“Al principio intenté tomármelo como una película, como que yo no estaba ahí. Porque era demasiado impactante. Inclusive miraba la pantalla que está arriba de los jueces para no tener que ver a la persona real que estaba contando lo que estaba contando. Pero de a poco fui mirándola. A ella, a los abogados, a los jueces, a los defensores...” Candela tiene 16 años y es estudiante. Y lo que escuchaba era el testimonio de una testigo en una de las numerosas causas que Argentina ha reabierto por delitos cometidos durante la dictadura militar. 

El impacto no es solo suyo. Ni es exclusivo de los estudiantes y docentes que participan en La Escuela va a los Juicios, un programa para promover entre los jóvenes la importancia de la memoria histórica y el valor de unos procesos judiciales que, más de 30 años después, todavía buscan justicia. También es un cambio para la habitual fauna de los tribunales federales –jueces, abogados, acusados, testigos, querellantes y fuerzas de seguridad–, que desde hace casi dos años ven pasar a diario a grupos de adolescentes que modifican sin proponérselo este entorno gris y circunspecto.

Las audiencias a las que asisten los alumnos son parte del tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, el centro clandestino de detención, en el que hubo unos 5.000 detenidos-desaparecidos y donde nacieron, al menos, 34 bebés en cautiverio.

También la causa Cóndor-Orletti, una de las que integran la causa Plan Cóndor, que es el nombre con que se conoce el plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre los regímenes dictatoriales de América del Sur. Este juicio, en su totalidad, contempla los casos de 106 víctimas.

Además es parte del programa una causa por hechos sucedidos en democracia: la represión del 19 y 20 de Diciembre de 2001, que culminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Estos hechos dejaron un saldo de 39 muertos en diferentes puntos del país. Por 5 de estos casos están imputados ex agentes del estado, algunos de ellos de alto rango como el ex Secretario de Seguridad, Enrique Mathov y el ex Jefe de Policía Federal, Rubén Santos.

Alimentar la justicia

Viviana está en los tribunales con su grupo de alumnos. Es profesora de una escuela de Los Troncos, un barrio humilde a las afueras de Buenos Aires. Para ella, esta experiencia les permite participar en un hecho histórico. Pero es también “un hito en la historia personal de los alumnos”, ya que muchos de ellos han venido por primera vez al centro de la ciudad. Incluso varios nunca habían cruzado un río que marca la marginalidad de su barriada.

La Escuela va a los Juicios tiene su propio espacio, una sala vidriada que da directamente al hall de entrada del edificio de los Tribunales Federales de Comodoro Py, una mole de cemento sin ninguna gracia en el centro de la capital. El programa comienza con una capacitación para los docentes, donde el equipo de programas educativos del Ente Público Espacio para la Memoria les brinda información sobre los juicios y su historia, desde los habeas corpus presentados durante la dictadura y la lucha de décadas contra la impunidad. También les ofrece nociones básicas de lo que son crímenes de lesa humanidad o genocidio y sobre el funcionamiento del poder judicial.

También los alumnos participan de una charla donde se busca recuperar o incorporar nociones sobre crímenes de lesa humanidad, del funcionamiento de un juicio penal y de cómo se llegó a estos juicios. Finalmente, entran a una audiencia.

“Uno puede leer y saber lo teórico, pero en el momento de vivirlo, es otra cosa lo que se ve y lo que se siente. Y está bueno que nosotros podamos alimentar esta justicia, esta verdad”, apunta Manuela, otra de las estudiantes del grupo. Candela, con sus grandes ojos y el cabello granate, reflexiona: “la opinión general es que es algo que no puede volver a pasar, pero es imprtante pensar con la propia cabeza, porque uno diría 'no' porque no”. La experiencia da razones, crea conciencia, ayuda a relacionar hechos concretos con derechos y libertades.

La participación en el programa moviliza a los estudiantes, incluso trascendiendo el ámbito personal y escolar. El tema se plantea en casa, con la familia o con los amigos, y sus reflexiones se comparten y se expanden. Se habla. Se siembra memoria. Muchos de los estudiantes incluso van más allá y se acercan al Espacio Memoria en la ex ESMA a participar en diversas actividades o se comprometen con la actividad de diferentes organismos de derechos humanos.

Resistencia en el poder judicial

En 2014, el primer año del programa, participaron 50 escuelas y en 2015 ya se han anotado 95. Pero al principio hubo fuertes resistencias en el poder judicial. El código establece que la edad mínima para ingresar a un juicio son 18 años. Y esa fue la razón por la que se rechazó el primer proyecto de que los alumnos presenciaran las audiencias de la causa ESMA.

Entonces se elevó el pedido a la Cámara de Casación argumentando que el tema de la dictadura cívico-militar y el terrorismo de estado forma parte de los programas escolares, que se puede votar a partir de los 16 años y que varios tribunales habían autorizado la presencia de menores, en otras zonas del país, en el marco de otros programas similares. Por fallo dividido se permitió la presencia de los jóvenes y a partir de esa instancia los tribunales tuvieron que aceptarlo.

Aunque no siempre de buena gana. En 2014 Guillermo Fanego, uno de los defensores de los militares acusados, planteó en la propia audiencia una oposición a que hubiera menores en ese ámbito, invocando la Convención Internacional de Protección de los Derechos del Niño. El tribunal no dio lugar a su paradójica preocupación por los derechos de los menores.