La corrupción es la alteración más grave y contagiosa que pueden padecer las instituciones. Supone que una persona o varias, de común acuerdo, instrumenten y manejen el sector público a su antojo, en beneficio propio o ajeno. La misma patología arrasa a las corporaciones privadas si los gestores las administran imponiendo intereses particulares defraudatorios, frente a los de la sociedad o sus socios. También existen situaciones mixtas, donde lo público y lo privado se entrecruzan constantemente. Es el caso de las fundaciones como, por ejemplo, las Cajas de Ahorros, prácticamente inexistentes en la actualidad.

Hasta esta definición se suscita un cierto acuerdo general. Pero, cuando llega el momento de precisar si determinados hechos constituyen prácticas corruptas, donde el común de las personas advierte podredumbre institucional, la interpretación judicial, sin embargo, suele ser invidente. Por ejemplo, cualquier ciudadano medio se alarmaría si en un proceso penal quien ejerce la defensa es un letrado amigo del juez. No obstante, gran parte de la judicatura española no advierte la menor irregularidad en este proceder, salvo que se pruebe la amistad “íntima” entre el abogado y el sentenciador; algo, por cierto, medio imposible de probar. En definitiva, la noción de corrupción impuesta, en muchas ocasiones, no asume lo que la sociedad percibe claramente como indignante.

La corrupción y su repercusión no suelen preocupar en el día a día del lento quehacer judicial. Nuestros juzgados son adictos al trámite y al volcado mecánico de resoluciones, bajo tiempos y formas precisas para adaptarse a los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial. Esta fuerte impronta burocrática posterga, e incluso menosprecia, la sana preocupación por innovar la interpretación de las normas. La mentalidad jurídica cerrada a la evolución se ajusta a la ley como la dura cáscara de una tradición más impuesta que razonable. Sólo así puede entenderse la colosal falta de adaptación a la realidad social de nuestros tribunales, por ejemplo, en el caso de las cláusulas suelo o respecto del vencimiento anticipado de deudas hipotecarias. Ningún jerarca ha reconocido la menor responsabilidad en diversos errores judiciales notables. Esta ausencia de autocrítica por parte de un poder del Estado es incomprensible en democracia, sobre todo cuando millones de personas han tenido que depositar su esperanza en los tribunales internacionales.

Este déficit cognitivo de nuestra judicatura al fijar el criterio justo se incrementa cuando se trata de definir los límites de la corrupción. Hasta tal punto que para gran parte de la ciudadanía el problema ya no es de conocimiento, sino saber quién manda. A nuestra judicatura le falta poder, es decir, independencia, en la batalla jurídica contra los máximos responsables de la actual crisis.

La perversión institucional que está saliendo a flote en nuestro país es terrible e indignante. Una de las claves del desastre reside en la ausencia de respuesta judicial apropiada durante más de 30 años. A partir de algunas causas penales (casos Blesa o Gürtel), la ciudadanía palpó que ciertas tramas delictivas, presentes en Cajas de Ahorros y partidos políticos, resumían el origen, naturaleza y alcance de nuestra crisis económica. En el año 2011 (15M) la sociedad española inició un duro despertar a la realidad. Al abrir los ojos no supo si escandalizarse más ante la corrupción evidente o ante un poder judicial que apenas se inmutaba.

Se han movilizado variados alegatos falsos para frenar y desprestigiar el trabajo judicial contra esta plaga que vampiriza al sector público. Los corruptos se han alzado argumentando que se les investiga “inquisitivamente”; o que se están montando “causas generales” donde se persigue a la persona sin definir el objeto de la investigación. Aunque son argumentos infundados, los casos abiertos más relevantes se han triturado y archivado, o se han fragmentado impidiendo que se visualice la índole de nuestra degeneración sistémica.

En realidad, no ha sido difícil detener o ralentizar a una judicatura temerosa, o poco habituada a investigar las tramas criminales complejas del Derecho Penal Económico. Los escándalos de hoy han nacido del inmovilismo del pasado, y es poco creíble que pueda iniciarse la regeneración extrayendo a última hora cientos de imputaciones penales de la chistera. Una gran mayoría social lo piensa: no sólo es corrupto quien ha expoliado, sino también quien lo ha permitido mirando hacia otro lado. Sin esta parálisis institucional el nivel de podredumbre no hubiera alcanzado cotas tan alarmantes, ni nos veríamos como el reino de la impunidad. El Derecho llega tarde para ser el principal definidor de la corrupción, máxime en un Estado que carece de justicia independiente.

La corrupción es una noción social previa al Derecho. La sociedad española ha ido aceptando, no sin espanto, que comprende el problema mejor que muchos jueces y fiscales. Ya no soportamos los comentarios de altos cargos defendiendo su independencia de criterio, cuando en realidad son títeres de los intereses políticos que les han colocado en el cargo. La corrupción pervierte hasta la médula la finalidad de las Administraciones Públicas. Sus modalidades delictivas (prevaricación, cohecho, malversación o apropiación indebida, entre otras) hacen peligrar los cimientos de las Instituciones. El Estado moderno nació precisamente para superar esta patrimonialización del poder, vertebradora del vasallaje feudal. En esta sismología se crispa una sociedad que rechaza la forma con la que el poder establecido define, dócilmente, el alcance y naturaleza de la criminalidad que nos ha arruinado.

Nuestro actual régimen político, muy escasamente democrático, nació subordinado a las familias que hoy siguen manejándolo a su antojo, con irrelevantes variaciones desde hace casi 80 años. De este modo, la democracia cede frente a los intereses de aquellos para quienes lo público es un fértil territorio de impunidad y codicia patrimonial. Es difícil en tales circunstancias tender hacia un sistema efectivo de libertades, armonizado por la igualdad de derechos y oportunidades. No existe Estado de Derecho sin poder judicial independiente. Por estas carencias estamos alcanzando en España un nivel de alarma próximo a la ruptura del pacto social originario, fundamento de toda organización política.  

En la etimología del verbo “corromper” yace la referencia a síndromes profundamente dañinos, rectores de una descomposición global. Las Instituciones, sin ese arraigo y coherencia social cuyo prestigio en lo público se llama legitimidad, son pasto de los corruptos como los árboles muertos para las termitas. A lo largo de los años sólo queda la fina película de maquillaje que apenas disimula la profunda descomposición interna.

Por este motivo, precisamente, hay que elaborar estrategias para combatirlos mediante guías contrapuestas. A estas alturas, la reacción penal tiene poco remedio ante hechos criminalizados a nivel general. Será muy difícil resucitar a las Cajas de Ahorros, que la gente recupere la confianza en la clase política, o decomisar el fruto del expolio. Llegamos muy tarde. Hemos ignorado durante decenas de años que la corrupción se erradica principalmente mediante prevención; es decir, anticipándose a sus consecuencias irreparables.

Como contrapeso a un proceder delictivo de manual, deben forjarse protocolos de alertas en manos de supervisión antifraude bien dotada. No existe otro modo de encarar esta epidemia institucional. Pero, sobre todo, de ninguna otra forma la ciudadanía creerá que quienes encabezan las Instituciones tienen la voluntad de regenerarlas. Este acuerdo entre lo social y lo jurídico quizá sea imposible en el ámbito penal hoy en día. Al fin y al cabo, nuestra justicia ni siquiera pasó por la transición política de 1978. Pero, al menos, se podría comenzar el acercamiento en el campo de la prevención. Urge detener la creciente deslegitimación de quienes, estando obligados, no han perseguido con eficacia a esta clase de criminales denominados corruptos.

Ante tanta política disparatada, el autor se pregunta: ¿cabría refundar un Estado armónico para todas las naciones, países y territorios que integran España?

Querida lectora, resido en Cataluña, nací en Granada; y mi esposa es catalana, con igual ascendencia desde la noche de los tiempos. España es un país donde la pertenencia originaria al mismo se articula de muy diversas formas. Existen quienes se sienten españolas mirándose en su tierra. Es el caso de muchas andaluzas o canarias. Otras españolas, como las asturianas, castellanas o aragonesas, en su tierra son medularmente España. Al mismo tiempo, abundantes vascas o catalanas viven su hispanidad soportando a España. Tratándose de nuestro país, actualmente la nave carece de rumbo propio, y casi nadie encuentra acomodo satisfactorio. Otras personas no encontramos más pertenencia que a España, sin pasar por el filtro de otra nacionalidad o territorio. Soy español, mal que en ocasiones me pese o avergüence.

Durante los años 50, 60 y 70, Cataluña pasó a ser la tierra prometida de cientos de miles de andaluzas. Desde el inicio de este período fueron denominadas xarnegos, palabra cuyo origen en lengua española –lucharniego– se refiere a los perros de caza nocturna. Al principio migraron desde lo más oscuro de nuestra postguerra civil, y hallaron en Cataluña donde trabajar para sobrevivir. En el año 1974, un conocido político catalán –probablemente corrupto– se refirió a ellas como desarraigados, miserables, destruidos, hambrientos, anárquicos e inmaduros; un peligro para Cataluña ¿Por qué la descendencia de este inusitado éxodo andaluz engrosa hoy, en apreciable medida, las filas del secesionismo catalán? Hablo de gentes cuya familia abandonó el pueblo, la casa o las cuevas diseminadas por la pobreza andaluza. Habían dejado atrás una tierra de la que puedes marcharte por necesidad, como de cualquier otra, pero que es difícil de olvidar. Sin embargo, hoy parte de esa descendencia quiere separarse de España viviendo en una Cataluña independiente. ¿Cuál es la explicación de algo así?

Un sector de la catalanidad de estirpe andaluza rechaza que su origen les nacionalice. ¿Podemos comprender esta escisión? Cuando estas españolas pasaban unos días de visita o descanso en sus lugares de proveniencia, comenzarían a experimentar y darse cuenta del inmovilismo de poblaciones resignadas a la detención del tiempo. Pero, cuando se trataba de su descendencia, la experiencia, por insoportable, comenzó a fraguar el alma que se aparta de una tierra quemada, incapaz de reaccionar, perteneciente a España. Sin embargo, ¿cómo se explica que la catalanidad de estirpe originaria aceptara en sus filas a estas gentes provenientes de la Andalucía más precaria? ¿No existirá un canal de transferencia común, capaz de rendir cuenta de este lamentable proceso histórico? Sin duda, porque a estas andaluzas avergonzaba España, mirándose en su espejo de origen, Andalucía. Y a muchas catalanas avergüenza España mientras la padecen; no necesitan un espejo, porque la vivencia era y es más motora y flagrante, consciente e irresistible.

Ahora bien, no es difícil compartir esta turbación. Muchísimas personas nos avergonzamos de nuestro país, de un territorio peninsular privilegiado donde los haya, en el que, sin embargo, organizaciones políticas sucesivas han dado al traste con las mejores ocasiones que nos ha brindado la historia. No alcanzamos a comprender cómo es posible que hayan masacrado nuestras instituciones y al Estado español, convirtiéndolo en el faro de la peor ejemplaridad que uno pueda imaginarse dentro del marco europeo democrático. Quien teniendo poco no avanza provoca tristeza. Pero quien, gozando de las mejores oportunidades concebibles, las pisotea o desperdicia, se transforma en causa de rechazo e indignación. No es nada fácil explicar a un juez francés o británico la forma en que se controla a la judicatura española, con “el palo y la zanahoria”, según la expresión del actual Presidente del Tribunal Supremo español. Trabajadoras despedidas, ancianas abandonadas, estudiantes decepcionadas o sin medios para proseguir en la Universidad; millones de inversoras arruinadas o estafadas; el vapuleo diario, imparable y alarmante de noticias relacionadas con una corrupción que galopa por los fueros de su impunidad; instituciones locales, provinciales y estatales varadas en el denso fango del abuso, la ineficacia y la estolidez; millones de personas desahuciadas, a quien se les prestó dinero de forma desproporcionada, cuando no delincuencial; una Hacienda que no es Pública, porque se ceba en las de siempre, las clases medias, que van enflaqueciendo como los galgos abandonados, en la noche de un país sin rumbo de enmienda o de Justicia…

Este chapapote negro dimana de la oscuridad educativa, política y organizacional que viene martirizando secularmente a nuestra patria. Del mismo pozo provenían las más de 800.000 andaluzas que, durante unos treinta años de régimen franquista, fueron instalándose en lo que llegó a denominarse el oasis catalán. Sin embargo, el azote de la crisis ha eliminado cualquier refugio. Ya no existe tregua en España. Adonde vayas encontrarás la clave: corrupción y más corrupción. En esta tesitura histórica, gran parte de Cataluña –un país estrictamente quebrado por la crisis– apuesta por marcharse. Saben que quizá sea imposible, pero la desesperación, en circunstancias tan dramáticas, no deja ver los riesgos. Forma parte de nuestro ADN milenario. La protesta hispana suele revestirse de insurrección separatista: Ante el desolador Estado hispano, no parece que la nave tenga arreglo. Lo mejor es marcharse.

La derecha española defiende, por encima de todo, la Unidad de España. Al menos así se pronuncia machaconamente. Es verdad que, a veces, en la deformación de los afectos atávicos, quien más te quiere más te maltrata. De cualquier modo, la derecha, acostumbrada a manejar nuestro país a su antojo durante cientos de años, conoce muy bien la forja hispana, los embates que puede soportar la formidable estructura de la nave, pese a las embestidas que padezca. Nadie como el capitán advierte hasta qué extremo proceloso cabe forzar su barco. Igualmente nadie sabe más sobre estas maniobras de riesgo que la derecha mandante. Hablo de un conocimiento arquetípico, inconsciente, del que usualmente carecen las izquierdas, pues, al fin y al cabo, han mandado efectivamente poco –o realmente nunca– en España. Las debilidades y errores del socialismo se deben, en parte, a esa falta de noción básica y forjadora del país. La grandeza de un Estado le permite amalgamar, sin sufrir apenas fisuras, a los pueblos y circunstancias más diferentes y encontradas, y de esto pueden dar lecciones los Estados Unidos de América, pero mucho más España. La Hispanidad se vivencia surcando el ser asturiano, castellano, aragonés o navarro; catalán, vasco, andaluz o gallego; balear o valenciano; cántabro, extremeño, murciano o canario, o de la Rioja, Ceuta o Melilla. Todo cabe o se amasa –aunque casi nunca se armoniza– en nuestro país. Son formas muy diferentes de vivir en la nave donde nos rige el Estado. La Hispanidad, además, es tan expansiva que no necesita ninguna Commonwealth, para que al otro lado del Atlántico millones de personas hablen de la madre patria; ni tampoco una política seria sobre el idioma español, para que sea el segundo más hablado en Estados Unidos y globalmente en el mundo.

No obstante, hoy concurren circunstancias especiales que merecen reseñarse. En nuestro actual cuadrilátero partidista –PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos–, Cataluña se ha desmarcado mediante grupos políticos hegemónicos diferentes.    Es decir, probablemente Esquerra Republicana, Convergència Dermocràtica y Candidatura de Unidad Popular consigan triangular una mayoría absoluta en el Parlamento catalán resultante de las próximas elecciones, convocadas para el 27 de septiembre. Estos tres partidos, frente al cuadrilátero dominante en el resto del Estado, pretenden declarar la independencia de Cataluña. Sus votantes no ven otra salida que abandonar el Estado español. Así, sin más, mediante una declaración anclada en el pretendido carácter plebiscitario de tal cita electoral. Para la derecha esto supone algo así como fortificar una mansión con dos perros caniches. No habrá ninguna independencia, porque tal pretensión es ilegal; y, además, caso de insumisión fiscal, la Agencia Tributaria machacaría el proceso barriendo el patrimonio de las catalanas. El imperturbable semblante de Rajoy refleja su conocimiento seguro de que no hay quien rompa España. Él lo sabe perfectamente, pues, como pocos, representa el alma de la derecha histórica, la esfinge sacra del poder y el inmovilismo de pantallazo. Al margen de las críticas que, desde luego, cabe formular contra los Gobiernos que nos han regido desde la llamada transición política, apenas cuatro años de Mariano Rajoy han bastado para generar una desmoralización ciudadana y un erial institucional quizá sin precedentes. Por primera vez, gran parte de la ciudadanía es muy consciente de ello, y se avergüenza de la calamitosa imagen que ofrece nuestro país.

La vergüenza es un sentimiento húmedo y turbador. Irrita. Paraliza. Cala muy hondo, y no suele encontrar respuesta interna, fuga o solución. Al avergonzarte profundamente, firmas una especie de finiquito con la realidad. Como el asunto no tiene arreglo, sólo resta avergonzarse. Pero la mayoría de las catalanas no están dispuestas a soportar condiciones de convivencia inaceptables. Probablemente el 27 de septiembre se suban a una esperanza que les han pintado como independencia. Ha sucedido varias veces a lo largo de nuestra historia. Pero, para esta clase de episodios, España es la misma nave de siempre y su estructura está especialmente dotada. Su quilla, roda y cuadernas han probado reiteradamente que, llegado el momento, el Estado español dispone de herramientas y personas motivadas para resistir cualquier inclemencia. Creo que no hace falta concretar el espectáculo doloroso que puede llegar a organizarse. Esto sí que es un asunto de Estado, porque su desenlace nos atañe a todas y a todos los españoles.

¿Sucederá lo de siempre? ¿Cabría, por el contrario, refundar un Estado armónico para todas las naciones, países y territorios que integran España? ¿Podemos?