Los populistas aborrecen las restricciones al poder ejecutivo. Puesto que dicen representar al “pueblo” en su totalidad, consideran que todo límite a su ejercicio del poder atenta contra la voluntad popular, y sólo puede estar al servicio de los “enemigos del pueblo”: las minorías y los extranjeros (para los populistas de derecha) o las élites financieras (en el caso de los populistas de izquierda).

Es una forma peligrosa de entender la política, porque permite a una mayoría pisotear los derechos de las minorías. Sin separación de poderes, sistema judicial independiente y libertad de prensa (algo que todos los autócratas populistas, desde Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdoğan hasta Viktor Orbán y Donald Trump detestan) la democracia degenera en tiranía de quien acierte a estar en el poder.

En el populismo, las elecciones periódicas se vuelven una cortina de humo. En ausencia del Estado de Derecho y de las libertades civiles básicas, los regímenes populistas pueden prolongar su reinado manipulando medios y tribunales a su antojo. La aversión de los populistas a los límites institucionales se extiende a la economía, donde el ejercicio del pleno control “por el bien del pueblo” no admite que se interpongan organismos reguladores autónomos, bancos centrales independientes o las normas del comercio internacional. Pero mientras que en el ámbito político el populismo es casi siempre pernicioso, hay ocasiones en que el populismo económico se justifica.

Comencemos por analizar los motivos que puede haber para restringir la política económica, algo que suele ser del agrado de los economistas, porque cuando la definición de políticas es totalmente dependiente del tira y afloja de la política interna pueden producirse resultados sumamente ineficientes. En particular, la política económica suele padecer lo que los economistas llaman inconsistencia temporal: es común que los intereses inmediatos impidan la implementación de políticas que son mucho más deseables a largo plazo.

Un ejemplo de manual es la política monetaria discrecional. Cuando un político tiene poder para emitir dinero a voluntad, puede ocurrir que decida generar una “inflación sorpresa” para estimular la producción y el empleo en lo inmediato, por ejemplo, antes de una elección. Pero esto es contraproducente, porque las empresas y los hogares ajustan las expectativas inflacionarias, y al final, lo único que se consigue es más inflación sin ninguna mejora de la producción o el empleo. La solución es un banco central independiente, aislado de la política, que sólo deba cumplir el mandato de mantener la estabilidad de precios.

Los costos del populismo macroeconómico son bien conocidos por la experiencia latinoamericana. Como señalaron hace años Jeffrey D. Sachs, Sebastián Edwards y Rüdiger Dornbusch, las políticas monetarias y fiscales insostenibles fueron la ruina de la región hasta que en los noventa comenzó a prevalecer la ortodoxia económica. Las políticas populistas producían periódicamente graves crisis económicas, que perjudicaban especialmente a los pobres, hasta que para cortar el ciclo, la región se volcó a las normas fiscales y a los ministros de finanzas tecnocráticos.

Otro ejemplo es el tratamiento oficial de la inversión extranjera. En cuanto una empresa extranjera hace una inversión, queda básicamente cautiva de los caprichos del gobierno anfitrión, que olvida fácilmente las promesas que hizo para atraerla, y las reemplaza por políticas que la exprimen en aras del presupuesto nacional o de las empresas locales.

Pero los inversores no son estúpidos y, por temor a que pase esto, invierten en otra parte. La necesidad de credibilidad de los gobiernos llevó entonces a la aparición de tratados comerciales con cláusulas de arbitraje de disputas entre estados e inversores, que permiten a las empresas demandar a los gobiernos en tribunales internacionales.

Todos estos son ejemplos de restricciones a la política económica en la forma de delegación de poderes a organismos autónomos, tecnócratas o reglas externas. Según esta descripción, cumplen la valiosa función de impedir que quienes ejercen el poder apliquen políticas imprudentes que sólo los perjudican.

Pero también puede ocurrir que las restricciones a la política económica traigan consecuencias menos benéficas. En particular, si son restricciones instituidas por grupos de intereses especiales o élites para consolidar su control permanente de la formulación de políticas. En esos casos, la delegación a organismos autónomos y la sujeción a normas internacionales no están al servicio de la sociedad, sino de una estrecha casta de “iniciados”.

Uno de los motivos de la reacción populista actual es la creencia (no del todo injustificada) de que la segunda descripción es aplicable a buena parte de la política económica de las últimas décadas. Las negociaciones comerciales internacionales han estado cada vez más supeditadas a la influencia de corporaciones multinacionales e inversores, lo que dio lugar a regímenes globales desproporcionadamente favorables al capital en detrimento de los trabajadores. Ejemplos claros son las normas estrictas sobre patentes y los tribunales internacionales para inversores. Otro es la captura de los organismos autónomos por las industrias que supuestamente deben regular. Los bancos y otras instituciones financieras han sido especialmente capaces de salirse con la suya y establecer reglas que les dan total libertad de acción.

Los bancos centrales independientes fueron actores fundamentales para controlar la inflación en los ochenta y los noventa; pero en el actual entorno de baja inflación, su insistencia en la estabilidad de precios imparte un sesgo deflacionario a la política económica, y está en tensión con la generación de empleo y el crecimiento. Es posible que esta “tecnocracia liberal” esté en su apogeo en la Unión Europea, donde las normas y regulaciones económicas se diseñan a considerable distancia de la deliberación democrática nacional. Esta divergencia política (el llamado “déficit democrático” de la UE) ha dado lugar en casi todos los estados miembros al surgimiento de partidos políticos populistas y euroescépticos.

En estos casos, bien puede ser deseable flexibilizar las restricciones a la política económica y devolver poder de decisión a los gobiernos electos. En tiempos excepcionales se necesita libertad para experimentar con la política económica. La historia nos ofrece un excelente ejemplo con el New Deal de Franklin D. Roosevelt. Para llevar a cabo sus reformas, FDR tuvo que eliminar las ataduras económicas impuestas por jueces conservadores e intereses financieros en el plano interno, y por el patrón oro en el plano externo.

Debemos estar siempre en guardia contra el populismo que asfixia el pluralismo político y debilita las normas de la democracia liberal. El populismo político es una amenaza que debe evitarse a toda costa. Pero a veces el populismo económico es necesario; de hecho, en momentos así, puede ser el único modo de anticiparse a su pariente político, que es mucho más peligroso.

El ex ministro de Finanzas combativo de Grecia Yanis Varoufakis y su némesis, el ex ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble, estuvieron enfrentados por la deuda griega durante todo el tiempo que Varoufakis ocupó el cargo. Pero estaban totalmente de acuerdo en lo que concernía al interrogante central del futuro de la eurozona. La unión monetaria exigía una unión política. Ningún punto intermedio era posible.

Esta es una de las interesantes revelaciones del fascinante relato de Varoufakis sobre su mandato como ministro de Finanzas. “Usted probablemente sea el único (en el Eurogrupo) que entiende que la eurozona es insostenible”, dice Varoufakis que le dijo Schäuble. “La eurozona está construida de manera equivocada. Deberíamos tener una unión política, de eso no hay ninguna duda”.

Por supuesto, Schäuble y Varoufakis tenían ideas diferentes sobre los fines para los que serviría esa unión política. Schäuble veía la unión política como un medio para imponer una fuerte disciplina fiscal a los estados miembro del centro, atándoles las manos e impidiendo políticas económicas “irresponsables”. Varoufakis pensaba que la unión política relajaría la opresión de los acreedores sobre su economía y generaría espacio para políticas progresistas en toda Europa.

Sin embargo, es notable que estos dos funcionarios de extremos opuestos del espectro político llegaran a un diagnóstico idéntico sobre el euro. La convergencia es un indicio de la creciente sensación de necesidad de una unión fiscal y, llegado el caso, política si ha de mantenerse el euro sin perjudicar el desempeño económico o los valores democráticos. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha propuesto ideas similares. Y, no hace mucho, el líder de los socialdemócratas de Alemania, Martin Schulz, también respaldó firmemente un “Estados Unidos de Europa”.

Pero también existe una visión alternativa y mucho menos ambiciosa, según la cual no es necesaria ni una unión fiscal ni una unión política. Lo que hay que hacer, en cambio, es desvincular las finanzas privadas de las finanzas públicas, aislando a cada una de ellas de la negligencia de la otra.

Con esta separación, las finanzas privadas se pueden integrar plenamente a nivel europeo, mientras que las finanzas públicas son responsabilidad de cada uno de los estados miembro. De esta manera, los países pueden recoger todo el beneficio de la integración financiera mientras que las autoridades políticas nacionales quedan en libertad de administrar sus propias economías. Bruselas ya no sería el ogro que insiste con la austeridad fiscal y genera la ira de los países con un alto desempleo y un bajo crecimiento.

Martin Sandbu del Financial Times ha venido defendiendo firmemente la visión de que una unión monetaria y fiscal viable no requiere de una integración fiscal. Él cree que la reforma crítica es impedir los rescates bancarios por parte de las autoridades públicas. Los dueños y acreedores de los bancos deberían hacerse cargo del costo de los rescates bancarios; deberían existir salvatajes internos en lugar de rescates por parte de terceros.

Sandbu sostiene que esto no sólo aislaría las finanzas públicas de las imprudencias de los bancos; también conduciría a un equilibrio que imita la distribución del riesgo fiscal entre los países que son prestatarios netos y los países que son prestadores netos. Cuando los bancos dentro del primer grupo quiebran, son los acreedores en el segundo grupo los que asumen el costo. “Con una unión bancaria, no hay necesidad de una unión fiscal”, sostiene.

En un libro de inminente publicación, el economista Barry Eichengreen de la Universidad de California en Berkeley también se pronuncia a favor de la renacionalización de la política fiscal, algo que considera esencial para frenar la ola de populismo europeo. Eichengreen piensa que devolver la política fiscal a las autoridades nacionales requeriría impedir que los bancos acumulen demasiada deuda gubernamental, para minimizar el riesgo de que la mala gestión fiscal nacional haga caer el sistema bancario. Los gobiernos que quiebran tendrían que restructurar sus deudas en lugar de recibir rescates de otros estados de la UE.

Quienes defienden cortar el nudo gordiano entre las finanzas privadas y públicas reconocen que la estrategia de los gobiernos con los bancos debe cambiar radicalmente para que esta separación funcione. Pero no está claro si los remedios que proponen van a funcionar. Mientras la política económica siga siendo competencia de los gobiernos nacionales, el riesgo soberano probablemente siga distorsionando la operación de las finanzas transfronterizas. Los estados soberanos siempre pueden cambiar las reglas ex post, lo que significa que la integración financiera total es imposible. Y los costos de las sacudidas financieras locales no se pueden diversificar tan fácilmente.

Consideremos lo que sucede cuando un banco grande quiebra en Estados Unidos -una unión económica donde ya se aplican las reglas de Sandbu y Eichengreen-. Los derrames económicos regionales están limitados por el hecho de que otros prestatarios pueden seguir funcionando normalmente: la solvencia está determinada por los elementos fundamentales de un prestatario y no por su estado de residencia. Nadie espera que un gobierno estatal interfiera en los pagos entre estados, reescriba las reglas de quiebra o emita su propia moneda en caso de una crisis extrema.

Los gobiernos estatales en Estados Unidos ejercen poca soberanía en gran parte porque la necesitan menos: sus residentes reciben transferencias del centro y envían a sus representantes a Washington para ayudar a redactar la política federal.

Pero los estados miembro de la UE están en una posición muy diferente frente a las instituciones de la UE en Bruselas. Como retienen la soberanía, no pueden comprometerse de manera igualmente creíble a no interferir con los mercados financieros. De manera que sigue existiendo el riesgo de que una sacudida financiera lo suficientemente fuerte en la UE afecte a todos los otros prestatarios en el mismo país de manera determinante. Pretender que podemos separar las finanzas públicas de las privadas puede exacerbar, más que moderar, los ciclos financieros de expansión y contracción.

En las sociedades contemporáneas, las finanzas deben cumplir un fin público más allá de la lógica de la rentabilidad del mercado financiero. De manera que están irrevocablemente politizadas -por buenas y por malas razones-. Pareciera que los responsables de las políticas, conservadores y progresistas por igual, se están resignando a esta realidad.

En una conferencia reciente a la que asistí, estaba sentado junto a un prominente experto en políticas comerciales de Estados Unidos. Comenzamos a conversar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el presidente Donald Trump le ha echado la culpa por las aflicciones de los trabajadores norteamericanos y que está intentando renegociar. “Nunca pensé que el TLCAN fuera un gran acuerdo”, dijo el economista.

Quedé sorprendido. El experto había sido uno de los defensores más acérrimos y vehementes del TLCAN cuando el acuerdo se firmó hace 25 años. Él y otros economistas especializados en comercio habían desempeñado un papel importante a la hora de venderle el acuerdo al pueblo estadounidense. “Yo respaldé el TLCAN porque pensaba que abriría el camino para futuros acuerdos comerciales”, explicó mi compañero.

Un par de semanas después, estaba en una cena en Europa, donde el orador era un ex ministro de Finanzas de un país de la eurozona. El tema era el ascenso del populismo. El ex ministro había abandonado la política y pronunciaba palabras fuertes sobre los errores que, en su opinión, había cometido la elite política europea. “Acusamos a los populistas de hacer promesas que no pueden cumplir, pero deberíamos apuntar esas críticas a nosotros mismos”, nos dijo.

Antes, durante la cena, había debatido sobre lo que describo como un trilema, por el cual es imposible tener soberanía nacional, democracia e híper-globalización al mismo tiempo. Debemos elegir dos de las tres. El ex político hablaba apasionadamente: “Los populistas al menos son honestos. Son claros respecto de la elección que están haciendo; quieren el estado-nación, y no la híper-globalización o el mercado único europeo. Pero nosotros le dijimos a nuestro pueblo que podía tener las tres tortas a la vez. Hicimos promesas que no pudimos cumplir”.

Nunca sabremos si una mayor honestidad de parte de los políticos y los tecnócratas de la corriente dominante nos habría ahorrado el ascenso de demagogos nativistas como Trump o Marine Le Pen en Francia. Lo que sí resulta claro es que la falta de franqueza en el pasado tuvo un precio. Les ha costado su credibilidad a los movimientos políticos del centro. Y les ha dificultado a las elites la tarea de achicar la brecha que las separa de la gente común que se siente abandonada por el establishment.

A muchas elites las desconciertan los motivos por los cuales los pobres o la gente de clase trabajadora votarían por alguien como Trump. Después de todo, las políticas económicas profesadas por Hillary Clinton muy probablemente les habrían resultado más favorables. Para explicar la aparente paradoja, mencionan la ignorancia, la irracionalidad o el racismo de estos votantes.

Pero existe otra explicación, que es plenamente consistente con la racionalidad y el interés personal. Cuando los políticos establecidos pierden su credibilidad, es natural que los votantes desestimen las promesas que les hacen. Es más factible que los votantes se sientan atraídos por candidatos que tienen credenciales anti-establishment y de los que se puede esperar, con certeza, que se aparten de las políticas predominantes.

En el lenguaje de los economistas, los políticos de centro enfrentan un problema de información asimétrica. Dicen que son reformistas, ¿pero por qué los votantes deberían creerles a líderes que no parecen diferentes de la camada previa de políticos que hicieron una propaganda excesiva de los beneficios de la globalización y desestimaron sus quejas?

En el caso de Clinton, su estrecha asociación con la tendencia dominante globalista del Partido Demócrata y sus vínculos estrechos con el sector financiero claramente agravaron el problema. Su campaña prometió acuerdos comerciales justos y renegó de un respaldo del Acuerdo Transpacífico (TPP por su sigla en inglés), ¿pero lo sentía de corazón, realmente? Después de todo, cuando fue Secretaria de Estado de Estados Unidos, había respaldado fuertemente el TPP.

Esto es lo que los economistas llaman un equilibrio aunador. Los políticos convencionales y reformistas se ven parecidos y, por lo tanto, suscitan la misma respuesta de gran parte del electorado. Pierden votos a manos de los populistas y los demagogos cuyas promesas de sacudir el sistema son más creíbles. Encuadrar el desafío como un problema de información asimétrica también sugiere una solución. Un equilibrio aunador puede alterarse si los políticos reformistas pueden “enviar señales” a los votantes sobre su “verdadero tipo”.

Enviar señales tiene un significado específico en este contexto. Implica adoptar un comportamiento costoso que es lo suficientemente extremo como para que un político convencional nunca quiera emularlo, pero no tan extremo como para transformar al reformista en un populista y frustrar el objetivo. Para alguien como Hillary Clinton, suponiendo que su conversión fue real, podría haber significado anunciar que ya no le pediría un centavo a Wall Street o que no firmaría otro acuerdo comercial si resultara electa.

En otras palabras, los políticos de centro que quieren eclipsar a los demagogos tienen que transitar un sendero muy estrecho. Si diseñar un sendero de estas características suena difícil, es un indicio de la magnitud del desafío que enfrentan esos políticos. Para lograrlo, probablemente hagan falta nuevas caras y políticos más jóvenes, no contaminados con las opiniones globalistas y fundamentalistas de mercado de sus antecesores.

También requerirá un reconocimiento sincero de que a los políticos se los elige para que persigan el interés nacional. Y esto implica la voluntad de atacar a muchas de las vacas sagradas del establishment -particularmente la rienda suelta que se les da a las instituciones financieras, el sesgo hacia las políticas de austeridad, la visión cínica del papel del gobierno en la economía, el movimiento sin obstáculos del capital por todo el mundo y la fetichización del comercio internacional.

La retórica de estos líderes muchas veces sonará discordante y extrema a los oídos de la corriente dominante. Sin embargo, volver a seducir a los votantes y alejarlos de los demagogos populistas tal vez no requiera nada menos. Estos políticos deben ofrecer una concepción inclusiva, más que nativista, de la identidad nacional, y su política debe mantenerse totalmente dentro de las normas democráticas liberales. Todo lo demás debe estar sobre la mesa.

Las economías en desarrollo que logran crecer rápidamente y de manera sostenida sin depender de los auges de los recursos naturales suelen hacerlo a través de la industrialización orientada a la exportación, pero los datos nos dicen que esto ya no sucede así en un buen número de países

A muchas de las economías más pobres del mundo les está yendo bien, a pesar de los bajos precios mundiales de las materias primas de los cuales tienden a depender. El crecimiento económico en el África subsahariana se ha desacelerado precipitadamente desde el año 2015, pero esto refleja problemas específicos en tres de sus economías más grandes (Nigeria, Angola y Sudáfrica). Se proyecta que Etiopía, Costa de Marfil, Tanzania, Senegal, Burkina Faso y Ruanda logren un crecimiento del 6% o más este año. En Asia, lo mismo es cierto para los casos de India, Myanmar, Bangladesh, la República Democrática Popular Lao, Camboya y Vietnam.

Todas estas son muy buenas noticias, pero también son desconcertantes. Las economías en desarrollo que logran crecer rápidamente y de manera sostenida sin depender de los auges de los recursos naturales –como la mayoría de países lo han hecho durante una década o más– suelen hacerlo a través de la industrialización orientada a la exportación. No obstante, pocos de los prenombrados países se industrializan mucho. La participación de la industria manufacturera en los países sub-saharianos de bajos ingresos está, de manera general, estancada, y en algunos casos está disminuyendo. Y, a pesar de que se habla mucho sobre “Fabricar en India”, que es uno de los eslóganes del primer ministro Narendra Modi, el país muestra pocos indicios de una rápida industrialización.

La manufactura se convirtió en una poderosa escalera mecánica para el desarrollo económico en los países de bajos ingresos por tres razones. En primer lugar, era relativamente fácil absorber tecnología proveniente del exterior y generar empleos de alta productividad. En segundo lugar, los trabajos de manufactura no requerían mucha habilidad: los agricultores podían convertirse en trabajadores de producción en fábricas con poca inversión en capacitación adicional. Y, en tercer lugar, la demanda manufacturera no estaba limitada por los bajos ingresos internos: la producción podría expandirse virtualmente sin límite, a través de las exportaciones.

Pero las cosas han estado cambiando. Ahora está bien documentado que la manufactura se ha tornado cada vez más intensiva en habilidades durante las últimas décadas. Junto con la globalización, esto ha hecho que sea muy difícil para los recién llegados entrar a los mercados mundiales dedicados a la manufactura con una participación importe y así replicar la experiencia de las superestrellas de la manufactura en Asia. A excepción de un puñado de exportadores, las economías en desarrollo han experimentado una desindustrialización prematura. Parece como si dicha escalera mecánica hubiese sido retirada de los países rezagados.

Entonces, ¿cómo podemos explicar el reciente auge en algunos de los países más pobres del mundo? ¿Han descubierto estos países un nuevo modelo de crecimiento?

En investigaciones recientes Xinshen Diao del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), Margaret McMillan de la Universidad de Tufts, y yo mismo, examinamos los patrones de crecimiento de esta nueva camada de países de alto rendimiento. Establecimos nuestro enfoque en los patrones de cambio estructural que han experimentado estos países. Documentamos un par de hallazgos paradójicos.

En primer lugar, el cambio estructural promotor del crecimiento ha tenido una importancia significativa en lo que se experimentó en países de bajos ingresos como por ejemplo: Etiopía, Malawi, Senegal y Tanzania, a pesar de la ausencia de industrialización. La mano de obra se ha estado desplazando desde actividades agrícolas de baja productividad hacia actividades de mayor productividad, pero estas últimas son, en su mayoría, actividades del sector de servicios, y no así actividades manufactureras.

En segundo lugar, el rápido cambio estructural en estos países ha sobrevenido a expensas de un crecimiento mayormente negativo en la productividad del trabajo dentro de los sectores no agrícolas. En otras palabras, a pesar de que los servicios que absorbieron nuevos empleos mostraron una productividad relativamente alta desde el principio, su ventaja disminuyó a medida que se expandieron. Este patrón contrasta fuertemente con el proceso clásico de crecimiento de Asia oriental (como los procesos de crecimiento de Corea del Sur y China), en el cual tanto el cambio estructural como las ganancias en la productividad del trabajo no agrícola contribuyeron fuertemente al crecimiento integral.

La diferencia parece explicarse por el hecho de que la expansión de los sectores urbanos y modernos en los recientes episodios de alto crecimiento se ve impulsada por la demanda interna, y no así por la industrialización orientada a la exportación. En particular, el modelo africano parece apoyarse en shocks positivos de la demanda agregada generados por las transferencias provenientes del exterior o por el aumento de la productividad en la agricultura.

En Etiopía, por ejemplo, las inversiones públicas en riego, transporte y energía han producido un aumento significativo en la productividad agrícola y los ingresos. Esto da como resultado un cambio estructural que favorece el crecimiento, a medida que la demanda incrementada se ‘derrama’ sobre los sectores no agrícolas. Sin embargo, la productividad del trabajo no agrícola se reduce como subproducto, a medida que disminuyen los rendimientos del capital y se atraen a empresas menos productivas.

Esto no se dice por minimizar la importancia del rápido crecimiento de la productividad en la agricultura, que es el sector tradicional arquetípico. Nuestra investigación sugiere que la agricultura ha desempeñado un papel clave en África no sólo por su propia cuenta, sino también como motor de un cambio estructural que aumenta el crecimiento. La diversificación que apunta a los productos no tradicionales y lleva a la adopción de nuevas técnicas de producción puede transformar a la agricultura en una actividad cuasi-moderna.

No obstante, hay límites a cuán lejos puede este proceso llevar a la economía. Los flujos de salida de mano de obra del sector agrícola son un resultado inevitable durante el proceso de desarrollo, lo que, en parte, se debe a la elasticidad baja de los ingresos con respecto a los productos agrícolas. El trabajo que se libera debe ser absorbido en las actividades modernas. Y, si la productividad no está creciendo en estos sectores modernos, el crecimiento de toda la economía en última instancia se detendrá. La contribución que puede hacer el componente de cambio estructural necesariamente es autolimitante, si el sector moderno no experimenta un crecimiento rápido de la productividad por su propia cuenta.

Los países africanos de bajos ingresos pueden mantener tasas moderadas de crecimiento de la productividad en el futuro, sobre la base de mejoras constantes en el capital humano y la gobernanza. La convergencia continua con los niveles de ingreso de los países ricos parece factible. Sin embargo, la evidencia sugiere que las tasas de crecimiento provocadas recientemente por un cambio estructural rápido son excepcionales y puede que no sean duraderas.

Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.

Copyright: Project Syndicate, 2017.

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A finales de agosto, el presidente francés, Emmanuel Macron, dio a conocer la reforma del mercado laboral que puede llevar a su presidencia al éxito o al fracaso – y es muy posible que pueda determinar el futuro de la eurozona. Su objetivo es derribar la porfiada tasa de desempleo de Francia para que se establezca un poco por debajo del 10%, y energizar una economía que necesita urgentemente un fuerte puntapié inicial.

La reforma laboral ha estado por largo tiempo en la agenda de Francia. Prácticamente cada uno de los gobiernos franceses en tiempos recientes ha tratado de reescribir el gigantesco código laboral del país; pero han fracasado en su mayoría en sus intentos debido a las confrontaciones con las protestas sindicales. Macron no anda con rodeos acerca de lo que está enfrentando: lo ha descrito como una revolución copernicana. Sin embargo, esta vez puede que los resultados sean distintos. A pesar de que el segundo sindicato más grande del país ha convocado una huelga general, hay indicios de que Macron tendrá el apoyo político que necesita.

Las reformas de Macron pretenden aumentar lo que se llama eufemísticamente la flexibilidad del mercado laboral. Las reformas propuestas facilitarían a las empresas el despido de los trabajadores, descentralizarían las negociaciones entre empleadores y trabajadores de las pequeñas empresas (eliminando los acuerdos sectoriales) e introducirían un límite máximo a la indemnización por despido injustificado, lo que aliviaría la imprevisibilidad de los daños y perjuicios asignados mediante procesos de arbitraje. Además, las reformas eliminan un requisito que vincula los despidos masivos en grandes empresas a la rentabilidad global de dichas empresas; después de las reformas las empresas podrán despedir a los trabajadores únicamente sobre la base de rentabilidad interna.

La lógica detrás de las reformas del mercado laboral de Macron es la misma que durante las últimas tres décadas ha promovido la agenda de reformas estructurales de economistas formuladores de políticas y de instituciones internacionales que van desde el Fondo Monetario Internacional hasta la OCDE. Una mayor flexibilidad, según este punto de vista, permitirá a las empresas francesas adaptarse más eficazmente a las cambiantes condiciones del mercado, lo que a su vez las hará más competitivas y dinámicas, brindando impulso a la economía francesa.

La idea de que hacer que sea más fácil despedir a los trabajadores reducirá, en lugar de aumentar, el desempleo no es tan loco como pudiese sonar. Si los costos de despedir a los trabajadores son prohibitivamente altos, las empresas puede que no contraten trabajadores adicionales durante una recuperación del mercado, por temor a no poder reducir sus costos laborales durante el descenso futuro de dicho mercado. Los costos de despido son costos de contratación, como dicen los economistas. Si usted reduce los costos de despido, usted también reduce los costos de contratación.

Si una reducción en los costos de despido aumenta o no el empleo depende del equilibrio de esos dos factores compensatorios. El resultado depende de si las empresas están más limitadas ya sea por los costos de contratación o por los costos de despido.

En los buenos tiempos, cuando las empresas quieren expandirse, son los costos de contratación los que mandan, y por lo tanto, hacer que sea más fácil despedir a los trabajadores eliminará un impedimento clave para la inversión y la expansión de la capacidad. En tiempos más pesimistas, la reducción de los costos de despido conducirá simplemente a más despidos. Cuál de estos factores prevalece depende del estado de la demanda agregada y de los “espíritus animales” de los empleadores.

Esta ambigüedad explica por qué ha resultado difícil establecer una clara relación empírica entre la protección del empleo y el desempeño del mercado laboral, a pesar del entusiasmo de muchos economistas y legisladores por las reformas que mejoran la flexibilidad. Existen pruebas considerables de que cuando se tienen leyes fuertes de protección del empleo se reduce la rotación de puestos de trabajo – es decir, se reduce la cantidad de nuevas contrataciones y despidos. Sin embargo, cuando se trata de los niveles generales de empleo y desempleo, “no se llega aún a una decisión de consenso”, como muestra una encuesta reciente. Los datos comparativos nos brindan muy poca seguridad sobre que las reformas francesas vayan a producir un impulso al nivel de empleo.

Se cree que Francia tiene leyes laborales particularmente engorrosas. No obstante, muchas de las economías con las que compite tienen protecciones del mercado laboral que son similarmente fuertes. De hecho, según los indicadores de protección del empleo de la OCDE, los trabajadores alemanes y holandeses con contratos permanentes gozan de una seguridad aún mayor que la de los trabajadores franceses (en el aspecto que el sistema francés parece especialmente restrictivo es con respecto a los contratos temporales).

Según algunas estimaciones, Francia se situaba en segundo lugar sólo detrás de Alemania en términos de desregulación del mercado laboral antes de la crisis financiera mundial. Sin embargo, los niveles de desempleo en Alemania y los Países Bajos son una fracción de los que prevalecen en Francia.

La diferencia real entre estas economías es que Alemania y los Países Bajos, a diferencia de Francia, tienen grandes superávits en cuenta corriente. Esto significa que sus economías reciben un gran impulso de la demanda externa. Francia, por el contrario, tiene un déficit pequeño de cuenta corriente.

¿Pueden las reformas que aumentan la flexibilidad del mercado laboral brindar a la industria francesa un similar impulso al alza? La respuesta es quizás. Pero eso requerirá un fuerte aumento en los espíritus animales de los industriales franceses. La psicología, al fin y al cabo, puede desempeñar un papel más importante que los detalles de las propias reformas.

En una discusión tan tecnocrática, es fácil olvidar que lo que los economistas llaman “rigideces del mercado laboral” son, de hecho, un componente crucial de la negociación social en las economías capitalistas avanzadas. Estas rigideces proporcionan seguridad de ingresos y empleo a los trabajadores cuyas vidas podrían estar sujetas a trastornos tumultuosos. Y, como observa el economista italiano Giuseppe Bertola, pueden ser eficientes incluso desde una perspectiva estrictamente económica, porque facilitan que se suavicen los picos en los ingresos laborales.

El séquito que rodea a Macron ha estado sabiamente expresando a cualquiera que los escuche que no se debe esperar demasiado del nuevo código laboral. La economía de las reformas sugiere que es poco probable que dichas reformas marque una gran diferencia por su cuenta. El problema es que Macron tiene muy pocas flechas en su aljaba cuando se trata de incrementar el crecimiento económico francés. En términos de política macroeconómica, sus manos están atadas en la eurozona, y hay pocas perspectivas de que Alemania ayude a impulsar su inversión y gasto. Por lo tanto, sin importar si le gusta o no a Macron, es probable que su presidencia sea juzgada según las repercusiones económicas y políticas de sus reformas laborales.

Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.

Copyright: Project Syndicate, 2017.Project Syndicate

Pocas economías plantean una paradoja tan grande como la de México. Tras surgir de una serie de crisis macroeconómicas a mediados de los años 1990, México sobrellevó audaces reformas que deberían haber encaminado al país hacia un rápido crecimiento económico. Adoptó una prudencia macroeconómica, liberalizó sus políticas económicas, firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), invirtió en educación e implementó políticas innovadoras para combatir la pobreza.

En muchos sentidos, estas reformas rindieron sus frutos. Se alcanzó una estabilidad económica, la inversión doméstica aumentó dos puntos porcentuales del PIB y el logro educativo promedio creció casi tres años. Quizá los beneficios más visibles se puedan ver en el frente externo. Las exportaciones se dispararon del 5% al 30% del PIB y el porcentaje del PIB que corresponde a la inversión extranjera directa en el país se triplicó.

Sin embargo, donde realmente cuenta –que es en el crecimiento económico y de la productividad en general–, la historia es de una desilusión sustancial. Desde 1996, el crecimiento económico per capita ha registrado un promedio muy por debajo del 1,5% y la productividad total de los factores se ha estancado o ha declinado.

Si alguna vez existió un país destinado a ser el paradigma de la nueva ortodoxia en materia de desarrollo económico, ése era México. Por el contrario, el país quedó rezagado detrás de sus colegas latinoamericanos. ¿Por qué?

Gran parte de la respuesta tiene que ver con el dualismo extremo de la economía mexicana –un problema que se ha dado en llamar los “dos Méxicos”–. El grueso de los trabajadores mexicanos sigue estando empleado en empresas “informales” –especialmente firmas en las que los empleados no son trabajadores asalariados–, donde la productividad es una fracción del nivel que tienen las firmas grandes y modernas que están integradas en la economía mundial.

Lo que sorprende es que este dualismo se ha agravado durante el período de las reformas de liberalización de México. La investigación que realizó uno de nosotros (Levy) demuestra que las empresas informales han absorbido una proporción creciente de los recursos de la economía. El crecimiento acumulado del empleo entre 1998 y 2013 en el sector informal fue de un gigantesco 115%, comparado con el 6% en la economía formal. Para el capital, el crecimiento acumulado fue del 134% en el sector informal y del 9% en el sector formal.

A México no parece faltarle dinamismo económico. Una cantidad considerable de nuevas empresas son la fuente principal de crecimiento del empleo. Pero este movimiento no parece ser del tipo que mejorar la productividad general.

La evidencia demuestra que muchas empresas de baja productividad sobreviven, mientras que firmas de alta productividad mueren. La heterogeneidad productiva y la asignación inapropiada que conlleva han venido aumentando en el comercio, los servicios y la industria por igual. En consecuencia, la productividad general de la economía se ha estancado o está declinando.

No resulta del todo claro por qué el cambio estructural ha reducido, de manera negativa, el crecimiento. Una explicación posible es el sistema paralelo de seguro social de México. Las empresas y los trabajadores en el sector formal deben pagar por su seguro médico, sus jubilaciones y otros beneficios para empleados. Pero, como los trabajadores menosprecian estos beneficios, el resultado es un impuesto neto al empleo formal.

Por el contrario, cuando las empresas y los trabajadores son informales, los trabajadores reciben un conjunto similar de beneficios de salud y jubilación gratis. El resultado es que el empleo formal está involuntariamente penalizado, mientras que el empleo informal está subsidiado.

Otra posibilidad, que puede acompañar la primera, es que la rápida apertura de México a las importaciones ha bifurcado su economía entre una cantidad relativamente pequeña de empresas tecnológicamente avanzadas y globalmente competitivas, y un segmento creciente de empresas, particularmente en el sector de servicios y de comercio minorista, que se desempeñan como la fuente residual de empleo. A falta de políticas de desarrollo productivas del tipo utilizado en el este de Asia, las empresas modernas tal vez no hayan podido expandirse lo suficientemente rápido. Los beneficiarios de la globalización son, por lo general, aquellos países que la complementaron con una estrategia destinada a promover nuevas actividades, políticas que favorecieron a la economía real por sobre las finanzas y reformas secuenciales que hicieron hincapié en el empleo de alta productividad.

Sea cual fuere la historia correcta, parece evidente que el problema de crecimiento de México no es consecuencia de la inestabilidad macroeconómica, la ausencia de competencia extranjera o la falta de capital humano. En verdad, los retornos de la inversión en educación han venido cayendo en parte porque la oferta de trabajadores capacitados ha superado la demanda, ya que la mayoría de las empresas informales no los requieren.

Al final de cuentas, los efectos de las reformas pensadas en la eficiencia han sido compensados por factores –políticas de seguro social e imperfecciones del mercado– que canalizan sistemáticamente demasiados recursos a las empresas informales y crean obstáculos para las empresas formales. Dada la retórica incendiaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la discusión en México entendiblemente gira alrededor de la renegociación del TLCAN. Pero si los responsables de las políticas no quieren fracasar en el intento, después de concluido este proceso, deben virar su atención a los factores estructurales que están deprimiendo el crecimiento de México.

Hay dos lecciones importantes aquí para otros países en desarrollo. Primero, durante demasiado tiempo estas economías han estado obsesionadas con la apertura al comercio internacional, con atraer inversión extranjera directa, con liberalizar los precios y con lograr una estabilización macroeconómica. Estas reformas funcionan, normalmente en conjunto con otras, cuando promueven una transformación estructural que mejore la productividad. Cuando no es así, o cuando otras políticas las contrarrestan negativamente, los resultados serán desalentadores.

La segunda lección es que los países tienen que prestar mucha atención a cómo las políticas de seguro social afectan el comportamiento de las empresas y los trabajadores. Dejando de lado las buenas intenciones, el resultado puede ser que el segmento de baja productividad de la economía esté subsidiado, mientras que el segmento de alta productividad pague impuestos.

México ha demostrado que las estrategias de crecimiento exitosas no se pueden edificar en base a modelos preconcebidos. Más bien, requieren de reformas bien orientadas y específicas para cada país que eliminen los obstáculos reales para la expansión de los sectores modernos, y políticas sociales que sean compatibles con la transformación estructural.

Copyright: Project Syndicate, 2017.

La cumbre de este año del G20 en Hamburgo promete estar entre las más interesantes de los últimos años. El presidente estadounidense Donald Trump, cuya actitud hacia el multilateralismo y la cooperación internacional es de estudiado desdén, asiste por primera vez.

Trump llega a Hamburgo habiendo ya abandonado uno de los compromisos clave de la cumbre del año pasado: unirse al acuerdo climático de París “lo antes posible”. Y no tendrá mucho entusiasmo por la habitual exhortación de estos encuentros a rechazar el proteccionismo o dar más ayuda a los refugiados.

Más aún, la de Hamburgo sigue a dos cumbres anuales del G20 en países autoritarios (Turquía en 2015 y China en 2016) donde las protestas se podían sofocar. Se puede apuntar que la cumbre de este año es una ocasión para estridentes manifestaciones callejeras, no solo contra Trump sino también Recep Tayyip Erdogan de Turquía y Vladimir Putin de Rusia.

El G20 tiene sus orígenes en dos ideas, una relevante e importante, la otra falsa y molesta. La idea importante es que incentivar el desarrollo de economías emergentes como Brasil, India, Indonesia, Sudáfrica y China se ha vuelto demasiado significativo como para quedar excluido de los debates sobre gobernanza global. Si bien el G7 no ha sido reemplazado (su última cumbre se celebró en mayo en Sicilia), las reuniones del G20 son una oportunidad para ampliar y desarrollar el diálogo.

El G20 se creó en 1999 tras la crisis financiera asiática. Al principio los países desarrollados lo consideraron como un espacio de encuentro, en donde ayudarían a las economías en desarrollo a nivelar la gestión financiera y monetaria para alcanzar los estándares del mundo desarrollado. Con el tiempo, los países en desarrollo encontraron su propia voz y han cumplido un papel más importante en la determinación de la agenda del grupo. En todo caso, la crisis financiera global de 2008 que se originó en Estados Unidos y la subsiguiente debacle de la eurozona socavó mucho la idea de que los países desarrollados tengan grandes conocimientos que impartir en estos asuntos.

La segunda idea, y también la menos útil, que apuntala al G20 es que para solucionar los acuciantes problemas de la economía mundial se requieren una cooperación y coordinación cada vez más intensas a nivel global. La analogía que se suele usar es que la economía mundial es un “bien común global”; o todos los países hacen su parte para contribuir a su mantenimiento, o todos sufrirán las consecuencias. 

Esto suena a verdad y ciertamente se aplica a algunas áreas. Por ejemplo, para abordar un problema clave como el cambio climático son necesarias medidas colectivas. Reducir las emisiones de dióxido de carbono es un verdadero bien público global porque cada país, dejado a sus propios recursos, preferiría aprovechar los recortes de otros y hacer muy poco en casa.

De manera similar, las enfermedades infecciosas que se propagan más allá de las fronteras requieren inversiones globales en sistemas de aviso temprano, monitoreo y prevención. En este aspecto, también los países individuales tienen pocos incentivos para contribuir a estas inversiones y muchos para aprovechar las de otros.

Considerar en el mismo tono los temas económicos básicos del G20 (estabilidad financiera, gestión macroeconómica, políticas comerciales y reforma estructural) se aleja un poco de esos argumentos. Pero, en gran parte, la lógica del bien común global no va en línea con tales problemas económicos.

Piénsese en el tema que estará en la cabeza de todos los líderes del G20 en Hamburgo (excepto, por supuesto, en la de Trump): la amenaza de un creciente proteccionismo comercial. Un nuevo informe de Global Trade Alert advierte que el G20 no ha cumplido sus promesas anteriores al respecto. Hasta ahora, los ladridos de Trump sobre el comercio han sido más ruidosos que sus hechos. Sin embargo, argumenta el informe, las miles de medidas proteccionistas que siguen impidiendo las exportaciones estadounidenses a otros países bien pueden darle la excusa que necesita para elevar las barreras por su cuenta.

Sin embargo, en realidad la incapacidad de mantener políticas de libre comercio no se deriva de la cooperación global o un insuficiente espíritu global. Es esencialmente un fracaso a nivel nacional.

Cuando los economistas enseñamos el principio de las ventajas comparativas y las ganancias del comercio, explicamos que el libre comercio amplía el pastel económico del país de origen. Comerciamos no para beneficiar a otros países, sino para mejorar las oportunidades económicas de nuestros propios ciudadanos. Responder al proteccionismo de otros países erigiendo nuestras propias barreras equivale a dispararnos a los pies.

Es verdad que los acuerdos de libre comercio no han traído beneficios para una gran cantidad de estadounidenses; muchos trabajadores y comunidades se han visto afectados. Pero los acuerdos comerciales desequilibrados y sesgados que produjeron estos resultados no fueron impuestos a EEUU por otros países. Son los que los poderosos intereses financieros y corporativos estadounidenses (los mismos que apoyan a Trump) exigieron y se las arreglaron para obtener. El no haber compensado a quienes salieron perdiendo no fue el resultado de una cooperación global inadecuada, sino una opción deliberada de política interna.

Lo mismo vale para la regulación financiera, la estabilidad macroeconómica o las reformas estructurales que promueven el crecimiento. Cuando los gobiernos se comportan mal en estas áreas, pueden generar consecuencias adversas para otros países, pero son sus propios ciudadanos quienes pagan el mayor precio. Las exhortaciones en las cumbres del G20 no solucionarán ninguno de estos problemas. Si queremos evitar un proteccionismo erróneo, o beneficiarnos de una mejor gestión económica en general, tenemos que comenzar por nuestros propios países.

Peor todavía, el globalismo irreflexivo tan prevalente en las reuniones del G20 alimenta la narrativa populista. Da justificación a Trump y otros líderes similares para desviar la atención de sus propias políticas y culpar a otros. Pueden decir que nuestro pueblo sufre porque otros países rompen las reglas y se aprovechan de nosotros. El globalismo como solución se transforma fácilmente en globalismo como chivo expiatorio.

La realidad, como podría decirlo un César tardío, es que la culpa no está en nuestros socios comerciales, sino en nosotros mismos.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, es autor de Las leyes de la economía: Aciertos y errores de una ciencia en entredicho.

Copyright: Project Syndicate, 2017

La economía de Brasil ha estado en caída libre, víctima de años de mal manejo económico y del enorme escándalo de corrupción que ha involucrado al establishment político y empresario del país –y que ahora amenaza con derribar al segundo presidente en dos años–. Quizá parezca difícil centrarse en cuestiones vinculadas a las políticas en medio de la agitación política y económica, pero la realidad sigue siendo que Brasil debe superar retos fundamentales si quiere sentar las bases para un crecimiento sostenible. Pocos desafíos parecen tan grandes como los problemas fiscales del país.

Existe un fuerte razonamiento de que las agobiadas finanzas gubernamentales de Brasil han sido un lastre para la economía durante mucho tiempo. En un 36%, el ratio gasto del Gobierno-PIB es uno de los más altos entre países con un nivel de ingresos similar. Años de laxitud fiscal, crecientes obligaciones en materia de seguridad social y bajos precios de las materias primas han magnificado enormemente los temores –hoy agravados por la crisis política– sobre la carga de deuda del Gobierno, que actualmente ronda el 70% del PIB. Las altas tasas de interés necesarias para financiar la peligrosa posición fiscal agravan aún más las cosas: los mayores pagos de intereses representan gran parte de la diferencia del gasto entre Brasil y países equivalentes.

En este contexto, el Congreso Nacional de Brasil, en un intento por recuperar la confianza del mercado, aprobó una enmienda constitucional sin precedentes en diciembre pasado que impone un techo a los gastos del Gobierno excluidos intereses, indexados según la tasa de inflación del año anterior, por un período de por lo menos diez años. Mientras esté vigente, el límite de gasto garantiza que el tamaño del Gobierno (excluidos los pagos de intereses) se achicará como porcentaje del ingreso nacional en cada año que la economía experimente un crecimiento real. El Fondo Monetario Internacional lo respaldó con entusiasmo en aquel momento, y hasta lo definió como un potencial “punto de inflexión” fiscal.

¿Pero lo es? Si se la toma al pie de la letra, la justificación económica para un límite del gasto es asombrosamente débil. Nada en la teoría económica respalda mantener el gasto gubernamental real constante durante un período de hasta una década. Por más grande que sea el tamaño del Gobierno de Brasil, no existe ninguna ratio mágica de gasto-PIB que garantice un crecimiento sostenido. Es más, el techo no distingue entre consumo e inversión del Gobierno. Y, en la práctica, probablemente se convierta más en un objetivo que en un techo, eliminando así la posibilidad de una política fiscal contracíclica en una crisis futura.

Inclusive como una señal para la confianza del mercado, la idea de un tope para el gasto futuro tiene puntos débiles importantes. Mientras la economía se contrae, un tope del gasto en verdad no imparte mucha disciplina; no obliga al Gobierno a achicarse al ritmo de la economía. La contracción fiscal, al estilo agustiniano, se difiere para más adelante –no exactamente un impulso de la confianza–. Por cierto, el FMI, con el argumento de que un tope del gasto es inadecuado, ha exigido un mayor ajuste fiscal anticipado.

Tal vez los tiempos desesperados requieran medidas desesperadas. La medida adoptada por Brasil se asemeja al plan de convertibilidad de Argentina de 1991, que abolió los controles monetarios y estableció una paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Frente a una hiperinflación y a una pérdida total de la confianza del mercado, el Gobierno intentó ganar credibilidad colocando la política monetaria en piloto automático. El mensaje de Argentina a los mercados fue “miren, no tenemos poder discrecional sobre la política monetaria”. De la misma manera, Brasil les está diciendo a los mercados que reducirá el Gobierno (siempre que la economía crezca). En ambos casos, las promesas están respaldadas por cambios legales o hasta constitucionales.

Cuando la credibilidad se convierte en la restricción limitante de la recuperación económica, medidas como éstas pueden tener sentido –siempre que tengan el efecto buscado de la confianza del mercado–. En verdad, las tasas de interés de largo plazo de los bonos gubernamentales de Brasil han bajado significativamente desde que se sancionó la enmienda (aunque es difícil precisar el impacto causal de la regla), y siguen estando muy por debajo de los niveles previos a la enmienda, a pesar de la breve recuperación tras la difusión de una grabación del presidente Michel Temer supuestamente autorizando pagos ilegales a un congresista encarcelado.

Pero como descubrió Argentina varios años después, la legislación fiscal vinculante puede convertirse en una fuerte limitación para la recuperación económica. A fines de los años 1990, una moneda sobrevaluada se había convertido en el gran problema de la Argentina. Los sucesivos gobiernos siguieron apegados a la ley de convertibilidad por miedo a perder credibilidad, pero como resultado de ello agravaron la crisis de competitividad de la economía. Finalmente, en medio de disturbios callejeros y un caos político, la Argentina abandonó la paridad monetaria en 2002.

Si se analiza teniendo en mente la experiencia de la Argentina, el tope del gasto de Brasil parece problemático –mucho más en un contexto de agitación política que, aparentemente, va a continuar en el futuro previsible–. El tope probablemente se vuelva aún más polémico desde un punto de vista político una vez que Brasil se recupere, cosa que sucederá. No es difícil imaginar que el próximo gobierno –cuando llegue– percibirá el tope como un obstáculo para un crecimiento económico más rápido. Los defensores del tope sonarán poco convincentes, porque el argumento económico para defenderlo es débil en ausencia de problemas de credibilidad extremos.

Por cierto, el tope terminará debilitándose en la medida que logre corregir la cuestión de la credibilidad. Brasil podría volverse prisionero del valor totémico de la política como mecanismo de compromiso, aunque sobreviva a su utilidad como tal. La ironía no pasará inadvertida para los inversores o los argentinos: los países que pueden incorporar un tope del gasto en la constitución con poca antelación también lo pueden eliminar con la misma facilidad.

Existen buenas razones por las que las democracias a veces se atan las manos o delegan la toma de decisiones. Los bancos centrales independientes o las comisiones fiscales, por ejemplo, pueden ayudar a los gobiernos a superar la tentación de una manipulación de corto plazo de la economía con un costo a más largo plazo. Pero el tope del gasto de Brasil no parece una solución sostenible. Si bien nació de una sensación real de urgencia fiscal, el mayor riesgo es que termine alimentando el conflicto político en torno al propio techo, en lugar de fomentar una deliberación sobre las difíciles decisiones fiscales que se pueden tomar.

Filipe Campante es profesor adjunto de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, es el autor de 'Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science'.Filipe CampanteDani Rodrik

Copyright: Project Syndicate, 2017.

La victoria de Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen fue un alivio para todo aquel que prefiere una sociedad democrática liberal abierta a sus contrapartes nativistas y xenófobas. Pero todavía falta mucho para ganarle la batalla al populismo de derecha.

Le Pen obtuvo más de un tercio de los votos en segunda vuelta, a pesar de que quitando el Frente Nacional y el pequeño partido Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, no recibió ningún otro apoyo. Y la participación electoral fue manifiestamente inferior a la de elecciones presidenciales anteriores, lo que indica un gran nivel de desafección entre los votantes. Si en los próximos cinco años Macron no logra tener éxito con sus políticas, Le Pen volverá con nuevos bríos, y el populismo nativista se fortalecerá en Europa y el resto del mundo.

Como candidato, a Macron lo ayudó el ir por fuera de los partidos políticos tradicionales, en una era de política antisistema. Pero como presidente, ese mismo hecho es una desventaja extraordinaria. El movimiento político fundado por Macron, ¡República En Marcha!, sólo tiene un año de vida; tras la elección del próximo mes para la Asamblea Nacional, Macron tendrá que crear una mayoría legislativa de la nada.

Las ideas económicas de Macron no admiten una caracterización sencilla. Durante la campaña presidencial, se lo acusó a menudo de falta de especificidad. Para muchos en la izquierda y la ultraderecha, es un neoliberal que no se diferencia en casi nada de los fracasados programas de austeridad ortodoxos que llevaron a Europa a la parálisis política actual. El economista francés Thomas Piketty, que apoyó al candidato socialista Benoît Hamon, describió a Macron como un representante “de la Europa del ayer”.

Y es verdad que muchos de los planes económicos de Macron tienen un aire neoliberal. Se comprometió a bajar el impuesto de sociedades del 33,5% al 25%, eliminar 120.000 puestos de funcionarios públicos, mantener el déficit fiscal por debajo del límite del 3% del PIB fijado por la UE y flexibilizar el mercado laboral (eufemismo de facilitarles a las empresas el despido de trabajadores). Pero también prometió mantener las prestaciones jubilatorias, y su modelo social favorito parece ser la “flexiguridad” al estilo nórdico: una combinación de altos niveles de seguridad económica con incentivos de mercado.

Nada de esto servirá (ciertamente no en el corto plazo) para resolver el desafío clave que definirá la presidencia de Macron: la creación de empleo. Como señala Martin Sandbu, esta fue la principal preocupación del electorado francés, y debe ser la principal prioridad del nuevo Gobierno. Desde la crisis de la eurozona, el desempleo en Francia se mantiene alto, en el 10% (y cercano a 25% para los menores de 25 años). Casi no hay evidencia para afirmar que una liberalización del mercado laboral aumentará el nivel de empleo, a menos que la economía francesa también reciba un importante impulso a la demanda agregada.

Es aquí donde entra en juego el otro componente del programa económico de Macron: su propuesta de un plan de estímulo quinquenal por 50.000 millones de euros (54.400 millones de dólares), que incluiría inversiones en infraestructura y tecnologías ecológicas, además de una ampliación de los programas de capacitación para desempleados. Pero esto supone muy poco más del 2% del PIB anual de Francia, así que el plan de estímulo por sí solo puede ser insuficiente para elevar el nivel general de empleo.

Macron tiene otra idea más ambiciosa: acelerar la creación de una unión fiscal de la eurozona, con departamento de hacienda y ministro de finanzas propios. En su opinión, esto permitiría transferencias fiscales permanentes de los países más fuertes a los desfavorecidos por la política monetaria común de la eurozona. El presupuesto común se financiaría con una parte de la recaudación impositiva de los países miembros. Un parlamento separado para la eurozona se encargaría de la supervisión política y la rendición de cuentas del sistema. Esta unificación fiscal permitiría a países como Francia aumentar la inversión en infraestructura y estimular la creación de empleo sin infringir los límites a las políticas fiscales.

Crear una unión fiscal basada en una integración política más profunda tiene muchísimo sentido. Al menos, es una salida coherente del limbo en que se encuentra la eurozona en la actualidad. Pero el osado plan europeísta de Macron no es sólo cuestión de política o principios, sino que es crucial para el éxito de su programa económico. Sin un aumento de la flexibilidad fiscal o transferencias desde el resto de la eurozona, a Francia le será difícil salir pronto de su crisis laboral. De modo que el éxito de la presidencia de Macron depende en gran medida de la cooperación europea.

Lo que nos trae a Alemania. La reacción inicial de Angela Merkel al resultado de la elección no fue alentadora. Aunque felicitó a Macron, al que llamó “portador de las esperanzas de millones de franceses”, también se declaró contraria a hacer cambios a la normativa fiscal de la eurozona. E incluso si Merkel (o un futuro gobierno encabezado por Martin Schulz) cambiara de parecer, subsiste la cuestión del electorado alemán. Tras presentarles la crisis de la eurozona como un problema no de interdependencia sino de moralidad (un conflicto entre los frugales y esforzados alemanes y unos deudores pródigos y mentirosos), a los políticos alemanes les costará obtener el apoyo de sus votantes a un proyecto fiscal común.

Macron previó la reacción alemana y la contrarrestó: “Uno no puede declararse defensor de una Europa fuerte y de la globalización, y al mismo tiempo rechazar de plano una unión de transferencias”. En su opinión, eso es una receta de desintegración y política reaccionaria: “Sin transferencias, la periferia no puede converger, y eso crea una divergencia política hacia el extremismo”.

Aunque Francia no esté en la periferia europea, el mensaje de Macron a Alemania es claro: o me ayudan a superar el trance y creamos una unión auténtica (económica, fiscal y tal vez política) o los extremistas nos pasan por encima.

Todo indica que Macron tiene razón. Por el bien de Francia, de Europa y del resto del mundo, esperemos que su victoria sea seguida por un cambio de actitud en Alemania.

Traducción: Esteban Flamini

Copyright: Project Syndicate, 2017

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Últimamente, parece haber surgido un consenso en las élites empresariales y políticas del mundo respecto de cómo encarar la reacción antiglobalizadora que populistas como Donald Trump han sabido explotar tan bien. Afirmar confiadamente que la globalización beneficia a todos es ya cosa del pasado; ahora las élites admiten que la globalización genera ganadores y perdedores. Pero la respuesta correcta no es detenerla o revertirla, sino compensar a los segundos.

Nouriel Roubini ha expresado en pocas palabras el nuevo consenso: sostiene que la reacción contra la globalización (…) “puede ser contenida y gestionada a través de políticas que compensen a los trabajadores por sus daños y costos colaterales. Solo mediante la promulgación de dichas políticas, los perdedores de la globalización empezarán a pensar que, con el transcurso del tiempo, ellos también podrán unirse a las filas de los ganadores”.

Este argumento parece sumamente razonable, en sentido tanto económico como político. Hace mucho que los economistas saben que la liberalización del comercio internacional genera redistribución de ingresos y pérdidas absolutas para alguna gente, aunque mejore el desempeño económico general del país en cuestión. De modo que la única forma en que los tratados de libre comercio pueden mejorar inequívocamente el bienestar nacional es si los ganadores compensan a los perdedores. Esto también asegura el apoyo de más votantes al libre comercio, así que tiene sentido políticamente.

Antes del Estado de bienestar, la tensión entre apertura y redistribución se resolvía mediante la emigración masiva de trabajadores o la reimposición de medidas proteccionistas, especialmente en el sector agrícola. Pero con el surgimiento del Estado de bienestar, aquella limitación se volvió menos apremiante, lo que permitió una mayor liberalización del comercio. Hoy los países avanzados que están más expuestos a la economía internacional son también los que tienen redes de protección y programas de seguridad social (Estado de bienestar) más amplios. Una investigación realizada en Europa probó que los perdedores de la globalización en un país tienden a apoyar programas sociales e intervenciones del mercado laboral más activas.

Que la oposición al libre comercio hoy no ocupe un lugar más destacado en el debate político europeo se debe en parte a que en este continente esos mecanismos de protección social siguen siendo sólidos (a pesar de su debilitamiento en años recientes). No es exagerado decir que el Estado de bienestar y la apertura económica han sido durante gran parte del siglo XX las dos caras de una misma moneda.

En comparación con la mayoría de los países europeos, Estados Unidos llegó tarde a la globalización. Hasta hace poco, su gran mercado interno y su relativo aislamiento geográfico lo protegían bastante bien de las importaciones, especialmente procedentes de países de bajos salarios. Al mismo tiempo, su Estado de bienestar había sido siempre poco desarrollado.

Cuando en los años ochenta Estados Unidos comenzó a abrirse a las importaciones de México, China y otros países en desarrollo, lo esperable hubiera sido que siguiera el modelo europeo. En vez de eso, bajo influencia del reaganismo y del fundamentalismo de mercado, el país tomó la dirección opuesta. Como señala el presidente del Instituto de Política Económica estadounidense, Larry Mishel: “No prestar atención a los perdedores fue deliberado. En 1981, uno de los primeros blancos de los ataques de Reagan fue el vigoroso programa de Asistencia para el Ajuste Ocupacional (TAA), cuyos pagos compensatorios semanales se vieron reducidos”.

El daño continuó en gobiernos demócratas posteriores. En palabras de Mishel, “si los partidarios del libre comercio realmente hubieran pensado en la clase trabajadora, podrían haber apoyado una amplia variedad de políticas para sostener el crecimiento de los salarios: pleno empleo, negociación colectiva, fuerte regulación laboral, un alto salario mínimo, etc.”. Y hubieran podido hacer todo esto “antes de generar 'perturbaciones' debidas a la liberalización del comercio con países de bajos salarios”.

¿Puede Estados Unidos cambiar el rumbo ahora y adoptar el nuevo consenso? Allá por 2007, el politólogo Ken Scheve y el economista Matt Slaughter exhortaron a instituir en Estados Unidos “un New Deal para la globalización”, que vinculara “la participación en la economía mundial con una redistribución sustancial de los ingresos”. En Estados Unidos, según los autores, esto suponía adoptar un sistema tributario federal mucho más progresivo.

Slaughter había sido funcionario de un gobierno republicano (durante la presidencia de George Bush hijo). Una muestra del grado de polarización de la política estadounidense es que hoy es inimaginable una propuesta similar surgida de un círculo republicano. El intento de Trump y sus aliados congresistas de desvirtuar el programa de seguro de salud del expresidente Barak Obama es prueba de la determinación de los republicanos de reducir en vez de ampliar los mecanismos de protección social.

El consenso actual respecto a la necesidad de compensar a los perdedores de la globalización presupone que los ganadores tendrían un motivo racional de interés propio para hacerlo, puesto que el apoyo de los perdedores sería esencial para mantener la apertura económica. Pero la presidencia de Trump reveló una perspectiva alternativa: la globalización, al menos como se la entiende hoy, inclina el equilibrio de poder político en favor de quienes tienen habilidades y recursos que les permitan sacar provecho de la apertura, y debilita cualquier influencia organizada que los perdedores hayan tenido en un primer momento. Como Trump bien demostró, es fácil poner el descontento incipiente con la globalización al servicio de una agenda totalmente diferente, más acorde con los intereses de las élites.

La política de compensación está siempre sujeta a un problema que los economistas llaman “inconsistencia temporal”. Antes de la adopción de una política nueva (por ejemplo, un tratado de libre comercio), los beneficiarios tienen motivos para prometer compensación a los perdedores. Pero una vez instituida, ya no tendrán mucho interés en cumplir lo prometido, sea porque un cambio de rumbo sería costoso para todos o porque el equilibrio de poder subyacente ahora los favorece.

El tiempo de la compensación ya pasó. Incluso si era una propuesta viable hace dos décadas, ya no es una respuesta práctica a los efectos negativos de la globalización. Para reintegrar a los perdedores, es necesario pensar en cambiar las reglas de la globalización misma.

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Dani Rodrik, profesor de economía política internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, es autor del libro Las leyes de la economía: los aciertos y errores de una ciencia en entredicho.

Traducido del inglés por Esteban Flamini

Copyright: Project Syndicate, 2017.  

Este mes la Unión Europea celebrará el 60 aniversario de su tratado fundacional, el Tratado de Roma, que estableció la Comunidad Económica Europea. Ciertamente hay mucho que celebrar. Después de siglos de guerra, agitación y asesinatos en masa, Europa es pacífica y democrática. La UE colocó a 11 expaíses del bloque soviético bajo su cobijo y los guió exitosamente en sus transiciones poscomunistas. Y, en una era de desigualdad, los países miembro de la UE exhiben las brechas de ingresos más bajas comparadas con cualquier otra parte del mundo.

Pero estos son logros pasados. Hoy, la Unión está empantanada en una profunda crisis existencial y su futuro está en duda. Los síntomas se sienten en todas partes: el Brexit, los niveles apabullantes de desempleo entre los jóvenes en Grecia y España, la deuda y el estancamiento en Italia, el ascenso de movimientos populistas y una reacción negativa contra los inmigrantes y el euro. Todos ellos apuntan a la necesidad de una reparación importante de las instituciones de Europa.

De modo que ya era hora de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, publicara un nuevo informe sobre el futuro de Europa. Juncker plantea cinco caminos posibles: seguir adelante con la agenda actual, centrarse solamente en el mercado único, permitir que algunos países avancen más rápido que otros hacia la integración, achicar la agenda y presionar de manera ambiciosa a favor de una integración uniforme y más completa.

Cuesta no sentir afinidad con Juncker. En un momento en que los políticos de Europa están preocupados por sus batallas domésticas y las instituciones de la UE en Bruselas son el blanco de la frustración popular, podría jugársela hasta cierto punto. Pero, a la vez, su informe es decepcionante. Elude el desafío central que la UE debe enfrentar y superar.

Si las democracias europeas pretenden recuperar su salud, la integración económica y política no pueden no estar sincronizadas. O la integración política se pone a la par de la integración económica, o haría falta desacelerar la integración económica. Mientras no se tome esta decisión, la UE seguirá siendo disfuncional.

Frente a esta difícil decisión, los estados miembro probablemente terminen adoptando diferentes posiciones en torno a la integración económica y política. Esto implica que Europa debe desarrollar la flexibilidad y los acuerdos institucionales necesarios para atemperarlas.

Desde el principio, Europa se construyó en base a un argumento “funcionalista”: la integración política sucedería a la integración económica. El informe de Juncker comienza de manera apropiada con una cita de 1950 del fundador de la Comunidad Económica Europea (y primer ministro francés), Robert Schuman: “Europa no se creará de la noche a la mañana o según un único plan. Se construirá a través de logros concretos que primero creen una solidaridad de facto”. Hay que construir los mecanismos de cooperación económica primero y esto preparará el terreno para instituciones políticas comunes.

Esta estrategia funcionó bien al principio. Permitió que la integración económica se mantuviera un paso adelante de la integración política –pero no demasiado lejos–. Luego, después de los años 1980, la UE dio un salto a lo desconocido. Adoptó una agenda de mercado único ambiciosa que apuntaba a unificar las economías de Europa, eliminando las políticas nacionales que obstaculizaban el movimiento libre no sólo de bienes sino también de servicios, personas y capital. El euro, que estableció una moneda única entre un subconjunto de estados miembro, era la extensión lógica de esta agenda. Se trató de una hiperglobalización a escala europea.

La nueva agenda estuvo impulsada por una confluencia de factores. Muchos economistas y tecnócratas pensaban que los gobiernos de Europa se habían vuelto demasiado intervencionistas y que una profunda integración económica y una moneda única disciplinarían al estado. Desde esta perspectiva, el desequilibrio entre la pata económica y la pata política del proceso de integración era una característica, no un problema.

Muchos políticos, sin embargo, reconocían que el desequilibrio era potencialmente problemático. Pero suponían que el funcionalismo finalmente saldría al rescate: las instituciones políticas cuasi-federales necesarias para respaldar el mercado único se desarrollarían si se les daba el tiempo suficiente. 

Las potencias europeas líderes jugaron un papel. Los franceses pensaban que trasladar la autoridad económica a burócratas en Bruselas mejoraría el poder nacional y el prestigio global francés. Los alemanes, ansiosos por obtener el visto bueno de Francia para la reunificación alemana, estuvieron de acuerdo.

Había una alternativa. Europa podría haber permitido que se desarrollara un modelo social común junto con la integración económica. Esto habría exigido integrar no sólo los mercados sino también las políticas sociales, las instituciones del mercado laboral y los acuerdos fiscales. La diversidad de modelos sociales en toda Europa, y la dificultad de alcanzar un acuerdo sobre reglas comunes, eran un freno natural para el ritmo y el alcance de la integración.

Lejos de ser una desventaja, esto habría ofrecido un correctivo útil para que la integración tuviera un ritmo y un alcance más deseables. El resultado podría haber sido una UE más pequeña, con una integración más profunda en general, o una UE con tantos miembros como hoy, pero mucho menos ambiciosa en su alcance económico.

Hoy tal vez sea demasiado tarde para intentar una integración fiscal y política de la UE. Menos de uno de cada cinco europeos está a favor de quitarle el poder a los estados-naciones miembro.

Los optimistas podrían decir que esto no se debe tanto a una aversión a Bruselas o Estrasburgo per se sino a la asociación por parte de la población de “más Europa” con un foco tecnocrático en el mercado único y la ausencia de un modelo alternativo atractivo. Quizá los nuevos líderes y formaciones políticas que vayan surgiendo logren esbozar un modelo de estas características y generar entusiasmo en torno de un proyecto europeo renovado.

Los pesimistas, por otro lado, esperarán que en los pasillos del poder en Berlín y París, en algún rincón profundo y oscuro, economistas y abogados estén preparando en secreto un plan B para desplegar cuando llegue el día en que la unión económica ya no se pueda posponer más.

Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, es el autor de Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science.Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science

Copyright: Project Syndicate, 2017.Project Syndicate

El pasado mes de octubre, la primera ministra británica, Theresa May, sorprendió a muchos cuando desdeñó la idea de la ciudadanía global. “Si usted cree que es un ciudadano del mundo”, dijo, “usted es un ciudadano de ningún lugar”.

Su declaración fue recibida con escarnio y alarma en los medios financieros y entre los comentaristas liberales. “La forma más útil de ciudadanía en estos días”, un analista le sermoneó, “es una ciudadanía dedicada no sólo al bienestar de un distrito municipal en Berkshire, por ejemplo, sino una ciudadanía dedicada al planeta”. The Economist llamó a lo ocurrido un giro “iliberal”. Un académico la acusó de repudiar los valores de la Ilustración y advirtió que en su discurso se escuchaban “ecos de lo dicho en el año 1933”.

Yo sé cómo luce un “ciudadano global”: veo un espécimen perfecto cada vez que paso frente de un espejo. Crecí en un país, vivo en otro, y llevo los pasaportes de ambos. Escribo sobre economía global, y mi trabajo me lleva a lugares lejanos. Paso más tiempo viajando por otros países que en cualquier país que me reclame como su ciudadano.

La mayoría de mis colegas cercanos en el trabajo son igualmente nacidos en el extranjero. Devoro las noticias internacionales, mientras que mi periódico local permanece sin abrir la mayoría de las semanas. En los deportes, no tengo ni idea cómo les va a mis equipos locales, pero soy ultra fanático de un equipo de fútbol en el otro lado del Atlántico.

Y, no obstante, la declaración de May toca una fibra profunda. Contiene una verdad esencial: el desdeño que dice mucho acerca de cómo, nosotros, la élite financiera, política y tecnocrática del mundo, nos distanciamos de nuestros compatriotas y perdimos su confianza.

Comience primero revisando el verdadero significado de la palabra “ciudadano”. El Diccionario Oxford de inglés define la palabra como “una persona o sujeto legalmente reconocido de un Estado o de un territorio autónomo (Commonwealth)”. Por lo tanto, la ciudadanía supone una forma de gobierno establecida –“un Estado o un Commonwealth”– de los cuales una persona es miembro. Los países tienen tales formas de gobierno; el mundo no las tiene.

Los defensores de la ciudadanía global reconocen rápidamente que no tienen un significado literal en mente. Ellos piensan en sentido figurado. Argumentan que las revoluciones tecnológicas en las comunicaciones y la globalización económica han reunido a ciudadanos de diferentes países. El mundo se ha encogido, y debemos actuar teniendo en cuenta las implicaciones globales. Y, además, todos tenemos identidades múltiples y superpuestas. La ciudadanía global no excluye –y no es necesario que excluya– las responsabilidades municipales o nacionales.

Hasta este punto, todo muy justo y muy bien dicho. Pero, ¿qué es lo que realmente hacen los ciudadanos globales?

La ciudadanía real implica interactuar y deliberar con otros ciudadanos en una comunidad política compartida. Significa que los responsables de la toma de decisiones deben rendir cuentas y participar en la política para dar forma a los resultados de las políticas públicas. En el proceso, mis ideas acerca de los fines y medios deseables se confrontan y se ponen a prueba frente a las ideas de mis conciudadanos.

Los ciudadanos globales no tienen derechos o responsabilidades similares. Nadie es responsable ante ellos, y no hay nadie ante quien deban justificar lo que ellos hacen. En el mejor de los casos, forman parte de comunidades de personas con pensamientos afines, quienes se encuentran en otros países. Sus contrapartes no son ciudadanos en todas partes, sino que se autodenominan “ciudadanos globales” en otros países.

Por supuesto, los ciudadanos globales tienen acceso a sus sistemas políticos nacionales para impulsar sus ideas. Pero, los representantes políticos son elegidos para promover los intereses de las personas que los eligieron para que desempeñen sus cargos. Los gobiernos nacionales están destinados a velar por los intereses nacionales, y en esto tienen toda la razón. Esto no excluye la posibilidad de que los ciudadanos que constituyen estos países puedan actuar con un interés propio más iluminado, tomando en cuenta las consecuencias que acarrean las medidas nacionales para otros en el exterior.

Pero, ¿qué sucede cuando el bienestar de los residentes locales entra en conflicto con el bienestar de los extranjeros – como ocurre a menudo? ¿No es el desprecio de sus compatriotas en tales situaciones lo que, precisamente, da a las llamadas élites cosmopolitas su mala fama?

Los ciudadanos globales temen que los intereses de los bienes comunes globales puedan verse perjudicados cuando cada gobierno persigue su propio interés estrecho. Ésta es ciertamente una preocupación con temas de bienes comunes que son verdaderamente globales, tales como el cambio climático o las pandemias. Pero, en la mayoría de las áreas económicas –impuestos, política comercial, estabilidad financiera, gestión fiscal y monetaria– lo que tiene sentido desde una perspectiva global también tiene sentido desde una perspectiva nacional. La economía enseña que los países deben mantener las fronteras económicas abiertas, regulaciones prudenciales sólidas y políticas de pleno empleo, no porque éstas sean buenas para otros países, sino porque sirven para ampliar el tamaño del pastel económico nacional.

Por supuesto, realmente sí ocurren fallas de políticas –por ejemplo, el proteccionismo– en todas estas áreas. Sin embargo, esto refleja una gobernanza nacional deficiente, no una falta de cosmopolitismo. Esto ocurre ya sea debido a la incapacidad que tienen las élites que formulan políticas en cuanto a convencer a los electores nacionales de los beneficios de la alternativa, u ocurre por su falta de voluntad para hacer ajustes con el fin de garantizar que realmente todos se beneficien.

Esconderse detrás del cosmopolitismo en tales instancias –cuando se impulsan acuerdos comerciales, por ejemplo– es un sustituto deficiente para ganar batallas políticas por sus propios méritos. Y, devalúa la moneda del cosmopolitismo cuando verdaderamente la necesitamos, como por ejemplo en el caso de la lucha contra el calentamiento global.

Pocos se han explayado sobre el tema de la tensión entre nuestras diversas identidades –locales, nacionales, globales– como tan perspicazmente lo ha hecho el filósofo Kwame Anthony Appiah. En esta era de “desafíos planetarios e interconexión entre países”, él escribió en respuesta a la declaración de May: “Nunca antes ha habido una mayor necesidad de tener un sentido de un destino humano compartido”. Es muy difícil estar en desacuerdo con esto.

No obstante, los cosmopolitas se encuentran a menudo en la situación del personaje de Los hermanos Karamazov de Fiodor Dostoievski quien descubre que cuanto más ama a la humanidad en general, menos ama a las personas en particular. Los ciudadanos globales deben tener cuidado de que sus altas y nobles metas no se conviertan en una excusa para huir de sus deberes para con sus compatriotas.

Tenemos que vivir en el mundo que tenemos, con todas sus divisiones políticas, y no en el mundo que desearíamos tener. La mejor manera de servir a los intereses globales es cumplir con nuestras responsabilidades dentro de las instituciones políticas que sí tienen importancia: estas son aquellas que sí existen.

Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.

Dani Rodrik es profesor de Economía Política en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y autor de 'Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science'.

Copyright: Project Syndicate, 2017.Project Syndicate

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, todavía no asume el mando, pero desde su sorpresiva victoria de noviembre su deficiente estilo de política industrial ha estado a la vista de todos.

Apenas pasaron unas semanas y Trump ya había reclamado una victoria. Mediante una mezcla de incentivos e intimidaciones logró que la empresa de calefacción y refrigeración Carrier mantuviera algunas de sus operaciones en Indiana, “salvando” cerca de mil empleos de ciudadanos estadounidenses. Visitó tras ello la planta de Carrier y, desde allí, advirtió a otras firmas estadounidenses que les impondría fuertes gravámenes si trasladaban sus plantas al exterior para reimportar sus productos desde ellas.

Su cuenta de Twitter ha abundado en comentarios del mismo tipo. Se ha puesto la medalla por la decisión de Ford de mantener en Kentucky una planta del modelo Lincoln, en lugar de abrirla en México. Ha amenazado a General Motors con aplicar aranceles de importación si sigue importando Chevrolet Cruzes desde México en vez de fabricarlos en Estados Unidos.

También ha atacado a empresas contratistas de defensa por sus sobrecostes, reprendiendo a los gigantes aeroespaciales Boeing y Lockheed Martin en diversas ocasiones por producir aviones demasiado caros.

El estilo de las políticas de Trump representa una gran ruptura con respecto al de sus predecesores. Es altamente personalista y temperamental. Depende de amenazas e intimidaciones. Tiende a las fanfarronadas, la exageración y las mentiras sobre acontecimientos reales. Es una especie de espectáculo público que tiene Twitter como escenario y corroe profundamente las normas democráticas.

Los economistas tienden a recomendar una relación de independencia entre los gobiernos y las empresas. Se supone que los funcionarios públicos deben evitar tener vínculos con las firmas privadas para no caer bajo sospechas de corrupción o favoritismos. Es un principio importante en Estados Unidos que se viola más a menudo de lo que se observa. Un ejemplo evidente es la innegable influencia sobre el gobierno estadounidense de los grandes magnates financieros en las últimas tres décadas.

Y, sin embargo, tras muchos de los éxitos de Estados Unidos hay estrechos vínculos de colaboración entre empresas y el gobierno. La historia del desarrollo económico de EEUU está marcada por asociaciones y alianzas pragmáticas entre los sectores público y privado, más que por reglas rígidas y separación de esferas. Como nos han recordado los economistas y analistas financieros con perspectiva historicista como Michael Lind, Stephen Cohen y Brad DeLong, Estados Unidos es heredero de una tradición 'hamiltoniana' en que el gobierno federal proporciona la inversión, la infraestructura, la financiación y otros apoyos que requiere la empresa privada.

La innovación tecnológica estadounidense debe tanto a programas estatales específicos, como las compras públicas o la ayuda crediticia, como a la habilidad de sus inventores y emprendedores. Como hace notar el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard Josh Lerner, algunas de las compañías tecnológicas más dinámicas de Estados Unidos, como Apple e Intel, recibieron apoyo financiero del gobierno antes de pasar a transarse en la bolsa. El fabricante de coches eléctricos Tesla se benefició del mismo programa público de garantías crediticias que Solyndra, la compañía de paneles solares que quebró en 2011 en un espectacular colapso público.

Como ilustra el ejemplo de Solyndra, muchas iniciativas públicas fracasan, pero la prueba última es si la rentabilidad social de la cartera sobre la que se invierte es positiva, considerando como un todo los éxitos y los fracasos. Las evaluaciones así de generales tienden a ser escasas, pero un análisis determinó que los programas estadounidenses destinados a mejorar la eficiencia energética habían producido beneficios netos positivos. Es interesante notar que la mayor parte de los beneficios se podían atribuir a tres proyectos relativamente modestos.

Los sociólogos Fred Block y Matthew Keller han proporcionado el que es quizás el mejor análisis del “estado desarrollista” de EEUU, una realidad que, según señalan, ha sido ocultada por la ideología fundamentalista de mercado predominante. Block y Keller describen cómo una “red descentralizada de laboratorios con financiación pública” y una “sopa de siglas” de iniciativas de financiación, como el programa de Investigación para la Innovación en la Pequeña Empresa (SBIR), colaboran con las firmas privadas y las ayudan a comercializar sus productos. Tanto ellos como sus colegas han documentado el amplio papel de los gobiernos federal y estatal en apoyo de las redes colaborativas sobre las que se basa la innovación, ya sea en los ámbitos de la biotecnología, las tecnologías ecológicas o la nanotecnología.

Por supuesto, esas políticas industriales basadas en una estrecha colaboración y coordinación entre los sectores público y privado han sido el sello distintivo de la formulación de políticas del Este asiático. Es difícil imaginar la transformación de China en una potencia manufacturera (y el éxito concomitante de su modelo exportador) sin la ayuda y guía del gobierno chino. No deja de ser irónico el que la misma gente que ensalza el modo en el que China se ha beneficiado de la globalización sienta alarma por la posibilidad de que el gobierno estadounidense copie el enfoque chino y apoye explícitamente las políticas industriales.

A diferencia de China, por supuesto que Estados Unidos pretende ser una democracia, y en ella las políticas industriales exigen transparencia, rendición de cuentas e institucionalización. Es necesario calibrar cuidadosamente la relación entre el gobierno y las firmas privadas. Las agencias de gobierno deben ser lo suficientemente cercanas a las empresas privadas como para obtener la información necesaria acerca de las realidades tecnológicas y de mercado en la práctica. Por ejemplo, ¿cuáles son las razones fundamentales de la pérdida de empleos de manufactura en el sector automotor y qué pueden hacer los gobiernos para ayudar, si es que pueden hacer algo? Pero no pueden acercarse tanto a las firmas privadas como para acabar a sueldo de ellas o, en el otro extremo, simplemente ordenarles qué hacer.

Y allí es donde a política industrial 'a la Trump' no pasa la prueba. Por una parte, sus nombramientos en cargos económicos clave indican que tiene pocas intenciones de cortar los lazos del gobierno con Wall Street y las grandes finanzas. Por otra parte, su formulación de políticas a golpe de tuits sugiere que no le interesa mucho desarrollar el diálogo institucionalizado, con todas las salvaguardas necesarias, que requiere una política industrial sólida.

Esto significa que cabe esperar que la política industrial del gobierno de Trump oscile entre el amiguismo y la intimidación. Puede que algunos se beneficien, pero hará muy poco por la abrumadora mayoría de los trabajadores estadounidenses o la economía como un todo.

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Dani Rodrik, Profesor de Economía Política en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, es autor de 'Las leyes de la economía: Aciertos y errores de una ciencia en entredicho'.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

Copyright: Project Syndicate, 2017.Project Syndicate

Las siete décadas que transcurrieron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fueron una era de acuerdos comerciales. Las principales economías del mundo estuvieron en un estado perpetuo de negociaciones sobre comercio y concluyeron dos acuerdos multilaterales importantes a nivel global: el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) y el tratado que estableció la Organización Mundial de Comercio. Por otra parte, se firmaron más de 500 acuerdos comerciales bilaterales y regionales –la gran mayoría de ellos desde que la OMC reemplazó al GATT en 1995–.

Las revueltas populistas de 2016 casi con certeza pondrán fin a esta actividad frenética de firma de acuerdos. Si bien los países en desarrollo pueden aspirar a implementar acuerdos comerciales más pequeños, los dos principales acuerdos sobre la mesa, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), están prácticamente muertos tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

No deberíamos lamentar su muerte.

¿Qué propósito tienen realmente los acuerdos comerciales? La respuesta parecería obvia: los países negocian acuerdos comerciales para alcanzar un comercio más libre. Pero la realidad es considerablemente más compleja. No es sólo que los acuerdos comerciales de hoy se extienden a muchas otras áreas de políticas, como la salud y las regulaciones sobre seguridad, las patentes y los derechos de propiedad intelectual, las regulaciones para cuentas de capital y los derechos de los inversores. Tampoco resulta claro si realmente tienen mucho que ver con el libre comercio.

La argumentación económica estándar para el comercio es doméstica. Habrá ganadores y perdedores, pero la liberalización comercial agranda el tamaño de la torta económica en casa. El comercio es bueno para nosotros y deberíamos eliminar cualquier impedimento por nuestro propio bien –no para ayudar a otros países–. De modo que el comercio abierto no requiere ningún cosmopolitanismo; sólo precisa los ajustes domésticos necesarios para asegurar que todos los grupos (o por lo menos los políticamente poderosos) puedan participar en los beneficios generales.

Para las economías que son pequeñas en los mercados mundiales, la historia termina aquí. No tienen ninguna necesidad de acuerdos comerciales, porque el libre comercio, para empezar, los favorece (y no tienen poder de negociación frente a los países más grandes).

Los economistas ven una justificación para los acuerdos comerciales en los países grandes porque esos estados pueden manipular sus términos de comercio –los precios mundiales de los bienes que exportan e importan–. Por ejemplo, al imponer un arancel a las importaciones, digamos, de acero, Estados Unidos puede reducir los precios a los que los productores chinos pueden vender sus productos. O, al gravar las exportaciones de aviones, Estados Unidos puede aumentar los precios que los extranjeros tienen que pagar. Un acuerdo comercial que prohíba estas políticas proteccionistas puede ser útil para todos los países porque, de no existir, todos podrían terminar colectivamente perjudicados.

Pero es difícil cuadrar este razonamiento con lo que sucede con los acuerdos comerciales reales. Aunque Estados Unidos imponga aranceles a las importaciones de acero chino (y muchos otros productos), el motivo no parece ser reducir el precio mundial del acero. Librado a sus propios medios, Estados Unidos preferiría subsidiar las exportaciones de Boeing –como lo ha hecho a menudo– que gravarlas. Por cierto, las reglas de la OMC prohíben los subsidios a las exportaciones –que, en términos económicos, son políticas que benefician a todos– sin aplicar restricciones directas a los impuestos a las exportaciones.

De manera que la economía no nos ayuda mucho a entender los acuerdos comerciales. La política parece un camino más alentador: las políticas comerciales de Estados Unidos en materia de acero y aviones probablemente encuentren una mejor explicación en el deseo de los responsables de las políticas de ayudar a esas industrias específicas –que tienen una fuerte presencia lobista en Washington– que en sus consecuencias económicas generales.

Los acuerdos comerciales, suelen decir quienes los proponen, pueden ayudar a controlar este tipo de políticas ineficientes haciendo que a los gobiernos les resulte más difícil dispensar favores especiales a industrias con conexiones políticas. Pero este argumento tiene un punto ciego. Si las políticas comerciales están esencialmente diseñadas por el lobby político, ¿acaso las negociaciones de comercio internacional no estarían también a merced de estos mismos lobbies? ¿Y pueden las reglas comerciales redactadas por una combinación de lobbies domésticos y extranjeros, en lugar de sólo lobbies domésticos, garantizar un mejor resultado?

Sin duda, los lobbies domésticos tal vez no obtengan todo lo que quieren cuando tienen que lidiar con lobbies extranjeros. Una vez más, los intereses comunes entre los grupos industriales de diferentes países pueden derivar en políticas que consagran la captación de renta a nivel global.

Cuando los acuerdos comerciales giraban en gran medida alrededor de los aranceles a las importaciones, el intercambio negociado de acceso a los mercados en general producía menores barreras a las importaciones –un ejemplo de los beneficios de los lobbies que actúan como contrapesos mutuos–. Pero también existen muchos ejemplos de connivencia internacional entre intereses especiales. La prohibición de la OMC a los subsidios a las exportaciones no tiene una explicación económica real, como ya dije anteriormente. Las reglas sobre anti-dumping también son explícitamente proteccionistas en su intención.

Estos casos perversos han proliferado más recientemente. Los acuerdos comerciales más nuevos incorporan reglas sobre “propiedad intelectual”, flujos de capital y protecciones a la inversión que están esencialmente destinadas a generar y preservar las ganancias de las instituciones financieras y las empresas multinacionales a expensas de otros objetivos políticos legítimos. Estas reglas ofrecen protecciones especiales a los inversores extranjeros que suelen entrar en conflicto con regulaciones sobre salud pública o medio ambiente. Hacen que a los países en desarrollo les resulte más difícil acceder a la tecnología, gestionar los flujos de capital volátiles y diversificar sus economías a través de políticas industriales.

Las políticas comerciales impulsadas por un lobby político e intereses especiales domésticos son políticas proteccionistas. Pueden tener consecuencias proteccionistas, pero ese no es su motivo. Reflejan asimetrías de poder y fallas políticas al interior de las sociedades. Los acuerdos comerciales internacionales pueden contribuir sólo de manera limitada a remediar estas fallas políticas domésticas, y a veces las agravan. Para abordar las políticas proteccionistas hace falta mejorar la gobernnacia doméstica, no establecer reglas internacionales.

Tengamos esto en mente cuando lamentamos la muerte de la era de los acuerdos comerciales. Si administramos bien nuestras propias economías, los nuevos acuerdos comerciales serán esencialmente redundantes.

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Dani Rodrik, profesor de Economía Política en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, es el autor de Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science.Dani RodrikEconomics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science

Copyright: Project Syndicate, 2016.

¿Los economistas son en parte responsables de la abrumadora victoria de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos? Aunque no hubieran podido frenar a Trump, los economistas habrían tenido un mayor impacto en el debate público si se hubieran ceñido más a la enseñanza de su disciplina, en lugar de aliarse con los promotores de la globalización. 

Cuando mi libro ¿La globalización ha ido demasiado lejos? fue a imprenta hace casi dos décadas, me puse en contacto con un economista muy conocido para pedirle que escribiera un comentario en la contratapa. En el libro yo decía que, en ausencia de una respuesta gubernamental más concertada, un exceso de globalización agravaría las divisiones sociales, exacerbaría los problemas de distribución y minaría los acuerdos sociales nacionales –argumentos que, desde entonces, se han vuelto moneda corriente–.

El economista puso reparos. Dijo que, en realidad, no estaba en desacuerdo con ninguno de los análisis, pero que tenía miedo de que mi libro ofreciera “munición para los bárbaros”. Los proteccionistas se servirían de los argumentos del libro sobre los aspectos negativos de la globalización para justificar su agenda estrecha y egoísta.

Es una reacción que todavía recibo de mis colegas economistas. Uno de ellos levantó la mano dubitativamente después de una conversación y preguntó: ¿no te preocupa que se haga abuso de tus argumentos y terminen favoreciendo a los demagogos y populistas que estás denunciando?

Siempre existe el riesgo de que aquellos con quienes disentimos se apropien de nuestros argumentos en el debate público. Pero nunca entendí por qué muchos economistas creen que esto implica tener que torcer nuestro razonamiento sobre el comercio en una dirección determinada. La premisa implícita parece ser que sólo hay bárbaros en uno de los lados del debate comercial. Aparentemente, aquellos que se quejan de las reglas de la Organización Mundial de Comercio o de los acuerdos comerciales son proteccionistas desagradables, mientras que quienes los respaldan siempre están del lado de los ángeles.

En verdad, muchos entusiastas del comercio también están motivados por sus propias agendas estrechas y egoístas. Las compañías farmacéuticas que defienden reglas sobre patentes más estrictas, los bancos que presionan por un acceso sin restricciones a los mercados extranjeros o las multinacionales que solicitan tribunales de arbitraje especiales no tienen una mayor consideración por el interés público que los proteccionistas. De manera que cuando los economistas matizan sus argumentos, en efecto están favoreciendo a un grupo de bárbaros por sobre otro.

Ya hace mucho tiempo que existe una regla tácita de compromiso público para los economistas según la cual deben defender el comercio y no reparar demasiado en la letra pequeña. Esto ha generado una situación curiosa. Los modelos estándar de comercio con los cuales trabajan los economistas normalmente tienen fuertes efectos distributivos: las pérdidas de ingresos de ciertos grupos de productores o categorías de trabajadores son la otra cara de los “réditos del comercio”. Y los economistas hace mucho que saben que las fallas del mercado –incluidos el mal funcionamiento de los mercados laborales, las imperfecciones del mercado de crédito, las externalidades del conocimiento o ambientales y los monopolios– pueden interferir en la obtención de esos réditos.

También saben que los beneficios económicos de los acuerdos comerciales que atraviesan las fronteras para dar forma a regulaciones nacionales –como sucede con el endurecimiento de las reglas sobre patentes o la coordinación de los requerimientos de salud y seguridad– son esencialmente ambiguos.

Sin embargo, se puede contar con que los economistas repitan como loros las maravillas de la ventaja comparativa y del libre comercio cada vez que se hable de acuerdos comerciales. Recurrentemente han minimizado los temores en materia distributiva, aunque hoy resulte evidente que el impacto distributivo de, por ejemplo, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte o el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio fueron importantes para las comunidades más directamente afectadas en Estados Unidos. Sobreestimaron la magnitud de las ganancias agregadas a partir de los acuerdos comerciales, aunque esas ganancias han sido relativamente pequeñas desde por lo menos los años 1990. Han respaldado la propaganda que retrata los acuerdos comerciales de hoy como “acuerdos de libre comercio”, aunque Adam Smith y David Ricardo se revolcarían en sus tumbas si leyeran el Acuerdo Transpacífico.

Esta reticencia a ser honestos respecto del comercio les ha costado a los economistas su credibilidad ante la población. Peor aún, ha alimentado los argumentos de sus oponentes. La incapacidad de los economistas de ofrecer un panorama completo sobre el comercio, con todas las distinciones y advertencias necesarias, ha hecho que resultara más fácil embadurnar al comercio, muchas veces equivocadamente, con todo tipo de efectos adversos.

Por ejemplo, a pesar de todo lo que puede haber contribuido el comercio a la creciente desigualdad, es sólo un factor que contribuye a esa tendencia amplia –y, con toda probabilidad, un factor menor, comparado con la tecnología–. Si los economistas hubieran sido más directos respecto al lado negativo del comercio, podrían haber tenido mayor credibilidad como actores honestos en este debate.

De la misma manera, podríamos haber tenido una discusión pública más informada sobre el dumping social si los economistas hubieran estado dispuestos a admitir que las importaciones provenientes de países donde los derechos laborales no están protegidos efectivamente plantean cuestiones serias sobre la justicia distributiva. Se podría haber hecho una distinción entre aquellos casos donde los salarios bajos en países pobres reflejan una baja productividad y aquellos casos donde se registran violaciones genuinas de los derechos. Y el grueso del comercio que no plantea este tipo de temores podría haber estado mejor aislado de las acusaciones de “comercio injusto”.

Del mismo modo, si los economistas hubieran escuchado a sus críticos que advertían sobre la manipulación de la moneda, los desequilibrios comerciales y las pérdidas de empleos, en lugar de apegarse a modelos que ignoraban esos problemas, podrían haber estado en una mejor posición para contrarrestar los argumentos exagerados sobre el impacto adverso de los acuerdos comerciales en el empleo.

En resumen, si los economistas hubieran manifestado públicamente los reparos, incertidumbres y escepticismo de la sala de seminarios, podrían haberse convertido en mejores defensores de la economía mundial. Desafortunadamente, su celo a la hora de defender el comercio de sus enemigos resultó contraproducente. Si los demagogos con sus comentarios absurdos sobre el comercio hoy están siendo escuchados –y, en Estados Unidos y otras partes, están ganando poder– al menos parte de la culpa debería recaer sobre los impulsores académicos del comercio.

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Dani Rodrik, profesor de Economía Política en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, es el autor de Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science.Dani RodrikEconomics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science

Copyright: Project Syndicate, 2016.

La lección de los años 80 es que cierta reversión de la hiperglobalización no tiene por qué ser mala si sirve para mantener una economía mundial razonablemente abierta. Necesitamos un equilibrio entre autonomía nacional y globalización

“Uno de los desafíos cruciales” de nuestra era “es mantener un sistema comercial internacional abierto y en expansión”. Desafortunadamente, “los principios liberales” del sistema comercial mundial “están bajo un creciente ataque”. “El proteccionismo se ha vuelto cada vez más prevaleciente”. “Existe un gran peligro de que el sistema se quiebre… o de que colapse en una repetición sombría de los años 30”.

Estarían disculpados si pensaran que estas frases fueron tomadas de una de las recientes expresiones de preocupación en los medios económicos y financieros sobre la actual aversión a la globalización. En realidad, fueron escritas hace 35 años, en 1981.

El problema entonces era la 'estanflación' en los países avanzados y el 'cuco comercial' era Japón, más que China, que estaba al acecho –y se apropiaba– de los mercados globales. Estados Unidos y Europa habían respondido erigiendo barreras comerciales e imponiendo “restricciones voluntarias a la exportación” (RVE) sobre los coches y el acero japoneses. Era muy común hablar del “nuevo proteccionismo” en aumento.

Lo que sucedió luego iba a desmentir ese pesimismo sobre el régimen comercial. En lugar de caer, el comercio global explotó en los años 1990 y 2000, impulsado por la creación de la Organización Mundial de Comercio, la proliferación tanto del comercio bilateral y regional como de los acuerdos de inversión, y el ascenso de China. Se lanzó una nueva era de globalización –de hecho, algo más parecido a una hiperglobalización–.

En retrospectiva, el “nuevo proteccionismo” de los años 80 no fue una ruptura radical con el pasado. Fue más un caso de mantenimiento de régimen que de alteración de régimen, como ha escrito el politólogo John Ruggie. Las “salvaguardas” de las importaciones y las RVE del momento eran ad hoc, pero eran respuestas necesarias a los desafíos en materia de distribución y ajuste planteados por el surgimiento de nuevas relaciones comerciales.

Los economistas y especialistas en comercio que generaron falsas alarmas en aquel momento estaban equivocados. Si los gobiernos hubieran escuchado su consejo y no hubieran respondido a sus electores, posiblemente habrían empeorado aún más las cosas. Lo que a los contemporáneos les parecía un proteccionismo perjudicial fue, en verdad, una manera de descargar tensión para impedir una acumulación excesiva de presión política.

¿Los observadores están siendo igual de alarmistas sobre el ataque contra la globalización de hoy? El Fondo Monetario Internacional, entre otros, ha advertido recientemente de que el crecimiento lento y el populismo podrían llevar a un estallido de proteccionismo. “Es de vital importancia defender las perspectivas de aumentar la integración comercial”, según el economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld.

Hasta el momento, sin embargo, hay pocas señales de que los gobiernos se estén alejando decididamente de una economía abierta. La web globaltradealert.org mantiene una base de datos de medidas proteccionistas y es una fuente frecuente para reclamos de un proteccionismo progresivo. Si hacen click en su mapa interactivo de medidas proteccionistas, verán una explosión de fuegos artificiales –círculos rojos en todo el mundo–. Parece alarmante hasta que uno hace click en las medidas aperturistas y descubre una cantidad comparable de círculos verdes.

La diferencia esta vez es que las fuerzas políticas populistas parecen mucho más poderosas y más cerca de ganar elecciones –en parte, una respuesta al estado avanzado de globalización alcanzado desde los años 1980–. No hace mucho tiempo, habría sido inimaginable contemplar una salida como el Brexit de la Unión Europea o un candidato republicano en Estados Unidos que promete renegar de los acuerdos comerciales, construir un muro contra los inmigrantes mexicanos y castigar a las empresas que se trasladen offshore. El Estado-nación parece decidido a reafirmarse.

Pero la lección de los años 80 es que cierta reversión de la hiperglobalización no tiene por qué ser algo malo, siempre que sirva para mantener una economía mundial razonablemente abierta. Como he sostenido frecuentemente, necesitamos un mejor equilibrio entre autonomía nacional y globalización. En particular, necesitamos colocar los requerimientos de la democracia liberal por delante de los del comercio internacional y la inversión. Un reequilibrio de esas características dejaría mucho espacio para una economía global abierta; de hecho, la haría posible y la sustentaría.

Lo que torna peligroso a un populista como Donald Trump no son sus propuestas específicas en materia de comercio. Es que no son congruentes con una visión coherente de cómo Estados Unidos y una economía mundial abierta pueden prosperar codo con codo (también es, por supuesto, la plataforma nativista e intolerante sobre la cual está haciendo campaña y con la que probablemente gobernaría).

El desafío clave que enfrentan los partidos políticos tradicionales en las economías avanzadas hoy es diseñar una visión de esa naturaleza, junto con un discurso que eclipse a los populistas. No se les debería pedir a esos partidos de centro-derecha y de centro-izquierda que salven la hiperglobalización a toda costa. Los defensores del comercio deberían ser comprensivos si adoptan políticas poco ortodoxas para comprar respaldo político.

Deberíamos ver, en cambio, si sus políticas están impulsadas por un deseo de equidad e inclusión social o por impulsos nativistas y racistas; si quieren mejorar o debilitar el régimen de derecho y la deliberación democrática, y si están intentando salvar la economía mundial abierta –aunque con diferentes normas básicas– y no minarla.

Dani Rodrik es profesor de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y autor de Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science.Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science.

Copyright: Project Syndicate, 2016.

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Erdoğan podría haber utilizado la oportunidad de elevarse por encima de los islamistas, liberales, seglares, y las etnias kurdas para establecer un nuevo consenso político en torno a las normas democráticas. En cambio, él ha optado por profundizar las divisiones de Turquía

Desde que el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdoğan ganó sus primeras elecciones generales a finales de 2002 se ha obsesionado con la idea de que el poder podía serle arrebatado a través de un golpe de Estado. Incluso en aquel entonces tenía buenas razones para preocuparse. En dicho momento, no era ningún secreto que la ultra seglar clase dominante de Turquía, que se encontraba cómodamente instalada en las altas esferas del poder judicial y de las cúpulas militares, sentía antipatía por Erdoğan y sus aliados políticos.

El propio Erdoğan fue encarcelado por recitar una poesía de tono religioso, lo que le impidió tomar el cargo de inmediato cuando su agrupación política, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), asumió el poder en noviembre del 2002. En el año 2007, el Ejército emitió un pronunciamiento oponiéndose al candidato del AKP a la presidencia –que en aquel entonces era, en gran medida, sólo una figura decorativa–. Además, en el año 2008, el partido apenas se salvó de ser cerrado por el máximo tribunal del país por llevar a cabo “actividades anti-seglares”.

Los esfuerzos de la vieja guardia fueron en su mayoría contraproducentes y sólo sirvieron para aumentar la popularidad de Erdoğan. Su cada vez más fortalecido control del poder podría haberle ablandado y dar paso a un estilo político menos conflictivo. En cambio, en los años siguientes, sus entonces aliados los gülenistas –seguidores del clérigo en exilio Fethullah Gülen– lograron acrecentar la obsesión de Erdoğan convirtiéndola en paranoia.

Desde el año 2008 al 2013, los gülenistas en la Policía, el poder judicial y los medios de comunicación han inventado una serie de conspiraciones ficticias y tramas contra Erdoğan, cada una más sangrienta que la anterior. Llevaron adelante sensacionales juicios mediáticos en contra de oficiales militares, periodistas, ONG, profesores y políticos kurdos. Puede que Erdoğan no haya creído en la veracidad de todas estas acusaciones –un jefe militar que había trabajado en estrecha colaboración con él fue uno de los encarcelados– pero los procesamientos fueron útiles para su propósito. Además, alimentaron el miedo a ser derrocado de Erdoğan y eliminaron los vestigios restantes de un régimen de tendencia seglar de la burocracia civil y militar.

Los gülenistas tenían otro motivo también. Pudieron encumbrar a sus propios simpatizantes en los altos puestos que quedaron vacantes tras sus juicios, que fueron una farsa, en contra de oficiales militares. Los gülenistas habían pasado décadas infiltrándose en el Ejército; pero, los puestos de mando habían quedado fuera de su alcance. Esta se constituyó en su oportunidad. La ironía final del fallido golpe de Estado del pasado mes de julio es que no fue diseñado por quienes tienen tendencias seglares en Turquía, sino por los oficiales gülenistas que Erdoğan había permitido que fueran promovidos para reemplazarlos.

A finales de 2013, la alianza de Erdoğan con los gülenistas se había convertido en una guerra abierta. Ya que el enemigo común –la vieja guardia seglar– había sido derrotado, había poco para mantener la alianza unida. Erdoğan había comenzado a cerrar las escuelas y negocios gülenistas, así como a purgar a los gülenistas de la burocracia estatal. Se planificaba una purga importante que iba a afectar a ámbitos militares, la misma que al parecer incitó a que los oficiales gülenistas actuasen de forma preventiva.

En cualquier caso, el intento de golpe ha validado completamente la paranoia de Erdoğan, lo que ayuda a explicar por qué la represión en contra de los gülenistas y contra otros opositores del gobierno ha sido tan implacable y extensa. Adicionalmente a la baja de casi 4.000 oficiales, se despidieron a 85.000 funcionarios públicos de sus puestos de trabajo desde el 15 de julio y, 17.000 han sido encarcelados. Se detuvieron a decenas de periodistas, incluyendo a muchos sin vínculos con el movimiento Gülen. Ha desaparecido todo rastro de un Estado de derecho y debido proceso.

Un gran líder habría respondido de forma distinta. El fracasado golpe creó una oportunidad única para ir en busca de la unidad nacional. Todos los partidos políticos, incluido el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) de los kurdos, condenaron el intento de golpe, al igual que la gran mayoría de las personas comunes, independientemente de su orientación política. Erdoğan podría haber utilizado la oportunidad de elevarse por encima de los islamistas, liberales, seglares, y las etnias kurdas para establecer un nuevo consenso político en torno a las normas democráticas. Tenía una oportunidad de convertirse en un unificador democrático.

En cambio, él ha optado por profundizar las divisiones de Turquía y erosionar el Estado de derecho aún más. La destitución y encarcelamiento de opositores ha ido mucho más allá de los que pudiesen haber tenido un papel en el golpe de Estado. Académicos marxistas, periodistas, kurdos y comentaristas liberales han sido barridos junto a los gülenistas. Erdoğan continúa tratando al partido HDP como un paria. Y, lejos de considerar cómo hacer las paces con los rebeldes kurdos, parece disfrutar la reanudación de la guerra con ellos.

Lamentablemente, esto es una estrategia ganadora. Mantener el país en alerta máxima contra supuestos enemigos y enardecer las pasiones nacionalista-religiosas sirve para mantener la base que Erdoğan movilizó. Y, además, neutraliza a los dos principales partidos de oposición; ambos son muy nacionalistas y, por lo tanto, se constituyen en aliados confiables en la guerra contra los rebeldes kurdos.

Del mismo modo, la ofensiva de Erdoğan contra Gülen y su movimiento parece estar más impulsada por el oportunismo político que por un deseo de llevar a los organizadores del golpe ante la justicia. Erdoğan y sus ministros se han quejado interminablemente acerca de la reticencia de Estados Unidos para extraditar Gülen a Turquía. Sin embargo, casi dos meses después del golpe, Turquía no ha presentado formalmente a EEUU ninguna prueba de la culpabilidad de Gülen. La retórica anti-estadounidense es bien recibida en Turquía y Erdoğan no deja de lado explotarla.

En su testimonio ante los fiscales que investigan el golpe de Estado, el máximo General del Ejército ha dicho que los golpistas lo llevaron como rehenes le ofrecieron ponerle en contacto esa noche con Gülen. Esta sigue siendo la prueba más contundente sobre que el propio Gülen estaba directamente implicado. Un líder cuya intención es convencer al mundo de la culpabilidad de Gülen habría paseado a su jefe militar frente a los medios de comunicación para que proporcione más detalles sobre lo que pasó esa noche. Sin embargo, a este General no se le ha pedido –o no se le ha permitido– hablar en público, lo que alimentó las especulaciones sobre su propio papel en el intento de golpe.

Y de esta forma, el ciclo sin fin de victimización de Turquía –como perpetua víctima de los islamistas, comunistas, seglares, y ahora de los gülenistas– ha ganado velocidad. Erdoğan está cometiendo el mismo error trágico que hizo en el período 2009-2010: el uso de su gran popularidad para socavar la democracia y el Estado de derecho en lugar de restaurarlos (y, consecuentemente, hace que brindar moderación y reconciliación política sea aún más difícil en el futuro).

Erdoğan ha tenido dos veces la oportunidad de ser un gran líder. A un costo considerable para su legado –y a un costo aún mayor para Turquía– ha desdeñado ambas veces dicha oportunidad.

Traducción de Rocío L. Barrientos

Copyright: Project Syndicate, 2016.Project Syndicate

La gobernanza global es el mantra de la élite moderna. El argumento es que el incremento de flujos transfronterizos de bienes, servicios, capital e información (derivado de la innovación tecnológica y la liberalización de los mercados) generó demasiada interconexión entre los países del mundo como para que cada uno de ellos por separado pueda resolver sus problemas económicos solo. Necesitamos reglas globales, acuerdos globales, instituciones globales.

Esta afirmación goza de tanta aceptación que cuestionarla puede parecer como sostener que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero lo que puede ser verdad en el caso de problemas realmente globales como el cambio climático o las pandemias no es aplicable a la mayor parte de los problemas económicos. Contra lo que oímos a menudo, la economía mundial no es un bien común global. La gobernanza global ayudará muy poco, y a veces ocasionará un perjuicio.

Lo que hace que, por ejemplo, el cambio climático sea un problema que demanda cooperación internacional es el hecho de que el planeta tiene un único sistema climático. Como da lo mismo dónde se emitan gases de efecto invernadero, imponer restricciones a las emisiones sólo en el nivel nacional generaría escaso o nulo beneficio al país que lo hiciera.

En cambio, las buenas políticas económicas (entre ellas la apertura) benefician ante todo a la economía local; y es allí también donde se paga la mayor parte del coste de las malas políticas económicas. Las perspectivas económicas de cada país dependen mucho más de lo que suceda allí que del extranjero. Cuando la apertura económica es deseable, es porque esa política beneficia al país que la aplica, no porque beneficie a otros. La apertura y otras políticas acertadas que contribuyen a la estabilidad económica internacional se basan en el interés propio, no en un espíritu global.

A veces, un país logra una ventaja económica en detrimento de otros; es el caso de las políticas de “empobrecer al vecino”. El mejor ejemplo es cuando el proveedor dominante de un recurso natural (como el petróleo) restringe la oferta en los mercados mundiales para aumentar el precio. Lo que gana el exportador es lo que pierde el resto del mundo.

Un mecanismo similar está en la base de los “aranceles óptimos”, por los que un país grande manipula sus condiciones de intercambio restringiendo las importaciones. En esos casos, hay buenas razones para instituir normas globales que limiten o prohíban el uso de esas políticas.

Pero la inmensa mayoría de las cuestiones de comercio y finanzas internacionales que ocupan la atención de los funcionarios no son así. Pensemos por ejemplo en los subsidios agrícolas y la veda de organismos transgénicos en Europa, el abuso de las normas 'antidumping' en Estados Unidos o la inadecuada protección de los derechos de los inversores en los países en desarrollo. Son, en esencia, políticas de “empobrecerse uno mismo”. Sus costes económicos caen sobre todo en el país que las aplica, aun cuando también puedan perjudicar a otros.

Por ejemplo, los economistas suelen coincidir en que los subsidios agrícolas son ineficientes, y que sus beneficios para los agricultores europeos suponen un alto coste para el resto de la gente en Europa, en la forma de aumento de precios, aumento de impuestos o ambas cosas. Esas políticas se implementan no para sacar provecho a costa de otros países, sino porque otros objetivos internos concurrentes (de tipo distributivo, administrativo o sanitario) se imponen a las consideraciones económicas.

Lo mismo vale para las deficiencias en regulación bancaria o política macroeconómica que agravan el ciclo económico y generan inestabilidad financiera. Como demostró la crisis financiera global de 2008, lo que suceda dentro de un país puede tener enormes consecuencias fuera. Pero si las autoridades regulatorias en Estados Unidos no cumplieron su tarea, no fue porque así su país saliera beneficiado a costa de los demás: la economía estadounidense fue una de las que más sufrió.

Tal vez el mayor fracaso de las políticas actuales sea la incapacidad de los gobiernos de las democracias avanzadas para hacer frente al aumento de la desigualdad. Esto también es una cuestión de política interna, originada en el control, por parte de élites financieras y empresariales, del proceso de definición de políticas, y en los discursos que han elaborado en relación con los límites de las políticas redistributivas.

Los paraísos fiscales son un ejemplo indudable de políticas de empobrecer al vecino. Pero países poderosos como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea podrían haber hecho mucho más de su parte para poner coto a la evasión fiscal (y a la competencia feroz en reducción de impuestos corporativos) si lo hubieran querido.

Los problemas actuales no tienen que ver con la falta de cooperación global

De modo que los problemas actuales poco tienen que ver con una falta de cooperación global. Son de naturaleza local y no se pueden corregir mediante normas dictadas por instituciones internacionales, que fácilmente pueden caer presa de los mismos intereses creados que debilitan la política nacional. Muy a menudo, la gobernanza global es sinónimo de implementar la agenda global de esos intereses; por eso casi siempre termina promoviendo mayor globalización y armonización de las políticas económicas locales.

Una agenda alternativa para la gobernanza global se centraría en mejorar el funcionamiento local de las democracias, sin prejuzgar cuáles deban ser las políticas elegidas luego. Sería un modelo de gobernanza global dirigido a mejorar la democracia en vez de la globalización.

Lo que tengo en mente es la creación de normas y requisitos procedimentales globales pensados para mejorar la calidad de los procesos decisorios nacionales. Por ejemplo, reglas globales relativas a (entre otras cuestiones) la transparencia, la representatividad, la rendición de cuentas y el uso de evidencia científica o económica en los procedimientos de decisión locales, sin condicionar el resultado final.

Las instituciones globales ya usan esta clase de normas, hasta cierto punto. Por ejemplo, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo SPS) de la Organización Mundial del Comercio exige explícitamente el uso de evidencia científica cuando se planteen dudas sobre la seguridad sanitaria de bienes importados. Podrían usarse normas procedimentales similares, con mucho más alcance y efectividad, para mejorar los procesos de toma de decisiones en el nivel nacional.

Las normas 'antidumping' también podrían mejorarse exigiendo que los procedimientos nacionales tengan en cuenta los intereses de consumidores y productores que resultarían perjudicados por la aplicación de aranceles a las importaciones. Las normas sobre subsidios se podrían mejorar exigiendo análisis económicos de coste‑beneficio que incorporen las posibles consecuencias en materia de eficiencia estática y dinámica.

Los problemas derivados de fallos en el proceso nacional de deliberación solamente pueden resolverse mejorando la toma democrática de decisiones. En esto la gobernanza global solo puede hacer un aporte muy limitado, y sólo en la medida en que apunte a mejorar la toma interna de decisiones en vez de condicionarla. Fuera de eso, la búsqueda de gobernanza global encarna un anhelo de soluciones tecnocráticas que anulan y debilitan la deliberación pública.

Copyright: Project Syndicate, 2016.

En Turquía, los golpes militares (exitosos o no) siguen un patrón predecible. Primero aumenta el poder de grupos políticos (por lo general, islamistas) que los uniformados consideran contrarios a la visión secular de la Turquía de Kemal Atatürk. Crecen las tensiones, a menudo acompañadas por violencia callejera. Entonces interviene el ejército, haciendo uso de lo que los militares consideran su prerrogativa constitucional de restaurar el orden y los principios seculares.

Pero esta vez fue muy diferente. Una serie de juicios arreglados contra los oficiales secularistas habían permitido al presidente Recep Tayyip Erdoğan reconfigurar la jerarquía militar y poner a gente de su confianza en la cima. El país pasó por una serie de atentados terroristas y un agravamiento de la situación económica sin indicios de malestar castrense ni oposición a Erdoğan. Por el contrario, es probable que para la cúpula militar turca haya sido un alivio la reciente reconciliación de Erdoğan con Rusia e Israel, y su aparente deseo de retirar a Turquía de un involucramiento activo en la guerra civil siria.

No menos desconcertante fue la conducta casi diletante de los golpistas, que lograron capturar al jefe del Estado Mayor, pero al parecer no hicieron ningún intento realista de detener a Erdoğan o a políticos de alta jerarquía. Dejaron a los principales canales de televisión seguir transmitiendo durante horas, y cuando los soldados se hicieron ver en los estudios, su incompetencia fue casi cómica.

El golpe incluyó ataques aéreos al parlamento y sobre civiles, algo muy poco característico del ejército turco fuera de las áreas de insurgencia kurda. Las redes sociales se llenaron de imágenes de grupos de civiles arrastrando fuera de los tanques y desarmando a soldados desafortunados y aparentemente despistados; escenas que nunca pensé que vería en un país que aunque aprendió a odiar los golpes militares, sigue amando a sus soldados.

Erdoğan se apresuró a acusar a su exaliado y actual némesis, el predicador exiliado Fethullah Gülen, quien lidera un numeroso movimiento islámico desde las afueras de Filadelfia. Aunque hay motivos obvios para tomarla con pinzas, la acusación es menos infundada de lo que parece. Se sabe de una importante presencia gülenista en el ejército (sin la cual no se hubiera podido montar la jugada previa del gobierno contra altos oficiales turcos, en los casos denominados Eregenekon y Operación Martillo). De hecho, el ejército era el último bastión que le quedaba al gülenismo en Turquía, dado que Erdoğan ya había purgado a los simpatizantes del movimiento de la policía, la justicia y los medios de prensa.

También es sabido que Erdoğan planeaba alguna acción importante contra los gülenistas en el ejército. Ya habían sido arrestados unos pocos oficiales por fraguar pruebas en juicios anteriores, y se rumoreaba que para la reunión del Consejo Militar Supremo del mes próximo se estaba preparando una purga a gran escala de oficiales gülenistas.

Así que los gülenistas tenían un motivo, y el momento de la intentona da razones para creer en su implicación. Sería el colmo de la ironía que el golpe que Erdoğan siempre temió que dieran los secularistas, al final lo hayan dado quienes fueron sus aliados (aún así, autores de un sinfín de planes golpistas contra Erdoğan).

Sin embargo, un golpe militar sangriento no se condice con el modus operandi tradicional del movimiento gülenista, que suele preferir maquinaciones detrás de escena a acciones armadas o a la violencia declarada. Es posible que el golpe haya sido un último intento desesperado para evitar la inminente pérdida de su último bastión en Turquía. Pero quedan tantas preguntas sin responder acerca de lo que pasó que no sería raro que en las próximas semanas esta historia comience a tener giros inesperados.

Lo que no es tan incierto es lo que sucederá a continuación. La intentona golpista potenciará la bilis de Erdoğan y provocará una caza de brujas generalizada contra el movimiento gülenista. A miles de personas les aguardan la expulsión del ejército y otros organismos, la detención y el enjuiciamiento, con poca consideración por la legalidad o la presunción de inocencia. Ya hay preocupantes llamados a reinstaurar la pena de muerte para los golpistas (una categoría que, como la experiencia reciente señala, es muy abarcadora para Erdoğan). Una parte de la violencia espontánea contra los soldados capturados es preanuncio de un jacobinismo que puede poner en riesgo lo que queda de las garantías de un debido proceso en Turquía.

El intento de golpe también es mala noticia para la economía. La reciente reconciliación (aunque fuera solo aparente) de Erdoğan con Rusia e Israel se debió probablemente al deseo de restaurar los flujos de capitales y turistas extranjeros, una esperanza que ahora difícilmente se concretará. El golpe fallido revela que las divisiones políticas del país son más profundas de lo que hasta el más pesimista de los observadores creía. Esto mal puede ser un entorno atractivo para inversores o visitantes.

Pero en lo político, el golpe fallido es una bendición para Erdoğan. Como él mismo expresó cuando todavía no se sabía si saldría victorioso, “este levantamiento es un regalo de Dios, ya que será una razón para depurar nuestro ejército”. Fracasado el golpe, Erdoğan queda en circunstancias políticas favorables para hacer los cambios constitucionales que hace tiempo trata de introducir con el objetivo de fortalecer el presidencialismo y concentrar el poder en sus manos.

Así que el fracaso del golpe reforzará el autoritarismo de Erdoğan y perjudicará a la democracia turca. Pero si hubiera triunfado, el daño al futuro democrático hubiera sido peor y con efectos a más largo plazo. Al menos eso da algún motivo para celebrar.

Traducción: Esteban Flamini

Copyright: Project Syndicate, 2016. www.project-syndicate.org 

La globalización se convirtió en sinónimo de las políticas del “Consenso de Washington” y de apertura financiera

Mientras el mundo no termina de recuperarse de la conmoción del Brexit, economistas y políticos comienzan a darse cuenta de que subestimaron seriamente la fragilidad política de la forma actual de la globalización. La revuelta popular que aparentemente hay en curso adopta formas variadas y superpuestas: reafirmación de identidades locales y nacionales, demanda de mayor control y rendición de cuentas democráticos, rechazo de los partidos políticos centristas y desconfianza hacia las élites y los expertos.

Esta reacción era predecible. Algunos economistas (entre los que me incluyo) advirtieron sobre las consecuencias de llevar la globalización económica más allá de los límites de las instituciones que regulan, estabilizan y legitiman los mercados. La hiperglobalización comercial y financiera, dirigida a la plena integración de los mercados mundiales, desgarró las sociedades locales.

Pero lo que sorprende más es el giro decididamente derechista que tomó la reacción política. En Europa, el proceso ha llevado al surgimiento de una serie de partidos mayormente populistas nativistas y nacionalistas, mientras que la izquierda solo ganó terreno en unos pocos lugares como Grecia y España. En Estados Unidos, el demagogo de derecha Donald Trump consiguió desplazar al establishment republicano, mientras que el izquierdista Bernie Sanders no pudo vencer a la centrista Hillary Clinton.

Tal como a regañadientes concede el nuevo consenso que comienza a aparecer en el establishment, la globalización acentúa las divisiones de clase entre quienes cuentan con habilidades y recursos para aprovechar la existencia de mercados globales y quienes no. Tradicionalmente, las diferencias de ingresos y clase, a diferencia de las identitarias basadas en la pertenencia racial, étnica o religiosa, siempre fortalecieron a la izquierda. ¿Por qué esta fue incapaz de presentar un cuestionamiento político significativo a la globalización?

Una respuesta es que la inmigración restó protagonismo a otros shocks de la globalización. La percepción de una amenaza de ingreso masivo de inmigrantes y refugiados de países pobres con tradiciones culturales muy diferentes agrava las divisiones identitarias que los políticos de extrema derecha saben explotar tan bien. Por eso no es sorpresa que políticos de derecha como Trump o Marine Le Pen aderecen su mensaje de reafirmación nacional con una abundante dosis de simbolismo antimusulmán.

Las democracias latinoamericanas son un contraste elocuente. Para estos países la globalización fue ante todo un shock del comercio internacional y la inversión extranjera, más que un shock de inmigración. La globalización se convirtió en sinónimo de las políticas del “Consenso de Washington” y de apertura financiera. La inmigración de Medio Oriente o África fue limitada y no adquirió relevancia política. Por eso la reacción populista en América Latina (en Brasil, Bolivia, Ecuador y, más desastrosamente, Venezuela) fue hacia la izquierda.

La historia es similar en las dos grandes excepciones al resurgimiento de la derecha en Europa: Grecia y España. En la primera, la discusión política giró en torno de las medidas de austeridad impuestas por las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional. En España, la mayoría de los inmigrantes, hasta hace poco, vino de países latinoamericanos con semejanzas culturales. En ambos países, la extrema derecha no halló el caldo de cultivo que tuvo en otras partes.

Pero tal vez la experiencia en América latina y el sur de Europa revela una debilidad mayor de la izquierda: la ausencia de un programa claro para remodelar el capitalismo y la globalización para el siglo XXI. Desde Syriza en Grecia hasta el Partido de los Trabajadores en Brasil, la izquierda no pudo hallar ideas económicamente razonables y políticamente populares (salvo paliativos como la transferencia de ingresos).

Gran parte de la culpa es de los economistas y tecnócratas de izquierda. En vez de ayudar a definir ese programa, se entregaron con demasiada facilidad al fundamentalismo de mercado y adoptaron sus principios centrales. Peor aún, lideraron el movimiento hiperglobalizador en momentos cruciales.

La entronización de la libre movilidad del capital (especialmente de tipo volátil) como norma por parte de la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y el FMI fue probablemente la decisión más fatídica para la economía global que se haya tomado en las últimas décadas. Como demostró Rawi Abdelal, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, los principales promotores de esta iniciativa a fines de los ochenta y principios de los noventa no fueron los ideólogos del libre mercado, sino tecnócratas franceses como Jacques Delors (en la Comisión Europea) y Henri Chavranski (en la OCDE), estrechamente vinculados con el Partido Socialista en Francia. Asimismo, en EE. UU., la embestida desreguladora fue liderada por tecnócratas asociados con el Partido Demócrata (de orientación más keynesiana), como Lawrence Summers.

Es probable que el fallido experimento keynesiano de Mitterrand a principios de los ochenta haya dado a los tecnócratas socialistas franceses razones para concluir que una gestión económica en el nivel nacional ya no era posible y que no había una alternativa real a la globalización financiera: lo mejor que podía hacerse era aprobar normas paneuropeas y mundiales, en vez de dejar a países poderosos como Alemania o EE. UU. imponer las suyas.

La buena noticia es que el vacío intelectual de la izquierda se está llenando, y ya no hay motivos para seguir creyendo en la tiranía de la falta de alternativas. Hay un corpus económico “respetable” cada vez mayor del que los políticos de izquierda deberían extraer inspiración.

Veamos algunos ejemplos: Anat Admati y Simon Johnson defendieron la implementación de reformas radicales en el sector bancario; Thomas Piketty y Tony Atkinson propusieron un variado menú de políticas para encarar la desigualdad en el nivel nacional; Mariana Mazzucato y Ha-Joon Chang escribieron textos muy profundos sobre cómo fomentar la innovación inclusiva desde el sector público; Joseph Stiglitz y José Antonio Ocampo propusieron reformas globales; Brad DeLong, Jeffrey Sachs y Lawrence Summers (¡el mismísimo!) sostuvieron la necesidad de inversión pública a largo plazo en infraestructura y economía verde. Aquí hay suficientes elementos para construir una respuesta económica programática desde la izquierda.

Una diferencia crucial entre la derecha y la izquierda es que la primera prospera profundizando divisiones en la sociedad (“nosotros” contra “ellos”), mientras que la izquierda, cuando es exitosa, las supera por medio de reformas que unen a las partes. De allí la paradoja: las primeras olas de reformas desde la izquierda (el keynesianismo, la socialdemocracia, el Estado de bienestar), al salvar al capitalismo de sí mismo, se volvieron ellas mismas superfluas. Si no se plantea otra respuesta similar ahora, se dejará vía libre a los movimientos populistas y de extrema derecha que llevarán el mundo (como siempre lo han hecho) a una división más profunda y una proliferación de conflictos.

Traducción: Esteban Flamini

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