Para los ciudadanos de los países pobres, la migración es a menudo una opción muy atractiva. El viaje a un nuevo país es a menudo peligroso, pero promete oportunidades económicas mucho mayores: los ingresos per cápita promedio en las economías avanzadas pueden ser más de 50 veces superiores (en términos de paridad de poder adquisitivo) que los del mundo en desarrollo. En muchos casos, la seguridad física de los migrantes también mejora. Sin embargo, para los países receptores, la inmigración se mantiene como un tema polémico, respecto al cual los gobiernos se esfuerzan por establecer políticas que permitan que sus economías cosechen los beneficios de los flujos migratorios y eviten incurrir en costos excesivos debido a ello.

La inmigración es un tema particularmente sobresaliente en la arena de debate político en Europa y Estados Unidos. Incluso en Japón, que ha cerrado en gran medida sus fronteras a los migrantes, la necesidad de encontrar maneras de hacer frente al rápido envejecimiento de la población últimamente ha estimulado el debate sobre el tema.

En todos estos países, el debate tiende a reducirse a tres posiciones básicas. La primera postura – apoyada por una pequeña minoría y carente de apoyo político significativo – es que la inmigración es fundamentalmente beneficiosa para un país avanzado, ya que los recién llegados pueden mitigar los retos demográficos y contribuir a la base de habilidades de la economía.

La segunda postura es precisamente la opuesta: la inmigración debe evitarse por todos los medios disponibles. Los proponentes de este punto de vista a menudo argumentan que los migrantes reducen los salarios, particularmente en el extremo inferior de la distribución del ingreso, socavando los estándares de vida de los nativos. También sostienen que los migrantes diluyen la cultura y las tradiciones del país receptor – una afirmación con un empuje emocional que los economistas a menudo subestiman.

La tercera postura se sitúa entre estos dos extremos. Reconoce los beneficios potenciales de algún tipo de inmigración, pero pide exámenes estrictos de las competencias de los inmigrantes, con el propósito de garantizar que sólo se aceptan a los inmigrantes que pueden cubrir un déficit de habilidades en el país receptor. De esta manera, la inmigración mejorará la calidad de la oferta en el mercado de trabajo y aumentará la competitividad de las empresas, sin generar presiones culturales.

Por supuesto, este abordaje se ve bastante diferente desde la perspectiva de los países de origen de los migrantes, que pierden no sólo valiosa mano de obra calificada, sino también cualquier recurso invertido en dicha mano de obra, como por ejemplo, las inversiones canalizadas a través del sistema educativo. Si bien un país puede beneficiarse de las remesas de sus expatriados, son los migrantes los que reciben los beneficios de la reubicación en su totalidad.

De cualquier forma, cuando los países avanzados aceptan sólo un pequeño número de migrantes calificados, no hacen nada por disminuir la presión que impulsa los flujos migratorios, que abarcan abrumadoramente a las personas que carecen de las habilidades necesarias en el nuevo país. Y, esas presiones son poderosas, como lo demuestra la trágica situación en el mar Mediterráneo, donde murieron más de mil refugiados en la traicionera ruta de África a Europa durante los primeros cuatro meses de este año.

Si se permite que estas presiones persistan, muchos migrantes llegarán en última instancia al mundo desarrollado, de una forma u otra. Y, si bien quienes piensan de manera liberal con respecto a la inmigración tienen razón en cuanto a que los migrantes ayudarán a aliviar las presiones demográficas en los países receptores, los prohibicionistas también tienen razón en cuanto a que los recién llegados causarán un considerable estrés cultural en sus nuevas comunidades, particularmente en Europa.

Esta es la razón por la cual cualquier solución al desafío de la migración debe centrarse en estimular el desarrollo en los países de origen de los migrantes. Para Europa, la atención debería centrarse en África, que es la principal fuente de flujos migratorios. Con el transcurso del tiempo, un crecimiento económico más rápido en África reduciría en gran medida la presión que enfrenta Europa. Por supuesto, el desarrollo a largo plazo de África requerirá de una mayor estabilidad política y de paz; no obstante, mientras eso se concretice, existen medidas que Europa puede tomar para ayudar a estimular el crecimiento.

Si bien África tiene abundancia de recursos naturales, carece del capital y de los conocimientos necesarios para apoyar una aceleración significativa del crecimiento. Los recursos públicos son simplemente insuficientes para suministrar la mayor parte de ese capital. Por lo tanto, como se ha reconocido últimamente, la inversión debe provenir del sector privado, al igual que las habilidades críticas y el acceso a mercados más desarrollados. Sin embargo, el aprovechamiento de la inversión privada requiere que el sector público tome algunas medidas facilitadoras, junto con el sector filantrópico, sector que también tiene importantes recursos para contribuir.

Esto no quiere decir que la inversión pública y la filantropía deberían subsidiar proyectos intrínsecamente no rentables. Por el contrario, eso dejaría a todos en peor situación a largo plazo. El objetivo debe ser identificar proyectos que, a pesar de ser económicamente rentables, no sean atractivos para los inversionistas privados, debido a las barreras institucionales y de otro tipo, y luego se debe trabajar en la eliminación de dichos obstáculos.

Una barrera clave para la inversión privada en África es el riesgo. Cuando el entorno de inversión se considera incierto, como es el caso en la mayoría de los países en desarrollo, los inversores exigen una prima de riesgo en prácticamente cualquier proyecto, incluso aquellos con tasas potencialmente altas de rendimiento. El riesgo individual del proyecto es, al fin y al cabo, muy difícil de medir en dicho contexto.

El sector público puede ayudar con medidas que mutualicen los riesgos, tales como llevar a cabo determinados tramos riesgosos de los proyectos o proveer seguros. Esta mutualización de riesgos, acompañada de la creación de instituciones en todos los sectores (y, no sólo en los sectores de salud y educación), podría contribuir en gran medida a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo en África y en otros lugares.

El impacto positivo de este abordaje sería de largo alcance – comenzando con una reducción de la presión migratoria. El impacto sería aún mayor si las nuevas inversiones se direccionan a las zonas con mayor número de personas desplazadas y migrantes en espera, según lo propuesto por una nueva “Comisión sobre Desplazamiento Forzado”.

El crecimiento impulsado por las inversiones no es un sustituto de la resolución de conflictos y la estabilización política; por el contrario, el primero no puede sostenerse sin avances en el segundo. Sin embargo, un impulso económico podría ser una fuente importante y muy necesaria de esperanza – el comienzo de un círculo virtuoso de paz y prosperidad.

Varios comentaristas han descrito la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales francesas como un triunfo de la centroderecha, porque recibió votos que de lo contrario habrían ido hacia la candidatura del conservador François Fillon, plagada de escándalos.

Pero esta dinámica electoral no expresa el significado de la victoria de Macron. Sería más preciso decir que traspasó las líneas de los partidos tradicionales y se erigió como un candidato de quienes creen que, gracias a una administración adecuada y las nuevas tecnologías, la integración europea y las fuerzas de la globalización pueden reportar beneficios generalizados. En contraste, la mayoría de sus oponentes no hicieron más que avivar temores acerca de las realidades económicas actuales.

Piénsese en las siguientes estadísticas de la primera ronda de las presidenciales francesas: un 42% de quienes votaron por Macron han simpatizado en el pasado con el Partido Socialista y otro 32% ha tendido a apoyar a candidatos de centro. Son datos que indican que los votantes de la izquierda y el centro constituyen el fuerte de su base de apoyo, y que lo veían como un candidato de centroizquierda en lugar de uno de centroderecha.

En efecto, Macron procede de la centroizquierda moderna y pro-globalización. Su último cargo público estuvo en el Gobierno del presidente francés François Hollande y con anterioridad en su carrera su mentor fue el ex primer ministro socialista Michel Rocard. Pero incluso si no marcó una clara ruptura con su pasado político, se desmarcó de las barreras de identidad políticas y partidistas tradicionales, al apuntar a los votantes de todo el espectro político, excepto a quienes se sienten interpretados por la izquierda y la derecha extremas.

Si algo reflejan los muchos intentos de encajar a Macron en un arquetipo político francés tradicional es que la política mundial y europea necesita a las desesperadas un nuevo marco que dé cuenta de los nuevos argumentos, narrativas y problemas.

El Gobierno transicional nombrado por Macron justo después de las elecciones refleja una gran diversidad, no solo en términos de género sino también de experiencia y afiliación política. Su gabinete recurre a partidos de tendencias centristas, izquierdistas y derechistas, incluidos los socialistas y los verdes. Pero su nombramiento de algunos republicanos de centroderecha como Bruno Le Maire y Gérald Darmanin es de particular importancia, ya que las encuestas indican que su mensaje resonó menos con los votantes de ese sector.

Más aún, al nombrar como su primer ministro a Édouard Philippe, también de los Republicanos, Macron reforzó su compromiso de transformar la política francesa. Desde el primer día, su Gobierno abarcará de un punto al otro del espectro político. Y con una representación política tan diversa, Macron podría apuntalar las perspectivas de su propio partido, La République En Marche!, en las elecciones para la Asamblea Nacional que se habrán de realizar este mes. Una alta participación mejoraría de manera importante las opciones de cumplir algunas de sus promesas de campaña clave.

Como funcionario liberal en lo social y buen entendedor de los engranajes de la economía global, Macron podría convertirse en lo que muchos progresistas han estado buscando. Para hacerlo, habrá de forjar un nuevo contrato social que proteja a los más vulnerables de los rápidos cambios y las abruptas interrupciones inherentes a la economía flexible y abierta del siglo veintiuno. Sin duda que es un reto gigantesco, pero si lo logra, cumplirá la idea de “modernidad” que los reformistas han sostenido por tanto tiempo.

El nuevo contrato social francés para el siglo XXI se debe basar en tres pilares, comenzando con sólidas políticas de seguridad social que permitan una mayor flexibilidad del mercado laboral y una economía más dinámica. Por ejemplo, el actual sistema de Francia sería mucho más eficiente si diera cuenta de los cada vez más numerosos trabajadores móviles. Los ciudadanos franceses se beneficiarían si contaran con medidas de protección social más portátiles que los sigan a lo largo de sus vidas, sea que estén buscando nuevos trabajos o caminos profesionales.

El segundo pilar es un sistema industrial que fomente la difusión y la innovación tecnológicas e impulse el espíritu de emprendimiento, de modo que los nuevos participantes puedan competir con las empresas establecidas en todos los sectores. Y, finalmente, todo nuevo contrato social debe mantener un firme compromiso con la apertura económica, la integración europea y la globalización.

Quienes votaron por Macron en primera vuelta, cuando todavía había abundancia de otros candidatos, creen que estos tres pilares no son solo compatibles, sino que se refuerzan mutuamente. Mientras tradicionalmente los candidatos de izquierda se han centrado en la solidaridad social, a veces al punto de rechazar la integración europea, Macron ha prometido defender en simultáneo la justicia social, el crecimiento y la apertura. Y para los que se ubican en la centroderecha, ha prometido que una vez se hayan reformado las políticas sociales, Francia también puede alcanzar una mayor innovación y flexibilidad de mercado.

Al desarrollar un nuevo contrato social, Macron podría redibujar el mapa político francés. Hoy en día, el país está en esencia preso en un “doble conservadurismo”, en el que los conservadores de derecha argumentan a favor de políticas sociales más laxas como manera de aumentar la competitividad, mientras que los “conservadores” de izquierda argumentan que el sistema actual simplemente no se puede reformar. Con Macron podría surgir gradualmente un nuevo sistema político progresista que combine una síntesis de políticas sociales y liberalización.

Más aún, Macron no estará a la defensiva con respecto a Europa. Ha transmitido muy bien su compromiso con el proyecto europeo, y parte importante de la población francesa parece estar de su parte. A diferencia de muchos de sus oponentes en las elecciones, Macron considera a Europa como una fuente de soluciones, no de problemas.

Si logra estos objetivos, su presidencia representaría un paso adelante en el uso de la atractiva escala, la distribución del riesgo y la mayor influencia de la UE en los asuntos mundiales, convirtiendo al continente en uno de los motores del progreso humano. Es un papel adecuado para Francia y su presidente.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

Kemal Dervis, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía y ex Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es vicepresidente de la Brookings Institution. Caroline Conroy es analista de investigación en la Brookings Institution.

Copyright: Project Syndicate, 2017.

La reunión anual de abril del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional coincide con un panorama económico mundial más prometedor que el que tuvimos por bastante tiempo. Las instituciones financieras internacionales (y también muchos actores del sector privado) pronostican para este año un crecimiento considerablemente mayor al de 2016. ¿Se justifica esta visión esperanzada?

Hasta hace poco, la mayoría de los indicadores macroeconómicos obligaban una y otra vez a rebajar los pronósticos de crecimiento. Ahora parece suceder lo contrario. El reciente informe de perspectivas del FMI elevó el crecimiento del PIB mundial previsto para 2017 de 3,4% a 3,5% (la cifra estimada para 2016 fue 3,1%).

Del mismo modo, el índice compuesto TIGER de la Brookings y el Financial Times apunta a una recuperación “estable y con base amplia”. Según estas previsiones (basadas en modelos, datos nuevos y el juicio de cada institución o pronosticador), los principales motores del impulso al crecimiento son Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. También India está haciendo un muy buen papel.

Descifrar los diversos componentes de estas proyecciones (de los datos nuevos a las hipótesis de los pronosticadores) sería arduo. Pero cualquiera que sea la razón de su optimismo, también hay buenos motivos para la cautela, especialmente en el medio a largo plazo.

Los pronosticadores, lo mismo que los mercados, suelen obrar bajo influencia del “espíritu de manada”. Cuantos más analistas suscriban a una visión particular, más probable es que otros cambien sus pronósticos en esa dirección. En el caso que nos ocupa, la difusión de una sensación de alivio fortaleció la visión mayoritariamente optimista.

El resultado del referéndum por el Brexit en el Reino Unido y la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos habían generado temor a un desastre económico. Pero hasta ahora, nada de esto trajo consecuencias económicas particularmente graves. Por el contrario, la confianza de los mercados sigue en alto, impulsando expectativas de más inversión y consumo. Es elocuente que la ligera subida de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos no haya provocado una reacción adversa ni siquiera en los mercados emergentes, que el año pasado temían esa decisión.

En este contexto, tiene sentido cierto optimismo económico. Pero el crecimiento aún es vulnerable a cuestiones todavía no resueltas (que causaron las revisiones a la baja de los pronósticos previos).

Una de esas cuestiones es el menor crecimiento de la productividad, que estas dos últimas décadas frenó en mayor o menor medida el desempeño económico mundial, sin que haya señales de cambio a la vista. Otra es la desigualdad económica, que en general parece estar agravándose, conforme la riqueza se concentra cada vez más en la cima de la pirámide de ingresos.

Incluso si el crecimiento del PIB repunta en el corto plazo, parece probable que la desigualdad seguirá debilitando la demanda agregada; y tampoco ayudará mucho a impulsarla una caída del desempleo, ya que ésta bien podría deberse a una menor tasa de participación en la fuerza laboral, como sucedió muchas veces en Estados Unidos. Esto señala otra vulnerabilidad: debilidades en los mercados laborales que han sido particularmente dañinas para los jóvenes.

Luego está el cambio climático. El mundo todavía no respondió la pregunta tal vez más importante en relación con el crecimiento a largo plazo: ¿cómo mantener una expansión veloz de la economía global sin que la temperatura media del planeta suba más de 2°C por encima del nivel preindustrial? Con un gobierno como el de Trump que se niega a admitir los riesgos del cambio climático (entre ellos, un aumento de las migraciones), es posible que incluso nos estemos alejando de una solución.

La mayoría de los economistas coinciden en que el crecimiento a largo plazo sólo estará asegurado si es a la vez sostenible e inclusivo. Es decir, para que la economía mundial haga realidad su potencial de crecimiento (lo que implicaría unas tasas de, por ejemplo, 2,5 al 3% en Estados Unidos y Europa, y entre 5 y 6% en las economías emergentes) hay que revertir algunas de las tendencias actuales más fuertes.

En relación con la desigualdad, se necesitan mercados laborales más eficaces y flexibles, para lo cual debemos desarrollar sistemas educativos que provean las capacidades digitales y cívicas que demanda la realidad laboral del siglo XXI. También debemos crear sistemas de bienestar social modernos y sostenibles, con plena portabilidad de las prestaciones. Y hay que implementar estrategias para la gestión migratoria.

En cuanto al cambio climático, necesitamos un sistema global de fijación implícita o explícita de precios del carbono, liderado por los actores más influyentes de la economía mundial, y que tenga en cuenta, hasta cierto punto, las responsabilidades históricas y los niveles de ingreso actuales, de conformidad con el acuerdo sobre el clima firmado en París en diciembre de 2015.

Otro requisito para un crecimiento sostenible es mantener la paz y seguridad relativa. Esto demanda un sólido marco de gobernanza internacional donde los conflictos se resuelvan mediante la negociación y el acuerdo (aunque para la protección contra las amenazas más grandes también se necesitan fuertes mecanismos de defensa, tradicionales o novedosos como la ciberseguridad).

En esto será fundamental actualizar las instituciones multilaterales (pilares hace tiempo de la estabilidad mundial), lo que implica resistir la tendencia cada vez más fuerte a eludirlas para preferir mecanismos bilaterales o regionales. Más básicamente, también implica rechazar el anticuado nacionalismo que amenaza con arrastrarnos de vuelta a los años treinta, cuando debemos prepararnos para los 2030.

No estoy diciendo que los pronósticos de crecimiento del PIB para 2017 resultarán errados. Por el contrario, es posible que este año la economía mundial crezca más que lo esperado, y que a mitad de año los pronósticos vuelvan a revisarse al alza. Pero estas mejoras serán efímeras si las autoridades no aprovechan la oportunidad que ofrecen para encarar problemas estructurales profundamente arraigados cuya falta de solución debilitará el crecimiento a más largo plazo.

Traducción: Esteban Flamini

Kemal Derviş, exministro de economía de Turquía y exadministrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es el vicepresidente de la Brookings Institution.

Copyright: Project Syndicate, 2017.

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Mucho se ha hablado últimamente de los esquemas de ingreso básico universal (IBU). La idea de suministrar a todos los residentes legales de un país una suma de dinero estándar sin conexión con el trabajo no es nueva. El filósofo Tomás Moro ya la defendía en el siglo XVI, y luego muchos otros, incluidos Milton Friedman a la derecha y John Kenneth Galbraith a la izquierda, promovieron diversas variantes. Pero recientemente la idea se ha ganado muchos más adeptos, y algunos la consideran una solución a las disrupciones económicas actuales derivadas de la tecnología. ¿Funcionará?

El atractivo del IBU deriva de tres aspectos clave: provee un “piso” social básico a todos los ciudadanos; permite a la gente elegir cómo usar el apoyo recibido; y puede servir para reducir la burocracia de la que dependen muchos programas de ayuda social. Además, un IBU sería totalmente “portable”, lo que ayudaría a los ciudadanos que cambian de empleo con frecuencia, que no cuentan con un seguro social dependiente de un empleador duradero o que son autoempleados.

Muchos en la izquierda ven el IBU como una forma sencilla de limitar la pobreza, y lo han incorporado a su programa. A muchos libertarios les gusta la idea, porque permite (de hecho, exige) a los receptores elegir libremente cómo gastar el dinero. Incluso personas muy ricas están de acuerdo, porque les daría la tranquilidad de saber que por fin sus impuestos sirvieron para erradicar la extrema pobreza en forma eficiente.

El concepto de IBU también atrae a quienes hacen hincapié en el desarrollo económico como sustituto (al menos parcial) de las ayudas en especie que hoy se entregan a los pobres. En América Latina ya hay varios programas sociales locales que contienen elementos de la idea de IBU, aunque están dirigidos exclusivamente a la población pobre y suelen estar supeditados a ciertas conductas, por ejemplo que los niños asistan a la escuela.

Pero la implementación plena de un IBU puede ser difícil, sobre todo porque plantea algunas preguntas complejas en relación con metas y prioridades. Tal vez el problema de calibración más evidente sea determinar cuánto dinero entregar a cada ciudadano (o residente legal).

En Estados Unidos y Europa, un IBU de, por decir algo, 2.000 dólares al año (incluso si se sumara a los programas de bienestar social ya instituidos) no servirían de mucho, excepto tal vez para aliviar la pobreza más extrema. Un IBU de 10.000 dólares ya sería otra cosa; pero según cuánta gente estuviera habilitada a recibirlo, podría costar tanto como el 10% o el 15% del PIB, lo cual constituye un desembolso fiscal inmenso, sobre todo si se sumara a otros programas sociales ya existentes.

Incluso con un incremento significativo de la recaudación impositiva, para que un ingreso básico tan alto fuera fiscalmente viable, habría que complementarlo con reducciones graduales de algunos programas de gasto público actuales (por ejemplo, prestaciones de desempleo, educación, salud, transporte y vivienda). El sistema definitivo dependerá de cómo se equilibren estos componentes.

En el mercado laboral actual, que las tecnologías digitales están transformando, uno de los aspectos más importantes del IBU es la portabilidad. De hecho, insistir en flexibilizar más el mercado laboral, sin asegurar redes de seguridad social permanentes a los trabajadores enfrentados con la necesidad constante de adaptarse a los cambios tecnológicos, equivale a defender un mundo desigual en el que los empleadores tienen toda la flexibilidad y los empleados, muy poca.

Para que el mercado laboral moderno sea igualmente flexible para empleadores y empleados, un IBU debería tener ciertos rasgos esenciales, como portabilidad y libertad de elección. Pero sólo los libertarios más extremos favorecerán una entrega de dinero sin ningún tipo de guía estatal sobre el uso de las ayudas. Sería mejor complementar las prestaciones con una política social activa que guíe hasta cierto punto su uso.

En esto, una propuesta recientemente surgida en Francia es un paso en la dirección correcta. La idea es dar a cada ciudadano una cuenta social personal con “puntos” parcialmente canjeables, similar a una cuenta de ahorro, con una contribución pública sustancial que los titulares complementarán trabajando, estudiando o realizando determinados tipos de servicio nacional. Los puntos podrán canjearse por efectivo en tiempos de necesidad, particularmente para gastos de entrenamiento y recapacitación, según “precios” preestablecidos y sin superar cierto límite por período.

Este método parece un buen término medio entre, por un lado, la portabilidad y la libertad de elección, y por el otro, una política social que guíe el uso de las prestaciones. Contiene elementos de los esquemas estadounidenses de seguro social y retiro individual, con la inclusión además de un compromiso con el entrenamiento y la recapacitación. El programa podría combinarse con un modelo de pensiones más flexible para dar lugar a un sistema de solidaridad social moderno e integral.

El desafío actual (al menos, para las economías desarrolladas) es implementar sistemas de seguridad social más sólidos y eficientes, dar más libertad en el uso de las prestaciones y garantizar su portabilidad. La única forma en que las economías modernas podrán crear los programas de seguridad social que necesitan es encontrar el equilibrio justo entre la libertad personal y la guía de la política social.

Traducción: Esteban Flamini

Kemal Derviş, exministro de economía de Turquía y exadministrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es vicepresidente de la Brookings Institution.

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Economistas sostienen que los mercados laborales con pocas restricciones en cuanto a contratación y despido, impuestos bajos a la iniciativa empresarial e incentivos generosos para la innovación son compatibles con una distribución de ingresos relativamente equitativa, un alto gasto social por parte del gobierno y políticas sociales igualitarias

WASHINGTON, DC – La mayoría de las economías están en busca de una receta para un crecimiento económico inclusivo, en la que se implementen tasas altas de inversión, innovación rápida y fuertes alzas del PIB junto con medidas para reducir la desigualdad de ingresos. Los conservadores insisten en que el crecimiento requiere de impuestos bajos y de incentivos como mercados laborales flexibles para estimular la iniciativa empresarial. Pero para reducir la desigualdad hacen falta niveles más altos de gasto gubernamental y tributación (excepto cuando el gobierno busca un gasto deficitario para estimular una economía deprimida).

Se suele invocar el modelo económico escandinavo para achicar esta brecha. El sistema de “flexiguridad” danés, en particular, históricamente ha ofrecido un desempeño económico sólido junto con una desigualdad baja. Prestigiosos economistas como Philippe Aghion han publicado excelentes análisis de cómo este modelo podría equilibrar crecimiento, igualdad y satisfacción general de los ciudadanos en otras partes del mundo.

Estos economistas sostienen que los mercados laborales con pocas restricciones en cuanto a contratación y despido, impuestos bajos a la iniciativa empresarial e incentivos generosos para la innovación son compatibles con una distribución de ingresos relativamente equitativa, un alto gasto social por parte del gobierno y políticas sociales igualitarias como la educación gratuita universal.

Este modelo ha sustentado un debate en curso en Europa, que hoy es relevante en Estados Unidos, porque la nueva administración de Donald Trump ha prometido ayudar a los “perdedores” de la globalización mejorando al mismo tiempo la innovación y el crecimiento. Pero en Estados Unidos es mucho más difícil, desde un punto de vista político, ofrecer razones a favor de un gasto público generoso en educación, atención médica y seguridad financiera para los jubilados, porque hacerlo siempre plantea el espectro de impuestos altos.

Un modelo de crecimiento inclusivo parecería tener que cuadrar el círculo en materia de políticas. Tendría que aumentar sustancialmente el gasto público, especialmente en educación, beneficios de desempleo y formación, y salud.

Resulta útil analizar los números de los ejemplos danés y sueco a los que se hace referencia con tanta frecuencia. En términos generales, esos países tienen excelentes indicadores económicos. Si bien el crecimiento del PIB no es mayor que en Estados Unidos, la mayoría de la gente comparte un nivel de vida alto, mientras que las encuestas demuestran que los escandinavos (especialmente los daneses) están entre las personas más felices del mundo. Pero, como demuestra el siguiente cuadro, esos países también tienen uno de los gastos gubernamentales y ratios tributación-PIB más altos de la OCDE.

Si Estados Unidos, hipotéticamente, adoptara la política de educación gratuita universal de Dinamarca, pero mantuviera su ratio impuestos-PIB sin modificar, su déficit fiscal superaría el 6% del PIB. Estados Unidos ha experimentado déficits tan altos sólo durante la Segunda Guerra Mundial y la Gran Recesión de 2008-2009, cuando se implementó un gigantesco paquete de estímulo para impulsar la economía. De modo que el solo hecho de ofrecer educación gratuita universal en Estados Unidos haría subir el déficit del país al nivel más alto que se haya registrado en tiempos normales.

En el contexto de esta comparación, parecería que el círculo no se puede cuadrar sin un importante giro macroeconómico. Los países escandinavos son más pequeños y pueden recaudar ingresos y administrar los servicios públicos de manera más eficiente. Pero, aun si Estados Unidos se acercara a esta eficiencia -una tarea difícil en un país tan grande y diverso-, la solidaridad social seguiría exigiendo impuestos efectivos altos, como en Dinamarca y Suecia.

Otro componente crucial del modelo escandinavo es la flexibilidad del mercado laboral. En el índice de “Legislación de Protección del Empleo” de la OCDE, Estados Unidos arroja un resultado de 1,2 en una escala de 0 a 5, donde cero indica flexibilidad plena. Por su parte, el resultado para Francia y Alemania es 2,8, para Italia 2,9 y para Dinamarca y Suecia 2,3 y 2,5 respectivamente. Esto demuestra que, aunque los mercados laborales escandinavos son más flexibles que en otras partes de Europa continental, el mercado laboral estadounidense es mucho más flexible -y ofrece menos seguridad- que cualquiera de ellos.

Este amplio cálculo estático sugiere que deberíamos proceder con cautela a la hora de aplicar las lecciones del modelo escandinavo a países grandes como Estados Unidos. De modo que, para evaluar el impacto a largo plazo que un modelo puede tener en el bienestar de los ciudadanos, necesitaríamos un análisis más dinámico en el curso de por lo menos diez años. Entonces, podríamos medir hasta dónde la inversión y la innovación responderían a los incentivos, cuánto costaría la educación universal gratuita en el medio plazo o cómo incidirían las estructuras demográficas en las diferentes políticas sociales.

El análisis económico por sí solo no puede dirimir el debate político entre derecha e izquierda. Lo que puede hacer es ayudar a acotar y focalizar ese debate. La clave es que los participantes en ambos lados sean más explícitos respecto de los valores y objetivos que, a su entender, debería procurar la sociedad, y cuantifiquen sus presunciones sobre cómo un desempeño dinámico responderá a incentivos particulares. Solo entonces una democracia puede elegir de manera efectiva qué sendero seguir.

Un buen análisis económico puede permitir que los “populistas constructivos” debatan con los “populistas post-factuales e ilusorios” que parecen estar en aumento, con un discurso alternativo realista -que sea transparente y esté basado en expectativas creíbles de las políticas y los resultados económicos-. En otras palabras, el análisis económico puede facilitar las buenas decisiones; no puede tomarlas.

Kemal Derviş, ex ministro de Asuntos Económicos de Turquía y ex administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es vicepresidente de la Brookings Institution. Karim Foda es un analista de investigación en la Brookings Institution.

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La futura administración Trump, que está atiborrada de actores de larga vida en el sector privado, probablemente priorizará la velocidad y los acuerdos rápidos sobre las políticas de largo plazo y el fortalecimiento de las instituciones

La asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el 20 de enero podría llevar un pensamiento más cortoplacista a la política económica en Estados Unidos y en todo el mundo. De ser así, probablemente veamos una mayor tensión entre las medidas oficiales y los objetivos de largo plazo, especialmente en lo que concierne a la política monetaria, al desarrollo y al comercio.

Con respecto a la política monetaria, me recuerda a cuando me convertí en ministro de Asuntos Económicos de Turquía después de la crisis financiera de febrero de 2001. En ese momento, una de mis principales prioridades era bajar la inflación en el mediano plazo a un solo dígito del rango del 30-70% que había prevalecido durante los diez años anteriores. Con gran dificultad, sancionamos una ley que le otorgaba al Banco Central de Turquía un control independiente sobre los instrumentos de política monetaria; el gobierno y el banco central fijarían en conjunto la meta de inflación, que en mi opinión es el acuerdo apropiado.

En 2001, la inflación iba a estar cerca del 65% y el Fondo Monetario Internacional quería que Turquía se comprometiera a una meta del 20% para el año siguiente. Nosotros, en cambio, nos comprometimos a una meta del 35% y la superamos al reducir la inflación al 30% en 2002.

La lección de esta historia es que el banco central ganó credibilidad. Después de haber fijado la meta del 35%, me reuní con empresarios en todo el país y vi que todos estaban presupuestando una tasa de inflación del 50-55%. Cuando insistía en que la meta era del 35%, me revelaban su incredulidad con sonrisas amables. Entonces, cuando se superó la meta, el banco central pasó a ser considerado una institución estable y efectiva que beneficiaría a Turquía durante muchos años.

Los bancos centrales creíbles e independientes se han vuelto un activo valioso en materia de políticas económicas en todo el mundo en los últimos treinta años. Son un buen ejemplo de las ventajas de un pensamiento de largo plazo. Sin duda, los bancos centrales no siempre tienen razón; pero son mucho mejores que los gobiernos que diseñan estímulos cortoplacistas para ganar elecciones.

El pensamiento de corto y de largo plazo no necesariamente están en línea con el desarrollo económico. Muchas veces he oído a empresarios quejarse de que las leyes de licitación competitiva les impiden “hacer un acuerdo” con agencias de desarrollo. Pero aunque un proceso de adquisición transparente que descarte acuerdos rápidos es lento, existen buenos motivos para insistir con eso. A pesar del tiempo “perdido” en proyectos individuales, los estudios han demostrado que las leyes de licitación competitiva generalmente ahorran dinero y disminuyen la corrupción en el largo plazo. Si la burocracia está retrasando demasiado las cosas, la solución es simplificar los procedimientos, no abolir la licitación competitiva.

De la misma manera, en materia de política comercial, algunas medidas proteccionistas pueden ofrecer beneficios rápidos a un sector o inclusive a un país, y en el caso de subsidios a las exportaciones bien diseñados, esos beneficios pueden durar mucho tiempo. Pero, finalmente, cuando otros países toman represalias, y las guerras comerciales se vuelvan la orden del día, los beneficios son superados con creces por los costos, y todos resultan perjudicados. La Organización Mundial de Comercio se creó precisamente para impedir este escenario, y su sistema de reglas y procedimientos legales acordados por lo general mantienen el proteccionismo competitivo bajo control.

En estas y muchas otras áreas, como la política climática, existen términos medios claros entre el pensamiento de corto y de largo plazo. En términos generales, las mejores políticas deberían tener en cuenta ambas perspectivas. Pero, con el tiempo, el pensamiento de largo plazo, y con razón, se ha convertido en un sello distintivo del buen gobierno. John Maynard Keynes tenía razón en que “en el largo plazo todos estamos muertos”, pero la vida humana puede ser bastante larga, por cierto. Y también deberíamos pensar en cómo se beneficiarán -o no- nuestros hijos y nietos con las elecciones políticas que tomamos hoy.

Los líderes políticos que tienen una trayectoria estrictamente en el sector privado tienden a adoptar una estrategia de más corto plazo que los líderes con experiencia en el servicio público, en particular porque la mayoría de los mercados generan incentivos para que las corporaciones prioricen las ganancias trimestrales y anuales y el precio de las acciones por sobre todas las cosas.

De manera que la futura administración Trump, que está atiborrada de actores de larga vida en el sector privado, probablemente priorizará la velocidad y los acuerdos rápidos sobre las políticas de largo plazo y el fortalecimiento de las instituciones. Esta estrategia puede crear beneficios a corto plazo, o inclusive resultados espectaculares; y muchos observadores la acogerán como un alejamiento de la burocracia lenta, plagada de procedimientos. Y el pensamiento de largo plazo tiene que ver con un futuro que es incierto y puede resultar muy diferente de lo esperado.

Pero si los líderes terminan impulsando una forma extrema de cortoplacismo -sancionando, por ejemplo, grandes recortes impositivos sin acompañarlos de un incremento de los ingresos, debilitando las instituciones públicas o imponiendo aranceles o adoptando otras formas de proteccionismo, sin tener en cuenta las represalias de otros países- los réditos no durarán mucho. Tanto en la política como en la economía, ninguna reforma debería aplicarse con exceso de celo.

Kemal Derviş, ex ministro de Asuntos Económicos de Turquía y ex embajador para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es vicepresidente de la Brookings Institution.

Copyright: Project Syndicate, 2016.

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A raíz de los recientes errores de cálculo, debemos recalibrar nuestros radares políticos, y eso significa tomar en cuenta todas las fuentes potenciales de interferencia, no solamente aquellas que encajan en una narrativa limpia y ordenada

Pocos analistas esperaban que los británicos votaran a favor de salir de la Unión Europea o los estadounidenses eligieran a Donald Trump como su próximo presidente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que surgió una explicación de consenso para justificar estos errores de cálculo. No obstante, cuando se trata de sucesos tan complejos, y con tantas consecuencias, deberíamos estar muy atentos para no caer en razonamientos simplistas.

El consenso actual culpa a las “élites” –en la academia, los medios de comunicación y las empresas– por haberse dejado atrapar tan fuertemente por su mundo relativamente cosmopolita y conectado que no llegaron a escuchar atentamente a los grupos menos educados y conectados. Al ser estos grupos los que menos se han beneficiado de la globalización, han sido los más propensos a rechazar a las instituciones supranacionales (en el caso de Brexit) o a los candidatos de la corriente política tradicional (en el caso de Trump). Ignorar a estos grupos fue, en muchos sentidos, un error patente.

Hay una considerable cantidad de apreciables razones para justificar este punto de vista. El “pensamiento grupal” afecta habitualmente a la élite financiera e intelectual de hoy en día, incluyendo a los encuestadores, quienes a menudo tienen formaciones académicas similares, trabajan juntos, leen los mismos medios de comunicación, y se reúnen en las mismas conferencias y eventos, celebrados en lugares que se extienden desde Davos a Aspen.

Los miembros de este grupo tienden a creer que absorbieron las grandes lecciones de la historia. Tienden a desacreditar al racismo e incluso a las formas más leves de etnocentrismo, y es poco probable que rechacen el feminismo. Aunque estos grupos no son parangones de la diversidad, hay un reconocimiento generalizado del valor de la diversidad, y del hecho que el predominio de los hombres, como mínimo, está comenzando a declinar.

El otro denominador común de este grupo es la riqueza. Si bien no todos los miembros de este grupo son multimillonarios, tienden a tener la educación y las habilidades necesarias para cosechar los beneficios de la globalización económica. Como resultado, en general no llegaron a reconocer, hasta hace poco, la creciente desigualdad, especialmente en Estados Unidos, como un problema prominente (sin embargo, sin lugar a duda, muchas de las élites más ricas se han involucrado en una cantidad sin precedentes de obras de filantropía).

Está claro que las élites cosmopolitas, que son las que toman decisiones que tienen consecuencias en sectores de importancia crítica, desde los sectores empresariales y financieros hasta los políticos, son las que deben prestar más atención a las quejas de los menos afortunados, de los menos educados y de los menos conectados. En lugar de juntarse con personas con ideas afines a las suyas en silos aislados, estas élites deben crear plataformas que conecten a las personas provenientes de los contextos y circunstancias más diversas –incluyéndose a aquellas cuyas vivencias con respecto la globalización son muy distintas a las de ellos. Tales plataformas ayudarían a abordar la fragmentación del debate público.

Sin embargo, las “burbujas” ideológicas no son el único problema. En primer lugar, las élites han fracasado no sólo en predecir las recientes victorias populistas, sino también en anticipar que el decididamente no populista François Fillon ganaría la primaria presidencial de los republicanos de centro-derecha franceses por un amplio margen. Claramente, ignorar la ira de la clase trabajadora no es el único factor que bloquea sus radares políticos.

Por supuesto, es reconfortante creer que, si los hechos fueran mejor conocidos y las personas pudieran discutirlos más desapasionadamente, los votantes se unificarían más y la política sería más constructiva. Pero, incluso con un discurso mejorado y más sustentado en los hechos, los intereses de las personas serán divergentes.

Aquellos que votaron por Brexit o Trump no solamente fallaron en cuanto a poder entender los verdaderos beneficios de la globalización; hoy en día, estas personas carecen de las habilidades o las oportunidades para garantizar que irán a recibir un pedazo del pastel de los beneficios de la globalización. Por lo tanto, más allá de la necesidad de comunicación, radica una auténtica necesidad de instauración de políticas redistributivas, las mismas que no son beneficiosas para todas las partes. Los principales beneficiarios del libre comercio y el cambio tecnológico deben compensar activamente a los perdedores mediante impuestos, subsidios y apoyo al empleo.

Del mismo modo, está fundamentalmente errada la suposición de que el Occidente liberal y democrático es, en gran medida, homogéneo en cuanto a sus intereses económicos y geopolíticos. La verdad es que las potencias occidentales tradicionales, a pesar de tener mucho en común, tienen divergencias en muchas áreas, que van desde la política energética –Europa es mucho más dependiente de los hidrocarburos en comparación con Estados Unidos– a la seguridad. En este contexto, simplemente no bastará comunicarse de mejor manera y llegar a acuerdos sobre los hechos. Serán necesarias negociaciones, en las que ambas partes deberán sacrificar algo.

Estos problemas apuntan a un defecto más amplio en la cosmovisión occidental: la creencia en soluciones donde todos ganan, en las llamadas soluciones “gana-gana”. De hecho, la democracia liberal, tanto en sus encarnaciones de centroderecha como de centroizquierda, se sustenta en la creencia de que tales soluciones (siendo la más importante entre ellas la paz) pueden beneficiar a una “sociedad” –o, en realidad, a la humanidad en su conjunto– a la larga. La democracia negocia las vueltas y rodeos de dichas soluciones y gestiona los sacrificios a corto plazo. Sin embargo, en última instancia, todos se van a beneficiar.

Por supuesto, el fracaso en cuanto a garantizar las soluciones gana-gana, a menudo, lleva a situaciones pierde-pierde. En la primera mitad del siglo pasado, se creía, de manera generalizada, que la falta de conquista del espacio agrícola condenaría a los países a morir de hambre. Hoy, se esgrimen argumentos similares sobre la energía.

La realidad es más complicada. Para que las economías garanticen el “triunfo” del crecimiento inclusivo, los muy ricos pueden tener que someterse a una forma de regulación y tributación, incluyéndose su sometimiento a las normas internacionales, lo que les costará sustancial riqueza a largo plazo. Si bien esto no convertiría a los ricos en perdedores (ellos aún continuarían siendo ricos), no se puede negar que incurrirían en pérdidas.

Lo que el enfoque liberal-democrático sí comprende correctamente es que casi siempre hay espacio para llegar a soluciones de compromiso, es decir soluciones toma y daca. Si bien no todas las personas se irán a casa sintiéndose como verdaderos ganadores, a las personas y países, de manera individual, les va mejor cuando trabajan en conjunto y llegan a acuerdos en comparación a cómo les iría si se apropiaran y defenderían espacios y recursos limitados mediante el uso de todos los medios a su disposición. Los costos de los conflictos modernos, incluyendo el costo del estancamiento a nivel nacional, son demasiado grandes, al punto de que incluso los ganadores terminan perdiendo.

A raíz de los recientes errores de cálculo, debemos recalibrar nuestros radares políticos –y eso significa tomar en cuenta todas las fuentes potenciales de interferencia, no solamente aquellas que encajan en una narrativa limpia y ordenada. En este punto, la diferencia fundamental en la cosmovisión de los demócratas liberales o de los socialdemócratas y de los ideólogos de línea dura, sean estos nacionalistas o no, puede ser la diferencia que acarree más consecuencias. Los primeros deberían reconocer que sí existen situaciones gana-pierde a medio plazo, pero deberían mantener su fe en que en el largo plazo habrá un cambio democrático gradual en sus propios países, mientras que de manera simultánea trabajan para sostener la paz internacional.

Traducción: Rocío L. Barrientos

                                                                                        Copyright: Project Syndicate, 2016Project Syndicate

Hay una amplia necesidad de que los reformistas y los globalizadores realistas unan fuerzas para hacer frente a los movimientos populistas que tratan de convertir la nostalgia en nacionalismo extremo

En menos de tres semanas sabremos quién asumirá la presidencia de Estados Unidos a partir de enero. La clase de socio que esa persona encuentre en Europa dependerá en gran medida del resultado de dos elecciones en 2017: la elección presidencial francesa a principios de mayo y la elección federal alemana a finales de octubre.

Por supuesto, la salida del Reino Unido de la Unión Europea también influirá en la forma futura de Europa. La opción de Brexit “duro”, de la que mucho se habló estos últimos tiempos (sobre todo desde que la primera ministra británica Theresa May anunció su intención de insistir en la imposición de límites a la inmigración, aunque implique perder el acceso al mercado común europeo), cambiaría el modo en que funciona Europa.

Como escribió hace poco el primer ministro francés Manuel Valls, la gran disyuntiva a la que se enfrenta la dirigencia europea es entre “desistir y dejar el proyecto europeo abandonado a una muerte lenta pero segura” o “transformar la UE”. Semejante transformación no será hazaña menor; demandará no sólo una nueva visión institucional para Europa, sino también una reestructuración política a gran escala, particularmente en Francia y Alemania.

Una visión institucional viable, que describí mucho antes del referendo por el Brexit, es establecer “dos Europas en una”, de modo que los países de la Eurozona formarían una “Europa A” más profundamente integrada, y otro grupo de países formaría una “Europa B”, más diversa y menos conectada. Ambas Europas estarían estrechamente vinculadas, con cierta variación en los mecanismos de participación para los miembros de Europa B. Juntas, las dos Europas serían parte de una “alianza continental” post-Brexit que en algún momento incluso podría reemplazar a la UE.

Es una visión un tanto radical, que sólo será factible si hay fuerzas políticas dispuestas a adoptarla, particularmente en Francia y Alemania. La dirigencia política de cada país deberá dejarse guiar (e incluso movilizar) por el objetivo de salvar a “Europa”. En concreto, eso implica seguir una política económica que equilibre el libre mercado y la solidaridad social, con margen sustancial para la diversidad local.

Tanto en Francia como en Alemania, esta dinámica política dependería de una alianza de fuerzas proeuropeas de centroderecha y centroizquierda que sea capaz de superar y a la larga disipar a los elementos más extremistas de cada campo y asegurar así que las tendencias políticas antieuropeístas no puedan obstaculizar el progreso. Para dar un ejemplo concreto (y provocador) de cómo podría ser semejante realineamiento en Francia: un presidente de centroderecha como Alain Juppé podría cooperar con un primer ministro como Emmanuel Macron mientras este intenta generar un movimiento juvenil de centroizquierda que “trascienda el pasado”.

En cuanto a Alemania, la centroderechista Unión Demócrata Cristiana (CDU) es, en su conjunto, insuficientemente proeuropea. Internamente está limitada por un ala conservadora definida por ideas que no son compatibles con el progreso de Europa a largo plazo. Externamente, por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que últimamente creció en popularidad.

En este contexto, incluso si la CDU de la canciller Angela Merkel obtiene la mayoría de los votos el año entrante, necesitará ayuda para construir una nueva Europa, con más responsabilidades conjuntas para los países de Europa A y mecanismos de participación flexibles para los países de Europa B. En concreto, los elementos proeuropeos de la CDU deberán colaborar con aliados de la izquierda, a saber, la mayor parte de los socialdemócratas y los verdes.

Una coalición informal de este tipo ayudó muchas veces a que los proyectos pro Merkel consiguieran apoyo en el parlamento a pesar de la oposición de los elementos derechistas de la CDU, pero para salvar a Europa deberá profundizarse y hacerse más confiable, con una agenda compartida dominada por objetivos comunes.

El imperativo de un realineamiento de fuerzas políticas no es exclusivo de Francia y Alemania. Hay amplia necesidad de que los reformistas y los globalizadores realistas unan fuerzas para hacer frente a los movimientos populistas que tratan de convertir la nostalgia en nacionalismo extremo, casi sin otra base que la política identitaria.

El mundo cambió mucho estas últimas décadas, y Europa no es la excepción. No podemos esperar que los viejos alineamientos respondan adecuadamente a las necesidades de definición de políticas o la dinámica política de la actualidad. Basta pensar en lo difícil que le está siendo a España hallar una nueva mayoría, en un proceso de dos años que todavía no terminó.

En este contexto, un reacomodamiento político es casi inevitable; los cambios de partido y los conflictos que caracterizaron esta elección presidencial estadounidense son buen ejemplo. Pero ese reacomodamiento puede llevar a diversos resultados. Para garantizar un futuro positivo, abierto y próspero para Europa, es crucial el triunfo de fuerzas que reconozcan los inmensos beneficios de las sociedades política y económicamente abiertas, así como la necesidad de políticas públicas nacionales e internacionales que promuevan una mayor inclusión.

Pero incluso si las fuerzas progresistas de centroderecha y centroizquierda consiguen superar a sus contrincantes reaccionarios, no será suficiente. La estructura política tradicional siempre corre riesgo de ser capturada o desplazada por el populismo identitario. Por eso los grupos políticos progresistas deben superar sus diferencias en forma más estructural para promover una nueva visión institucional de Europa.

Esta profunda reestructuración política para crear nuevas mayorías progresistas será difícil y no se dará de un día para el otro. Pero es la única opción para Europa. Sin ella, “Europa” morirá, y el asalto a la apertura económica y a los valores democráticos seguirá cobrando fuerza en todo el mundo, con consecuencias potencialmente devastadoras.

Una teoría que últimamente ganó mucho respaldo es la de que la llamada paradoja de la productividad no existe. Según este razonamiento, el crecimiento de la productividad parece estar en caída porque las estadísticas que usamos para medirlo no registran bien los avances recientes, especialmente los derivados de innovaciones y mejoras de calidad en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Si los precios no reflejan las mejoras en los nuevos productos, entonces estamos usando deflactores de precios excesivos, y la producción real es superior a la estimada.

Además, los escépticos señalan que las mediciones usuales de la productividad se basan en el PIB, que por definición sólo incluye la producción de bienes y servicios, pero ignora el excedente de los consumidores (que está creciendo a toda velocidad, a la par de la utilidad sustancial obtenida de ciberservicios como Google y Facebook, a un precio de mercado cercano a cero).

Este argumento tiene cierta lógica. De hecho, una reseña reciente de investigaciones sobre la productividad, realizada por la Brookings Institution y la Chumir Foundation, confirmó que los beneficios de las nuevas tecnologías son mayores a lo estimado, lo que se debe a problemas en la medición de calidad de los productos y el excedente de los consumidores.

Pero según el informe, ambos tipos de error de medición sólo explican una parte relativamente pequeña de la desaceleración del crecimiento. Además, estos errores suceden desde hace mucho tiempo, y no parece que hayan aumentado sustancialmente en los últimos años. La conclusión es clara: la desaceleración del crecimiento de la productividad es real.

Quizá entonces debamos mirar el otro componente de la paradoja: la innovación tecnológica. Muchos argumentan que el problema real es que las últimas innovaciones tecnológicas no han sido tan trascendentales como las anteriores. Según los “tecnopesimistas”, las nuevas TIC no producen la clase de beneficios económicos amplios que en su momento produjeron, por ejemplo, el motor de combustión interna y la electrificación. Los “tecnooptimistas”, por su parte, creen que los avances en TIC tienen potencial para impulsar un rápido crecimiento de la productividad; lo que ocurre es que sus beneficios tardan en manifestarse y lo hacen en oleadas.

¿Qué dicen los números? Los datos desglosados por empresas muestran que el crecimiento de la productividad se mantuvo relativamente bien para las situadas en la frontera tecnológica; la mayor desaceleración se dio en las empresas menos avanzadas en tecnología, que suelen ser más pequeñas. Esto sugiere que el problema tal vez no sea la tecnología en sí misma, sino la lentitud de su difusión.

El declive del crecimiento de la productividad también tiene un elemento macroeconómico, que se origina en la escasez de demanda agregada. Según Larry Summers, exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, cuando el nivel deseado de inversión es inferior al nivel deseado de ahorro, a pesar de un tipo de interés nominal igual a cero, la escasez crónica de demanda restringe el PIB y el crecimiento de la productividad y produce “estancamiento secular”.

Pero por supuesto, los argumentos que hablan de la demanda y los que apuntan a la oferta están intrínsecamente ligados. Y de hecho, puede ser que el tecnopesimismo, al reducir las expectativas de ganancia, esté desalentando la inversión. Entretanto, un exceso de concentración de los ingresos en la cima de la pirámide (situación que la inadecuada difusión de la tecnología puede agravar) contribuye a un exceso de ahorro.

Toda estrategia para resolver los problemas subyacentes al bajo crecimiento de la productividad (desde una inadecuada difusión de la tecnología hasta la desigualdad de ingresos) debe tener en cuenta la falta o inadecuación de habilidades de los trabajadores, que afecta la capacidad del mercado de mano de obra para ajustarse. En la situación actual, los trabajadores (sobre todo en los sectores de menos ingresos) tardan en responder a la demanda de nuevas habilidades superiores; esto se debe a retrasos en educación y capacitación, rigideces de los mercados laborales y tal vez también factores geográficos. Todo esto, sumado a casos de captura de renta y concentración monopolista, puede reforzar la desigualdad y limitar la competitividad en los mercados.

También es importante alentar la inversión. En la mayoría de las economías avanzadas y en muchas de las emergentes, las tasas de inversión cayeron en picado tras la crisis financiera global de 2008, y todavía no regresaron a los niveles anteriores. Pero las innovaciones suelen incorporarse en bienes de capital, por lo que su difusión demanda inversiones nuevas.

Afortunadamente, los líderes mundiales parecen ser conscientes de algunos de los imperativos que enfrentan. En la reciente cumbre del G20 en Hangzhou (China), recalcaron la necesidad de impulsar la inversión y acelerar las reformas estructurales para mejorar la productividad y aumentar el crecimiento potencial. Ojalá este sea el primer paso hacia una estrategia integral para encarar las fuerzas que impiden la difusión de la tecnología, menoscaban la competitividad y agravan la desigualdad.

No hay modo de saber cómo las nuevas tecnologías afectarán a la economía mundial a largo plazo. Pero hay algo que sí sabemos: la paradoja de la productividad es real, y contribuye al aumento de la desigualdad en muchas sociedades. Es tiempo de resolverla.

Traducción: Esteban Flamini

Copyright: Project Syndicate, 2016.

Dada la escala de los desafíos, la única opción es cooperar internacionalmente y fortalecer las instituciones y organismos globales y regionales

¿Será la gobernanza global la solución a la mayoría de nuestros problemas económicos? ¿O será una promesa exagerada que distrae la atención de reformas más prácticas, que deberían implementar los gobiernos nacionales? En un artículo reciente, el economista Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, sostiene lo segundo, con buenos argumentos. ¿Está en lo correcto?

Es verdad que la política nacional tiene efecto más directo (bueno o malo) sobre los ciudadanos de cada país. Pero no podemos ignorar los efectos globales de las malas políticas nacionales, cuyos ejemplos más obvios señalados por Rodrik son las emisiones de gases de efecto invernadero y las enfermedades infecciosas: el costo no es sólo para las personas del “país de origen”, sino que también lo pagamos todos los demás.

Hace décadas que la palabra “globalización” está de moda, y es evidente que estos últimos años algunos (especialmente en la centroizquierda) exageraron la necesidad de una gobernanza global. Esto llevó a otros a promover la búsqueda de alternativas, por ejemplo el “nacionalismo responsable” o la toma de decisiones “intergubernamental” (en vez de supranacional) en la Unión Europea.

Estas propuestas merecen un debate serio. Por ejemplo, deberíamos reevaluar el sistema actual de decisión de tratados comerciales, que tienen que ver cada vez más con cuestiones normativas y de inversión y menos con la eliminación de aranceles y otras barreras a las importaciones. No sorprende que incluso algunos partidarios del libre comercio pongan reparos a tratados donde se permite a grupos comerciales insertar términos que conceden a las corporaciones multinacionales un poder de mercado indebido a costa de la protección de los consumidores.

Pero los pedidos de más gobernanza global no se dieron en el vacío. Es indudable que los países se han vuelto más interdependientes en lo económico y lo social como resultado del comercio, los viajes y las telecomunicaciones, por no hablar de las estructuras corporativas multinacionales y los flujos financieros internacionales. Hoy el intercambio global es más amplio, veloz y omnipresente que nunca.

La globalización puede a veces encontrar obstáculos, como la desaceleración actual del comercio internacional; pero los cambios tecnológicos subyacentes que impulsan la interconectividad seguirán promoviendo un mayor acercamiento entre personas y entre países.

En definitiva es para mejor, porque los grandes desafíos que hoy enfrentamos son de naturaleza global. Los intentos de mitigar los efectos del cambio climático demandarán coordinación global sistemática. Incluso las iniciativas locales (cada vez más importantes para hacer frente al problema) deben ajustarse a un marco de políticas y obligaciones globales convergentes. De lo contrario, la gente no sentirá que sus acciones tienen algún efecto o que aportan a un objetivo compartido, y habrá quienes no se consideren obligados a hacer nada.

Otro desafío global es el tributario, que demanda coordinación internacional para detener una creciente evasión y elusión fiscal. El problema no son sólo los “paraísos fiscales”; también es necesario captar las ganancias corporativas que las empresas mueven de país en país apelando a elaborados expedientes como los “precios de transferencia” y el “traslado de base imponible”, para minimizar sus impuestos.

La disparidad de normas tributarias de los diferentes países dio lugar a un juego que es casi de suma cero para los gobiernos nacionales, que se ven obligados a competir entre sí para asegurarse una tajada mayor de un pastel cada vez menor. El sistema actual da a los países fuertes incentivos para ofrecer cada vez más ventajas impositivas a las empresas que operan en ellos; aun así, siguen igual de expuestos a que les gane otro país, conforme aquellas trasladan sus ganancias declaradas de una jurisdicción a otra.

En la mayoría de los casos, las empresas no hacen nada ilegal al aprovechar la fragmentación del sistema. Pero para poder reducir la desigualdad y financiar los programas de pensiones y atención médica de sus ciudadanos, los países tendrán que cooperar en la implementación de iniciativas de gobernanza global que prioricen un sistema de tributación justo.

El cambio climático y la tributación son sólo dos de las cuestiones que demandan coordinación global, pero la lista sigue. Las políticas monetarias de los grandes bancos centrales que controlan monedas de reserva (como la Reserva Federal de Estados Unidos) pueden provocar importantes efectos derrame, lo mismo que las políticas cambiarias autodestructivas o las normas sobre flujos financieros transfronterizos. En la mayoría de estos casos, el daño va de los países grandes a los pequeños; pero si resultan afectados suficientes países pequeños, el daño agregado puede revertir a las grandes economías (como se vio en la crisis de deuda europea).

Dada la escala de estos desafíos, la única opción es cooperar internacionalmente y fortalecer las instituciones y organismos globales y regionales, como el Fondo Monetario Internacional, la UE y el G20 (que el mes que viene se reunirá en Hangzhou, China). Pero la gobernanza global no es una propuesta excluyente. Cuando las políticas nacionales o locales bastan para resolver un problema, deben ser las aplicadas.

De hecho, el principio de subsidiariedad (por el cual la toma de decisiones debe ocurrir en el nivel más local posible) es esencial para una gobernanza global flexible y funcional. La presencia de marcos de gobernanza global no debe ser nunca excusa para la inacción nacional o local. La política pública es un esfuerzo multinivel y multicanal con dimensiones local, nacional, regional y global. Lo ideal sería que los debates en materia de políticas reconozcan esta realidad.

También debemos reconocer la urgencia de sostener la fe en la gobernanza global desde otra perspectiva. En Estados Unidos, Asia, Europa y Medio Oriente, un resurgimiento de la política identitaria y el nacionalismo xenófobo amenaza con repetir las grandes tragedias del siglo XX. En estas circunstancias, es necesario reforzar la existencia y atender a las necesidades de una comunidad global, no sólo por razones económicas, sino también para ayudar a garantizar un mundo en paz.

Traducción: Esteban Flamini

Copyright: Project Syndicate, 2016. www.project-syndicate.org

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Hay necesidad imperiosa de un populismo moderado, humanista, global y “constructivo” que pueda contrarrestar a los extremistas

Lo que hace “constructivo” al populismo constructivo es tomar aquello que se sabe con un grado razonable de certeza y simplificarlo

El voto por el Brexit desató un vendaval de comentarios sobre la política antiestablishment, el fracaso de los expertos, la abdicación de la izquierda, etcétera. Visto al lado de la campaña presidencial en Estados Unidos, muchos consideran el Brexit una llamada de atención.

En respuesta, el exsecretario del Tesoro de los EE.UU. y expresidente de Harvard Larry Summers propone un “nacionalismo responsable” para contrarrestar el lenguaje a menudo chauvinista, antiinmigrante y proteccionista del populismo de derecha. El autor promueve una respuesta en la que se “entienda que la primera responsabilidad de los países es buscar el bienestar económico de sus ciudadanos, pero de modo tal que su capacidad de perjudicar los intereses de los ciudadanos de otros países esté circunscrita”. Deberíamos evaluar los acuerdos internacionales “no tanto por cuánto logran armonizar o cuántas barreras derriban, sino por su capacidad de empoderar a los ciudadanos”.

Como Summers y otros sostienen, la globalización trajo enormes beneficios a la economía mundial en su conjunto, pero los ganadores rara vez compensaron a los perdedores, directa o indirectamente. Además, últimamente los ganadores suelen ser muchos menos que los perdedores, particularmente dentro de un área geográfica dada o en mercados donde el ganador se queda con todo. Por último, las políticas económicas preferidas por los “ganadores” (y adoptadas bajo su influencia) distan de ser ventajosas para todos.

Todo esto es cierto. Por desgracia, estos argumentos suelen llevar a que el campo político de los moderados retroceda ante la presión del nativismo, el nacionalismo agresivo y la repetición de consignas económicas incoherentes. Los que promueven una estrecha política identitaria coreando o tuiteando frases cortas y efectivas obligaron a los que creen en una comunidad humana global ligada por intereses compartidos a dar un combate de retaguardia para explicar por qué esas frases no tienen sentido.

Pero los autores de ese contraataque, si cabe llamarlo así, al parecer no han podido refutar las afirmaciones tendenciosas de los populistas con frases que sin ser tan cortas sean igual de efectivas. Es verdad que desde el campo de los moderados se ofrecen análisis económicos aceptables y propuestas políticas sensatas; pero el debate suele darse en un lenguaje (y un lenguaje corporal) de tecnócratas, que incita al bostezo, no al apoyo popular.

Hay necesidad imperiosa de un populismo moderado, humanista, global y “constructivo” que pueda contrarrestar a los extremistas, no con complejos modelos matemáticos de, por ejemplo, las consecuencias del Brexit para el nivel de empleo, sino con ideas simples y a la vez poderosas capaces de movilizar a las multitudes. Cuando las democracias liberales se enfrentaron a duros desafíos en el pasado supieron encontrar esas voces. Pensemos en la retórica de Franklin Roosevelt en los años treinta, o en la de los padres fundadores de la Comunidad Europea.

Lo que hace “constructivo” al populismo constructivo es tomar aquello que se sabe con un grado razonable de certeza y simplificarlo. En cambio, los populistas “destructivos” distorsionan deliberadamente lo que se sabe y lo que no, lo inventan sin el menor escrúpulo.

Esta clase de populismo destructivo es mucho más infrecuente en el nivel municipal, donde el debate está centrado en hallar soluciones concretas a los problemas reales de los ciudadanos. Esto no implica que la política municipal sea fácil; basta ver las tensas relaciones entre la policía y las minorías raciales en las ciudades de Estados Unidos. Pero como Bruce Katz y Luise Noring han demostrado, en muchas ciudades estadounidenses y de otros países, los funcionarios electos, las organizaciones civiles y las empresas privadas saben unirse trascendiendo divisiones partidarias para diseñar proyectos innovadores en transporte público, vivienda o desarrollo económico y hallarles financiación.

Donde más se necesita un populismo constructivo es en los niveles nacional e internacional, porque hay muchos problemas que no pueden resolverse en el nivel municipal. Pensemos en la política exterior. Hay en muchos países una fuerte tendencia hacia la clase de nacionalismo agresivo que produjo tantas catástrofes en la historia, sobre todo en la primera mitad del siglo XX.

Algunos desestiman los peligros de este resurgimiento nacionalista, con el argumento de que la interdependencia económica nos protegerá de nuestras pulsiones atávicas. Pero no fue así en el pasado. No hay que olvidar que las tres décadas desastrosas que empezaron en 1914 siguieron a un período de veloz y profunda globalización.

Es esencial una vez más un mensaje político que encarne el compromiso con la vigilancia constante en favor de la paz. Pero hay que ponerlo en práctica. En las democracias liberales, ese mensaje debe hacer hincapié en tres componentes: fuertes capacidades de defensa e inteligencia; la legitimidad de negociar con amigos y enemigos por igual en busca de coincidencias; y la comprensión de que las alianzas y amistades para ser duraderas deberán basarse en el respeto compartido de los valores democráticos y los derechos humanos.

No debe permitirse que intereses comerciales o de otro tipo a corto plazo debiliten cuestiones de principios básicas. Entendiendo que los derechos humanos, incluidos por ejemplo los derechos de las mujeres, son un elemento clave de los valores democráticos, podemos negociar toda clase de temas con aquellos que los reprimen, pero hasta que no haya avance en relación con esos derechos, no podemos ser auténticos amigos de esos países y al mismo tiempo decir que defendemos los valores humanos universales. El populismo constructivo no puede ser cínico; pero debe ser realista, y debe reconocer que el progreso puede ser gradual y tener formas diferentes en diferentes lugares.

En política económica hay muchos desacuerdos razonables que impiden un consenso. Pero no hace falta hablar difícil para decir que los mercados solamente benefician a todos si se los regula en función de los intereses de todos; que el gasto público que crea activos productivos puede reducir el cociente entre la deuda pública y la renta nacional; y que el desempeño económico debe medirse por la amplitud de la distribución de los frutos del crecimiento.

El modo de superar la política identitaria y el populismo irresponsable no es negociar con ellos un término medio o combatirlos con un análisis técnico detallado. El modo de evitar el desastre es el populismo constructivo: simple, exacto y siempre sincero.

Traducción: Esteban Flamini

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Cuando David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña, acordó con la Unión Europea en febrero los términos revisados para la membresía del Reino Unido, insistió en que la UE sea reconocida oficialmente como una «unión multimonetaria». Cameron creyó que si se establecían límites claros a la integración europea en temas monetarios y otras cuestiones, podría obtener la mayoría popular a favor del acuerdo —y así seguir formando parte de la UE— cuando el RU lleve a cabo su referendo el 23 de junio. Sin embargo, en vez de brindar claridad, el pacto usa un lenguaje retorcido para evitar una declaración oficial de ese tenor y las explicaciones que habrían de acompañarla.

Ciertamente, la decisión de febrero permitió a Cameron hacer campaña contra la Brexit. Al especificar que el RU y Dinamarca no están en absoluto obligados a adoptar el euro, las contrapartes de Cameron realmente confirmaron la situación de la UE como unión multimonetaria.

Pero la decisión también reiteró el objetivo de crear una UE «cuya moneda sea el euro» y reafirmó las disposiciones del tratado que estipulan que otros estados no adheridos al euro, como Bulgaria Polonia, deben adoptarlo cuando cumplan las condiciones predefinidas. (Suecia carece de la opción de abandonarlo permanentemente y cumple las condiciones para adoptarlo como moneda; sin embargo, de alguna manera se las ingenia para evitar unirse a la unión monetaria).

Esa ambigüedad surgió de la falta de voluntad —o de la incapacidad— para proporcionar una descripción clara de cómo funcionará una unión monetaria en el largo plazo. Se trata de una cuestión difícil, que habrá que solucionar independientemente del resultado del referendo. Después de todo, si los votantes británicos deciden abandonar la UE, surgiría un problema similar en cualquier negociación pos-Brexit para mantener al RU dentro del Mercado Común.

Actualmente existe un consenso generalizado de que, con el tiempo, la zona del euro tendrá que construir sistemas de gobernanza económica más integrados. De hecho, la mayoría de los economistas coincide en que cualquier unión monetaria no solo requiere una unión bancaria, que está siendo establecida actualmente en la zona del euro, sino también una mayor coordinación de las políticas fiscales para compensar la falta de políticas monetarias independientes y tipos de cambio flexibles.

Los políticos también apoyan el cambio hacia una mayor integración fiscal, al menos quienes representan la corriente dominante moderada. El conservador ministro de finanzas alemán Wolfgang Schäuble, el ministro de economía francés de centroizquierda Emmanuel Macron, y el ministro de finanzas centrista italiano Pier Carlo Padoan, han solicitado distintas versiones de un ministro de finanzas común para la zona del euro.

El desacuerdo reside en la forma en que debe adoptar esa integración. Alemania considera que la coordinación fiscal es fundamental para hacer cumplir reglas de conducta firmes, mientras que Francia e Italia querrían incluir más mecanismos para la gestión común de los riesgos, como los eurobonos o compartir el costo del seguro de desempleo.

Claramente, habrá que encontrar un equilibrio. Para satisfacer a Alemania, serán necesarias normas fiscales más estrictas como base para una mayor integración. Pero esas reglas deben implicar una mayor anticiclicidad y simetría, obligando tanto a los países superavitarios como a los deficitarios a reducir sus desequilibrios. Además, el marco tendrá que permitir que se compartan los riesgos de manera más eficaz y que exista un presupuesto definido para la zona del euro, como lo exigen los estados miembros del sur. Los cambios institucionales y legales, entre los que se cuentan el establecimiento de algún tipo de parlamento y tesoro para la zona del euro, también serán necesarios para legitimar los esfuerzos.

Todo esto es fundamental para que la UE funcione como una unión multimonetaria eficaz. Cameron, al igual que su antecesor Gordon Brown —quien estuvo presente en la creación del euro, pero mantuvo fuera al RU— reconoce la necesidad de una mayor integración de la zona del euro, aunque más no sea porque el RU está interesado en que su principal mercado de exportaciones tenga un mejor desempeño. Pero relacionarse eficazmente con una eurozona más profundamente integrada sin unirse a ella no será fácil.

Para alcanzar el éxito, el RU tendrá que cumplir dos objetivos fundamentales. En primer lugar, debe establecer una sólida cooperación con la UE en otras cuestiones clave, como las políticas de seguridad, exteriores y climáticas. En segundo lugar, debe garantizar que una zona del euro cada vez más integrada no logre suficiente autoridad como para tomar decisiones fiscales y regulatorias unilaterales que, al reformar el mercado único o el sector financiero, tengan implicaciones significativas para el RU. La zona del euro, por su parte, debe considerar los intereses británicos durante el proceso de integración, sin permitir que el RU la demore.

Aunque las cuestiones relacionadas con la integración de la zona del euro y la unión multimonetaria no han sido fundamentales en el debate de la Brexit —que tendió a centrarse en la inmigración— continúan siendo vitales para el futuro de la UE, con o sin el RU. Aunque la permanencia de Gran Bretaña como miembro de la UE no es incompatible en términos fundamentales con una zona del euro más integrada, crear instituciones que puedan apoyar una unión multimonetaria permanente —básicamente, como lo he sostenido, dos Europas en una— constituirá un desafío político y legal.

El fracaso del acuerdo anunciado en febrero para presentar una visión clara impidió fijar un antecedente sólido para superar estos desafíos. Si Europa ha de avanzar de manera genuina hacia una mayor estabilidad y prosperidad, tendrá que garantizar la transparencia y la legitimidad en cada uno de los pasos. Solo con una visión política clara e instituciones que puedan orientar la política tanto durante las crisis como en las épocas normales, la UE podrá prosperar nuevamente. Si el RU se queda, la UE tendrá que definir urgentemente cómo funcionará una unión multimonetaria legítima, en vez de volver al modelo habitual. Si el RU se va, habrá que solucionar los mismos problemas básicos; la diferencia será, sin embargo, que el RU habrá perdido toda su influencia.

Traducción al español por Leopoldo Gurman

Según una encuesta de opinión de principios de mes realizada por ARD DeutschlandTREND, el respaldo popular del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) hoy está en el 15%, más que hace un año, cuando rondaba el 5%. ¿Se puede revertir esta tendencia peligrosa?

El ascenso del AfD desde el verano pasado ha sido el resultado directo del incremento en la cantidad de refugiados –cerca de un millón en 2015– que entraron en Alemania. Después de todo, el partido ha hecho de la oposición a la admisión de refugiados la pieza central de su plataforma, que también incluye el antagonismo hacia la Unión Europea y un programa social muy conservador, al que se sumó un componente religioso abiertamente sectario en una convención del partido el 3 de mayo en Stuttgart.

Sin embargo, el amplio centro político de Alemania se mantiene en pie. Los democristianos de centro derecha y sus aliados todavía cuentan con el respaldo de aproximadamente el 33% del electorado, mientras que los socialdemócratas de centro izquierda tienen un apoyo del 20% y el Partido Verde, de alrededor del 13%. Incluso los demócratas libres lograron regresar con gran esfuerzo de los tiempos difíciles y ahora gozan de un respaldo cercano al 6%.

En resumen, las fuerzas políticas moderadas todavía cuentan con el respaldo de más del 70% de los alemanes –a diferencia de, por ejemplo, Austria, donde la extrema derecha obtuvo un 36% de los votos en la primera ronda de las elecciones presidenciales. Hasta el Partido de Izquierda de Alemania, que tiene un respaldo del 8% y no es definido tradicionalmente como moderado, tiene un ala “oriental” más moderada y un ala “occidental” más radical.

La fortaleza perdurable del centro político de Alemania quizá refleje el notable éxito económico del país, que se ha sostenido durante más de diez años, inclusive cuando la mayor parte de Europa enfrentaba desafíos difíciles. Este resultado se lo debe en parte al euro, que ha beneficiado las exportaciones y el crecimiento de Alemania mucho más de lo que cree la mayoría de sus ciudadanos. Si Alemania todavía tuviera o hubiera regresado al marco alemán, el empleo y el crecimiento se habrían visto obstaculizados por una moneda mucho más fuerte, sobre una base ponderada en función del comercio, tras la crisis económica global.

Más importante aún es el hecho de que Alemania se haya beneficiado de la extraordinaria cultura del consenso que desarrolló en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde los actores sociales y los partidos políticos demostraron una notable capacidad para alcanzar acuerdos. Una distribución territorial bastante amplia de la actividad económica, junto con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales fuertes, ha contribuido aún más a una sensación generalizada de satisfacción –una sensación ausente en gran parte del mundo hoy.

Ahora, sin embargo, en tanto que la crisis de refugiados alimenta el populismo y la polarización política, los cimientos del éxito de Alemania parecen estar amenazados. Es más, su futuro podría evolucionar de dos maneras y el mundo tiene expectación sobre qué escenario va a prevalecer.

El primero es desalentador: Alemania no logra integrar a los refugiados ni social ni económicamente, aumenta el descontento político y los recién llegados se sienten cada vez más frustrados frente a su mala situación. Cualquier medida que tomen para descargar esa frustración envalentona a los populistas de derecha y puede derivar en violencia de ambas partes.

Si, en el peor de los casos, tuviera lugar un atentado terrorista –especialmente uno que pudiera, de alguna manera, asociarse con los refugiados–, la reacción nacionalista y populista sería poderosa y podría terminar debilitando el tejido mismo de la sociedad alemana. Los elementos anti-musulmanes de esa reacción se convertirían en carne de cañón para los extremistas religiosos de Oriente Medio al confirmar, aparentemente, su narrativa de un conflicto religioso y entre civilizaciones inevitable.

El segundo escenario convierte el desafío de los refugiados en otro éxito. La integración de los refugiados avanza de manera razonablemente rápida y Alemania retoma su sendero de la política moderada, la solidaridad social y el crecimiento económico. En el largo plazo, los refugiados podrían en verdad hacer un sólido aporte a la prosperidad alemana.  

Razones para el optimismo

A pesar del ascenso del AfD, existen muchas razones para conservar el optimismo. A fines del año pasado, miles de alemanes se congregaron en estaciones de tren y en las calles para darle la bienvenida a los primeros grupos de refugiados. A lo largo y ancho de gran parte del país, las comunidades locales se han movilizado para ofrecer vivienda, capacitación lingüística y orientación social a los refugiados, que nunca han experimentado algo parecido a una sociedad democrática adinerada. Decenas de miles de estudiantes adolescentes se desempeñan como “socios facilitadores” de sus compañeros de clase refugiados que no hablan alemán y que, en muchos casos, llegaron al país sin sus padres.

Que esta actitud perdure y traiga aparejada una integración exitosa dependerá tanto de los alemanes como de los refugiados. Los refugiados tendrán que aceptar el estado de derecho alemán, aunque en algunos casos les parezca carente de sentido. Tanto los recién llegados como los residentes alemanes necesitarán equilibrar el respeto por la diversidad en los estilos de vida y la asimilación de que, en una democracia secular, las mismas leyes se aplican a todos.

Esas leyes deben proteger el espacio religioso y cultural privado para todos, sin permitir que ese espacio se utilice como una excusa para invadir el derecho humano y democrático básico de cada individuo. La gran comunidad existente de inmigrantes puede ayudar a articular e implementar ese delicado equilibrio, por más imperfecto que pueda haber sido por momentos.

La integración exitosa de los refugiados también dependerá del crecimiento económico. En verdad, esto representa un argumento más para que Alemania utilice su espacio fiscal para aumentar la inversión e implementar políticas destinadas a mejorar el crecimiento.

Si bien el influjo demográfico podría convertirse en un importante beneficio neto para Alemania en el largo plazo, sigue siendo una carga en el corto plazo. Por ese motivo, todavía es necesario que los países europeos compartan parte de la carga, así como es preciso que se hagan esfuerzos para lograr una marcada desaceleración en el flujo de refugiados, defendiendo al mismo tiempo los derechos humanos de quienes huyen del conflicto y la muerte.

Si Alemania puede integrar a los refugiados, enviará un fuerte mensaje a los nihilistas y extremistas de todo el mundo. Mostraría que, con una economía fuerte, una sociedad civil activa y un estado de derecho secular, las diferencias religiosas, las tensiones culturales y los desafíos del mercado laboral se pueden superar. Este es un mensaje que el mundo de hoy necesita más que nunca.

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Las tasas de interés de corto plazo próximas a cero -o inclusive mínimamente negativas- de hoy no implican que las tasas de más largo plazo, que son más relevantes para el finamiento de la inversión, también hayan llegado a cero

La mayoría de los economistas hoy son pesimistas respecto de las perspectivas de crecimiento de la economía mundial. El Banco Mundial, una vez más, ha reducido sus proyecciones a mediano plazo, mientras que economistas de todo el mundo advierten que estamos frente a una “nueva normalidad” de crecimiento más lento. Donde el consenso es menor -al menos en apariencia- es en lo que concierne a explicar esta flaqueza.  

Hace casi tres años, el ex secretario del Tesoro norteamericano Larry Summers revivió la hipótesis del “estancamiento secular” de Alvin Hansen, al destacar las limitaciones del lado de la demanda. Por el contrario, en el libro de Robert Gordon Ascenso y caída del crecimiento americano, de por sí cautivador y erudito, el foco está en los factores de largo plazo del lado de la oferta -en particular, la naturaleza de la innovación-. Thomas Piketty, en su 'best seller' El capital en el siglo XXI, describe el crecimiento de la desigualdad que resulta de un bajo crecimiento del PIB. El libro Reescribiendo las reglas de la economía estadounidense: una agenda para el crecimiento y la prosperidad compartida de Joseph E. Stiglitz responsabiliza a las elecciones políticas tanto por la desaceleración del crecimiento como por la creciente desigualdad.

Estas consideraciones difieren en énfasis, pero no son contradictorias. Por el contrario, si bien Summers, Gordon, Piketty y Stiglitz examinan la cuestión desde una perspectiva diferente, sus ideas son complementarias -y hasta se refuerzan mutuamente.

El argumento keynesiano de Summers es que el problema reside en un déficit crónico de demanda agregada: la inversión deseada va a la saga de los ahorros deseados, inclusive con tasas de interés nominales cercanas a cero que resultan en una trampa de liquidez crónica. Las tasas de interés de corto plazo próximas a cero -o inclusive mínimamente negativas- de hoy no implican que las tasas de más largo plazo, que son más relevantes para el finamiento de la inversión, también hayan llegado a cero. Pero la curva de rendimiento en las principales economías avanzadas es muy plana, y las tasas reales y nominales de más largo plazo están en mínimos históricos.

Esto puede deberse a muchas razones, pero Gordon describe una posibilidad: el ritmo subyacente de la innovación se ha desacelerado, lo que conduce a retornos sobre la inversión menores a lo esperado y, en consecuencia, hace bajar las tasas de interés. Y es la inversión necesaria para traducir el nuevo conocimiento en innovación real lo que vincula los lados de la oferta y la demanda y genera crecimiento.

Ambas teorías se pueden conectar con los argumentos de Piketty sobre la dinámica de la acumulación de capital. Lo que está implícito en la tesis de Piketty es que el capital puede ser sustituido fácilmente por mano de obra. Cuando el capital crece más rápido que la mano de obra y el PIB, la tasa de retorno caerá con el tiempo, pero proporcionalmente menos que el crecimiento de la cantidad de capital. El resultado es una redistribución del ingreso proveniente de la mano de obra a los dueños del capital.

Summers en realidad propuso una nueva forma de función de producción según la cual el progreso de las máquinas inteligentes hace del capital un sustituto perfecto para segmentos de la fuerza laboral. Una concentración creciente de los ingresos entre los que más ganan, combinada con su alta propensión a ahorrar, luego deriva en el déficit crónico de demanda agregada que caracteriza al estancamiento secular. Stiglitz es de la idea de que el sesgo de la política también contribuye a la concentración de ingresos.

La tesis de Gordon gira más en torno de un tipo de “saciedad” del progreso tecnológico rápido, que deprime los retornos esperados y así ayuda a explicar la falta crónica de inversión suficiente. Pero, al final de su libro, describe al ingreso mediano como el verdadero indicador del desempeño económico. En la proyección para 2015-2040 de Gordon, el crecimiento anual del ingreso mediano en Estados Unidos es apenas 0,4%, comparado con el crecimiento del ingreso promedio de 0,8%, lo que refleja una desigualdad en constante crecimiento. (Comparemos esto con el crecimiento anual de 1,82% del ingreso mediano de 1920 a 2014).

Las fuerzas interconectadas de desequilibrio keynesiano crónico, una desaceleración del crecimiento de la productividad y una concentración del ingreso entre los que más ganan conducen a una perspectiva muy sobria respecto del crecimiento del ingreso mediano. Considerando que las expectativas sobre el futuro se ven minadas por este tipo de fuerzas muy arraigadas y multifacéticas, quizá no debería sorprender que los votantes en Estados Unidos, Europa y otras partes estén furiosos con el establishment.

Afortunadamente, hay motivos de esperanza. En primer lugar, no comparto la evaluación que hace Gordon de las perspectivas para el progreso tecnológico a más largo plazo. Creo que, en la medida en que la revolución digital y la inteligencia artificial vayan reestructurando mayores segmentos de la actividad económica, el crecimiento general de la productividad puede volver a acelerarse, lo que se traducirá en mejores retornos de lo esperado y, en consecuencia, más inversión y un crecimiento más rápido. Eso en sí mismo no conducirá a una distribución más balanceada de la riqueza o el ingreso, y puede no generar suficiente empleo. Pero podría ayudar a crear el espacio político y fiscal para implementar reformas con políticas orientadas a la inclusión.

En segundo lugar, las economías en desarrollo y emergentes siguen ofreciendo oportunidades inmediatas para grandes inversiones con retornos altos, que deberían financiarse con lo que parece ser un exceso global de ahorros. Con un espacio importante para avanzar hacia la frontera tecnológica, inclusive en servicios, todavía existen muchas oportunidades de crecimiento “convergente”. Esas inversiones ayudarían a achicar la brecha de los ahorros globales y, al mismo tiempo, generar una retroalimentación positiva para las economías avanzadas también. Ahora bien, para aprovechar estas oportunidades, se debe reducir la incertidumbre regulatoria y política y se deben ampliar las asociaciones público-privadas en la financiación del desarrollo dentro de un marco que redunde en beneficios inclusivos.

Puede ser que los continuos incrementos rápidos en la prosperidad sean posibles. Sin embargo, las elecciones políticas terminarán determinando si la difusión de la inteligencia artificial genera incrementos generalizados en los ingresos medianos o si exacerba la polarización y la desigualdad. Se necesitarán voluntad política y mensajes contundentes para impulsar las ambiciosas reformas sociales y económicas, y el tipo de cooperación internacional, que serán necesarias para aprovechar las oportunidades de crecimiento inclusivo.

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“¿Se acabó la munición?”, se preguntaba hace poco The Economist sobre las medidas que les quedan a las autoridades monetarias. Stephen Roach calificó de intento “fútil” que no hace más que “preparar el escenario para la siguiente crisis” la medida adoptada por importantes bancos centrales (como el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco de Suecia) de pasar a tasas de interés negativas reales e incluso nominales. En la reunión de ministros de finanzas del G-20 de febrero, el Gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, las llamó “juego de suma cero”. ¿De verdad se les han acabado las opciones a los bancos centrales de las grandes economías avanzadas, que han debido sostener la carga de las débiles recuperaciones posteriores a 2008? Parece que así es. Sus balances se han hinchado y las tasas han bajado hasta acercarse a cero. El agua barata abunda, pero el caballo se niega a beber. Ante la falta de señales inflacionarias y un crecimiento aún tibio y frágil, muchos pronostican desde un ritmo crónicamente lento hasta una nueva recesión global.

Pero las autoridades tiene una opción más: adoptar una política fiscal “más pura”, financiando directamente el gasto público con emisiones adicionales de dinero, el llamado “salvamento desde el helicóptero”. Los fondos se saltarían los sectores financieros y corporativos para ir directamente a los caballos más sedientos: los consumidores de ingresos medios y bajos. El dinero podría llegar a ellos sin intermediarios, y también mediante inversiones en infraestructuras que mejoren la productividad y creen empleos. Al dar poder de compra a quienes más lo necesitan, la financiación monetaria directa del gasto público también ayudaría a mejorar la capacidad de inclusión de las economías en las que la desigualdad aumenta rápidamente.

En la actualidad, economistas tanto de izquierda como de centro proponen esta política. En cierto sentido, incluso algunos “conservadores” (aquellos que apoyan más gastos de infraestructura, pero también desean reducir impuestos y se oponen a un mayor endeudamiento) la apoyan de facto.

Últimamente han surgido propuestas más radicales que reflejan una sensación de urgencia y desilusión generalizada con la actual política monetaria. Más allá de manifestar su apoyo a un aumento de los salarios mínimos, algunos llaman a adoptar “políticas de ingreso inverso”. O lo que es lo mismo, que los gobiernos impongan aumentos salariales generalizados a todos los empleadores privados, medida que estimularía los precios y eliminaría las expectativas deflacionarias. El hecho de que haya economistas cuyos puntos de vista nada tienen que ver con la izquierda que estén incluso planteándose un intervencionismo de este tipo muestra lo extremo de las circunstancias.

En cierta forma soy partidario de todas estas propuestas. Obviamente, los detalles de su puesta en marcha tendrían que variar dependiendo de las circunstancias de cada país. Por ejemplo, Alemania está en buena posición para adoptar una política de ingreso inverso, considerando su enorme superávit de cuenta corriente, aunque sin duda tendría importantes obstáculos políticos. Sin embargo, casi en cualquier sitio tiene sentido aumentar el gasto en educación o invertir en infraestructuras, además de ser políticamente factible.

Sin embargo, hay otra dimensión del desafío que hasta ahora no se ha recalcado lo suficiente, a pesar de las advertencias de Carney, Roach y otros. Cuando se vuelven cuasi-permanentes, las tasas de interés reales cero o negativas socavan la asignación eficiente del capital y crean condiciones que facilitan burbujas, colapsos y crisis. También contribuyen a una mayor concentración del ingreso en los niveles más altos, afectando a los pequeños ahorradores y creando oportunidades para que los grandes actores financieros se beneficien del acceso a ahorros a coste real negativo. Por poco ortodoxo que pueda sonar, es probable que a la economía mundial le convenga tener tasas de interés ligeramente mayores.

En todo caso, elevar las tasas de interés no debe ser una política aislada. En lugar de ello, deben aplicarse pequeños aumentos de tasas, de modo que se integren en una estrategia fiscal y distributiva más amplia. Todo ello unido a un mayor gasto público en infraestructuras y mejora de habilidades, así como algunas formas suaves de políticas de ingreso, por ejemplo recurriendo a la “persuasión moral”.

Sin embargo, incluso con ese enfoque los bancos centrales tendrían que coordinar sus políticas. Si un solo banco central importante tratara de elevar las tasas, inmediatamente su economía sería “castigada” con una apreciación de su moneda, una menor competitividad y una reducción de sus importaciones, socavando el empleo y la demanda agregada.

Si los principales bancos centrales decidieran subir al mismo tiempo sus tasas de interés, los efectos se anularían entre sí. De adoptarse una medida coordinada, quizás elevando las tasas en dos modestos incrementos de 0,25 o 0,3 puntos porcentuales, los resultados serían neutrales en términos de tipos de cambio y competitividad en el corto plazo, incluso si llevaran las tasas de interés de regreso a territorio positivo. De tener éxito, se podrían ir aplicando pequeños aumentos adicionales, creando espacio para contar en el futuro con “municiones” de política monetaria más tradicionales.

El éxito también depende de la búsqueda paralela de una expansión fiscal en todo el planeta, con cada país calibrando sus medidas según el margen de maniobra fiscal y su actual situación de cuenta corriente. La expansión podría financiar un programa de inversiones globales en infraestructuras físicas y humanas, centrándose en los dos grandes desafíos de nuestra época: una energía más limpia y el desarrollo en la era digital.

Un paquete de políticas coordinadas y oportunas podría impulsar el crecimiento global, mejorar la asignación del capital, apoyar una distribución más equitativa del ingreso y reducir el peligro de que se produzcan burbujas especulativas. Las diferentes reuniones preparatorias de la cumbre del G-20 en China, entre ellas las de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, podrían ser el espacio ideal para diseñar un conjunto de medidas de este tipo y su implementación.

Es evidente que la ortodoxia económica y las medidas independientes no han funcionado. Es momento de que las autoridades reconozcan que una cooperación innovadora e internacional en torno a las políticas no es un lujo: a veces (como hoy en día) es una necesidad.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

Kemal Dervis, exministro de Asuntos Exteriores de Turquía y exadministrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es vicepresidente de la Brookings Institution.

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Estas últimas décadas, el precio del petróleo tuvo amplias variaciones (entre 10 y 140 dólares el barril), que suponen un problema para productores y consumidores por igual. Pero para los gobiernos, estas fluctuaciones son una oportunidad de promover importantes objetivos mundiales (reflejados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en septiembre y en el acuerdo sobre el clima alcanzado en París en diciembre) para mitigar el cambio climático y crear una economía más sostenible.

Las recientes fluctuaciones del precio del petróleo se parecen al modelo de telaraña clásico de la teoría microeconómica. El encarecimiento del petróleo alienta un aumento de la inversión en su producción. Pero por el gran retardo que se da entre la exploración y la explotación, para cuando la nueva capacidad productiva está lista, ya hubo sustitución, y ocurre a menudo que la demanda ya no justifica la oferta disponible. En ese momento, el precio cae, y con él la exploración y la inversión (incluida la destinada a buscar sustitutos del petróleo). Llegado el tiempo de una nueva escasez, el precio vuelve a subir y el ciclo se repite.

Esta oscilación no se detendrá, pero hay otros factores (como el descenso sostenido del costo de la energía renovable y la adopción de procesos de producción con menos consumo de energía) que implican que probablemente su amplitud será menor. De todos modos, un futuro encarecimiento del petróleo es inevitable.

En estas condiciones, los bajísimos precios actuales (que en lo que va del año han llegado a estar por momentos a menos de 35 dólares el barril) crean una oportunidad única para implementar un impuesto variable a la emisión de carbono (algo que uno de los autores viene recomendando hace más de un año). La idea es sencilla: un impuesto que disminuya gradualmente conforme aumente el precio del petróleo y viceversa.

Con un ajuste de la variación asimétrico (que el aumento al bajar el precio sea mayor que la disminución al subir), el sistema elevaría gradualmente el impuesto general al carbono conforme vaya siguiendo su patrón anticíclico. Ese aumento incremental es lo que piden la mayoría de los modelos para el control del cambio climático.

Hagamos una suposición. Imaginemos que en diciembre de 2014, las autoridades hubieran aprobado un impuesto de 100 dólares por tonelada métrica de carbono (equivalente a un impuesto de 27 dólares al CO2). Para los automovilistas estadounidenses, el impacto inmediato del nuevo impuesto (suponiendo que el costo se trasladara por entero a los consumidores) hubiera sido un aumento de 0,24 dólares en el precio nacional promedio del galón de gasolina (de 2,23 a 2,47), todavía muy por debajo de los máximos de 2007 y 2008.

Si a partir de allí, con cada aumento de cinco dólares en el precio del petróleo se hubiera aplicado una rebaja de 30 dólares por tonelada al impuesto al carbono, y con cada caída de cinco dólares, un aumento de 45 dólares por tonelada, el resultado sería una diferencia de 0,91 dólares entre el precio estándar de mercado y el precio real al consumidor con impuestos del mes pasado (véase el gráfico). Dicho aumento hubiera elevado sustancialmente el impuesto al carbono, lo que daría a los gobiernos ingresos (que hoy serían de hasta 375 dólares por tonelada de carbono) con que satisfacer prioridades fiscales, y al mismo tiempo amortiguaría el abaratamiento de la gasolina causado por la abrupta caída del precio del crudo. Un valor de 375 dólares por tonelada es muy alto (reflejo del precio particularmente bajo del petróleo en la actualidad), pero incluso menos que eso (entre 150 y 250 por tonelada) bastaría para cumplir los objetivos de la comunidad internacional referidos al clima, a lo largo de la próxima década.

Este método permitiría a las autoridades usar el mercado como ayuda para independizar a sus economías de los combustibles fósiles y redistribuiría excedente (ganancias) de los productores de petróleo hacia las arcas de los países importadores, sin que los consumidores sufrieran un aumento de costo súbito o demasiado grande. De hecho, la estabilización de esos costos resultante provocaría importantes beneficios.

La clave para que esta estrategia sea políticamente viable es iniciarla mientras los precios están muy bajos. Una vez implementada, se convertirá en un componente más del esquema de precio de la gasolina (y otros productos), poco apreciable y sin costo político, pero con amplios beneficios. Parte de la recaudación podría devolverse a la población en la forma de rebajas de impuestos o financiación para investigación.

Pero a pesar de los beneficios obvios de un impuesto variable al carbono, ningún país aprovechó el abaratamiento actual del petróleo para elevar el costo de emisión de carbono, en esta u otras formas similares (aunque la llamada del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a que se apruebe un impuesto al petróleo indica que es consciente de la ocasión creada por la situación actual). Es hora de que eso cambie. Una oportunidad como esta de implementar una política para promover objetivos nacionales e internacionales, que es a la vez razonable, flexible, moderada y eficaz, no se da todos los días. Las autoridades deben aprovecharla mientras dura. El momento para aplicar un impuesto variable anticíclico al carbono es este.

Traducción: Esteban Flamini

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El impacto que los avances tecnológicos innovadores tendrán en el funcionamiento de nuestras economías y mercados laborales, como por ejemplo el impacto de la inteligencia artificial, ha sido un tema candente desde hace mucho tiempo. Pero, el libro recientemente publicado de Jerry Kaplan “Humans Need Not Apply: A Guide to Wealth and Work in the Age of Artificial Intelligence” ha hecho que realmente me dé cuenta de la verdadera magnitud de los aspectos socioeconómicos que están en juego.

Un ejemplo relativamente bien conocido del impacto que la revolución digital tiene sobre el funcionamiento de los mercados es la capacidad de obtener enormes ganancias en negociaciones de alta frecuencia, al situarse un microsegundo “por delante” de todos los demás. Otro ejemplo es la capacidad de discriminación de precios gracias a los creadores de nuevos mercados electrónicos como Uber, que mediante estos mercados asignan cada centavo del antiguo “excedente del consumidor” de la teoría microeconómica. Pronto un nuevo tipo de Uber mejorado podría surgir, integrando servicios de viajes en vehículos, buses, barcos y aviones, así como habitaciones de hotel, en una “súper-app”. De hecho, en la actualidad algunos fabricantes de automóviles están trabajando exactamente en eso.

Una pregunta clave que se debe formular es por qué las formas de competencia tradicional no recortan rápidamente estas ganancias. La respuesta se encuentra a menudo en el modelo de negocios. Las empresas piden prestado mucho para poner en marcha sus actividades, acumulan grandes costos fijos y ofrecen precios tan bajos al principio que pierden dinero. Esto les permite expandir sus negocios en una manera que es prácticamente libre de competencia, hasta establecer lo que es, esencialmente, un monopolio. En ese momento, pueden subir sus precios y participar en la discriminación de precios con relativa libertad.

Como Kaplan señala, eso es precisamente lo que Amazon ha hecho. Primero logró una escala masiva, la que le permite almacenar productos aún no pedidos en lugares difusamente distribuidos y con eso puede reducir sus costos de transporte. Por esto Amazon puede ofrecer entrega rápida y gratuita, condiciones que las empresas más pequeñas no pueden superar. Añada a esta situación algoritmos complejos que fijan precios de una manera que se maximiza las ganancias, y el predominio de la empresa parece estar relativamente asegurado.

Como este abordaje facilita el surgimiento de grandes empresas a nivel mundial, se crean graves problemas en los mercados laborales y las sociedades, debido a que se destruyen empleos de nivel medio basados en habilidades tradicionales con mayor rapidez de la que se crean empleos similares basados en nuevas habilidades. Es igualmente grave el hecho de que esto contribuye a niveles alarmantes de desigualdad de ingresos, donde unos pocos hogares no sólo disfrutan de riqueza masiva, sino que también ejercen una considerable influencia política. Si el ingreso se concentra demasiado, a un ritmo demasiado rápido, la inversión deseada tenderá a caer por debajo de los ahorros disponibles, creando un desequilibrio macroeconómico keynesiano. Contrariamente a la creencia popular, lo que importa no es la cantidad real de ingresos que fluye hacia quienes tienen los ingresos más altos, sino los cambios en esos ingresos.

Como están las cosas, el impacto de estos remesones tecnológicos continúa siendo relativamente pequeño en los países avanzados. Sin embargo, podría afectar a un 20% del PIB y a un 40% de los empleos hasta el año 2030. Ese es un gran cambio, que ocurre a una velocidad sin precedentes.

A pesar de que ya nos estamos acostumbrando a romper récords – por ejemplo en el año 2013, más del 90% de todos los datos que se acumularon en toda la historia de la humanidad fueron en los dos años anteriores – la realidad es que la velocidad y la magnitud de esta transformación plantean importantes desafíos. Si no somos capaces de enfrentar dicha transformación en una manera adecuada, es poco probable que el resultado sea una sociedad más segura y más próspera; al contrario, el resultado más probable sería una sociedad en la que la frustración y la desesperanza aumenten, lo que probablemente conduciría a comportamientos extremos.

Una propuesta planteada por Kaplan es la creación de una “hipoteca de empleos”. Las empresas con una necesidad futura de determinadas habilidades se convertirían en una especie de patrocinador, involucrándose debido a sus posibles ofertas de empleo en el futuro, de una persona dispuesta a adquirir dichas habilidades. El trabajador podría obtener un préstamo usando como garantía sus ingresos futuros proyectados con el propósito de financiar sus estudios. Los préstamos se reembolsarían una vez que la persona comience a trabajar. Si el empleo no se materializa, la persona se haría responsable de pagar sólo una fracción del préstamo, y la empresa absorbería el saldo, misma que, por lo tanto, compartiría una parte del riesgo. También habría un límite máximo al monto de pagos, calculado en la forma de un porcentaje de los ingresos del empleado.

Otras propuestas se centran en las reformas de los marcos legales con el propósito de reflejar con mayor precisión las nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, quienes trabajan parcialmente por cuenta propia, es decir, como empleados autónomos, o quienes están parcialmente empleados por terceros estarían mejor incorporados en las políticas sociales.

Tales cambios, sin lugar a dudas, serían útiles. Sin embargo, ninguna de estas propuestas refleja la magnitud de la transformación que estamos enfrentando. Fundamentalmente, lo que realmente necesitamos es transformar la forma como funcionan nuestras sociedades – y necesitamos hacer esto rápidamente.

France Stratégie, que es asesora del gobierno francés, y el empresario estadounidense Nick Hanauer han propuesto reformas de política social que comparten una base conceptual similar. Las personas ganan “reclamaciones” a lo largo de sus períodos de vida, primero por ser residentes legales, y luego por la obtención de títulos académicos, el logro de certificados profesionales, la realización de servicios a la comunidad (incluyendo el servicio militar), y por ganar dinero. Estas reclamaciones pueden ser canjeadas por diversos beneficios, como licencias por motivos familiares, formación laboral o ingresos de jubilación complementarios. El sistema incluiría a todos los residentes y sería totalmente portátil, con una gran cantidad de espacio para que las personas puedan elegir cómo y cuándo irían a utilizar sus reclamaciones. Acuerdos complementarios – por ejemplo con los posibles empleadores quienes ofrecen créditos adicionales para la formación laboral – se podrían también implementar.

De manera paralela, los gobiernos deben mejorar su política de competencia para protegerse frente al surgimiento de monopolios mundiales. En este punto, los nuevos acuerdos comerciales mega-regionales, como ser el Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, debería resultar ser muy valiosos, siempre y cuando no se permita que los actores poderosos de hoy en día impongan condiciones que promuevan únicamente sus propios intereses. También se debe fortalecer a la cooperación internacional para evitar que las multinacionales evadan impuestos al trasladar ganancias entre jurisdicciones. Tal evasión fiscal ha llegado a cientos de miles de millones de dólares.

Hacer algún que otro cambio para remendar los sistemas existentes no será suficiente para prepararnos para la transformación impulsada por la tecnología que estamos enfrentando. Necesitamos una estrategia integral destinada a hacer que los mercados – y las políticas – sean realmente competitivas, y para garantizar que las políticas públicas trabajen para el beneficio de todos.

Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

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Un motor esencial de muchos de estos problemas bien puede ser la velocidad sin precedentes del cambio –impulsada por la globalización y la innovación tecnológica- que ha producido alteraciones demasiado rápidas y en una escala demasiado importante como para que lo pudiéramos manejar

El año 2015 fue difícil, sobre todo por los pronósticos de caída del crecimiento, los terribles atentados terroristas, los masivos flujos de refugiados y los serios desafíos políticos, con el populismo en ascenso en muchos países. En Oriente Medio, en particular, el caos y la violencia han seguido proliferando, con consecuencias devastadoras. Esto representa un giro decepcionante del mundo incuestionablemente lleno de defectos pero mucho más esperanzado de hace apenas unas décadas.

En su autobiografía 'El mundo de ayer', Stefan Zweig describió un cambio igualmente dramático. Nacido en 1881 en Viena, Zweig pasó su juventud en un entorno optimista, civil y tolerante. Luego, a partir de 1914, presenció el colapso de Europa en la Primera Guerra Mundial, seguido de convulsiones revolucionarias, la Gran Depresión, el ascenso del estalinismo y finalmente la barbarie del nazismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Devastado, Zweig se suicidó durante su exilio en 1942.

Uno imagina que Zweig se habría sentido reconfortado por la creación luego de la Segunda Guerra Mundial de las Naciones Unidas y del sistema de Bretton-Woods, para no mencionar las subsiguientes décadas de reconstrucción y reconciliación. Podría haber sido testigo de la cooperación y el progreso que marcaron la era de posguerra. Quizás entonces habría mirado el período de 1914 a 1945 como un desvío terrible pero limitado en la marcha del mundo hacia la paz y la prosperidad.

Por supuesto, la segunda mitad del siglo XX estuvo lejos de ser perfecta. Hasta 1990, la paz estaba asegurada en gran medida por la amenaza de la destrucción nuclear mutua. Los conflictos locales, como en Corea, Vietnam, partes de África y Oriente Medio, se cobraron un precio muy alto. Y si bien unos 100 países en desarrollo ganaron su independencia, el proceso no siempre fue pacífico.

Al mismo tiempo, sin embargo, la economía mundial creció más rápido que nunca. En los países avanzados surgió una clase media fuerte que luego comenzó a aparecer en otras partes. Las democracias occidentales y Japón crearon economías en las que el crecimiento de la productividad condujo a una prosperidad compartida; los gobiernos tomaron medidas en materia de regulación y redistribución, mientras que las empresas privadas fomentaron el crecimiento mediante la implementación de métodos de producción avanzados desde un punto de vista tecnológico.

A nivel tanto regional como global, se hizo un progreso decisivo en cuanto a recoger los beneficios del comercio y las economías de escala. El proyecto de integración europea parecía pregonar un nuevo tipo de cooperación, que podía extenderse a otras regiones y hasta influir en la cooperación global.

La generación que llegó a la mayoría de edad en los años 1960 tenía una sensación muy parecida a la que había experimentado Zweig en su juventud. Creíamos que, si bien el progreso puede no ser linear, podíamos contar con él. Esperábamos un mundo cada vez más pacífico y tolerante, en el que los progresos tecnológicos, junto con mercados bien administrados, generarían una prosperidad en constante expansión. En 1989, cuando la Unión Soviética estaba a punto del colapso y China viraba hacia una economía basada en el mercado, Francis Fukuyama anunció el “fin de la historia”.

Sin embargo, en las últimas dos décadas, nuestras esperanzas –políticas, sociales y económicas- se vieron frustradas repetidamente. Hubo un momento en el cual los legisladores estadounidenses se preguntaban si Rusia debía ser parte o no de la OTAN. Aun hoy resulta difícil considerar esa posibilidad, después de la intervención de Rusia en Ucrania y la anexión de Crimea (aparentemente llevada a cabo en respuesta a los temores de que Ucrania pudiera afianzar sus vínculos con la Unión Europea y la OTAN).

Muchas economías emergentes alcanzaron un rápido crecimiento durante años –inclusive décadas- permitiendo que miles de millones de personas huyeran de la pobreza extrema y que se redujera la brecha de riqueza entre los países desarrollados y en desarrollo. Pero ese crecimiento últimamente se ha desacelerado de manera sustancial, lo que llevó a muchos a preguntarse si los economistas no nos habíamos apresurado demasiado cuando las catalogamos como los nuevos motores del crecimiento económico global.

De la misma manera, la Primavera Árabe de 2011 supuestamente iba a promover un nuevo futuro, más democrático, para Oriente Medio y el norte de África. Si bien Túnez ha evitado el desastre, la mayoría de los otros países afectados han terminado sumidos en el caos, mientras que la brutal guerra civil de Siria facilitó el ascenso del Estado Islámico.

El euro, mientras tanto, sufrió su propia crisis. La moneda común, alguna vez retratada como el inicio de una Europa cuasi federal, creó una tensión aguda entre los países “acreedores” y “deudores” cuando muchos deudores enfrentaron una crisis económica prolongada. Cuando parecía que Europa escapaba finalmente de la crisis del euro, los refugiados, especialmente provenientes de Siria, comenzaron a llegar en masa. Eso ha puesto en peligro la zona Schengen de turismo sin fronteras, y algunos están preguntándose si la UE podrá soportar la presión.

En Estados Unidos, la crisis de refugiados sirios llevó al Congreso a apresurarse para restringir la entrada sin visa de turistas provenientes de 38 países. Esto se produce en un momento en el que la desigualdad de ingresos y riqueza se está disparando en Estados Unidos –el salario promedio para los hombres no ha aumentado en décadas-, lo que lleva a muchos a preguntarse si sus hijos podrán mantener el estándar de vida que han tenido. Además de todo esto, por primera vez en décadas, el crecimiento del comercio internacional ya no supera cómodamente el crecimiento de la producción global.

Un motor esencial de muchos de estos problemas bien puede ser la velocidad sin precedentes del cambio –impulsada por la globalización y la innovación tecnológica- que ha producido alteraciones demasiado rápidas y en una escala demasiado importante como para que lo pudiéramos manejar. Por ejemplo, si bien la tecnología de las comunicaciones ha hecho maravillas, digamos, para expandir el acceso a las finanzas en África, también ha permitido que las redes terroristas encriptaran sus comunicaciones de manera efectiva. Y como demostró claramente la crisis financiera global, los reguladores se han esforzado por llevar el ritmo de la innovación financiera.

El potencial para el progreso humano sigue pareciendo inmenso, porque al mundo no le faltarán ni recursos ni innovación tecnológica. De hecho, la tecnología ofrece la esperanza de tratamientos médicos que salvan vidas, de una mayor productividad económica y de sistemas energéticos sostenibles. Pero la gente tiene miedo, como lo demostró el retorno de la política de identidad y una falta de inclusión económica y política. En consecuencia, el crecimiento de la productividad se está desacelerando y, si bien el capital parece barato y las ganancias abundantes, la inversión sigue rezagada.

La clave para administrar las alteraciones y aliviar los temores de la gente es la gobernanza. Zweig vio cómo el mundo se desintegraba hace un siglo no porque el conocimiento humano dejara de avanzar, sino por los fracasos generalizados en materia de gobernancia y políticas. Ahora que ingresamos en el año 2016, debemos enfocarnos en adaptar la gobernanza, en todas sus dimensiones económicas y políticas, al siglo XXI, para que nuestros recursos y conocimiento produzcan un progreso inclusivo, no un conflicto violento.

Kemal Derviş, ex ministro de Asuntos Económicos de Turquía y ex administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es uno de los vicepresidentes de la Brookings Institution.

Copyright: Project Syndicate, 2015.Project Syndicate

En la actualidad se están llevando a cabo conversaciones informales sobre la relación del Reino Unido (RU) con la Unión Europea (UE). En el contexto de que a fines de 2017 se realizará un referendo acerca de cual será el futuro del RU como miembro de la UE, serán el primer paso en la negociación de cambios que, según esperan las autoridades de la UE, convenzan a los británicos de escoger Europa.

No cabe duda de que hay que hacer cambios. Como bien sabe el primer ministro David Cameron, en la actual dinámica de la relación del RU con la UE los votantes británicos elegirían abandonarla.

Sin embargo, Cameron también sabe que tiene que manejar las negociaciones con cuidado. Si pide más de lo que la UE puede dar, parecerá que está cediendo. Si pide demasiado poco, los euroescépticos británicos tendrán más munición para su campaña contra la continuidad del país en la UE.

De manera similar, si las autoridades de la UE otorgan demasiado a Cameron (permitiendo que el Reino Unido coseche los beneficios de ser miembro, pero sin asumir las mismas responsabilidades que sus socios) sus electorados se les volverán en contra. Pero si dan demasiado poco, se arriesgan a perder al Reino Unido como socio.

Más allá de estos asuntos tácticos, el RU y sus socios europeos tienen que abordar problemas de largo plazo acerca de la cambiante forma de la eurozona. La crisis del euro ha llevado a un consenso de que debe seguir impulsando una mayor integración para funcionar con eficacia. Algunas de las propuestas específicas son crear un presupuesto común, elevar la coordinación de políticas fiscales entre sus miembros y crear el puesto de ministro de finanzas de la eurozona.

Esto es causa de inquietud en el Reino Unido, que escogió no adoptar el euro, ya que podría quedarse al margen de importantes procesos de toma de decisiones, especialmente si en más áreas se produce la necesaria transición hacia una mayoría ponderada, eliminándose la necesidad del voto unánime. Cameron ya ha presionado para que haya un mecanismo de “freno de emergencia” que permita reducir el ritmo de las decisiones sobre temas importantes que afecten a países no pertenecientes a la unión monetaria.

No hay duda de que la necesidad de una mucho mayor integración de la eurozona se debe equilibrar con el intenso deseo de algunos países de conservar más soberanía nacional que la que es posible en la unión monetaria. La mejor manera de hacerlo sería dividir a Europa en dos grupos. La inclusión en uno u otro no dependería de la potencial “velocidad” de integración, sino de la decisión de un país de adoptar el euro de manera permanente (o, al menos, por un buen tiempo).

Por supuesto, hasta cierto punto esta ya es la estructura fundamental de la UE. Pero establecer esta división categórica (partiendo por el reconocimiento explícito de que la UE es una unión con diferentes monedas, como ha pedido el RU) haría posible la creación de un marco de toma de decisiones que proteja de mejor manera los intereses de ambos grupos.

El grupo que no usa el euro (que abarca a Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Polonia y algunos otros países de Europa del este) seguiría eligiendo representantes al Parlamento Europeo y participando plenamente en las instituciones de la UE. Mientras tanto, el grupo que sí lo utiliza impulsaría una mucho mayor integración fiscal, además de su actual cooperación. Para asegurar la legitimidad democrática y satisfacer los tribunales constitucionales nacionales (no en menor medida el de Alemania), tendría que crearse un segundo Parlamento europeo que actúe como rama legislativa de la eurozona.

Este nuevo parlamento podría estar formado por un subconjunto de miembros del Parlamento Europeo mayor, o por alguna combinación de representantes del Parlamento Europeo y parlamentos nacionales. El ministro de finanzas propuesto, responsable de supervisar la política fiscal de la unión monetaria, daría cuenta ante el parlamento de la eurozona.

Para que esta visión se haga realidad sería necesario un cambio a los actuales tratados o, lo que es más factible, que los miembros de la eurozona acuerden un nuevo tratado, como el “pacto fiscal” que entró en vigencia en 2013. Mientras tanto, el Artículo 136 del actual Tratado sobre el Funcionamiento de la UE permitiría dar algunos pasos preliminares, como la designación de votos en el Consejo Europeo reservados sólo para países de la eurozona.

La creación de “dos Europas en una” más que una “Europa a dos velocidades”, le permitiría organizarse de forma duradera. La eurozona más federal sería parte de una unión más grande que cooperaría en temas de defensa, política exterior, medidas contra el cambio climático y políticas migratorias. Se mantendría la libre circulación de ciudadanos europeos dentro de la UE.

Este sistema permitiría que los países que no deseen compartir su soberanía monetaria o formar parte del tipo de cooperación fiscal que finalmente implicaría puedan escoger esa opción. Al mismo tiempo, evitaría las complicaciones de tener varias Europas, opción que tal vez sea atractiva para los eurócratas veteranos desde una perspectiva puramente funcional, pero que pronto se volvería demasiado compleja. Para la legitimidad democrática son esenciales la claridad e inteligibilidad de un sistema político, además de su naturaleza voluntaria.

Por supuesto, será un proceso prolongado, y habrá que pulir muchos detalles. Pero si las autoridades de la UE acometen la tarea con seriedad hoy, para cuando se celebre el referendo británico se podrá haber avanzado un cierto trecho. Las actuales conversaciones son una oportunidad que ningún lado puede permitirse perder.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

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Los gobiernos de los países en desarrollo deben implementar políticas que apunten a manejar las transformaciones inminentes y al mismo tiempo mantener la solidaridad y la cohesión de sus sociedades

En la cumbre anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, celebrada la semana pasada en Lima (Perú), un tema que dominó las discusiones fue la desaceleración del crecimiento en las economías emergentes. Aclamadas tras la crisis financiera de 2008 como nuevos motores de la economía mundial, hoy actúan como freno al crecimiento global, y muchos piensan que la era de su veloz expansión (y su búsqueda de convergencia con los niveles de ingresos de los países avanzados) son cosa del pasado. ¿Tendrán razón los agoreros?

Motivos para preocuparse hay, empezando por China. Tras décadas de crecer a casi dos dígitos, China parece experimentar una marcada desaceleración que (en opinión de algunos) es peor en realidad que lo que indican las estadísticas oficiales.

Al frenarse el crecimiento de China, lo mismo ocurre con su demanda de petróleo y commodities, con serias repercusiones para otras economías emergentes que dependen de la exportación de materias primas. Además, todavía no se ven en la práctica los beneficios del abaratamiento de los commodities para los importadores netos (con la posible excepción de India), y aquellos que sí se han materializado han sido muy insuficientes para compensar otras fuerzas perjudiciales para el crecimiento.

Entre tanto, las economías avanzadas parecen estar recuperándose de la crisis de 2008, de modo que el diferencial de crecimiento entre las economías emergentes y aquellas (según datos agregados del FMI y con inclusión de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán en el grupo de las emergentes) se ha reducido considerablemente. De hecho, tras promediar tres puntos porcentuales durante dos décadas y subir a 4,8 puntos porcentuales en 2010, el diferencial cayó a 2,5 puntos porcentuales el año pasado y se prevé que este año apenas llegue a 1,5.

La pregunta es ¿seguirá tan bajo? Quienes piensan que sí suelen basarse en tres argumentos; los tres no pueden tomarse sin ciertas salvedades.

En primer lugar, se dice que gran parte de la convergencia posible en el sector fabril ya se produjo. Este argumento es cierto, pero pasa por alto la creciente interconexión entre manufacturas y servicios, y el cambio en la naturaleza de muchos servicios. Por ejemplo, un iPad no solo implica la fabricación del objeto, sino también los servicios de programación relacionados. En cierto sentido, es más un producto del sector de servicios moderno que del sector fabril. Y todavía hay abundantes oportunidades de convergencia tecnológica sin explotar, por ejemplo en salud, educación y servicios financieros.

En segundo lugar, quienes ven con pesimismo los mercados emergentes señalan que estas economías obtuvieron grandes aumentos de productividad con la migración del excedente de mano de obra rural a áreas urbanas, y que ese excedente pronto se agotará. Esto también es cierto. Pero no tiene en cuenta el hecho de que todavía hay una gran reserva de mano de obra urbana en el sector informal, que al trasladarse al sector formal puede dar un nuevo impulso a la productividad.

El tercer argumento de los pesimistas es que las economías emergentes no están implementando suficientemente rápido las reformas estructurales necesarias para sostener un crecimiento duradero. Una vez más, el argumento tiene algo de verdad: en todas partes se necesitan reformas estructurales. Pero no se puede decir que las economías emergentes en su conjunto vayan con retraso, porque no hay modo universalmente aceptado de medir el ritmo de implementación de las reformas.

Sin embargo, puede haber en acción un cuarto mecanismo, relacionado con la naturaleza cambiante (y seriamente disruptiva) de las nuevas tecnologías. En el pasado, un importante motor de convergencia (aunque sea en términos de crecimiento incremental) fue la reubicación de muchas actividades (fabriles y de servicios) de economías avanzadas a países en desarrollo con salarios más bajos.

Pero ahora se pueden automatizar cada vez más actividades. Y el costo de los productos informáticos, por unidad de producción, suele ser incluso menor que lo que puede ofrecer la mano de obra más barata. Así que aunque antes los call centers (por poner un ejemplo) tuvieran la mayor parte de su personal en países de bajos salarios, ahora la computadora‑robot que habla la mayor parte del tiempo puede estar en Nueva York.

Sin embargo, esta observación no debe hacernos olvidar una noción económica fundamental: en concreto, que los flujos de comercio y la ubicación de los sitios de producción dependen de ventajas comparativas, no absolutas. Todo país tendrá siempre una ventaja comparativa en algo; solo que cambiará con el tiempo.

Por ejemplo, ahora muchos países avanzados tienen ventaja comparativa en actividades de alto valor agregado. O sea, gracias a la gran capacitación de su fuerza laboral, están mejor preparados que los países en desarrollo para actividades como la producción de bienes especializados a medida, o incluso cualquier cosa que demande el trabajo de un equipo de personas altamente capacitadas a poca distancia unas de otras.

Pero los nuevos cambios tecnológicos pueden ser presagio de grandes disrupciones en las cadenas de valor globales, que afectarán tanto a países desarrollados como emergentes. Incluso es posible que hayamos entrado a un período de cambio radical, donde el crecimiento podría reducirse en todas partes, conforme lo “viejo” retrocede y lo “nuevo” todavía no llena los espacios vacantes.

Es cierto que en términos relativos, la actual destrucción creativa parece afectar más el crecimiento de las economías en desarrollo que el de las avanzadas. Esto se debe en gran medida a que las nuevas tecnologías se están aplicando allí donde se inventaron, y los países en desarrollo todavía no lograron imitarlas lo suficiente. Pero no estoy convencido de que las oportunidades de convergencia sigan siendo limitadas; sobre todo porque siempre es más fácil imitar que inventar.

Incluso puede decirse que todavía hay margen para nuevos adelantamientos entre los corredores. Como demuestra la experiencia en el sector de las telecomunicaciones, la capacidad de adoptar tecnologías nuevas sin antes tener que desmantelar los sistemas viejos puede permitir un avance veloz.

La clave para que la convergencia no se detenga (y que incluso siga a un ritmo bastante rápido) es la buena gobernanza política. Los gobiernos de los países en desarrollo deben implementar políticas que apunten a manejar las transformaciones inminentes y al mismo tiempo mantener la solidaridad y la cohesión de sus sociedades. Es el desafío al que deben hacer frente en estos tiempos de gran disrupción.

Traducción: Esteban Flamini

Copyright: Project Syndicate, 2015.Project Syndicate