Desde los orígenes del profesionalismo en el fútbol español a principios del siglo pasado, hasta 1992, los clubes estuvieron constituidos como asociaciones democráticas. Incluso durante la dictadura las asambleas de socios elegían y controlaban a las directivas. El fútbol se caracterizaba por un alto grado relativo de participación de las bases.

Tras el triunfo del dogma neoliberal, la lógica privatizadora y desmutualizadora afectó también al fútbol. La Ley del Deporte de 1990 impuso a casi todos los clubes la forma jurídica mercantil, creando las sociedades anónimas deportivas (SAD). La razón del legislador era de un neoliberalismo de manual: sustituir en la ecuación de gobernanza al socio aficionado por el inversor.

Después de más de dos décadas, la situación no puede ser peor. El 51% de las SAD que militan en Primera o Segunda División están o han estado en concurso de acreedores durante la última década. Los nuevos dueños del fútbol han aumentado de forma exponencial las pérdidas, y han sido rescatados típicamente por las administraciones mediante recalificaciones urbanísticas u otras operaciones dudosas. La deuda global del sector se ha multiplicado por más de 20.

Los aficionados son ahora clientes del monopolio desregulado local que gestiona su fútbol. A menudo utilizados como rehenes cuando los dueños de los clubes negocian con las administraciones, padecen precios desorbitados en muchos casos y su activismo es penalizado por una legislación en materia de seguridad que fue precursora de la recién aprobada ley mordaza.

Para reencauzar el sector debemos partir de una definición correcta de qué tipo de instituciones son los clubes, cuáles son las peculiaridades económicas y sociales del fútbol y articular un modelo de gobernanza con niveles adecuados de regulación y participación de los grupos implicados.

Los clubes son entidades sociales y culturales. Más allá de producir bienes y servicios, son instituciones que forman comunidad creando sentimiento de pertenencia. Esto los convierte en entidades peculiares que, gestionadas según la lógica mercantil, tienden a la inestabilidad. Los aficionados seguimos a nuestros clubes por lo que son y significan en mucha mayor medida que por la calidad del producto que venden. Así, un club es el proveedor en régimen de monopolio de lo que su afición siente como una parte esencial de la vida de su comunidad.

El fútbol profesional es un sector singular. Se necesitan dos o más clubes para producir un partido o competición. La forma de distribución de ingresos entre las entidades que participan en su generación es clave. No todas las formas de reparto son equivalentes en términos de justicia, igualdad o estabilidad financiera. Actualmente, los ingresos de una temporada se distribuyen de forma desigual entre clubes y están vinculados en buena parte al éxito o fracaso deportivo en la temporada anterior (ascenso, clasificación europea…). Eso suele conllevar un exceso de inversión que, en caso de no materializarse el éxito deportivo, lleva al desastre económico.

Nuevas reglas

Ante estas singularidades caben soluciones que modifiquen notablemente la gobernanza en tres aspectos básicos.

Primero, es imprescindible la reintroducción del socio aficionado en la gobernanza del sector. Para conseguirlo, hay que habilitar y fomentar las formas jurídicas de tipo asociativo o cooperativo y crear formas de control de las aficiones organizadas sobre los clubes configurados como SAD. El único grupo implicado en el mundo del fútbol interesado en la supervivencia de los clubes a largo plazo son las aficiones, y deben contribuir a su gobierno con el fin de eliminar tentaciones cortoplacistas de otros agentes. En Alemania y Suecia, los países con mejor gestión del fútbol, es obligatoria la propiedad de los clubes por sus aficiones, y en España, a escala todavía no profesional, contamos con el ejemplo del fútbol popular.

Segundo, es indispensable el establecimiento de un sistema de regulación y supervisión financiera a través de un sistema de licencias competitivas. Tal sistema debe incluir medidas de control presupuestario ex ante y ex post, test de idoneidad para dirigentes y sólidos mecanismos de control sobre las deslocalizaciones y enajenaciones de activos inmobiliarios vinculados a la actividad deportiva. Además, debe contarse con todos los grupos implicados, incluidos aficionados, tanto en la definición de las reglas como en la supervisión.

Por último, es necesaria una redistribución de los ingresos, no sólo de televisión, que instaure mayores mecanismos de solidaridad entre clubes de categoría profesional y de éstos con el resto de la pirámide que lo sostiene. Asimismo, parte de esos ingresos debe destinarse a partidas específicas para actuaciones contra las externalidades negativas en materia de violencia e intolerancia, y para fomentar la participación de aficionados y otros grupos implicados.

* Emilio Abejón es economista y miembro de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE).

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]