El grupo Popular ha tomado la iniciativa de proponer al pleno del Ayuntamiento de Sevilla un pacto por la Red completa de metro, iniciativa que ha sido discutida y aprobada el lunes. Una vez aprobada proponen crear un debate social para que “las fuerzas ciudadanas” se adhieran a esa propuesta y darle así más peso a la reivindicación ante las administraciones estatal y autonómica, llevando una única voz de amplio respaldo social.

Celebramos la idea de que se convoque un gran debate público sobre el tema dado que consideramos que efectivamente Sevilla arrastra un enorme retraso en el desarrollo de su red de transporte público eficiente. Entendemos que probablemente nos encontramos ante el reto más urgente y de mayor impacto en la calidad de vida cotidiana y en la sostenibilidad social, económica y ambiental de la ciudad.

Compartimos el objetivo que se plasma en el manifiesto: “Las ciudades alcanzan el futuro que un día se proponen alcanzar. El Pacto por la Red completa de Metro de Sevilla supone la unión de las fuerzas ciudadanas de asociaciones, entidades, y plataformas vecinales, de instituciones, clubs, corporaciones profesionales y culturales, partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, así como de cualquier vecino que apueste por una Sevilla en la que su movilidad genere futuro, prosperidad, desarrollo y sostenibilidad”.

Ahora bien. Ese pacto sólo puede ser producto de un debate social entre todos los llamados a suscribirlo, fruto del cual, surja el modelo de movilidad, pilar clave del modelo de ciudad, que queremos. Y para que eso sea así, no puede venir condicionado por una solución parcial ya previamente suscrita por el pleno del ayuntamiento: el pacto municipal es el final del camino, no el comienzo. La participación consiste en la generación de un debate bien informado, con deliberación, fruto del cual surja el consenso. Participar no es asentir lo que previamente los grupos políticos ya han decidido. El Partido Popular y el Partido Socialista deberían reflexionar sobre esto y abandonar un modo de entender la participación según la cual, “Nuestro Plan (el de los partidos políticos) tiene que ser vuestro plan (el de la sociedad)”.

Más aún. No se puede entender que este debate no se produzca en el marco de la elaboración del Plan Municipal de Movilidad Sostenible que el Ayuntamiento ha puesto en marcha y del que por ahora la participación ciudadana brille por su ausencia. ¿Por qué no se ha convocado ni siquiera el Consejo Municipal de Movilidad? Es un paso necesario para abrir un debate que en cualquier caso debe ser mucho más amplio.

Una red de transporte metropolitano eficiente para Sevilla debe hoy satisfacer las siguientes condiciones:

Examinado el proyecto que se presenta como “Red Completa de Metro de Sevilla”, basadas en el proyecto de 2003, comprobamos que no cumple ninguna de las tres:

No es una red metropolitana, dado que las líneas pendiente, 2, 3 y 4 son de ámbito local, están dentro del anillo de la SE-30, por tanto no son metropolitanas y en nada van a contribuir a la eficiencia de la movilidad metropolitana.

Que dicha red está basada en un sistema ineficiente en términos económicos siendo hoy sustituida en ciudades europeas de tamaño semejante a Sevilla, como Burdeos o Nantes, por redes de superficie. ¿Alguien puede explicar por qué debemos endeudarnos entre cuatro y diez veces más de lo necesario? Por el coste de ejecución de las tres líneas restantes, que sumarían 41 Km a la red local de transporte, podríamos tener hasta 410 kilómetros en superficie cubriendo las necesidades de comunicación con los municipios del Aljarafe, los Alcores y la campiña del Guadalquivir.

Que no contempla el sistema de transporte metropoliano en su totalidad. En particular llama la atención que no se proponga empezar por lo más eficiente y económico: la integración efectiva de la red de cercanías cuyas estaciones y trazado viario están hoy infrautilizadas y de las que bastaría invertir en trenes para tener una red de ferrocarril metropolitano funcionando ya. También llama la atención que no se diga nada de la necesaria transformación de la red de autobuses metropolitanos en un sistema electrificado, con vehículos de alta capacidad y que transcurran por plataformas reservadas (BRT), que podrían multiplicar a muy bajo costo la red metropolitana.

Lo que esperamos del Partido Popular y del Partido Socialista, así como del resto de grupos representados en el Ayuntamiento es que dejen a un lado los planteamientos electoralistas y cortoplacistas. Que se limiten a suscribir la necesidad de un gran pacto ciudadano por el transporte público metropolitano, y que pongan en marcha el debate en el marco de elaboración de un plan de movilidad sostenible para Sevilla con proyección metropolitana.

Sevilla capital tiene que asumir su responsabilidad como capital metropolitana y andaluza. Debe liderar el cambio hacia una movilidad sostenible en el sur de España, marcando un camino que otros puedan seguir y que resuelva de verdad los problemas de movilidad metropolitana que hoy constituyen la principal aportación de Sevilla la Cambio Climático y que mañana, con la subida prevista en los precios de la energía, puede ser un gran problema social y económico para la viabilidad de Sevilla si no actuamos a tiempo.

Este fin de semana nos sobrecogieron las noticias del pavoroso incendio del pinar dunar de Doñana iniciado en Moguer. La reciente tragedia vivida en Portugal sobrevoló sobre nuestras cabezas cuando dos mil personas tuvieron que ser desalojadas y otras cincuenta mil quedaron aisladas en Matalascañas. La tragedia humana se evitó, afortunadamente. Pero un trozo del alma de muchos andaluces nos ha sido arrebatada por las llamas. Mientras seguimos pendientes de los resultados de las investigaciones que determinen la causa, accidental o deliberada, ha sido inevitable que nos hiciéramos preguntas en torno al conflicto de intereses que amenazan el parque. Junto a ellas otras como las siguientes: ¿Por qué últimamente los incendios parecen ser cada vez más abundantes, imprevisibles en su desarrollo y devastadores?¿Qué podemos hacer para reducir el riesgo y las amenazas a las que nos enfrentamos en Doñana?

Ojalá este incendio, tenga el suficiente impacto simbólico como para suponer un antes y un después, como para hacernos pensar y reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Nos jugamos mucho más de lo que pensamos. Doñana es una de las joyas naturales de la humanidad y está en riesgo.

¿Cuáles son sus principales amenazas? ¿Qué tienen en común? ¿Qué podemos hacer para evitarlas? En los últimos años dos son las amenazas que más han captado nuestra atención. Por una parte, el proyecto de Gas Natural de convertir su entorno en un depósito de gas. Por otra el conflicto por el agua, con dos frentes, la amenaza del proyecto de Dragado en Profundidad del Guadalquivir, impulsado por el Puerto de Sevilla, que podría suponer el golpe de gracia a la vitalidad del Guadalquivir, y la expansión de la agricultura intensiva de la fresa y otras frutas rojas que está agotando el acuífero. Históricamente Doñana ha sufrido una sobreexplotación turística y urbanística, muy demandante igualmente de agua. Y no se nos borra de la memoria el golpe asestado por la rotura de la balsa minera de Aznalcollar, menos aún ahora que la Junta de Andalucía ha vuelto a autorizar la reanudación de las actividades sin que los responsables hayan asumido el menor coste por el daño que produjeron. Sin agua, de calidad, Doñana se muere. Pero nos sobrevuela otra amenaza aún mayor sobre la que no reparamos tanto: el avance del cambio climático por el calentamiento global que amenaza a toda Andalucía y particularmente a Doñana.

¿Qué tienen en común estas amenazas? El ánimo de lucro como valor máximo a proteger, propio del estadio civilizatorio en el que nos encontramos. La naturaleza extractiva de la economía en torno a Doñana: se extrae su agua como si nunca se fuera a acabar. Se la ha considerado un solar urbanizable. Se la considera un depósito de gas con el aval del expresidente del Gobierno. Se la convirtió en vertedero de residuos mineros.

Agua, tierra y energía

Una civilización que ha perdido la conciencia de que sin equilibrio entre hombre y naturaleza perdemos la base de la vida humana está condenada. O la superamos o sucumbiremos con ella. Agua, tierra y energía, tres recursos básicos para soportar la economía, acechan Doñana, símbolo en Andalucía de las amenazas del ser humano sobre la naturaleza. Y a estas amenazas se suma progresivamente, adquiriendo protagonismo por momentos, la acumulación de las olas de calor que incrementa el riesgo de incendios y su peligrosidad, la disminución de las precipitaciones que alimentan nuestros acuíferos, el avance de la desertización.

Si viviéramos, como nos gusta presumir, en la sociedad del conocimiento, escucharíamos las voces de alerta de los científicos. En lugar de ello, las autoridades que velan por la protección del ánimo de lucro las acallan. Lo han intentado con el informe Losada sobre las consecuencias para el Guadalquivir del Dragado. Y lo hemos visto con el injustificable e ilegítimo cese del director de la Estación Biológica de Doñana, Juanjo Negro, cuya voz estorbaba a los intereses económicos que protege el Gobierno del Estado.

¿Qué podemos hacer para evitar estos riesgos y amenazas? Hoy sabemos todo sobre el desequilibrio entre economía y naturaleza, entre sociedad y naturaleza. Sabemos que vivimos por encima de los límites en un planeta finito. Y empezamos a percibir sus consecuencias en el dramático e imprevisible avance del cambio climático y en el agotamiento de recursos esenciales para la economía: gas, petróleo y carbón (cuya quema es causa principal del cambio climático), reducción cuantitativa y cualitativa del agua dulce disponible, deforestación, extinción masiva de especies, agotamiento de la pesca, de minerales estratégicos, …

Pero sobre todo, percibimos una absoluta ausencia de voluntad política para corregir dichos desequilibrios. Cierto que hemos suscrito el acuerdo de París de lucha contra el Cambio Climático. Cierto que en 2015 los Jefes de Estado suscribieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero igualmente cierto es que son acuerdos no vinculantes y que se pueden romper de forma ruidosa, como ha hecho Trump, o incumplirlos de forma silenciosa, como le gusta a Rajoy. Los únicos acuerdos que importa cumplir, y que acarrean costosas sanciones si no se cumplen, son los que protegen los negocios, el ánimo de lucro: los tratados comerciales como el CETA y toda su parentela. Aunque impidan tomar medidas para proteger el clima, la naturaleza o los derechos sociales cuando entran en conflicto con los negocios.

En caso de conflicto de intereses prevalece la defensa del ánimo de lucro, al que cínicamente llaman libre comercio. El lenguaje una vez más es un indicador que no falla. Tomar medidas para proteger la vida y los derechos es proteccionismo, es negativo. Proteger el ánimo de lucro es proteger la libertad, es positivo. Pensamiento ciego que nos lleva al desastre. Como dice Naomi Klein, es el capitalismo el que trabaja incansablemente contra el clima y contra las bases de la vida. Sin embargo, lo que hoy sabemos, “Lo cambia todo”.

Afortunadamente el ánimo de lucro no es la única motivación del ser humano y Doñana tiene muchos amigos. Quiero terminar centrando la atención en los héroes, en la escasamente visibilizada capacidad del ser humano para dar lo mejor de sí. Es reconocer como se merece a quiénes han trabajado incansablemente para apagar el fuego. A esos bomberos forestales que en mayo exhibían sus armas contra el fuego exigiendo unos derechos laborales que la Junta de Andalucía les escatima. A esos agricultores que han sacado sus tractores y los han metido en el pinar para cortar el avance del fuego. A los científicos que anteponen la verdad a los intereses económicos. A esos trabajadores que en invierno hicieron su trabajo de limpieza y desbroce del pinar. A esos voluntarios de WWF, entre los que por cierto estuvo mi hijo Guillermo, que organizan campañas de reforestación. Tras el incendio demos una lección. Organicemos una replantación masiva del bosque quemado para devolverlo lo antes posible a su estado original. Y abramos un debate serio y profundo sobre qué tenemos que cambiar para detener el cambio climático.

La noticia de que El Puerto de Sevilla renuncia al proyecto de Dragado en profundidad del río Guadalquivir llega como consecuencia lógica del callejón sin salida al que había llegado el proyecto y abre una puerta de esperanza. El modelo de desarrollo del que nace este proyecto en 1999 parte de unas bases equivocadas y se ha sostenido empecinadamente pese a todas las evidencias que se han ido acumulando en contra del mismo. Es un ejemplo de libro de inteligencia ciega.

Al mismo tiempo es muy ilustrativo de un conflicto, que sigue vivo, entre dos concepciones opuestas de la relación entre las actividades económicas y el territorio. De un lado, tenemos a la autoridad portuaria y la Plataforma de agentes económicos y sociales que impulsaron la plataforma Sevilla con su Puerto; y de otro, la plataforma Por Un río Vivo, que agrupa a arroceros, pescadores, ecologistas y científicos, con la que se alinea Equo. Ambas plataformas plantean estrategias diferentes de generación de empleo que son contradictorias entre sí. Las declaraciones de Manuel Gracia abren una puerta a la esperanza de que Sevilla encuentre un proyecto de futuro para su puerto compatible con el mantenimiento de un río vivo.

Voy a tratar de responder a las tres siguientes preguntas: ¿Por qué el proyecto estaba en un callejón sin salida? ¿Qué modelo de desarrollo económico impulsa el proyecto del dragado? ¿Qué alternativas se abren a partir de ahora?

¿Por qué el proyecto estaba en un callejón sin salida?

El Plan Director del Puerto 2020 se marca como objetivo triplicar el tráfico portuario. Para ello decide tomar medidas para que puedan acceder al mismo los buques de mayor calado, tanto de transporte de contenedores como de cruceros. Los principales proyectos para hacerlo posible son la nueva esclusa, ya realizada y que incrementó de 23 a 32 m el ancho de manga útil de acceso, y el dragado en profundidad del río, que es el proyecto ahora paralizado, que pretendía aumentar la profundidad de 6,5 a 8 metros a lo largo de los 80 km que constituyen la Eurovía E60-02. Era una actuación que requería de operaciones de dragado de mantenimiento anuales importantes para mantener de forma efectiva esa profundidad. Es necesario entender que las operaciones de dragado que se vienen haciendo para mantener la profundidad que actualmente tiene el río suponen un círculo vicioso, ya que al profundizarse el lecho del río se desestabilizan las márgenes y en consecuencia estas se erosionan y colmatan el fondo. Esta erosión se incrementa con el propio tránsito de barcos y este proceso es una de las principales causas de incremento de la turbidez del río que debilita su vitalidad. También es necesario entender que no se ha tomado en consideración hasta ahora ningún proyecto ni medida para consolidar las márgenes del río.

El escollo a este proyecto surge cuando el Diagnóstico de Impacto Ambiental de 2003 establece condiciones vinculantes, entre las cuales está la constitución de una Comisión Científica que elabore un dictamen vinculante. La comisión científica estuvo dirigida por Miguel Angel Losada (UGR) y Javier Ruiz (CSIC). La principal conclusión del estudio, tras una rigurosa monitorización y medición de la calidad de las aguas, es que el río ha perdido su equilibrio ecológico, que su vitalidad está seriamente comprometida y que antes de establecer condiciones para un dragado de mayor profundidad sería necesario tomar medidas integrales para recuperar la salud de la masa de aguas del estuario, que están gravemente afectadas por altos niveles de contaminación, exceso de partículas en suspensión y excesiva salinidad. Lo que necesariamente pasaría por aunar la “voluntad de los actores implicados, privados y públicos, de mejorar el estuarioy su coordinación a la hora de intervenir o influir en el mismo”.

Si la Autoridad Portuaria hubiese aceptado estas condiciones y hubiese instado a todos los actores involucrados a tomar medidas para recuperar la salud del estuario, habríamos ganado mucho y no habríamos perdido siete años. En lugar de eso, pretendió en abril de 2013 seguir con la ejecución del proyecto ignorando las condiciones impuestas. A finales de ese año, la Comisión Europea abrió un expediente de infracción contra España por el proyecto de dragado del Guadalquivir a raíz de la queja interpuesta por WWF España en mayo de 2012, por cuanto este proyecto podía vulnerar la normativa comunitaria deprotección de la naturaleza por los graves impactos que ocasionaría sobre Doñana y otros espacios de la Red Natura 2000.

A principios de 2015, el Tribunal Supremo publica una sentencia que declara la nulidad del dragado. Ni que decir tiene que se perdieron los fondos FEDER con los que se habría de financiar mayoritariamente el dragado y finalmente el propio Gobierno de España ha dejado en 2017 de incluir partidas presupuestarias para la realización del proyecto. Por ello, no es de extrañar que una vez la secretaria de Estado María García respondiera a la senadora Maribel Mora que “los planes de dragado de profundización del río Guadalquivir no van a llevarse a cabo porque el proyecto no cumple con las condiciones que estableció la Declaración de Impacto Ambiental”, el presidente de la Autoridad Portuaria haya declarado que el Puerto renuncia al proyecto.

¿Qué modelo de desarrollo económico impulsa el proyecto?

Los partidarios del dragado del río siempre han defendido este megaproyecto como estratégico para la reactivación económica y la generación de empleo en Sevilla. La propaganda generada en torno a los miles de puestos de trabajo en juego toca una fibra sensible, en una ciudad que lleva décadas siendo campeona del paro, y es tramposa: sus cifras de generación de empleo no resisten un análisis crítico y ocultan los miles de empleos que se ven amenazados por el propio proyecto.

Parten de la hipótesis de que el tamaño de barcos y cruceros sigue una dinámica de crecimiento en tamaño y que por tanto hay que adaptar el río al tamaño de los nuevos barcos. Desde su perspectiva el río es sólo un a una “eurovía”. Es un modelo desarrollista muy dependiente y muy vulnerable ante la evolución de la globalización. Una de las consecuencias previsibles de la crisis energética, anunciada por la Agencia Internacional de la Energía derivada del comienzo del fin de la era del petróleo en la que estamos entrando, es que habrá una reducción del tráfico marítimo y una revolución de la propia marina que va justamente en dirección opuesta al incremento de tamaño de los barcos y del incremento del flujo de mercancías. Por otra parte, el proyecto conlleva un desarrollo urbanístico de 800 Ha que fue pensado en plena burbuja inmobiliaria y que no ha sido revisado.

Pero es que, además, desde esta perspectiva son incapaces de percibir el enorme potencial que supone un río Guadalquivir vivo y la amenaza que supone un río muerto para Doñana, para la agricultura y para la pesca, y por tanto, para las actividades económicas que dependen del territorio y para la propia sostenibilidad de la vida en el estuario. Como proyecto de ciudad, Sevilla, a través de los alcaldes que han defendido este proyecto, señaladamente Zoído, en lugar de tener una visión de capitalidad andaluza han tenido una visión provinciana que busca entrar en competencia con los puertos de Cádiz y Huelva, en lugar de liderar un proyecto beneficioso para la red de puertos andaluces.

¿Qué alternativas se abren a partir de ahora?

Lo primero a considerar es que sigue pendiente de resolver el problema de la salud del río con los esfuerzos de todos los agentes económicos y sociales, impulsados por los municipios cuyo futuro depende del río y apoyados por el resto de las administraciones. Para ello es necesario un plan integral que contemplará entre sus medidas la consolidación de sus orillas con técnicas naturales. De este modo, se reducirá la turbidez del río y la necesidad de hacer dragados de profundidad y se reducirá la salinidad. Al mismo tiempo es necesario suprimir los vertidos tóxicos. Sobre esta base el río podrá seguir cumpliendo una función vital en la recuperación de la pesca, tanto en el propio río como en el litoral, y se podrán potenciar actividades de acuicultura sostenible como las que ya se están implantando en el Guadalquivir. Un río vivo es condición necesaria también para el mantenimiento del cultivo del arroz con manejos sostenibles. El río podrá incrementar su capacidad de generar alimentos y sustentar a las familias que viven de procurárnoslo.

Un río con sus orillas y su morfología estabilizada es compatible con la navegación tanto de pasajeros como de mercancías. Está por desarrollar la función articuladora del río para todos los municipios que van desde Alcalá del Río hasta el litoral, con un hito fundamental en Sevilla. Es una vía fluvial con un enorme potencial de turismo y de ocio, por la potencia de los espacios naturales por los que transcurre, cuya joya es Doñana, de las propias ciudades y pueblos que une, y por las propias actividades balnearias del litoral. En lugar de pensar en atraer a los mayores cruceros del mundo por un río que no está preparado para ellos, ¿por qué no pensar en crear líneas fluviales de transporte de pasajeros, acompañadas por caminos litorales para cicloturismo y senderismo, como hacen en centroeuropa?

La autoridad portuaria haría bien en pensar en un nuevo Plan Estratégico que parta de una visión territorial, de cuidado y potenciación de los recursos del territorio, y apostando por la navegación del futuro, la de la era post petróleo que se implantará en el siglo XXI. No debe ser incompatible que Sevilla esté con su Puerto y que defendamos un río vivo, ese es el nuevo enfoque que necesitamos.

Se preguntaba José Fiscal, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía, cómo hacer para no tropezar dos veces en la misma piedra. Fue en la inauguración de las Jornadas Bases para un nuevo urbanismo en Andalucía.Bases para un nuevo urbanismo en Andalucía En vista del enfoque de dichas jornadas y de lo escuchado a la mayoría de los ponentes, tiene buenas razones el consejero para sentirse intranquilo.

De entrada, el título de las jornadas no guarda relación alguna con el contenido. En primer lugar, porque, salvo excepciones, no se habló del viejo urbanismo y sus consecuencias, lo cual parecería que debiera ser el primer paso para plantear una nueva dirección. En segundo lugar, porque, nuevamente salvo excepciones, los ponentes no ofrecieron ideas para dichas bases. El tema de discusión se limitó, salvo algunas voces críticas minoritarias, a la cuestión de cómo agilizar la legislación urbanística y su procedimiento para aprovechar los síntomas de reactivación económica y no perder inversiones de fondos internacionales. Muy preocupante, señor Fiscal.

De hecho, el precedente de las jornadas es la suscripción de un decálogo, promovido por la consejería, con medidas para agilizar la legislación urbanística para reactivar la economía y el “crecimiento sostenible”. Pues bien, ese decálogo plantea dos objetivos, pero sólo desarrolla uno. El primer objetivo es “el impulso de las medidas de flexibilización y agilización de los procedimientos e instrumentos urbanísticos”. El segundo es “la puesta en funcionamiento de iniciativas para un desarrollo urbano sostenible con el fin último de mejorar la calidad de vida, situando en el centro al ciudadano y desarrollando un urbanismo que aborde de la sostenibilidad y la entrada de las ciudades en la era de la información y el conocimiento”.

Comparto ambos objetivos, pero si los diez puntos se centran en el desarrollo del primero, nada dicen de cómo conseguir el segundo, y en dos de ellos se proponen medidas para agilizar la tramitación de actuaciones en suelo no urbanizable, me preocupo. ¿Ustedes no? ¿Usted no, señor Fiscal?

Imagino que usted será el más preocupado, porque es consciente, tal y como dijo en la inauguración, de que “la crisis económica nos ha hecho replantear las cosas” y que “tenemos que evitar las malas prácticas”. También es consciente de que para ello es necesario gestionar mejor la complejidad y dotarnos de una ley para todos. Aquí, en mis notas añadí: no sólo para los agentes económicos y sociales que han protagonizado hasta ahora la acción urbanística.

Un nuevo decálogo

Usted, señor Fiscal, nos dijo que tenemos que hacer una lectura crítica de no pocas situaciones. Y yo anoté, ¿cuáles? Porque, aunque esperé escucharle alguna pista no nos dijo nada. Tomo nota no obstante de estas declaraciones como punto suficiente para empezar a profundizar en el tema, como usted nos pidió en la convocatoria de las jornadas, y plantear el modo de equilibrar en un nuevo decálogo, el desarrollo de los dos objetivos.

¿En qué consiste el viejo urbanismo y sus malas prácticas? Cualquier proceso participativo que nos permita deliberar y tomar decisiones bien fundamentadas, al conjunto de la ciudadanía, que disfrutamos o sufrimos las consecuencias de las políticas urbanas, de vivienda y de ordenación del territorio, tiene que partir de una base de información de calidad, transparente y fácilmente comprensible, algo ajeno a la cultura urbanística del viejo urbanismo.

En cuanto a falta de claridad baste transcribir la petición de los representantes de los colegios de abogados, registradores y notarios: hacer las leyes de modo que los juristas puedan entenderlas para que al menos alguien pueda luego explicarla al común de los ciudadanos. Creo que es necesario un paso más. El lenguaje urbanístico no puede ser accesible sólo para expertos, porque, aquí aporto mi primera tesis: no avanzaremos hacia un desarrollo urbano sostenible, centrado en el ciudadano, si no colocamos en el centro del proceso participativo al conjunto de la ciudadanía, volviendo al concepto griego que vincula el término ciudadano a sentirse responsable de los asuntos de la ciudad, de la polis. Señor Fiscal, o desbordamos el proceso participativo que ha diseñado la consejería o el resultado de la composición de fuerzas ayer presente en la sala será que volveremos a las andadas.

Para tener una idea detallada del diagnóstico sería recomendable empezar las siguientes jornadas, que se celebrarán sucesivamente en todas las provincias, leyendo este párrafo del informe 2009 de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz:

La casi totalidad de los planeamientos urbanísticos aprobados -que actualmente se consideran exponentes de modelos de crecimiento urbanístico insostenible, no sólo por las asociaciones ecologistas y por un amplio sector de la población cada vez más consciente de las consecuencias que la acción humana, en todos los órdenes, puede tener en el planeta, sino también por los propios responsables públicos de las administraciones con competencia territorial y urbanística- obtuvieron en su día el beneplácito de sus órganos más representativos, como son los plenos de los ayuntamientos, y la posterior aprobación, en los supuestos en que era de su competencia, de los órganos autonómicos, ya fueran las comisiones provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo, o la propia, entonces, Consejería de Obras Públicas y Transportes o de Política Territorial. Por ello, hemos RECOMENDADO que, con carácter previo a la aprobación municipal y, en su caso, autonómica de los planes urbanísticos se evalúen sus previsiones en términos ambientales y de sostenibilidad, así como de coherencia con la ordenación territorial aprobada y, en defecto de ésta, se tengan en cuenta las consecuencias de orden supramunicipal que el documento que se tramita pueda tener desde una perspectiva territorial. Es evidente que, en la actualidad, tal exigencia tiene naturaleza preceptiva a tenor de las previsiones de la LOUA y, más recientemente, de la LS 8/2007.

La huella ecológica de Andalucía

Y para que se entienda visualmente lo que quiere manifestar este párrafo, recomendamos que el representante de la consejería proyecte en la pantalla de la sala el Mapa del Viejo Urbanismo Insostenible que ha sido el desgraciado legado de casi cuatro décadas de competencias autonómicas en la materia. Si la consejería aún no lo ha elaborado le ofrecemos colaboración para hacerlo, porque sería un mapa que todo el mundo entendería y ayudaría a darle otro sesgo, mucho más ajustado a los retos a los que nos enfrentamos, al decálogo que necesitamos.

Un primer acercamiento a dicho mapa debería expresar la huella ecológica de Andalucía, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo. Sólo la huella ecológica de la aglomeración urbana de Sevilla ya desborda los límites de nuestro territorio: se necesita más superficie de la que tiene Andalucía para sostener a Sevilla. Para sostener el conjunto de Andalucía necesitamos cuatro Andalucía.

Esta situación no se va a poder sostener mucho tiempo y el objetivo del decálogo debería poner las bases para lograr equilibrar nuestra huella ecológica con nuestra bio-región. Para entrar en mayor detalle, sería muy importante proyectar en pantalla, con códigos gráficos bien expresivos, la ubicación de las urbanizaciones ilegales que los municipios y la Junta han dejado desarrollar desde 1979.

Contrastada con esa información, el mapa de los suelos urbanizables aprobados y no desarrollados en la totalidad de Andalucía, con el dato bien visible de la capacidad de absorber nueva población que tenemos y la correlación de este dato con nuestra dinámica de crecimiento demográfico. Para completar el mapa imagino que habrán pensado que es imprescindible ubicar las urbanizaciones desarrolladas y no edificadas y las 600.00 viviendas vacías de que dispone Andalucía, con especial atención a la proliferación de esqueletos de edificios fallidos.

Y ya para cerrar, sería muy importante ubicar en el mapa la demanda insatisfecha de vivienda municipio a municipio. Con ese mapa en la pantalla, me gustaría ver qué representante municipal, qué colegio profesional, de arquitectos o de ingenieros, que representante empresarial, se atreve, en la proclamada sociedad de la información y el conocimiento, a defender que el problema del viejo urbanismo es de falta de agilidad y flexibilidad para favorecer el crecimiento “sostenible”.

El problema del viejo urbanismo es de concepto, heredero del racionalismo cartesiano, ajeno a la complejidad. Pero, sobre todo, el problema es que la lógica de ordenación del territorio y de la ciudad, lejos de estar centrada en la sostenibilidad, la habitabilidad y el disfrute de las personas, ha quedado supeditado a formar parte del engranaje del capitalismo financiero internacional y su dinámica especulativa. Esa, y la falta de otras vías de financiación de los ayuntamientos, que se llevan la peor parte en el reparto de los impuestos, es la que ha empujado a los ayuntamientos a equilibrar sus balances poniendo en marcha la espiral especulativa urbanística.

Señor Fiscal, me temo que el nuevo urbanismo que se está fraguando sólo se va a diferenciar del viejo en que nos va a llevar con más agilidad y flexibilidad a tropezar de nuevo con la misma piedra. Pero estamos a tiempo de alinearnos con las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que promueve Europa y con la Agenda Urbana aprobada en la cumbre Hábitat III de Naciones Unidas para desarrollar el Objetivo 11 de los O.D.S.: lograr ciudades inclusivas, seguras, sostenibles y resilientes. Pero no lo haremos sin un buen diagnóstico del viejo urbanismo y el viejo modelo económico.

El autoconsumo de electricidad, y su regulación por parte del Gobierno, han entrado por fin en España en la agenda de debate político y social. Como mucha gente, en nuestra familia hemos estado desde finales de 2011 esperando a que esta se produjera para invertir en una pequeña instalación. Finalmente, el verano pasado, después de estudiar varias alternativas, nos decidimos a no esperar más e iniciar los trámites para dotarnos de una instalación de 6 placas de 250 w acogiéndonos al programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía. Muchas personas conocidas y amigas están pendientes de conocer cómo lo hemos hecho y si la instalación se amortiza en un periodo razonable. Estando como estamos en vísperas de que el Gobierno apruebe en los próximos días el decreto que regulará el autoconsumo, es buen momento para hacer un primer balance y analizar en qué medida dicho decreto nos va a afectar y qué le pediríamos al Gobierno los consumidores para favorecer el autoconsumo.

Voy a tratar de responder a varias preguntas. La primera de ellas sería por qué es de interés general el autoconsumo, y por tanto, se debe regular y estimular. La segunda sería si con el marco regulatorio que va a aprobar el gobierno es viable hacerse autoconsumidor. La tercera sería qué podría hacer el gobierno para impulsar de verdad el autoconsumo.

Respecto a la primera pregunta, partiendo de que nos encontramos en el principio del fin de la era de las energías fósiles por agotamiento de recursos, de que las energías renovables son el futuro, de que disponemos de ellas en abundancia y de que son un elemento clave en la lucha contra el cambio climático, es necesario emprender cuanto antes la transición hacia un sistema renovable. Dentro de esa transición uno de los pilares será que cada edificio, cada barrio, cada ciudad sean capaces de producir la mayor parte posible de la energía que consumen y para ello el autoconsumo será fundamental, luego es de interés general y se debe regular para facilitarlo y estimularlo al máximo.

Vamos con la segunda: ¿Es viable hacerse autoconsumidor en España en el marco que va a proponer el gobierno? Es cierto que el gobierno actual ha creado una enorme inseguridad jurídica que ha llegado a paralizar el sector. Es cierto que el borrador del decreto, pese a que ha eliminado alguna de las medidas más nocivas, como el peaje de respaldo para pequeños consumidores (instalaciones de menos de 10 KW), mantiene el peaje para buena parte de los autoconsumidores (edificios públicos, industrias), no permite el almacenamiento y no realiza un auténtico balance neto que permita compensar excedentes diurnos con déficit nocturnos. Pero hay rendijas que podemos aprovechar.

En Andalucía, como en otras comunidades, se han mantenido las subvenciones a determinadas instalaciones. El marco permite conseguir ayudas para el autoconsumo instantáneo conectado a la red. En ese contexto renunciamos a dimensionar nuestra instalación para producir el 100% de nuestro consumo anual pero sigue siendo interesante. Está optimizada para lograr un autoconsumo del 100 % durante el día vertiendo a la red los excedentes. El decreto que va a aprobar el gobierno permite compensar producción y consumo hora a hora. Nuestra familia consume 3440 Kwh al año. Nuestra instalación produce 2208 kwh al año (el 72% del consumo) y de ellos consumimos de forma instantánea 1645 kwh. El resto con este decreto lo seguiremos regalando a la red. La instalación nos ha permitido reducir la potencia contratada disminuyendo los costes fijos. Estamos monitorizando mes a mes nuestra producción y nuestro consumo y los resultados están demostrando que nuestras previsiones se están cumpliendo. La inversión que hemos realizado es de 4.100 € en la instalación más 439 € en asesoría técnica y derechos de enganche pagados a la distribuidora. Hemos obtenido 1410 € de subvención. Provisionalmente podemos decir que con estos datos, nuestra instalación se amortizará en ocho años y luego nos dejará un ahorro neto mensual durante toda su vida útil. Si el gobierno regulara el autoconsumo con balance neto mensual, compensando los excedentes de producción con los déficits, amortizaríamos la instalación en seis años y medio (en nueve años sin subvenciones). Luego es una inversión atractiva y viable.

La respuesta a la tercera pregunta sería que un gobierno dispuesto a impulsar verdaderamente el autoconsumo tendría en primer lugar que agilizar y abaratar los trámites administrativos. En segundo lugar tendría que regular al menos el balance neto de forma mensual, de modo que en las facturas nos descuenten los excedentes vertidos a la red. Lo ideal sería el balance neto anual, compensando excedentes del verano con déficit del invierno. En tercer lugar permitir complementariamente la instalación de baterías de almacenamiento. En cuarto lugar regular y crear medidas específicas para impulsar que las comunidades de vecinos se hagan autoconsumidoras porque es ahí dónde está el grueso de los consumidores y el mayor potencial por tanto de expansión. En quinto lugar eliminar totalmente los impuestos de peaje a las instalaciones de autoconsumo de modo que los edificios públicos y las fábricas y comercios se puedan sumar. El objetivo es que los consumidores lleguen a cubrir al máximo su demanda eléctrica de forma autónoma. ¿Será necesario que estas medidas las ponga en marcha otro gobierno o este nos sorprenderá y lo hará? Estoy dispuesto a dejarme sorprender pero estoy preparado para organizarme para lograr un gobierno al servicio del bien común.