Son una buena muestra del grado de compromiso del poder judicial con la igualdad de género y la lucha contra la impunidad de violaciones a los derechos de las mujeres.

La falta de prevenir, investigar y sancionar las violencias machistas que enfrentan las mujeres en sus distintas manifestaciones, además de vulnerar sus derechos y ser una injusticia, genera impunidad. La impunidad tiene consecuencias brutales y fatales, es una ruptura del Estado de derecho y cuestiona gravemente a la democracia. La impunidad lleva a que se repitan una y otra vez las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y puede ser considerada como violencia institucional en contra de ellas. La impunidad responsabiliza a las víctimas y sobrevivientes y justifica a los agresores, quienes tienen vía libre para seguir cometiendo crímenes. La impunidad reproduce y produce estereotipos de género y mitos sobre las víctimas de las violencias machistas que trascienden los casos en particular y nos afectan a todas las personas. La impunidad envía el mensaje de que la vida y la integridad de las mujeres no valen nada.

Así, la impunidad genera un ciclo perverso en donde se encuentra la responsabilidad de los crímenes siempre fuera de los agresores: se comienza por cuestionar “la conducta” de la víctima; se continúa cuestionando a su familia y entorno que “le permitió” tener “esa conducta” (en particular, a las madres y mujeres de la familia al ser consideradas como las cuidadoras); se sigue cuestionando a activistas, abogadas y abogados, defensoras y defensores de derechos humanos que claramente alzan la voz en contra de estas injusticias (y si son mujeres se les cuestiona no solo por defender los derechos, sino por defender los derechos de las mujeres y ser mujeres ocupando espacios considerados masculinos). En fin, el ciclo de la impunidad que siempre encuentra el pretexto para trasladar la responsabilidad de los crímenes a las mujeres, eximiendo a los responsables y las obligaciones de los Estados.

La impunidad impide el acceso a la justicia. La impunidad envía el mensaje de que las violencias machistas, una forma de discriminación, son toleradas e incluso fomentadas por los sistemas de justicia que deberían garantizar y proteger los derechos de las mujeres. Sistemas de justicia integrados por juezas y jueces de todo el mundo que constantemente toman decisiones y le dan contenido y significado a los derechos.

Para alcanzar una verdadera igualdad, una vida digna libre de violencias machistas y discriminación en contra de las mujeres, es necesario continuar trabajando por romper con el ciclo de la impunidad. Desde donde estamos, podemos contribuir de distintas maneras. Una de ellas que proponemos desde Women’s Link Worldwide, son los Premios Género y Justicia al Descubierto, que buscan visibilizar decisiones judiciales que hacen avanzar los derechos de mujeres y niñas o rechazar las sentencias que más discriminan a las mujeres.

Los Premios Garrote que favorecen la impunidad han sido elegidos este año por un jurado internacional formado por personalidades comprometidas con la defensa de los derechos humanos y han otorgado este año el Garrote de Oro a la decisión del Tribunal Constitucional de República Dominicana que declara inconstitucional el nuevo Código Penal que contenía la despenalización del aborto bajo 3 circunstancias y vuelve a poner en vigor el Código Penal de 1884.

El Garrote de Plata a un tribunal de Reino Unido que exculpa a un hombre de la violación de una mujer tras aceptar el argumento de que él la penetró de manera fortuita al tropezar y caer accidentalmente sobre ella.

El Garrote de Bronce a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en España porque una jueza le negó las medidas de protección a una mujer que denunció violencia de género argumentando que su testimonio era contradictorio y le preguntó si había cerrado bien las piernas para evitar los abusos sexuales de su expareja.

El público también hizo sus selecciones en contra del ciclo de la impunidad. En esta ocasión, el Garrote del Público lo ha ganado una decisión de un tribunal de México que le quita la custodia de su hijo a una mujer por considerar que no cumple con el “rol de madre tradicional”, a la vez que le ordena acudir a terapia para poder “acertar” como madre.

Con estos Premios, toda la sociedad puede sancionar y denunciar las decisiones judiciales que, en lugar de romper con el ciclo de la impunidad, lo legitiman y fomentan. Así, todas las personas enviamos el mensaje de que no queremos más violencias machistas, más discriminación, más culpar a las víctimas y más justificación de violencia sexual y feminicidios desde los sistemas judiciales que deberían impartir justicia y buscar la igualdad, la reparación y las garantías de no repetición.

España ha afirmado que los dictámenes de los Comités de Naciones Unidas no son vinculantes, a pesar de que uno de ellos encuentra responsabilidad del Estado en un caso de violencia de género

Las medidas determinadas son tan importantes que tienen el potencial de salvar la vida de mujeres, niñas y niños, cuyos asesinatos son evitables

Cumplir con las obligaciones internacionales no consiste en simular y afirmar en el exterior que España es líder mundial en la lucha contra la violencia de género

Aun sin contar los asesinatos que ocurrieron en el mes de agosto, al 31 de julio las estadísticas de las niñas y niños asesinadas a manos de sus padres agresores durante el régimen de visitas o custodia pasaron de 24 a 26. Estos asesinatos no son lamentables como los calificó el ministro de Justicia, estos asesinatos son responsabilidad del Estado porque el poder judicial y quienes intervienen en estos procesos siempre deben velar por que el interés superior de las niñas y los niños sea lo principal, así como su protección. Es evidente que con estas cifras, que son más que eso, el Estado español está fallando.

En Women᾿s Link Worldwide tenemos el privilegio y orgullo de ser representantes de Ángela González Carreño, cuyo exmarido asesinó a la hija de ambos en un régimen de visitas sin supervisión. Ángela lleva más de 12 años luchando por que las vulneraciones a sus derechos humanos y los de su hija fallecida, Andrea, no se repitan de nuevo. Al no encontrar respuesta ante las instancias españolas, Ángela llevó su caso junto con Women᾿s Link ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (en adelante Comité CEDAW). Diecinueve expertas determinaron de manera unánime que Ángela tenía razón y el Comité CEDAW emitió un dictamen en donde por primera vez se encuentra responsabilidad del Estado español en un caso de violencia de género en instancias internacionales.

El dictamen del Comité CEDAW reconoce la calidad de víctima de una violación a los derechos humanos de Ángela y determina una serie de medidas que el Estado debe tomar, unas en cuanto a Ángela, y otras de carácter general. El dictamen nos dice que si bien es positivo contar con leyes (fruto de la lucha de organizaciones feministas y de mujeres), es muy importante que éstas se implementen de manera efectiva, libre de prejuicios y estereotipos de género que normalizan, minimizan y perpetúan la violencia de género. Las medidas determinadas por el Comité CEDAW en su Dictamen son tan importantes que tienen el potencial de salvar la vida de mujeres, niñas y niños, cuyos asesinatos son evitables.

De manera lamentable y mostrando su falta de voluntad política y compromiso real por luchar en contra de la violencia de género, después de un notable silencio ante el dictamen y la ausencia de diálogo con la sociedad civil y las organizaciones comprometidas con la erradicación de la violencia de género, el Estado español ha afirmado que los dictámenes de los Comités de Naciones Unidas no son vinculantes. Es decir, el propio Estado que de manera voluntaria firmó y ratificó la CEDAW y el Protocolo de dicha Convención manifiesta que no cumplirá con las obligaciones y compromisos que libremente ha adquirido en materia de derechos humanos y de igualdad de género.

Cumplir con las obligaciones internacionales en derechos humanos no consiste en simular y en ir buscando una buena imagen en el exterior con grandes delegaciones españolas y representantes del Estado que afirman en foros internacionales que España es un país ejemplar y líder mundial en la lucha contra la violencia de género. Cumplir con las obligaciones internacionales no radica en alardear de que se firman y ratifican instrumentos internacionales (que luego no se cumplen). Cumplir con las obligaciones internacionales, y por lo tanto sí representar a la sociedad y ciudanía, consiste en ir más allá del discurso, las fotos y las cámaras.

Si el Estado español realmente tiene un compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género, este es el momento de demostrarlo. Es el momento de mostrar que atendiendo a un Estado democrático, de derecho y realmente comprometido con los derechos humanos, España reconoce y repara a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ya que si España quiere estar legitimado para presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debe comenzar con el principio básico de reconocer la validez de Naciones Unidas y, por lo tanto, cumplir con sus dictámenes.

Desde una perspectiva comparada, la experiencia de otros Estados nos muestra que los dictámenes de los Comités de Naciones Unidas sí son vinculantes. En particular, en cuanto al Comité CEDAW, tenemos el ejemplo de Estados como el brasileño que en el Caso Alyne da Silva Pimentel Teixeira c. Brasil creó un grupo interministerial para implementar las recomendaciones del Comité y realizó una ceremonia oficial en la cual se otorgó una indemnización a la madre de Alyne. También tenemos otros ejemplos de cumplimiento como los del Estado peruano en el Caso L.C. c. Perú, el austriaco en el Caso Şahide Goekce c. Austria; el búlgaro en el Caso de V.K. c. Bulgaria, por nombrar algunos.

Por lo tanto, si existe un verdadero compromiso por luchar en contra de la violencia de género, la forma extrema de discriminación contra las mujeres, se debe cumplir con el dictamen del caso de Ángela. Este dictamen no es un ataque contra el Estado español, al contrario, el reconocimiento de violaciones a los derechos humanos por parte de un Estado es un paso imprescindible para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Y nosotras decimos: Si el Estado le falla a Ángela, nos falla a tod@s #SísonVinculantes