Poco tiempo después de que Pedro Rodríguez, candidato de Juntos por Guía, fuese nombrado alcalde de ese municipio, y proclamado diputado en el Parlamento de Canarias por Nueva Canarias, una comisión formada por algunos de los vecinos de la comunidad, el concejal de Nueva Canarias Manuel Melián, y yo misma, nos reunimos con el Alcalde y con dos técnicos municipales. El objeto de dicha reunión era exponerle la situación de unos vecinos que carecían de suministro de agua potable, y que se veían obligados a comprar cubas de agua para las ochenta familias (150 de ellos menores de edad) que viven en el edificio situado de Guía, conocido como La Esperanza.

El alcalde nos recibió a regañadientes, miraba su reloj y se dirigía continuamente a sus técnicos, una abogada y un arquitecto, buscando el apoyo burócrata que argumentara una decisión que ya se entreveía en su mueca. “Comprenderás que no voy a cometer una ilegalidad” me dijo en algún momento.

De nada sirvió recordarle que el derecho al agua está plenamente reconocido como universal por la Asamblea de la ONU; que el partido político con el que se presentó a las elecciones autonómicas (Nueva Canarias) defiende como derecho primordial en su programa electoral el de la vivienda; que muchos de sus votos proceden de electores convencidos de que representaba una opción política que siempre declaró estar del lado de los pobres.

No sirvió de nada porque el pasado mes de diciembre el Alcalde Pedro Rodríguez firmaba la resolución administrativa que abre la espita del desalojo, que inicia los trámites para el lanzamiento, que determina el fatal desahucio de 150 menores de edad, obviando cualquier alternativa habitacional para unas familias desesperadas, que solo buscaban poder acceder al suministro de agua que su alcalde les negaba.

La Esperanza surgió gracias al empeño y al trabajo de Ruyman, un anarquista de corazón grande y mayor inteligencia, que se ha jugado la vida (y no en sentido figurado) por defender el derecho a la dignidad de los habitantes de la comuna. Junto a hombres y mujeres que necesitaban un hogar para vivir para poder criar a sus hijos, fue capaz de derribar los muros de la intransigencia institucional y de convertir un edificio abandonado en el lugar habitable que es hoy.

Quienes componen la comunidad -una de las mayores de Europa- no pierden la esperanza de que la justicia social se imponga a la burocracia gubernamental. Yo tampoco, pero con algunos gobernantes cada vez resulta más difícil.

El Señor Brito prefiere, antes de dar la cara, que sean otros quienes hablen por él en forma de Manifiesto. En el primero de los casos, el del nepotismo, un grupo formado por sesenta y ocho cargos de Podemos, firmaron en apoyo del Consejero, señalando que eso de colocar a la compañera sentimental no era para tanto. Sin embargo, a pesar de esa pretendida normalidad, Brito retrocedió en su empeño y la compañera sentimental del Consejero no fue contratada.

En el segundo caso, el de la matanza de cabras guaniles, han sido cuarenta y seis los expertos que han salido a apoyarle, avalando el método de la matanza de cabras. Y Brito vuelve a contradecirlos y defiende ahora las apañadas.

El Consejero de Podemos es un as a la hora de protagonizar extrañas piruetas que le llevan a defender al mismo tiempo una cosa, y su contraria.

Después de hacer una defensa exacerbada de las batidas de las cabras por tiradores traídos y pagados con dinero público desde Andalucía, el Cabildo convoca ahora a la ciudadanía para que en el plazo de catorce días puedan presentar solicitudes para controlar el ganado mediante apañadas, exigiendo que lo hagan provistos de un seguro de responsabilidad civil por accidentes, y declarando al Cabildo exento de cualquier responsabilidad.

Exigen ademas a los pastores que, una vez recogido el ganado, lo trasladen a las instalaciones del Cabildo, debiendo disponer para ello de la correspondiente “Guía sanitaria de transporte de ganado vivo”, emitida por la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias.

Una vez controlados sanitariamente por el personal técnico del Cabildo e identificados mediante crotal, serán devueltas a las persona autorizadas, que habrán de estar inscritas en el “Registro de Explotaciones Ganaderas”, de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias.

No sé a ustedes, pero a mí toda esta parafernalia burocrática me parece más un reto que un intento de reconducir la situación de crisis causada a raíz de las protestas surgidas y concertadas en una reacción social con recogida de más de 20.000 firmas.

Y me pregunto: ¿Por qué no organiza el Cabildo esa “gran apañada” de la que habla el experto Juan Capote en artículo recientemente publicado, y lo hace de forma coordinada desde la propia Consejería del mismo modo que actuó a la hora de contratar a los matarifes?

La última ocurrencia de Brito es lo más parecido a un reto. Y la gente, responde ante los retos. Sobre todo cuando descubre que lo único que se pretende es tomarles el pelo.

Hace varias semanas publiqué un artículo con el mismo título, en el que reflejaba algunas de las cifras del acuario que se está construyendo en el istmo de Las Palmas de GC. Pretendo con éste seguir desgranando los costes de este negocio, para dar a conocer los gastos que supone para nuestros bolsillos un proyecto cuyos beneficios serán sólo para el empresario. Siempre que no devenga en negocio frustrado, y como tal, cerrado y abandonado o reflotado con dinero público, como ha ocurrido en Gijon, Cádiz, Sevilla, Pontevedra, Zaragoza o Alicante.

El acuario del Sr. Kiessling obtuvo una subvención amparada en el Real Decreto 169/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica en Canarias, por importe de más cuatro millones de euros, tal y como publica el BOE del 7 de diciembre pasado.

A dicha cantidad, hay que añadir -recordemos- seiscientos mil euros que le ahorró a la empresa el gobierno municipal del Partido Popular mediante la exención del 95% en el impuesto de construcción, lo que supone una cifra cercana a los cinco millones de euros. Si añadimos a esto las ayudas indirectas como la pasarela, la plaza pública y el aparcamiento, que se calculan en unos seis millones de euros, vamos ya por once millones, todos ellos con cargo a los fondos públicos, lo que supone más del 50% de la inversión total. Un porcentaje que dudo cumpla con el límite legal que establece el anteriormente citado Real Decreto en el artículo dos párrafo segundo y que impide que un proyecto que se acoja a los incentivos regionales pueda ser beneficiario de otras ayudas financieras si sobrepasan los límites máximos de ayuda establecidos en el Mapa español de ayudas de finalidad regional.

El Acuario se construye además con fondos de Reserva de Inversiones de Canarias, lo que supone que al empresario se le reduce la base imponible del Impuesto de Sociedades hasta un 90% de los beneficios para que los reinvierta en el Archipiélago. Es decir, se ahorra pagar impuestos haciendo otro negocio, a cambio de crear riqueza para las islas, y puestos de trabajo. En el caso del Acuario, concretamente 16 empleos directos según refleja el Boletín Oficial. Francamente, regalarle a Kiessling once millones de euros públicos a cambio de 16 puestos de trabajo, me parece una tomadura de pelo.

Al final del mandato municipal del PP se puso la primera piedra del acuario, y fue entonces cuando nos topamos con la realidad: El acuario de Kiessling empezaba a construirse en el mejor espacio público de la ciudad.

A la empresa Poema del Mar, S.A. se le puso la alfombra roja para que dispusiera de 10.000 metros cuadrados en el istmo de la Isleta, un sitio singular de gran atractivo económico cuya cercanía al puerto y a la playa de las Canteras lo convierten en la joya de la corona.

Para impulsar el negocio, el Ayuntamiento rebajó el 95% del Impuesto de Construcción, mediante la aprobación ad hoc de una Ordenanza fiscal, muy contestada en su día por los mismos que, ahora en el gobierno, han decidido apoyar el proyecto. Con esta medida, la ciudad dejó de ingresar 600.000 euros.

A las anteriores concesiones, se unen otros incentivos: un parking anexo para 300 vehículos, la pasarela que conectará directamente la ciudad con el negocio, y una plaza pública que culmina la instalación. Coste total: 6 millones de euros de las arcas públicas.

Para ser rentable, el acuario necesita 500.000 visitantes al año. A corto plazo, lo será por la curiosidad que despertará entre la población. También frenará la actividad industrial relacionada con el turismo de cruceros (taxis, restaurantes, comercios) pues al disponer de tienda y restaurante, retendrá a los visitantes las tres o cuatro horas de la escala. A la larga (la concesión de suelo público es por 50 años), es probable que termine abandonado por falta de rentabilidad, obligando al ayuntamiento a rescatarlo con más dinero público.

Una mayoría absoluta no legitima cualquier decisión política, pues existe otra legitimidad tan necesaria como la de las urnas: la legitimidad moral que se ratifica con la participación de una ciudadanía informada, sobre todo en casos en que se invierte tanto dinero público en una empresa privada. En la plataforma de participación change.org se puede firmar en contra de un proyecto que terminará saliendo muy caro a la ciudad. Al tiempo. 

Sabido es que los partidos políticos dan por seguro un resultado como mucho de entre uno y dos senadores, por lo que prefieren acumular el voto en solo dos candidatos, evitando diluirlo entre tres. Para ello, suelen llevar en la lista al Senado a un candidato hombre y a una candidata mujer.

Así ha sido siempre hasta que “Nueva Socialistas” se percató de que habían propuesto dos hombres para el Senado, en idéntica línea que la seguida para el Congreso donde los socialistas no aplicaron la siempre y hasta ahora defendida lista cremallera. Habría que buscar una mujer o los de la Junta Electoral invalidarían la candidatura. Esa mujer es Saraiba.

Dicen las malas lenguas que la nueva coalición, que presume de feminista, encontró la solución para que la casilla de la candidata mujer (la segunda de los tres según el orden de lista de la papeleta) quedara vacía, imprimiendo las papeletas que llegarán a todos los buzones de los votantes de la siguiente forma: Con las dos casillas de los candidatos hombres marcadas, y la de Saraiba, vacía.

Pero ¿Quién es Saraiba Leal? ¿Es sólo la mujer-cuota que el aparato de la coalición propone al Senado para justificar la concurrencia de dos candidatos masculinos y así cumplir formalmente con la ley al tiempo que se la salta? Pues no. Saraiba es una joven política, estudiante de Derecho y comprometida con un proyecto progresista que se autodenomina feminista pero que a ella la ningunea y la utiliza de florero. Saraiba es concejala de educación en el Ayuntamiento de Telde y pertenece a una generación caracterizada por que las mujeres superan a los hombres en número, primero en la universidad con mejores expedientes que ellos, y después en sectores tan estratégicos para la sociedad como el de la medicina y enfermería, la educación o la justicia...y cada vez más, en la política.

Saraiba merece ser Senadora el próximo 20-D porque la sociedad la merece a ella. Porque la renovación de las viejas instituciones como el Senado vendrá de la mano de mujeres y hombres como ella, o no vendrá. Por eso, yo votaré a Saraiba.

Me resulta incomprensible que una coalición que se autodenomina progresista y de izquierdas, como la recién conformada por Nueva Canarias y Partido Socialista Canario tenga la desfachatez de presentar en la isla de Gran Canaria a dos hombres para el Senado, y a dos hombres en las dos primeras plazas al Congreso para la provincia de Las Palmas

En estos últimos días hemos visto el peor y más trágico rostro de un sistema patriarcal en una sociedad a la que mucho queda por avanzar en cuestión de igualdad de género. En una lucha desigual y tan costosa por la conquista de los derechos de las mujeres, me resulta incomprensible en lo político que partidos políticos que se definen como progresistas y de izquierda (por tanto feministas) se olviden de las mujeres a la hora de confeccionar sus listas.

Resulta difícil controlar que las organizaciones políticas decidan colocar a hombres en dichos primeros puestos-entre otras razones porque son ellos los que suelen postularse en mayor medida- por lo que creo razonable reducir la masculinización optando por listas en la que hombres y mujeres se sucedan alternativamente, lo que impide que los dos o tres hombres se coloquen siempre delante en los primeros puestos del tramo de cinco. Así sucede en algunas autonomías como Andalucía o Euskadi ya que sus leyes autonómicas así lo contemplan: Son los parlamentos con más representación de mujeres.

Si bien no soy partidaria de las cuotas en una situación ideal en la que mujeres y hombres estemos proporcionalmente representados en todas las instituciones y, por supuesto, en las listas de los partidos políticos sí creo positiva la solución transitoria de la conocida como “lista cremallera”. No en vano, las mujeres conformamos el cincuenta por ciento de la sociedad y debemos de participar en ella también desde las administraciones públicas en tal proporción, lo que conlleva que podamos acceder a los cargos políticos en condiciones de igualdad con los hombres, o lo que es lo mismo, concurrir en los puestos de salida de las listas.

Por estas consideraciones, me resulta incomprensible que una coalición que se autodenomina progresista y de izquierdas, como la recién conformada por Nueva Canarias y Partido Socialista Canario tenga la desfachatez de presentar en la isla de Gran Canaria a dos hombres para el Senado, y a dos hombres en las dos primeras plazas al Congreso para la provincia de Las Palmas.

Ante dicho panorama de claro retroceso, y a pesar de la más que probable coincidencia que pueda tener con el programa político de dicha alianza, no haré campaña a favor del PSOE-NC y solicitaré expresa y públicamente que se vote a cualquier otra formación de izquierda que demuestre el debido respeto hacia la sociedad igualitaria que debemos construir entre todos. Sin excluir a las mujeres.

Me sorprende y sonroja la noticia de que la vicepresidenta del gobierno, miembro del PSOE y reciente madre, pretende compaginar trabajo y maternidad

Vaya por delante que defiendo que el principal derecho de las mujeres a la hora de ser madres es su derecho a elegir. Y en caso de elegir serlo, abogo también por su libertad a la hora de decidir cuando quieren empezar a trabajar: si a las seis semanas o a las dieciséis que la ley les permite, en general.

El problema, sin embargo, es cuando no existe ni siquiera la posibilidad de tomar esa decisión, bien porque la mujer que decide ser madre se siente maniatada ante la escasa labor conciliadora que desarrollan los centros de trabajo, incluidas las instituciones públicas, bien porque al tratarse de autónomas (lo sabemos bien quienes nos dedicamos a la abogacía) no se nos permite estar ni un solo día de baja.

Frente a la ardua y dificultosa lucha por los derechos de los colectivos más desfavorecidos, desplegada por las sociedades en el último siglo, muchas de ellas protagonizadas por hombres y mujeres socialistas, en Canarias me sorprende y sonroja la noticia de que la vicepresidenta del gobierno, Doña Patricia Hernández, miembro del PSOE y reciente madre, pretende compaginar trabajo y maternidad, algo loable si no fuera por la ventaja de la que parte: un despliegue de medios que incluye el apartamento de Presidencia al que ha trasladado su hogar.

La baja maternal y la paternal (ambas aun en proceso de construcción) es un derecho conquistado por hombres y mujeres, por la sociedad en general. Si bien la renuncia personal a un derecho conquistado de forma tan costosa, no debiera cuestionar su universalidad, tal y como ha expresado en tantas ocasiones y de forma brillante la conocida activista Beatriz Gimeno, no por ello puedo dejar de criticar la actitud de Patricia. Sobre todo la actitud de una mujer socialista, que además ocupa la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y que -sin sonrojarse lo más mínimo- acaba de declarar al finalizar su baja maternal que “lamenta que algunos no saben qué es dar el pecho” para justificar que se ha instalado en el piso que existe en su centro de trabajo reincorporándose así a su puesto tras las seis semanas preceptivas que reconoce la ley.

Sra. Hernández: pretende usted hacerse la víctima cuando lo que tiene usted es una ventaja, un privilegio del que carecemos la mayoría de las mujeres.

Con su lamento, y su actitud, nos hace usted un flaco favor. Yo, lo que lamento, es que desconozca la situación de quienes carecen de sus privilegios. Lo que lamento, es que no sepa que la mayoría de madres, para poder dar el pecho a sus bebés recién nacidos, deben dejar preparados los biberones de la jornada para poder acudir a su centro de trabajo a bastantes más kilómetros de distancia de los que seguramente tendría que recorrer usted.

Lamento, sobre todo que pretenda ser ejemplo de conciliación con los privilegios que le otorga ser la Vicepresidenta, y tener a su disposición todo una cómoda vivienda en su centro de trabajo y lamento, además, que a esa situación le denomine usted conciliación. Lamento que parezca desconocer que es el Grupo Socialista, del que forma parte su partido en el Parlamento Europeo el que viene demandando la homologación del periodo de baja maternal entre todos les países miembros para establecerla en dieciocho semanas, en vez de las dieciséis que contempla el sistema español.

Qué fácil debe resultar renunciar a las diez semanas no preceptivas cuando una traslada a su centro de trabajo su hogar y su familia. Esta usted en su derecho, Sra. Hernández, pero no pretenda equiparar su situación a la del resto de las mujeres, y mucho menos se lamente de que que hay quienes no saben lo que es dar el pecho cuando la mayoría lo sabemos muy bien porque no hemos podido hacerlo.