La primatóloga y conservacionista Jane Goodall inició esta semana con 91 años el último de sus miles de viajes, un viaje sin retorno físico pero con un destino que ella misma diseñó y alcanzó con extraordinario éxito muchos años atrás: su propia conciencia. 

Ahora, tras su muerte, y ayer, un ayer de más de 70 años, la figura de Jane Goodall ha sido reconocida y admirada a lo largo y ancho del mundo por muchos motivos, empezando por su férreo, coherente y logrado compromiso con la protección de los animales y de la naturaleza del planeta como herramienta para mejorar la vida de los seres humanos. Las decisiones que Jane tomó desde los 17 años para orientar la travesía de su vida han forjado un legado tan inédito como fascinante, tanto por la relevancia científica de sus trabajos de investigación sobre la etología de primates como por haber sido increíblemente capaz de despertar loables y positivas conciencias y sensibilidades en millones de personas de todo el mundo para defender la vida silvestre de la Tierra. 

Su persona y su legado en vida la posicionaron como máxima referente mundial de la conservación de la naturaleza y de los derechos humanos. De hecho, por su incesante trabajo en ambos escenarios fue reconocida con innumerables premios y galardones del máximo prestigio, entre ellos la designación como Mensajera de la Paz de Naciones Unidas, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Dama de la Orden del Imperio Británico, Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, Legión de Honor francesa, Premio Kioto de Japón, Medalla Benjamín Franklin en Ciencias de la Vida y, entre otros muchos más, el nombramiento de Doctora Honoris Causa en universidades de todo el mundo. Realmente sorprendente para una persona que comenzó su actividad sin estudios universitarios. 

En 1990, un grupo de personas de la delegación española del Fondo Mundial para la Naturaleza (entonces WWF/ADENA), detectó en Madrid la posible venta clandestina de una cría de gorila que había sido introducida ilegalmente en España desde Guinea Ecuatorial. Tras meses de trabajo con la Policía Judicial de la Guardia Civil, el equipo ecologista logró introducirse en la red de traficantes y llegar al animal en Valencia un día después de que muriera por una infección parasitaria. Recordemos que coleccionistas millonarios, circos y zoológicos privados ofrecían millones de pesetas de entonces por una cría de gorila, que pasaban clandestinamente y en condiciones insoportables por España en la mayoría de los casos estudiados. 

Este hecho impulsó una investigación policial de gran dimensión sobre una desconocida red de tráfico ilegal de primates con conexiones en Méjico, Japón y diversos países de América, Europa y África. Entonces, Jane Goodall vino a Madrid y permaneció unos días apoyando nuestro esfuerzo y facilitando información de sus contactos ingleses en la Costa del Sol, contactos que permitieron incrementar el éxito de una larga investigación que culminó con intervenciones y detenciones simultáneas en distintos países europeos, recuperando con vida decenas de chimpancés y gorilas. Nunca podremos agradecer lo suficiente a Jane la impronta que dejó en incontables personas de todo el mundo, especialmente en quienes tuvimos la oportunidad y suerte de trabajar con ella.

28 años más tarde, en 2018, Jane nos envió un precioso vídeo para el evento internacional Archipiélagos y Océano: Repercusión del Cambio Climático en los territorios insulares, organizado por el Cabildo de Gran Canaria y el Centro Unesco Gran Canaria. Sus palabras abrieron el evento inyectando esperanza, palabras que sin duda hoy cobran más fuerza que nunca: “Tenemos el conocimiento, pero a veces falta voluntad política. Todo el mundo, gobiernos, el sector privado y cada uno de nosotros individualmente debemos juntarnos para luchar contra la amenaza del cambio climático, por las futuras generaciones”.

Hace apenas un mes, a inicios de septiembre de 2025, Jane encontró un hueco en una agenda internacional más que apretada para enviar a Canarias un nuevo mensaje grabado (con el inestimable apoyo de Federico Bogdanowicz, director general del Instituto Jane Goodal España). En esta ocasión, sus palabras versan en defensa de las abejas y de las mujeres apicultoras de las islas. Aunque era conocida especialmente por sus trabajos científicos en África con los chimpancés, también apoyó decididamente a hombres y mujeres apicultoras en numerosos países del mundo, plenamente consciente de la importancia que estos polinizadores tienen para la supervivencia de los bosques y cultivos en todo el planeta. 

La grabación de Jane será presentada en la isla de La Palma el viernes 7 de noviembre para abrir las I Jornadas de Mujeres y Apicultura Sostenible de Canarias, organizadas por la Oficina Agroecológica de La Palma con la colaboración del Gobierno de Canarias, del Cabildo de La Palma, del Ayuntamiento de Breña Baja y de la organización medioambiental ADACIS. Quisiera recordar también que, en su vínculo con Canarias desde su primer viaje en los años 50, la primatóloga visitó Tenerife en 2011 y 2023, y La Palma en abril de este año 2025.

Jane Goodall marchó en paz en California mientras dormía, en el curso de una gira internacional casi ininterrumpida en la que viajaba cerca de 300 días al año para trasmitir su visión, su mensaje, su sabiduría y su sencillez con sensata inteligencia. Pero su legado abarca no solo su palabra, también deja bien organizados proyectos vivos muy diversos, entre ellos el Programa Global Humanitario y Ambiental para jóvenes Roots & Shoots, presente en más de 75 países, o el Jane Goodall Institute, que opera con 25 delegaciones en todo el mundo.

Es incuestionable que Jane fue una de esas personas de la que los humanos debemos sentir profundo orgullo y felicitarnos por su brillante y ejemplar existencia, por su paso por esta vida en estos tiempos convulsos aportando ideas y soluciones. El mundo necesita hoy muchas personas como ella, generosas, educadas, libres de odio y emanando respeto y empatía. Por ello, el mejor y más merecido homenaje que podemos brindar a esta mujer excepcional es mantener su legado intelectual, seguir cada día sus postulados mirando al futuro y continuar con su lucha sembrando paz y empatía entre personas y entre personas y naturaleza.

Gracias por todo, Jane, te deseamos el mejor de los viajes recordándote siempre y siguiendo tu ejemplo de concordia, esfuerzo y perseverancia. 

Las masivas e inéditas movilizaciones de la población canaria en las ocho Islas trascendieron en todo el mundo cabreando a los magnates petroleros y, visto lo visto, el enfado aún perdura y confiemos en que por mucho tiempo para que no olviden. Y eso es positivo, muy positivo. Excepto para aquellos acólitos entregados a los intereses directos de Repsol y corporaciones del género, nadie a estas alturas puede dudar que las decisiones de los máximos representantes del dúo gubernamental-petrolero, José Manuel Soria y Antonio Brufau, vulneraron sistemáticamente durante tres años la esencia de los más básicos preceptos democráticos amenazando el territorio y la base productiva del presente y futuro de las Islas. El coste de ningunear las legítimas reivindicaciones promulgadas por el Parlamento y el Gobierno de Canarias, por los Cabildos y por el amplio tejido social contra las prospecciones, tiene un precio elevado en términos sociales, pero ellos solitos se arrojaron al mar a sabiendas que la marea estaba revuelta.

El fracaso personal de Brufau y Soria en Canarias representa el orgullo y la reiterada dignificación de un pueblo que luchó para no claudicar ante los abusos de tan influyentes poderes, y por ello no puede causar sorpresa que al presidente de la multinacional se le revuelva el estómago cada vez que se mencione la palabra “Canarias”. El varapalo isleño encabeza sin duda su mayor fiasco al frente de la petrolera desde la perspectiva de su credibilidad personal y corporativa, porque aludir a la moral y social sería tan absurdo como irrisorio en un empresario en el que la carencia de empatía es solo equivalente a la obsesión por incrementar sus beneficios en miles de millones de euros atropellando sin escrúpulo alguno a los sectores más vulnerables y faltando reiteradamente a la verdad. Recordemos que tras colocar el ex-ministro Soria en enero de 2012 al ex-alto cargo de Repsol Fernando Martí Scharfhausen al frente de la Secretaría de Estado de Energía, el Gobierno de España aprobó solo dos meses después el Real Decreto 547/2012 de 16 marzo, autorizando a Repsol a reiniciar unas exploraciones suspendidas en 2004 por el Tribunal Supremo, tras un recurso interpuesto por el Cabildo de Lanzarote en 2002.

A partir de marzo de ese año, Antonio Brufau encabeza una ofensiva demagógica sin precedentes en España en la que se vende amplificada la supuesta creación de más de 52.000 puestos de trabajo en las Islas (cuando en todo el mundo, los empleados de la petrolera no superaban los 25.000 trabajadores) para reducir la cifra un año después a 5.000, posteriormente a 3.500 y, finalmente y durante la única prospección efectuada (Sandía-X), afirmar que Repsol nunca había prometido contratar personal directo en las Islas. Pero los ímprobos esfuerzos de la petrolera para convencer a la población canaria de las bondades de convertir las Islas en un campo petrolífero, incluyeron también la aireada difusión sobre inventadas estimaciones de más de 1.200 millones de barriles en unas reservas supuestamente valoradas en 157.000 millones de euros (15 marzo 2013) y afirmaban que, en caso de explotarse, esa industria “iba a ser la salvación de Canarias”.

Lejos de que los argumentos de la petrolera convencieran y como bien recordarán ustedes, la oposición arreciaba con fuerza en los ámbitos sociales, científicos e institucionales de las Islas, en los grupos políticos de la oposición del Congreso de los Diputados y del Parlamento Europeo, de ONG´s internacionales de todo el mundo y en decisivos sectores turísticos de Europa en Canarias, fundamentalmente de Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Suiza, Finlandia, Noruega y Suecia.

Repsol desembolsó más de un millón de euros en su campaña mediática canaria (según conversaciones intervenidas por la Guardia Civil a imputados de la trama Púnica que supuestamente ofrecieron servicios de maquillaje a la petrolera), trataron de engatusar a toda página con disparatadas pero siempre vergonzantes falsedades, como que el buque perforador Rowan Renaissance no se vería desde la costa, que no contemplaban ningún riesgo de derrames, que los beneficios serían para España, que la compatibilidad entre la explotación petrolífera y la conservación del medio natural donde se efectúa en otros parajes es idílica, y una retahíla de publicidades tan estúpidas como ellos creían que aquí podían colar, pero no colaron, obviamente. Recordemos que Repsol reconocía en su web en 2012 haber registrado 6.985 derrames entre 2006 y 2010 en todo el planeta, decenas de ellos en el Mediterráneo y, entre 2012 y 2014, sufrió otros vertidos al medio marino en Perú, Tarragona y dos en Alaska, donde la petrolera acaba de descubrir ahora un supuesto inmenso yacimiento cuya noticia ha permitido que sus acciones en bolsa se elevaran para bien de toda la humanidad.

Recordemos que Repsol negó durante todo el periodo de pleito en Canarias la posibilidad de celebrar un debate público y en directo a pesar de haber sido solicitado reiteradamente por los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y el Gobierno de Canarias. No controlar el formato, los intervinientes y los tiempos de intervención en vivo era demasiado arriesgado, así que mejor pagar publicidad y entregar cada mañana un nuevo fascículo con las bondades de su película. La opacidad y obstaculización permanente en los mecanismos del aparato del Estado durante el proceso administrativo, político y jurídico, serán recordados por mucho tiempo en las Islas porque se supone que el Estado debe servicio a la ciudadanía y, en este caso, el servicio se le otorgó gratis a un consorcio de tres petroleras lideradas por Repsol contra la voluntad popular de las Islas.

Si Repsol y su aliado gubernamental desplegaron esa ofensiva en un país donde no se disparan balas a sus pacíficos manifestantes -aunque sí los atropellen con barcos de una Armada Española que pagamos todos-, ¿qué no harán con las poblaciones indígenas, sus recursos y sus derechos fundamentales en las zonas de prospección y explotación de países tercermundistas, como los llama Bufrau, donde muy poca información trasciende sobre lo que acontece?. Pánico da pensarlo porque, a pesar de las mordazas, muchas personas y organizaciones saben cómo se las gastan las petroleras en las selvas, en los hielos árticos y en los desiertos. La industria del petróleo agonizará durante este siglo de forma inevitable, no solo por el progresivo encarecimiento de las operaciones de extracción sino por la inevitable deriva de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que, unos gobiernos antes y otros después, deberán implementar en las políticas globales y particulares de cambio climático. Así lo reconoce la propia industria, así se reclama en Naciones Unidas y en una sociedad mundial cada día más consciente de los graves impactos derivados del calentamiento global que ya pasa factura en muchos enclaves del planeta.

El mundo del déspota e insensato Brufau perderá fuelle día a día, y en esta lucha social y medioambiental debemos congratularnos, muy especialmente los canarios y canarias, de haber contribuido a poner en su justo sitio a este enemigo del tercer mundo y de la naturaleza del planeta reclamando al tiempo energías limpias, socialmente justas, independientes y sostenibles. La Fundación César Manrique declaró esta semana que “La descalificación y la ofensa resentida de Brufau a Canarias y a sus ciudadanos representan la expresión más grosera de la arrogancia y la mentalidad colonial de no pocas multinacionales que arrasan el planeta y menoscaban el patrimonio natural de los pueblos”. No se puede estar más de acuerdo. Recuerde bien Canarias, Señor Brufau, a pesar de sus estériles ofensivas mediáticas y del negro episodio que lideró en las Islas, aquí no se le tiene miedo ni a Usted ni a los que obran como Usted, por mucho que siga faltando al respeto o por muy dolorosos que resulten sus merecidos dolores de muelas.

La decisión de la Fiscalía constituye una nueva pero reiterada evidencia de que, en este país, el interés general y el medio ambiente permanecen desamparados

El Ministerio Público abre la puerta a que mañana, ante otro escenario de este género, vuelvan a adoptarse las mismas decisiones improvisadas con resultados nefastos

La decisión de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de archivar las diligencias preprocesales para dirimir la responsabilidad penal derivada de la crisis del Oleg Naydenov, constituye una nueva pero reiterada evidencia de que, en este país, el interés general y el medio ambiente permanecen desamparados y vulnerables a los desastres ecológicos causados por la acción humana.

El Ministerio Público ha dado carpetazo al asunto argumentando que las decisiones adoptadas para alejar el buque del Puerto de Las Palmas, someterlo a un ardiente periplo errático hasta Fuerteventura y regresar al sur de Gran Canaria donde finalmente se hundió, están respaldadas por criterios técnicos avalados por las mismas personas que intervinieron en la toma de decisiones investigadas. Las consideraciones del profuso trabajo realizado por la Fiscalía para archivar las diligencias son amplias y detalladas, absuelven de cualquier responsabilidad penal a las autoridades involucradas y determinan que, frente a los riesgos de explosión en el puerto, el riesgo implícito sobre vidas humanas y otros impactos previsibles sobre la población o sobre el suministro de agua potable, los criterios adoptados y que condujeron al desastre fueron los correctos y nadie es responsable. Claro está que, en términos jurídicos, el archivo se ajusta estrictamente al objeto de la investigación para “determinar la posible exigencia de imputación judicial respecto de las personas que intervinieron en la gestión del suceso” pero, en términos sociales, medioambientales y económicos, no podemos sino lamentar profundamente la fragua de un nuevo episodio de inseguridad jurídica para preservar el interés general.

Que los máximos órganos garantes de este país en la protección del mar y en la persecución de los desastres ambientales causados por la acción humana, no solo no sean capaces de determinar responsabilidades ante una nueva marea negra, si no que crean nuevos precedentes jurisprudenciales para blindar futuros acontecimientos de esta índole, no es aceptable en ningún caso, en ninguno. La decisión de la Fiscalía abre la puerta a que mañana, ante otro escenario de este género, vuelvan a adoptarse las mismas decisiones improvisadas con resultados nefastos para el medio ambiente. Canarias, a pesar del elevado número de espacios marinos protegidos que alberga (ZMES, ZECs, ZEPAS, entre otros), permanece absolutamente desprotegida ante las dañinas mareas negras, de las que ya estamos muy hastiados en las islas. El registro de derrames de hidrocarburos en el Archipiélago ha sido, en los diez últimos años, de uno cada ocho meses y medio (255,5 días), ratio superado entre 2014 y 2015 tras los vertidos que impactaron en El Cabrón y Castillo de Romeral el pasado año, y tras el reciente del Oleg Naydenov en marzo de 2015.

Es obvio que algo falla estrepitosamente en nuestro marco político y jurídico cuando la impunidad se consolida ante estos desastres. Si navegas en una pequeña embarcación y te pillan limpiando sentinas, la sanción es implacable, pero si provocas una marea negra como la del Prestige o la del Oleg Naydenov, nadie es responsable porque se trata de “un accidente”, por lo que la desproporción entre causa y efecto frente a daños ecológicos solo revela que la ciudadanía y el medio físico quedan expuestos y carentes de protección.

El fuel del Oleg Naydenov ha contaminado cientos de kilómetros cuadrados de océano hacia al sur, ha impactado en numerosos espacios litorales de Gran Canaria, ha fluido sobre fondos marinos y columnas de agua afectando al conjunto de la escala trófica marina, y ha costado la friolera de más de 40 millones de euros hasta la fecha de nuestros bolsillos, de los nuestros, aunque la factura será significativamente superior porque las labores de extracción del fuel se mantendrán, según declara el Ministerio de Fomento, hasta el próximo mes de noviembre.

Este caso evidencia un paralelismo sorprendente con el del Prestige en Galicia, ya que, exceptuando la envergadura de sus respectivos y diferenciados impactos, costes y tiempos de proceso jurídico, numerosos son los aspectos coincidentes: la decisión de alejar de la costa un buque sin gobierno con alto riesgo ecológico, la improvisación de las acciones por las autoridades competentes, la intencionalidad manifiesta de minimizar públicamente los impactos potenciales y los acaecidos, y la errónea estrategia de respuestas físicas para afrontar la contaminación de las costas, son similares, como similar fue la primera sentencia de la Audiencia de A Coruña absolviendo en 2013 a los tres acusados principales, el capitán, el jefe de máquinas y el exdirector general de Marina Mercante. Afortunadamente, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó el pasado mes de septiembre la anulación de esta sentencia, por considerar que fue “ilógica, errónea y arbitraria”, y por estimar que durante la instrucción se obviaron documentos claves que hubieran llevado a la obligada persecución de un delito ambiental.

La conclusión fundamental de ambos episodios se sustenta en dos vertientes esenciales. Por un lado, ninguna persona o administración termina asumiendo la responsabilidad y los costes derivados de mareas negras ocasionadas directamente por la acción humana, a pesar de los cientos de normativas locales, autonómicas, estatales y europeas vigentes que regulan el tráfico marítimo y la lucha contra la contaminación por hidrocarburos. En segundo lugar, la constatación fehaciente de que estos desastres no revierten en ninguna mejora técnica o jurídica para prevenir y responder ante aquellos derrames que puedan acontecer mañana.

No se trata de organizar el escarnio público de un capitán de puerto o de un buque, nadie puede desear que catástrofes de esta envergadura sean responsabilidad única de un profesional técnico, pero tampoco podemos dejar de reivindicar un urgente, actualizado y riguroso marco normativo y competencial para regular, sancionar con ejemplaridad y reducir el número de derrames de crudo que destruyen el mar y las costas; no podemos vivir de espaldas al mar. Ya se debía estar trabajando, sin pausa alguna y como máxima prioridad por las autoridades competentes, en la configuración de una red de puertos refugios en las islas y en el desarrollo de un Plan de prevención y de respuesta ante vertidos marinos de sustancias tóxicas, ensayado, correctamente dotado y con personal formado para estas costosísimas contingencias. Canarias lleva muchos años recibiendo piche, deliberados y accidentales, y la única lección aprendida es que estamos igual que siempre, expuestos a una contaminación que terminan pagando los ciudadanos y ciudadanas, y con unos poderes públicos que no están a la altura de las circunstancias, ni de sus deberes con la población y el medio natural. Confiemos en que la decisión de la Fiscalía de Las Palmas no sea la última voz que se pronuncie sobre el Oleg Naydenov; confiemos en que, como sucedió con el Prestige tras 13 años de instrucción, otras entidades públicas y privadas muestren su disconformidad en los Tribunales y alguien asuma finalmente responsabilidades. Por sentido de la justicia y también por sentido común, no puede haber carpetazo en este asunto sin que sirva para algo más positivo y racional en el futuro.