En los últimos días se suceden las noticias sobre el escándalo del trucaje de los motores Volkswagen. Recientemente se ha publicado que la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación penal. Todavía no hemos acabado con la sangría de los abusos bancarios sobre las cláusulas suelo y las preferentes, y ya tenemos otro lío. No deja de ser un nuevo caso mediático que se une a la lamentable lista de desprecio hacia los derechos de los consumidores.

La imparable política de liberalizar y privatizar los servicios, junto con una imprudente y excesiva desregulación, nos ha conducido a una realidad social, donde el atraco a los derechos de los consumidores es el pan nuestro de cada día.

Si a eso le unimos el adelgazamiento y pasividad de las Administraciones Publicas, junto con la ausencia de controles públicos previos, la situación para los consumidores se convierte en una especie de jungla, donde algunas poderosas empresas sin escrúpulos, pueden abusar de forma casi impune sobre los sufridos consumidores.

No existe sector del mercado donde cada día no se comentan ilegalidades sobre los derechos de los consumidores: precios abusivos, publicidad engañosa, composición fraudulenta, información falsa, riesgos para la seguridad y salud, desprotección de datos de carácter personal, incumplimiento de deberes de garantía y reclamación,….

En esta sociedad en la que vivimos, convertida en un gran mercado global, todos somos consumidores. Tanto la normativa de la Unión Europea como la española y valenciana entienden por consumidor o usuario, todo aquel que actué con un propósito ajeno a una actividad empresarial o profesional.

Tanto la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea como la Constitución Española, disponen la obligación de los poderes publicos de garantizar un nivel elevado de protección hacia los consumidores, así como defender sus derechos y promover la educación y formación en materia de consumo.

Pese a la existencia de dicho mandato legal, la pasividad de las Administraciones Publicas, conduce a que en mayoría de las ocasiones, se abandone la defensa de los derechos de los consumidores a la iniciativa y esfuerzo privado de los mismos. Y ello, pese a la habitual y evidente situación de desequilibrio y desproporción de medios, que existe entre una gran o mediana empresa y los clientes individuales.

Difícilmente un consumidor individual tendrá el conocimiento, animo, tiempo y dinero necesario, para emprender la complicada, larga y costosa tarea de reclamar por cantidades pequeñas frente a una gran empresa. En la mayoría de las ocasiones hasta desconocemos nuestros derechos y las vías que podemos utilizar.

Apenas se informa que en supuestos iguales o similares al del trucaje de los motores Volkswagen, existe para las empresas un plazo mínimo de garantía de dos años desde la entrega. Los consumidores tienen derecho a exigir la conformidad de lo adquirido con lo que se dice en el contrato. Si no es así, durante un plazo de tres años desde la adquisición, pueden exigir y optar entre su reparación o sustitución gratuita, la rebaja del precio o la resolución del contrato. Con plazos ya mas amplios se añade el derecho a exigir ser indemnizado por todos los daños y perjuicios sufridos, tanto materiales como morales por haber sido engañados.

Tanto la normativa estatal como la Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana, posibilitan a los consumidores denunciar las posibles infracciones ante la Generalitat Valenciana y las Entidades Locales. Así como reclamar la reparación de sus derechos por una doble vía: la extrajudicial de la mediación o el sistema Arbitral de Consumo, y la judicial, acudiendo a los tribunales de justicia, de forma individual, agrupada o colectiva, bien sea directamente o a través de las Asociaciones de Consumidores o del Ministerio Fiscal.

La ausencia y escasez de denuncias y reclamaciones para que se respeten nuestros derechos, compensa económicamente a las empresas que abusan y desprecian a los consumidores y usuarios.

Y lo saben!!!

Pero ¿Qué es publicidad sexista y porqué es ilícita?. ¿Porqué se persigue la publicidad sexista sobre la mujer?

Ante la grave situación de violencia sobre la mujer, la Ley contra la Violencia de Género, estableció toda una batería de medidas orientadas hacia conseguir su protección integral.

Se trataba de combatir todas aquellas conductas que pudieran ser contrarias a la dignidad y la igualdad de la mujer; y que están en el origen de lo que puede involucionar hacia consecuencias tan atávicas como las agresiones machistas.

En esa línea, entre las medidas adoptadas, consideró publicidad ilícita los “anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia de genero”.

El objetivo es tratar erradicar de la sociedad todas aquellas conductas de indignidad y cosificación de la mujer, históricamente heredadas, y que todavía persisten a modo de lacra social.

Se pretende evitar y prevenir la violencia de género, que como bien dice la propia Ley, “representa el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo”.

Existen datos aterradores que exigen la reflexión y el compromiso de todos. El año 2015 se cerró en España con la execrable cifra de 57 mujeres asesinadas por violencia de género.

La verdadera dimensión del problema resulta aun mas impactánte si tenemos en cuenta que, desde la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género en 2.004, el numero de mujeres muertas por violencia de género, ha superado al de victimas asesinadas por el terrorismo de ETA desde sus inicios.

Ante este panorama, todas las medidas y actuaciones son pocas, y la violencia de género debe ser combatida por tierra, mar y aire….

Incluida la publicidad sexista,

No sorprende verlas porque nos parece que llevan ahí toda la vida. Quizás sorprenda observar que ahora también se pueden hacer obras de consolidación, mejora y modernización, para que sus propietarios puedan seguir disfrutando de su ubicación privilegiada.

Casi diez años después de iniciado el nuevo régimen constitucional, la Ley de Costas de 1988, permitió “generosamente” y de forma transitoria, que gran parte de las viviendas y mansiones construidas con anterioridad sobre el dominio publico marítimo terrestre y sobre su zona de acceso y protección, pudieran seguir siendo disfrutadas temporalmente de forma exclusiva y excluyente por sus propietarios.

La reforma de la Ley de Costas de 2013, estando próximo el fin del plazo de ocupación permitido, lo amplió; así como también autorizó que se hicieran obras de mejora y acondicionamiento a los nuevos tiempos (Disposición Transitoria 1ª y 4ª LC); e incluso permitió reducir de 100 a 20 metros la zona de protección (art. 23 LC).

Gran parte de lo que es el litoral pertenece al dominio público marítimo terrestre (art. 132 CE). A su vez forma parte de los recursos naturales integrantes del Medio Ambiente, del que todos tenemos derecho a disfrutar en igualdad de condiciones; y sobre el que los poderes publicos tienen el deber constitucional de conservar, defender y restaurar (art. 45 CE).

Tanto la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 37) como el Tratado de Funcionamiento de la UE (art. 191), proclaman el derecho de los ciudadanos europeos y el deber de los poderes publicos de la UE, de contribuir y garantizar la protección, conservación y mejora de la calidad del medio ambiente.

Es un principio ya comúnmente aceptado por el Derecho internacional ambiental, que sobre la protección del Medio Ambiente no puede haber “regresión” o involución. Se trata de la cláusula “stand still”. Cuesta tanto avanzar y resulta tan necesario, que paso que se da no tiene vuelta atrás. O se conserva o se avanza, pero no se regresa.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, entre los razonamientos utilizados para validar parte de la reforma reprivatizadora de la Ley de Costas, ha interpretado el principio de “no regresión” medioambiental de una forma inquietante, por los efectos perniciosos que de ello se podrían derivar.

Ha sentenciado que los conceptos de conservación, defensa y restauración del medio ambiente “no admiten una identificación mecánica”, con el principio de no regresión, “pues… el deber constitucional se proyecta sobre el medio físico, en tanto que el principio de no regresión se predica del ordenamiento jurídico…” (F.D. 2 e); así como “no poder identificar el deber de conservar el medio ambiente con el deber de conservar la norma…” (F.D. 2 d).

Con demasiada frecuencia olvidamos que todos somos y formamos parte de lo que llamamos Medio Ambiente. No es algo ajeno. Si no lo protegemos ni lo conservamos y permitimos que se destruya, también nos destruimos a nosotros mismos.

Como dijo el otro, “Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras”.

Con demasiada frecuencia nos olvidamos que tan solo somos una especie mas de la cadena evolutiva, que nos hemos arrogado el derecho de disponer, usar y abusar sobre la vida de los demás seres vivos.

El art. 337 bis CP tan solo tipifica como delito el maltrato cruel de animales en “espectáculos no autorizados legalmente”; por lo que sorprendentemente parece quedar excluido de sanción penal el maltrato cruel de animales en espectáculos autorizados legalmente.

Pero una cosa es la discutible utilización de animales en espectáculos taurinos autorizados legalmente y otra bien distinta la crueldad y el maltrato añadido con motivo de su celebración.

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, adoptada en Londres, el 23 de septiembre de 1977, por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y proclamada el 15 de octubre de 1.978 en París ante la UNESCO, aspiraba a establecer una serie de principios y derechos de los animales. Aunque carece de eficacia jurídica vinculante, si que proyecta valor inspirador e interpretativo sobre la normas proteccionistas que se han ido dictando con posterioridad.

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales parte de considerar que “todo animal tiene derechos”, así como reconoce expresamente que “tiene derecho al respetorespeto” (art. 2), a no ser “sometido a malos tratos ni a actos cruelesmalos tratosni a actos crueles” (art. 3), a no “ser explotado para esparcimiento del hombre” (art. 10), a que se considere un “crimen contra la vida” -“biocidio”- todo acto que implique la muerte sin necesidad (art. 11), e incluso a la defensa de sus derechos por la Ley, “como lo son los derechos del hombre” (art. 14).

La Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, aplicable tanto a los espectáculos taurinos (toreig de bous o jonecs) como a las actividades recreativas de “bous al carrer”, encomienda a la Generalitat y a los Ayuntamientos la competencia para su autorización, inspección, control y sanción.

El Decreto 31/2015, de 6 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunitat Valenciana (bous al carrer), en sus diferentes modalidades (solta de vaquetes, bou embolat, correbou, exhibició de bous salvatges, bous a la mar, bou amb corda, concurs de retalladors, bou de corro), parte de afirmar en su preámbulo que “no resulta concebible en los tiempos actuales que la res sufra maltrato, ni que se la considere como un mero objeto pasivo. Su función en la fiesta está ligada, de forma indisoluble, a la prohibición de cualquier tipo de comportamiento incívico y a su consideración como ser vivo que esprohibición de cualquier tipo de comportamiento incívico y a su consideración como ser vivo que es”.

Ambas normas prohíben, con carácter general, todos aquellos espectáculos publicos y actividades recreativas que impliquen crueldad y maltrato para los animales, así como, en particular, los festejos taurinos tradicionales de la Comunidad Valenciana que no se realicen de conformidad con su normativa específica (bous al carrer); teniendo tales hechos la consideración de infracción muy grave, pudiendo ser sancionados los organizadores y promotores con multas de hasta 600.000 € e inhabilitación y prohibición de actividad de hasta 10 años.

Lamentablemente suelen sucederse por las diferentes fiestas locales de todo el Estado, hechos similares de crueldad y maltrato para los animales, ante la, al menos aparente, inactividad y pasividad de las Administraciones Publicas competentes para impedirlos y prevenirlos, pese a tener constancia de su repetición un año sí y otro también.

Con las leyes que tenemos se puede y se deben evitar los actos de crueldad y maltrato animal con motivo de los espectáculos y festejos taurinos tradicionales. Pero además de poder es necesario querer. Cuando la inactividad es consciente pasa a ser permisividad y cuando es querida se convierte en pura y simple complicidad.

Lo demás son excusas…