Creemos que Cataluña es una antigua nación europea sin Estado, cuya población debería ejercer el Derecho de Autodeterminación, si así lo deseara mayoritariamente. Un Derecho, hoy presentado bajo el eufemismo del “derecho a decidir”, reconocido por la Carta de la ONU, que no puede ejercerse en el marco de la actual Constitución Española sin reformarla previamente. La Carta reconoce también el Derecho de los estados a defender su integridad territorial frente a ataques externos, o internos, según la interpretación que se aplique. Cuando no hay acuerdo, la contradicción se supera con las políticas de facto.

En el espacio europeo hemos visto ejemplos de naciones que, al contar con los cauces legales adecuados, han aprobado o rechazado en las urnas libremente su autodeterminación, sin abandonar el proyecto comunitario. Los europeístas convencidos deben estar orgullosos de ello.

Pero los derechos nacionales catalanes se basan en razones históricas, culturales e identitarias, que podrían justificar las aspiraciones soberanistas siempre que garantizaran el pleno disfrute de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, más allá de las preocupaciones por determinados niveles de bienestar material.

Sin embargo, los principales argumentos que esgrime el catalanismo son mucho más prosaicos, al basarse en balanzas fiscales y sistemas de financiación, en la pela según expresión coloquial catalana. Algo que no dignifica precisamente la que pudiera ser una noble aspiración emancipadora. Además de ser, en sí mismos, argumentos insuficientes y más que discutibles para justificar su propuesta independentista.

Otra cuestión son las razones por las que el catalanismo haya evolucionado hacia sus actuales posiciones. Recordemos que hace sólo 5 años era posible en la Generalitat un President del PSOE como Montilla, nacido en Córdoba, hijo de andaluces, con el apoyo de los independentistas de ERC. Y que el anterior, Maragall, también del PSOE, encabezara la defensa del Estatut de 2006, con amplias competencias de autogobierno.

El catalanismo empieza a considerar la ruptura con el Estado tras la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de junio de 2010, instada mediante recurso del PP, anulando varios artículos claves del citado Estatut y se agudiza por la intransigencia del nuevo Gobierno del PP a considerar siquiera la propuesta de pacto fiscal hecha por la Generalitat en 2012. Una propuesta equiparable al Concierto vasco que, lejos de implicar la ruptura con el Estado, buscaba la autonomía y suficiencia financiera, ante los efectos de la crisis económica y sus políticas de ajuste, que obligaban a Cataluña a emitir deuda pública propia, pese a ser contribuyente neta al Estado.

Pero el Concierto Económico basado en una relación bilateral con el Estado y una agencia tributaria exclusiva de la Generalitat se viene planteando desde el año 2000, con el segundo Gobierno de Aznar, quien pese a su mayoría absoluta se jactaba de hablar catalán en la intimidad, propiciando una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en 2001.

Un cambio de escenario tan irreconocible como el actual sólo puede explicarse por la falta de talla estadista demostrada por Rajoy y su equipo, que ensoberbecidos por una mayoría absoluta similar a la de Aznar, armados de prepotencia, intransigencia y derrochando torpeza política, lograron despertar los demonios del independentismo catalán en tiempo record. No hay seny que valga cuando la única opción es estrellarse contra el muro de la sordera centralista. Ni dignidad nacional que lo resista.

La (no) respuesta desde Madrid fue: “no hay nada en la Carta Magna que justifique un trato diferenciado para Cataluña respecto al resto de autonomías del Régimen General”, aunque quien más claro hablo sobre sus verdaderos motivos fue Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico del CSIC: “Una aplicación del Pacto Fiscal bajo los parámetros que aprobó el Parlament supondría unos ingresos de 11.000 millones de € (M€) adicionales para Cataluña y una eventual renuncia por parte del Estado a los recursos fiscales procedentes de una región con tanto peso como Cataluña, haría imposible garantizar el acceso en igualdad a los servicios públicos en todo el territorio nacional que consagra la Constitución”.

Un reconocimiento sincero de la idea ampliamente aceptada de que “España dejaría de serlo sin Cataluña’”. El PP sólo contempla el Concierto para Euskadi y Navarra“, ”y punto“, aferrándose a un fundamentalismo pseudo constitucionalista, cuando aquél podría abordarse desde la reforma de la LOFCA, como excepción del régimen común. No les importa seguir pudriendo el problema catalán, sino mantenerse en el poder guiados por el cortoplacismo electoralista, azuzando el patrioterismo españolista en las comunidades receptoras netas de, entre otros, el déficit fiscal catalán.

Pero este endiablado bucle no puede seguir retroalimentándose por más tiempo, urgiendo ya las soluciones que no sean las que imaginan ciertas mentes nostálgicas, con escenarios parecidos a los de 1934, cuando el Gobierno republicano, presidido por el radical Lerroux, suspendió a sangre y fuego la autonomía catalana o la aplicación de la célebre doctrina Espartero del Siglo XIX: “A Barcelona hay que bombardearla al menos una vez cada 50 años”…

El saldo fiscal real y asumible

La primera vez que un Gobierno de España publicó las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas (CC.AA.) y el Estado fue en 2008, referidas al año 2005. La metodología de cálculo de las mismas, hecha pública en septiembre de 2006 por el Instituto de Estudios Fiscales (IES), del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH), se basaba en dos perspectivas:

El enfoque de carga-beneficio (CB), según el cual los ingresos del Estado se imputan al territorio donde residen las personas que finalmente soportan su carga, al margen de quién sea y dónde residan las obligadas legalmente a pagar; y el enfoque del flujo monetario (FM), mediante el que los ingresos tributarios del Estado se imputan al territorio donde se localiza la capacidad económica sometida a gravamen.

Parece razonable que el enfoque FM sea el más objetivo a la hora de territorializar la aportación fiscal real de una comunidad al Estado, por ser las bases imponibles generadas en ella las que soportan la fiscalidad correspondiente en favor del Estado, independientemente del domicilio fiscal dónde se paguen dichos impuestos.

Otra cosa son las dificultades para regionalizar la fiscalidad cotizada por las empresas multi localizadas, incluidas las empresas públicas con finalidad inversora, que además aportan sus beneficios al erario, recurriéndose a estimaciones generalistas poco objetivas para las regiones que concentran una cuota mayor de beneficios.

Igual de razonable es corregir el saldo resultante, para el enfoque FM, imputando a las comunidades su cuota parte proporcional de gastos generales del Estado y servicios de interés general que, aunque no realizados en su territorio, también le benefician: acción exterior, instituciones comunes, grandes infraestructuras y defensa.

Estas balanzas fiscales, de 2005, arrojaron para Cataluña los siguientes saldos: con el enfoque CB, un déficit fiscal –gasto estatal en Cataluña inferior a los ingresos aportados por dicha comunidad al Estado- de 11.387 M€ (6.69% del PIB) y con el enfoque FM, un déficit fiscal catalán en torno a los 14.800 M€ (8.69% del PIB).

En junio de 2014, la Generalitat publicaba sus balanzas fiscales, referidas al año 2011, cifrando el déficit fiscal catalán en 11.087 M€ (5.7 % del PIB) según el enfoque CB y 15.000 M€ (7.7 % del PIB) según el enfoque FM.

Finalmente, en julio de 2015, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) publicó las que pretenden ser balanzas fiscales, las más recientes conocidas, cuya dirección encargó precisamente a Ángel de la Fuente, con el nuevo nombre de Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT), correspondientes a 2012, dando un déficit fiscal para Cataluña de 8.455 M€ (4,5% del PIB), según el enfoque CB. En plena escalada de confrontación, con su aparejada guerra de propaganda, ha desaparecido el enfoque FM para la elaboración del nuevo SCPT, con el objetivo de disminuir lo más posible el déficit fiscal catalán reconocido por el Gobierno central.

Asimismo, contrariamente al criterio del IEF de 2006, se agregan al SCPT los ingresos tributarios propios de comunidades y entes locales, que se tratan como una cesión del Estado, a modo de merced centralista. Se enmascara así el objetivo de conocer los gastos reales realizados por el Gobierno central en las diferentes comunidades y su equidad redistributiva horizontal, al presentar de forma agregada los saldos de todas las administraciones, estatal, autonómicas y locales. En suma, el SCPT no puede asimilarse a unas balanzas fiscales entre las CC.AA. y el Estado.

Tanto es así, que incluyen los impuestos del REF canario como ingresos estatales transferidos, cuando son exclusivamente canarios, basados en fueros históricos o el régimen especial con la UE. La atrevida y obtusa mentalidad funcionarial mesetaria.

Para calcular la cuota parte de gastos generales del Estado a pagar por las comunidades puede tomarse como referencia el Cupo vasco, según el cual se devuelven al Estado unos 1.500 M€/año de media para el último quinquenio, que incluyen además la inversión directa estatal, los intereses de la deuda pública y la aportación al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), ya contemplados en las balanzas del régimen común y que representan una media de un tercio del total del cupo, resultando el cupo por gastos generales de unos 1.000 M€/año, un 1.55% del PIB vasco.

Según la aportación catalana al PIB estatal en 2011, le correspondería entonces una imputación de gastos generales de un 1.55% de su PIB, unos 3.000 M€, bajando el déficit de 15.000 M€ (7.7 % del PIB), calculado por la Generalitat, según el enfoque FM, a unos 12.000 M€ (6.17 % del PIB).

Balanza fiscal ajustada con el saldo comercial

Nos hemos referido al flujo del beneficio (CB) o el monetario (FM), pero existen otros flujos económicos interterritoriales relevantes, como son los resultantes de la balanzas comercial, de bienes y servicios, gracias a los cuales en las zonas exportadoras netas incrementan su PIB, riqueza, valor añadido, rentas laborales y empresariales, junto a su correspondiente fiscalidad directa e indirecta y cotizaciones sociales.

En la balanza interregional de bienes estas transferencias son muy importantes para Cataluña. En 2011, exportó al extranjero bienes por valor de 55.524 M€ e importó 70.849 M€, con un déficit comercial de 15.325 M€. Mientras al resto del Estado, exportó 49.389 M€ (el 47% de sus ventas totales) e importó del mismo 26.705 M€, con un superávit comercial de 22.684 M€, que compensa ampliamente su déficit comercial de bienes con el extranjero, dejando un superávit total de 7.359 M€ (3.77% del PIB).

Respecto al saldo de la balanza comercial de bienes y servicios, con el resto del Estado, según datos de la Generalitat para el quinquenio 2007/2011, representó un valor medio anual de en torno al 5% del PIB, una media de 9.600 M€/año, que generan una fiscalidad declarada en Cataluña, por imposición estatal directa e indirecta y cotizaciones sociales de unos 2.016 M€. Cifra que representa el 21% del saldo comercial, aplicado en base diferentes modelos de cálculo de la fiscalidad agregada generada en toda la cadena de valor, desde la producción a la entrega de bienes y prestación de servicios.

Pero según la filosofía del enfoque FM, tales ingresos fiscales deben imputarse a las regiones españolas causantes del superávit de las exportaciones catalanas, al ser en ellas dónde dichas rentas fiscales fueron realmente generadas mediante su consumo, no pudiendo computarse, por tanto, como aportaciones de Cataluña.

El déficit fiscal calculado por la Generalitat para 2011 de 12.000 M€ (6.17% del PIB), según el enfoque FM, ya descontada su cuota parte de los gastos general del Estado, sería realmente de unos 10.000 M€ (5.14% del PIB), descontando las fiscalidad generada por las exportaciones catalanas en el resto del Estado. Este sería el saldo de la balanza fiscal entre Cataluña y el Estado, ajustado con el saldo comercial.

Tanto Pujol en su momento, como ahora Mas, han afirmado que en Alemania no se admite un déficit fiscal de los ‘länder’ contribuyentes netos superior al 4% de su PIB. Al margen de su certeza o no, parecen sugerir que dicha cuota de solidaridad interterritorial pudiera resultar asumible. Recogiendo el guante, hablamos de 7.780 M€.

Según las cifras expuestas, el déficit fiscal de Cataluña para 2011 supera dicha cuota en 4.220 M€ (2.17% del PIB) y sólo en 2.220 M€ (1.14% del PIB) con el ajuste del saldo comercial.

La financiación autonómica de Cataluña

Un sistema de financiación interterritorial justo además de acercar a las regiones hacia la media, debe evitar que las comunidades contribuyentes netas queden en peor situación de acceso a los servicios básicos que las comunidades cuyos servicios ayudan a mantener, algo que está ocurriendo de forma flagrante.

Respecto a las inversiones directas del sector público estatal (SPE), basándonos en el ‘Informe sobre financiación de Cataluña’, publicado en 2012 por el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), de la Generalitat, y teniendo en cuenta la Disposición Adicional Tercera (DA-III) del Estatut, según la cual las inversiones en infraestructuras del Estado deben equipararse al peso del PIB catalán en el total español durante el período 2007-2013, la inversión ejecutada en cumplimiento de dicha DA-III, para los años 2007 al 2010, ha sido del 15,8% de la inversión ejecutada territorializada del Estado y, por tanto, se sitúa al nivel del peso poblacional medio de Cataluña y 3 puntos por debajo del peso medio del PIB catalán, del 18,7%. En los 4 años citados, tal incumplimiento del 2.9% representó la cifra de 1.690 M€ y una media de 422.5 M€/año.

Para valorar los recursos aportados por aplicación de la LOFCA, utilizaremos los datos homogeneizados de financiación, a iguales competencias y esfuerzo fiscal, por habitante ajustado, según la fórmula fijada en la ley de financiación; y normalizando a 100 dicha financiación media por habitante ajustado en el conjunto de las comunidades.

Estos datos han sido publicados, para el periodo 2002-12, en el SCPT de 2012 y por la Fundación FEDEA, un ‘think tank’ muy cercano al Gobierno central que reconoce las deficiencias del sistema de financiación y los agravios comparativos que genera, sobre todo para Cataluña, aunque la sitúe ligeramente por encima de la media (103.2%) e incremente su financiación por habitante un 3.4% respecto a 2002.

El objetivo de acercarse a la media se cumple para Cataluña, como puede observarse en el cuadro adjunto según datos del SCPT y FEDEA, que afirma: “’A lo largo de todo el período analizado, las diferencias entre comunidades en términos de financiación por habitante ajustado se mantienen en niveles difícilmente justificables, con un desfase de más de 25 puntos entre los dos extremos de la distribución’”.

Comparando 2002 con 2012, Extremadura y Baleares ganan en torno a 10 puntos de financiación, Asturias y Cantabria en torno a 6 puntos y Galicia gana casi 5 puntos; Andalucía y Valencia pierden más de 4 puntos, mientras Canarias –la peor financiada junto con Valencia- pierde casi 15 puntos.

Más injustificable resulta comparar la financiación con el PIB por habitante que, según el CTESC de la Generalitat, tiene como consecuencia el incumplimiento del principio de ordinalidad para Cataluña, al obtener unos recursos por habitante un 3,4% superiores a la media, pero situarse en octava posición en términos relativos respecto al resto de comunidades.

Imposible no considerarse agraviados cuando, siendo contribuyentes netos, se les asigna menos financiación por habitante que varias comunidades receptoras netas, con diferencias desproporcionadas en los casos de Asturias, Cantabria, La Rioja o Extremadura. A la vista de estos resultados, es lógica la sana envidia con que Cataluña contempla la posición privilegiada de las comunidades forales y su modelo de Concierto.

En cualquier caso, son las desigualdades entre las comunidades situadas por encima y por debajo de la media las que deben corregirse, acerándolas a dicha media, en la que ya están situadas Cataluña, Madrid, Baleares y Castilla La Mancha, siendo por tanto las verdaderamente maltratadas Valencia, Canarias, Murcia y Andalucía.

Cuadro de índices de financiación definitiva efectiva, a competencias homogéneas, por habitante ajustados:

La llave de la UE está en Madrid

Los catalanistas llevan razón cuando dicen que la UE no puede expulsar a 7.5 millones de catalanes, que hoy ostentan la Ciudadanía de la Unión. Los catalanes sólo perderían tal ciudadanía por auto exclusión, al convertirse en nacionales de un Estado cuyos representantes no figuran entre las Altas Partes Contratantes firmantes de los Tratados de la UE.

Bien es verdad que el artículo 49 del Tratado de la UE regula el ingreso de cualquier nuevo Estado europeo, pero dicho Estado debe estar reconocido por todos los países miembros y, se sobre entiende, ser sujeto de Derecho internacional miembro de la ONU. Mientras esto no ocurra, Cataluña se mantendría en la UE, al ser considerada parte del Reino de España. Pero, si tal como resulta previsible, España no reconociera al eventual Estado catalán, podría no impedir su ingreso en la ONU, pero sí bloquear su adhesión la UE, al ser imprescindible su voto favorable.

Desde que Cataluña sea reconocida internacionalmente como Estado se abriría un periodo transitorio en el que pasaría a ser País Tercero en sus relaciones con la UE, cuya duración es difícil de pronosticar, aunque puede apostarse que será larga, debido a la irreductible posición española motivada principalmente por un puro instinto de conservación, si aceptamos la ya citada tesis de que “España dejará de serlo sin Cataluña”. Y nadie dude que en esta posición coincidirán todos los partidos sistémicos españoles con responsabilidades o posibilidades de gobernar en Madrid.

Para Cataluña, la llave de entrada a la UE está en Madrid. “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, nos recuerda ‘El Noi’ Joan Manuel Serrat.

Lo que sí podría mantener Cataluña es el euro como moneda, mediante un acuerdo monetario con la UE, contemplado en el artículo 216 del Tratado de Funcionamiento (TFUE), que sólo necesita mayoría cualificada. Ya se ha aplicado a Andorra, San Marino, Vaticano y Mónaco. Mientras se negocia el acuerdo, puede seguir usando el euro de facto como hacen Kosovo y Macedonia, aunque sin capacidad de influencia sobre la política monetaria.

Posibles salidas al conflicto

La madre del candidato de Junts pel Sí, Raül Romeva, declaraba el 13 de septiembre pasado a El Mundo, al preguntársele cuándo se había hecho independentista su hijo: “Supongo que como todos. Hace 2 o 3 años. Yo no lo era entonces pero ahora…”.

Ya expusimos las que entendemos como razones de este brusco cambio de escenario, justo desde que gobiernan Rajoy y el PP, herederos de la histórica visión imperial arrogante y necia que condujo a España al fracaso en Hispanoamérica, en el Siglo XIX, sin capacidad siquiera para reconducir los procesos en la línea de la Commonwealth británica. Ahí los tenemos ahora intentando manipular el TC o amagando con la doctrina Lerroux-Espartero. Admirar a Torrente es lo que tiene.

Parece claro que un cambio de interlocutores políticos en Madrid tributarios de la España creativa, progresista y tolerante sería muy conveniente para recuperar, al menos, el nivel de diálogo de la década pasada.

Puestos a buscar soluciones economicistas, como pretende la actual dirigencia catalanista, deben reflexionar mucho sobre el inexorable escenario como País Tercero al que se verían abocados en sus relaciones con la UE, gobiernen el PP y/o el PSOE, tanto monta.

Escenario que haría disminuir la competitividad de su sector exportador, vital para su economía, orientado tanto a la UE -incluida España-, como a los países con quienes mantiene preferencias arancelarias, al situarse fuera de la Unión Aduanera (UA), pagar Tarifa Exterior Común (TEC) y padecer las barreras disuasorias y administrativas del efecto frontera. En las exportaciones a España no sería desdeñable un descenso añadido importante, condicionado por el efecto desgarro que produciría la independencia en el ánimo de los consumidores españoles.

También es previsible la deslocalización de muchas empresas fuera de Cataluña, para no salir del mercado interior comunitario. Lo mismo que la menor competitividad de sus grandes infraestructuras frente a otras de su entorno, con la pérdida de atractivo del corredor mediterráneo, en favor del corredor central, al tener que cruzar dos veces la frontera catalana.

Respecto a su financiación, recurriendo a préstamos en el mercado interbancario de euros es probable su encarecimiento para empresas y economías domésticas; lo mismo que para la emisión de deuda pública en euros, con un previsible empeoramiento de su prima de riesgo. Por otra parte, es inevitable un alto factor de incertidumbre para los bancos catalanes a la hora de obtener financiación del BCE y el MEDE. Tampoco podría contar con la financiación de las políticas comunes y fondos regionales europeos.

Por otra parte, como puede deducirse de los datos aportados en este trabajo, la dimensión real del segmento de déficit fiscal catalán que excede el 4% aceptado como razonable y los incumplimientos estatales en materia de financiación, no parecen tan difíciles de corregir con cambios de leyes y legisladores en Madrid.

La relación de bilateralidad entre Cataluña y el Estado, que el Parlament solicitaba hasta 2012, resulta imperativa ante el deterioro casi irreversible del actual status quo. Pero basada en contenidos tangibles entre los que habría de incluirse:

-La recuperación de la plena vigencia del Estatut de 2006, que plasmaba suficientemente la singularidad nacional catalana, con las reformas constitucionales pertinentes, de carácter federalizante, más allá de una reforma en profundidad encaminada a un Estado federal asimétrico.

-Un nuevo pacto fiscal basado en un sistema de financiación de corresponsabilidad fiscal y gestión compartida que, aunque contemple a Cataluña como excepción del régimen común, garantice su cuota razonable de solidaridad interterritorial, exigible en igual medida a las comunidades forales.

-Pacto acompañado de un sistema de financiación autonómica que garantice la equidad horizontal interterritorial, con “’la garantía de un nivel mínimo (sic) en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español’” (artículo 158 de la Constitución), pero racionalizando el gasto y las competencias e instituciones asumibles en función de la sostenibilidad real de cada comunidad.

-Todo ello en un marco general que priorice la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, que incremente la presión fiscal sobre la economía especulativa, las actividades más contaminantes y rentas más altas, que conlleve una ampliación de los ingresos y una mejor financiación garantizando la equidad vertical, en función de los servicios realmente prestados, no permitiendo -como ahora- un Estado sobre financiado con unas comunidades infra financiadas.

El gran triunfo del catalanismo, en esta etapa histórica, sin perjuicio de seguir profundizando en su autogobierno, sería la consecución de este nuevo marco federal asimétrico para el Estado. El resto de las comunidades les aplaudiríamos agradecidas como afortunadas beneficiarias del mismo, pese a luchar muy poco por él y no haber sabido valorar el titánico esfuerzo del soberanismo catalán en favor de todos.

Asimetrías entre Cataluña y Canarias

El calificativo de asimétrico atribuido al nuevo Estado federal, si en algún lugar tiene sentido es en Canarias. Nuestras especiales circunstancias de todo tipo han obligado al poder central a establecer fueros y normas singulares desde la misma ocupación de las islas por la Corona de Castilla.

Desde Canarias siempre hemos reclamado instrumentos económicos y fiscales, más que subsidios, la caña y no el pescado, para rentabilizar nuestras verdaderas potencialidades. Por ello, no se justifica caer en mimetismos con otras comunidades, sino profundizar en nuestras propias singularidades, tan diferentes de otras latitudes.

Más concretamente, con Cataluña, nuestras asimetrías son bastante claras. Respecto a las balanzas fiscales, es un tópico considerarnos comunidad receptora neta de financiación, pero es muy discutible que así sea. Las balanzas fiscales del MEH para 2005 sólo reconocen, para el enfoque FM, un superávit para Canarias de 590 M€ (1,6% del PIB) que, añadiendo los gastos generales del Estado, ascendería a 1.162 M€ (3.15% del PIB). Una economía subvencionada low cost si la comparamos con las barras de saldos positivos más largas del Gráfico del MEH adjunto, que llegan –sin añadir los gastos generales del Estado- hasta un superávit del 17,78 % del PIB en Extremadura, mientras ocho comunidades con indicadores sociales más favorables o similares a Canarias en desempleo, exclusión social y pobreza, reciben superávits de gasto público desproporcionadamente mayores.

Una de estas asimetrías se manifiesta por nuestra balanza comercial de bienes y servicios con el Estado, que al tener un saldo inverso al de Cataluña con España, en vez de generar aquí PIB, como pasa en Cataluña, generamos la riqueza en el Estado, al habernos convertido en un mercado cautivo de las producciones estatales, como sexto cliente mundial de España y comprándole más que USA y China juntas.

Para 2005 el saldo comercial, de bienes y servicios, actualmente con cifras similares, arrojaba un déficit con el Estado de unos 6.000 M€, que generaron unos ingresos fiscales, por imposición directa e indirecta y cotizaciones sociales de 1.260 M€, los que según la filosofía del enfoque FM deben imputarse a Canarias, al ser aquí donde tal fiscalidad se crea con el consumo de las exportaciones estatales.

Por tanto, el supuesto superávit fiscal antes citado se convierte en déficit para Canarias al ajustarlo con la balanza comercial. Déficit fiscal que aumenta si se imputara a Canarias la fiscalidad real aportada por las empresas multi localizadas, privadas y estatales.

Estamos hablando de la fiscalidad soportada en las Islas pero ingresada en otras comunidades dónde se ubica el domicilio fiscal de las personas físicas y jurídicas contribuyentes, como ocurre con las grandes empresas, muchas de ellas catalanas, de distribución y comercialización energética, turísticas, financieras, aseguradoras, constructoras, de telecomunicaciones, distribuidoras, grandes almacenes, compañías aéreas y navieras, operadoras portuarias; y empresas públicas como AENA que aportan también sus beneficios al erario. De imputarse este volumen real de fiscalidad a Canarias, podría hablarse de un déficit fiscal de varios puntos de nuestro PIB. Menor que el catalán pero déficit al fin, no superávit como se sobreentiende cual dogma de fe.

Pero si acercamos el zoom a las sub balanzas de la Seguridad Social descubriremos la curiosa asimetría de que Canarias recauda por cotizaciones sociales unos 1.000 M€/año más de los que recibe por asistencia sanitaria, prestaciones y pensiones, contribuyendo a compensar la insuficiencia de recaudación para pagar las pensiones de, entre otras comunidades, Cataluña y el País Vasco.

En lo relativo a la financiación autonómica tenemos el dudoso honor de ser ya la comunidad peor financiada del Estado, reduciendo en casi quince puntos los recursos entre 2002 y 2012; y con un déficit de financiación respecto a la media de más de 450 millones anuales.

Por ello, debemos compartir con el catalanismo la reivindicación de un sistema de financiación singular al margen de régimen común, pero con mayor razón, sencillamente, porque es imposible formar parte del mismo sistema sin tener las mismas figuras impositivas que constituyen la cesta común de tributos a repartir, como son el IVA y los impuestos especiales.

Nuestra reivindicación de hacienda exclusiva se remonta al proyecto de Estatuto del IUDE de 1972 y obligaría a recaudar en Canarias todos los impuestos, calculando la cifra relativa de negocio en las Islas para la tributación de empresas multi localizadas, como en el Concierto vasco, más allá de su destino final, en función de una corresponsabilidad fiscal y una gestión compartida con el Estado. Incluyendo nuestro aporte a los fondos de compensación y nivelación interterritorial si fuera necesario.

El catálogo de asimetrías no se agota con estos ejemplos ya que, con respecto a las relaciones con la UE, Canarias resulta inmune al chantaje de una salida del mercado interior comunitario. De hecho, hasta hace sólo 24 años estábamos fuera de la Unión Aduanera, hasta que nos integraron para “salvar nuestra agricultura”, hoy casi desaparecida con excepción del plátano que tiene los años contados.

Precisamente por nuestra asimetría geográfica no europea, en el Atlántico medio junto al occidente africano, contamos con otras opciones vetadas a otras comunidades, como un estatus de asociación a la UE, previsto en la IV Parte del TFUE, que nos permitiría implementar un nuevo modelo de desarrollo que ponga verdaderamente en valor nuestras potencialidades de desarrollo y bienestar social.

Tan asimétricos somos, que hasta podríamos tener aguas archipelágicas, con un estatus de plena autonomía interna como sujeto de Derecho político internacional no estatal. Y no hemos incluido, como activo en nuestros ingresos al Estado, nuestra privilegiada situación geoestratégica hoy al servicio de la Marca España, para ponerse galones en los foros y organismos internacionales a cuenta nuestra.

Aunque sólo fuera por curiosidad, ¿nos podría decir alguien el valor monetario de este activo intangible para el Estado español?, ¿recibe Canarias la compensación adecuada por este pago en especie? La limosna fiscal que nos ofrecían por las posibles extracciones petrolíferas nos puede dar alguna pista…

Por eso, la peor asimetría que padecemos es no tener, como Cataluña, un poder político real con organizaciones nacionalistas potentes, al haber fracasado todos los intentos de crearlas hasta la fecha. Lo evidencia también nuestra patética posición en la cola de la indigencia ultraperiférica, de la financiación autonómica y de todos los indicadores de bienestar social.

Mientras en Cataluña lanzan órdagos al Estado, poniéndolo contra las cuerdas, aquí al nacionalismo oficialista no se le ocurre nada más valiente que momificar el cadáver del REF, para prolongar nuestra agonía. Asimetría eunuca que se llama, elevada a la enésima potencia.

Así, en los diez primeros párrafos del Preámbulo del Dictamen aprobado, se hace todo un canto a nuestra historia foral a partir de la que denomina “incorporación de las Islas a la Corona de Castilla” -que en el tercer párrafo reconoce como “conquista”-, llegando hasta la declaración de puertos francos de 1852, reafirmada por las leyes de 1870 y 1900 -aunque omitiendo la vigencia de esta última, por su carácter de ley especial no derogada aún por otra del mismo rango-, la restauración de los cabildos insulares de 1912 y la Ley del REF de 1972, historia foral que se concreta en lo que el propio Dictamen define como “Multitud de disposiciones legales (que) fueron conformando a lo largo de la historia un «corpus» normativo propio que moldeó la especificidad del régimen canario”.

Conviene puntualizar que este régimen específico consistía en el disfrute de franquicias aduaneras, administrativas y fiscales sobre el consumo, la capacidad de diseñar nuestro propio modelo de desarrollo auto centrado, al margen del cinturón aduanero y la política comercial estatal (principio de extranjería) o de la aplicación de monopolios, junto a una importante capacidad financiera y de autogobierno a través de los cabildos.

No obstante, también en su Preámbulo, el Dictamen efectúa un acrobático triple salto sin red para afirmar que “Con el régimen económico y fiscal, amparado por la Constitución española, y con la aprobación del Estatuto de Autonomía, las Islas Canarias recuperan un «status» político y económico en el seno de la España democrática, que es reconocido por las instituciones de la Comunidad Europea y reafirmado en sus Tratados, al definirse su condición de región ultraperiférica, por las mismas razones que justificaron aquel «status» a lo largo de la historia”.

Pero tal amparo constitucional es inexistente con la Disposición Adicional Tercera, que sólo contempla un informe previo no vinculante, no el derecho de veto, del Parlamento de Canarias (Parcan) para modificar el REF, a diferencia de la Primera -verdadera garantía constitucional- que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” y que debería concernir también a Canarias, por nuestro indiscutible carácter foral, más allá de tratarse de una foralidad de ultramar, basada en una sucesión de normas excepcionales convertidas en Derecho consuetudinario por su persistencia a través de los siglos y no en derechos pre existentes a su vinculación a la Corona, al haberse destruido mediante una guerra de conquista el régimen pre colonial anterior. Negar que el término fueros siempre formó parte de nuestro ADN político administrativo, tras la Conquista, es mucho más que un necio atrevimiento.

Tampoco se “recupera” ningún estatus económico con la Autonomía, al mantenerse el mismo que existía antes de 1982, pese a la absorción de competencias cabildicias por el gobierno autónomo, y habría que preguntar qué estatus político se “recupera” con la Democracia, a no ser que se refiera al de los lejanos y efímeros periodos republicanos.

Y respecto al reconocimiento de nuestro régimen especial por la Comunidad Europea, el Dictamen soslaya que sólo se produjo realmente a través del Protocolo 2 del Tratado de Adhesión de España en 1986, al mantenerse las Islas fuera de la Unión Aduanera y del mercado interior comunitario y no en 1991 con nuestra integración plena como Región Ultraperiférica (RUP), que conllevó -eufemísticas actualizaciones aparte- el progresivo desmantelamiento de nuestro histórico régimen especial.

LA FICCIÓN DE AGUAS CANARIAS. Entrando en materia sobre los señuelos para hacernos creer la concesión de nuevas competencias, se llevan la palma las denominadas “aguas canarias”, que constituirían a partir de ahora “el especial ámbito marítimo” de Canarias (Artículo 4).

Aparentemente, en la propuesta del Parcan se trataba de establecer un determinado espacio marítimo como el encerrado por “un contorno perimetral que siga la configuración general del archipiélago” -delimitado en el Anexo de la Ponencia-, sobre el que la Comunidad Autónoma ejercería “las competencias establecidas constitucional y estatutariamente tanto para dichos espacios como para los terrestres”. Pero en el apartado 3 del citado artículo ampliaba dicha reivindicación de ejercicio competencial, “en su caso”, al resto de los espacios marítimos que rodean las Islas bajo soberanía o jurisdicción estatal, por lo que no se entiende el interés en dividir nuestros espacios marítimos entre “aguas canarias” y el resto, excluidos de tal ámbito especial.

Repasando nuestros espacios marítimos según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), las aguas, fondos marinos y espacio aéreo sobre las que se ejerce plena soberanía son las del mar territorial, que constituyen las fronteras estatales y abarcan hasta las 12 millas náuticas en torno a cada isla, medidas desde las lineas de base insulares rectas y normales establecidas por el Estado. Entre dichas líneas de base rectas insulares -que unen los puntos más exteriores de cada isla- y la costa, más la desembocadura de barrancos y puertos, se ubican (atención) las aguas interiores.

A partir del límite exterior del mar territorial comienza la zona económica exclusiva (ZEE) hasta las 200 millas de la costa, cuyo fondo y subsuelo marino constituye la plataforma continental (PC), que no necesita tener carácter geofísico por ser una institución jurídica. Tanto en la ZEE como en la PC -aún no delimitadas, por desacuerdos con los estados colindantes-, el estado sólo ejercería jurisdicción sobre los recursos vivos y no vivos que contienen, rigiéndose la ZEE por el régimen de Alta Mar (aguas internacionales), con libertad de navegación superficial, submarina y de sobrevuelo, para navíos, sumergibles y aviones de cualquier país. En Canarias existen cinco pasillos afectados por este régimen de aguas internacionales, entre las islas que distan más de 24 millas náuticas entre si. Entre todas excepto La Gomera con Tenerife o Fuerteventura con Lanzarote.

La propuesta del Parcan incluía en el Artículo 129.4 -sobre caza, pesca, actividades marítimas y ordenación del sector pesquero-, determinadas competencias autonómicas exclusivas en las llamadas “aguas canarias”, que en la propuesta del Congreso, “sin prejuicio de las que pueda corresponder al Estado”, se atribuyen a las “aguas interiores”, en ningún caso al mar territorial, la ZEE o la PC. Asimismo, en el apartado 1 del Artículo 161 -sobre energía, hidrocarburos y minas-, la propuesta canaria incluía “la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de energía, cualquiera que sea su manifestación, incluido el sector de hidrocarburos”, que el Dictamen del Congreso limita a las “Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando no estén ubicadas en el mar territorial, este transporte transcurra íntegramente por el territorio de Canarias y su aprovechamiento no afecte a otro territorio”.

Por consiguiente, las llamadas “aguas canarias” -todo lo mojadas que quieran- están secas de nuevas competencias autonómicas dignas de mención, excepto en los restringidos espacios de las aguas interiores de cada isla. Cabe preguntarse entonces porqué se mantienen como “especial ámbito marítimo de Canarias” en el Dictamen aprobado. Como veremos, el asunto tiene su retranca.

ESPEJITOS Y CUENTAS DE VIDRIO. En el citado Artículo 4 se reitera en dos ocasiones, apartados 1 y 5 -creado éste ex profeso y ex novo para disipar cualquier duda-, que el llamado “contorno perimetral que siga la configuración general del archipiélago” para encerrar las “aguas canarias”, se trazará “Sin perjuicio de la delimitación de las líneas de base existentes” (de carácter insular) y -como segunda taza del caldo- “no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente”.

Se refiere al mar territorial de 12 millas en torno a cada isla, medido desde las lineas de base recta insulares adoptadas o la bajamar escotada, en virtud de la Ley 10/77 del mar territorial y el RD 2.510/77, siendo el llamado “contorno perimetral” sólo una coincidencia geométrica con el teórico perímetro archipelágico de unas aguas archipelágicas, de plena soberanía equiparable al mar territorial, propias de los estados archipelágicos, ya que Canarias no puede tener estatus archipelágico por no ser Parte de la CONVEMAR.

Por tanto, el título de “Archipiélago atlántico” que encabeza el nuevo Estatuto es meramente geográfico y no político, ni jurídico -como si consideráramos a Navarra región pirenaica en vez de Comunidad Foral- porque, como se ha dicho, en virtud del Derecho Internacional Público ni siquiera somos un archipiélago, sino una suma de islas separadas por el régimen de Alta Mar o aguas internacionales, eso si, muy atlánticas ellas y, aunque traten de ocultarlo, también las más cercanas al continente africano.

La ficción de “aguas canarias” contempladas -con coordenadas y todo- en el nuevo Estatuto, no es más que un remedo de aguas archipelágicas con el que pretenden embaucarnos, siguiendo la tradición colonizadora de ofrecer espejitos y cuentas de vidrio a los indígenas de los territorios de ultramar. Pero esta y otras de las añagazas estatutarias, cumplen otra importante función para el centralismo uniformista: proporcionar engodo a los partidos pseudo nacionalistas, como Coalición Canaria y Nueva Canarias, para pescar en el caladero de votos canaristas y servir de dique de contención contra el crecimiento del verdadero nacionalismo.

Esta nueva propuesta estatutaria llega pues trufada -como es ya tradicional- de disposiciones tan vacuas como estériles, destinadas ya sea a vender la apariencia de un mayor autogobierno, la “superación de las desigualdades sociales” con el llamado anclaje constitucional del REF -causante por cierto de las mismas-, la inexistente garantía de solidaridad inter territorial en la financiación autonómica -pese a no computar los ingresos del REF-, el supuesto progreso económico “compatible” con la sostenibilidad ambiental y un suelo sin ley, la discutible “mejora de la calidad democrática” con los tímidos retoques de la ley electoral canaria -que difícilmente llegue a tiempo para la cita de 2019- o nuestra “contribución a la paz mundial” integrados en la OTAN, como ejemplos.

En suma, un borrón y cuento nuevo destinado a seguir bloqueando las verdaderas transformaciones sociales, económicas y políticas que Canarias necesita. La ciudadanía canaria no puede resignarse a seguir comulgando con piedras de molino y tragarse el discurso tramposo del poder centralista y sus cómplices necesarios en Canarias, que intentan convencerla de las excelencias de un paño maravilloso invisible, como el del rey desnudo del cuento. Nos gustaría creer que se equivoca la joven escritora madrileña Rebeca Tabales cuando afirma, en sus “Cuentos contra el poder”, que “los ciudadanos tienden a pagar la comodidad con su silencio y la ilusión de certeza con la libertad”, aunque nos reconforta cuando añade que si “se atreven a señalar el culo al aire de su Serenísima ganan el derecho a merecer otra cosa”.