¿Por qué tiene sentido celebrar un día como el 8 de marzo? ¿Por qué tiene sentido, si hablamos de derechos humanos, reivindicar de forma diferenciada los de las mujeres?

Por una cuestión de equidad, de equidad entendida como el valor humano que busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando el acceso de todas las personas a sus derechos, así como el uso de los bienes y servicios de la comunidad. Para ello es necesario tratar la realidad de manera diferenciada, compensando las situaciones de desigualdad que provocan que la mitad de la humanidad, por el hecho de ser mujeres, tenga un mayor riesgo de ver vulnerados sus derechos humanos.

Los datos nos muestran que cada día las mujeres de todos los países del mundo sufren desigualdad y discriminación. Se enfrentan a situaciones de violencia, abusos y un trato desigual tanto en su hogar, como en su entorno de trabajo y sus comunidades solo por el hecho de ser mujeres. También se les niegan oportunidades para aprender, obtener ingresos, hacer oír su voz y liderar:

La Organización Mundial de la Salud estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70% de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida.

Según Naciones Unidas, las mujeres realizan hasta dos veces y media más trabajo de cuidados no remunerados. Este trabajo sostiene la economía y representa entre un 10 y un 39% del PIB

El informe mundial sobre salarios de la OIT constata que, a escala mundial, las mujeres siguen percibiendo un salario aproximadamente un 20% inferior al de los hombres.

ONU Mujeres señala que solo un 24,3% de los parlamentarios nacionales eran mujeres en febrero de 2019. En junio de ese mismo año 11 mujeres eran jefas de Estado y 12 jefas de Gobierno.

Los datos nos muestran que sobran las razones para exigir, en todas las partes del mundo, que se cumplan los derechos humanos de las mujeres, empezando por el primero de ellos que señala que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.

La llamada cuarta ola de los movimientos feministas refleja que la lucha feminista actual es global, heterogénea e intergeneracional. Desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, es importante poner el acento en la pluralidad de feminismos, porque en cada comunidad, en cada entorno, en cada cultura, es necesario articular respuestas feministas locales, que generen igualdad, desde el respeto de los ritmos y necesidades concretas de las personas.

Y al mismo tiempo, es necesario poner en evidencia que nuestro sistema socioeconómico global se aprovecha de los paradigmas culturales y valores patriarcales que justifican la desigualdad de género, para perpetuar un modelo de desarrollo que consiente que una parte importante de la población mundial, con un alto porcentaje de mujeres, se quede atrás. Y es que la desigualdad de género es causa y consecuencia estructural de la pobreza.

Estamos viviendo un momento histórico respecto a los derechos de las mujeres, pero también un momento con graves amenazas en el horizonte. El auge de los fundamentalismos, el cierre de espacios democráticos, la misoginia estructural y los grupos anti-derechos, ponen en riesgo los logros alcanzados. Por este motivo, es clave dar una respuesta global-local, basada en derechos y en alianza con el movimiento de mujeres y feminista. Más mujeres, más organizadas y con más capacidad para exigir sus derechos, construyen sociedades más justas.

En septiembre de 2015, los 193 países miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En la misma se establecen 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) formulados en torno a cinco ejes: el planeta, las personas, la prosperidad, la paz y las alianzas.

La Agenda presenta varios aspectos esenciales y novedosos respecto a otros acuerdos anteriores: es la primera vez que se conectan de manera central la agenda social y la agenda medioambiental y que se propone el abordaje conjunto de los retos domésticos y de los retos internacionales. Se destaca la desigualdad como una de las causas principales de la pobreza y de la insostenibilidad de nuestro sistema de desarrollo, desigualdad entre países y dentro de cada país y desigualdad en sus tres dimensiones: económica, social y política.

Aunque es una Agenda firmada por los Estados, la implicación de las administraciones autonómicas y locales, de los actores sociales, económicos y políticos y de la ciudadanía es fundamental si queremos garantizar su viabilidad. Es lo que se conoce como “localización” de la Agenda 2030.

Es imprescindible que la totalidad de políticas que se promueven y ejecutan desde las distintas administraciones sean coherentes con el desarrollo sostenible. Es necesaria una revisión profunda de todas las políticas sectoriales, no solo de las de carácter marcadamente social, para que se alineen con la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad, tanto en lo doméstico como en el ámbito internacional, para no dejar a nadie atrás.

Políticas palanca

La Agenda 2030 plantea una visión holística del desarrollo donde todos los objetivos están interrelacionados y todas las políticas de un Estado o Región deben alinearse coherentemente para su consecución. Para poder hacer esto realidad es necesario identificar y generar políticas públicas palanca con capacidad para impulsar el progreso transversal del conjunto de los ODS.

Algunas áreas de actuación necesarias para generar estas políticas son:

Garantizar mecanismos de cohesión social que disminuyan las desigualdades: garantizar los derechos a la educación y a la salud, con acceso universal y atención de calidad, así como a una adecuada protección social, con inversión suficiente y dirigida especialmente a los colectivos más vulnerables: infancia, mujeres, personas con diversidad funcional o mayores.

Promover el acceso generalizado al empleo digno, apostando por políticas salariales generadoras de empleo de calidad que garanticen las funciones de estabilidad, bienestar e igualdad del trabajo.

Avanzar en justicia fiscal, reformando el sistema para hacerlo más progresivo y redistributivo, con más y mejores medidas para evitar la evasión y elusión de impuestos y ejerciendo mayor presión en las rentas más altas y empresas de grandes beneficios.

Mayor compromiso con la igualdad de género, con políticas públicas que valoren social y económicamente el trabajo del cuidado, central para el sostenimiento de la vida, poniendo recursos suficientes para la erradicación de las violencias machistas, la implementación de la Ley de Igualdad y la Ley de Dependencia, estableciendo medidas para la eliminación de la brecha salarial y promoviendo medidas preventivas a través de la educación para la igualdad a todos los niveles.

Revisión profunda de nuestros modelos de producción y consumo y de sus efectos en el agua, la atmósfera y los ecosistemas tanto de nuestro país como en terceros. Aprobar definitivamente y poner en marcha con dotación presupuestaria suficiente la ley de cambio Climático y Transición Energética a nivel estatal y replicarla en las entidades locales.

La Agenda 2030 en Cantabria

En abril de este año, la Dirección General de Juventud y Cooperación para el Desarrollo presentó la Estrategia de Desarrollo Humano Sostenible (EDHS). El Objetivo general de esta estrategia es integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible como principal objetivo de todas las políticas cántabras y el cumplimiento de éstos como un primer paso para la erradicación de la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible a nivel local-global.

La estrategia contempla la creación de un Consejo de Alto Nivel y de un Órgano de gestión que aseguren la coordinación política y la toma de decisiones de manera interdisciplinar y multinivel integrando las dimensiones económica, social y ambiental con el enfoque de DHS.

Es fundamental que la estrategia para la implementación de la Agenda 2030 en Cantabria sea asumida por el Gobierno autónomo al más alto nivel y que se convierta en el marco de referencia de todas las políticas de la comunidad, no sólo de las políticas sociales o de cooperación al desarrollo. La consecución de los distintos objetivos establecidos en la Agenda debe orientar también las políticas de economía, hacienda, empleo, medio rural y marítimo, industria, comercio, obras públicas, etc.

Por otra parte, no podemos olvidar que los ODS y las políticas públicas con los que estos se vinculan necesitan una dotación presupuestaria suficiente que garantice que estos objetivos se cumplen. La voluntad política se demuestra en los presupuestos. La elaboración de los presupuestos es un momento fundamental para demostrar en qué medida el compromiso con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es prioritario o no para el Gobierno.

El cumplimiento de los objetivos establecidos por la Agenda 2030 es una “carrera de fondo” que debe desarrollarse durante los próximos años. Es por ello imprescindible que todos los actores políticos garanticen su continuidad, con independencia de cuál sea el partido que tenga la responsabilidad de gobierno.

Los distintos sectores de la sociedad civil: empresas, sindicatos, entidades del tercer sector, ciudadanía en general, no podemos desentendernos de este proceso y tenemos que exigir a nuestros representantes que promuevan las políticas necesarias para garantizar un desarrollo sostenible en nuestra región que, con la vista puesta tanto en lo local como en lo global, no deje a nadie atrás. Nos jugamos el futuro.

En nuestra undécima Semana contra la Pobreza nos unimos a la ciudadanía mundial que sale a las calles para mostrar el rechazo colectivo a las políticas que generan pobreza, desigualdad y destrucción del medio ambiente. En Cantabria, en Europa y en el resto del mundo, mostramos además nuestro rechazo a los tratados de libre comercio e inversión que se están negociando a espaldas de la población con el único propósito de beneficiar a las élites políticas y económicas.

Cantabria se sitúa como la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento de su tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en el período 2009-2014. Según el quinto Informe sobre el Estado de la Pobreza de EAPN-ES, el 20,6% de la población de nuestra comunidad, 121.077 personas, están en situación de pobreza. De ellas, 20.167 sufren pobreza severa. En el conjunto estatal, el indicador AROPE (que mide la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social) ha crecido en 2014 en 1,9 puntos porcentuales hasta llegar al 29,2%, lo que supone por una parte la subida más alta desde el comienzo de la crisis y, por otra, el porcentaje de personas en situación de pobreza y exclusión social más elevado desde que se calcula el indicador. Este último año, el riesgo de pobreza y/o exclusión en los menores ha experimentado el mayor aumento de todos los grupos de edad, pasando desde el 31,9% al 35,4%.

La desigualdad no ha cesado de aumentar: en plena crisis, el número de personas millonarias ha aumentado un 13%, lo que nos convierte en el segundo país más desigual de toda Europa.  Además, a escala mundial, una de cada nueve personas carece de alimentos suficientes y más de 700 millones viven en la más extrema pobreza. El 70% de las personas pobres son mujeres. Las 85 personas más ricas del mundo tienen el mismo dinero que los 3.500 millones de personas más pobres del planeta.

El actual modelo de desarrollo genera injusticias globales y está orientado a enriquecer a minorías vulnerando los derechos humanos de las mayorías. Actualmente, las élites del capitalismo mundial están inmersas en una ofensiva de negociaciones de tratados, como el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, que únicamente favorecen los intereses de las grandes empresas trasnacionales en detrimento de los pequeños productores, consumidores y comerciantes y de la ciudadanía en general. Estos tratados tendrán un impacto muy negativo sobre el medio ambiente, los derechos sociales y los derechos laborales y aumentarán de forma irreparable el déficit democrático en todas nuestras sociedades.

Son precisamente los derechos humanos, económicos y sociales los que deben ser plenamente garantizados por las políticas públicas, haciendo frente de manera especial a tres cuestiones: pobreza, desigualdad e insostenibilidad. La persistencia de la pobreza y de las desigualdades no es justificable ni inevitable, es una cuestión de voluntad ciudadana y política. Toda la ciudadanía puede reivindicar su fin, a través de la denuncia, la movilización, la participación social o a través de nuestra vida cotidiana.

Por ello, este 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y de la lucha global contra los tratados comerciales y de inversión desde la Alianza Cántabra contra la Pobreza exigimos:

Aterrizando estas demandas a la esfera autonómica, la Alianza Cántabra contra la Pobreza presentó un documento de compromisos durante la precampaña electoral con el objetivo de que los partidos políticos asumieran como propias las propuestas surgidas desde la sociedad civil en la lucha contra la pobreza. Estos compromisos fueron suscritos por los secretarios generales de siete partidos, tres de los cuales han obtenido representación parlamentaria: PRC, PSOE y Podemos.

Aunque valoramos positivamente la disposición de los partidos en el Gobierno de dialogar con las distintas organizaciones sociales y sus declaraciones a favor de promocionar las políticas de lucha contra la pobreza, estamos a la espera de ver cómo se concretan. Tememos que los compromisos adquiridos en su momento puedan ser rebajados. En este sentido, el pasado martes, PRC y PSOE presentaron en el Parlamento como proposición no de ley el texto original de la Alianza pero con dos modificaciones importantes en relación al aumento de cuantía de la renta social básica en Cantabria y al porcentaje de ayuda oficial al desarrollo. Estos cambios, justificados por limitaciones presupuestarias, son para la Alianza un retroceso en los compromisos adquiridos por estos dos grupos parlamentarios en el Gobierno.

La lucha contra la pobreza debe ocupar el primer plano de las decisiones políticas y ser uno de los ejes principales para la elaboración de los próximos presupuestos de Cantabria. Sin excusas y sin demoras nuestros representantes políticos tienen que hacer suyo el clamor de tantas personas que exigen un no rotundo a la desigualdad y a la pobreza.