Granada, en principio, podrá contar con cámaras en la calle para vigilar parte de su patrimonio y luchar contra el problema de las pintadas. La Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado este viernes solicitar al Ayuntamiento de la ciudad, que ha presentado un proyecto para poder instalarlas, un informe técnico complementario detallando más aspectos de esa petición que se centra sobre todo en el barrio del Albaicín con el fin de evitar actos vandálicos, fundamentalmente pintadas.

En principio, lo comisión considera que la solicitud puede “responder a los principios de idoneidad, intervención mínima y proporcionalidad que requiere la Ley” y por eso considera que podría estar “justificada”, según ha informado el TSJA tras la reunión mantenida.

La capital granadina hace años que convive con ese problema. La Fiscalía Superior de Andalucía ya mostró su preocupación por el hecho de que el 64% de los Bienes de Interés Cultural (BIC) tuviera grafitis, era el año 2011, y desde entonces poco se ha avanzado en ese sentido. El Ayuntamiento quiere, por ello, instalar varias cámaras.

Y aunque esta petición no es nueva, es ahora cuando la comisión la considera viable, si bien la documentación obrante en el expediente que le ha remitido para solicitar este proyecto “no contiene todos los elementos para que pueda emitir su dictamen”. Le piden al Ayuntamiento que especifique los siguientes elementos técnicos: la definición genérica del ámbito físico susceptible de ser grabado y ubicación concreta de las cámaras, el tipo de cámara y sus condiciones técnicas, el período de tiempo en el que se pretenda efectuar las grabaciones así como la cualificación de las personas encargadas de la explotación del sistema de tratamiento de las imágenes y sonidos.

Cuando todo eso se haya remitido a la comisión, se emitirá el dictamen correspondiente. La nueva reunión se ha fijado para el próximo 17 de febrero.

Es cierto que no sólo Granada sufre el problema, pero sí que es la que lo sufre de forma más grave, según los datos de las memorias de Fiscalía. Ni Policía Local destinada a ello, ni la colaboración ciudadana, que es obviamente insuficiente, ni campañas de concienciación. El caso es que la ciudad, con el turismo como principal reclamo, está manchada por las pintadas.

El Ayuntamiento, que gobierna desde hace cuatro mandatos el PP, aunque ahora está en minoría, puso en marcha hace un año un plan para difundir por un lado el arte urbano, que lo hay, por ejemplo con las obras de El Niño de las Pinturas, y por otro, controlar esas pintadas que ensucian la ciudad. Una aplicación móvil (Granada Grafiti) indica los lugares donde se pueden ver y también sirve para notificar al Consistorio las pintadas a eliminar.

Por ahora todo ha sido insuficiente, por lo que el Ayuntamiento ha ido más allá. Apenas una veintena de denuncias penales en casi dos años se han registrado en Granada. Por ello el Gobierno municipal ha pedido instalar seis cámaras en el Albaicín, un barrio declarado Patrimonio de la Humanidad pero duramente castigado por este problema, aunque no sea el único.

El expediente presentado, que se ha pedido completar por parte de la comisión, prevé la colocación en seis puntos. Grabaría imágenes, por tanto, en las puertas de Las Pesas (siglo XII), Monaita y Elvira (siglo XI), el Aljibe del Zenete (siglo XVI) y el entorno del Palacio de Dar Al-Horra, que tendría dos por sus dimensiones.

Un intento previo fallido

Un intento previo fallidoNo es la primera vez que el gobierno del PP lo intenta. En 2008 ya obtuvo la negativa de la comisión. Entonces la instalación de cámaras fue una petición para el centro comercial abierto y pretendía garantizar la seguridad ciudadana y también luchar contra este tipo de vandalismo. Se planteó entonces la instalación de unas 15 cámaras por el centro, pero primó preservar la intimidad y libertad de los ciudadanos frente a la seguridad. Según la propuesta remitida esta vez al TSJA, las cámaras contarían con sensores que sólo grabarían cuando cambie la textura de un monumento o haya movimientos extraños en su entorno, con el fin de no afectar a la intimidad.

El barrio histórico no es el único que sufre el problema y de hecho hace unas semanas una gran pintada apareció en la fachada lateral de la Curia Metropolitana, en plena plaza de las Paniegas, donde está la Catedral, de nuevo en un BIC.

El Ayuntamiento aprovechó la ocasión para reclamar al TSJA que se agilizara la tramitación del citado expediente, al tiempo que el Arzobispado denunció la pintura ante Fiscalía.

El problema por tanto es grave y de difícil solución. En una nueva medida, el Ayuntamiento ha propuesto recientemente que las multas por los grafitis, que se han elevado de cuantía, se puedan conmutar por limpieza. Las sanciones leves y graves, que es a las que se puede aplicar este supuesto, tienen multas de entre 751 y 900 euros. Las muy graves o las ocasionadas por reincidentes quedan fuera de esta propuesta.

La idea es que se pueda imponer a menores infractores (de entre 14 y 18 años) dos horas de servicios comunitarios por cada 50 euros para concienciar y formarlos en vez de sancionarlos económicamente.

Subvenciones para limpiar fachadas y muros a disposición de grafiteros para, previo permiso municipal, poder actuar sobre ellos son otras de las medidas planteadas.

Las sanciones administrativas son más comunes, pero estos delitos, que a veces lo son, permanecen casi “invisibles” al derecho penal, como ha reiterado el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.

La frontera entre el arte y vandalismo se desdibuja en ocasiones, como le ha ocurrido a El Niño de las Pinturas, que ha sido aplaudido, promocionado y sancionado por el mismo Ayuntamiento. El problema es que el daño, en muchos casos, va más allá de la imagen turística, ya que son bienes con materiales de difícil limpieza cuyas tareas requieren además supervisión.

Si las cámaras disuaden o no está por ver, aunque es cierto que en los monumentos que cuentan con ellas la incidencia es menor. La comisión, en cualquier caso, va a ser meticulosa. Málaga es la única ciudad andaluza con una instalación de características similares y necesitó tres intentos y una detallada documentación para lograr la autorización.

El PP ha ganado en la provincia de Granada las elecciones del 20D, con un ajustado resultado que, aunque es difícil, podría variar puesto que aún falta contabilizar el voto de los residentes en el extranjero. Los populares consiguieron tres diputados, por dos del PSOE y uno para Podemos y otro para Ciudadanos. Pero fue la victoria en la capital, superior a la de las pasadas elecciones municipales, la que permitió a los populares hacerse con ese tercer escaño, muy disputado con los socialistas, y cuyo sentido fue bailando hasta el final de la noche. Solo 743 votos de diferencia entre una y otra formación.

Es la primera vez que cuatro partidos tendrán representación por Granada en el Congreso de los Diputados. Los populares, por tanto, resisten en el conjunto de la provincia pese a perder un representante respecto a las anteriores elecciones generales. El PSOE, que acarició mantener la misma representación (3), pierde también un diputado, mientras que Podemos y Ciudadanos logran tener un diputado de Granada en el Congreso pero se quedan lejos de optar al segundo escaño.

El voto por correo será, en cualquier caso, definitivo para saber si Concha de Santa Ana, la tercera diputada del PP, mantiene su representación. Unos 22.000 granadinos solicitaron su derecho al voto por correo, más de 3.000 de ellos residentes en el extranjero, por lo que habrá que esperar para conocer si este es el resultado final.

El PP logró 158.328 votos en la provincia, un 31,14%, 15 puntos menos que en las anteriores elecciones generales. Perdió casi 80.000 votos, pero lo cierto es que el PP ganó en la provincia, a diferencia de las últimas citas de ámbito regional y local. El PSOE, por su parte, también se dejó 5 puntos (más de 28.000 votos) respecto a las elecciones de hace cuatro años y aunque la pérdida de papeletas es menor que la del PP, pierde también un escaño. Su retroceso también es palpable si se compara con los resultados de las últimas autonómicas.

Podemos se ha convertido en la tercera fuerza en la provincia, con 83.051 votos, y Ciudadanos, con 70.597, en la cuarta. Ambos entran en el Congreso, del que sigue fuera IU, que contó con 25.895 sufragios, 14.000 menos que en la convocatoria de 2011.

En el Senado se produjo un empate a dos entre PSOE y PP, frente a los tres con los que contaba el partido que lidera Mariano Rajoy en la última legislatura, por uno de los socialistas.

Los diputados electos al Congreso por la provincia de Granada son, si no se modifican los resultados, Carlos Rojas, Santiago Pérez y Concha de Santa Ana, por el PP; Elvira Ramón y Gregorio Cámara, por el PSOE; Ana Belén Terrón, en representación de Podemos, y Luis Miguel Salvador por Ciudadanos.

Los senadores, por su parte, son José Martínez Olmos y Ana María Gámez (PSOE) y Sebastián Pérez y Rocío Díaz, por el PP.

La participación en la provincia fue del 72,93% por el 73,23% de 2011. Granada, por tanto, votó como el conjunto del país, situando al PP en el primer puesto, después PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU.

El juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, ha puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el pasado 10 de diciembre la Policía Local de la capital facilitara el acceso de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, a los juzgados por las cocheras y no por la puerta principal como corresponde a cualquier ciudadano. Lo considera un “trato de favor” que repercute “muy negativamente” en la imagen de la Justicia.

Ese día la edil declaró como investigada por el conocido como caso Serrallo, donde se le atribuye la posible comisión de un delito de prevaricación. Rodríguez Alcázar, que tuvo conocimiento de lo sucedido un día después por los medios de comunicación, ha criticado a la Policía Local y al Ayuntamiento de la capital por este hecho, que se tratará también en la Comisión Provincial de Policía Judicial, según consta en un comunicado remitido al alto tribunal.

El juez recuerda que la edil entró por un lugar “no destinado al efecto”, ya que los accesos de los ciudadanos solo pueden tener lugar por la puerta del edificio o por la puerta de acceso al Juzgado de Guardia. Sin embargo, Nieto entró en el interior de un vehículo acompañada por un Policía Local directamente hasta el aparcamiento de los juzgados, “reservado únicamente para personal autorizado para ello”. Además, subió hasta el lugar en el que declaró, el Juzgado de Instrucción 2, por unas escaleras interiores, reservadas igualmente para personal del juzgado o autorizados. “La salida se produjo de igual modo”, añade el juez.

El Reglamento de órganos de Gobierno de los Tribunales deja claro que son los jueces decanos los que deben decidir una medida de ese tipo, que en este caso no fue adoptada. “Quien acude a declarar como investigado (antes imputado), sea quien sea, debe acceder por el mismo lugar salvo que razones acreditadas de seguridad aconsejen otra cosa”.

Pues bien, en este caso no se había autorizado y por eso se han “vulnerado las instrucciones existentes, conocidas por todos y hasta ahora respetadas”. De ahí que el juez decano haya expuesto lo ocurrido al TSJA, exprese su “profundo malestar” y desvincule a la justicia de lo sucedido. “No se puede trasladar la idea de que existen ciudadanos de primera y de segunda en cuanto al trato que se recibe por parte de los Tribunales”, ha manifestado, sorprendido además porque en los últimos meses otros políticos de la ciudad han acudido a declarar sin solicitar ni recibir trato especial. “No debe volver a producirse”, asegura.

La concejal no contestó cuando fue preguntada por los medios de comunicación por dónde había accedido. Ella defendió su actuación en la operación urbanística y mostró su convencimiento de que la causa “se archivará”. La operación permitió construir una discoteca en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, que apoyó con su abstención al PP para que este se hiciera con el Gobierno de la ciudad, ha amenazado este viernes con presentar una moción de censura si la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), no dimite y sigue estando imputada en un plazo de tiempo por el ‘caso Serrallo’, donde se le investiga por posible prevaricación urbanística. Considera que se incumple así el pacto firmado.

El concejal y portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha asegurado, no obstante, que “no es la idea” de su partido y carga la responsabilidad de esa hipotética situación al equipo que dirige José Torres Hurtado. “El PP nos obligaría a poner la moción de censura”, ha recalcado.

La concejal de Urbanismo, que ha sido imputada por una jueza por prevaricación urbanística, ha recurrido la decisión, algo que plantea una “situación distinta”, ha recordado Salvador. Por ello, la formación naranja da un plazo, hasta el 10 de diciembre —fecha en la que tendría que declarar como imputada Nieto—, para que el PP mueva ficha.

Si para entonces no se ha resuelto de forma favorable para Nieto ese recurso o no hay decisión aún, Ciudadanos exigiría al PP de Granada, con el que firmó el acuerdo, que cumpla con lo pactado y así se lo haría llegar no solo al grupo popular en el Ayuntamiento, sino al secretario general del PP de Granada, Santiago Pérez, al que pediría explicaciones.

Ciudadanos considera que si el PP no acata esa decisión le está “echando un pulso” puesto que se comprometió a “separar de inmediato a cualquier cargo público que fuera imputado por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento”. Eso no significa, ha insistido Salvador, que “condenemos a Nieto”.

En cualquier caso, llegado el 10 de diciembre y con las condiciones referidas, la primera medida que Ciudadanos adoptaría sería “no apoyar ninguna iniciativa que el PP plantee” y si eso implica iniciativas “necesarias para la ciudad”, por ejemplo el tema de presupuestos, el grupo que dirige Salvador “no estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad de que fuera malo para la ciudad”, así que presentaría la moción de censura.

Aunque le presentara la dimisión, “no la aceptaría”

La concejal, hay que recordar, no ha dimitido al recurrir esa imputación judicial, que meses antes había pedido el fiscal. Cuenta con el apoyo del alcalde que ha llegado a manifestar que aunque se la presentara —la dimisión— “no la aceptaría” y espera que se resuelva de forma satisfactoria este proceso que partió de la denuncia de un particular por la autorización para construir una discoteca en suelo destinado a zonas verdes.

El alcalde, por su parte, ha pedido “prudencia” y cree que es ir “demasiado deprisa en las declaraciones”. También ha sido valorado el anuncio por el grupo municipal socialista, que a través de su portavoz, Paco Cuenca, lo ha considerado un “paripé” ya que, según ha dicho , “la ley recoge que en el primer año de un mandato no se puede poner una moción de censura” por lo que recriminó a Ciudadanos que “se lo hubiera pensado antes” de dar su apoyo al PP.

Nieto dijo cuando la Fiscalía pidió su imputación que si el juez lo hacía dimitiría. Tras notificarle el auto, la concejal de Urbanismo optó por recurrir la decisión antes de dejar su cargo y en ese punto se encuentra, aunque la oposición ha pedido en bloque su salida. Si se mantiene, no obstante, ha dicho que dejará el cargo “con responsabilidad y sin precipitarse”. Pero que nadie se lo tendrá que pedir.

La Fiscalía de Granada ha pedido a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Educación, un informe sobre las irregularidades denunciadas por parte del sindicato CCOO, que considera que la Administración autonómica podría haber incurrido en un delito de denegación de auxilio a menores tras el cierre por impago de varios comedores escolares en centros concertados de la provincia.

Los colegios afectados son seis, cuatro de ellos están situados en la zona norte de la capital, otro en Motril y otro en Guadix. Todos son colegios de compensación educativa. En unos centros se ha tenido que suspender el servicio de comedor y donde no se ha hecho “la deuda sigue creciendo”, según el sindicato.  

La investigación que en su día abrió la Fiscalía Superior de Andalucía ha sido así asumida por la provincial, que entre sus primeras diligencias ha ordenado a Educación que le informe de lo ocurrido. Los hechos fueron denunciados el pasado 9 de octubre por CCOO que consideró “dramática” la situación del alumnado, que es el “más vulnerable” de la provincia y que no puede comer en los centros. 

Pese al convenio que había suscrito la Junta con esos colegios hace años, “desde el curso 2013/2014 la Administración dejó de abonar el dinero correspondiente” y los centros han ido acumulando esa deuda. Por eso, al inicio del presente curso, las empresas comunicaron en el peor de los casos que no podían seguir prestando el servicio lo que supone, según la denuncia de CCOO, “dejar sin la comida más importante del día (en algunos casos la única) a cientos de escolares que ya de por sí viven en una difícil situación”. 

La Junta, por su parte, ha dicho que está en vías de solucionar el problema y pretende hacerlo a través de una orden de apoyo a las familias para que los menores puedan recibir una beca. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García, ha asegurado que la Administración autonómica no tiene “obligación” de prestar ayudas económicas a colegios concertados pero que lo venía haciendo “hasta que la Intervención presentó un reparo”. Por ello, según dijo, tuvieron que dejar de abonar esas subvenciones. 

El PP ha responsabilizado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que “haya niños pasando hambre” y acusó a los socialistas de “no saber cuáles son las prioridades reales” y de “no estar con quien lo necesita”. Así lo manifestó el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, que visitó uno de los colegios afectados. Unos 300 menores, según sus cálculos, están sufriendo las consecuencias de esta situación.

CCOO cree que lo ocurrido es “impropio de un Estado social y de Derecho, ya que ello vulnera el derecho fundamental a la alimentación de los menores”. 

La Plataforma Ciudadana Zona Norte, que pertenece a la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, también se ha solidarizado con los niños afectados y lamenta que la administración “castigue una vez más esta zona porque la Junta no pague a las empresas y el Ayuntamiento de Granada no implemente medidas de urgencia”. 

El AVE ha generado finalmente un conflicto en el PP de Granada. Su retraso y su polémica integración en la ciudad, que ha dado lugar a varios proyectos e incluso a distintas ubicaciones de la estación, tiene revuelto al partido que gobierna. El Ayuntamiento de la capital a través de su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, ha puesto en duda el compromiso de la segunda fase del proyecto, que supondría soterrar las vías del tren a su paso por el barrio de la Chana, ya que no hay documento escrito alguno. Eso le ha valido un expediente informativo por parte de la dirección de su partido, que el alcalde, José Torres Hurtado, achaca a que el PP está “un poco nervioso” ante las próximas elecciones generales.

“Si el tren llega en superficie a la ciudad, nos lo quedamos así para siempre”, dijo este viernes en una rueda de prensa convocada por los vecinos de la Chana a la que acudieron todos los portavoces de los partidos políticos. Los vecinos temen, como expresó Nieto, que si el AVE llega en superficie luego no se soterren las vías y por tanto continúe la división del barrio. Por eso la concejal pide plazos, fechas y, sobre todo, un documento sobre el que poder reclamar posteriormente ante posibles cambios en el Ejecutivo central.

Las declaraciones fueron consideradas la noche anterior como una “metedura de pata” de la concejal por el PP, que informó de la apertura de ese expediente. El secretario general del PP de Granada, Santiago Pérez, dijo que la postura de Nieto “no se corresponde con la del partido ni con la del gobierno municipal”, al tiempo que consideró “injusto” que se ponga en duda la palabra de la ministra Ana Pastor, que este viernes ha inaugurado las obras prolongación del dique exterior del puerto de Motril junto a otras actuaciones.

La concejal asegura que “sólo ha dicho lo que todo el mundo piensa”, reconoce que es “políticamente incorrecta” porque habla con “sinceridad” aunque eso suponga “muchas veces meter la pata” y dice que está a disposición del partido. “Si tengo que dimitir, dimito”, ha asegurado. Ratifica así su posición pero cree que no ha puesto en duda la palabra de la ministra, como alega el partido, sino que reivindica por escrito un compromiso del soterramiento del AVE.

Respaldada por el alcalde

El alcalde ha respaldado a la también segunda teniente de alcalde, con responsabilidades en la ciudad durante los últimos 12 años. La ha defendido diciendo que es una de las mejores concejales que ha pasado por el Ayuntamiento y cree que la reacción del PP se debe al “nerviosismo” del periodo preelectoral.

Torres Hurtado ha dicho que no tiene por qué cuestionar la palabra de Ana Pastor, pero también ha mostrado su deseo de que el Gobierno firme un convenio comprometiendo esa segunda fase. El Ayuntamiento, de hecho, lo ha pedido por escrito en 2012, 2013 y 2014, según ha explicado Nieto, pero no ha tenido respuesta por parte del Ministerio.

El presidente del PP en Granada, Sebastián Pérez, ha intentado minimizar la polémica y asegura que el partido no va a pedir la dimisión de Nieto. No cree que el PP esté “nervioso” e insiste en que son “desafortunadas” las palabras de la concejal, que pide consenso en Granada.

Los grupos de la oposición, por su parte, abogan por la integración del AVE soterrado por la Chana, algo que demandan los vecinos y que el propio Ayuntamiento se comprometió a exigir a Fomento el pasado julio a través de una declaración institucional que pedía fechas concretas al ministerio. Todavía no las hay.

Verónica ha dado a luz en un hospital público de Andalucía. Había tomado la decisión de optar por la lactancia materna y así, tras nacer, su pequeño estuvo en contacto piel con piel. Los profesionales que la atendieron cumplieron con la política de buenas prácticas del hospital: facilitar información, observar al menos una toma para ver si hay buen agarre, no dar al bebé biberón ni chupete, facilitar la cohabitación, insistir en que no hay horario para la lactancia, informarle de grupos de apoyo y, en el alta, le entregaron un folleto informativo con recomendaciones. En ese sentido, ha tenido suerte al contar con profesionales implicados, porque eso no ocurre siempre. Pero, ¿qué o ocurre cuando sale del hospital?

Frecuentemente, cuentan los expertos, la lactancia materna se interrumpe en las primeras semanas por falta de información, problemas sin atender por carecer del acompañamiento profesional adecuado y también por consejos erróneos del entorno, fundamentalmente las abuelas de los recién nacidos (que pertenecen a una generación que vivió el boom de la lactancia artificial) y que, sin mala intención, influyen de forma negativa en el proceso. También están algunos pediatras que siguen fijando pautas horarias y la introducción de un biberón.

Esta es una situación hipotética, pero que ocurre, a tenor de los profesionales consultados. Detrás de todo esto está el respaldo o rechazo social. Hechos como el ocurrido en el Corral del Carbón, en Granada, donde a una madre le dijeron que no podía amamantar a su bebé en ese recinto el pasado mes de agosto, no son frecuentes, pero los colectivos prolactancia aseguran que “ocurren más de lo que trasciende” y especialmente en el sector privado. Así lo reconoce la presidenta de la Asociación Lactando Amando, Gracia Ariza, que ha presentado denuncias por lo ocurrido.

Nada en la normativa que rige el monumento justificaba esa acción, indicó el Patronato de la Alhambra, del que depende el Corral del Carbón. El incidente, que la Junta de Andalucía achacó a la empresa de seguridad externa, choca con la política seguida en los últimos años desde el Gobierno autonómico que trata de aumentar la sensibilización y fomentar la lactancia natural, pero ¿cuál es el panorama actual?

Los últimos datos que ofrece la Consejería de Salud, de mayo de este año, sitúan en el 61% los recién nacidos que son alimentados con lactancia materna exclusiva en las primeras seis semanas de vida (año?), un porcentaje que desciende a medida que avanza el tiempo y que sufre una caída aún más brusca a partir del cuarto mes, con la incorporación de la mujer a la vida laboral. Las cifras, no obstante, repuntan en los últimos años por el aumento de la sensibilización, aunque los porcentajes están aún lejos de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y que se mantenga de forma complementaria hasta los dos años.

Con el objetivo de mejorar estos datos, Andalucía puso en marcha en 2006 el Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal, una colaboración entre la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad para hacer el proceso de nacer más humanizado. En ese sentido, el proyecto considera una de las decisiones “más importantes a proteger al inicio de la crianza” la lactancia materna, siempre que se realice de forma libre e informada.

Así, según el proyecto, se dan a conocer prácticas durante el parto que afectan a la lactancia materna y al vínculo madre-hijo. Se facilita en cada hospital y a cada madre la posibilidad de lactancia materna desde el primer momento y hasta que esté asentada, con acompañamiento en los momentos de dificultad. Trabajar con grupos de apoyo que faciliten las buenas prácticas en el parto y la lactancia es otra de las medidas de un programa que es mucho más amplio y ha supuesto además la puesta en marcha de una plataforma virtual y un programa específico de formación para profesionales, el apoyo a la iniciativa Hospitales Amigos de los Niños (IHAN) en Andalucía.

La lactancia, por tanto, se fijó como objetivo y de ahí surgió RedLAN, una estrategia enmarcada en ese proyecto para mejorar su protección, promoción, difusión y apoyo. El último estudio general que existe en la región se elaboró en 2004 y cifra en un 82% la lactancia materna al nacer, una cifra que cae al 63% en el primer mes y al 40, en el tercero, es decir, la mitad de los que la iniciaron. A partir del cuarto mes, se produce un segundo descenso abrupto en la prevalencia pasando del 26,5% al 12,5% en el quinto. Y sólo un 7,7% continúa lactando al cumplir un año.

Cuestión de implicación

Profesionales no preparados y/o no sensibilizados, un entorno familiar mal informado y falta de apoyo profesional en el acompañamiento a la mujer al menos en los diez primeros días tras el parto son los tres problemas fundamentales con los que se topan las mujeres y que impiden que esas cifras sigan aumentando, según explica la presidenta de la asociación de matronas de Andalucía, Carmen Rodríguez. Aunque la formación es el eje principal sobre el que pivota la iniciativa de la Junta, “la implicación” de los profesionales no ha sido la deseada, en opinión de la presidenta de la Asociación de Matronas de Andalucía, Carmen Rodríguez.

Ella representa quizá al colectivo más importante en esta tarea, el que se centra en todo momento en “el binomio madre-bebé” y, por ello, ofrece la información más ajustada. “El ginecólogo trata a la madre, el pediatra al bebé y la matrona al binomio madre-bebé, por eso es el profesional referente primero en lactancia”. Aunque médicos de atención primaria y enfermeros tienen entre sus competencias abordar el proceso, “su formación no es específica”, recalca. El número de profesionales en atención primaria “está muy lejos” del recomendado en Andalucía y la atención prestada a la mujer embarazada varía mucho en función de la provincia, lamenta Ramírez, cuya asociación trata de actualizar las cifras para conocer el déficit real existente.

A pesar de ello, reconoce que no son pocos los avances. Unos 5.000 profesionales de distintos colectivos han participado en la formación que se ha impartido en 196 cursos, de los que 46 eran exclusivamente de lactancia. La formación se inició en 2008 con cursos presenciales en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y en centros sanitarios, y a partir de 2012 se desarrollaron también cursos virtuales para favorecer un mayor acceso. Además, “hay muchos centros que siguen con actividades específicas”, indica Gracia Maroto, profesora coordinadora de la iniciativa en la EASP.

El camino es largo y marchamos hacia la “excelencia”, subraya Ramírez, pero hay profesionales que aún están alejados del camino que se emprendió. Existe en Andalucía una publicación que recoge las ‘Buenas Prácticas de Atención Perinatal' por el que se deben de regir todos aquellos que participen de algún modo en el tratamiento de la mujer y el bebé en alguna de las fases de embarazo, parto y crianza. No es un reglamento como tal, funciona como una especie de “recomendaciones”, explica Maroto, por eso quizá su cumplimiento a veces no sea el deseado.

Buenas prácticas

Para certificar esas buenas prácticas, UNICEF y la OMS lanzaron en 1991 la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) que trata de animar a los hospitales y servicios de salud a que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento.

En Andalucía, solo el Hospital Costa del Sol, en Málaga, cuenta actualmente con esa acreditación, aunque hay otros diez —entre públicos y privados— que están en proceso de conseguirlo y se encuentran ya en alguna de las cuatro fases que completa el proceso para lograr esa acreditación. También los centros de salud pueden optar, y en ese camino están 20 centros de toda la comunidad de los xx de la región. La experiencia del hospital malagueño, que logró esta certificación en 2009, avala los beneficios de la iniciativa.

En esa comarca malagueña el porcentaje de lactancia materna es más alto que en el resto de la comunidad, aproximadamente un 60% en los seis primeros meses, según explica el jefe de servicio de Pediatría del Hospital Costa del Sol, Javier Álvarez. “Es un trabajo fundamental que también abarca a la atención primaria, en el hospital lo que tenemos que hacer muchas veces es no estropear una decisión tomada previamente y atender en momentos difíciles”. Y añade: “Hay que dar consejos oportunos que no interfieran en la lactancia”.

Habla con conocimiento de causa, ya que reconoce que aún hoy hay profesionales que no informan o acompañan de forma adecuada, aunque públicamente es difícil que lo reconozcan. “No se puede generalizar, pero sigue pasando en las consultas y no es igual la adscripción a esa recomendación según los colectivos”, lamenta. Su hospital, en ese sentido, es una excepción y destaca el empeño del personal, desde matronas, pediatras, auxiliares, celadores, enfermeros, etc. “Fueron ellos los que propusieron sacarlo adelante, no fue una idea de la dirección, aunque ésta sí la apoyó”.

Pese a todo, el camino que se ha recorrido es positivo, según reconocen los profesionales, aunque queda “mucho por avanzar”. A falta de cifras más actualizadas, Álvarez apunta otro indicador de la mejora: “El porcentaje de Unidades Neonatales abiertas en los hospitales ha pasado del 10% en 2006 al 80% actual”.

La OMS y UNICEF asumieron hace ya varias décadas el liderazgo en la protección y promoción de la lactancia materna en el mundo. Factores como el boom de la alimentación artificial, la reducida baja maternal, la especial vulnerabilidad de la mujer en el mercado laboral, la industria y el ideal estético impuesto por la moda y los medios de comunicación no facilitan la recuperación de la cultura de la lactancia natural. De hecho, apenas es visible socialmente en espacios públicos y mediáticos, lamentan desde diversas asociaciones, pese a estar demostrado con numerosos estudios las innumerables ventajas que presenta para madre e hijo, no sólo desde el punto de vista de la salud, sino también para el bienestar psicológico y afectivo de ambos.

María nació el 12 de agosto por cesárea. Pesó apenas 1,3 kilogramos. Su madre pasó dos días y medio en reanimación y tardó en subirle la leche, pero gracias a la generosidad de otra mujer su pequeña se pudo alimentar desde el primer momento con leche materna donada. Es el alimento que mejor asimila un bebé, protege de infecciones y mejora sus posibilidades de recuperación, supervivencia y desarrollo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Su madre, Matilde García, es hoy donante del Banco de Leche Materna que hay en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Es el único de Andalucía pero abastece no solo a la provincia, sino a toda la parte oriental de la comunidad. El Hospital Materno de Málaga, el Quirón de la misma provincia, el Hospital General de Jaén y Torrecárdenas, en Almería, reciben leche de este organismo, que funciona gracias al esfuerzo de profesionales de varias unidades y a la generosidad de las madres donantes.

Abrió sus puertas en mayo de 2010 y desde entonces 844 niños y niñas se han beneficiado. Un total de 453 mujeres han donado 2.315 litros de leche. “Uno de los efectos más positivos del banco, sobre todo bancos como este incluidos en unidades neonatales, es el efecto de promoción de la lactancia materna”, explica Manuela Peña, neonatóloga responsable.

“Las madres que tienen ingresados a sus hijos ven la importancia de este alimento y se motivan para donar, pero además todo el personal que de algún modo trabaja o tiene relación con este organismo está muy sensibilizado, y eso se contagia”, añade. Cuando tienen menos reservas hacen llamamientos a través de las redes sociales, fundamentalmente, y la respuesta es muy positiva. “Las mujeres son muy generosas, muy receptivas”.

Tanto es así, explica, que cuando en 2009 pensaron en crear el banco, el objetivo era abastecer a los niños enfermos ingresados en el mismo centro. Se puso en marcha y “a los pocos meses teníamos mucha más leche de la que necesitábamos”, recuerda con orgullo. Aasí que comenzaron a ofrecerla a otros centros cercanos y, ante las insistentes llamadas de donantes, crearon a su vez puntos de atención y entrega de leche en Málaga, Almería, Jaén y Motril.

“No solo nos llaman de estas provincias, pero las más alejadas como Sevilla o Huelva no las podemos atender. No tenemos hoy por hoy el sistema de transporte necesario”. El proceso no es complicado, pero requiere unas condiciones, y desde el banco facilitan en la medida de lo posible la entrega, ya que no hay un servicio de recogida. La leche ideal es la de madres con bebés menores de seis meses, pero recogen toda ya que la analizan y distribuyen en función de las necesidades.

Madre con estudios

Hay mujeres de todo tipo entre las donantes, pero el grueso que abastece el banco tiene estudios universitarios, conocían este servicio, han tenido partos normales y niños sanos. Al producir más leche de la necesaria para su hijo deciden donarla. Cuando una persona decide donar, lo primero que tiene que hacer es llamar al 670941857 o contactar con el banco. Se le hace una entrevista sobre sus hábitos de vida, un análisis de sangre para descartar enfermedades potencialmente transmisibles a través de la leche, y se les asesora, forma y entrega el material necesario así como un sistema de etiquetado.

“Lo hacen muy fácil”, explica Matilde que conocía el banco antes de ser madre pero temía que fuera un proceso más engorroso. A las madres se les entrega una tarjeta para que puedan acceder en coche al hospital y no tener que buscar aparcamiento. A cualquier hora del día pueden hacer entrega de su leche, que puede llevarla también otra persona. “Las abuelas donantes son un clásico”, apunta Peña.

Asunción García es una de las principales artífices de este éxito. Es auxiliar y a su trabajo en el centro se le suma la atención a las donantes, el seguimiento, la formación y entrega de material. No hay personal con dedicación exclusiva así que el trabajo que supone de más para los profesionales de neonatología, farmacia hospitalaria, microbiología y serología compensa por la “gratificación”. “El grupo de gente que lo pusimos en marcha estamos muy orgulloso de que vaya bien y cada día tengamos más donantes”, asegura García.

Unas 40 mujeres aproximadamente donan en la actualidad leche materna a este banco. La extracción se puede realizar en la Unidad Neonatal o en el domicilio. Si es en casa, hay 15 días para llevarla al hospital. La leche debe ser congelada tras su extracción, y una vez en el centro hospitalario es analizada, pasteurizada y congelada de nuevo para garantizar su calidad y seguridad, siguiendo las guías internacionales. Posteriormente se distribuye entre niños enfermos o prematuros cuyas madres no pueden proporcionarla. Los recién nacidos reciben probablemente uno de los mejores regalos posibles.

El gobierno municipal de Granada cumple 100 días con un bajo perfil en la acción encabezada por el alcalde, José Torres Hurtado, que inició su cuarto y último mandato con el firme propósito de ser “aglutinador” de todos los grupos políticos. Sin embargo, su relevo, que Ciudadanos fijó para noviembre, planea sobre el Ayuntamiento. No obstante, no será hasta después de las elecciones generales cuando posiblemente se reactive lo que fue una singular condición del partido que dirige Luis Salvador para apoyar, con su abstención, al PP y permitirle gobernar en minoría la ciudad.

En el tiempo transcurrido (los famosos cien días de gracia), Granada no ha vivido una gran transformación con proyectos llamativos y probablemente tampoco se le espera, si se tiene en cuenta la compleja situación económica del Consistorio.

Eso sí, ha habido cambios de posición importantes condicionados por el acuerdo que firmaron populares y Ciudadanos. El PP ha tenido que asumir una revisión del Plan de Movilidad, se ha anunciado la reapertura de la Biblioteca de Las Palomas, en el Zaidín, que el propio PP cerró y está pendiente el tema del botellódromo, una posible eliminación, pese a que en campaña el PP lo defendía e incluso dejó entrever que no descartaba abrir nuevos espacios.

La aspiración, ahora retomada, de que Granada sea Capital Cultural Europea en 2031 es una de las iniciativas más llamativas del Gobierno municipal, aunque el plazo se antoje lejano. El PP con Ciudadanos ha vendido también la puesta en marcha del Observatorio de la Movilidad, para abordar el complejo problema que al respecto sufre Granada desde hace años, como apertura a la sociedad. La LAC, la Línea de Alta Capacidad, que fue uno de los asuntos estrella del gobierno popular en el anterior mandato tuvo enfrente a los grupos municipales y a no pocos usuarios. Ahora, aceptan su revisión.

La agenda de la oposición, la transparencia y el relevo del alcalde

En estos días, donde la oposición, formada por PSOE, Vamos Granada e IU han marcado, y no con poca frecuencia, la agenda de la actualidad, también ha habido tiempo para la polémica. Ciudadanos se mantiene teóricamente fuera del Gobierno pero camina en más de un asunto a su lado o al menos no se enfrenta directamente. Uno de los momentos más complicados del gobierno local ha sido el de la gestión de la televisión municipal TG7, donde un grupo de trabajadores reveló dudosas prácticas que han supuesto la destitución de la directora y la reciente dimisión del concejal responsable Juan Antonio Fuentes.

Además, el regidor, en este caso directamente, se vio envuelto en una polémica machista por unas desafortunadas declaraciones que hizo ante los mejores alumnos de Selectividad de la ciudad y por las que tuvo que disculparse, cuando ya habían sido noticia nacional. “Las mujeres cuanto más desnudas, más elegantes, y los hombres cuanto más vestidos, más elegantes”, manifestó ante el asombro de los presentes. Se pidieron rectificaciones desde todas partes y aunque Ciudadanos criticó, luego se abstuvo en el pleno de reprobación.

No obstante, se ha avanzado, por lo menos sobre el papel, en el tema de la transparencia, por el que no destaca el Ayuntamiento de Granada: las comisiones delegadas del pleno se han abierto a los medios de comunicación y se aprobó una moción —con la abstención del PP— para instar al Gobierno de España a que el AVE llegue a Granada en el menor tiempo posible y en el futuro pueda ser soterrado.

La relación, o más bien el enfrentamiento de los últimos años, entre el Ayuntamiento y la Alhambra ha mejorado, después del nombramiento del nuevo director del patronato, Reynaldo Fernández. Pendiente está el asunto de la consulta popular sobre el Atrio a la que se comprometieron PP y Ciudadanos, ya que tampoco está claro si la Junta de Andalucía va a seguir adelante con el proyecto de Álvaro Siza y Juan Domingo Santos.

El relevo en la Plaza del Carmen mantiene en una situación a medio gas las decisiones de mayor calado. Ahora no se quiere reactivar ese asunto, algunas fuentes apuntas a que sus actores están pendientes de las generales. El concejal de Presidencia y Transparencia, Sebastián Pérez, que sería supuestamente el sucesor de Torre Hurtado, ha sido elegido por el PP para coordinar la campaña del PP en Andalucía; y el artífice del pacto, Luis Salvador, encabezará la lista de diputados por Granada de Ciudadanos, lo que podría significar su salida del Consistorio si esta formación consigue un escaño. Por eso, si sigue el actual alcalde al mando es una decisión que se pospone al próximo año.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acordado declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada por los hechos que se investigan de presuntos abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes, el conocido como ‘caso Romanones’. La cuantía de dicha responsabilidad, no obstante, se determinará en el momento procesal que corresponda.

Lo había solicitado la acusación particular y el magistrado,  y según el auto en que acuerda esta decisión, así lo estima porque considera que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado.

De hecho, señala que “precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial de la parroquia”.  

Considera, por tanto, que se cumplen los presupuestos expuestos para la declaración de responsabilidad civil ya que, si se prueba finalmente que ocurrieron los hechos, estos “se residencian y originaron desde la parroquia”. Así, señala el juez instructor, “el arzobispo habría incumplido con los actos de vigilancia, policía o seguimiento necesarios, y recomendados además tanto por la Santa Sede como por la Conferencia Episcopal para evitar la comisión de estos hechos”. Contra el auto, fechado a 8 de septiembre de 2015, cabe recurso de reforma.

Paso previo a la decisión de la Audiencia Provincial

Esta es la última decisión del juez Moreno antes de entregar el caso a la Audiencia Provincial, quien este jueves habrá de discernir si se incorporan a la causa los informes periciales de la Policía Judicial, que determinaban el testimonio “altamente honesto” de Daniel y “altamente deshonesto” del principal encausado, el padre Román.

El 15 de septiembre, el Alto Tribunal también dictaminará sobre si mantiene o no la imputación de todos los investigados. Fuentes próximas a la acusación son muy optimistas en ambos casos. Todo parece indicar que las nuevas pruebas serán admitidas y que, con ellas, se podría determinar que todos los “Romanones” podrían incurrir en delitos de abusos, asociación ilícita y encubrimiento, que no habrían prescrito.

Auto Declaracion Responsabilidad Civil Arzobispado

El Centro Lorca, que tiene previsto albergar el legado del poeta en Granada capital, se ha convertido desde hace semanas en foco de atención pero no por su apertura, como estaba previsto, sino por supuestas irregularidades en la financiación que suman un capítulo más en una historia de despropósitos que arrancó hace más de una década.

Aunque el primer ofrecimiento para trasladar el legado del poeta se produjo en 1986, no fue hasta 2004 cuando se planteó la construcción del centro que, en cierto modo, saldará parte de la deuda que la ciudad tiene con Federico García Lorca. Las obras llevan años prácticamente terminadas, pero la inauguración no llega. Esta martes, el Consejo Rector ha acordado por unanimidad fijar su apertura para el 29 de julio. ¿Será la definitiva?

¿Qué es el Centro Lorca?

Situado en el centro histórico de Granada, en la plaza de la Romanilla, muy cerca de la Catedral, el Centro Federico García Lorca se proyectó en 2004 como lugar de referencia de la cultura contemporánea en la ciudad natal del poeta. Con una superficie de 4.700 metros cuadrados, el nuevo centro cultural estará dedicado al estudio, la difusión y la promoción de la vida y obra del poeta.

Está previsto que acoja los fondos de la Fundación Federico García Lorca, que están depositados en la Residencia de Estudiantes de Madrid, y nació con la intención de cumplir el deseo familiar de reunir en Granada el legado lorquiano. El 21 de febrero de 2004 se firmó el protocolo de colaboración entre el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada, la Residencia de Estudiantes y la Fundación Federico García Lorca. Posteriormente se presentó la propuesta de creación del centro.

¿Qué es el Consorcio?

El Consorcio del Centro Lorca es el instrumento de organización común que se creó para la ejecución del proyecto. Tras años de disputas entre administraciones, nació en 2007 con representación del Ayuntamiento, el Ministerio, la Junta, la Diputación y la Fundación.

¿Quién puso el dinero?

Fundamentalmente la Unión Europea, pero también el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de la capital. En principio se presupuestó en 18 millones de euros, pero el coste se elevó a 23, un problema que retrasó las obras hasta que hubo acuerdo entre las administraciones integrantes del consorcio para asumir ese gasto extra.

¿Quién ha gestionado los fondos para el Centro?

Las administraciones implicadas acordaron a través de una encomienda de gestión que fuera la fundación presidida por Laura García Lorca, sobrina del poeta, la que los gestionara. La presidenta de esta entidad los confió a su vez en el secretario Juan Tomás Martín, al que recientemente ha denunciado por supuestas irregularidades.

Los nuevos estatutos, publicados el pasado 7 de julio en el Boletín Oficial del Estado, relegan a la institución privada sin ánimo de lucro. El consorcio queda adscrito al Ayuntamiento, que se turnará la presidencia con la Junta de Andalucía. La fundación estará presente a través del Instituto de Estudios Lorquianos, cuyo representante tendrá voz pero no voto en el consorcio.

¿Dónde ha estado el problema?

En la justificación del dinero. Las administraciones reclaman a la fundación parte de los fondos públicos destinados a la construcción del centro. El problema trascendió después de que Ferrovial, la empresa encargada de las obras, se negara a entregar el edificio en fechas recientes hasta que no tuviera un compromiso de pago de unos tres millones de euros que se le adeudaban.

Poco después se conoció que faltaban por justificar al menos cinco millones de euros. Fue entonces cuando Laura García Lorca denunció en sede judicial al que fuera secretario de dicha institución y gerente del centro. Este martes, no obstante, el Consejo Rector ha aprobado el procedimiento de entrega por parte de Ferrovial y recepción del edificio.

¿Por qué llega el caso a los juzgados?

La fundación tiene pagos pendientes de realizar y otros de justificar. La presidenta acusa al que fuera secretario de falsedad documental y apropiación indebida al haber subido, siempre según denuncia, de un 4% a un 15% sin su consentimiento el porcentaje que debía percibir por las subvenciones recibidas para la construcción del centro.

¿Y qué va a hacer el consorcio?

Según el Consejo Rector celebrado este martes, los miembros del consorcio han acordado iniciar un procedimiento que permita el reintegro de las cantidades no justificadas por parte de la Fundación García Lorca, a la vez que han decidido por unanimidad encargar a sus servicios jurídicos que estudien las posibles acciones legales que se puedan llevar a cabo por parte del consorcio en defensa de los intereses de esta entidad.

¿Otras dificultades?

Desde que nació, incluso antes, el Centro Lorca y el consorcio no han estado exentos de polémica. Las instituciones que forman parte, de distinto color político, se han pasado años echándose la culpa de los retrasos. Y aunque las obras en principio no han tenido grandes problemas, el centro permanece aún cerrado nueve años después de que comenzara su construcción.

Los primeros inconvenientes tuvieron como protagonista a una churrería que ocupaba parte del solar en el que estaba proyectado y que el consorcio tuvo que adquirir. Luego se perdió dinero de unos fondos europeos por un retraso en los plazos. Posteriormente el edificio permaneció al 96% de ejecución sin poder concluir la construcción por falta de fondos, aunque sí estaba garantizada la financiación para el mobiliario y la actividad. Las administraciones se hicieron al final cargo del sobrecoste de las obras.

Precisamente el sobrecoste y distintos desencuentros institucionales pusieron finalmente al descubierto la falta de justificación de fondos públicos por parte de la fundación.

¿Qué cantidades le reclaman?

Por ahora, el Ministerio de Cultura reclama a la fundación 1,7 millones de euros por las subvenciones concedidas. A esa cantidad se suman 2,8 millones que la Junta ha aprobado pedir a la institución privada por una subvención concedida en 2009.

¿Cuáles han sido las fechas fallidas de inauguración?

La primera fecha que se anunció para el fin de su construcción fue comienzos de 2007. Tras adquirir la churrería, se fijó 2009 como nueva fecha de apertura. Se pospuso a 2010, año en el que incluso hubo que cancelar la programación prevista. La primavera de 2011 fue el siguiente anuncio. Tras acabar las obras, finales de 2014 fue la siguiente fecha anunciada. El pasado 5 de junio, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del poeta, fue el último plazo fallido.

Este martes se ha fijado el 29 de julio. A la espera está prácticamente montada una exposición, mientras el resto de actividades se están programando, según el consejo rector.