Queda lejos el 14F, donde poco más de la mitad de la ciudadanía de Catalunya dibujó el nuevo mapa político, y los partidos políticos siguen negociando la composición del Govern. Mientras, la cruda realidad sanitaria, social, económica y ecológica cada día es más evidente y preocupante, y las expresiones políticas de ultraderecha y populistas van tomando posiciones en la vida política catalana. 

A pesar de los resultados electorales tienen, como siempre, múltiples lecturas, hay algunas claves para un diagnóstico compartido. La alta abstención explica, más allá del efecto pandemia, la desmovilización de unos y el cansancio y desafección otros. Parece como si la ciudadanía impugne el frentismo de la pasada legislatura. Más de un millón y medio de ciudadanos han desertado de instalarse en ninguno de los bandos de la confrontación, y el azulejo de la política se ha movido en el eje derecha izquierda de manera más nítida que cabe otra condesa. 

El resultado electoral, insatisfactorio para todo el mundo, es la lógica respondida de una ciudadanía que constata que como decía Martí Pol “ninguno de los prodigios que anunciaban taumaturgos insignes no se ha cumplido”. Hoy Catalunya es más pobre y más desigual que hace 10 años y, no solo no ha avanzado nacionalmente, sino que ha retrocedido en autogobierno y reconocimiento institucional. No es que el conflicto nacional se haya fundido, al contrario, sigue vivo y es real, pero la estrategia de supeditar los derechos sociales y los retos ecológicos y digitales en el adelanto de los derechos nacionales, no está dando resultados y genera cansancio y dejación.

El debate del nuevo Gobierno tiene que responder al expresado por la ciudadanía y a la composición real de su representación parlamentaria. El marco institucional tiene que ampliarse, no puede excluir la mitad del arco parlamentario. Las instituciones no pueden seguir instrumentalizadas partidariamente, tienen que querer representar al conjunto de los catalanes y catalanas, no solo a una parte de la ciudadanía.

La constitución de la Mesa del Parlament y del nuevo Govern de la Generalitat tiene que responder a las cuestiones trascendentales que marcarán la legislatura. Será económica y socialmente muy complicada. Y con el conflicto político nacional abierto, nos puede generar una alta frustración social y nos deteriora institucionalmente. Las decisiones sobre la Mesa y el Govern son la imagen del país que queremos.

La Mesa y la presidencia del Parlament tienen que identificar la pluralidad del país y, al tiempo, evidenciar el consenso con los valores democráticos, aislando las expresiones de extrema derecha y ultra populistas que corremos el peligro se instalen en la vida política. No podemos abonar los intentos de repetir dinámicas frentistas, ni a un lado ni a otro. 

El acuerdo de Govern no puede ser un simple reparto de sillas y una nueva relación de jerarquía entre fuerzas políticas para liderar el independentismo. El nuevo Govern, en su composición, tiene que proyectar cuál será la respuesta a los retos complejos que tenemos como sociedad. Es necesario establecer con claridad, y publicidad, las líneas de acción política, en un acuerdo de Govern que anuncie propuestas y medidas, en vez de disputas de sillas y prelación de partidos. 

La negociación de un Acuerdo de Govern tiene que girar alrededor de cinco grandes ejes: a) Plan de Choque que atienda la salud y las ayudas y apoyos que apacigüen la crisis económica y social; b) Medidas de refuerzo del Sector Público, para garantizar el Bienestar y la Cohesión Social y el liderazgo público de las transformaciones económicas; c) Estrategia Industrial concertada, para abordar los retos ecológicos y digital en la necesaria transformación del modo de producir y distribuir, basado en el trabajo digno, la investigación, formación e innovación y el equilibrio territorial; d) Fiscalidad justa, que busque mayores recursos en los ámbitos con posibilidades de mayor tributación e incorpore la fiscalidad verde para reforzar el combate contra el cambio climáticos, y un nuevo Pacto Fiscal con el estado que garantice la corresponsabilidad fiscal, la suficiencia de ingresos y la solidaridad interterritorial; y e) Compromiso para la negociación con el estado del conflicto político, que expresan amplios sectores de la ciudadanía que cuestionan la ensambladura constitucional actual, y la construcción de una acuerdo que pueda ser refrendado por la ciudadanía y obviamente la libertad de los dirigentes independentistas

Estas cuestiones tienen que determinar la configuración del Gobierno. Es el que se tiene que explicar a la ciudadanía. Hay fórmulas para hacerlo posible y es en esta lógica que entiendo la propuesta pública que hace Jéssica Albiach a Aragonés e Illa: Un Gobierno conformado por ERC y En Comú Podem, con el apoyo del PSC. Porque en el nuevo escenario político y con la grave crisis social y económica, hay que asumir compromisos firmes con la ciudadanía para devolver a las instituciones y la política su sentido y abrir espacios en los debates políticos y sociales, donde quepan las críticas, las diferencias y las contrapropuestas. “De nada nos vale”, como dice Martí Pol, “la añoranza o la complanta, ni el toque de displicente melancolía”, tenemos que pedir valentía a las fuerzas políticas para abrir nuevos caminos. 

La ciudadanía tiene que encontrar en la política el vehículo donde explicitar sus malestares, sin tener que recurrir a quemar las calles. Las organizaciones cívicas y sociales tienen que canalizar a través de las instituciones la representación de sus intereses propios, para poder confrontarlos sin miedo a sentirse partidariamente manipulados. Necesitamos una fórmula de Gobierno y de vida institucional donde se puedan construir los consensos, políticos y sociales, imprescindibles por emprender las estrategias que aborden los retos actuales y de futuro, que no su pocos, ni son simples. 

Abrimos una nueva etapa. Un Govern que lidere, que impulse los procesos de concertación social y construya los consensos políticos de una estrategia compartida de país, para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, garantizar la cohesión social, equilibrar la economía y el territorio y resolver los conflictos políticos existentes. Nadie tiene que renunciar a ser quién es, ni a sus horizontes políticos e ideológicos. Pero tenemos que hacer que la política, la negociación y la construcción de acuerdos sean el marco para hacer avanzar los derechos sociales y nacionales y donde se sientan representadas las amplias y varias mayorías del país.

El diseño de la Formación Profesional tiene que ver con las opciones de política industrial y de relaciones laborales de los gobiernos. Cuando el objetivo de las diferentes reformas laborales es reducir costes laborales, promover la precariedad y la libre disponibilidad del trabajo, la calificación profesional y la formación permanente dejan de ser una prioridad para las políticas públicas. Cuando la apuesta económica del país es la economía especulativa, el turismo de masas y la producción de bienes y servicios de bajo valor añadido, pierde sentido la promoción las competencias técnicas y profesionales de las personas trabajadoras. 

Los desequilibrios y debilidades de nuestro modelo productivo han marcado las políticas de FP, su desvalorización y la falta de inversión. 

Durante estos años la estructura económica catalana ha perdido peso industrial: entre los años 2000 y 2018, el valor agregado bruto (VAB) del sector industrial se estancó y perdió el 5% de la ocupación. En cambio, el sector de servicios creció más de 5 puntos, un 11% en ocupación; y la construcción aún arrastra la caída de la crisis del 2008. El incremento de la tecnificación y la renovación tecnológica, tanto en la industria como en el sector servicios, provoca un crecimiento de la productividad del capital, mientras la productividad del trabajo decrece. Se atisban, pues, cambios y tendencias que indican la necesidad de mejorar la formación de los trabajadores. 

Priorizar la apuesta por una formación profesional de calidad, integral, bien dotada e inserida en el entorno social y empresarial del territorio, es hoy un instrumento fundamental para impulsar la transformación del modelo productivo para hacer frente al cambio climático, impulsar una economía verde y abordar la digitalización productiva. 

Será necesario también un cambio de fondo en el modelo de relaciones laborales que ponga en valor la estabilidad, apueste por la formación continua y reconozca el papel del trabajo cualificado -y no el coste laboral- como factor de productividad y que democratice las empresas. Las empresas y sectores que ofrecen mejores condiciones para los trabajadores son los que tienen más tecnología agregada y más intensidad de conocimiento aplicado y son también los que aportan mayor valor a la economía ia en general. Son también los que tienen menor temporalidad laboral, mayores retribuciones, menor siniestralidad y más satisfacción en el clima laboral. 

Esta realidad impacta en una sociedad con altos niveles de desigualdad y pobreza. Con datos de 2019, el riesgo de pobreza en Catalunya es del 25,5%, los niveles de desigualdad entre el quintil superior y el inferior son de 5,4 puntos, la tasa de riesgo de pobreza en el trabajo es del 12,1% y la brecha salarial entre mujeres y hombres es de 14,3 puntos. Tenemos un problema social que condiciona el futuro. 

Los niños que más sufrieron el impacto de la crisis de 2008 y ahora se incorporan al mercado de trabajo se encuentran con tasas de paro del 34%. El capital formativo de los jóvenes determina su posición laboral y social. Es preocupante la alta tasa de abandono escolar prematuro, un 19%. Muchas variables –sociales, laborales, de vivienda– determinan esta realidad. Pero mucho tiene que ver el hecho de que el presupuesto de educación en Catalunya sean un 28% inferiores a la media europea y la inversión en FP esté en mínimos, que tengamos una alta tasa de abandono en estos estudios (más del 40% de los matriculados en FP inicial abandonan) y una baja participación, un 9%, de la población ocupada en la formación por la ocupación. La falta de orientación en las etapas previas, las tasas de los ciclos formativos de grado superior y los costes indirectos en el grado medio, la falta de oferta de plazas públicas suficientes que atiendan a la demanda de especialización, la falta de regulación de los estudios a distancia, entre otros, alimentan el abandono. 

Con este mapa se dibuja la polarización de la formación disponible de la población catalana, un 37,5% de población con alta formación (estudios universitarios) y un 41,2% sin formación (por debajo de la educación obligatoria). Formación y ocupación tienen relación directa. Por un lado, un amplio sector predestinado a engrosar la precariedad en todos los sentidos -personal, económico, comunitario- en ocupaciones de baja calificación, produciendo bienes o servicios de bajo valor añadido, mal pagados e inestables. Por el otro, una alta formación disponible inadecuada a la formación demandada, que genera problemas de subocupación y comporta ineficiencias empresariales, frustraciones de expectativas personales y desincentivos sociales para la formación y la cualificación. Y, al mismo tiempo, un déficit importante de jóvenes que dispongan de la formación profesional y las cualificaciones suficientes para una inserción laboral plena en empresas donde puedan aplicarlas. 

El proceso de transformación económica para hacer frente a los retos climático, digital y demográfico requiere mejorar las competencias de la población ocupada. Es fundamental la formación profesional inicial. Necesitamos un modelo optimizado de formación a lo largo de la vida, que se anticipe a la desaparición, durante los próximos 10 años, de uno de cada cinco trabajos actuales y que actúe en un tejido empresarial muy atomizado, donde el 40% de la ocupación se genera en empresas de menos de 10 trabajadores. La digitalización de la economía es una oportunidad para modernizar el modelo productivo, facilitar los procesos de transición ecológica con respuestas limpias y sostenibles e innovar en productos y servicios de alto valor añadido, pero para hacerlo se requiere trabajo estable y de calidad, formado y cualificado, que participe de una estrategia de futuro y facilite la inversión en capital físico. De no hacerlo, la alternativa es la apuesta por el crecimiento económico en base al ladrillo y solamente basado en la mano de obra barata y estacional. 

Hoy, la FP ha dejado de ocupar la posición subalterna en el conjunto del sistema educativo. Urge desplegar la ley catalana de FP de 2015. Han pasado ya 20 años de la primera ley de FP y aún no tenemos ningún centro realmente integrado, que imparta FP inicial para jóvenes e integre también los servicios dirigidos a trabajadores en activo, parados o alumnos en formación; que disponga de servicios de orientación y acreditación permanentes de currículums para la formación y la ocupación. Es necesario un plan estratégico que impulse la interacción de los centros y equipos docentes con las empresas de su territorio, que fije objetivos, que oriente la formación las cualificaciones, que dote los recursos. La formación dual no significa más del 4% y lo hace en un tejido productivo donde la microempresa es la dimensión dominante y no dispone del reconocimiento ni la implicación de los agentes económicos y sociales. Que regule, también, la formación a distancia y le dé un impulso y protagonismo al Institut Obert de Catalunya (IOC), ampliando la oferta en plazas y especialidades. La apuesta por la FP pasa por ampliar la oferta de plazas públicas y el impulso de centros integrados, que garanticen tanto la calidad de la formación y las cualificaciones como la relación con el entorno empresarial y la implicación en el desarrollo económico comunitario, que se preocupe por la inserción de calidad de los jóvenes, combata el abandono y promueva el valor de la formación continua de los trabajadores y trabajadores en activo. Y que se cree la Agencia de Evaluación que prevé la LEC. 

O invertimos en FP o renunciamos a una economía más equilibrada e innovadora, con productos y servicios de alto valor añadido y con trabajo de calidad. Lo contrario es el camino de la decadencia económica, donde la especulación sea el motor de crecimiento, la precariedad un factor de competitividad y el bajo valor agregado de los productos y servicios la característica de una economía de gran almacén de logística y ensamblaje. 

Llevamos días con el debate relativo al salario mínimo interprofesional (SMI). Hay quién niega subirlo, aduciendo razones de oportunidad económica en un momento de crisis como el actual. Hay quién defiende actualizarlo, también con argumentos de necesidad y oportunidad económica a las que se suman las razones de justicia social. Estamos, pues, ante un debate políticamente relevante, económicamente oportuno y socialmente necesario.

El debate se contextualiza en una situación económica y social negativa, marcada por la caída de la actividad económica y los efectos sobre la vida de las personas, en términos de ocupación e ingresos, y el crecimiento de la desigualdad. También por la decisión tomada por los países de nuestro entorno económico europeo que, a pesar de sufrir también crecimientos negativos del PIB, plantean subidas del SMI para el 2021.

Los sectores contrarios a incrementar el SMI fundamentan la posición por el impacto en los costes empresariales por un lado, que comprometerían la reactivación económica, y porque el IPC negativo no afectaría al poder de compra. Son argumentos marcadamente ideológicos, más que no económicos o empresariales. Obvian la función del SMI en cuanto a factor de equilibrio social y de impulso económico.

Ignoran que las políticas de rentas, más allá de facilitar o no una mayor igualdad distributiva, mantienen el propio funcionamiento de la actividad económica – los salarios que paga una empresa sirven para comprar los productos de otras empresas-; y son motor de innovación y progreso empresarial -las políticas de devaluación salarial y precariedad desincentivan la inversión en capital fijo y los cambios organizativos-.

Es falaz argüir que la inflación negativa actual no afecta al poder de compra. Este argumento es un espejismo cuando hablamos de la capacidad adquisitiva de los hogares con menor renta. Si desagregamos los diferentes componentes del IPC, constatamos que los precios de los productos alimentarios, que son los que determinan la cesta de la compra de los hogares con salarios más bajos, han subido el 2’6%. O que el alquiler de la vivienda representa más del 50% de la renta de estos hogares. Es obvio que la apuesta para congelar el SMI es, también, socialmente regresiva.

Afortunadamente no todos los sectores empresariales son reactivos a la subida del SMI. Al igual que una parte importante del Gobierno, que apuesta para incrementarlo, son conscientes que la actual situación económica requiere mantener fuerte el componente de la Demanda Interna y, por lo tanto, garantizar el poder adquisitivo de los hogares para mantener viva la capacidad de consumo. Del contrario la actividad económica general se resentirá y con ella los ingresos fiscales, pero también la situación social se puede deteriorar más -pobreza y desigualdad- y en consecuencia, también la situación política.

La subida del SMI no afecta directamente las grandes empresas, pero tampoco a las pequeñas y medias de sectores que tienen cobertura de convenio colectivo sectorial. La subida afecta directamente a los trabajadores y trabajadoras no cubiertos por la negociación colectiva, aproximadamente unos 2 millones de personas de sectores fuertemente precarizados y altamente feminizados.

Pero no es solo el SMI lo que afecta la situación salarial de las personas trabajadoras, la temporalidad y la parcialidad laboral son también un factor determinante. Por eso conviene no olvidar la necesidad de combatir la precariedad actuando sobre la reforma laboral y también apostando por una transformación del modelo productivo que pivote sobre productos de mayor valor añadido y la calidad del trabajo. Sin duda el debate tampoco puede obviar que el 25% de la población se encuentre bajo el umbral de la pobreza y la desigualdad crece, actualizar el SMI o congelarlo es un indicador del modelo de mercado laboral que queremos –precariedad y bajos salarios- y de qué estructura económica proyectamos –innovadora y de alto valor añadido-.

En cualquier caso el debate del SMI es políticamente relevante. Tanto por el mensaje social, es una contribución al combate contra la desigualdad, tanto general como de género; como económico, tiene en cuenta el impulso de la capacidad de consumo de los hogares e incentiva la modernización empresarial. Pero además es consecuente con las referencias internacionales y con la Carta Social Europea, que orientan en el 60% del salario mediano y el 50% del salario medio la dignidad mínima salarial. Lo que implicaría una subida del SMI para situarlo en 1.116 o 1.142€ mensuales por 12 pagas.

El gobierno, una vez escuchada los argumentos de organizaciones empresariales y sindicales y negociada la propuesta de actualización del SMI, tiene que asumir su responsabilidad y tomar la decisión. Hay razones de justicia social y económicas que apuntan a la oportunidad y necesidad de no aplazar la decisión y subir el SMI por el 2021.

La pandemia del coronavirus, que tanta muerte y dolor ha provocado y continúa provocando, ha hecho emerger realidades sociales que permanecían ocultas, incluso agazapadas.

La COVID-19 ha actuado como detonante y acelerador de muchos de los desequilibrios que sufre nuestra sociedad y todo apunta que va a tener un efecto destructor de tejido económico y un impacto brutal en las condiciones de vida de muchas personas, con el riesgo cierto de que se agraven aún más las desigualdades sociales.

Por eso la principal prioridad hoy de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas debe ser aunar esfuerzos para avanzar en el amplio acuerdo de reconstrucción económica y social que el país necesita.

Este pacto de reconstrucción debería beber de las muchas enseñanzas que nos deja la crisis del coronavirus, en especial la insostenibilidad de un modelo de sociedad construido sobre valores que tienen una gran capacidad autodestructiva y que el sindicalismo confederal, entre otras voces, viene denunciando desde hace años.

Estos días se confirma que la estrategia competitiva de externalizar los costes y los riesgos a terceros comporta, en un mundo globalizado e interdependiente, un aumento de estos riesgos. Lo comprobamos con los procesos de externalización de la producción de bienes básicos en cadenas de valor global, que el confinamiento mundial ha hecho saltar por los aires, dejándonos indefensos ante la grave crisis de salud.

Aunque algunos continúen negándolo, esta crisis ha hecho evidente las nefastas consecuencias de la hegemonía ideológica ultraliberal, que ha convertido a los ciudadanos en clientes y da el tratamiento de meras mercancías a derechos básicos como la salud o la atención a personas dependientes.

El confinamiento ha hecho emerger el papel insustituible de la escuela pública como socializador de niños y adolescentes y equilibrador de las desigualdades que generan las diferencias de capital social de las familias, en función de su formación y de su renta.

Estos son algunos de los muchos ejemplos del papel insustituible del sector público en la protección de bienes comunes, en la cobertura de derechos, en la garantía de ingresos a las personas y también en el rescate de empresas a las que el mercado abandona a su suerte. Liberales de toda la vida se convierten en convencidos keynesianos exigiendo una intervención de los Estados para salvar propiedades privadas, aunque lo hagan para así continuar socializando pérdidas y privatizando beneficios.

Los mismos que llevan años defendiendo eliminar impuestos son los que ahora exigen recursos públicos por doquier para hacer frente a la crisis y se quejan de las escuálidas arcas del Estado. Y de nuevo, como en 2008, aparece el poder que ostenta la deuda como gran disciplinador social y las consecuencias de tener un sistema fiscal cadavérico.

En pleno schock emocional, la sociedad, a la que le habían vendido que la automatización y la robotización suponía el fin del trabajo y hasta de la historia, adquiere consciencia del valor social del trabajo. Nunca hasta hoy el personal de centros sanitarios, de la limpieza, de la alimentación o el comercio habían estado tan valorados socialmente, aunque sus condiciones de trabajo y de salarios lo desmientan.

Descubrimos lo difícil que es conciliar el empleo y el trabajo de cuidados sin morir en el intento, algo que las mujeres llevan denunciando desde hace años. En resumen descubrimos que el trabajo, los trabajos, tienen una centralidad social que la política niega en muchas ocasiones.

En este contexto la sociedad debería tomar nota del papel que está jugando el sindicalismo confederal para responder a las consecuencias sociales del coronavirus. Diariamente los medios de comunicación se hacen eco de múltiples iniciativas solidarias. Desde nuestra trayectoria y experiencia sindical nos atrevemos a decir que la mayor ola de solidaridad, entendida como cooperación interesada, se está produciendo a partir del trabajo organizado del sindicalismo confederal.

Si en condiciones ordinarias muchos trabajadores encuentran en la afiliación la manera de auto-organizarse para sindicar sus intereses, en situaciones extremas como esta las personas buscan la protección del “sindicalismo del último recurso” que se convierte en vital para muchas personas, especialmente las mas vulnerables.

Un ejemplo de esa inmensa movilización de solidaridad es el trabajo realizado por CCOO de Catalunya, con la intervención en 2.217 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectan a 337.968 trabajadores y el asesoramiento a cerca de 20.000 personas entre el 15 de marzo y el 14 de abril.

Muchas de estas personas se encuentran en situación de gran vulnerabilidad, especialmente mujeres que trabajan en tareas domésticas y de cuidados que en muchas ocasiones ni tan siquiera tienen reconocida su condición de trabajadoras. A ellas el sindicalismo confederal está dedicando estos días una buena parte de sus esfuerzos en colaboración con entidades en las que estas mujeres se han auto-organizado. También a los trabajadores de las llamadas empresas de plataforma a los que se les niega la relación laboral y los derechos inherentes.

A pesar de lo importante que es para todas estas personas sentirse protegidas, acompañadas, hoy lo más urgente es dibujar un escenario de salida a esta gran crisis a partir de un amplio pacto político y social. Un pacto con dos grandes objetivos que son complementarios, proteger el máximo a las personas y al mismo tiempo reconstruir un tejido productivo que puede quedar maltrecho, especialmente en algunos sectores y territorios. Una reconstrucción que no debe ser sobre las mismas bases productivas. Tenemos ante nosotros el reto de intentar aprovechar esta crisis para reequilibrar nuestra estructura productiva, haciéndola menos dependiente de sectores muy frágiles, al tiempo que reindustrializamos la economía, rescatando partes de las cadenas de valor que se han externalizado. Y sin duda abordar los costes de transición que se van a producir ante la necesidad de políticas de mayor sostenibilidad ambiental.

Cómo cualquier pacto su contenido debe ser equilibrado. Las muchas enseñanzas que estamos recibiendo de esta crisis nos aportan los mimbres necesarios para intentar un amplio Pacto de Reconstrucción de nuestro país.

Esta es hoy la principal tarea a la que todas las fuerzas políticas y las organizaciones sindicales y empresariales deberían abocar sus esfuerzos. Estamos convencidos que, como siempre a lo largo de nuestra historia, el sindicalismo confederal puede y ha de jugar un papel crucial.

Hace unos meses, los pasados 26 y 27 de octubre, asistimos en Sevilla al primer encuentro de los “Diálogos Andalucía-Cataluña”, una iniciativa laica de parentescos difusos, pero identificable en la tradición dialogante forjada en los intercambios de estudios históricos y literarios entre Javier Tébar y Javier Aristu. Se abría un espacio de encuentro y diálogo de quien, allí o aquí, no compartía la dinámica político-institucional instalada y que quería encontrarse para observar la realidad en común, desde experiencias políticas y de autogobierno diversas, para buscar un diagnóstico compartido. El 5 y 6 de abril es el segundo encuentro, ahora en Barcelona, en el Palau Macaya, para continuar observando y compartiendo un análisis de la situación, lejos de las lecturas superficiales y evitando el espectáculo o la instrumentalización a que determinados grupos de poder nos tienen acostumbrados.

El primer encuentro mostró las raíces profundas, en la propia configuración histórica del estado-nación y su desarrollo, de un conflicto entre una parte de la sociedad y la política catalanas con el resto de la sociedad y políticas españolas, enmarcado en un contexto de crisis económica y social que tiene repercusión en la política y la democracia alrededor de Europa y del mundo. La desregulación impuesta por quien dirige la globalización y financiarización económica y los retos derivados del cambio climático y la creciente digitalización y robotización de los procesos de producción y distribución económicos son más que simples elementos del paisaje y escenografía.

Las crecientes desigualdades que traviesan nuestras sociedades son el sustrato donde arraiga la respuesta insolidaria y antisocial, donde el populismo y el autoritarismo anidan. La precariedad del presente y la incerteza del futuro son la derivada de la subordinación del poder político al poder financiero y económico, de la falta de reglas y controles globales imperantes. La respuesta institucional es, tanto en Europa como en España o en Catalunya y Andalucía, decepcionante e injusta. Las débiles redes de protección social se han ido desmontando y se han cambiado las reglas y los marcos de derechos disponibles. Las relaciones laborales ven menguar los equilibrios de poder que la lucha obrera conquistó ejerciendo un poder sindical hoy cuestionado y acosado por la sacralización de la desregulación, la flexibilidad y la libre disponibilidad. Tenemos sociedades atravesadas de mayores inseguridades y entre la mayoría social, en especial la gente más joven, se ha instalado la precariedad vital.

Es en este marco donde se produce el conflicto político e institucional entre el gobierno español y el gobierno catalán, pero también entre una parte de los catalanes que reclaman la independencia y otra parte que se opone a ella. Un conflicto, pero, que no es ajeno a la historia de los últimos dos siglos de confrontaciones bélicas -tres guerras carlinas y una guerra civil- marcadas tanto por los debates forales o nacionales como por los enfrentamientos entre bloques sociales. Es precisamente este recorrido histórico el que nos muestra que el único camino de superación y de construcción de futuros compartidos es el diálogo, el intercambio y el reconocimiento mutuo, de la apertura al mundo hoy globalizado. Ignorar o menospreciar nunca nos ha hecho avanzar, ni lo hará ahora, en ningún proyecto transformador que contemple y amplíe la condición de ciudadanía que hoy peligra.

Esta convicción es la que los primeros diálogos, protagonizados por sectores de la sociedad civil, quiso transmitir a los representantes políticos: sentarse a dialogar, a negociar, a debatir los problemas, a construir soluciones. Una exigencia que permanecerá vacía si la ciudadanía, de manera activa, no nos implicamos y abrimos todos los espacios posibles donde nos podamos reconocer en las posiciones diversas y discrepantes, donde podamos dialogar y colaborar. Esto quiere ser los Diálogos, buscando puntos de encuentro y acuerdo, no de división y enfrentamiento.

Hace más de 40 años de la restauración democrática del 1978 que, gracias a la lucha de tantos hombres y mujeres por las libertades, enterraron la longeva dictadura franquista. Se inició una etapa fundamental para construir un marco de convivencia democrática y articular territorialmente las diferentes realidades nacionales y regionales del estado. Pero el tiempo no pasa en vano y el modelo diseñado en la constitución del 78 se ha de reformar y adaptarse a las nuevas realidades y expectativas. Es necesario profundizar el marco democrático constituyente, actualizar el marco de derechos y libertades, dotar de nuevos poderes a la ciudadanía delante de las élites financieras y las multinacionales, en un contexto determinado por transformaciones de todo orden y nuevos retos.

Y hace falta repensar el modelo de las autonomías, no solo porque una parte de Catalunya se moviliza, que ya es una razón importante, por la independencia, sino porque hace tiempo que el modelo no responde a las demandas sociales y de un estado compuesto. Abrir un proceso de reforma constitucional no es fácil ni rápido. Tiene que contemplar los cambios y demandas sociales surgidas en estos años. La pertinencia a la Unión Europea remueve buena parte de la estructura institucional y competencial del estado. Sin entender Europa como una comunidad político-institucional y económica, social y cultural, difícilmente podemos abordar el debate territorial en el estado. Las viejas fronteras hace tiempo que han dejado de ser muros conceptuales infranqueables, ahora nos toca construir nuevas propuestas a los viejos conflictos territoriales, y también sociales, que anidad en nuestro país.

En este mundo global y globalizado, donde la riqueza se acumula cada vez más en grupos reducidos de personas en las cuales el poder se concentra hasta el punto que el 1% más rico tiene tanto patrimonio como la del 99% del mundo junto, profundizar en el autogobierno es una exigencia de democracia y también de mayor eficacia y eficiencia en la respuesta des de la proximidad a las demandas cotidianas de la ciudadanía. Pero no se puede obviar la capacidad de acción democrática en instancias supranacionales donde la ciudadanía podamos incidir en las reglas globales que determinan el núcleo duro de las condiciones y relaciones laborales y sociales cotidianas.

Catalunya y Andalucía comparten que el centralismo no ha estado nunca, ni lo puede ser en el futuro, la solución, la diversidad necesita espacios de más y mejor autogobierno, de solidaridades interterritoriales, y de diálogos para construir nuevas soluciones a los nuevos problemas de la ciudadanía. Ninguna solución es posible desde la exclusión o la imposición. La unilateralidad no es la solución ni lo es el artículo 155 como respuesta. Solo el diálogo, que ha de partir necesariamente del reconocimiento del otro, podrá construir un camino que conduzca a una solución, de mínimos o de máximos, a través de un acuerdo que tendrá que ser refrendado por la ciudadanía.

Dialogar entre ciudadanos y ciudadanas, de Andalucía y de Catalunya, dos realidades históricas y diversas, es un camino más para facilitar puntos de encuentro por el diálogo. Miles de andaluces llegaría en diversas olas migratorias, especialmente a lo largo del siglo XX, a una Catalunya que con ellos ha ido cambiando. Estos catalanes llegados de todas partes explican la Catalunya actual, sin las cuales no la podemos entender. De la misma forma que la Andalucía actual se explica en la interacción con el motor catalán, imprescindible en el progreso económico y social del estado, pero también en la configuración del modelo territorial definido en la Constitución. Dos realidades muy distintas, que no se pueden contraponer ni confrontar, son actores que pueden complementarse, al lado de otros comunidades, a contribuir a la cultura del diálogo, la negociación y el pacto.

Article conjunt de 5 de les entitats convocants a la manifestació "Els drets no se suspenen" diumenge vinent per protestar contra els recursos presentats pel Govern central al Constitucional contra diverses lleis socials aprobades pel Parlament de Catalunya

Al cor de la representació organitzada de la societat civil hi batega més que mai l’emergència necessària de reclamar les mesures urgents i imprescindibles per combatre la pobresa.

En aquest context, el Consell de Ministres va aprovar ara fa un mes recórrer al Tribunal Constitucional alguns articles de la llei catalana 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, perquè considera que excedeixen les competències de la Generalitat i que poden perjudicar la igualtat dels espanyols. Es tracta d’una més de les moltes lleis recorregudes per l’Estat – igualtat entre dones i homes, activitat dels governs locals, impost als habitatges buits, impost a les nuclears...- en un intent de desmantellar la capacitat executiva del Govern de la Generalitat i democràtica del Parlament de Catalunya, que la va aprovar per unanimitat. Però el més indignant, és que faci servir en la seva lluita contra les institucions catalanes a les persones més vulnerables, principals destinatàries de la majoria de lleis recorregudes o declarades inconstitucionals.

Sigui quina sigui la naturalesa jurídica que la ciutadania decideixi lliurement per a Catalunya, els drets socials són la primera pedra del futur que volem assegurar i només la seva defensa valenta ens farà mereixedores i mereixedors d’un país millor i més cohesionat socialment. Per aquest motiu ens hem unit les entitats socials, sindicals, culturals, sobiranistes per una societat inclusiva i alcem juntes la bandera compartida del dret a l’habitatge, el dret a una sanitat pública per a tothom, el dret al treball digne, els drets de les persones consumidores, el dret a l’educació pública de qualitat.

Exigim, en conseqüència, la plena aplicació de les lleis d’emergència habitacional i energètica i la llei d’igualtat que han estat suspeses pel Tribunal Constitucional. Perquè la defensa dels drets també implica la defensa de les lleis que els asseguren. És del tot inadmissible la practica agressiva del govern del govern de l’Estat, que du a terme un buidatge continuat de les competències del Parlament al mateix temps que promou recursos i aprova lleis pròpies que provoquen la pèrdua de drets polítics, socials i laborals.

La utilització política de la crisi econòmica ha tingut com a resultat un increment alarmant de la pobresa i de les desigualtats socials al mateix temps que es produïa una actuació de reformes del marc institucional i legislatiu amb la voluntat de liquidar els instruments democràtics de què la societat disposa per oposar-s’hi. Les lleis que restringeixen les llibertats democràtiques empobreixen els drets d’una societat que ja s’ha vist sotmesa a massa retallades pressupostàries i polítiques.

Creiem que cal redreçar aquesta via equivocada i en primer lloc defensem la reversió de les retallades, començant per la Reforma Laboral, que ja s’ha demostrat ineficaç contra l’atur i que afebleix de manera molt preocupant els drets dels qui treballen. També exigim la retirada immediata de la LOMCE, que posa en perill la plenitud del dret a l’educació pública de qualitat. Necessitem un marc econòmic compromès amb el benestar de les persones i no al servei de l’austeritat. També considerem urgent l’aprovació pel Parlament de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania i tots els canvis necessaris per garantir els drets socials i per assegurar que avancem en la direcció d’una societat més lliures, més justa, amb la igualtat de gènere com un eix central de la qualitat democràtica.

Ara més que mai el país necessita i reclama un nou contracte polític que posi la ciutadania en primer terme. El treball digne, els drets socials i la democràcia real són els fonaments del futur compartit que decidim des d’ara mateix.

Per això entenem que ens uneix la bandera social i també ens aplega la bandera nacional. Perquè la plenitud nacional de Catalunya només s’assolirà si hi ha justícia social per a tothom. Sigui quin sigui el marc específic d’aquesta llibertat nacional, que de manera democràtica s’acordi, i sigui quina sigui la preferència de cadascú, ens unim amb llaços inseparables per dir en veu alta que els drets no se suspenen, que els drets s’exerceixen i que, quan això no és possible, a causa d’imposicions, sentències i tripijocs institucionals, els drets es defensen i es reclamen. Vet aquí el combat. Vet aquí la porta de l’autèntica llibertat.

Per això convidem tothom a participar en una manifestació unitària que convoquem conjuntament amb un ampli ventall d’entitats del país aquest 29 de maig a les 12 hores a la plaça Urquinaona de Barcelona.

Que no ens suspenguin la justícia social. Que no ens suspenguin la democràcia. Que no ens suspenguin les llibertats.

Article signat per:

Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya

Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya

Jordi Giró, president de la CONFAVC

Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural

Diosdado Toledano, portaveu de la Comissió Promotora de la ILP Renda Garantida Ciutadana

Artículo conjunto de 5 de las entidades convocantes a la manifestación "Los derechos no se suspenden" del próximo domingo, para protestar contra los recursos presentados por el Gobierno central al Constitucional contra varias leyes sociales aprobadas por el Parlamento de Cataluña

En el corazón de la representación organizada de la sociedad civil late más que nunca la emergencia necesaria de reclamar las medidas urgentes e imprescindibles para combatir la pobreza.

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó hace un mes recurrir al Tribunal Constitucional algunos artículos de la ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, porque considera que exceden las competencias de la Generalitat y que pueden perjudicar la igualdad de los españoles. Se trata de una más de las muchas leyes recurridas por el Estado –igualdad entre mujeres y hombres, actividad de los gobiernos locales, impuesto a las viviendas vacías, impuesto a las nucleares...– en un intento de desmantelar la capacidad ejecutiva del Govern de la Generalitat y democrática del Parlament de Catalunya, que la aprobó por unanimidad. Pero, lo más indignante, es que use en su lucha contra las instituciones catalanas a las personas más vulnerables, principales destinatarias de la mayoría de leyes recurridas o declaradas inconstitucionales.

Sea cual sea la naturaleza jurídica que la ciudadanía decida libremente para Catalunya, los derechos sociales son la primera piedra del futuro que queremos asegurar y sólo su defensa valiente nos hará merecedoras y merecedores de un país mejor y más cohesionado socialmente. Por este motivo nos hemos unido las entidades sociales, sindicales, culturales, soberanistas por una sociedad inclusiva y alzamos juntas la bandera compartida del derecho a la vivienda, el derecho a una sanidad pública para todos, el derecho al trabajo digno, los derechos de las personas consumidoras, el derecho a la educación pública de calidad.

Exigimos, en consecuencia, la plena aplicación de las leyes de emergencia habitacional y energética y la ley de igualdad que han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional. Porque la defensa de los derechos también implica la defensa de las leyes que los aseguran. Es del todo inadmisible la práctica agresiva del Gobierno del Estado, que lleva a cabo un vaciado continuo de las competencias del Parlament al tiempo que promueve recursos y aprueba leyes propias que provocan la pérdida de derechos políticos, sociales y laborales.

La utilización política de la crisis económica ha tenido como resultado un incremento alarmante de la pobreza y de las desigualdades sociales al mismo tiempo que se producía una actuación de reformas del marco institucional y legislativo con la voluntad de liquidar los instrumentos democráticos de que la sociedad dispone para oponerse. Las leyes que restringen las libertades democráticas empobrecen los derechos de una sociedad que ya se ha visto sometida a demasiados recortes presupuestarios y políticos.

Creemos que hay que enderezar esta vía equivocada y en primer lugar defendemos la reversión de los recortes, empezando por la Reforma Laboral, que ya se ha demostrado ineficaz contra el paro y que debilita de manera muy preocupante los derechos de quienes trabajan. También exigimos la retirada inmediata de la LOMCE, que pone en peligro la plenitud del derecho a la educación pública de calidad. Necesitamos un marco económico comprometido con el bienestar de las personas y no al servicio de la austeridad. También consideramos urgente la aprobación por el Parlament de la propuesta de Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía y todos los cambios necesarios para garantizar los derechos sociales y para asegurar que avanzamos en la dirección de una sociedad más libre, más justa, con la igualdad de género como un eje central de la calidad democrática.

Ahora más que nunca el país necesita y reclama un nuevo contrato político que ponga a la ciudadanía en primer término. El trabajo digno, los derechos sociales y la democracia real son los cimientos del futuro compartido que decidimos desde ahora mismo.

Por ello entendemos que nos une la bandera social y también nos reúne la bandera nacional. Porque la plenitud nacional de Catalunya sólo se logrará si hay justicia social para todos. Cualquiera que sea el marco específico de esta libertad nacional, que de manera democrática se acuerde, y sea cual sea la preferencia de cada uno, nos unimos con lazos inseparables para decir en voz alta que los derechos no se suspenden, que los derechos se ejercen y que, cuando esto no es posible, debido a imposiciones, sentencias y tejemanejes institucionales, los derechos se defienden y se reclaman. He aquí el combate. He aquí la puerta de la auténtica libertad.

Por eso invitamos a todos a participar en una manifestación unitaria que convocamos conjuntamente con un amplio abanico de entidades del país este 29 de mayo a las 12 horas en la plaza Urquinaona de Barcelona.

Que no nos suspendan la justicia social. Que no nos suspendan la democracia. Que no nos suspendan las libertades.

Artículo firmado por:

Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO de Catalunya

Camil Ros, secretario general de UGT de Catalunya

Jordi Giró, presidente de la CONFAVC

Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural

Diosdado Toledano, portavoz de la Comisión Promotora de la ILP Renta Garantizada Ciudadana

"Estos días he, hemos, visto como el Mediterráneo se convertía en una fosa común mientras se levantan vallas asesinas a lo largo de fronteras europeas", dice el secretario general de CCOO de Catalunya

Artículo publicado en El Diari del Treball

Estos días he, hemos visto como el Mediterráneo se convertía en una fosa común mientras se levantan vallas asesinas a lo largo de fronteras europeas. Imágenes de muerte y barbarie que abren periódicos y noticiarios, que son un grito de horror y reclaman acción urgente. No son imágenes nuevas, el verano pasado ya las vimos, y el otro y el otro. Un drama de muertes y violencia, que se levanta como barrera infranqueable para evitar que los movimientos migratorios lleguen a esta tierra llamada Europa. Todo ello acompañado del silencio cómplice de gobernantes, incapaces de afrontar los retos de una humanidad desgarrada de injusticias y conflictos, de guerras y miserias, que impele a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de paz, refugio y alimento, trabajo, justicia y derechos.

Otro verano, en el que nos encontramos mirándonos en un espejo de incomodidades que refleja los límites morales de una civilización que impasible asiste al drama humanitario. El vaho que desprenden nuestras comodidades de hoy, las certezas y los miedos al extraño, desvanecen el valor de las migraciones como base fundamental del desarrollo social, económico y político de la humanidad y que ha ido configurando en el actual mundo global. Pocos núcleos, por no decir ninguno, han restado aislados a lo largo de la historia, manteniendo las formas primitivas de organizar la convivencia. Han evolucionado, se han desarrollado y crecido desde el mestizaje que acompaña a los flujos migratorios en busca de espacios vitales donde organizar mejor las fórmulas de garantizar refugio y subsistencia.

Fronteras y muros

Hoy instalados entre fronteras, que queremos infranqueables; tras muros oscuros y apretados de reglas, otorgamos nacionalidades para separar y aislar personas. Mientras tanto, dejemos que capitales y mercancías los traspasen, sin preocuparnos del valor o dignidad del trabajo humano -más o menos explotado- que incorporan. Podemos expoliar territorios inmensos de sus riquezas naturales e impedir formas autónomas de organizar el desarrollo económico y social, provocando amplias áreas de miseria, pobreza y hambre. Generamos y alimentamos conflictos, guerras, masacres, forzando diásporas humanas en busca de paz y vida. Una globalización sin reglas ni controles justifica este estado de cosas, donde los intereses -de poder, económicos, de control? - de determinadas instituciones económicas priman sobre el valor de la civilización y la humanidad.

Pero no basta con que las imágenes nos remuevan las conciencias. Hemos de dotarnos de políticas que transformen la realidad. Se debe promover cultura solidaria que las empuje a actuar. En un mundo global se necesitan reglas y gobierno democrático que se sustenten en el respeto a la vida y la dignidad de las personas, de todas las personas. Los derechos humanos no tienen fronteras. Hay que remover las causas profundas que generan violencia y pobreza en amplias zonas del mundo. Dichas causas se enmarcan en el actual sistema económico y social, basado en la propiedad privada frente al bien común y, consecuentemente, en la explotación del trabajo y las riquezas naturales para obtener el beneficio de apropiación privada.

Otras políticas son necesarias

Otras políticas migratorias y de asilo son necesarias en la UE. Basadas en la acogida que permite la integración social y laboral plena, en derechos y obligaciones. Quien migra busca una oportunidad para desarrollarse, pero también esperar contribuir a generar riqueza allá donde aterriza. Quien migra lo hace por la falta de oportunidades del lugar de donde procede, y aquí seguro que tenemos algo que hacer para generar nuevas oportunidades. No podemos acostumbrarnos a que las imágenes que hoy nos impacta se integren en lo cotidiano. Sabemos, por lo vemos, que el actual marco regulatorio genera muertes e injusticias. Pasa lo mismo cuando se quiere equiparar mantero a delincuente, sin abordar la falta de alternativas y obviando que hay quien provee y explota el mantero. Un marco legal que convierte en “irregular” a quien, después de años trabajando, pierde el trabajo y los papeles al ser despedido y pasa a situación de desempleo. Pierde el trabajo y también la disposición a ser sujeto de derecho. La misma norma que permite privar de libertad a estas personas -recluyéndolas en los CIE-, sólo por una situación administrativa fruto de no disponer de “papeles”.

Hay que cambiar de raíz las políticas migratorias y de asilo en la UE. Superar la exclusiva visión “utilitarista” de la migración y renunciar a una regulación meramente policial de los flujos. Es necesaria una política integral que se soporte en la cooperación y solidaridad internacionales, que actúe en los países de origen para remover las causas últimas que empujan a migrar; existe una política global de paz y no violencia, que sólo puede aportar un gobierno global democrático no sometido a los intereses geoestratégicos de los poderes económicos y financieros; se han de regular los flujos migratorios garantizando la plenitud de derechos y el trabajo digno en todo y para todos.

Y, mientras tanto, es necesario que los países se comprometan a acoger a las personas que huyen de las zonas en conflicto, víctimas de persecuciones y matanzas: hay que dar refugio a quien hoy no tiene más activo que la acogida que les podemos dar en nuestros países y ciudades, como muy bien ya anunciado la alcaldesa de Barcelona. Hay que acoger a quien sólo le queda la ternura de la solidaridad de los pueblos (en bellas palabras de Gioconda Belli).