tal como denuncia con su estilo churrigueresco el Partido Popular. 

Conviene recordar que este modus operandi ha sido el habitual desde el primer acuerdo, en 1993, cuando Felipe González pactó con Pujol -para conseguir su investidura- la cesión a las CCAA de un modesto 15% del IRPF. Lo mismo sucedió en 1996 con el Pacto del Majestic entre Aznar y Pujol. 

En todas las reformas del modelo se ha seguido la misma secuencia. Propuesta que parte de Catalunya, negociación bilateral, denuncias de agravio comparativo, acuerdo explícito o implícito de todas las CCAA, aprobación definitiva de un modelo para todas las CCAA. Y así hasta la siguiente reforma con el mismo guion. 

El protagonismo catalán no ha sido solo del nacionalismo. Tanto el PSC como el PSUC e ICV han sido históricamente muy activos. El modelo actual es fruto de la propuesta del “govern catalanista i de progrés”.

Soy consciente de que el siempre ha sido así no legitima nada. Lo que le otorga legitimidad es que, más allá de quién haya hecho la propuesta inicial, todas las reformas se han debatido multilateralmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se han aprobado en el Parlamento por mayoría absoluta. 

La hiperactividad de los partidos catalanes, que tanto disgusta, tiene como reverso el absentismo y la falta de iniciativa del resto de fuerzas políticas. Las causas son diversas. El interés por ejercer la autonomía es asimétrico entre la ciudadanía y dirigentes de las diferentes CCAA. No existe demasiada conciencia de que autonomía política significa corresponsabilidad. Ningún partido estatal tiene -más allá de la retórica- un proyecto federal para España, aspecto clave para un modelo de financiación que combine autonomía financiera, igualdad, solidaridad. 

Además, en un escenario dominado por el agravio comparativo, a todos los gobiernos les da pánico entrar en este barrizal. Así, el Gobierno Rajoy, con mayoría absoluta, renunció a su reforma. En 2014, la caída de la recaudación no ofrecía mucho margen para repartir nada. Además, la financiación autonómica es una fuente de conflictos entre CCAA, incluso del mismo partido, de la que las fuerzas estatales huyen como de la peste, mientras pueden.

Esta renuncia de los populares a ejercer su responsabilidad les resta ahora auctoritas para denunciar a quienes han tomado la iniciativa política, salvo que acompañe sus críticas de una propuesta alternativa, algo que no aparece en el horizonte. 

Otro aspecto sobre el que necesitamos debatir es el de las consecuencias de no hacer nada. El actual modelo lleva prorrogado desde hace 12 años, lo que democráticamente es insostenible. Además, los efectos de no hacer nada son nefastos. El aumento de la recaudación de los últimos años ha ido a parar a la administración central, cuando son las CCAA, con competencias en las políticas sociales, las que más lo precisan para atender unas necesidades en constante crecimiento. 

Otra de las consecuencias de no reformar el modelo actual es que, en estos momentos y fruto de su no actualización, sus resultados son de una gran injusticia. Las diferencias entre CCAA en recursos per cápita recibidos son muy elevados, irracionales e injustificables. 

A estas alturas, ya es evidente que el modelo propuesto no tiene nada que ver con el escenario catastrofista que se dibujó a partir del pacto entre PSC y ERC. Algunos ya lo advertimos, aunque con nula fortuna, las catástrofes tienen un inmenso poder de atracción. 

La salida de Catalunya del régimen común que algunos denunciaron no aparece por ninguna parte. Tampoco hay indicio alguno de un concierto y cupo a la vasca. Esta fue la falsa expectativa que se creó a babor y estribor, por tirios y troyanos. Comenzando por ERC, que necesitaba cohesionar a los suyos en su dura travesía por el desierto de la realidad y defenderse del incesante acoso que sufre de Junts. En esa pugna insomne apareció la potente metáfora de “la llave de la caja” que tantos demonios despertó.

La venta hiperbólica de los republicanos se retroalimentó con el alarmismo de la “ruptura de España”, una copla que, una vez más, sonó desde diversos rincones, interpretada incluso por algunos “expertos”. 

La propuesta presentada mantiene la lógica y estructura del modelo de 2009, entre otras razones porque, a pesar de las feroces críticas de entonces, fue una reforma muy bien pensada por el entonces conseller Antoni Castells y su equipo. Con la mala fortuna de entrar en vigor durante la gran recesión y la caída brutal de la recaudación tributaria.

Pero que mantenga la estructura de 2009 no significa que los cambios no sean importantes. De entrada, quiero destacar un esfuerzo por la transparencia, por ejemplo, explicitando los criterios de cálculo de la población ajustada. 

Aparecen las primeras muestras de un modelo que, siendo homogéneo, abre las puertas a la diversidad, que no es lo mismo que desigualdad. Lo hace con la incorporación de la voluntariedad, factor clave si se habla de autogobierno. 

Se plantea la posibilidad de que las CCAA puedan asumir más competencias, con mayor corresponsabilidad si así lo deciden, asumiendo riesgos. A menudo se olvida que autonomía, responsabilidad y riesgos van cogidos de la mano.   

El aumento de la corresponsabilidad de las CCAA es significativo. Se prevé la posibilidad de que las CCAA participen, si así lo acuerdan, en la recaudación del IVA Pymes. Algo que premiaría el esfuerzo fiscal e implicaría a las autonomías en el control del fraude del IVA.

La mejora de la equidad vertical entre administración central y CCAA es importante porque supone aumentar en 19.000 millones de euros los recursos de las autonomías, para atender a unos servicios públicos muy tensionados. 

Resulta muy difícil de entender que no se aprecie este esfuerzo, aunque tiene su lógica en el caso de aquellos partidos que, ante la tensión que sufren los servicios públicos, han optado por su privatización para que quien pueda pagar, los pague.  

Hay un aspecto que puede tener mucha trascendencia de futuro, el de la gestión tributaria. Se apuesta por la gestión en red de la Agencia Tributaria Estatal, con la implicación de las CCAA. Una apuesta que debería culminar con la creación de Consorcios Tributarios en aquellas CCAA que quieran asumir más responsabilidad en la gestión.  

Me parece una opción mucho mejor que la de las Agencias Tributarias propias y diferenciadas de la estatal. Por varias razones, los recursos y esfuerzos necesarios para poner en marcha ex novo una agencia propia son inmensos, inviables a corto plazo y no garantizan mejor gestión. 

Además, pueden propiciar la autarquía, especialmente en la gestión y transparencia de los datos. Un problema que ya se sufre hoy con las administraciones tributarias forales, una realidad que, por cierto, ha sido excluida de la conversación pública. 

Sobre la manida ordinalidad y la supuesta ruptura de la solidaridad, en mi opinión es exactamente lo contrario. La llamada ordinalidad presupone la existencia previa de solidaridad. No puede existir un criterio de ordenación que relacione los ingresos normativos recaudados con los definitivamente recibidos si previamente no se producen flujos de solidaridad a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

Lo que deberíamos discutir no es sobre esta palabra tótem -que es lo fácil- sino sobre si el sistema propuesto es solidario y si es menos o más igualitario (como yo creo) que el actual. 

De momento lo que ya sabemos es que se estrecharía y mucho la diferencia que hay entre las CCAA que más recursos per cápita reciben y las que menos. En el sistema actual, con la liquidación del 2023, la brecha va del 94,2% al 126,3% (sobre la media española de 100). 

Con la propuesta presentada esta diferencia se estrecharía entre el 96,1% (la que menos) y el 111,1% (la que más). Para valorar si garantiza o no la igualdad y la solidaridad basta compararla con los recursos per cápita que recibirían las CCAA si solo se tuvieran en cuenta su recaudación y no hubiera fondo de solidaridad. La brecha iría del 62,9% la que menos al 134,6% la que más. Como pueden comprobar, “solidaridad, haberla, hayla”.

Siempre puede discutirse si esta solidaridad es suficiente o no, a condición de que no perdamos de vista lo que nos dijo el barbudo de Tréveris: “De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades”. 

Quedan algunos aspectos importantes que no se tratan en la propuesta. El más importante, como se armonizan las legislaciones autonómicas para evitar dumping fiscal en determinados impuestos, sin con ello anular la autonomía tributaria de las autonomías.

Una última observación para no hacerse trampas al solitario. Todos los debates se están realizando a partir de las previsiones presentadas por la vicepresidenta Montero. Parecen sólidos, pero tenemos suficientes experiencias de cómo, en anteriores ocasiones, no se han cumplido las previsiones. En muchos casos por cambios en el ciclo económico.  

Por eso sugiero prudencia en las afirmaciones sobre sus efectos y que en esa imprescindible conversación pública de calidad incorporemos la imprescindible evaluación anual de lo que finalmente se apruebe.

Como ven, mi ingenuidad es inmensa, porque todo apunta a que este nuevo modelo no va a ver la luz. El PP está enrocado incluso a costa de perjudicar a las CCAA que gobierna y a su ciudadanía. 

Junts, cuyos votos son imprescindibles, continúa atrapada en un bucle en el que confluyen la pugna insomne con ERC y la búsqueda de una identidad pérdida. Salvo que sus cargos municipales, los que más sufren la carencia de recursos que este nuevo modelo podría aliviar, hagan entrar en razón a sus dirigentes, me temo que Junts se va a instalar en un estéril negacionismo.

Cabe la posibilidad de que, al final, esta propuesta solo tenga efectos reales en la estabilidad de la legislatura catalana -la española es más complicada-. Si así fuera, bienvenida sea la estabilidad, que no vamos muy sobrados. Pero no olvidemos que la reforma del actual modelo no es un capricho, ni fruto de un malévolo oportunismo, es una necesidad imperiosa de la sociedad española.  

Los países en que se celebran elecciones comparten una gran fragmentación política. Este es uno de los efectos de la crisis de todas las estructuras de intermediación -no solo partidos- y del desorden que está provocando.

Los ejes a partir de los que se expresa políticamente esta fragmentación son diversos. Al tradicional entre izquierdas y derechas, se suman otros. La aceptación o rechazo de la democracia liberal y el conflicto territorial rural/urbano, entre otros, tienen expresión partidaria en muchos países.

En España, el factor más determinante es el propiciado por nuestra peculiar estructura político territorial. La evolución autárquica del estado autonómico y la ausencia de pegamento federalista han generado un mapa electoral muy complejo y altamente fragmentado. En algunas comunidades como Aragón se entrecruzan diferentes ejes: derecha/izquierda, nacionalismo y la España vaciada, lo que aumenta la fragmentación.

Solo dos partidos (PP y PSOE) mantienen estructuras con capacidad de representación en el conjunto de comunidades autónomas y ni así consiguen cubrir todo el país.

Los populares, con una organización muy verticalista y su negacionismo de la pluralidad nacional, sufren dos inmensos boquetes en Catalunya y Euskadi. En otros momentos lo compensaron con acuerdos con los partidos nacionalistas de esas comunidades, pero la descomposición de CIU, la competencia entre PNV y Bildu, y la irrupción de VOX les ha complicado el cambalache.

El PSOE es quizás el partido que mejor ha sabido combinar diversidad con unidad. Pero no ha podido impedir que en algún territorio otras fuerzas políticas le hayan arrebatado la condición de primer partido de la izquierda. Además, el hiper liderazgo de Pedro Sánchez, un fenómeno propio de nuestros tiempos ha convertido su federalismo en más nominal que real.

Quienes más sufren la fragmentación son las izquierdas no socialistas. La crisis del PSUC y PCE, anticipando lo que más tarde sucedió en otros países, dejó ese espacio desvertebrado.

Los intentos de reconstrucción, por parte de Izquierda Unida primero y luego Podemos comenzaron generando ilusión y expectativas, pero no fructificaron. Las causas son múltiples y diversas, entre ellas los impactos que la digitalización y el auge ideológico del neoliberalismo han provocado en forma de desvertebración social y crecimiento de identidades excluyentes.

Si destaco estos factores materiales es para no caer en la trampa de centrar todas las explicaciones en las “culpas” de los actores políticos. Pero como las meigas, culpas “haberlas, haylas”. Entre ellas, la narcisista obsesión de algunos por ser, desde su nacimiento, el “núcleo irradiador” de las izquierdas, una especie de versión laica de la “luz que ilumina”.

La realidad, aunque se pretenda negar, es que, en ese espacio político, con el que muchas personas nos sentimos identificadas, no hay ninguna fuerza que esté en condiciones por sí sola de vertebrar los intereses y esperanzas de una parte significativa de la ciudadanía.

Reconstruir ese espacio es vital para mantener las políticas de progreso, el PSOE en solitario no puede, por muchas y falsas expectativas que se generen. También es importante para la democracia, porque la orfandad política propicia la desafección democrática.

El factor determinante de la “balcanización” de ese espacio es que el vacío dejado por una estructura política federal ha generado tendencias centrífugas, que se han cubierto en cada comunidad autónoma como cada cual ha sabido o podido hacer. Lo más preocupante es que muchas de estas fuerzas le han cogido gusto a su estéril autarquía y otras insisten en querer ser el nuevo “eje vertebrador”.

Cualquier intento de reconstruir una opción, aunque de momento solo sea electoral, requiere asumir algunas premisas de partida. La primera y fundamental es que ninguna fuerza por sí sola está en condiciones de hacerlo, por mucho que algunos de sus dirigentes saquen pecho, presentándose ilusoriamente como los únicos con presencia en toda España.

La segunda, consecuencia de la primera, pasa por abandonar el confort de las burbujas autonómicas, en algunos casos locales, en que algunas fuerzas se han instalado. Ayudaría disponer de un horizonte compartido, el federalista, lo que excluye los cantos de sirena de Rufián. El más decisivo de los requisitos es que nadie se crea con el derecho a vetar a otras fuerzas políticas.

Para intentar reconstruir ese espacio no se me ocurre otra opción -al menos en el papel porque luego la vida es más compleja- que comenzar la andadura con un compromiso para ir en coalición y bajo el mismo paraguas en las elecciones generales.

Esa fue la exitosa experiencia de Sumar en las elecciones del 23 de julio. Aunque la marca ha quedado quemada creo que la idea continúa siendo útil. Pero para ello debería transitarse del modelo “matrioska”, en el que cada “refundación” comporta una nueva muñeca que engloba a las ya existentes, a una fórmula confederal de relación.

No será fácil porque unos se sienten cómodos en su autarquía (Comunes, Más Madrid, Compromís, CHA, Més Mallorca) y otros pretenden ser el “eje vertebrador” desde su escasa implantación en esas y otras comunidades autónomas. El panorama se complica aún más porque el mapa de esa galaxia política es distinto en cada territorio. No hay dos comunidades que se parezcan entre sí.

Es evidente que este acuerdo para las generales no será viable si por el camino se repiten rupturas autonómicas, como la de Aragón. Mucho me temo que impedir una candidatura unitaria para las generales sea el objetivo último de la dirección estatal de Podemos. Eso sí, como si se tratara del juego de “susto o muerte” dejan escoger a las otras fuerzas entre veto o ruptura.

Es frecuente que las verdaderas intenciones se vistan con coartadas políticas, incluso ideológicas. Una de ellas, la más peligrosa, consiste en hacer creer a los propios que para resucitar hace falta morir antes. Quizás por ello, quién creyó ser el dios Sol ahora juega a presentarse como ave fénix, sin importarle que los derechos y las esperanzas de millones de personas acaben en cenizas.

La cultura de hacer de las derrotas el humus de una futura victoria es ancestral y anterior a la política, pero el mito del ave fénix no sirve para superar la fragmentación de las izquierdas. Nos jugamos mucho y aquí no vale esperar al veredicto de la historia.

Con el juicio a los miembros de la familia Pujol, después de una instrucción incomprensiblemente –o quizás no– lenta, se ha abierto la espita de los balances de la era Pujol. A ello contribuyen los intentos de rehabilitar su figura y su trayectoria, después del ostracismo provocado por el reconocimiento de la fortuna familiar oculta.

Si la distancia temporal es siempre oportuna en cualquier balance, cuando se trata de personas que han tenido un gran protagonismo en la historia de su país ese distanciamiento deviene imprescindible. Con estas cautelas me atrevo a adentrarme en la complejidad del personaje, a partir de retales de la memoria que, no puede ser de otra manera, están cargados de subjetividad. Comienzo por advertir de que, a mi entender, no hay un solo Jordi Pujol, posiblemente porque el movimiento que él encabezó y con el que se mimetizó fue siempre –en pasado– bastante plural.

De entrada, es justo reconocer que con su participación en la lucha y conquista de las libertades aportó auctoritas democrática a la derecha catalana. No es un dato menor, sobre todo si se compara con la complicidad prácticamente unánime de la derecha española con el franquismo.

Ese compromiso antifranquista no fue nunca un obstáculo para que, alcanzada la democracia, cooptara para sus filas y sus listas electorales –especialmente las municipales– a franquistas de largo historial. Uno de los muchos datos que ignoran y niegan los que ahora quieren modelar la historia a su gusto, hasta el punto de presentar la guerra civil y el franquismo como un conflicto de España contra Catalunya.

El primer Jordi Pujol se atrevió a definir su proyecto como la variante catalana de la socialdemocracia nórdica, para con rapidez abrazar postulados claramente conservadores. Eso sí, este abrazo lo acompañó de una actitud compasiva respecto a los que sufrían las consecuencias de sus políticas. En contra de lo que se ha afirmado, lo suyo no fue socialcristianismo, sino más bien una variante asistencial de la caridad cristiana, que es otra cosa distinta. Su gran olfato político le llevó a crear el Departamento de Bienestar Social en el temprano 1988. Entre sus habilidades siempre estuvo la de apropiarse de banderas de sus adversarios.

En el terreno económico se dejó atrapar por la mística de lo pequeño. A un “país petit” le correspondía un tejido empresarial de pymes. Incluso llegó a teorizar que el futuro económico de Catalunya pasaba por ocupar los intersticios que dejaban las grandes multinacionales. Una concepción autárquica de la economía que no se correspondía a la etapa de globalización y que, en lugar de ayudar, debilitó al tejido empresarial de Catalunya.

A menudo se presenta como una contradicción su intervencionismo extremo y sus querencias neoliberales. A mi entender no existe tal paradoja, porque en realidad todos los llamados neoliberales siempre han sido intervencionistas, eso sí, en favor de su clase social. En el caso de Jordi Pujol una menestralía de amplio espectro que nunca se reconoció ni fue reconocida por la burguesía con pedigrí.

Su prestigio y reconocimiento internacional superó de largo al de un presidente de una CCAA. Ello contribuyó positivamente a establecer interlocución con líderes políticos y empresariales en los procesos de reconversión industrial que vivió Catalunya durante sus mandatos. Eso sí, sin abandonar nunca su concepción de friendly business.

Hay también muchos Pujol en su concepción de la sociedad catalana. Comenzó haciendo suyas tesis del catalanismo popular que defendían, entre otros, el PSUC y CCOO, representadas por la idea de “Catalunya, un sol poble”. Incluso se apropió de esa potente imagen y de algunos de sus abanderados, como Josep Benet y Paco Candel. Esta ha sido una de las habilidades de Pujol, la capacidad para absorber e integrar proyectos ajenos y ponerlos a su servicio.

Eso es exactamente lo que hizo con la política lingüística y la voluntad de “normalizar” el catalán como patrimonio común de toda la ciudadanía catalana. El consenso lingüístico que contribuyó a crear en sus primeros años le debe mucho al papel determinante que jugó el sindicalismo, las asociaciones vecinales y los ayuntamientos especialmente metropolitanos.

Uno de los perfiles más confusos y camaleónicos de la figura de Pujol es el referido a la inmigración. En un movimiento plural y complejo como el que él lideraba nos encontramos de todo, desde posiciones progresistas hasta actitudes claramente xenófobas como las que explicitaban Marta Ferrusola y otros dirigentes nacionalistas. Algunas de las cosas que luego han ido sucediendo, especialmente en el momento del procés y sus derivadas, parecen estar inscritas en el código genético del pujolismo. También la aparición y ascenso de Alianza Catalana, que, aun formando parte de una ola global, ha encontrado en esa herencia el terreno abonado.

Pujol y especialmente parte de su entorno combinaban a la perfección tentaciones segregacionistas con una relación exquisita con los colectivos y asociaciones que agrupan a personas llegadas a Catalunya desde otros lugares de España. Siempre con una clara voluntad de control social. Si algo ha caracterizado las dos décadas de gobierno de Jordi Pujol ha sido la utilización de recursos públicos para cooptar y controlar la sociedad civil.

Quizás por eso siempre tuvo una espina clavada al no haber conseguido crear y controlar, a pesar de los muchos esfuerzos y recursos dedicados, un sindicato nacionalista que fuera mayoritario en Catalunya. Sus múltiples herederos tampoco han tenido éxito en esa operación a pesar de haberlo intentado de nuevo en el marco del procés. Esta es una faceta que, por cierto, está a la espera de que los historiadores le presten la atención que se merece, porque explica muchas cosas de nuestra historia.

No hay duda de que su papel ha sido clave en los elevados niveles de autogobierno alcanzados en estos años, pero estos avances han ido acompañados de un agujero negro. Construyó de la nada un sector público absolutamente colonizado partidariamente. Especialmente en el terreno de los medios de comunicación, una de sus grandes obsesiones desde los inicios. Quizás, no estoy del todo seguro, la excepción se pueda encontrar en la política de seguridad y las fuerzas policiales, después de un debate intenso y que aún continúa abierto entre dos concepciones contrapuestas: construir una policía nacional (al servicio de toda la nación) o una nacionalista (al servicio de un ideario).

Pujol siempre ha tenido una concepción litúrgica del poder que le llevó hasta extremos inauditos, como prohibirle a Oriol Badia, consejero de Trabajo de su segundo gobierno, usar los ferrocarriles del Vallés para desplazarse de Terrassa a Barcelona. Para Pujol, a falta de otros poderes más reales, el uso del coche oficial formaba parte del “poder autonómico” recientemente recuperado. Ha sido un mago en la utilización de las apariencias para ocultar la falta de realidades.

Su gestión de los recursos públicos fue manifiestamente mejorable. Un caso extremo, motivado por la voluntad de cuidar su gran granero de votos en la Catalunya interior, lo encontramos en la proliferación de inversiones nada justificables. Reconvirtió la divisa del President Macià “la caseta i l’hortet”, que en su momento tuvo claras connotaciones sociales, por otra mucho más discutible. En cada pueblo “un poliesportiu i un poligonet” ejemplifica ese mal uso de recursos públicos. Si la construcción de espacios para la práctica de deporte estaba en muchos casos justificada, la construcción de mini polígonos para, supuestamente, atraer inversiones no tenía ninguna lógica, ni económica ni social, solo la clientelar.

La contradicción del personaje se confirma con sus posiciones en relación con el medio ambiente. Solía ridiculizar las propuestas ecologistas –sublimes son los irónicos comentarios que hacía en público sobre la protección del “Bernat Pescaire”–. Algunas de sus declaraciones podrían competir hoy con los más beligerantes negacionistas. Pero, al mismo tiempo, creó el primer departamento de Medio Ambiente de una administración española, en el lejano 1991. Un lustro antes de la creación en 1996 del Ministerio de Medio Ambiente por Aznar. Cosas veredes. De nuevo fue hábil para apropiarse de banderas que no compartía para neutralizarlas políticamente.

De aquellos polvos, los lodos actuales. Hoy, en la Catalunya interior proliferan todo tipo de posiciones que, en nombre del paisaje o de un medioambiente “bien entendido”, impiden o dificultan la instalación de energías renovables. Es cierto que eso no es patrimonio exclusivo de Catalunya, pero la intensidad de los bloqueos a instalaciones eólicas o fotovoltaicas nos ha llevado a ser la CCAA más refractaria a esas políticas. Ahí podríamos encontrar un hilo que va del carlismo sociológico del siglo XIX a nuestros días pasando por el pujolismo.

Lo que en estos momentos se está juzgando en la Audiencia Nacional no es un hecho aislado. En el caso de Jordi Pujol la línea fronteriza entre “fer país” y “fer negocis” siempre fue muy porosa. Pero la responsabilidad de tantas prácticas reprochables, ética y judicialmente, no es suya exclusivamente. Buena parte de la sociedad catalana, especialmente los poderes económicos, decidieron mirar hacia otro lado y dejar hacer. Los que no se achantaron lo pagaron con creces. Tampoco el estado español y sus gobernantes tuvieron ningún interés en atajar lo que conocían, mientras Pujol les fue útil. Quizás por eso tardaron tanto en salir a la luz determinadas prácticas. Estas consideraciones no le restan gravedad a los hechos que se están juzgando, pero sitúan las complicidades que los hicieron posible durante tantos años.

Tampoco en eso Catalunya es una excepción. Cuando un poder, del tipo que sea, se perpetúa durante mucho tiempo, sin controles ni contrapesos, se genera las condiciones idóneas para la impunidad. Igual convendría tomar nota de ello y aprender.

En los últimos tiempos proliferan análisis que sitúan la confrontación entre generaciones como el epicentro del conflicto social. A partir de una realidad indiscutible, la precarización laboral y vital de buena parte de las personas jóvenes, se enfrenta a estos con los mayores en una lógica de agravio comparativo, que hace desaparecer las clases sociales y el conflicto entre capital y trabajo de los análisis. 

Este imaginario forma parte de la estrategia del neoliberalismo, que ha impuesto su hegemonía ideológica, incluso entre sectores de la izquierda, hasta hacernos creer que los conflictos de clase son cosas de nostálgicos izquierdosos anclados en el pasado. 

Es cierto que las sociedades y sus conflictos se han hecho más complejas, aunque en realidad siempre lo fueron, como saben bien las mujeres. Entre esta complejidad aparecen fracturas generacionales fruto de un aumento de los desequilibrios en el reparto de la riqueza entre trabajo y capital, especialmente el rentista. 

Pero clases sociales “haberlas haylas”. Lo explicó con provocadora sinceridad el magnate Warren Buffet: “Hay una guerra de clases, es cierto, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que está haciendo la guerra. Y vamos ganando. La clase trabajadora está perdiendo” 

Se utiliza la precariedad laboral y vital de los jóvenes como coartada para presentar a las personas jubiladas como privilegiadas -los más descarados incluso les culpan de la precariedad de sus hijos y nietos. En estos análisis se presenta la generación cómo una categoría social compacta sin diversidad en su composición. 

Es cierto que en los últimos años se ha reducido la tasa de pobreza de las personas mayores mientras aumenta la infantil y juvenil, especialmente en familias monomarentales con un solo ingreso. Pero ese cambio no responde a lógicas de vasos comunicantes. Mientras la reducción de la pobreza entre los pensionistas se ha conseguido gracias a políticas progresistas concertadas con el sindicalismo confederal, los recursos públicos destinados a reducir la pobreza infantil y juvenil han sido insuficientes ante un “libre mercado” que fabrica precariedad laboral, habitacional y vital a espuertas. 

Con los datos en la mesa no se puede afirmar que los pensionistas estén sobreprotegidos. En agosto 2025 el 48,6% del total de pensiones (el 63,3% en las mujeres) es inferior a 1.000 euros/mes. En las de jubilación la pensión media está situada en 1.507,63 euros/mes (1.572 los hombres y 1.081,33 euros/mes las mujeres) mientras un 39% (el 60% las mujeres) de los jubilados perciben menos de 1.000 euros/mes. 

Por supuesto no ignoro las dificultades -casi imposibilidad- de acceder a una vivienda por parte especialmente de los jóvenes, pero aquí también son evidentes las diferencias de clase. Mientras muchos jóvenes ven como se atrasa cada vez más la edad de su emancipación, algunos disfrutan por 2.000 euros al mes de una plaza en residencias de estudiantes. Al tiempo que la precariedad habitacional afecta también a personas mayores con bajos ingresos como se comprueba en las imágenes de algunos desahucios.

En el imaginario de la confrontación intergeneracional como epicentro del conflicto social, la clase y la responsabilidad del capital, en forma de precariedad laboral o especulación, no existen, han desaparecido de sus tramposos análisis.

En realidad, el debate está siendo instrumentalizado al servicio de otro dogma, el de la insostenibilidad económica del sistema de seguridad social, por la imposibilidad, se afirma, de dedicar tantos recursos a pagar las pensiones públicas. 

Aunque el resultado final va a depender de la evolución económica y demográfica, las previsiones de gasto para el 2050, incluyendo pensiones no contributivas y clases pasivas, se sitúan entre el 15,8% y el 17% del PIB. La sociedad española debe decidir si considera oportuno dedicar esta proporción de la riqueza a financiar las pensiones de una población que en el 2050 será el 30% del total. 

El argumento de que el gasto en pensiones va en detrimento de otras necesidades parte de la tramposa premisa de que la riqueza no puede crecer y no se puede distribuir más equitativamente vía un mercado de trabajo más justo y una fiscalidad más redistributiva.  

En términos económicos lo que resulta insostenible es que por la vía de los beneficios fiscales las arcas públicas dejen de ingresar unos 45.000 millones de euros (PGE 2023), eso sin sumar los de las CCAA. Son recursos que en parte podrían servir para paliar los niveles de pobreza infantil extrema

Lo que es insostenible socialmente es obligar a las personas jubiladas a continuar trabajando para complementar sus pensiones de mínimos, como ya sucede en Alemania con más de un millón de “minijobs” de 556 euros al mes.

Otra de las trampas del debate sobre la sostenibilidad de las pensiones consiste en presentar nuestro sistema de seguridad social con la lógica actuarial de los seguros privados. Se afirma que los ingresos por cotizaciones son insuficientes para garantizar las pensiones, obviando que en ningún sitio está escrito -el Pacto de Toledo dice justo lo contrario- que la financiación de la seguridad social deba recaer exclusivamente en el factor trabajo. Recordemos que las cotizaciones, también las empresariales, son salario. 

Presentan la aportación fiscal del estado como déficit cuando en realidad se trata de implicar –aún de manera insuficiente- a otros factores productivos en la financiación de una estructura social como las pensiones.

En esta maraña en la que se mezclan análisis serios, se comparta o discrepe de ellos, con “cuñadísmo retribuido”, algunas voces han planteado una reformulación del debate. ¿Qué sistema de jubilación podemos permitirnos hoy con la riqueza que generamos? 

Sugiero recoger el guante, aunque como el orden de las preguntas determina siempre el terreno del debate y condiciona las respuestas propongo ordenarlo a partir de estos otros interrogantes. 

¿Es posible aumentar la riqueza que generamos como sociedad? ¿Es posible reducir los niveles de pobreza infantil y juvenil? ¿Qué modelo productivo necesitamos para ello? ¿Es sostenible económica ecológica y socialmente nuestro sistema socioeconómico?

Creo que sí, que tenemos margen para aumentar la riqueza colectiva, también para dedicar más recursos públicos a reducir la pobreza infantil y juvenil, aunque sea difícil mientras se mantengan las lógicas de “libre mercado” que tanta precariedad laboral y vital están provocando. 

Para conseguirlo hay que abordar algunas transformaciones de calado. Entre ellas, trabajar para que nuestro sistema productivo deje de malgastar tanto potencial humano, después de los esfuerzos personales y colectivos dedicados a la formación. O combatir la idea de que las empresas para subsistir requieren de precarización salarial y vital, con largas jornadas de trabajo. 

Para aumentar la riqueza es imprescindible mejorar la productividad del capital, incrementando la inversión. Pero eso casa mal con un sistema productivo en el que los beneficios empresariales en sectores como el turismo son muy superiores a otros que requieren de niveles mucho más importantes de inversión y riesgo. 

Para que este crecimiento de la riqueza sea sostenible hay que abandonar un modelo de competitividad construido sobre la externalización de riesgos y costes sociales y ecológicos a terceros. Como sucede, entre otros, en el sector de la logística, con los explotados autónomos del transporte y el uso ineficiente de la carretera en detrimento del ferrocarril.

Si se pretende sinceramente abordar la precariedad vital de las personas jóvenes urge transformar un sistema socioeconómico que ha convertido un derecho fundamental como la vivienda en un bien de inversión sometido a las lógicas de mercados globales.

Si se quiere hacer debates rigurosos sobre la precarización laboral y vital de los jóvenes y sobre la sostenibilidad del gasto en pensiones, sin utilizar la tramposa confrontación entre generaciones, hagámoslos. Con algunas condiciones, que la clase social y los conflictos entre capital y trabajo no desaparezcan del debate y que no eludamos las preguntas sobre la sostenibilidad de nuestro sistema socioeconómico.  

Creo llegado el momento de codificar las leyes del papanatismo humano. Necesitamos conocerlo para así defenderse de él. Podríamos comenzar por constatar que es una actitud consustancial al ser humano de la que nadie está a salvo. Sugiero que, como primera regla, acuñemos que “el papanatismo se crea, pero no se destruye, solo se transforma”. 

Cambian los dogmas sobre la que la sociedad construye sus certezas indiscutibles, pero se mantiene la actitud de acoger y alabar las verdades reveladas, una tras otra. 

El papanatismo tiene una relación simbiótica con el gregarismo que es su indisociable compañero de viaje, pero sus efectos en la sociedad son mucho más graves. Al comportamiento gregario de fenómenos como la compra compulsiva de peluches “Labubu”, el papanatismo incorpora fuertes dosis de fundamentalismo ideológico, en ocasiones con la fe del converso.

Si a estas alturas creen que exagero o que me han sentado mal las altas temperaturas del verano les invito a hacer un rápido viaje por nuestro reciente pasado. 

En mi experiencia vital aparecen los recuerdos de la contrarrevolución neoliberal de Thatcher y Reagan y su verdad dogmática. La primacía del “libre” mercado sobre la sociedad, la superioridad de todo lo privado sobre lo público, comenzando por el beneficio individual y a cualquier precio como motor de la actuación humana en detrimento del bienestar compartido. 

La hemeroteca confirma que fueron verdades indiscutibles que se impusieron gregariamente con elevadas dosis de papanatismo. Condicionaron las políticas de gobiernos de todo el mundo. Fue tal su hegemonía ideológica que abrieron la etapa de la indistinción política y el llamado “Consenso de Washington”. Como sucede siempre con el papanatismo, supuso la excomunión de los disidentes que fueron tratados como seres arcaicos, contrarios al progreso, incluso como apestados sociales. 

Unas cuantas décadas después comprobamos que ese pensamiento mágico ha dejado maltrechas sociedades en todo el mundo, con especial ensañamiento en las más pobres que han visto crecer los índices de desigualdad de renta y sobre todo riqueza. 

En la “rica” Europa, el Reino Unido ha tenido que rescatar empresas privadas responsables de la prestación de servicios públicos que han entrado en quiebra, después de provocar múltiples siniestros en la calidad del servicio. Eso sí, sus accionistas se han forrado de beneficios, porque si algo tiene el papanatismo es que no es inocente ni barato. Nos suele costar muy caro a la mayoría, hayamos sido o no creyentes. 

No hace falta irse a la pérfida Albión. En España el papanatismo de la inversión en “bienes inmobiliarios que nunca iban a perder valor” está en el origen de los desastres de la gran recesión. Antes, fuimos los alumnos más aventajados de la privatización de empresas públicas, bajo la coartada de la liberalización. 

La manipulación de ideales compartidos como el de la libertad es una característica común del papanatismo. Aunque es evidente que estos falsos libertarios nunca han sido liberales, sino ultra intervencionistas de clase que ponen el estado a su servicio. Lo estamos comprobando con la administración Trump. 

Casi en paralelo y formando parte del mismo pack nos asaltó el papanatismo de la superioridad de los fondos de pensiones privadas sobre los sistemas públicos de seguridad social. Se trata de una teórica superioridad que para imponerse requiere del deterioro de las pensiones públicas y una notable capacidad de ahorro de la que no disponen la mayoría de las personas trabajadoras. 

En España la acción concertada de sindicalismo y política nos ha salvado de caer en esa trampa y no será porque durante décadas no se hayan invertido esfuerzos y recursos en vaticinar cada cinco años la quiebra del sistema público de pensiones. Y en eso continúan, no se les puede negar la perseverancia.

Una de las características del papanatismo es que es mutable, pero constante. Suele ir acompañado del quejido por los daños ocasionados por la falta de criticidad social del pasado, pero casi nunca de aprendizaje para el futuro. Cuando comenzamos a encajar los destrozos producidos por el último dogma papanatas ya hemos comenzado a instalarnos en el siguiente. 

Eso es lo que creo nos está sucediendo ahora con el tecno papanatismo, esa verdad indiscutible que identifica la inteligencia artificial como la vía más directa al cielo.

No es nada nuevo. Siempre que hay una importante innovación tecnológica resurge con fuerza el determinismo en sus dos variedades extremas, la tecnofobia que anuncia las mayores calamidades o el tecno papanatismo que nos promete el paraíso. Ambas reacciones tienen en común que niegan el papel de las personas y la sociedad en el gobierno de estos procesos. Para vacunarse de este determinismo tecnológico sugiero la lectura de “Poder y progreso” de Acemoglu y Johnson.

Sin menospreciar los impactos que ha tenido en otras etapas de la humanidad, a los papanatas de hoy se les ha ido la mano con el punto de sal. Nos están prometiendo que la llamada inteligencia artificial va a substituir a los seres humanos. Casi nada. De nuevo el papanatismo manipula e instrumentaliza ideas positivas, en este caso la de la inteligencia. ¿Quién se atreve a oponerse a que mejoremos nuestra inteligencia a través de la tecnología? 

No sufran, no creo ser víctima del síndrome de la aversión tecnológica (SAT), simplemente me niego a comulgar con ruedas de molino, sobre todo cuando se hace evidente que son cuadradas. No niego las muchas posibilidades que comportan estos avances tecnológicos, sobre todo si se utilizan de manera complementaria y no sustitutoria de lo que solo los humanos podemos hacer y hacemos mejor.

Afortunadamente, están apareciendo, aunque con cuentagotas y poco difundidas, informaciones e investigaciones que permiten impugnar la idea de la IA convertida en el nuevo edén.  

La insostenibilidad ambiental, social y política de la IA en su formato actual ya fue estudiada por Kate Crawford en su “Atlas de la IA”. Algunas de sus advertencias sobre los impactos en la mano de obra “oculta” de la IA o su insostenibilidad ambiental por los exagerados consumos de energía y agua se están confirmando. Es un ejemplo de libro de cómo bienes que deberían ser considerados comunes como los datos son expropiados por una minoría que concentra un gran poder económico y político.

En otra dirección, un reciente informe del MIT para EE. UU. detecta que, a pesar de la multimillonaria inversión en IA realizada por las empresas, cerca del 95% de las organizaciones no han obtenido ningún retorno. El informe aporta muchos matices, pero desmonta uno de los mitos de la IA, la automaticidad en los resultados positivos que supone su implantación. 

Pero, no nos engañemos, los datos nunca han sido suficientes para desmontar el papanatismo. Lo repetimos para consolarnos, pero no es verdad que “dato mate relato” y menos en la época de las burbujas comunicativas que moldean la realidad a la carta y convierten mentiras descaradas en hechos alternativos. 

Para combatir el papanatismo tecnológico hace falta más que datos, hay que dar la batalla de las ideas. En este sentido son de agradecer las aportaciones que, desde diferentes miradas, comienzan a desmitificar el carácter superador del ser humano que supondría la Inteligencia artificial. Y a desenmascarar el inmenso negocio y concentración de poder que está suponiendo su implantación acrítica.

Algunos deben intuir que les hemos descubierto la tostada. Quizás por eso, las grandes compañías de Silicon Valley han puesto en marcha plataformas, con inmensos recursos disponibles, para promover candidatos a favor de la IA y en contra de su regulación, de cara a las legislativas del 2026 en EEUU. Nada nuevo bajo el sol, invertir mucho dinero para obtener mucho más. 

Daniel Innerarity en su reciente libro “Una teoría crítica sobre la inteligencia artificial” desmonta algunas de las verdades de esta nueva variedad de papanatismo. Lo hace sembrando preguntas e interrogantes y dejando claro que eso a lo que se llama IA tiene poco que ver con la inteligencia humana. En este sentido sintoniza con una de las lúcidas reflexiones de Borges: “La duda es uno de los nombres de la inteligencia”. Como estamos comprobando, las plataformas de IA nunca dudan, lo que es uno de los factores, entre otros, que les aleja y mucho de la inteligencia humana.

Mientras unos nos venden sueños, como siempre de manera interesada y muy rentable para ellos, otros sufrimos pesadillas. Entre las mías hay una que me asalta a menudo desde que leí que el primer ministro de Suecia usa el ChatGPT para gobernar y decidir sus políticas. 

En mis pesadillas me despierto, con el ritmo cardiaco alterado, después de soñar que la sociedad del futuro se caracteriza por líderes autoritarios que usan la inteligencia artificial para decidir sus políticas. Este escenario distópico supone la destrucción de cualquier estructura de mediación social, objetivo que comparte la actual coalición entre paleo conservadores y psicópatas liberticidas, me niego a llamarles libertarios.

Cuanto más cercano emocionalmente es el mundo con el que sueño, más duras son las pesadillas. El otro día me desperté, sudando, convulsionado, después de vivir en sueños una escena en la que un grupo de sindicalistas le encargaban a ChatGPT que les redactara las cláusulas de los convenios que estaban negociando. Mi alarma se desbocó cuando recordé que en ocasiones las pesadillas se convierten en realidad.

Sorprende que, mientras ignoramos el papel de los cambios tecnológicos como desencadenantes causales de la crisis de la política y fijamos la mirada gregariamente en las culpas de los actores políticos, en cambio le otorguemos a la tecnología una gran fuerza redentora para superar la crisis de la intermediación que es, no lo olvidemos, el epicentro de la crisis de la democracia.

Entre los muchos peligros que comporta el papanatismo de la Inteligencia Artificial es que asumamos gregaria y acríticamente que la sociedad puede prescindir de las organizaciones que la articulan. Si a la individualización y desvertebración que facilita la digitalización y las nuevas formas de comunicación en redes sociales, con sus consecuencias de fragmentación social, le sumamos el convencimiento gregario de que la IA puede construir mejor que los humanos las reivindicaciones y políticas que necesitamos la distopía está servida. 

La crisis de las estructuras de intermediación social necesita de su reconstrucción en un mundo que ya no es el de la revolución industrial, pero no de su sustitución por los programas de IA. No dejemos que el papanatismo tecnológico nos colonice ideológicamente. Nos jugamos el futuro. 

La denegación por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo del recurso presentado por Santos Cerdán contra el Auto que acordó su prisión provisional nos ofrece la oportunidad de reflexionar una vez más sobre la función de esta figura jurídica y el uso, en ocasiones abuso, que de ella hacen los jueces instructores.

Quizás convenga recordar que la prisión provisional del investigado es una facultad discrecional que la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga al instructor de la causa. Eso sí, debe estar justificada, no ser arbitraria y aplicada de manera excepcional, dado que supone una importante restricción del derecho fundamental a la libertad. Por supuesto no anula la presunción de inocencia, principio básico de nuestro estado de derecho, que no siempre se respeta, especialmente en los casos de gran impacto mediático.

En aplicación del artículo 5 del Convenio europeo de los Derechos Fundamentales y libertades (CEDH) y del artículo 17 de la CE, el juez instructor debe primar el principio jurídico In dubio pro libertate.

La aplicación de la prisión provisional ha sido, desde siempre, objeto de polémica jurídica, social y mediática. Diferentes sentencias del Tribunal Constitucional han interpretado de manera restrictiva su uso por los jueces instructores, hasta forzar en 2003 una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para adecuarla a la jurisprudencia constitucional.

En este sentido la prisión provisional, por su carácter excepcional, requiere de la concurrencia de una serie de requisitos. De entrada, el más obvio, deben existir indicios de la comisión de un delito, pero no cualquier delito, solo el que conlleve penas iguales o superiores a dos años de prisión

Además, solo es posible acordar la prisión provisional para garantizar algunos de los objetivos de la investigación. A saber, para asegurar la presencia del investigado durante el proceso, o sea impedir su fuga. Para evitar la ocultación, alteración o destrucción de las pruebas relevantes. Y para impedir que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima (especialmente importante en los casos de malos tratos). O que exista riesgo de reiteración delictiva.

De nuestro ordenamiento ha desaparecido la vieja figura de la “alarma social” causada por el delito investigado como circunstancia suficiente para aplicar la prisión provisional. Aunque, si hemos de ser sinceros, la alarma social ha desaparecido de la ley, pero no del marco mental de nuestra sociedad.

En este sentido algunos –demasiados– medios de comunicación no ayudan a hacer pedagogía, más bien lo contrario. En ocasiones parece que la opinión publicada defienda más la presunción de culpabilidad, que la presunción de inocencia.

Es habitual leer o escuchar crónicas que critican la libertad con cargos y la no aplicación de la prisión provisional, por ejemplo, en los casos relacionados con la seguridad viaria.

Si buscamos en la hemeroteca –no hace falta hurgar mucho– encontraremos informaciones que denuncian la no aplicación de la prisión provisional en casos de gran impacto social y mediático. Con valoraciones periodísticas de este estilo y nivel, literalmente: “Resulta difícil de digerir, es un hecho constatable en cualquier tertulia de bar”.

Mucho me temo que la “alarma social” persiste en la conciencia social y aún incide ambientalmente en la decisión discrecional de los jueces instructores.

El Auto que acordó la prisión provisional de Santos Cerdán –ahora ratificada por la sala de apelaciones del Supremo– justificaba formalmente su decisión. El instructor considera, a partir de la lectura y credibilidad que les da a los informes policiales, que existen en esta fase procesal indicios suficientes de la comisión de los delitos investigados. También detecta riesgos de alteración o destrucción de pruebas por parte del investigado.

Es interesante destacar, especialmente de cara al futuro de esta causa, que el magistrado instructor utiliza un parámetro temporal, el del poco tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación judicial, como justificante de su decisión de acordar la prisión.

Leopoldo Puente, con la prisión provisional de Santos Cerdán, parece pedir tiempo para investigar y el Supremo se lo concede, pero deberíamos recordar que ese tiempo no puede ser infinito, porque frente su derecho y deber a investigar está el derecho de Santos Cerdán a la libertad mientras no exista una condena en firme.

Este es un aspecto relevante. La prisión provisional no es solo una medida excepcional, también debe aplicarse con proporcionalidad, un concepto indeterminado al que la ley y el Tribunal Constitucional han dotado de contenido, sobre todo en lo que hace referencia a los límites temporales de su aplicación, es decir, el tiempo durante el cual se puede restringir la libertad a un investigado que, no olvidemos, es inocente hasta que no haya sido condenado en firme.

Hasta aquí la teoría, pero la práctica es algo más oscura y, en ocasiones, sucia. En la memoria resuena el caso del magistrado Pascual Estivill, que en su momento fue miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CIU y que terminó siendo condenado y expulsado de la carrera judicial por haber montado, en connivencia con inspectores de la Agencia Tributaria y el “ilustre abogado” Joan Piqué Vidal, una red de extorsión a personas a las que aplicaba o amenazaba con aplicar la prisión provisional y exigía por su puesta en libertad el pago de algo bastante parecido al rescate de un secuestro.

Pero sin llegar a este caso extremo, la vida judicial de nuestro país está llena de casos en los que la prisión provisional se usa por los jueces instructores de manera abusiva para fines distintos a los previstos en la ley.

Sucede en procesos penales referidos a delitos económicos. La falta de medios y capacidades para obtener pruebas lleva a algunos jueces a aplicar la prisión provisional como una manera indirecta de conseguirlos. Se usa la prisión para ablandar al investigado y para ayudarle a cantar.

Desafortunadamente esta anomalía no es inhabitual. En los últimos años se ha llegado a casos extremos, como el de Sandro Rosell, expresidente del Barça, que estuvo 643 días en prisión provisional y al que se le denegó hasta en 13 ocasiones la libertad, para ser al final absuelto porque en el juicio ni tan siquiera se pudieron mantener las acusaciones contra él.

Volviendo al caso de Santos Cerdán. Es de esperar que una decisión que, formalmente, tiene un claro amparo legal, se aplique con los criterios de proporcionalidad, especialmente en su duración, que exige el respeto a los derechos del investigado. Incluso en el supuesto de que en el futuro aparecieran nuevos indicios o pruebas del delito. Conviene recordar que la prisión provisional no es un anticipo de una hipotética condena futura.

La corrupción corroe la sociedad y erosiona la democracia, por eso urge mejorar todos los mecanismos legales e institucionales para erradicarla. Pero para combatirla no se pueden usar métodos que comporten abuso de poder y que supongan también un grave deterioro del estado de derecho.

Por si hubiera algún despistado entre el público de la Sala. Este artículo no pretende defender a Santos Cerdán ni a sus presuntos socios, tampoco es una crítica al magistrado Leopoldo Puente. Simplemente es un modesto recordatorio de que los jueces también están sometidos a la ley y que en su aplicación no pueden usar y abusar de la prisión provisional para fines distintos a los previstos en la ley procesal y que son contrarios a la Constitución.

Cuando hace un año PSC y ERC llegaron a un acuerdo para “impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal”, los republicanos lo presentaron, sin serlo, como un concierto a la catalana.

Lógico, necesitaban justificar su voto favorable a la investidura de Salvador Illa, en un momento de gran debate interno y con Junts, como siempre, al acecho. La ostentosidad con la que ERC vendió el acuerdo, con el silencio interesado del PSC y PSOE, se complementó perfectamente con el alarmismo de quienes ven España rota en todas las esquinas.

Ahora, el acuerdo bilateral Estado/Generalitat profundiza en la concreción de la financiación singular de Catalunya y, para que no haya dudas, lo sitúa en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica.

Disponemos de una nueva oportunidad para un debate sereno, aunque la cosa no comienza bien. Me temo que el enésimo viaje al centro“ del PP no incluye la reflexión sosegada. Tampoco ayuda el fuerte arraigo de la cultura del agravio comparativo que, además de ser un caramelo muy goloso, ha sustituido en el ideario de algunas izquierdas a la lucha de clases como motor de la historia.

Lo primero que conviene recordar es que lo acordado entre el gobierno español y el catalán requiere al menos de la reforma de la LOFCA y de la Ley de cesión de tributos del Estado a las CCAA, con su debate previo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y su aprobación por mayoría absoluta en el Congreso. O sea que un poco de calma no iría mal.

La lectura del documento confirma que lo acordado no tiene nada que ver con el concierto vasco o el convenio navarro. Entre otras razones, porque un concierto catalán no cabe en la Constitución, en su redacción actual y no parece que su reforma sea viable.

El modelo se ha definido como financiación singular de Catalunya. Creo que fue un error, forzado por el relato que necesitaba ERC. El concepto de singularidad se presta a la confusión y a la manipulación interesada al identificarse con desigualdad, cuando no es así.

El modelo propuesto puede ser calificado de singular en lo que hace referencia a aquellas competencias que ejerce la Generalitat y no otras CCAA (policía autonómica, prisiones, lengua catalana). Pero en ningún caso puede afirmarse, sin faltar a la verdad, que comporta desigualdad en los recursos obtenidos por las CCAA.

Me explico. La recaudación por parte de la Generalitat, directa o indirectamente a través de la AEAT, del conjunto de los impuestos, comenzando por IRPF e IVA minorista, no comporta, como maliciosamente se dice, que la totalidad del importe recaudado se quede en Catalunya. Eso es literalmente falso, a pesar de que algunos “expertos” y medios han llegado a cuantificar entre 18.000 y 35.000 millones de euros lo que ganaría Catalunya en detrimento del resto de CCAA. Puestos a mentir y a manipular sin pudor, que sea a lo bestia.

La igualdad o desigualdad debe medirse no por la forma de gestión y recaudación, sino por el resultado final de lo obtenido por cada comunidad autónoma en términos de recursos per cápita para financiar las competencias homogéneas sobre servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales). Siempre en términos normativos, o sea antes de que cada CCAA, ejerciendo su autonomía, aplique por su cuenta aumentos o reducciones impositivas como, por ejemplo, hacen las gobernadas por el PP.

Teniendo en cuenta de que las CCAA no tiene la misma base fiscal, por tanto, no disponen de igual capacidad recaudatoria, existe un mecanismo de nivelación que canaliza la solidaridad, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), que asegura la equidad horizontal entre las diferentes CCAA.

Insisto en que ni esta propuesta ni ninguna otra puede establecer que una comunidad del régimen común reciba un porcentaje del IRPF recaudado en su territorio distinto al del resto. Puede modificarse la equidad vertical entre Estado y CCAA, dedicando un porcentaje mayor de lo recaudado para las CCAA, si así se establece en la LOFCA, pero no puede establecerse un porcentaje distinto en una CCAA respecto a otras. Eso no superaría un control de constitucionalidad en el improbable supuesto de que lo aprobara el Congreso.

Alguien puede preguntarse en qué consiste entonces la mayor autonomía -algunos le llaman soberanía fiscal- de este nuevo modelo. Pues en que, a diferencia de ahora que la recaudación del IRPF se la queda inicialmente el estado central, que transfiere anticipos a cuenta a las CCAA y al cabo de dos años hace la liquidación, con los importantes problemas de tesorería que ello les genera, con este modelo se podrá distribuir automáticamente entre el estado central y la Generalitat lo recaudado.

Otro aspecto que también genera polémica es el concepto de ordinalidad. Se trata de una figura copiada del sistema alemán, por la que ninguna CCAA, después del efecto del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, puede quedar en un orden de prelación en la recepción de recursos per cápita por debajo del que tenía antes de las transferencias de solidaridad. Algunos lo califican de insolidaridad, cuando en realidad se trata de pautar la solidaridad para que no tenga efectos indeseados. A mi entender la ordinalidad refuerza la solidaridad en la medida que la legitima socialmente en las CCAA que aportan recursos.

El modelo actual es difícilmente sostenible. Con la liquidación del 2022, última disponible, Catalunya entra en el sistema, a partir de su capacidad fiscal, con un porcentaje de recursos disponibles del 120% sobre la media y sale con el 100%. Lo mismo le sucede a Baleares que entra con un 122% y sale recibiendo solo el 100% sobre la media. Algo parecido a Madrid, que entra con 147% y sale justo en la media del 100%, pero como en otras cosas el caso de Madrid es difícilmente comparable, porque su base fiscal es enorme, gracias a que se beneficia del factor de capitalidad que le permite disponer de más recursos de los que le corresponderían por su esfuerzo fiscal.

Mientras, otras CCAA de las consideradas “ricas”, después de los flujos de solidaridad aumentan aún más sus recursos. Es el caso de Aragón que entra con una aportación de 101% y sale recibiendo el 110%. O Cantabria que entra con el 103% y sale recibiendo el 125% sobre la media.

El sistema actual tiene efectos difícilmente justificables. Con casos extremos, como el del País Valencià que, a partir de su capacidad fiscal le corresponderían recursos del 98% de la media y después de las transferencias entre CCAA se reducen al 94%. Mientras La Rioja que entra con el 95% termina recibiendo el 120%. No parece muy razonable ni sostenible.

Hay quien, confundiendo churras con merinas, justifica esta situación argumentando que es lógico que las CCAA menos desarrolladas reciban más recursos. Quienes eso defienden confunden la función de los diferentes fondos de desarrollo, que sí deben distribuirse en favor de las CCAA menos desarrolladas, con la financiación autonómica que debe garantizar los mismos recursos per cápita para financiar los mismos servicios básicos.

El modelo propuesto que se presenta como singular, no tiene por qué ser exclusivo de Catalunya. Es perfectamente aplicable a otras CCAA que quieran avanzar en su autonomía, asumiendo la responsabilidad que eso comporta. A mi entender, es generalizable pero no debe ser generalizado, porque no debe imponerse a las CCAA que no quieran avanzar en autonomía fiscal.

Otro debate ficticio es el que algunos pretenden entre bilateralidad y multilateral. Desde siempre nuestro sistema combina espacios para las negociaciones bilaterales entre el estado central y cada una de las CCAA, con espacios multilaterales, como el CPFF y el debate y aprobación de las Leyes por el Congreso.

Si las fuerzas políticas tuvieran una actitud constructiva y los medios de comunicación ayudaran un poco se podría perfectamente usar esta propuesta, pactada entre los gobiernos español y catalán, como el impulso que se necesita para abordar la reforma del actual modelo de financiación, que lleva prorrogado desde hace más de 11 años.

Se seguiría así, una vez más, el itinerario de todas las reformas acometidas desde que en 1993 Felipe González y Jordi Pujol pactaron a cambio de la investidura -eso ya se hacía con Felipe- la cesión del 15% del IRPF a Catalunya. Desde entonces todas, absolutamente todas, las reformas en la financiación autonómica han seguido la misma lógica e itinerario.

Primero una propuesta inicial que nace de Catalunya. De inmediato, griterío a diestro y siniestro anunciando la ruptura de España, luego acuerdo bilateral entre gobierno de España y el de Catalunya, negociaciones multilaterales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y bilaterales con todas las CCAA para cuadrar los números a satisfacción de todos. Para terminar con el acuerdo definitivo en el CPFF, denunciado por el partido que está en la oposición, al grito de “España se rompe”. Así, hasta la siguiente reforma con el mismo guion.

Queda un aspecto que a mi entender sí es conflictivo. En el estatuto de autonomía de Catalunya se estableció la figura del consorcio tributario entre Estado y Generalitat para coordinar las competencias de ambas administraciones tributarias. ERC no acepta esta fórmula consorcial, de manera que en el acuerdo con el PSC aparece que la recaudación de los impuestos corresponderá en exclusiva a la Agencia Tributaria de Catalunya.

ERC sabía entonces y sabe aún más ahora que eso no es técnicamente viable a corto ni a medio plazo. Lo que ha llevado a pactar una fórmula ingeniosa en la que la Agencia Tributaria estatal aporta su musculatura de gestión y su experiencia probada para recaudar por cuenta de la Generalitat.

Pero más allá de los problemas de viabilidad de una autárquica agencia tributaria catalana, la fórmula de desmembrar la Agencia estatal tiene más inconvenientes que ventajas, sobre todo si el modelo se extiende a otras CCAA. Existe un riesgo cierto de abrir brechas por el que se pierda eficiencia y se cuelen todo tipo de fraudes y trapicheos fiscales. Además, no garantiza la transparencia como se demuestra con las haciendas forales de Euskadi y Navarra.

Lo más eficiente sería dotar a la actual Agencia estatal tributaria de una estructura en red que permita actuar en forma de consorcio con las CCAA. Pero parece que en España todo lo que suene a estructura federal produce urticaria, en el centro y en la periferia.

Por último, hay un tema que está pasando desapercibido, el del equilibrio vertical entre la administración central y las CCAA. Un aumento significativo de los recursos que aporta el Estado a la cesta global de las Comunidades Autónomas, viable por la buena marcha de la economía, puede ser un argumento de mucho peso para atraerlas a todas al nuevo sistema, aunque el sí a este modelo vaya acompañado, como siempre, de mucho ruido y algarabía.

El argumentario de Pedro Sánchez, “la corrupción cero no existe, la tolerancia cero sí” es tan legítimo políticamente como democráticamente peligroso. Nos puede conducir a un marco mental en el que la única actuación posible frente a la corrupción sea en el terreno de los paliativos, ignorando las imprescindibles políticas preventivas.

Entiendo la preocupación de las progresistas por el impacto de este último episodio de corrupción. Pero lo inmediato, que también es importante, no debería hurtar la reflexión sobre los factores estructurales que propician la existencia de corruptores y corruptos, en simbiótica relación.

Por supuesto, no comparto la idea de que todos los políticos son iguales. Hay mucha gente digna en los diferentes ámbitos de la política y para comprobarlo basta mirar fuera de la ciénaga. Es importante recordarlo en estos momentos para no contribuir aún más a la deslegitimación de la política y la democracia.

Pero la evidencia de que no todos los partidos se comportan igual ante la corrupción no me lleva a abrazar la maniquea división entre organizaciones puras e impuras. No he creído nunca en los pueblos elegidos, tampoco en los partidos ungidos por la beatitud.

En cambio, sí considero que hay ideologías que favorecen la acción de los corruptores. Cuando Milton Friedman acuñó el dogma neoliberal de que la principal función de las empresas es crear valor para el accionista sentó las bases de muchos desmanes. Entre ellos, un concepto perverso de competitividad. Y unas políticas empresariales, como los sistemas retributivos de la alta dirección, que incentivan todo tipo de actuaciones reprobables, ética y legalmente.

Por cierto, las prácticas empresariales corruptas no se dan solo en las relaciones con el sector público, también entre empresas privadas. Con el agravante de que mientras la cosa pública tiene mecanismos de control -todo lo imperfectos que se quiera- en la esfera de lo privado son menores o inexistentes. Además, la búsqueda de beneficios a cualquier precio normaliza y legitima estas actuaciones corruptas. Lo confirman las prácticas reiteradas y probadas del cártel de las grandes constructoras para alterar los concursos públicos impidiendo la libre y sana competencia.

En España, esta cultura viene facilitada por el peso que en nuestra economía tiene el capitalismo parasitario de amiguetes. No es algo nuevo, tiene raíces en el franquismo e incluso algunas más profundas. La España del XIX, con su bipartidismo turnista entre conservadores y liberales, ofrece muchos ejemplos de ello.

La indistinción en el conchabeo de la política con este capitalismo parasitario ha llegado hasta el siglo XXI, a través de los grandes partidos, PP y PSOE, que han gobernado la mayoría de las instituciones en las últimas décadas. El compromiso de ruptura con estas prácticas por parte del gobierno de coalición no ha ido acompañado de una estrategia contra la corrupción, a pesar de disponer de orientaciones y múltiples propuestas. Ahora, este último episodio que afecta al PSOE ha supuesto un buen revolcón para las expectativas de atajar un mal endémico que cuesta decenas de millones de euros de las arcas públicas y sobre todo erosiona la democracia.

Pero como no creo en las maldiciones bíblicas ni en el destino inexorable de los pueblos, estoy convencido de que se pueden hacer cosas para romper con este modelo empresarial parasitario. Es imprescindible que de esta nueva crisis nazcan de una vez medidas de regeneración democrática. A mi entender, las más determinantes son las dirigidas a desincentivar prácticas empresariales corruptas y a establecer correctivos que penalicen a los corruptores.

No es fácil, las medidas adoptadas hasta ahora no han surtido efecto. Una deficiente tipificación de los delitos, las atenuantes introducidas en el Código Penal por el PP en 2015, la dificultad probatoria de relacionar las mordidas con las adjudicaciones tramposas, la deficiente protección de los denunciantes o la lentitud investigadora que culmina en la prescripción de los delitos son, entre otros, obstáculos que dificultan la efectividad de las políticas de castigo penal a corruptores.

Además, como se acaba de ver con Acciona, es muy fácil, cuando se descubre la corrupción, dejar caer al peón, por muy alta que sea su responsabilidad. Al final a los corruptores y a sus empresas les sale rentable el riesgo de ser descubiertos.

Por eso es imprescindible que las medidas administrativas y penales se dirijan al núcleo duro de las empresas que las practican. La publicidad de las condenas o sanciones firmes puede ser una de ellas, aunque, en un entorno tan complaciente con la corrupción, los costes reputacionales no son suficientes.

La prohibición de concurrir a concursos públicos de las empresas corruptas debería ser más contundente. Y abarcar a todo su grupo empresarial para evitar que, “hecha la ley, hecha la trampa”. Quizás sea oportuno aplicar el concepto fiscal de grupo de empresas a las sanciones por prácticas irregulares. Por cierto, la persecución de los corruptores debería ser una exigencia también de las organizaciones empresariales en defensa de las empresas que compiten en buena lid.

En relación con los partidos y los entornos que propician la acción de los corruptos, deberíamos evitar las lecturas moralistas y fijar la mirada en el papel que juegan las relaciones de poder en toda colectividad humana.

Las organizaciones con el poder concentrado en un único vértice, sin contrapesos ni contrapoderes generan entornos que dificultan los mecanismos internos de control. Loshiperliderazgoss, tan propios de este momento de crisis de las estructuras de mediación social, debilitan a las organizaciones y propician todo tipo de riesgos. Sobre todo, si van acompañados de virreinatos todopoderosos.

En este sentido hay momentos especialmente peligrosos para las organizaciones políticas. Al acceder al gobierno de las instituciones los partidos desaparecen sepultados por las lógicas y prioridades gubernamentales. Eso sucede en todos los niveles institucionales.

Otro de los factores de riesgo para todas las organizaciones colectivas aparece cuando, en los momentos de conflictos internos, se generan bandos que, en su pugna legítima por la mayoría, avalan la connivencia con prácticas poco éticas.

Creo, quiero creer, necesito creer que Pedro Sánchez no conocía la existencia de prácticas corruptas en el PSOE. Pero al mismo tiempo estoy convencido de que había sido alertado desde el País Valencià de las cutres -por ser benevolente- costumbres de Ábalos. El problema es que, en esos momentos de conflictos internos, conseguir el control de la organización pasa a ser la prioridad. Y se impone una máxima perversa, la de que “entre bomberos, no nos pisamos la manguera”.

En los políticos y altos funcionarios corruptos se da un perfil ideológico común, sea cual sea su partido, el desprecio a la comunidad, a lo público. Reforzar el carácter colectivo de las organizaciones y potenciar los equilibrios de poder internos en una lógica federal, de verdad y no solo nominalmente, no evita que haya corruptos, pero se lo pone más difícil a la impunidad.

Entre corruptores y corruptos se sitúa un tercer actor, la ciudadanía. Algunas voces dan por hecho que la corrupción penaliza electoralmente. Yo no lo daría por seguro. Algunos estudios demoscópicos y nuestra historia reciente ofrecen contundentes evidencias de que eso no es así.

Los factores que atemperan y modulan el impacto de la corrupción en la ciudadanía son muy diversos. La indignación cuando se descubre la corrupción va acompañada de un nivel importante de tolerancia ciudadana hacia las prácticas corruptas. Una connivencia social auspiciada, en algunas ocasiones, porque los beneficios directos o indirectos de la corrupción alcanzan a muchos, por ejemplo, en los casos de abusos urbanísticos.

Hay otro factor a tener presente. Muchas personas, que no minimizan la corrupción, en el momento de votar la sitúan en un marco más amplio, en el que también tienen en cuenta otros aspectos de las diferentes opciones políticas.

A estas alturas es imposible vaticinar nada, entre otras cosas porque desconocemos la profundidad que ha alcanzado este último episodio de corrupción y en qué condiciones se celebrarán las elecciones. Pero sí constato, al menos en el mundo en el que me muevo, que la preocupación sincera por la corrupción, va acompañada de la inquietud por las consecuencias que en términos de derechos socioeconómicos, pluralidad nacional o libertades civiles puede comportar la caída del gobierno de coalición y la configuración de una mayoría de las derechas.

Las izquierdas debieran estar especialmente interesadas en combatir la corrupción. No por razones de superioridad ética sino porque la corrupción erosiona las instituciones democráticas y las debilita en su función de control del verdadero poder, el económico. El resultado final de una política corrupta y una democracia deslegitimada es una sociedad con más desigualdades de todo tipo.

Solo es posible superar esta crisis en clave progresista con un doble compromiso. Poner en marcha urgentemente medidas de regeneración democrática y una agenda social que profundice en los derechos.

Soy consciente de que la correlación de fuerzas es la que es y que no todas las fuerzas progresistas interesadas en parar a las derechas tienen la misma concepción sobre estas políticas. Pero creo que no queda otro resquicio por el que salvar este punto de juego, set, partido y torneo.

Entre las razones para oponerse a la reducción a 37,5 horas de la jornada máxima legal hay de todo, como en botica. Argumentos sólidos, teología económica, coartadas, falacias, trampas y un trastero en el que se esconde el paquidermo de las horas extras.

Entre los argumentos contrarios a la ley algunos se sustentan en conflictos de interés reales. Una reducción de la jornada laboral, manteniendo el mismo salario, comporta un incremento de costes salariales. Pero eso no significa que las empresas no tengan márgenes para encajar este aumento. Los beneficios empresariales han crecido significativamente en los últimos años. Lo confirma el informe de mayo 2025 del 'Observatorio de márgenes empresariales'.

Es cierto que la situación de las empresas es muy diversa. Por eso parece razonable que se dediquen recursos públicos para ayudar transitoriamente a las pymes a encajar el aumento de costes. También, que se proponga un plazo prudencial de entrada en vigor de la ley que facilite organizar su aplicación.

Otros razonamientos en cambio se mueven en el terreno de la teología económica. Me refiero a los que vaticinan una destrucción masiva de empleo. La misma premonición que hicieron, y no se ha cumplido, para oponerse a las subidas del salario mínimo o a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de coalición, previo acuerdo de concertación social.

La instrumentalización del empleo para justificar políticas es un clásico. No solo en nuestro país, basta observar cómo la usa el trumpismo. En España, las elevadas tasas de desempleo estructural, con especial impacto en los jóvenes, han alimentado una alta sensibilidad social y propiciado que se utilice el argumento del empleo para todo. Sirve lo mismo para un barrido que para un fregado.

Favorecer la creación de empleo fue la coartada de los gobiernos de González, Aznar y Rajoy para justificar sus políticas de desregulación de contratación y despido y su apuesta por una temporalidad que acabó siendo el monstruo de mil cabezas de la precariedad

La promesa de creación de empleo se utilizó para vender proyectos como el de Eurovegas en Madrid o el de Barcelona World en el Baix Llobregat. Todas las operaciones especulativas van siempre acompañadas de estudios que anuncian la creación de miles de puestos de trabajo, como en la parábola evangélica de la multiplicación de los panes y los peces.

Frente a los anuncios catastrofistas conviene constatar una tendencia histórica insoslayable. La reducción de la jornada de trabajo ha sido, desde principios del siglo XX, una manera de dignificar la vida de las personas trabajadoras. Al tiempo que un factor de eficiencia, al incentivar la sustitución de un modelo productivo basado en el uso extensivo del trabajo por otro de utilización intensiva de la innovación tecnológica, organizativa o de productos. Sin obviar que la reducción del tiempo dedicado al trabajo a lo largo de toda la vida ha sido clave para el nacimiento y crecimiento de la industria turística.

En el terreno de las coartadas las hay de todo tipo. Algunos afirman que “ahora no toca” obviando que son los momentos de crecimiento económico los más adecuados para una reducción de la jornada. Otros se oponen con la consigna “37,5 horas, así No”. Se trata del relato que utilizan para todo los que no tienen argumentos o no se atreven a explicitarlos y se excusan en las formas.

El “así no” lo está utilizando Junts con el argumento potente pero falso de que el proyecto de ley no se ha negociado con las organizaciones empresariales. Las hemerotecas están llenas de informaciones sobre los meses de reuniones de diálogo social del Gobierno con sindicatos y patronales. Que no se haya llegado a un acuerdo con la CEOE y que la negociación no haya concluido con una concertación social tripartita no significa que no se haya negociado.

Entre las falacias utilizadas destaca la conocida como “falso dilema o disyunción”. Se contrapone la mejora salarial a la reducción de la jornada laboral. Nos dicen que como las personas con salarios bajos quieren un aumento de su retribución eso significa que no están interesadas en la reducción de su jornada. Esta argumentación además de falaz es cínica, porque aquellos sectores empresariales y fuerzas políticas que se oponen a la reducción de la jornada laboral son los mismos que antes se opusieron a la mejora del salario mínimo o que bloquean en la negociación colectiva los aumentos salariales.

Entre las trampas nos encontramos con un asiduo a estos debates, el de las pymes. Durante décadas se ha utilizado la debilidad de este tipo de empresas para justificar un tratamiento diferenciado consistente en una menor protección de las personas trabajadoras de las micro, pequeñas y medianas empresas.

De entrada, conviene destacar que no todas las pymes son iguales. También, que una de las razones de existir de la legislación laboral es establecer derechos laborales mínimos y universales, de la misma manera que la negociación colectiva sectorial tiene como objetivo organizar y canalizar la solidaridad entre los trabajadores que tienen poder sindical para negociar y los que no.

Establecer una regulación laboral diferenciada en función del tamaño de las empresas tendría un efecto perverso. Incentivaría, aun más, la externalización productiva por parte de las empresas centrales, tanto en la industria como en los servicios, no por razones de eficiencia sino de reducción de costes laborales vía precariedad. A las pymes hay que ayudarlas, pero no para que continúen siendo pequeñas y actúen como el eslabón débil de los procesos productivos, sino para que crezcan y aumenten su autonomía empresarial.

Entre tanto argumento, teología, coartadas, falacias y trampas encontramos camufladas la oposición patronal al derecho a la intimidad y a la desconexión, la negativa al registro y control efectivo de la jornada. Y escondido en el trastero del debate comienza a enseñar la patita un elefante, la propuesta de desregulación de las horas extras.

Tampoco es novedoso, las horas extras han jugado un papel determinante en nuestro sistema productivo desde antes, incluso, de que existieran unas relaciones laborales propias de ese nombre.

Las horas extras tienen en nuestro país profundas raíces sociológicas y de genética empresarial. Han sido y son el placebo para compensar salarios muy bajos. Junto con los incentivos al endeudamiento financiero, han generado el espejismo de un poder adquisitivo de las familias que no se corresponde a la realidad.

A esa normalización de las horas extraordinarias, con jornadas extenuantes, contribuyó el hecho de que durante varias generaciones una parte importante de las personas asalariadas provenían de entornos agrarios, acostumbrados a jornadas de sol a sol. Afortunadamente los valores han cambiado y hoy la conciliación entre trabajo y vida es una de las prioridades de las generaciones actuales.

Pero a pesar de ese cambio cultural, las horas extras continúan formando parte de la genética de algunos sectores productivos de nuestro país. La jornada habitual en muchas empresas no es la ordinaria, fijada en el convenio o la ley. Aún hoy muchas ofertas de empleo incorporan una jornada habitual que es superior a la jornada ordinaria y a la máxima legal.

En este sentido las horas extras han tenido un efecto perverso, porque han actuado como desincentivador de la innovación empresarial. Quienes se oponen a la reducción de la jornada laboral con el argumento de que genera problemas organizativos a las empresas, ignoran deliberadamente que nuestra legislación dispone de importantes mecanismos de flexibilidad, entre ellos el cómputo anual de la jornada y la posibilidad de una distribución irregular a lo largo del año.

Las empresas que aún se resisten a una reducción de jornada que dignifique la vida de las personas trabajadoras no son conscientes de hasta qué punto están sepultando su futuro empresarial. En un contexto de reducción del desempleo, las empresas van a tener cada vez más dificultades para contratar personas si ofrecen trabajos con jornadas que terminan siendo incompatibles con la vida. Ya está pasando.

El rechazo a la reducción de la jornada laboral, la negativa a los sistemas de control de horarios, la oposición al derecho a la desconexión digital y la apuesta por las horas extras forman parte de una cultura empresarial que solo concibe las empresas a partir de un uso extensivo de la fuerza del trabajo, que es precarizador de vidas e ineficiente económicamente.

Solo conocer el nombre elegido por el cardenal Prevost para ejercer su pontificado, muchas miradas se dirigieron a la Encíclica 'Rerum Novarum' de su antecesor León XIII. 

En su primer encuentro con los cardenales, el mismo Papa vinculó la encíclica que sentó las bases de la doctrina social de la iglesia con la necesidad de responder hoy a “otra revolución industrial y al desarrollo de la inteligencia artificial que traen nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo”. 

Son indicios que apuntan a que esta podría ser una de las prioridades de León XIV. Mi condición de no creyente no es óbice para que reconozca la influencia que tienen las religiones en todas las sociedades y la auctoritas que suele reconocerse a los pontífices, incluso cuando, como ha sucedido con Francisco, no siempre “tra il dire” haya llegado “il fare”. 

No dudo de la preocupación sincera de León XIII por las inhumanas condiciones de vida de los trabajadores de finales del XIX, pero su principal motivación fue ofrecer un marco ideológico con el que responder a los movimientos revolucionarios y a la fuerza del socialismo que amenazaba con seducir a los creyentes. Lo deja claro desde la primera frase de la encíclica: “Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos”.

A pesar de considerarse el eje sobre el que luego se vertebraría la doctrina social de la iglesia, la acogida de la 'Rerum Novarum' en el mundo católico fue desde el principio diversa y conflictiva. Tanto que, 10 años después, el propio León XIII sintió la necesidad de publicar la encíclica 'Graves de communi' para sentar doctrina sobre la única interpretación auténtica. En este sentido es sugerente la definición que realiza de la “democracia cristiana” en contraposición a la democracia social. 

Luego, la evolución a lo largo del siglo XX no ha sido precisamente pacífica. Baste recordar el conflicto con la “teología de la liberación” desautorizada por Juan Pablo II en su encíclica 'Sollicitudo rei sociales' siguiendo las instrucciones establecidas unos años antes por la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, presidida entonces por Ratzinger, el futuro papa Benedicto XVI.

En esa dialéctica entre continuidad y renovación de las sucesivas encíclicas que actualizaron la doctrina social de la iglesia, no está de más recordar las coincidencias entre el final del siglo XIX y la actualidad. Ambos momentos comparten, salvando muchas distancias, los impactos de las innovaciones tecnológicas en la sociedad y la crisis que provocan en instituciones y estructuras de mediación social. Lo explicita así la 'Rerum Novarum': “Disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes”.

Aunque no se puede analizar la 'Rerum Novarum' con la mirada de hoy, 134 años después, quizás su relectura pueda ofrecernos algunas pistas. León XIII rechaza la lucha de clases, a la que califica de “mal capital” y promueve la colaboración entre ellas. Lo hace a partir de una defensa muy contundente de la propiedad privada, utilizando el nombre de Dios, para reforzar su compatibilidad con la naturaleza y el derecho natural. Aunque a continuación plantea la necesidad de que su ejercicio debe atender al bien común. Un límite que hoy recogen algunas constituciones, entre ellas la española, y que los fundamentalistas de la propiedad privada, entre los cuales se encuentran significativos católicos con poder económico y político, ignoran obstinadamente. 

Sobre el trabajo aporta tres reflexiones de plena actualidad. La dignidad del trabajo impide que este pueda regirse exclusivamente por las reglas del mercado, como si de una mercancía más se tratara. Rechaza la huelga por considerarla expresión de lucha de clases y destructora del derecho a la propiedad. En cambio, reconoce el derecho de asociación de los obreros, en consonancia con el clima social que se abría paso, no sin dificultades.

A finales del XIX algunos estados europeos estaban transitando desde la consideración del sindicalismo y la negociación colectiva como delitos, penados con cárcel por considerar que eran “maquinaciones para alterar el libre precio de las cosas”, a su reconocimiento legal. En España los sindicatos pasaron, después de largas luchas, del código penal a ver avalada su creación por la Ley de asociaciones de 1887. Luego el futuro no fue nada fácil ni pacífico y a pesar de los muchos avances conseguidos aún hoy, desde diferentes frentes, se impugna la función de los sindicatos o se impide su actuación libre.

La 'Rerum Novarum' también realiza una modesta defensa del estado de bienestar. Lo hace unos años después de que, entre 1883 y 1889, Bismarck aprobara leyes que crearon el seguro de enfermedad, el de accidentes y el de vejez. 

Este incipiente sistema de seguridad social que fue calificado por el “canciller de hierro” de cristiandad práctica compartía con la encíclica de León XIII la misma motivación. Desactivar la fuerza social que estaban adquiriendo los movimientos revolucionarios y los partidos socialistas. Confirmando una vez más que para transformar la sociedad no basta con grandes ideas y buenos propósitos, es necesaria la fuerza social que intimide socialmente a los poderosos y les conduzca al propósito de enmienda.

En este sentido es ilustrativa la reflexión que hace León XIII sobre las jerarquías sociales, que según su encíclica responden al orden natural de las cosas. Su defensa a ultranza del respeto a la autoridad política, que la iglesia católica comparte con otras religiones, tiene similitudes con el orden social promovido por el confucionismo, tan querido hoy por los dirigentes de la República Popular China. 

Si algo demuestran estos 134 años es que el futuro no está escrito, lo construimos las personas colectivamente en sociedad. El futuro no está en manos de dioses, reyes ni tribunos, tampoco de un determinismo tecnológico que algunos identifican mecánicamente con el progreso, en un ejercicio de papanatismo tecno-optimista, y otros con un catastrofismo tecnológico que conduce a la resignación. 

Una renovada 'Rerum Novarum', si quiere dejar huella, debería afrontar algunos de los actuales retos civilizatorios. Comenzando por profundizar en los límites de la propiedad privada cuando su ejercicio entra en conflicto con derechos fundamentales de las personas, como sucede hoy con la vivienda. 

También en su defensa de una libertad que no puede auspiciar el nihilismo y que solo es libertad si puede ejercerse en comunidad, lo que sintoniza con las críticas que la 'Rerum Novarum' hizo del liberalismo económico a ultranza.

Una nueva encíclica debería abordar el tratamiento que debe darse a los bienes comunes. Lo hizo el papa Francisco en 'Laudatio si' con relación a la naturaleza y el medio ambiente. Ahora toca hacerlo con los datos, esos nuevos yacimientos de riqueza que están en la base de la inmensa concentración de poder económico y político de un tecno-feudalismo que amenaza con dejar en papel mojado todos los derechos individuales y colectivos. 

En relación con la inmigración, no basta con hacer un llamamiento a que las personas inmigrantes sean tratadas como seres humanos. Resulta imprescindible abordar el reto que comportan las sociedades postnacionales, en las que solo se reconocen derechos a los nacionales de los estados, mientras se niegan a personas que ostentan la condición de ciudadanía, pero no la nacionalidad. Mientras, al mismo tiempo, se permite a los inmigrantes ricos la compra de derechos en el mercado.

En consonancia con su tiempo y el papel disciplinador que siempre ha ejercido la religión para el sostenimiento del orden patriarcal, León XIII defiende la potestad paternal y rechaza la intromisión de la sociedad en la vida de las familias. Este es quizás el aggiornamento más profundo que debería abordar una renovada 'Rerum Novarum'.

Nadie está exento de contradicciones y el que lo pretenda que tire la primera piedra. Pero, a diferencia de la potestas que nace del poder que da la fuerza, la auctoritas requiere de una mínima coherencia entre las palabras y los hechos. 

Resulta difícil pensar que una nueva encíclica pueda ostentar autoridad moral en la denuncia de las desigualdades, si se continúa defendiendo una discriminación tan profunda de la mitad de la humanidad, las mujeres. 

Estaremos atentos. Aunque el nuestro es un mundo cada vez más secularizado, las palabras de León XIV pueden tener una significativa incidencia en los debates ideológicos que están marcando el siglo XXI. 

Desde el origen de los tiempos el miedo y la culpa han sido utilizados como instrumentos de poder para mantener el orden social.

La culpa creció y se convirtió en el gran mecanismo de control social de las religiones monoteístas. El miedo es incluso anterior. Aparece con los primeros sentimientos religiosos a los que Fredéric Lenoir califica de chamánicos en su 'Breve tratado de historia de las religiones'. Los fenómenos naturales, incomprensibles para los primeros humanos, eran desencadenantes de miedos, al tiempo que venerados. Luego, el miedo a los dioses fue uno de los pilares del orden de las sociedades que nacieron con la revolución neolítica. 

Desde entonces miedo y culpa han formado parte del poder de persuasión de todas las religiones y de todos los constructos ideológicos. Y así han llegado activos a nuestra era. Lo estamos comprobando estas últimas semanas. Trump utiliza el miedo en su estrategia de imposición de la fuerza bruta como única norma. Al tiempo que culpabiliza a las víctimas de sus acciones de los abusos que él comete. 

Desgraciadamente, también estamos asistiendo a un uso desinhibido del miedo por parte de la Comisión Europea y de algunos mandatarios de los estados miembros. Para los que creemos que Europa debe ser la alternativa a este caos civilizatorio, es frustrante comprobar que se está utilizando el miedo como mecanismo de persuasión para buscar una adhesión acrítica a la escalada belicista, que lo es por muchos eufemismos que se utilicen para nombrarla. 

No niego que el riesgo de ataque de Rusia sobre otros países limítrofes sea real. Sería ingenuo e irresponsable ignorarlo después de la invasión de Ucrania. Otra cosa es la dimensión y alcance real de ese riesgo, pero las dudas sobre la capacidad de Rusia no pueden ser la coartada para minimizar el riesgo. Tampoco para ignorar otras fuentes de inseguridad, como la dependencia energética o el control oligopolístico de los datos y su uso para desestabilizar las democracias.

No negar esos riesgos no debería hacernos comulgar con ruedas de molino o kits de supervivencia. Esa es la sensación que tengo al ver el relato que se está imponiendo para buscar el apoyo de la ciudadanía a las propuestas de rearme. 

Ya se ha escrito mucho y bien en estas páginas sobre la confusión deliberada entre los conceptos de autonomía estratégica, defensa europea y rearme militar. Y de las diferentes orientaciones políticas que comporta fijar la mirada en uno u otro reto.

También sobre la incongruencia que supone apostar por el rearme de Europa sin avanzar en la confluencia y coordinación de los diferentes ejércitos. Si de verdad se quiere defensa europea necesitamos gobernanza europea. La historia nos explica que los estados nacionales se consolidaron a partir del monopolio de tres instrumentos clave: moneda común, fronteras sobre un territorio y ejército propio. Como la vida está llena de contradicciones quizás una defensa común sea el tortuoso camino para avanzar en la construcción política de la UE, pero esta apuesta no parece en el 'Libro Blanco de la Defensa' presentado por la Comisión.

Son muchas las voces que advierten de la trampa que supondría aumentar el gasto militar, sin más, canalizando este esfuerzo presupuestario hacia la compra a empresas de EEUU, cuyo presidente no duda en amenazar con apropiarse, por las buenas o las malas, de una parte, del territorio europeo. Con un ruidoso silencio de la OTAN que se parece mucho a una adhesión tácita.

Siendo preocupantes estas incongruencias en la respuesta europea, lo que me parece más grave para la democracia es el uso del miedo como estrategia comunicativa para conseguir una adhesión acrítica a las propuestas de rearme. Y de la culpa para acorralar a los discrepantes. Miedo y culpa se están utilizando una vez más para reforzar la idea de que no hay alternativa. La vieja TINA (There is no alternative) que tan determinante fue a finales del siglo XX para imponer la hegemonía ideológica de un neoliberalismo corrosivo para la democracia. 

El miedo es un buen aliado del mercado, solo hace falta ver cómo los mercaderes del miedo han copado una gran parte del mercado publicitario y de la opinión publicada para vendernos -literalmente- seguridad. Pero el miedo y la culpa se llevan fatal con la democracia, son incompatibles. 

En unos momentos en que el miedo al futuro actúa como factor corrosivo de las sociedades, en que los miedos están siendo utilizados por las diversas extremas derechas en sus estrategias de erosión de las democracias desde dentro, es una grave irresponsabilidad usar el miedo para hacer avanzar las propuestas de rearme y utilizar la culpa para acallar dudas y discrepancias. 

En un contexto en el que no hay certezas y mucho menos verdades absolutas todo puede y debe ser discutido, sin tabús. La sociedad europea se merece una reflexión serena y un debate maduro sobre cómo afrontar la grave crisis civilizatoria en la que estamos inmersos. Para mantener esta conversación democrática debemos desactivar el miedo y la culpa como estrategia de persuasión y sobre todo acallar a sus chamanes. 

Las evidencias sobre la crisis de la democracia nos desbordan y, si quedaban dudas, la irrupción de Trump en la cacharrería global las ha disipado. Se trata de una realidad hiperdiagnosticada en sus efectos, pero aún no tenemos respuestas para los interrogantes clave ¿A qué democracia nos referimos? ¿Cuál es la naturaleza de esta crisis? ¿Cuáles son las causas? 

Pueden parecerlo, pero no son preguntas baladíes. Le hemos llamado democracia a realidades que hoy no reconocemos como tal. La elogiada democracia estadounidense nació en convivencia y connivencia con el esclavismo. La ensalzada democracia liberal niega derechos, como el voto, a muchas personas por el hecho de no ser nacionales del estado del que son ciudadanos. En una reconstruida democracia postnacional esta discriminación nos parecerá tan incomprensible como la exclusión de las mujeres en el llamado “sufragio universal”. 

Las democracias que hoy están en proceso de “extinción”, en expresión de Steven Forti, son las que hemos construido en el marco histórico de las sociedades industrialistas y los estados nación, en una parte del mundo. Este hábitat está desapareciendo acelerada y traumáticamente. Las personas, organizaciones e instituciones que lo habitamos nos sentimos tan inadaptadas como los osos panda ante la deforestación de los bosques de bambú. Esta es la naturaleza de la crisis de nuestra democracia.

Para construir respuestas resulta imprescindible disponer de un diagnóstico compartido sobre sus causas. Aún no lo tenemos. Al ser un proceso hiperacelerado y global que se expresa localmente de múltiples y contradictorias maneras, estamos desconcertados. En nuestras reflexiones abusamos de las explicaciones moralistas, construimos nuestros análisis a partir de la búsqueda de culpas y culpables. En palabras de Daniel Innerarity le prestamos más atención a los malos de la democracia que a los males. Esta densa niebla moralizante nos impide ver las causas profundas.

Después de años incomprensiblemente ignorada, hemos identificado la desigualdad social, en sus múltiples manifestaciones, como una de las principales causas de la crisis de la democracia. A los impactos materiales provocados por una globalización profundamente desigualitaria se le unen otros, de naturaleza emocional, que nacen de nuestra inadaptación a las disrupciones en marcha. 

La melancolía por la pérdida ocupa un lugar destacado. La pérdida –real o percibida– de estatus económico, pérdida de horizontes y de expectativas. Pérdida de la familia patriarcal y del papel del hombre viril. Pérdida de las raíces de nuestra tierra, de la patria, de la tribu en sus diferentes expresiones, de los valores de siempre, del orden “natural” de las cosas. Es la misma “pureza perdida del pasado” que según Irene Vallejo sintieron en la antigüedad. 

Los miedos ante tantas inseguridades materiales y emocionales juegan también un papel importante. Este es la gran arma común de las diversas extremas derechas. Nos conducen, a través del determinismo fatalista, a la resignación. La estrategia intimidatoria de Trump tiene esa lógica. 

Ante desigualdades, frustraciones, malestares y miedos, la ciudadanía responde ajustando cuentas con los que considera culpables. Y apoyando a quienes se presentan como sus vengadores y se ofrecen como alternativa, con un autoritarismo tecnocrático que alardea de eficacia frente a la incapacidad de los sistemas democráticos. Es una de las “revanchas” que describe Andrea Rizzi.

Sin restarles importancia, todos estos factores son más efectos que causas. Para entender las raíces profundas de la crisis de la democracia resulta útil echar una mirada a la historia. En las grandes disrupciones de época siempre han confluido, en su origen, una tríada bien conocida por la humanidad. 

Innovaciones tecnológicas que subvierten el orden socioeconómico existente, el largo parto –con cesárea–de un nuevo marco institucional y la ideología que lo promueve y sustenta. Todo ello, acompañado de diferentes formas de violencia. 

Nuestro tiempo sigue estas pautas. La digitalización ha sido clave para la irrupción de una economía hiperglobalizada que ha roto las costuras de las democracias de los estados nación. El desequilibrio de fuerzas entre un capital global de un lado y unas fuerzas de trabajo y sociedades nacionales de otro está en el origen de las desigualdades y de las dificultades para hacerles frente. Lo mismo sucede con el desequilibrio de poder que genera el desajuste entre los rápidos tiempos digitales en que se mueve la economía y la lentitud analógica con la que se mueven las sociedades, que las hace ir siempre a remolque.

Si en otros momentos la reacción frente a la desigualdad fueron las luchas colectivas, hoy priman respuestas individualistas y tribales, de la mano del agravio comparativo. Ante ello buscamos culpables y nos culpabilizamos. Obviamos que esta es una de las consecuencias de la digitalización, que, al facilitar la segregación de condiciones de trabajo y vida, dificulta la vertebración de intereses y propicia el conflicto entre identidades. 

El resultado de todo ello es desorden y descomposición política, debilitamiento de las organizaciones colectivas como espacios de socialización. La doble crisis, de función social y de modelo de negocio, de los medios de comunicación tiene su origen en el impacto de la digitalización. El uso de algoritmos es determinante en la creación de burbujas cognitivas que erosionan los pilares de los sistemas democráticos. La crisis de la democracia es sobre todo la crisis de las estructuras de mediación social construidas durante siglos para civilizar los brutales impactos de la incipiente sociedad industrial. 

Este nuevo (des)orden se sustenta ideológicamente en una idea de libertad liberticida que niega la comunidad (De Ayuso a J.D. Vance) y en la mercantilización de todas las relaciones sociales y políticas. Todo, hasta los derechos humanos, es susceptible de ser transaccionado en el mercado. Ya hablamos de democracias transaccionales.

El proceso de globalización desigualitaria, insostenible social y ambientalmente, ha entrado en descomposición. Nos lo advirtió Dani Rodrik con su trilema. Globalización económica, soberanía nacional y democracia no pueden coexistir. 

La alternativa que, de momento, se está imponiendo consiste en sacrificar la democracia. Lo comprobamos con la transformación de sistemas democráticos en modelos de autoritarismo competitivo o claramente autocráticos. La inteligencia artificial y su control oligopolístico por las grandes tecnológicas propicia una gran concentración de poder económico y político que debilita la democracia y es una fuente de desigualdades de todo tipo. 

En este proceso disruptivo avanza un modelo de reglobalización en el que resurgen los imperios y sus reglas de juego. La fuerza del multilateralismo y de las normas comunes, con todas sus imperfecciones en el diseño y la hipocresía en su aplicación, está siendo sustituida por la imposición autoritaria y sobre todo desacomplejada y obscena de la fuerza como única norma. 

Ante ello debemos evitar los análisis deterministas que nos conducen a la parálisis y la resignación. Ni el futuro que dibujan los tecno optimistas ni el de los fatalistas está escrito. Las investigaciones históricas de Acemoglu y Johnson nos confirman que, después de momentos de desconcierto y grandes destrozos, la humanidad ha sabido reconstruir nuevas formas de control social de la tecnología.

Recomponer civilizatoriamente el actual caos democrático no será fácil ni rápido. Estamos obligados a dar respuestas a corto plazo porque a largo, todos muertos. Pero no basta con políticas de resistencia, urge al mismo tiempo construir un proyecto que movilice la esperanza. Como el papel lo aguanta todo, me atrevo a apuntar algunos mimbres.

Debemos otorgar, con las consecuencias que de ello se derivan, la condición de comunes a bienes vitales para la humanidad como el medio ambiente o los datos. Urge gobernar democráticamente la digitalización con un control de su materia prima, los datos, para evitar que el oligopolio de los tecno-plutócratas actúe como arma de destrucción masiva de libertades e igualdad. Necesitamos construir nuevas estructuras de mediación social con capacidad de revertir las desigualdades en las nuevas sociedades postnacionales. Debemos reapropiarnos ideológicamente de la idea de libertad, secuestrada hoy por los mercantilistas liberticidas.

Queda por responder la pregunta del millón. ¿Y esto, quién lo hace? Aunque hoy cueste imaginarlo, Europa puede y ha de jugar un papel relevante. Disponemos de la palanca más potente, un ideal de civilización, con todas sus incongruencias pero también sus potencialidades. 

La historia y evolución del salario mínimo desde 1963 nos ofrece importantes enseñanzas de las que deberíamos aprender si se quiere abordar con acierto el actual conflicto sobre la fiscalidad que debe aplicarse a sus perceptores. 

Durante estas seis décadas, el salario mínimo ha reflejado con nitidez el conflicto entre concepciones socioeconómicas confrontadas ideológicamente. Al mismo tiempo que ha sido el terreno propicio para un tacticismo político extremo. 

De la lectura de la exposición de motivos del Decreto de 1963, que lo fijó por primera vez, se desprende la concepción asistencial que tenía el régimen franquista del salario mínimo. Se calculó, con los métodos rupestres de entonces, que afectaba solo al 8% de las personas trabajadoras que cobraban por debajo de las 1.800 pesetas mensuales (10,8 euros). Luego no se actualizó hasta 1970 y más tarde en 1975 y 1976, en plena espiral inflacionista que superó el 20%. 

No fue hasta la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 cuando el salario mínimo adquirió la condición de derecho de los trabajadores y su fijación anual una obligación del gobierno. Aunque, desde sus inicios fue una obligación incumplida. Nunca se llegó a aplicar la revisión semestral prevista en el artículo 27 del Estatuto en los supuestos de incumplimiento en las previsiones del IPC. 

Durante años, las subidas del salario mínimo quedaron por debajo de la evolución del IPC, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de los salarios más bajos. 

A ello contribuyó la hegemonía ideológica del neoliberalismo que, con sus análisis teológicos, afirmaba como dogma de fe que una mejora de los salarios y los derechos sociales perjudicaba la economía y destruía empleo. En la medida que el salario mínimo además de ser una política de rentas también incidía en el acceso a las prestaciones sociales los incentivos para su congelación o reducción en términos reales eran muy poderosos. 

Tanto que los gobiernos socialistas se apuntaron a esa indistinción ideológica del Consenso de Washington. Prueba de ello es que durante los gobiernos de Felipe González solo en 1990 y 1991 la actualización del salario mínimo superó la inflación. Una pérdida del poder adquisitivo que continuó durante los gobiernos de Aznar. 

El resultado es que durante décadas el salario mínimo tuvo un impacto residual en términos de rentas. Beneficiaba a muy pocas personas, las que estaban por debajo del umbral de la pobreza severa. 

El salario mínimo volvió a ser protagonista del debate político en 2004, cuando el candidato Zapatero se comprometió a aumentarlo desde los 460 euros hasta los 600 mensuales. Un compromiso electoral atrevido y rupturista, que luego tuvo que modular y mucho al acceder a la Moncloa. Esos 600 no llegaron hasta el 2009, después de su segunda victoria electoral. Luego, durante la gran recesión, se volvió a las andadas de reducción en términos reales del salario mínimo. Con Zapatero y con Rajoy.

Pero lo más trascendente de aquel compromiso es que, después de las elecciones, alguien cayó en la cuenta de que una subida de esa envergadura comportaba un aumento importante del gasto público, en la medida que el acceso a muchas prestaciones sociales y su cuantía estaban vinculadas al importe del salario mínimo. Una subida de esa intensidad comportaba de manera automática (tomen nota del concepto automático) un aumento del gasto público en prestaciones sociales 

Para evitar este efecto colateral no previsto se creó el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) que pasó a sustituir al salario mínimo como parámetro para el acceso a muchas prestaciones sociales. A partir de 2005 el IPREM (469,80) comenzó a distanciarse del Salario Mínimo (513 ) que había tenido dos subidas en julio 2004 y enero 2005. 

Es evidente que el IPREM no es fruto de una reflexión sobre políticas públicas, sino de la necesidad de ofrecer una respuesta táctica a un efecto imprevisto de una promesa electoral. El resultado es que aquella respuesta tacticista del 2004 se ha convertido en un instrumento de control del gasto público y devaluación de las políticas sociales. Lo que en 2005 era un diferencial entre salario mínimo e IPREM de 43 € al mes, hoy se ha convertido en un diferencial de 584, la diferencia entre los 1.184 del SMI y los 600 congelados desde el 2023 del IPREM, por tener los PGE prorrogados. 

El impacto en términos de políticas sociales es muy regresivo. Baste recordar que el acceso a muchas prestaciones sociales (vivienda pública, asistencia jurídica gratuita, bono eléctrico entre otras) viene determinado por el umbral del IPREM. También sus cuantías, por ejemplo, el subsidio asistencial de desempleo está fijado en el 80% del IPREM.

Disputa ideológica y tacticismo se volvieron a encontrar con la constitución del primer gobierno de coalición en 2019. Es bien conocido, aunque no tengo claro que suficientemente valorado, que durante estos años el salario mínimo ha tenido un aumento espectacular del 61% (desde los 735,9 del 2018 hasta los 1.184 del 2025). 

Quizás lo más importante, además de mejorar la vida de las personas, sea que estas subidas han desmentido las previsiones catastrofistas para el empleo y la economía de la patronal, las derechas políticas y algunos terminales académicos. También ha aliviado las actitudes timoratas e indistintas de los miembros del PSOE en el gobierno de coalición, aunque viendo la ostentación que ahora hacen de ellas, nadie lo diría. 

De la misma manera que en 2004 no se pensó en el impacto que tendría la mejora del salario mínimo en el volumen del gasto social, parece que en 2019 tampoco se calibró el impacto que tendría adaptar “automáticamente” los mínimos exentos del IRPF a la subida del salario mínimo. Y si se pensó en ello nada se ha hecho durante estos seis años para un debate riguroso sobre el tema. 

En estas estamos. Creo que es el momento de dejar claro que las mejoras del salario mínimo no pueden suponer una elevación automática del mínimo exento del IRPF. Al menos por tres razones, supone una reducción en la aportación fiscal de todos los tramos de renta, incluidas las más altas que son las que proporcionalmente menos contribuyen, comporta una reducción de ingresos fiscales que se necesitan para atender a múltiples necesidades sociales y reclamaciones -no siempre justas- de muchos colectivos. Además, supone un desincentivo indirecto a sucesivas mejoras del salario mínimo. Pretender que se mantenga esta automaticidad entre el importe del salario mínimo y el mínimo exento del IRPF es algo más que un error.

Pero también deberíamos tener claro que es una barbaridad que, al no modificar este mínimo exento, las personas perceptoras del salario mínimo pasen a soportar un tipo marginal (lo que se paga por el último tramo del aumento del SMI, que son 50) del 46,8%, muy por encima del que aportan las rentas más altas. 

Parece obvio que necesitamos una profunda reforma fiscal que aborde las ineficiencias e inequidades sociales de un sistema fiscal construido a retales y a golpe de presiones y de tacticismo. No solo en la vertiente de ingresos, también en la de gastos, que tiene un efecto redistributivo mayor. Estaría bien que se aprovechara el momento para debatir sobre el IPREM. La necesidad de esta reforma es tan obvia como que la dichosa correlación de fuerzas parlamentaria no lo pone nada fácil. 

Eso obliga a hacer ahora otro apaño mientras no se puede abordar una reforma más estructural. Un remiendo que suponga desacoplar el mínimo exento del IRPF de la evolución del salario mínimo. Y de manera simultánea garantizar que la mejora del salario mínimo bruto del 2025 revierte íntegramente en los ingresos netos de sus perceptores (incluidas cotizaciones sociales, que también son salario).

Hay propuestas técnica y políticamente viables siempre que se atienda al huevo y no al fuero. Espero que a nadie se le haya pasado por la cabeza convertir este debate en un combate en el seno de la coalición de gobierno, del que han de salir ganadores y perdedores. De cometer tamaña torpeza todos perderían y solo ganarían las derechas y lo que es mucho peor, la teología antifiscalidad y la desafección política. 

Por fin se ha aprobado el anteproyecto de ley que establece una jornada máxima de 37,5 horas. Ahora, previos los informes preceptivos, se iniciará la tramitación parlamentaria. Su aprobación no será fácil, hay muchos intereses en juego y modelos socioeconómicos confrontados.

Sin duda, se trata de una medida de gran trascendencia, con impactos sociales y económicos de futuro que, por definición, es imposible prever en todas sus dimensiones. Aunque sí se pueden anticipar algunos de sus efectos que, por la diversidad del tejido empresarial, serán diversos y asimétricos. Ese debería ser el objetivo del debate social y político, a fin de maximizar los beneficios y minimizar los riesgos y costes que una medida de este calado siempre comporta. 

La ley sintoniza con una aspiración que comparte la inmensa mayoría de la ciudadanía, en todas las CCAA -también Catalunya- y con independencia de la orientación de su voto: “Trabajar menos para vivir mejor”. 

Además, enlaza con una de las principales reivindicaciones y luchas del movimiento obrero. A principios de siglo XX la jornada laboral media era de 3.000 horas al año. Hace 116 años, España con la huelga de La Canadiense se situó a la vanguardia de las 8 horas diarias y 48 semanales. En 1983 se redujo la jornada máxima a 40 semanales o su equivalente anual de 1826,27. 

En los últimos años, la reducción de la jornada de trabajo se ha convertido en una reivindicación que vertebra luchas sindicales y feministas que comparten horizontes de gran consenso social: la conciliación, la corresponsabilidad en las tareas familiares y la apuesta por una sociedad de los cuidados. Aunque en este, como en otros muchos temas, se practica un perverso fariseísmo. Los discursos van por un lado y la mayoría de las conductas empresariales y políticas públicas van por otro. Para algunos, la conciliación está muy bien a condición de que se quede en la puerta de las empresas y no cruce el umbral de los centros de trabajo.

Además de sentido social, la reducción de la jornada laboral también tiene lógica económica. A lo largo de la era industrial cada vez que se han producido innovaciones tecnológicas significativas la respuesta ha sido una reducción del tiempo de trabajo. Mayor productividad, con menos horas de trabajo y creación de riqueza suficiente para construir, a partir de la fiscalidad, un estado social que ha sido el gran yacimiento de empleo del siglo XX. Este proceso virtuoso es algo que no discuten ni los más fervientes opositores a la reducción de la jornada. 

Existen, sin duda, importantes y poderosos argumentos en contra. Desde los más zafios que identifican la reducción legal de la jornada con el franquismo hasta los más rigurosos que plantean flexibilidad y gradualidad atendiendo a la diversidad de nuestro tejido económico, pasando por los más sofisticados que incorporan la variable de la productividad. Veamos.

En la presentación de un informe del Instituto de Estudios Económicos (CEOE) se llegó a afirmar que la reducción legal de la jornada máxima corresponde a un modelo de relaciones laborales propio del franquismo y el falangismo. La cosa tiene guasa, porque los firmantes del informe, además de socios de importantes bufetes empresariales, son catedráticos de Derecho del Trabajo. Después de estas afirmaciones lo lógico sería que renunciaran a su cátedra y auspiciaran la desaparición de esta asignatura en los planes de estudio. Conviene recordar que el Derecho del Trabajo emergió con una clara voluntad tuitiva, protectora de las personas trabajadoras, para reequilibrar unas relaciones laborales muy desequilibradas cuando se dejan al albur de las reglas del mercado de trabajo.

Esta frivolidad no merecería atención si no fuera la coartada argumental que se utiliza para justificar la exclusión de la regulación legal y la exclusividad de la negociación colectiva en materia de jornada. Sin duda los convenios colectivos juegan una función importante. No solo fijando la jornada de trabajo sino también estableciendo reglas para su aplicación, distribución irregular. 

Pero eso no puede excluir la intervención heterónoma -disculpen la palabreja- de los poderes públicos para fijar unos derechos mínimos, en este caso una jornada máxima. Entre otras razones porque hay trabajadores no cubiertos por la negociación colectiva y sectores con un gran desequilibrio de fuerzas en su capacidad negociadora. 

Entre los argumentos económicos utilizados para oponerse a esta medida, aparece una tríada bien conocida. El riesgo de aumento de costes laborales, caída de la competitividad y destrucción de empleo. Todo aderezado con el razonamiento de la baja productividad de las empresas españolas. 

No deberíamos menospreciar estos factores, pero tampoco asumirlos como si fueran actos de fe, más propios de la teología que de la economía. La contraposición entre derechos sociales y eficiencia económica forma parte del pensamiento hegemónico neoliberal de las últimas décadas. 

Este dogma ignora que las sociedades más justas son también las más dinámicas y eficientes económicamente. Los datos son abrumadores y lo estamos comprobando en España. A pesar de los diagnósticos catastrofistas para descalificar la reforma laboral y los aumentos del salario mínimo, la realidad nos dice que una parte, aunque no toda, del “milagro” económico español es resultado de la mejora de la calidad del empleo y de los salarios. 

Esta constatación no debería llevarnos a ignorar posibles efectos indeseados de esta medida. Es evidente que una reducción de la jornada con el mismo salario comporta un incremento de los costes laborales. Pero no lo es tanto que ello signifique una perdida automática e irreversible de la competitividad. No debe obviarse el colchón que aporta el aumento significativo de los márgenes empresariales de estos últimos años.

En esta misma línea argumental aparecen los déficits de productividad y de nuevo surgen los argumentos “cutres”. La CEOE ha llegado a afirmar que, con nuestros niveles de productividad, la jornada laboral debería aumentar a 41,2 horas. O sea, una vuelta al Pleistoceno empresarial. 

Esperemos que pronto el Consejo de la productividad nos aporte datos para poder hacer un debate riguroso. De momento lo que sabemos es que, si bien es cierto que nuestra productividad agregada es menor que la media de la UE, las diferencias sectoriales son muy importantes. Hay sectores y empresas, precisamente las que actúan en contextos de elevada competitividad global, que presentan índices de productividad iguales o superiores a la media europea. Curiosamente, o no tanto, son los que tienen jornadas más reducidas, mejores salarios y condiciones de trabajo. El milagro lo conocemos, se llama innovación. Lo que nos lleva a concluir que nuestros déficits de productividad no son imputables al factor trabajo, sino a un capital que se está mostrando vago en el esfuerzo inversor. 

Es verdad que no todas las empresas están en idénticas condiciones para usar estrategias de innovación. Pero no se puede caer en la trampa de considerar que algunas empresas o sectores están condenados a no poder innovar. La innovación no es solo tecnología, también es innovación organizativa, de procesos y de productos que se pueden implementar en todas las empresas. En este sentido el margen de mejora es inmenso, hay empresas que gestionan fatal la prestación de trabajo de sus trabajadores.

Por eso una medida de acompañamiento inteligente a la reducción de la jornada sería ayudar a las empresas menos preparadas -algunas pymes, aunque no todas- a recorrer el camino virtuoso de la innovación. 

Aquí entra en juego una de las falacias argumentales más sofisticadas en relación con la productividad, la que establece una relación causal de dirección única. Se afirma que primero es el aumento de la productividad y luego la reducción del tiempo de trabajo. 

Discrepo, la dirección causal es bidireccional. Es verdad que no existe automaticidad entre aumento de costes laborales e innovación, pero no lo es menos que la historia ofrece muchos ejemplos de cómo la mejora de condiciones de trabajo, con su aumento de costes, ha actuado como un incentivo a la innovación. De la misma manera que un uso extensivo y abusivo de la fuerza de trabajo desmotiva la innovación, porque no se precisa para obtener grandes rentabilidades. 

Sobre la flexibilidad en la aplicación de la jornada de trabajo la ley reconoce márgenes de intervención a la negociación colectiva y al poder organizativo de las empresas. Y respecto a la gradualidad temporal en la entrada en vigor de la medida creo que existen márgenes de negociación para alcanzar un acuerdo social y político. Y aquí puede estar una de las claves.

He dejado para el final el hueso más difícil de roer, la nueva regulación del control de la jornada y horarios. En una sociedad en que “hecha la ley, hecha la trampa”, deviene importante que existan mecanismos de control eficientes por parte de los propios trabajadores, sus representantes y la Inspección de Trabajo. 

Los abusos de las horas extras, muchas no declaradas, incluso no retribuidas, el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial y de las horas complementarias son habituales, lo que deteriora la credibilidad de las leyes y de los derechos reconocidos. Por eso el control real y efectivo de la jornada deviene clave. Me temo que esta puede ser la principal causa de oposición empresarial, aunque por decoro se camufle entre argumentos más presentables. 

El camino del anteproyecto de ley no será fácil, pero merece la pena recorrerlo. Supone una conquista de ciudadanía que viene de la mano, como en otras ocasiones, de las reivindicaciones de género de las mujeres. 

Esta semana las derechas patrias -cada uno la suya- han cruzado una frontera muy peligrosa. PP, Vox y Junts le han hecho la pinza al gobierno de coalición con el objetivo de erosionarlo, en el caso del PP y Vox, y para chantajearlo en el caso de Junts. 

La gravedad de su actuación es que el zarandeo al gobierno lo han ejecutado castigando a la ciudadanía. No solo a los pensionistas, también a las personas más vulnerables que eran los principales beneficiarios del Real Decreto Ley 9/2024. 

A las pocas horas de votar en contra, PP y Junts han comenzado la batalla por el relato para eludir sus responsabilidades, derivarlas hacia el gobierno de coalición o para diluirlas en la tramposa equidistancia del “todos son responsables”. 

PP y Junts justifican su voto en contra por la naturaleza “ómnibus” del Decreto Ley. Argumentan que contenía normas muy diversas que no podían votarse al mismo tiempo. Aunque en el debate no concretaron los contenidos con los que discrepan. 

De momento esta excusa, a modo de coartada, se está abriendo paso y gran parte de la opinión publicada, incluida la progresista, la ha hecho suya. Hacen bien las personas progresistas en ser exquisitamente escrupulosas en la defensa de la calidad institucional. Si se quiere evitar la degradación democrática y la desafección que la acompaña, no se puede apoyar todo lo que hagan los gobernantes por los que sentimos simpatías o complicidad. 

Pero mi opinión, soy consciente de que, a contracorriente, es que este no es el caso. No comparto la descalificación del Decreto Ley 9/2024 por su supuesta condición de ómnibus. Voy a intentar explicarme, comenzando por dejar claro que también estoy en contra de esa perversa técnica legislativa. 

Pero no podemos quedarnos en la superficialidad del concepto ómnibus, muy manoseado en la crónica política. Hay que entrar a analizar en detalle su contenido. Y, en mi opinión, los decretos ley que, en circunstancias de prórroga presupuestaria, suelen aprobar todos los gobiernos -estatal o autonómicos- a finales de año están justificados. 

Que se me entienda, no lo defiendo con el zafio argumento de que “ellos hacen lo mismo”. Lo que mantengo es que este tipo de Decretos Leyes tienen su lógica, sea cual sea el gobierno que los apruebe. 

La inmensa mayoría de las normas contenidas en el Decreto Ley contienen prórrogas de medidas sociales, económicas, tributarias o ambientales aprobadas en leyes anteriores para hacer frente a las sucesivas crisis de la Covid, el volcán de la Palma, Ucrania, Gaza, o la Dana de Valencia, y cuya vigencia vencía a finales de año.  

En condiciones normales, la prórroga de estas medidas suele incorporarse a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero cuando estos no se aprueban y se prorrogan los anteriores, el gobierno de turno se ve en la obligación de recoger en un solo Decreto Ley estas normas para evitar que decaigan las medidas que se quiere prorrogar. 

Si analizamos en detalle el contenido de los cinco títulos que contiene el Decreto Ley podemos comprobar que siguen esa lógica, la de la prórroga de medidas sociales, económicas, tributarias y ambientales aprobadas en los últimos años. La palabra más utilizada es la de prórroga. 

Con una única excepción, la disposición adicional que acuerda el traspaso y compensación de inmuebles al Partido Nacionalista Vasco que, al parecer, ya se había pactado anteriormente con Rajoy. Por cierto, este es el único argumento que, inicialmente, el PP utilizó para justificar su rechazo al Decreto Ley.

En el caso de Junts no supieron o quisieron explicar -igual hubiera sido peor para ellos- los contenidos de los que discrepan. Lo suyo es más intangible, lo justifican por el supuesto incumplimiento de compromisos anteriores, aunque en el fondo es la respuesta al desaire que dicen sufrir porque Pedro Sánchez no ha aceptado reunirse con Puigdemont. 

La mejor prueba de que el PP y Junts no están muy seguros de su coartada “ómnibus” es que en pocas horas han pasado de no concretar los contenidos del Decreto Ley de los que discrepan a inventarse razones, a cuál más falsa y esperpéntica. Pretenden tapar su irresponsabilidad intoxicando con mentiras a la ciudadanía.

Como era de esperar se ha levantado un clamor social para que se resuelva pronto el desaguisado provocado por la no aprobación del Decreto Ley. Este podría ser un efecto colateral positivo de este entuerto, que la ciudadanía sea consciente de la importancia de las políticas sociales aprobadas por el gobierno de coalición, que no han caído del cielo, de la misma manera que su no prórroga no es fruto de una maldición bíblica. 

Para encontrar una solución, que no termine en un nuevo fiasco, resulta imprescindible que PP y Junts concreten qué contenidos comparten y de cuáles discrepan. El gobierno, al que se le reclama que tome iniciativas, y sobre todo la ciudadanía, tienen derecho a saber si el PP y Junts aceptan o rechazan la prórroga de la suspensión de la liberalización de las inversiones extranjeras directas, acordada para evitar que fondos de inversión extranjeros puedan comprar a precio de saldo empresas estratégicas españolas. 

También sería saludable que el PP y Junts le explicaran a la ciudadanía si están a favor o no de la actualización y aumento para el 2025 de las entregas a cuenta de la liquidación definitiva de recursos a las CCAA y administraciones locales. Y por supuesto, tenemos derecho a saber si PP y Junts están a favor o en contra de la prórroga del impuesto extraordinario a entidades financieras. 

Las personas más vulnerables tienen derecho a saber si el PP y Junts consideran necesaria o no la prórroga de la suspensión de los desahucios y cortes de suministros básicos de personas en situación de vulnerabilidad social. 

Estoy seguro de que a los habitantes de la Palma les gustaría saber por qué el PP que gobierna con Coalición Canaria ha considerado oportuno sacrificar las ayudas extraordinarias para así dar un trompazo al gobierno español. Y lo mismo podemos decir de las personas afectadas por la Dana en el País Valencià. 

Podríamos continuar desgranando el contenido del Decreto Ley para explicar las razones que me llevan a justificar que, en este caso, como en el resto de los supuestos parecidos -sea cual sea el gobierno, insisto- este tipo de decretos leyes de final de año, en los casos de prórroga presupuestaria, están justificados. Lo que no impide que el propio Congreso acuerde -así está previsto legalmente- su tramitación posterior como proyecto de ley, para que cada grupo parlamentario pueda proponer cambios y si no se alcanzan acuerdos votar en contra de aspectos concretos. Eso hubiera sido lo lógico y responsable por parte del PP y Junts, pero han preferido desgastar al gobierno aun a costa de castigar a la ciudadanía.

Se está explicando poco que un Decreto Ley con la misma lógica y contenidos en buena parte idénticos fue aprobado hace un año. El Real Decreto Ley 8/2023 de 27 de diciembre fue convalidado con un solo voto en contra y ocho parlamentarios que no votaron. En aquel caso el PP se abstuvo, un año después han olido sangre política, la que ha provocado su pinza con Junts

Para dar verosimilitud a sus excusas “ómnibus” y evitar el desgaste, el PP y Junts han corrido a proponerse como solución al desaguisado que ellos mismos han provocado. Le han planteado al gobierno que vuelva a presentar un decreto ley que recoja por separado la actualización y mejora de las pensiones y la bonificación del transporte colectivo. Pero no nos dicen nada del resto de contenidos de la norma que, quiero recordar, tienen un fuerte contenido social. 

El gobierno de coalición haría bien en meditar mucho su siguiente movimiento. Si no hacen nada con celeridad se corre el riesgo de aumentar el malestar social que siempre castiga más al que gobierna, y que el PP y Junts les responsabilicen de la bajada de la pensión en la nómina de febrero o de la desaparición de las tarifas bonificadas en el transporte. Pero si presentan nuevos decretos ley solo con estos contenidos corren el riesgo de contribuir al relato de las derechas. Y lo que es más grave dejar colgadas otras medidas sociales, económicas, tributarias y ambientales que es imprescindible prorrogar. 

Quizás el siguiente movimiento del gobierno de coalición deba ser exigir al PP y Junts que concreten cuáles son los contenidos con los que están de acuerdo y de cuáles discrepan. En esta dirección los medios de comunicación pueden ayudar, exigiéndoles trasparencia, lo que siempre es una buena aportación a la calidad de la democracia. La transparencia es mucho mejor que la falsa equidistancia de  “rifirrafe entre partidos” o “los partidos dejan sin revalorización a los pensionistas”. Con estos titulares y otros parecidos se está premiando a los actores políticos más irresponsables y alimentando la desafección democrática. 

Cada día que pasa se hace más evidente que Junts ha iniciado un proceso de reencarnación. La inmortal alma convergente intenta transmigrar a un nuevo ser, sin abandonar del todo el cuerpo del “nasciturus” independentista que se presentó como transversalmente progresista cuando no antisistema. 

Se trata de una operación de alta complejidad preñada de contradicciones, porque construir el futuro volviendo al pasado e ignorando el presente, solo es posible en los sueños melancólicos de los nostálgicos, que tanto abundan últimamente. 

La sociedad catalana y española no es la de los años 80 del siglo pasado. Las bases sociales de Convergencia, la mesocracia de la pequeña burguesía, sin desaparecer, han cedido protagonismo a una nueva mesocracia que vive bajo el halo protector del sector público. 

El escenario político en nada se parece a aquel en que la mayoría nacionalista en Catalunya, que se autodenominaba minoría catalana en Madrid, condicionaba con sus votos la gobernabilidad de España, negociando y acordando con los partidos de un sistema bipartidista cuasi perfecto. 

Aunque hay rastros de aquellas viejas formas políticas, la situación dista mucho de ser una repetición de aquellos tiempos. Durante décadas el pujolismo negoció con los diferentes gobiernos españoles para conseguir el traspaso de competencias que luego se ejercían desde la poderosa galaxia pujolista. 

El objetivo era ampliar el autogobierno, al tiempo que se alimentaba el discurso nacionalista sobre el que asentar las bases de la hegemonía ideológica en la sociedad catalana. 

A cambio, CIU se comprometía con la gobernabilidad de España, pactando con el PSOE y a partir de 1996 con el PP. En algunos momentos se llegó a intercambiar estabilidad parlamentaria a los dos lados del Ebro, aunque fuera sacrificando al PSC cuando hizo falta o abortando los intentos de sectores del PP catalán de construir una derecha conservadora no nacionalista. 

Ahora el escenario es muy distinto. Junts está fuera de la gobernanza de todas las instituciones catalanas. Su interés por aumentar el techo de autogobierno es mucho menor. En realidad, ese no es su objetivo, es solo su coartada, porque cualquier avance en las negociaciones con el gobierno español lo van a capitalizar otros en Catalunya. 

Para Junts las exigencias de más autogobierno se han convertido en meras escenificaciones que tienen como principal objetivo garantizar su subsistencia política en un contexto de debilidad electoral. 

Ya no se trata de avanzar en la independencia –que lejos queda 2017– ni tan siquiera de ampliar el autogobierno. Ahora las pretensiones de Junts y todos sus movimientos pasan por reforzar su perfil en un contexto global de clara derechización, al tiempo que condiciona la política española. 

Que Junts haya situado como prioridad la transferencia “plena” de las competencias de inmigración no responde a la voluntad de ampliar el autogobierno. Su intención es otra, reubicarse en el espacio político que hoy ocupan las fuerzas conservadoras en Europa y el mundo. Al tiempo que intenta protegerse por ese flanco de los avances de Alianza catalana, con la que comparte y disputa una parte de sus bases electorales. 

Junts ha pasado, en un breve espacio de tiempo, de querer construir un estado propio para Catalunya de manera unilateral a implicarse en la orientación de las políticas del estado español. Su posición contraria a los impuestos a las empresas energéticas va de eso. 

En realidad, se trata de volver, sin que se note mucho, al papel que en su momento jugó la Unió Democrática de Duran i Lleida y de Sánchez Llibre, el verdadero muñidor de la estrategia de lobby en el Congreso que hoy continúa ejerciendo a través de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional. 

Lo que intenta Junts es más difícil que la cuadratura del círculo, pretende descubrir el agua seca. Pasar en tan poco espacio de tiempo del independentismo unilateral –del que alardeaban hasta hace poco en su pugna insomne con ERC– a querer ser protagonista de la política española es un malabarismo que resulta difícil incluso para Puigdemont, el rey de la ficción y la astucia. 

Pero la dificultad no es solo suya, sino que irradia a todos sus interlocutores, a los que ya no les basta con ofrecer contrapartidas con las que llenar de “peix el cove”, entre otras cosas porque el cesto del gobierno catalán ya está en otras manos, que no son las de Junts. 

La última negociación en la que fue posible intercambiar cosas tangibles fue la de la ley de amnistía, que ya casi todos en el mundo de la política dan por amortizada. Ahora Junts persigue un objetivo más intangible, que se le reconozca su peso político y su capacidad de desestabilizar la legislatura española. De eso va la exigencia de que Pedro Sánchez se someta a una moción de confianza. A sus interlocutores se les están acabando los gestos, y los pocos que aún les quedan parece que quieren dosificarlos temporalmente.

En las próximas semanas viviremos situaciones aún más vodevilescas. Junts puede bloquear los presupuestos, incluso dificultar la actividad legislativa, pero no puede, aún no, ejecutar su amenaza de derribar al Gobierno de coalición, por mucho que lo tiente y se lo suplique Feijoó. 

He escrito “aún no”. Haríamos bien en no dar nada por seguro. En los últimos meses, hemos visto muchas cosas, hasta hace poco impensables en la Unión Europea. E igual, Catalunya no es tan diferente de España y de Europa como pretenden los dirigentes independentistas. Igual, Junts acaba alcanzando su sueño de transmigrar y reencarnarse en una de sus almas.