“La seguridad de la gente no se puede basar en grandes presupuestos militares, las bombas más grandes y los estados policiales más fuertes. Se debe basar en la seguridad ecológica, la seguridad económica, la seguridad cultural, la seguridad política y de género. La reconstrucción de estas múltiples seguridades es el único modo para crear paz, justicia”. Estas palabras de la activista ecofeminista Vandana Shiva sintetizan la posición de las y los ecologistas de todo el Estado, frente a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid los próximos 29 y 30 de junio:

La entusiasta acogida de esta cumbre por parte del gobierno de Pedro Sánchez se produce en un momento en el que la OTAN, una organización de carácter militar controlada por EEUU, que defiende fundamentalmente los intereses de dicho país y que estaba siendo muy cuestionada por diversos actores en los últimos años, ha vuelto a tomar protagonismo tras la invasión de Ucrania por parte del gobierno ruso. En este contexto se inscriben también las palabras del presidente del Gobierno anunciando aumentos muy importantes de los presupuestos militares hasta 2030, y la utilización de una retórica bélica cada vez más cruda por distintos miembros del Gobierno y de algunos de nuestros representantes en la UE entre los que cabe destacar a Josep Borrell, justificando el aumento del gasto militar y legitimando la guerra como mecanismo de resolución de conflictos. Estos elementos, junto a la apuesta incondicional por la OTAN forman parte de una escalada militarista en toda regla.

En un contexto de emergencia climática, crisis ambiental global y agotamiento de los combustibles fósiles y otros recursos naturales, en el que se agudizan las tensiones entre los territorios, se incrementa la presencia militar y el riesgo de conflictos armados por el control de dichos recursos, es ineludible hablar de gasto militar y militarismo. No solo por los enormes impactos ambientales y la muy significativa contribución del sector militar –que sin embargo suele estar invisibilizada y excluida de las grandes discusiones climáticas– a las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI); sino porque la consideración del calentamiento global como factor desestabilizador de las relaciones internacionales por parte de gobiernos y organizaciones como la OTAN se utiliza cada vez más como justificación de la escalada militarista.

Se estima que las emisiones de CO2 de los ejércitos de todo el mundo generan entre un 5 y 6% del total de emisiones de carbono. Las fuerzas armadas de EE.UU. (responsable del 38% del gasto militar global) [1] consumen más petróleo y emiten más GEI que la mayoría de los países de tamaño medio. La actividad militar de EE.UU. fue la responsable de la emisión de 212 millones de toneladas de CO2e durante el año 2017, casi el doble de las emisiones de Bélgica (114 millones de toneladas) o la mitad de las de Francia (471 millones) durante el mismo año. Según distintos estudios, como se recoge en el [2] informe Militarismo y Crisis Ambiental del Centre Delàs, el deterioro ambiental y el aumento de las emisiones de GEI son inherentes a los procesos de militarización de las sociedades.

Pero además de contribuir al calentamiento global, el aumento del gasto militar detrae recursos que podrían invertirse en frenarlo y en mejorar la capacidad de adaptación a sus consecuencias bajo criterios de justicia social y climática. Este concepto, el de justicia climática, es clave en un mundo en que los desplazamientos humanos por causas ambientales –especialmente en países del Sur global con una responsabilidad histórica mínima en la generación del calentamiento global– no dejan de aumentar y en el que los derechos de las personas migrantes se vulneran de forma sistemática en las fronteras militarizadas.

Nos oponemos a la militarización de las sociedades, a todas las guerras, a todas las invasiones. Creemos que ninguna transición ecológica será posible sin procesos de desarme y desmilitarización que incluyan la reducción del gasto militar mundial, la reconversión de la industria armamentística y el desmantelamiento del arsenal nuclear, un escenario en que una organización como la OTAN no tiene cabida. 

Es por esto que ecologistas de todo el estado, diversas y organizadas, hacemos un llamamiento a vernos en las calles, el próximo 26 de junio a las 12h, en la manifestación contra la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid. La protesta, que se desarrollará entre Atocha y la Plaza de España, está convocada por la Plataforma Estatal por la Paz: OTAN no, la Asamblea OTAN NO Madrid y la Asamblea Popular contra la Guerra. Desde el mes de octubre de 2021, Ecologistas en Acción junto con decenas de colectivos, organizaciones y movimientos sociales de todo el estado, trabaja para dar una respuesta social a la celebración de esta Cumbre militar, que “blindará” Madrid el 29 y 30 de junio a instancias de Pedro Sánchez y su gobierno con 10.000  efectivos policiales. 

Ecologistas en Acción participará también en la Cumbre por la Paz que se celebrará en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO, los días 24 y 25 de junio y que contará con el concurso de movimientos sociales y de referentes culturales como la periodista Olga Rodríguez o el escritor e investigador Carlos Taibo.

Bajo el lema “NO a la OTAN, NO a las Guerras. Por la Paz”, y  las reivindicaciones “Bases Fuera y ”NO a los presupuestos militaristas. Vuestras guerras NO las pagamos“ hacemos esta llamada a la protesta en defensa de la vida. Nos manifestamos porque la protesta organizada es una herramienta para la transformación social frente a la escalada bélica -no podemos olvidar que a día de hoy hay guerras o conflictos además de Ucrania en Siria, Yemen, Etiopía, Afganistán, Sáhara, Palestina o Somalia…- y la emergencia climática mundial. Protestamos a sabiendas de la criminalización y persecución que sufren las defensoras de derechos humanos y del planeta. Mientras escribimos estas líneas, 14 compañeras ecologistas han sido detenidas por la brigada antiterrorista. Su delito fue denunciar la crisis climática frente al Congreso, empapando sus paredes de remolacha mezclada con agua. Mientras ”el Ministerio del Interior ha ordenado que se someta a una vigilancia exhaustiva cualquier tipo de convocatoria, por minoritaria que parezca“, las ecologistas nos organizamos, nos manifestamos para defender el derecho a la vida y animamos a participar en los actos y movilizaciones convocadas. 

Con Vandana Shiva, el enfoque de seguridad que defendemos está basado en las necesidades y los derechos de las personas. El modelo de securitización y militarización a escala nacional sirve de poco frente a problemas globales como la crisis ambiental a la que ya nos estamos enfrentando.  

El pasado mes de enero una insólita noticia se coló en las portadas de numerosos medios de comunicación: una mujer fallecía en Nevada, Estados Unidos, a causa de una infección resistente a 26 antibióticos distintos. Esta infección fue causada por una mutación de la bacteria 'Klebsiella pneumoniae', o lo que es lo mismo: una superbacteria (como se conoce coloquialmente a las bacterias resistentes a los antibióticos). La mujer había enfermado tras ser hospitalizada en la India por una fractura de pierna. Este hecho bastante ordinario en la India o en China se convertía así en un suceso alarmante para el norte del mundo. La resistencia a los antibióticos es un problema que alcanza dimensiones globales y el papel que desempeña la industria farmacéutica en este es una pieza clave para entender cómo se ha llegado a esta situación.

Cada vez existen más evidencias de que las multinacionales contribuyen a extender la resistencia a los antibióticos con la contaminación que provocan sus centros de producción o los de sus proveedores. En el estudio publicado por SumOfUS, Medicamentos tóxicos: Cómo determinadas compañías farmacéuticas contribuyen al aumento de superbacterias resistentes a los antibióticos, se denuncia que las condiciones insalubres en los procesos productivos y el inadecuado tratamiento de los vertidos generados por la fabricación de antibióticos en China e India (donde se fabrican la mayor parte de nuestros medicamentos) se convierten en caldo de cultivo de las superbacterias.

Las investigaciones de Changing Markets publicadas en 2017, Resistencia a los antibióticos: Cómo la contaminación de las fábricas de medicamentos en India y China está disparando la aparición de las superbacterias, indican además que la industria farmacéutica con su compleja red de interconexiones y su característica opacidad, juega un papel protagonista en la crisis internacional de la resistencia a los antibióticos. Gran parte de las empresas denunciadas por la organización han sido señaladas por distintos medios de comunicación como responsables de vertidos en ríos y canales de China e India. Esta contaminación gradual trae consigo la proliferación de bacterias resistentes que “no son solo perjudiciales para las poblaciones locales, sino que también pueden propagarse por todo el mundo a través del transporte y el comercio”. El mensaje que envían es contundente: “Las malas prácticas en la producción local tienen un impacto en la salud pública mundial y por tanto es un problema que necesita ser abordado a nivel global”.

Según un informe de la OCDE, publicado en 2015, existe una relación estrecha entre la resistencia a los antibióticos y su consumo, tanto humano como animal. En consumo de antibióticos en el medio hospitalario, España se encuentra por encima de la media europea, con unas cifras estimadas del 46%, lo que nos sitúa en quinta posición en cuanto al consumo de antibióticos en Europa a nivel hospitalario. Sólo este dato puede darnos una idea de la tasa tan elevada de selección y diseminación de la resistencia a los antimicrobianos que existe en España.

Ante este escenario, la comunidad internacional ha dado por primera vez una respuesta conjunta y ha reconocido que el fenómeno de la resistencia antimicrobiana es el “mayor y más urgente riesgo global” al que nos enfrentamos. Tanto es así que la Asamblea General de la ONU aprobó el pasado 21 de septiembre una declaración política en la que los 193 países miembros se comprometen a llevar a cabo medidas que frenen esta amenaza.

Existen tres focos de proliferación de resistencia a los antibióticos. El primero tiene que ver con las malas prácticas por parte de pacientes y profesionales sanitarios ( a través de la sobremedicación o la medicación innecesaria o inadecuada). El segundo, con la industria de la carne y el pescado. Según el Centro para las Dinámicas de las Enfermedades, Economía y Políticas (conocido por sus siglas en inglés CDDEP), el 50% del consumo global de antibióticos se produce en el proceso de cría de animales para la alimentación. Esto es debido a que los antibióticos aceleran el crecimiento de los animales y, además, se utilizan como profilácticos de forma preventiva para contrarrestar las condiciones insalubres de la cría intensiva. En la Unión Europea se prohibió en 2006 su uso como suplemento alimenticio para animales y se está trabajando actualmente para aprobar un reglamento que extienda esta prohibición a todo consumo de antibióticos de forma preventiva.

Afortunadamente, ambas perspectivas ya han roto el silencio mediático. La tercera, que señala directamente a la responsabilidad de industria farmacéutica y sus malas prácticas, es algo más difícil de poner sobre la mesa siendo un factor clave. La lucha debe de ser global: se necesita combatir desde todos los ejes que forman parte del proceso de creación de superbacterias. Si no lo hacemos, perderemos la batalla contra la resistencia a los antibióticos. Por esta razón, debemos pedir a las grandes farmacéuticas que pongan en marcha medidas efectivas de prevención y control de la contaminación y que mejoren los estándares de gestión de residuos. Además de aplicar políticas de transparencia total que revelen el origen de sus medicamentos.

Unas 700.000 personas mueren al año en el mundo a causa de enfermedades que no se pueden curar con antibióticos (25.000 en la Unión Europea), según el informe del Review on Antimicrobial Resistance. Las proyecciones dicen que esta cifra subirá a 10 millones en 2050. Mientras tanto, los servicios de salud pública destinan grandes cantidades de dinero a combatir y subsanar la resistencia antimicrobiana al tiempo que compran sus medicinas a las farmacéuticas que generan el problema.

Nos equivocaríamos si pensásemos que lo que está ocurriendo en Siria nos es ajeno. ¿Qué pasará conforme avance el cambio climático y disminuya la disponibilidad de agua, como predicen los modelos climáticos? ¿Y cuando, además, sea cada vez más difícil obtener energía como consecuencia del agotamiento progresivo (o no tan progresivo) de los recursos fósiles?

La situación siria tiene detrás múltiples desencadenantes. Las razones últimas son de orden sociopolítico, pues la organización social y el reparto de los recursos en un territorio termina estando marcado por el tipo de estructura social que impere. Sin embargo, una misma organización social se puede ver tensionada por cambios en el entorno físico en el que se desenvuelva, lo que puede desencadenar una crisis.

Este sería el caso de Siria. Así, la terrible sequía que sufrió el país y la caída en la capacidad extractora de petróleo han sido factores que han precipitado la inestabilidad social y que sentaron las bases de la guerra. Estos hechos, en un contexto de fuerte represión y desigual reparto de la riqueza, son parte de las causas de la actual crisis de refugiados/as que no podemos obviar.

En los años previos al conflicto, concretamente entre 2006 y 2011, el 60% del territorio sirio sufrió una de las mayores sequías que han azotado la región desde el inicio de la agricultura. A esto se sumó que el régimen sirio estuvo incentivando el cultivo de algodón y trigo en regadío, lo que agotó los acuíferos del subsuelo y las reservas en superficie. Este último proceso fue especialmente intenso entre 2002 y 2008.

Una de las consecuencias de la sequía fue que, en el noroeste del país, alrededor del 75% del campesinado perdió sus cosechas y el 85% del ganado falleció afectando alrededor de 1’3 millones de personas. De este modo, la sequía fue un factor clave en el desplazamiento de población desde el campo hacia las ciudades, donde crecieron los núcleos de población empobrecida. Se calcula que este éxodo fue de unas 800.000 personas desde 2010.

Aunque no se puede afirmar con total seguridad que esta sequía estuviese causada por el calentamiento global, este tipo de fenómenos son justo los que predicen los modelos manejados por el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) para esta zona del Mediterráneo.

A esta situación se le sumó que Siria pasó en 2012 de ser un país exportador de petróleo a ser un país importador como consecuencia de haber traspasado su pico petrolero (su capacidad máxima de extracción). Esto implicó, además, una importante caída en su consumo. Se fortaleció así la crisis económica y se mermó la capacidad agrícola, fuertemente petro-dependiente.

De este modo, el empobrecimiento y el desarraigo, sumados a la falta de libertades, se hicieron insostenibles conforme la crisis ambiental, que acrecentó la económica, se fue exacerbando. A esto se sumaron los intereses de potencias extranjeras (en los que tiene mucho que ver las rutas de oleoductos entre Asia y Europa). Todo esto devino en la guerra civil actual y la crisis humanitaria de refugiados/as.

Nos equivocaríamos si pensásemos que lo que está ocurriendo en Siria nos es ajeno. ¿Cómo podrá derivar la situación española? Aquí las desigualdades y el empobrecimiento se han incrementando de forma importante durante los últimos años, también los nacionalismos de todo tipo. ¿Qué pasará conforme avance el cambio climático y disminuya la disponibilidad de agua, como predicen los modelos climáticos? ¿Y cuando, además, sea cada vez más difícil obtener energía como consecuencia del agotamiento progresivo (o no tan progresivo) de los recursos fósiles?

De este modo, desde la perspectiva siria y desde la nuestra es imprescindible frenar el cambio climático (ojo a la cumbre de París de diciembre), el decrecimiento ordenado y justo en el consumo energético, y el cambio de la matriz hacia las renovables. También dar refugio a quienes huyen de la guerra, la miseria y el deterioro ambiental.