“Dos veces en los últimos veinte años hemos llegado a tener un paro del 25%”. Esta frase, o parecida, la pronunció un dirigente político 'emergente' en un programa de televisión en octubre de 2015.

Viene al caso porque es frecuente que se hable del paro elevado en España como si fuera un fenómeno raro. Pero la dificultad de dar empleo a la población en edad de trabajar viene de lejos, y la emigración española es un elocuente testigo histórico: se suceden emigraciones masivas con emigraciones puntuales en busca de trabajos ocasionales, con exilios políticos y con algún momento excepcional en el que desaparece o cambia de signo.

Un repaso rápido confirma lo anterior:

La emigración de la colonización de América

Es difícil precisar cuántos españoles emigraron a las colonias americanas, por la falta de estadísticas fiables y el alto nivel de la emigración ilegal. Se ha estimado que a lo largo del siglo XVI emigraron más de 200 mil españoles (la población rondaba entonces los 5-6 millones de habitantes); en todo el siglo XVII unas cien mil personas (con una población de 7-8 millones de habitantes); y en el siglo XVIII la cifra estimada alcanza a los ciento veinte mil españoles (la población rondaba los 9-10 millones de habitantes). Es probable que la cifra haya sido siempre algo mayor, teniendo en cuenta los movimientos no controlados.

En estos siglos hay que añadir las expulsiones de población por motivos religiosos: en el momento de su expulsión, en 1492, los judíos llegaban a unos 150 mil, tras las persecuciones y matanzas de los siglos precedentes; y la población morisca estaba formada por algo más de 300 mil personas, en un país de unos 8,5 millones de habitantes (cerca de un 4% de la población), en la época de su expulsión, decretada y ejecutada entre 1609 y 1613.  

Consideradas globalmente, estas cifras vendrían a significar la salida ininterrumpida, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, de una población en edad de trabajar que representaba un porcentaje significativo para la España de la época.

La emigración de la pobreza secular

La independencia de los países americanos a comienzos del siglo XIX hace que la emigración se centre en Cuba y Puerto Rico, que continúan siendo colonias a fines de siglo, pero no desaparece en Argentina: dos millones y medio de españoles emigran hacia este país entre 1857 y 1935.

En fecha tan temprana como 1830, poco después de la independencia americana, se inicia el movimiento anual de temporeros para trabajar en la agricultura francesa.

La emigración hacia el norte de África surge en 1839, cuando comienza la colonización francesa de Argelia: el máximo se alcanza hacia 1930, cuando había unos 300 mil españoles asentados en ese país.

“Entre 1900 y 1930 emigraron algo más de tres millones de  españoles (3.253.448) según las cifras oficiales (la población era de algo menos de 19 millones de habitantes en 1900; casi 24 millones en 1930), aunque investigaciones recientes calculan que alcanzarían casi los cuatro millones y medio (4.360.387). La diferencia entre ambas cifras puede achacarse a la emigración clandestina, estimada entre un 20 y un 30% adicional” (estas cifras y las que siguen proceden del trabajo “EMIGRANTES-INMIGRANTES / Movimientos migratorios en la España del siglo XX”, de Josefa Otero Ochaíta, 2003-2004). En suma, la cifra de emigrantes de esta época representaba en torno al 20% de la población.

Durante la Primera Guerra Mundial aumentó la emigración hacia los países beligerantes, que necesitaban suplir a los hombres movilizados, lo que explica que, al trasladarse por tierra, estos emigrantes no figuraran en las cifras oficiales españolas.

En la década de los cincuenta, Venezuela se convierte en el primer destinatario de la emigración española, a raíz del boom petrolero, de manera que más de un millón y medio de españoles se desplazan allí.

A todo lo largo de este período se entrecruzan las causas demográficas (menor mortalidad y mayor natalidad), políticas (escapar del servicio militar obligatorio) y económicas (expulsión de la agricultura sin capacidad de absorción en la economía urbana).

La emigración del exilio

Desde 1814, con la salida de los afrancesados y luego los liberales, comenzó el fenómeno del exilio político de grupos más o menos amplios de españoles.  

El último caso de emigración política significativa en España se produjo durante la guerra civil (1936-1939) y, de una forma masiva,  al final de la misma: la dictadura forzó el exilio de más de quinientas mil personas. Se exiliaron muchos científicos, escritores, sanitarios, educadores, filósofos, artesanos... ocasionando un enorme déficit de conocimiento y un importante retraso consiguiente en lo económico, científico y cultural.

La emigración de las miserias de la dictadura

Tras la 2ª Guerra Mundial, los países más desarrollados necesitaban mano de obra, tanto por sus pérdidas humanas como por la disminución de la natalidad. Para los países de tradición emigrante esto representó una oportunidad: la de expulsar población joven y como consecuencia mejorar sus cifras de empleo, y también su balanza de pagos a través de las remesas de los emigrantes.

Al final de la década de los cincuenta, en España la industria no era capaz de absorber la mano de obra procedente del crecimiento de la población activa y de las oleadas de campesinos expulsados por la transformación del sector agrario. Según las cifras oficiales del Instituto Español de Emigración, entre 1959 (el año del Plan de estabilización y de la apertura de fronteras) y 1973 emigraron a Europa más de un millón de personas, sobre un total estimado cercano a 1,5 millones que salieron de España en esos quince años.

Las dimensiones alcanzadas por esta emigración se reflejan en el porcentaje que llegaron a representar los españoles en la población activa de algunos de los países de destino: casi el 4% en Suiza, el 3% en Francia, el 1,5% en Bélgica, el 1% en Alemania,...

A partir de 1973 el balance cambia de signo, con más retornos que salidas, porque la crisis económica provoca el desempleo de más de cuatro millones de trabajadores de la Comunidad Económica Europea (la CEE tenía a la sazón nueve países miembros): restringen la entrada de inmigrantes, en particular los procedentes de países terceros, como España. Entre 1973 y 1977 se produce el retorno de numerosos emigrantes españoles.

Este proceso es acompañado por el crecimiento de la economía española: el PIB se multiplica por dieciséis, entre 1970 y 2001, lo que en la parte final de este período explica la afluencia masiva  de inmigrantes, por primera vez en la historia moderna: entre 1996 y 2005 el número de extranjeros empadronados en España pasa de 540 mil a casi 3,9 millones. Aunque pueda parecer paradójico, la tasa de paro no baja regularmente del 10% en plena burbuja y las tasas más frecuentes entre 1986 y 2000 se mueven habitualmente en un intervalo del 15 al 18%.

La emigración de la 'crisis'

La 'crisis' desatada en 2007-2008 provoca otra vez un cambio de signo en los movimientos migratorios, fenómeno que convive con tasas de paro que rondan el 25%.

Un artículo de CTXT, escrito por Carlos Larroy, ilustra la emigración española reciente: según los datos de la oficina estadística británica, desde 2008 y hasta junio pasado se produjeron 224.279 altas de españoles en su Seguridad Social.

Según el INE, hay 1.875.000 españoles residiendo en el extranjero, de los cuales aproximadamente un tercio son personas nacidas en España (unos 600 mil). Por su parte, el saldo migratorio negativo para España ha sido de 215.531 personas en 2013.

No se sabe cuánto de permanentes tienen estos movimientos, pero lo cierto es que se va imponiendo un modus vivendi de inestabilidad como consecuencia de las debilidades de la economía española. Y otra vez la emigración se constituye en la única válvula de escape.

Conclusiones inevitables

Únicamente una enorme burbuja como la de los primeros años del siglo XXI ha sido capaz de reducir el desempleo en España y, sobre todo, de revertir la tendencia migratoria, convirtiendo emigración en inmigración; fenómeno excepcional en una economía como la española, incapaz de absorber la población en edad de trabajar. A destacar la brevedad histórica del cambio de signo: unos 10-15 años, entre mediados de los noventa y 2008-2010.

Se puede decir que la expulsión de personas en edad de trabajar responde a las deficiencias estructurales de la economía española, salpicadas por avatares políticos de distintos signos. Es fundamental saber esto antes de elaborar estrategias de empleo y proponer medidas concretas para favorecerlo: sin entrar a considerar la posibilidad de nuevos episodios de expulsiones por motivos políticos o religiosos, toda formulación al respecto tiene que partir de la necesidad de transformar estructuralmente el modelo económico, dotándolo de un potencial de oferta de puestos de trabajo que hoy no tiene y que no ha tenido desde el siglo XVI.

En diciembre de 2015 aparecieron en eldiario.es dos artículos sucesivos enmarcados en un enfoque global titulado '¿Salida de la crisis o recomposición de la economía mundial?'

Merece la pena volver al asunto ahora que, pasada la fiebre de la presunta recuperación, se empieza a hablar en serio de las previsiones económicas, más allá de si se trata o no de una salida de la 'crisis'. Ahora abundan las reflexiones prospectivas que hablan de una radical recomposición de la economía mundial. ¿Y qué nos anuncian? Con fecha de enero de 2016 se presenta un informe en el World Economic Forum de Davos titulado 'The future of jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution', que empieza a detallar el proceso ya iniciado de la 'Cuarta Revolución Industrial'.

Cuáles son los componentes fuertes de esta 'Revolución', según dicho informe: “el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la impresión en 3D y la genética y biotecnología”, todos ellos campos de desarrollo autónomo y que también se refuerzan mutuamente.

Se anticipa una transformación total de la economía, y en particular del mercado de trabajo. El informe se atreve con algunas cuantificaciones estimativas, a partir de una base de datos construida desde una encuesta a 371 grandes empleadores, que representan a más de 13 millones de trabajadores en 9 sectores industriales de las 15 principales economías desarrolladas y emergentes. Para empezar pone fechas, que sitúan el proceso entre el momento actual y el año 2020; para seguir, estima que en este proceso se perderán unos 7,1 millones de puestos de trabajo (en su mayoría trabajos repetitivos de oficina, de 'cuello blanco', dice el informe); por último, estima que se crearán unos 2 millones de nuevos puestos de trabajo, todos ellos en campos relacionados con la informática, las matemáticas, la arquitectura y la ingeniería.

Todos los desarrollos mencionados como componentes fuertes de esta 'Revolución' no articulan en absoluto una estrategia anti-crisis. Tal como lo expone el citado informe, cabe poca duda de que a esta 'Revolución' se le pueden adjudicar otras expectativas: por lo pronto, la reducción de unos 5 millones de puestos de trabajo es aparentemente inevitable; la sustitución de mano de obra con perfiles formativos hoy habituales por cualificaciones de alto nivel tecnológico es también indudable; la exclusión del mercado de trabajo de quienes pierden esos 5 millones de puestos y de quienes no tienen los perfiles necesarios, también es una evidencia. Por cierto, el mismo informe citado menciona los dos perfiles que dicen necesitar más los jefes de empresa entrevistados: los analistas de datos, para manejar y analizar el “torrente de datos generados por los saltos tecnológicos”, y los representantes de ventas especializados, dado que necesitan ofrecer toda una gama de nuevos productos a las empresas, los gobiernos y los consumidores finales. A ellos se añade, en ciertos sectores, la necesidad de altos ejecutivos de nuevo tipo, para enfrentarse a situaciones sin precedentes en mercados de nueva apertura.

La mano de obra excluida no parece tener recuperación posible: llegados a este punto, el informe es ambiguo y se queda en algunas generalidades para tranquilizar a los lectores. Nada hace suponer que la nueva economía robotizada y altamente tecnificada vaya a tener un lugar para los exluidos, y en la economía real actual ya se sabe lo que está ocurriendo con el paro. Hay que añadir que muchas de las cualificaciones hoy conocidas serán inútiles dentro de muy poco tiempo. 

Además, cuestión aparentemente menor, pero que a efectos de política de empleo tiene su importancia: hay que recordar que, como siempre ocurre con este tipo de previsiones, las estimaciones probablemente sean todo lo positivas que se podía conseguir estirando los números: es razonable sospechar que esa pérdida neta de 5 millones de puestos de trabajo sea bastante más elevada, tanto porque los puestos creados no lleguen a los 2 millones como porque los eliminados sean más de 7,1 millones (por ejemplo, no se alude a la inclusión de una estimación de pérdida inducida de puestos de trabajo por la previsible caída del consumo originada por el menor empleo).

El horizonte 2020 resulta un poco temerario, a primera vista. Puede que en la actual coyuntura crítica los procesos de este tipo se ralenticen y el avance de los desarrollos mencionados encuentre algunos obstáculos objetivos. Pero, en todo caso, un fenómeno como el que se anuncia, encuadrado en los cinco años que van de 2016 a 2020, tiene una indiscutible apariencia de burbuja. Una burbuja que sería una más en la serie vaticinada por Larry Summers, cuya pregunta crítica se formula así (citada en el primero de los artículos publicados en eldiario.es): “¿Y si se han terminado los ciclos económicos y sólo podemos crear empleo a fuerza de burbujas financieras o estímulos masivos que suelen acabar muy mal?” Por cierto, lo del “estímulo masivo” nos hace pensar de inmediato en Mario Draghi y la política del Banco Central Europeo; por otro lado, empezamos a asistir a los estallidos de burbujas en mercados que parecían de los más sólidos de la historia económica reciente, como los relacionados con la telefonía móvil y con internet.

Pero lo peor de las conclusiones de este análisis, tras la destrucción de empleo y un éxito efímero en términos de impacto económico global, se encuentra en la consecuencia más determinante, que es la ausencia de fundamentos para un desarrollo económico sostenible: todo apunta a un afianzamiento de las tendencias excluyentes actuales.

Hay que insistir en este último componente: esas 'economías más importantes del mundo' son, por encima de todo, sociedades de consumo. No está de más recordarlo: aparte de aceite lubricante, electricidad y chatarra variada, los robots no consumen, y los trabajadores expulsados del mercado laboral tendrán suerte si consiguen sobrevivir. Entonces, ¿quién se hace cargo de sostener la tasa de consumo que asegure un desarrollo económicamente sostenible? ¿Qué caída de la demanda puede pronosticarse en tales condiciones para las industrias de vestuario, calzado, alimentación y un largo etcétera? Y no olvidar que el modelo económico capitalista, tal como lo conocemos, se orienta cada vez más hacia la concentración de la riqueza, cosa que origina una caída de la tasa de consumo y la consiguiente pérdida de dinámica de crecimiento. Todo converge en la misma dirección: montamos una burbuja, mandamos al limbo de los parados de larga duración a varios millones de trabajadores, generamos un negocio muy acotado y de corto alcance y nos preparamos para registrar estadísticamente el siguiente paso en el avance de la desigualdad y contemplar el correlativo desguace del modelo económico, que en lugar de hacerse menos se hace más excluyente.

Todo esto, para quienes toman las grandes decisiones, en Davos, por ejemplo, puede que sea algo muy propio de los tiempos, interesante como perspectiva de nuevos mercados y sin duda útil para el mantenimiento de sus privilegios, pero, ¿y los demás? ¿Qué hacemos?

Quizás optar por una de las dos visiones de lo que se nos viene encima, según el informe: ser optimistas y compartir la idea de quienes afirman que hay un futuro de oportunidades ilimitadas en este proceso que genera nuevos puestos de trabajo de alta productividad, sustituyendo a las categorías de trabajo más rutinarias; o ser precavidos y estar más bien de acuerdo con quienes temen una destrucción masiva neta de puestos de trabajo, por sustitución (aquí entran los robots) y por simple eliminación (aquí entran los aumentos de productividad en unos sectores y las caídas de actividad en otros). Ante esto, el informe se cura en salud señalando que está en manos de la política pública intervenir de inmediato para hacer frente a los efectos negativos del proceso, pero no se vincula esto a esas cifras estimadas y, por tanto, no se arriesga un pronóstico que asegure que el agujero en el empleo pueda llegar a ser colmado.

"Innovación y consumo colectivo son líneas de transformación a desarrollar en este contexto, con las ventajas y las debilidades conocidas", alega Vaello

La inspiración de este enfoque viene en gran medida de un pronóstico temible: José Antonio 'Cive' Pérez, miembro del Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Attac, Madrid, pronostica una sociedad “80/20, cuyo funcionamiento estaría garantizado por un 20% de la población, compuesto por trabajadores cualificados, y el resto serían desempleados o tendrían empleos de bajísima cualificación”.

Convirtiendo este pronóstico en hipótesis de trabajo, ¿qué estamos diciendo? Que la sociedad avanza espontáneamente en esa dirección y que es necesario combatir esa tendencia a través de una estrategia que combine medidas para fortalecer y ampliar dicho 20% y otras, simultáneas y compatibles, para reducir y cambiar la composición del 80%.

Innovar es necesario para modificar positivamente ese 20% y mejorar la posición de la economía en el mercado mundial. Fortalecer el consumo colectivo es necesario para avanzar al mismo tiempo hacia una mayor equidad social (servicios que contrarrestan las desigualdades de la distribución de la renta) y hacia una generación de empleo que ataque ese 80%  a través de su capacidad para cubrir las lagunas del mercado laboral en mayor proporción y a menor coste que el consumo individual. La coexistencia de ambos es imprescindible para transformar el modelo económico, cambiando la tendencia espontánea y trastocando el esquema “80/20”.

Todo hay que decirlo, esta estrategia tiene como punto de partida obligado el modelo económico hoy existente, lo que quiere decir que innovación y consumo colectivo son líneas de transformación a desarrollar en este contexto, con las ventajas y las debilidades conocidas.

La innovación

Para ser realistas, en este campo está casi todo por hacer o por reiniciar. Sobre la base de un informe de CCOO, utilizando en parte cifras de los PGE-2016:

Centros públicos de investigación: sus recursos suman caídas del 10% respecto a 2010 y de más del 20% respecto a los PGE de 2009.

CSIC: “entre 2011 y 2013 desaparecen más de 4 mil empleos, una cuarta parte de los efectivos que había al inicio de 2012. Las consecuencias son dramáticas: abandono de investigaciones en marcha, infraestructuras desaprovechadas, desánimo, desorientación y pérdida de competitividad.”

CDTI: el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial sufre un recorte adicional del 29% de sus recursos, en particular en el apoyo a las empresas para participar en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. La caída de recursos de la agencia supera el 40% en lo que va de legislatura.

Por otra parte, la Agencia estatal de Investigación sigue sin ponerse en marcha, incumpliendo el mandato de la Ley de la Ciencia de 2011.

Y de forma general se confirma lo ya sabido, que España no es un referente mundial en innovación:  frente a las 1.700 solicitudes de patentes internacionales registradas en 2014, Japón suma más de 44.000, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Más aún: un 30% de los que decidieron emprender durante 2014 en España lo hicieron por necesidad, para salir de la crisis, y no porque quisieran llevar a cabo una gran idea, según el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2014, el principal barómetro internacional sobre el emprendimiento (artículo en elpaís.com de 6 de octubre de 2015).

Es decir, tras el discurso oficial de apoyo a la I+D+i hay una política real de contracción del gasto presupuestado y de anulación de toda perspectiva, además de una iniciativa privada de inspiración ajena a las metas normalmente enunciadas de modernización económica.

Este es el punto de partida a fecha de hoy.

El consumo colectivo

Desde la óptica de este texto, el paradigma del consumo colectivo, que es simultáneamente benefactor para la igualdad social y para la configuración del mercado laboral, es la atención a la dependencia. Se trata de una atención social que favorece a los segmentos de población más expuestos y que genera un empleo considerable con una inversión por puesto de trabajo mínima y costes corrientes limitados a los de gestión general y de prestación del servicio: según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, por intermedio de su presidente, José Manuel Ramírez, el sistema “tiene una altísima rentabilidad potencial”, estimándose que “por cada 1.000 millones de euros al año invertidos en servicios se recuperarían 440 millones de manera directa y no menos de 100 millones de manera inducida. Además, se crearían 30.000 puestos de trabajo.”

Por otra parte, los componentes tradicionales del consumo colectivo tienen que ser recuperados para la sociedad. La universalidad de las prestaciones es contraria a la privatización de los servicios, privatización cuya finalidad es generar un mercado cautivo para las sociedades que pretenden ir monopolizando la sanidad, la enseñanza, etc., dejando fuera a quienes no disponen de capacidad de pago suficiente; en definitiva, comprimiendo estos servicios para adaptarlos a las estrecheces de los respectivos mercados.   

Más aún, ante las políticas de reducción de servicios públicos hay que retomar viejas batallas, por ejemplo en defensa del transporte público colectivo. En Madrid, tras muchos años de mejoría con pocos altibajos, está sometido a una paulatina reducción de las prestaciones, trayectoria que muestra su cara más explosiva cuando determinadas circunstancias se traducen por un aumento considerable de la circulación de vehículos privados y por fenomenales atascos.

¿Cuántos miles de puestos de trabajo han sido suprimidos por la eliminación o reducción de servicios públicos? ¿Cuántos ha aportado el sector privado que va monopolizando los nuevos mercados así creados? El balance es desolador.

Cada paso en la dirección actual potencia ese 80%, dejando a más personas en el paro y aumentando la proporción de los empleos precarios y de baja cualificación.

Algunos soportes del nuevo modelo

Es muy importante tener en cuenta que los principales soportes económicos e institucionales de un modelo que combine innovación y consumo colectivo existen de hecho en la España de hoy. Más que crear un entramado nuevo y elevar la presión fiscal lo que hay que hacer es poner la voluntad política al servicio de este cambio estructural, desterrando algunas prácticas que se han enquistado en los últimos años.

No hace falta ser un experto fiscal para saber que España tiene múltiples “agujeros”, tanto en la recaudación como en el gasto. Y no se trata de “revolucionar” todo el sistema sino de hacerlo funcionar eficazmente y sin saquear la caja.

La idea-fuerza es aquí muy sencilla: el dinero existe, pero es necesaria la voluntad política para encontrarlo y seguidamente invertirlo en lo que importa de verdad a la sociedad.

En materia de recaudación, los ejemplos son numerosos y muy directos, desde las deudas pendientes de cobro en la AEAT (por importe de más de 52 mil millones en 2014), pasando por la racionalización del sistema fiscal existente (sobre todo atajar el fraude del IVA), impedir que el impuesto de sociedades realmente liquidado sea extremadamente inferior al teórico (gran parte de las compañías del Ibex 35 no pagan impuesto de sociedades aunque tienen beneficios), etc., hasta llegar a la recuperación y homogeneización de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre el Patrimonio y la instauración del Impuesto sobre las transacciones financieras actualmente en estudio en la UE.

En materia de gasto, la aplicación estricta de la Ley de Contratos del Estado, el control de las inversiones en infraestructuras y la fiscalización del uso de los fondos públicos a todos los niveles pueden acercarnos a un ahorro considerable sin necesidad de suprimir servicios como se ha estado haciendo en los últimos años. En particular, la investigación en profundidad de las inversiones en infraestructuras y equipamientos es una necesidad tanto de racionalización del gasto como de moralización de la vida pública.

En suma, el modelo económico que debemos construir tiene básicamente tres elementos constitutivos:

1º Una transformación estructural que solo podrá conseguirse a medio-largo plazo a través de una apuesta total y decidida por la innovación científico-técnica.

2º Un programa de acción a corto-medio plazo que defina sus objetivos en términos de consumo colectivo - servicios que aseguran un bienestar social equilibrado -, para avanzar en la recuperación y superación de la equidad social que hemos conocido y al tiempo conseguir una recomposición del mercado de trabajo a costes asumibles.

3º La posibilidad de utilizar recursos existentes en la sociedad que están siendo desaprovechados a través de los gastos irracionales y superfluos y a través de la inoperancia en materia de recaudación fiscal.   

El factor subyacente a todo esto es la voluntad política y, desde ella, la creación de una capacidad legítima de intervención en los mecanismos sociales y económicos implicados.

La producción de dinero en una economía financiera autonomizada necesita cada vez menos procesos productivos que la soporten, lo que se traduce por una menor necesidad de la mercancía trabajo

El dinero y el trabajo son mercancías especiales: según Varoufakis, son “'gremlins' problemáticos en la maquinaria capitalista”, son “diferentes de todas las demás mercancías: nadie las quiere por sí mismas” (en 'El Minotauro global, Estados Unidos, Europa y el futuro de la economía mundial', edición Debolsillo, junio de 2015). Y, citando a Marx en 'El Capital', añade:

“El proceso de producción aparece simplemente como un vínculo intermedio inevitable, como un mal necesario para hacer dinero. Todas las naciones con un modo de producción capitalista son por ello asediadas periódicamente por un febril intento de hacer dinero sin la intervención del proceso productivo.”

Tenemos ya una razón de peso para entender el distanciamiento, acelerado durante los últimos años y que genera actualmente una extrema tensión, entre economía financiera y economía real.

De manera simplificada, se puede decir que en la economía financiera es el dinero la mercancía principal, cuya producción necesita subsidiariamente del trabajo humano. En la economía real, la que está formada por procesos productivos como los que refiere Marx, el trabajo es la mercancía principal, tanto el trabajo pasado (maquinaria y otros componentes del capital) como el trabajo presente (la mano de obra en acción), con la necesaria contribución del dinero como mercancía subsidiaria.

La producción de dinero en una economía financiera autonomizada necesita cada vez menos procesos productivos que la soporten, lo que se traduce por una menor necesidad de la mercancía trabajo. La maquinización aporta también lo suyo, alterando la composición trabajo pasado-trabajo presente. En definitiva, la demanda de la mercancía trabajo va presentando una clara tendencia decreciente, que además, como señala el mismo Varoufakis, se mantiene con independencia de la caída de su precio, puesto que se trata de una 'mercancía especial'.

El dinero a bajo precio, en cambio, tiene un efecto perverso. Los nuevos instrumentos que esa economía financiera autonomizada e impulsada por el bajo precio del dinero ha ido creando, no solo facilitan un crecimiento exponencial sino que éste se basa en la inversión especulativa mucho más que en la inversión productiva, con lo que se termina perdiendo cualquier noción del riesgo y facilitando la prosecución de este juego suicida.

Mercado de trabajo y demanda

En un momento dado, coinciden una enorme descompensación entre las economías financiera y real y una caída brutal de los precios del dinero y del trabajo. Y en ese momento se descubre que la extrema desregulación de los mercados ha impuesto una lógica de funcionamiento que las autoridades no son capaces de revertir. Por ejemplo, y sobre todo, se encuentran desarmadas para romper la inercia del mercado de trabajo e incluso sufren el espejismo de ver en él una mercancía corriente: 'si baja el precio aumenta la demanda'. Y la política económica apunta muy particularmente hacia el objetivo de bajar el precio del trabajo, perdiendo por completo de vista la lógica de la economía real: el bajo precio no estimula el empleo productivo, y es precisamente este empleo el que generaría rentas que se gastarían muy principalmente en la compra de las mercancías que salen de esos procesos productivos.

De esta manera, la demanda interna se ahoga.

Pero es que una economía como la española no tiene ni ha tenido una vocación exportadora capaz de soportar el crecimiento económico. Es una economía de demanda interna, en la que muy ocasionalmente la demanda externa tira del carro. De hecho, es una economía normalmente obligada a financiar un significativo déficit exterior. Y lo que es peor, los sectores exportadores más importantes de esta economía (el automóvil, sobre todo) obedecen a una lógica de decisión que tiene poco que ver con las necesidades y los equilibrios de su propia estructura, de forma que ni siquiera es posible incidir sobre las estrategias de estas empresas transnacionales desde una política económica nacional: deprimir el mercado laboral, eximirlas de impuestos, proporcionarles suelo a bajo precio, dotarlas de infraestructuras dedicadas, etc. aporta poco o nada a favor de la localización de las inversiones en el territorio propio (ejemplo muy a propósito: Volkswagen, deprimida por las consecuencias de su trampa, seguramente deberá comprimirse y abandonará sus proyectos de inversión en España, concentrando sus esfuerzos en sobrevivir bajo la protección del estado alemán).

Mercado de trabajo: precariedad y exclusión

La mayor condena al funcionamiento corriente de la economía viene de las condiciones impuestas al mercado de trabajo, condiciones que emanan de la evolución de una economía lastrada por la hegemonía del mercado financiero y aletargada por la aplicación de una política económica manifiestamente pro-cíclica.

En la actualidad, el mercado de trabajo en España avanza sin freno hacia un empobrecimiento extremo, expulsando y precarizando de manera masiva. Algunas pinceladas bastan para reflejarlo:

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que en los próximos 10 años el 40% de los empleos en España estarán sometidos a un régimen de auto-explotación (trabajo más independiente y por cuenta propia), en detrimento del trabajo asalariado. Se verificará un aumento del empleo parcial, independiente y temporal, incluso de muy corta duración.

El número de empleados públicos en España se redujo en más de 138.000 entre enero de 2011 y el mismo mes de 2015, según los datos del Registro Central de Personal publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

España es el país de la OCDE que tiene una mayor tasa de jóvenes trabajando de forma involuntaria en empleos a tiempo parcial.

En España hay más de 3,1 millones de parados de larga duración, cuya situación se hace extrema: con el paso del tiempo, estos parados reducen su probabilidad de encontrar empleo y, simultáneamente, dejan de cobrar prestaciones.

La estructura salarial española, según la encuesta del INE referida a 2013, muestra que ha aumentado la desigualdad: ligero descenso del salario medio y, sobre todo, aumento del peso relativo de los empleos temporales y descenso significativo de las retribuciones correspondientes.

Los contratos de hasta siete días suponen el 22,5% del total, en julio de 2015, contra el 13,5% de julio de 2007.

España es el único país de la OCDE que ha reducido su ‘hucha’ de las pensiones desde 2012: el Gobierno ha sacado el 38% del Fondo de Reserva en tres años, mientras el resto de los países aumentaron los suyos una media del 7,1% en 2013

Todo esto quiere decir, en los términos del modelo económico vigente, que un número elevado de personas dejan de ser productores y consumidores o lo son de forma cada vez más marginal a causa de su precariedad y de su menor poder adquisitivo, y que problemas actuales como la financiación de las pensiones se están resolviendo a costa de las cuentas futuras.

No es la salida de la crisis lo que está en juego, sino la reestructuración de la economía de esa periferia europea de la que España forma parte: un mercado de trabajo empobrecido puede facilitar decisiones de relocalización europea de producciones que en una época todavía reciente se trasladaban a países emergentes, pero desde luego no va a ayudar a generar esa presunta 'salida de la crisis'. Sin consumo privado, en España no hay crecimiento económico.  

A escala global, la conclusión es inevitable: sobra población y faltan mercados. De manera que nos asomamos a un precipicio: así como la Gran Depresión encontró su salida a través de una “carnicería a escala industrial (también conocida como Segunda Guerra Mundial)”, en frase de Varoufakis (misma fuente citada), “para sacar del desplome a la economía mundial”, ahora estamos cada vez más cerca de una intervención de cirugía mayor.

Puede pensarse en las palabras del papa Beroglio, en Sarajevo, junio de 2015, aludiendo a lo que define como “una tercera guerra mundial combatida ‘por partes'”, para señalar que en la actualidad “se percibe un clima de guerra” en el mundo.

También se puede aludir a un informe de la Universidad de Princeton, cuyos autores son Angus Deaton —ganador del último Nobel de Economía— y Anne Case, reflejado por Cristina Pereda, en El País del 3 de noviembre de 2015, que señala que la mortalidad de los estadounidenses blancos de mediana edad se ha disparado en las dos últimas décadas. La mayoría de las muertes se deben al suicidio, la cirrosis y el envenenamiento por alcohol y el consumo de drogas. Esta epidemia silenciosa ha quitado la vida a casi medio millón de personas. Los autores relacionan este fenómeno con otro paralelo, que es el empeoramiento de la salud de este grupo de población, tanto física como mental, sus dificultades para “llevar a cabo tareas diarias”, el aumento del dolor crónico y la imposibilidad de trabajar. Mientras que las muertes por sobredosis empezaron a disminuir entre afroamericanos e hispanos, aumentaron entre los blancos a partir de 1999. En 2006, por primera vez, las muertes por causas relacionadas con el consumo de drogas y alcohol entre blancos superaron a las de negros e hispanos. ¿La recuperación económica norteamericana no es percibida por la clase media blanca de los Estados Unidos? ¿O es que realmente no le llega y sufre sin capacidad de reacción el deterioro de su situación?

"¿Cómo se puede hablar de recuperación de una economía que mantiene tasas de desempleo claramente superiores al 20%, como es la española?", pregunta Vaello

Demasiadas advertencias seguidas, y además procedentes de personas que se mueven en el núcleo del poder financiero mundial: sin salir de una situación comprometida, la economía mundial amenaza con caer en otro profundo bache. Como para confirmar que no se trata de accidentes de recorrido sino de limitaciones estructurales no superadas.

Ahora no es Larry Summers el inspirador: Carl Icahn es un inversor multimillonario; por decirlo de manera simple, alguien que está a cubierto de sospechas revolucionarias y de eventuales acusaciones de ignorancia financiera.

Su afirmación es directa: no se trata de saber si estallará una próxima burbuja sino cuándo lo hará. Y no hay que olvidarlo: se habla de “estallidos de burbujas”, no de fases depresivas del ciclo económico en el sentido clásico.

¿Dónde está el foco, según Icahn? En la masiva disponibilidad de dinero barato, que facilita y estimula operaciones de inversión completamente ajenas a las condiciones de la economía real. Es tan barato endeudarse que, por ejemplo, se pueden engordar los balances con activos poco o nada productivos, pero de cuya baja rentabilidad habrá que dar cuenta tarde o temprano. Las cotizaciones suben y los directivos ven crecer sus fortunas en gran parte consistentes en títulos que habrán de reflejar esta situación a no mucho andar. Para ellos todo está en realizar esos activos antes de la caída.

Para Icahn, los períodos largos de tipos de interés bajos generan burbujas sin duda. La ingeniería financiera facilita y abarata en estas condiciones las operaciones de adquisición y las fusiones de grandes empresas, pero este proceso actualmente muy abultado no aporta nada a la economía real, por ejemplo bajo la forma de aumentos de productividad y/o de creación de empleo, y en cambio acentúa las condiciones oligopólicas - cuando no monopólicas - de los mercados implicados.

Mientras esto sucede, se mantiene la ficción a través de discursos interesados que hablan de recuperación de la economía, siempre bajo el paraguas protector del neoliberalismo. Pero la sola formulación de algunas preguntas pertinentes ayuda a hacer aflorar ciertas verdades ocultas, en particular cuando se trata del mercado laboral.  

No hace falta insistir mucho, porque no se trata de un sofisticado mecanismo económico difícil de entender: ¿cómo se puede hablar de recuperación de una economía que mantiene tasas de desempleo claramente superiores al 20%, como es la española? En términos sencillos, la pregunta tiene dos posibles respuestas, una coyuntural y otra estructural. La coyuntural se refiere muy en particular a la necesidad política de afianzar la idea de la recuperación en una fase de confrontación electoral: mero oportunismo. Pero la estructural retrata directamente los graves problemas de fondo de la economía española: ni siquiera con la burbuja que estalló, principalmente inmobiliaria pero también financiera, la economía española fue capaz de reducir el paro de forma continuada por debajo del 10%, una tasa que abrumaría a otros gobiernos y desataría todas las alarmas.

Y una pregunta paralela obvia: ¿Cuál es el propósito de ocultar que estas economías occidentales - la norteamericana, que sirve como ejemplo paradigmático - en gran medida no están reduciendo el desempleo sino principalmente la población activa, es decir, excluyendo del mercado laboral a una parte creciente de la población en edad de trabajar? Aritmética simple: si disminuye el numerador (población ocupada) y el denominador (población activa) en una misma magnitud absoluta (los expulsados del sistema), el cociente cae (la tasa de paro). De hecho, la tasa de actividad se sitúa hoy en los EE.UU. en su nivel más bajo desde la Gran Depresión: 62%, frente al 66% anterior, lo que tiene una traducción directa: el 5,3% de paro que hoy se registra con ese 62% de actividad más que se duplicaría si todos aquellos que se han apartado de la población activa siguieran buscando trabajo.

El jefe de estudios de la Cámara de Comercio de EE.UU., Marty Regalia, hablando de este fenómeno en su país, dice que no le valen los argumentos parciales: “No hay ninguna explicación para la cantidad de gente que está dejando el mercado de trabajo”, y lo achaca a la falta de expectativas de hallar un empleo.

Y así volvemos al punto de partida: dejar el mercado de trabajo es adelgazar la población activa, no reducir el paro, y es un inquietante signo de precariedad estructural.

La apariencia se puede mantener también a través de engrosar el colectivo de los “minijobs” o equivalentes (el 22% de los españoles de entre 16 y 24 años se ven abocados a aceptar 'minijobs', frente al 4% de la media de los países de la OCDE). Una parte importante de la disimulación se sostiene a través de ajustar los criterios estadísticos: “está en paro quien trabaja menos de...”, “es un subocupado quien no gana el salario mínimo”, etc. En EE.UU. existen seis medidas oficiales del desempleo, elaboradas por el Bureau of Labor Statistics, como explica el 4 de septiembre, en público.es, Juan Torres López: desde la más restrictiva - aquella a la que se hace referencia en la información económica internacional - hasta la más inclusiva, la tasa de desempleo puede duplicarse, e incluso cuadruplicarse, y la diferencia principal consiste en incorporar la precariedad y la temporalidad no 'deseadas' (es decir, la obligación impuesta por el sistema económico de trabajar menos tiempo que el pretendido, con contratos cortos y jornadas parciales).

De esta ceremonia de la confusión forma también parte el galimatías interesado, que cultivan en España los dirigentes del gobierno y practican muchos medios de comunicación, mezclando y hasta igualando conceptualmente el “paro registrado” por el INEM (inscripción voluntaria de quienes buscan empleo, en parte forzada por la obtención de ayudas asociadas a ella, y publicada mensualmente) y la desocupación cuantificada por la encuesta de población activa (esta última calcula el desempleo real en un trimestre dado y es la única estadística válida para Eurostat y para las comparaciones internacionales).

Y, como remate, ¿nos encontramos con la perspectiva de la sociedad “80/20, cuyo funcionamiento estaría garantizado por un 20% de la población, compuesto por trabajadores cualificados, y el resto serían desempleados o tendrían empleos de bajísima cualificación”?   

José Antonio 'Cive' Pérez, miembro del Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Attac Madrid, señala que la 'renta básica universal' es la peor de las soluciones, a excepción de las demás, “pero es una medida necesaria dado que el mercado laboral no va a producir empleo, por lo que de algo tendrá que vivir toda esa creciente masa de ciudadanos que no tengan acceso a un puesto digno”.

Los procesos en los diferentes países son en apariencia disímiles, pero esas trayectorias responden a singularidades de las distintas sociedades que no hacen sino disimular su convergencia real. El trayecto estará caracterizado por una sucesión de burbujas que, tras una primera apariencia de 'salida de la crisis', mostrarán su verdadera cara: nueva caída, tanto o más intensa que la anterior, camino de esa sociedad “80/20”.

El paro elevado (ese más de 20% español que puede calificarse de sistémico: España muestra hoy ese nivel de paro, pero en la dictadura expulsaba a millones de trabajadores hacia Europa, y desde el siglo XVI ha estado enviando emigrantes a América) y la pérdida de población activa (esas personas que abandonan toda perspectiva, dejan de buscar trabajo y seguramente tienden a moverse entre la economía sumergida, el empleo alterno formal-informal y las actividades de producción para autoconsumo; o esas personas que directamente emigran: en Portugal la población activa ha bajado entre 2011 y 2015 en 257 mil personas, básicamente por la emigración) reflejan lo mismo: la evolución de un sistema económico que se topa con su techo y carece de fórmulas para asegurar la reproducción ampliada que le permita hacer frente al crecimiento demográfico y/o al envejecimiento.

Es decir, y por lo que respecta a España, hay que prepararse para encontrar la fórmula que sustituya al modelo 10/90 de la época del boom inmobiliario sin caer finalmente en el modelo 80/20 que se abre paso en la actualidad. No cabe esperar que se alcancen tasas de paro 'norteamericanas' (ese 5% ideal y, como muestra Juan Torres López en “¿Pleno empleo en Estados Unidos?”, bastante trucado), pero tampoco habrá un camino para recuperar las tasas españolas previas a la crisis. Las medidas serán difíciles de adoptar, el proceso será lento, pero el discurso tiene que hacerse y consolidarse, tomando forma para servir de fundamento a una sociedad que necesita un nuevo modelo económico, incluidos mecanismos de redistribución más o menos inéditos: por ejemplo, esa “renta básica universal” o esa “renta mínima garantizada” que, con distintas formulaciones, merodean desde hace un tiempo por las cabezas de los analistas y de los dirigentes políticos.

"Observamos cómo se multiplican las acciones destinadas a estrechar el cerco y reducir el margen de maniobra de los representados", lamenta Vaello

La democracia representativa que conocemos es cada vez menos funcional para los intereses del gran capital internacional. Observamos cómo se multiplican las acciones destinadas a estrechar el cerco y reducir el margen de maniobra de los representados. Y es curioso, cada vez más se tiene la sensación de que quienes se planteaban superar este modelo de ejercicio de la soberanía popular son o deberán ser quienes luchen por evitar su destrucción a manos de aquellos que decían ser sus más celosos defensores.

No hace falta ser muy estricto en los datos concretos: cada instancia de representación y decisión del Estado tiene sus vías de elusión de las exigencias democráticas. Basta con recordar de forma genérica cosas tan simples como las siguientes:

La conocida - y aceptada, en definitiva - intromisión del poder ejecutivo en los otros poderes del Estado, imponiendo la configuración del Tribunal Constitucional, moldeando a su antojo el CGPJ y el Tribunal Supremo, sometiendo por tanto al poder judicial, y también al legislativo, a la tiranía de la mayoría absoluta.

La enorme frecuencia con que las solicitudes de comisiones de investigación en el Congreso de los diputados reciben una respuesta negativa, o las comisiones que sí se constituyen pero cuya labor acaba en la nada; o la frecuente incomparecencia del jefe de Gobierno. Si esto es verdad en el Congreso, en el Senado lo es mucho más, con estas prácticas llevando a situaciones grotescas de hemiciclo vacío e incomparecencia del Gobierno. En España, los mecanismos institucionales y la cultura política desarrollada en los últimos años a nivel del Estado no están hechos para el ejercicio democrático: ¿alguien imagina que no se constituya una comisión de investigación en el Parlamento británico? ¿o que la labor de una comisión cualquiera acabe en nada? ¿o que el primer ministro no comparezca ante una situación comprometida?

El desprestigio creciente de los gobiernos autonómicos: están en tela de juicio a causa de su intensa historia de despropósitos en la gestión, decisiones irracionales de inversión y corruptelas generalizadas, que los deja en muy mal pié. Además, durante una época se solía suponer que ello estaba circunscrito a algunas CCAA que se representaban como el paradigma del mal gobierno, con la Comunidad Valenciana a la cabeza. Pero a este nivel se extiende el mismo tipo de mal que en las otras administraciones: a fin de cuentas no hacen sino reproducir una cultura de irresponsabilidad política que es muy anterior a su existencia como instancia del estado.

El oscurantismo es extremo en las diputaciones provinciales: nadie tiene muy claro cómo se constituyen ni cómo actúan, pero lo cierto es que manejan unos presupuestos significativos sin dar cuentas a los ciudadanos. Son el reino del caciquismo en versión moderna y del nepotismo desenfrenado. Cuando en algún momento se habló de suprimirlas todo fue negativa y resistencia, aunque lo cierto es que quienes lo proponían tampoco pusieron mucho empeño en ello.

En las administraciones municipales, por último, la ley establece unos procedimientos que facilitan la presencia ciudadana en la gestión corriente, pero dichos procedimientos son bastante desconocidos para la gran mayoría y, en todo caso, no se suelen utilizar o, como mínimo, se pueden manejar de manera oscura. A pesar de ello, cabe decir que en este nivel sigue habiendo pasadizos que permiten un ejercicio democrático consistente, y la práctica reciente de los nuevos ayuntamientos parece confirmarlo.

Estas grandes pinceladas dibujan un panorama sombrío de la democracia española. Si a ello se unen las últimas estocadas contra las libertades ciudadanas, se puede decir sin temor a exagerar que el panorama se va haciendo estremecedor.

En el plano supranacional, de manera a veces consciente, aunque en general como inspiración subyacente, se suele atribuir a la Unión Europea unas excelencias democráticas de las que nosotros como país carecemos. Por lo pronto, a veces sabemos más de las deliberaciones, preguntas y respuestas del Parlamento Europeo que del Congreso de los diputados. De hecho, un grupo político muy minoritario del Parlamento europeo goza del derecho de hacer preguntas que reciben respuestas serias y elaboradas, cosa que es excepcional en el Congreso de los diputados.

Y ahora resulta que el mirlo blanco de la democracia europea, que para nosotros se representa a través de las instituciones de la Unión, muestra su cara más negra. Las actuaciones recientes en relación con la negociación de los nuevos tratados internacionales constituyen una muestra indecente de la pérdida de eficacia y de funcionalidad de la democracia, y conducen a verla como una mera ficción. En ese nivel se combinan las deficiencias y las pérdidas de legitimidad de la democracia de los estados y de la democracia supranacional de la Unión.

A este respecto, tenemos la suerte de contar con gente que hurga en la herida. En un artículo titulado “Bruselas quiere aprobar el TTIP y el TISA sin pasar por la ratificación individual de los 28 países miembros”, del que es autor Alejandro López de Miguel, se dice textualmente que Bruselas...“no solo negocia en secreto varios tratados que darán nuevos poderes a las multinacionales, sino que además no tiene interés por pedir la opinión individual de los 28 parlamentos de los países que integran la Unión. La Comisión Europea no tiene previsto someter los acuerdos secretos TTIP, TiSA y CETA a la ratificación de los países de la Unión.”

Esto se desprende de la respuesta de la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, a una pregunta parlamentaria formulada por la eurodiputada y portavoz de IU en la Eurocámara, Marina Albiol. La comisaria de Comercio señala textualmente: “En la medida en que los acuerdos comerciales entran dentro de la competencia de la UE, la Comisión considera que no hay ningún requisito que obligue a los estados miembros a ratificarlos individualmente”.  Se impone una impresión de paralelismo con las prácticas habituales en la democracia española: 'como tengo mayoría absoluta en el Congreso, apruebo lo que me da la gana sin consenso ni discusión previa', con lo que alimento una práctica parlamentaria en la que solo cabe la ratificación pasiva, que probablemente sea lo que acaben haciendo los parlamentos nacionales en relación con esos tratados internacionales.

Y añade el autor: “Esto se refiere al polémico Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), entre Bruselas y Washington, el CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), entre la UE y Canadá, y el Trade in Services Agreement (TiSA), que medio centenar de países -entre ellos los 28- negocian con total opacidad”.

Y esto viene a decir, más o menos, en traducción libre de mi cuenta, 'a la UE le tiene sin cuidado que la constitución de alguno o algunos de sus 28 miembros especifique algo al respecto o que la propia práctica política en esos países haya consolidado una cultura de discusión y sanción institucional y/o ciudadana para tratados que comprometen la soberanía nacional hasta el punto en que éstos lo hacen'.

¿Para qué les sirve la democracia? A la vista está que para quienes detentan el mando es un incordio.

Desde una visión crítica, sabemos para qué sirve la democracia que conocemos y cuáles son sus principales limitaciones; no hace falta discurso alguno en este sentido. Cada vez más el problema es el cómo. Si nos atenemos a las configuraciones institucionales combinadas con las prácticas políticas y con el marco jurídico que se va imponiendo, los Ayuntamientos dejan alguna brecha, pero de ahí hacia arriba (Diputaciones, Gobiernos Autónomos, Gobierno central y Comisión Europea) los caminos se estrechan y las posibilidades de intervenir se esfuman.

La pregunta sobre 'el cómo' del ejercicio democrático se va quedando sin un abanico de respuestas, camino de la única posible: toda ruta de práctica democrática habrá de irse construyendo cada vez más al margen de la institucionalidad existente. Ésta solo servirá para aprovechar resquicios que sobre todo permitan evitar una transformación totalmente regresiva del marco jurídico y, de paso, admitan dar respuestas a problemas cotidianos de la población, limando a escala local las aristas más agudas de la desigualdad social.

Al margen de la institucionalidad vigente y por encima de las barreras de los estados nacionales. El desafío es precisamente este: con pocos medios y seguramente contra la ofensiva creciente de las instituciones existentes, es imprescindible generar una capacidad de acción que promueva a escala supra-nacional la presencia de las ciudadanías europeas en un proceso de gestación de nuevas instancias democráticas. Estas instancias, naturalmente, deberán también gestionar su progresiva legitimación y su reconocimiento como actores con capacidad de influir en el escenario europeo.

La Unión Europea se enfrenta a una crisis extremadamente grave que abarca todos los aspectos de la vida social. Algunas cuestiones clave permiten entender el estado de esta UE que tiene que resolver problemas de gran calado, que afectan al conjunto y a la mayoría de los estados miembros.

Las principales cuestiones que Europa ha ido dejando atrás sin resolver y que configuran el contexto presente:

El proyecto político compartido se ha ido esfumando, de lo que son expresiones la confrontación “norte-sur” y un cúmulo de disparidades que tendrían que haberse ido limando y no hacen sino crecer.

La pérdida de los valores de la Ilustración deja a Europa ideológicamente desarmada ante el discurso manipulador y la voracidad del capitalismo financiero. Los valores de justicia social, respeto a la soberanía popular, moral pública, etc. han pasado a engrosar la lista de las cuestiones arrinconadas por la capacidad depredadora del “poder financiero mundial” y por la complicidad con éste del entramado burocrático de la Unión.

La desaparición de los estadistas genera un vacío que no tiene precedentes en la época moderna. Si Europa no es capaz de “parir gigantes”, como decía Napoleón, la mediocridad termina por imponerse y facilitar la hegemonía del capital financiero.

La extensión imparable de la inmoralidad social e individual contribuye a consolidar unas prácticas de negocios y de gestión institucional rayanas en lo mafioso. La corrupción nunca ha estado del todo ausente, pero sin llegar a este proceso de metástasis, muy avanzado en España pero también extendiéndose por el resto de los países europeos.

Repasemos estas cuestiones:

Carencia de proyecto político compartido

Las disparidades socioeconómicas y los desequilibrios internos de la UE configuran, al mismo tiempo, el terreno en el que se construye actualmente la Unión y en parte el resultado de las acciones llevadas a cabo durante los últimos veinte años.

El grupo fundador continúa siendo el núcleo duro de la Unión desde 1957, con Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo compartiendo niveles de renta (26 mil a 32 mil euros per cápita en 2013, en términos de PPA, salvo Luxemburgo), moneda única (Euro) y espacio de movilidad (Schengen). El trío que se incorpora en 1973 anticipa ya la heterogeneidad que será característica en años posteriores: Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca no tienen en común la moneda ni Schengen, y los dos primeros tienen relaciones privilegiadas con los EEUU. Los países incorporados entre 1981 y 1986 (Grecia, España y Portugal) añaden un subdesarrollo relativo que se intentará ir corrigiendo con los fondos de cohesión y otras medidas, pero que muestran hoy su debilidad sobre todo a través de Portugal y Grecia. Desde 2004, la UE pasa de los quince miembros que reunía en 1995 a los 28 de la actualidad, incorporando a los países de lo que se denominaba Europa del Este, más Malta y Chipre, es decir, países con niveles de PIB per cápita que excepcionalmente alcanzan los 20 mil euros/año y que participan solo parcialmente de la moneda común y del Espacio Schengen.

Así, los principales factores de disparidad se encuentran en la sucesión de ampliaciones de la UE, que han acentuado la heterogeneidad, y la limitada eficacia de las actuaciones correctoras. Sin haber afianzado la UE-quince y con la reunificación alemana sin digerir del todo, en los diez años que transcurren entre 2004 y 2013 se incorporan trece países, ampliación que puede entenderse casi exclusivamente porque favorece al núcleo duro de la UE, con el alejamiento de los confines euro-asiáticos y la extensión del mercado protegido para sus exportaciones.

Entre las numerosas disparidades es interesante destacar:

Disparidad fiscal: los diferentes niveles y estructuras del IVA, las disparidades introducidas por ciertas políticas sectoriales (la PAC es el ejemplo más claro, con su contraparte que es el cheque británico), la distorsión que introducen los diferentes regímenes de la tributación a las empresas, etc. En suma: aquí está el foco principal de las desigualdades en las condiciones de adscripción de los estados miembros de la UE.

Disparidad en la movilidad de las personas (Schengen): no forman parte el Reino Unido, Irlanda, Chipre, Rumanía y Bulgaria.

Disparidad del marco financiero y monetario (Unión monetaria): no forman parte de la Eurozona ni entran en la disciplina del BCE Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía, Suecia y Reino Unido.

Disparidad de renta: Luxemburgo es un caso aparte (con su nivel muy por encima del resto); Irlanda, Austria, Suecia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Reino Unido y Finlandia se sitúan aproximadamente entre 26 mil y 36 mil euros; mientras que por debajo de los 20 mil euros se sitúan Eslovaquia, Lituania, Estonia, Portugal, Grecia, Polonia, Hungría, Letonia, Croacia, Bulgaria y Rumanía.

Disparidad de asimilación del cuerpo legislativo europeo: se verifica un goteo continuo de adecuaciones legislativas nacionales, en un proceso prolongado que permite mantener durante períodos variables un marco jurídico heterogéneo.

Disparidad de intereses internacionales: las diferentes actitudes ante la inmigración afloran ahora, emitiendo señales contradictorias en relación con las oleadas de refugiados, al tiempo que se admite que las políticas reales de asilo se sitúen en extremos opuestos (los ejemplos evidentes son los de los países escandinavos y España), poniendo de paso en entredicho el propio Schengen. Pero el quid de la cuestión está en el origen de esas oleadas de refugiados, provocadas sobre todo por la intromisión occidental y por la destrucción de los estados libio, irakí, sirio, yemení, etc., con la participación activa de algunos estados miembros de la UE. En los mismos términos se podría recordar las actitudes verdaderamente opuestas de algunos estados miembros en la época de la desmembración de Yugoslavia.

Con todas estas disparidades y faltas de homogeneidad en la Europa de los veintiocho, sin olvidar las enormes diferencias de tamaño (desde los 80 millones de habitantes de Alemania hasta los 400 mil de Malta), cabe afirmar que las condiciones objetivas para desplegar un proyecto compartido son poco favorables, lo que exige un esfuerzo de voluntad muy sólido y consensuado, que es justamente lo que hoy brilla por su ausencia.

Pérdida de valores sociales

Destacan el arrinconamiento de la justicia social en nombre del control del déficit público y el refuerzo de la vocación represora del sistema democrático, debilitando al tiempo su calidad representativa.

Estas deficiencias ponen en duda el alcance de la Unión más allá de los propósitos puramente comerciales y financieros. Sin una Europa social encabezada por una dirección política fuerte, ni siquiera se puede asegurar que la unidad económico-financiera sea sostenible, y, lo que es peor, para algunos estados puede no ser siquiera deseable. La trayectoria reciente de Grecia es el anuncio de que otros países, en condiciones parecidas, llegarán a encontrarse en una tesitura similar. Es decir, ni siquiera lo conseguido y aparentemente consolidado muestra la solidez suficiente para que se pueda asegurar que es irreversible.

Una regresión generalizada de la UE no es en absoluto descartable. Detenerla es tarea urgente.

Ausencia de liderazgo

Ausencia de liderazgoLa UE sufre la coexistencia de líderes políticos sin perspectiva histórica y cada vez más encerrados en una dinámica cortoplacista suicida. El necesario esfuerzo de la voluntad conjunta no encuentra promotores en estos dirigentes miopes y carece de apoyos en ciudadanías que han pasado de la cultura de la satisfacción a la de la supervivencia, de la expectativa del bienestar a la resignación. Solo en algunos países, por ahora principalmente del sur de Europa, comienzan a dejarse ver cuestionamientos básicos, que resultan imprescindibles para levantar una arquitectura social alternativa.

El liderazgo encarnado en dirigentes políticos europeos reconocibles y fiables no existe por ahora, y solo cabe esperar que los esfuerzos en esa dirección terminen por generar al menos una dirección colectiva con capacidad de liderazgo a futuro.

Metástasis corruptiva

Metástasis corruptivaLa corrupción ha pasado de ser una práctica marginal perseguida a una costumbre social aceptada. Casi resulta inútil el esfuerzo de analizar y buscar las raíces de este proceso de descomposición, porque ante evidencias tan generales y tan ilustrativas, la sola representación fáctica basta para comprender la profundidad del mal y la imperiosa necesidad de poner fin a este estado de cosas si se quiere avanzar por el camino de la recomposición social.

Pero, sin duda, la hegemonía del capital financiero no hace sino acrecentar las posibilidades de materializar corruptelas y poner los beneficios obtenidos a buen recaudo. Cuando los mecanismos de control institucional se ponen en consonancia con los intereses del 'establishment' y a la altura de la tolerancia social, la metástasis es segura.

La lucha contra esta lacra solo puede avanzar guiada por una representación democrática fuerte y desde las bases mismas de los estados-nación europeos.

El esfuerzo de consenso para sostener un liderazgo fuerte que avance en la convergencia de los miembros de la UE es entonces el objetivo cercano más necesario, que deberá convertir la superación de las disparidades en la meta estratégica principal y la consecución de un acuerdo norte-sur en la mejor arma para la acción a medio plazo.

Esta situación crítica representa una dificultad añadida para los países miembros que padecen problemas internos graves, puesto que la gran sociedad del desarrollo y la solidaridad pretendida con la UE es, hoy por hoy, un conglomerado heteróclito en el que cada cual busca satisfacer a su manera las exigencias del poder financiero supra-nacional.

Trasladar la batalla a niveles supra-nacionales y privilegiar la lucha política con énfasis en los objetivos económicos en lugar de encerrarse en la lucha política "pura" son algunas respuestas a los desafíos económicos

El proceso de deterioro y aumento de la desigualdad social viene de lejos; por ejemplo, la población más pobre de Alemania ha ido perdiendo renta y poder adquisitivo en los últimos veinte años, como señala David Card, economista de la Universidad de Berkeley, en El País, el 26 de julio de 2015, que añade que “sea cual sea el crecimiento de la productividad, la ganancia se redistribuye cada vez más hacia el 10% con más ingresos”. Y esta acelerada concentración de los ingresos entre ese 10% es en España una evidencia, como lo pone de manifiesto la AEAT en agosto de 2015: la masa salarial del sector privado ha caído en estos años más de un 18%, y la de los funcionarios más de un 4%, mientras la de los ejecutivos y directivos, que forman parte de ese club de los más ricos, ha aumentado en más de un 16%.

El contexto aquí esbozado está constituido por los elementos siguientes:

1. La “crisis” entendida como parte del proceso de transformación del modelo económico

El modelo económico capitalista se agota. De ahí la referencia a la exposición de Larry Summers, aludiendo a las burbujas como soporte de nuevos desarrollos capitalistas, pero con una eficacia expansiva decreciente.

Desde luego le es necesario al modelo aumentar la tasa de explotación, porque es útil en todos los sentidos: el económico, porque apuntala los beneficios; el cultural, porque acelera la adaptación a las nuevas exigencias del modelo; etc. Como señala Alberto Garzón Espinosa, eldiario.es, 28 de julio de 2015), el papel subordinado de la economía española es estructural y nos aboca a sufrir la imposición de una estrategia como la que estamos viendo desplegarse:

“En realidad, el subdesarrollo relativo de la economía española o griega es estructural, es decir, es parte del reparto de cartas en la economía mundial.” “Y el diseño institucional de la Unión Europea y la eurozona no sólo no corrigen esa circunstancia sino que la agravan. Es más, las reformas estructurales impuestas por la troika en los países del Sur de Europa tienen como objetivo profundizar en el carácter periférico y dependiente de estas economías. No hay ningún propósito de modificar las estructuras productivas y hacerlas converger con las del centro”.

Es interesante recordar que el lugar de España en la división internacional del trabajo viene siendo subordinado desde la época del Imperio colonial, cuando los medios de pago - el oro y la plata de América - permitieron el funcionamiento de una economía mercantil pero al tiempo impidieron el desarrollo de la industria, manteniendo a gran parte de la población en la miseria y la exclusión y eliminando el excedente demográfico a través de la emigración colonizadora. El modelo sigue en gran medida vigente, como lo muestran el déficit exterior estructural y la vuelta a la expulsión de población tras un breve paréntesis.

Pero el nuevo modelo necesita sobre todo prescindir de una parte creciente de la población en edad de trabajar. La exclusión responde a un excedente estructural, no coyuntural: como se dice en la sección de opinión del diario El País, del domingo 9 de julio de 2015, bajo el título “Precariedad peligrosa”:

“Gran parte de los parados de larga duración se convierten en desempleados permanentes cuando rebasan los 40 años. A partir de esa edad, el asalariado se convierte en invisible para las empresas; deja de contar en las pruebas de selección y, según el análisis de muchas empresas de empleo, es probable que no vuelva a encontrar trabajo en el resto de su vida laboral.”

Por otro lado, la paulatina liquidación de servicios sociales de gestión pública (sanidad, dependencia, educación,…) es funcional a la estrategia de creación de nuevos mercados para los negocios privados. Pero, a la larga, esto no resuelve el problema de la pervivencia del modelo económico: no pasa de ser “una pequeña burbuja poco duradera”.

La que resiste y asegura su cuota es la economía financiera. Volviendo al caso de Grecia, como dice Eduardo Garzón Espinosa, eldiario.es, 21 de julio de 2015:

“… si bien es cierto que el Estado griego ha recibido muchísimo dinero por parte de Europa y del FMI, también es cierto que la mayoría del mismo sólo ha servido para 1) rescatar a bancos privados, tanto nacionales como internacionales, 2) contribuir al negocio bancario al pagar intereses, y 3) satisfacer pagos comprometidos con organismos internacionales; mientras que sólo una reducida proporción… ha servido para llevar a cabo el gasto corriente del Estado griego…”.

La economía real deja de interesar: su expansión no forma parte de las estrategias económicas y su modernización tiene efectos demasiado limitados (véase la ausencia de política industrial).

2. La política como eje de la acción

Lo que se dirime es ante todo una cuestión de poder: quién decide y hasta qué punto tiene que justificar sus acciones.

El desplazamiento de los centros de decisión desde las instituciones más cercanas a la soberanía popular hacia instancias muy alejadas y menos visibles para los ciudadanos hace que los estados-nación queden fuera de juego: los pueblos son convocados para resolver cuestiones menores, mientras las cuestiones mayores quedan fuera del alcance.

A escala europea, los equilibrios de la posguerra se han roto, entre otras razones principales porque, como señalaba Helmut Köhl en una entrevista, la nueva generación de dirigentes alemanes no vivió la guerra y muchos de ellos ni siquiera recuerdan la condonación de la deuda que a Alemania le permitió salir de las miserias de los años cincuenta: es exactamente el caso de Merkel, a la que Köhl se refería específicamente, que además de pertenecer a una generación de posguerra se educó en la RDA, sin llegar a tener una percepción clara de la importancia de la entente franco-alemana.

3. La traslación de los enfrentamientos para evitar la ocultación

Un relato de magnificación de las reacciones populares ante la crisis es necesario para justificar ciertas medidas represivas, concebido para elaborar por anticipado una respuesta a lo que se presume probable: el caso griego sirve como espantajo, desplaza la discusión al terreno de los problemas nacionales de Grecia y permite eludir la cuestión principal, que es la grave crisis de ámbito europeo. De paso, se advierte que el castigo puede extenderse a todos esos europeos “perezosos”, que señala la prensa alemana, marcando la frontera entre la Europa protestante-anglicana y la Europa católica-ortodoxa; entre la Europa germana y anglo-sajona y la Europa mediterránea; entre la Europa de la sensatez y la de la radicalidad, como enfatiza cada vez más buena parte de la prensa escrita en España.

Mientras se atraviesa la fase de transición, con la adaptación del entramado institucional y del marco jurídico, el sistema asume que tiene la obligación de mantener una cierta legitimidad democrática: se trata de una acción puramente instrumental y que se irá adaptando a las exigencias de cada fase, introduciendo herramientas que guardan la apariencia democrática pero anticipan las nuevas reglas del juego más restrictivas que se van imponiendo.

Ante esto, es útil preguntarse:

¿Cuáles son los principales desafíos y cuáles pueden ser las líneas de respuesta?

1. El modelo económico que conocemos está en fase de recomposición, una vez que su fundamento principal, que sigue siendo la explotación del trabajo (el ajeno y, cada vez más, el propio), encuentra crecientes dificultades para sostener su reproducción ampliada.

La expulsión de mano de obra y la multiplicación de burbujas financieras son las principales respuestas del modelo desde hace unos años, con desprecio por los equilibrios básicos entre economía financiera y economía real y entre utilización de los recursos y sostenibilidad económico-social y ambiental.

Las respuestas alternativas que suelen proponerse carecen de eficacia porque se auto-limitan en dos sentidos: operan a escala de estado-nación y continúan encerradas en la polémica acerca de la salida de la crisis.

Las respuestas vivas solo podrán encontrarse a través de un cambio de plano: trasladar la batalla a niveles supra-nacionales y privilegiar la lucha política con énfasis en los objetivos económicos en lugar de encerrarse en la lucha política “pura” (constitución, instituciones, sistema electoral, etc.), que únicamente permite repartir otra vez las mismas cartas.

2. El modelo político democrático que conocemos está, si no muerto, como mínimo en estado de rigidez avanzada. Su utilidad, más allá de las batallas locales y de corto plazo, está anulada por las propias dimensiones del desafío.

El empate político ha permitido mantener una apariencia de juego democrático mientras las grandes cuestiones se decidían en ámbitos muy alejados de la soberanía popular. Las respuestas tradicionales del sistema han resistido hasta la llegada de la indignación popular, y ahora, cada vez más, se dejan ver las garras afiladas que toman la forma de leyes represivas y que anticipan una ofensiva general en toda regla.

Las respuestas efectivas tendrán que basarse en la convergencia de una soberanía popular recuperada dentro de los límites del estado-nación y una superación de esos límites a través de alianzas transformadoras a escala europea, quizás inicialmente en la Europa del sur, hasta que alemanes, holandeses, finlandeses, etc. descubran que ellos tampoco forman parte de ese 1% más rico, en el que solo estarán sus representantes en el “poder financiero mundial”.

Los acontecimientos se van precipitando, pero muchos indicios iban apareciendo desde el comienzo de la "crisis". No está de más intentar una reflexión que permita apartar los árboles para ver el bosque

Siempre es posible encontrar la inspiración en una fuente insospechada. En este caso, una intervención de Larry Summers –ex secretario del Tesoro estadounidense, con Bill Clinton, y asesor de Obama– en un foro del FMI, en noviembre de 2013. Llamó la atención sobre la evolución de la economía durante la “crisis”, las burbujas económicas y su probable significado:

Los acontecimientos se van precipitando, pero muchos indicios iban apareciendo desde el comienzo de lo que por simple analogía o por intereses ocultos se ha dado en llamar “crisis”, aludiendo a ciclos económicos y buscando el parangón con la crisis de los años treinta. Por eso no está de más intentar una reflexión que trascienda los estereotipos y las extremas simplificaciones, de manera de apartar los árboles para ver el bosque.

Para no perderse en la maraña de argumentos ni deslizarse de unos planos de análisis a otros de forma inadvertida, puede ser interesante una primera aproximación en términos sintéticos, bajo la forma de hipótesis centrales que encaucen la reflexión (algunas simplificaciones previas son necesarias: por ejemplo, hablamos de un “poder financiero mundial”, que se deja ver en Davos y otros clubes exclusivos pero actúa principalmente sin caras visibles, a fin de evitar discusiones improcedentes acerca de su configuración y sus mecanismos). Tales hipótesis pueden ser las siguientes:

1. La denominada “crisis económica” no es un estado pasajero del sistema, del que se puede salir aplicando las medidas adecuadas, sino una fase culminante de la recomposición de la economía mundial iniciada hace unos treinta años y acelerada en Europa en los últimos veinte.

2. La discusión acerca de las medidas más adecuadas para afrontar la “crisis” tiene dos vicios originarios: tiende a situarse a menudo en el plano doctrinario (marxismo-keynesianismo-neoliberalismo), lo que produce el efecto inmediato de circunscribir la reflexión a la esfera económica y olvidar su vertiente política; y facilita la ocultación del verdadero objetivo de las intervenciones, que no es el de la superación de la “crisis” y, sobre todo, no es el del retorno a la situación desahogada de pre-“crisis”.

3. La polémica situada en ese plano, el de la “crisis” y sus soluciones, suscita además una cuestión inquietante, que empuja a arriesgar una hipótesis: no cabe suponer que todos los intervinientes son torpes. Ni los jerarcas de la economía alemana ignoran que las medidas pro-cíclicas enconan aún más la situación, ni los analistas críticos deberían pensar, quizás ingenuamente, y ni siquiera sugerir, que esos jerarcas están profundamente equivocados. Esta es una orientación muy presente en los análisis de Krugman y Stiglitz, como lo es también en la siguiente reflexión de Juan Torres López, en público.es del 23 de julio de 2015:

O en el artículo de Emilio Ontiveros, en el suplemento de negocios de El País del domingo 9 de agosto de 2015, titulado “Horizonte nublado en la eurozona, según el FMI”:

O en el artículo de Bradford deLong, en la misma edición del periódico, titulado “¿Quieren provocar otra depresión?” y en el que se dice, por ejemplo:

Entiendo que es necesario recapitular a este respecto en los siguientes términos:

- La visión de Schäuble, las políticas económicas adoptadas o los funcionarios de la eurozona repitiendo ‘las torpezas de los años treinta’ no obedecen a errores sino esencialmente, aunque pueda haber excepciones, a un monumental engaño: ocultan sus verdaderos fines. No son responsables obcecados en imponer la visión neoliberal de salida de la crisis, sino personas que saben muy bien que la estrategia neoliberal conduce al objetivo deseado: imponer del todo en Europa la hegemonía económica del “gran poder financiero”, con Alemania a la cabeza.

- En cuanto a la democracia, la conclusión prácticamente inevitable es que tal como la conocemos en los estados-nación no es ya funcional y hay que constreñirla-eliminarla.

- En suma, la idea de que los actuales dirigentes “lo hacen muy mal” es uno de los núcleos del enfoque erróneo: lo hacen bien pero ocultando su objetivo estratégico. Lo que hay que denunciar es el objetivo, no la calidad del enfoque y de las medidas aplicadas.

Como consecuencia, para quienes se oponen a esto se hace necesario orientar la acción hacia la democracia pan-europea: en nuevatribuna.es, del 28 de julio de 2015, se dice que “Ianis Varoufakis […] prepara un partido de alcance europeo para luchar contra las políticas de austeridad y para reclamar más democracia dentro de las instituciones europeas”, lo que iría en esta línea.

Todo este proceso intelectual y la acción política consiguiente tienen lugar en un plano que no les corresponde y, sobre todo, con la mente puesta en un objetivo que es como una sombra chinesca: nos muestran los desastres de la crisis que habría que corregir, justifican así las medidas aplicadas y tras ello ocultan el perfil del nuevo modelo económico en gestación.

4. Una vez asumido que estamos hablando de cosas y en planos diferentes, tenemos que dar el paso siguiente, que es el de enunciar las hipótesis más prácticas:

a) El campo de enfrentamiento en este momento no es solo ni principalmente el económico sino el político. Por eso tienen mucho más alcance práctico inmediato y también estratégico las medidas políticas que las económicas que se están poniendo en práctica: la ley “mordaza”, en España; la reforma – en realidad, el sometimiento - de la BBC en el Reino Unido; el despliegue militar en Europa oriental y el cordón sanitario en torno a Rusia – no sea que volvamos a los equilibrios de la guerra fría, que podrían dificultar la instauración del nuevo modelo -; el aumento de los gastos en armamento; la negociación de acuerdos estratégicos sin control democrático;…, todo ello como parte del proceso de creación del marco jurídico-institucional y fáctico que fortalecerá la posición del “poder financiero mundial” ante el agotamiento del modelo económico capitalista y la creciente indignación y sublevación de las poblaciones perjudicadas.

b) El territorio en el que de verdad se libran las batallas no es el de los estados-nación que conocemos sino el de las instituciones y los foros supra-nacionales, y la materialización de los objetivos del “poder financiero mundial” se gesta a través de instancias informales y opacas que hurtan la discusión a los pueblos europeos: el tratado ITTP es a este respecto paradigmático, pero hay que destacar también arquitecturas de violencia como la Troika abatiendo a Grecia y advirtiendo a los futuros veleidosos y potenciales imitadores de la dureza que pueden aplicar.

c) La democracia representativa en el marco del estado-nación que conocemos pierde paulatinamente su valor: su legitimidad se vacía de contenido y consigue únicamente sobrevivir en los microcosmos de la vida local, donde no se dirimen cuestiones esenciales para la distribución de la renta a gran escala ni para la reproducción ampliada del modelo económico vigente, ni, sobre todo, para el nuevo modelo económico que se está construyendo.

Estas hipótesis configuran en principio el marco de referencia para situar la confrontación que realmente se está produciendo, y deberían servir para ayudar a definir la estrategia de quienes consideran indispensable afrontar el reto planteado por el “poder financiero mundial”.

No está de más añadir que se llega con mucho retraso a ese frente de batalla, lo que obliga a desplegar un esfuerzo inusitado de análisis, diagnóstico, creación de instrumentos y entrada en acción de las fuerzas disponibles en un período de tiempo muy corto.

Veremos qué es lo que hay que afrontar en el próximo futuro.