Doña Margarita sube puntual cada mañana hasta La Escombrera. Observa cada movimiento y cada avance en los trabajos de búsqueda para la localización de restos óseos iniciados el pasado mes de agosto en este punto de Medellín, Colombia. Siempre con la fotografía de su hija, Carol Vanesa, colgada del cuello. Era sólo una adolescente de 17 años cuando el 25 de octubre de 2002 un grupo de hombres sesgaron de cuajo sus ilusiones. Según algunos testigos, la joven fue sacada violentamente por un grupo de paramilitares pocos días después de ejecutarse la Operación Orión, orquestada por el expresidente Álvaro Uribe, y llevada a la fuerza por éstos hacia este vertedero de la ciudad. Doña Margarita Selena Restrepo es una de las mujeres que se negaron a olvidar a sus familiares, víctimas de desapariciones forzadas, entre escombros.

Desde entonces no ha parado de buscar a su hija, aunque sin éxito. Junto a decenas de madres en su misma situación han logrado impulsar Mujeres Caminando por la Verdad, un movimiento creado como respuesta al silencio gubernamental; un grito desesperado contra la impunidad y los crímenes de Estado que se remonta 13 años atrás. La asociación ha recibido recientemente el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos por su lucha incesante en su exigencia de Justicia. Para Alejandra Balvín, portavoz de Mujeres Caminando por la Verdad, este premio es una muestra de que “nuestro trabajo es valorado y eso ayuda a las víctimas”.

Luz Elena Galeano, encargada de recoger el premio, señaló en su intervención que “es un reconocimiento a esa lucha de tantos años y se constituye en un ejemplo para todo el país, como un aliciente para continuar la búsqueda de sus desaparecidos y de todos los desaparecidos en Colombia”.

Colombia ha avanzado recientemente hacia el principio del fin de medio siglo de sangre con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Amnistía Internacional destaca que la única manera de que el país deje atrás este historial de violencia es sentando en el banquillo a los culpables de los crímenes cometidos y reparando a las víctimas.

Ubicada en el occidente de Medellín, la Comuna 13 es un espacio estratégico para el tráfico de drogas, lo que históricamente ha derivado en una confrontación casi permanente de estructuras delictivas, entre ellas paramilitares. Por ello, la inseguridad y la violencia han sido una constante en la Comuna. El nombramiento de Álvaro Uribe, antioqueño de nacimiento, como Presidente de la República, marcó un antes y un después para los habitantes de la zona. Pocas semanas después de tomar posesión como máximo dirigente de la nación, Uribe ordenó la ejecución de la Operación Orión en la Comuna 13, un megaoperativo que contó con la participación de más de 1.000 militares, liderados por los Generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, hoy investigados por su connivencia y acción conjunta con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara.

Los cuatro días en los que se llevó a cabo el Operativo supusieron un manual de agresiones y graves violaciones de derechos humanos. Decenas de vecinos fueron asesinados o detenidos sin posibilidad alguna de defenderse, allanándose casas y comercios sin permiso ni respaldo legal alguno y disparando de forma desmedida e injustificada contra la población, como recuerdan aún hoy los vecinos de la Comuna. Aquellos cuatro días se saldaron con al menos 17 civiles asesinados, cinco de ellos menores de edad.

Pese a que la Operación Orión nació bajo la excusa de una supuesta búsqueda de seguridad y pacificación de la zona, la misión fue el paraguas perfecto para aupar a los paramilitares del Bloque Nutibara como nuevos “dueños” de la Comuna e imponer una dictadura basada en la impunidad, la connivencia y la complicidad del Gobierno liderado por Álvaro Uribe.

Mujeres contra la impunidad y contra el olvido

Las mujeres han sido el bastión que durante estos 13 años han mantenido encendida la llama de la memoria. Madres, hijas y hermanas de personas desaparecidas en la Comuna han luchado hasta la extenuación para frenar el olvido y gritar en pie de paz contra la impunidad. Después de que algunos exparamilitares desmovilizados señalaran La Escombrera como el lugar donde enterraron de forma sistemática a decenas de víctimas de desaparición forzada antes (durante y después de la Operación Orión) y tras una década de lucha, estas mujeres han visto remover la tierra para tratar de encontrar lo que quede de sus seres queridos.

El pasado mes de julio, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía pusieron en marcha el proyecto 'Escarbando la verdad, desenterrando la Justicia' con el que se buscará en la zona de La Arenera (un espacio situado dentro de La Escombrera) los restos de al menos 100 víctimas.

Según pudo investigar Doña Margarita Restrepo, su hija fue abordada por paramilitares junto a dos amigos con los que había quedado en la estación de San Javier. Era el viernes 25 de octubre de 2002. Según los testigos, los jóvenes fueron llevados a la fuerza en dirección a La Escombrera. Nunca más se ha vuelto a saber nada de ellos. “Los días en La Escombrera no se nos hacen largos porque estamos viendo en todo momento lo que se está haciendo. Además hacemos talleres, charlamos… y se pasan las horas mientras miramos los escombros”, señala. Con su mirada puesta en las montañas de arena, Doña Margarita reconoce que si por ella fuera “estaría aquí en todo momento” a pesar de que “hemos tenido momentos de crisis, porque es algo duro. Hace quince días percibimos un olor extraño y nos dio mucha tristeza; algunas madres nos pusimos a llorar. Personalmente me puse muy triste aquel día porque sentía que me estaba aproximando a mi hija”.

Sólo un día después de que fuera secuestrada Carol Vanesa, el dolor se instaló en casa de Alejandra Balvín, cuyo padre, Hernando Balvín, fue víctima de desaparición forzada. Cuatro años después, su hermano Adonis también desapareció. Alejandra aparcó a un lado el dolor para hacer frente a la indolencia gubernamental. Reconoce que “este es un proceso de búsqueda y de reparación, y nos provoca sentimientos encontrados”. No es fácil la espera. Desde julio, ven moverse la tierra sin rastro de sus familiares. “Tenemos la esperanza de que se puedan encontrar los restos de algunos de nuestros desaparecidos. Localizar a uno solo ya sería un avance para nosotras”.

Otra de esas mujeres que caminan a diario a su lado es Luz Elena Galeano. Su esposo, Luis Javier Laverde, fue secuestrado en 2008 cuando iba en el Bus de Belencito. Según los testigos, dos hombres encapuchados lo bajaron a la fuerza del bus y lo metieron en una camioneta gris. Luz Elena ha buscado sin descanso a su esposo, ha expuesto su vida yendo a zonas extremadamente peligrosas, pero no ha logrado localizarle. Luz Elena, portavoz de Mujeres Caminando por la Verdad, recuerda que “todos estos años nos han fortalecido. Yo tenía dos hijas pequeñas y no podía pararme. Seguí luchando desde entonces, caminando por la verdad y exigiendo respuestas al Estado, porque ha sido negligente a lo largo de todos años en relación a las desapariciones forzosas”.

La insistencia pudo con la inacción del Estado

Desde la Alcaldía de Medellín, impulsora del proyecto, Jorge Mejía, consejero para Convivencia, la Reconciliación y la Vida, reconoce que el paso dado para la búsqueda de los cuerpos de los secuestrados es “un comienzo para poder pagar una deuda que durante 13 años ha tenido el Estado con estas familias. Hasta ahora la autoridad había sido indolente ante esa demanda y es nuestra obligación atender ese clamor y buscar los desaparecidos, más aún en un momento propicio como el actual que exige que situaciones como estas deban ser atendidas si queremos construir la paz y la reconciliación”.

Doña María Graciela Builes Zapata es otra de las madres que cada día asciende a La Escombrera con la esperanza de localizar a su hijo, Orlando de Jesús Builes Zapata, desaparecido en la comuna en 2002. Desde entonces nada se sabe de él. La mujer admite que “este mes ha sido duro, pero seguimos en nuestra esperanza de localizar a nuestros hijos, a nuestros familiares”. Con la foto de su hijo en todo momento, María Graciela no puede evitar emocionarse cuando ve las máquinas revolviendo tierras y escombros entre los que podrían estar los restos de su hijo. “Yo quiero localizar a mi hijo. Cada vez que subo a La Escombrera siento algo, siento como que hay algo aquí esperando que lo saquen”, dice. “Mi corazón me dice que algo vamos a encontrar, sino es mi hijo será de alguna de mis compañeras”.

Adriana Arboleda, directora de Corporación Jurídica Libertad que brinda apoyo a las familias, ha lamentado las recientes filtraciones producidas que apuntaban a la posible localización de restos humanos en la zona. Arboleda recuerda que “tienen que aplicarse los protocolos para que no ocurra como en días anteriores cuando se filtró información sobre la posible localización de restos. Este tipo de informaciones generan desconfianza en las familias de las víctimas. Estos días fueron muy duros para las mujeres porque pensaron que se les estaba ocultando información y es necesario evitar especulaciones y trabajar con responsabilidad”.

El trabajo sigue en La Escombrera. En las próximas semanas serán revisadas las más de 70 hectáreas de tierra que componen las tres zonas marcadas por los ex paramilitares como los espacios donde eran dejados los restos de las personas víctimas de desaparición forzada. Las mujeres siguen la lucha contra la impunidad y el olvido entre el temor y la esperanza, gritando en silencio, para la exigencia de un nuevo tiempo de paz y justicia.