Pero en este tema, como en otros tantos, pedí hacer una reflexión sobre lo escuchado y leído en los últimos días, sobre todo desde las filas de algunos partidos de la oposición, y sobre la necesaria defensa de nuestro singular régimen fiscal para poder diferenciar entre el dedo y la luna.

Hace poco me recordaba un amigo un antiguo proverbio oriental, que viene a decir que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Y lo digo sin querer buscar necios ni sabios en la Cámara regional.

Hemos llegado a escuchar que gracias a Coalición Canaria (CC), el Senado solicitó informe al Parlamento de Canarias, una obligación que ya se había cumplido sin necesidad de advertencia alguna. Y hemos llegado a escuchar que se ocultaban otros cambios, como si el Senado no hubiese remitido el texto legislativo completo.

Hemos llegado a escuchar también que hay una desbandada del sector desde la ampliación del importe a nivel nacional en 2020, cuando la realidad es que incluso en una economía como la canaria, fuertemente castigada por la pandemia, en 2020 se incrementó un 55% el empleo en Canarias en el sector audiovisual, pasando de 1.336 a 2.027 trabajadores.

Hemos llegado a escuchar incluso al expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmar con una notable capacidad para mentir, que en 2017 gobernaba con el Partido Socialista. Y lo decía a modo de atenuante cuando con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y hasta noviembre de 2018, corregido ya con un presidente socialista, se redujo ese diferencial con respecto a las deducciones por obras audiovisuales por debajo del 80%.

En esa ocasión los nacionalistas entendieron válido un diferencial que no sólo estaba por debajo del 80%, sino que ascendía solo a un millón y medio, ahora 2,4 millones. Votaron a favor de esos presupuestos, no se informó desfavorablemente y ni siquiera se mencionó en este Parlamento. No quiero pensar que se debía a la necesidad de gobernar en minoría por parte de CC en Canarias con el apoyo del PP y que la moneda de cambio fuese el incumplimiento del REF, la traición a Canarias que tanto les gusta decir, mal precedente.

Hemos llegado incluso a ver cómo se impedía tramitar una corrección técnica, faltando a la más mínima cortesía parlamentaria, para que la deducción de 12,4 millones de euros tuviese carácter retroactivo para el ejercicio de 2020 tal y como quería el sector audiovisual; justificando incluso que era mejor dejar los 5,4 millones, apelando a una consulta vinculante inexistente para, por cierto, al final votar a favor en el Senado al Proyecto de Ley sin incluir ese carácter retroactivo.

Pero todo esto forma parte del dedo, de la película que algunos han querido protagonizar, sin pararse a reflexionar si defender a Canarias, defender su REF, es defender a su gente, al sector afectado, o enarbolar una bandera y quedarse mirando el dedo.

Y para hablar de la luna tan sólo hace falta elevar la mirada, no el tono. Hablemos de cuándo y cómo se debe requerir informe al Parlamento de Canarias, a nuestro juicio con mayor antelación y claridad. Un procedimiento que a todas luces debe mejorarse entre las cámaras legislativas.

Hablemos de que realmente existe un debate jurídico sobre la prevalencia del artículo 94 o de la Disposición Adicional 14; hablemos con rigor del artículo 94, de los conceptos tributarios a los que se refiere, y su conexión con la cantidad máxima deducible que en 2014 se incluyó en la disposición adicional 14, el origen del problema, con un presidente nacionalista y un Gobierno del Partido Popular, los años de las tijeras de Montoro.

Hablemos de la necesidad de trabajar para la defensa y también la mejora de nuestro Régimen Económico y Fiscal para que se reconozca, como dice el propio informe del Gobierno de Canarias, que la finalidad del legislador fue incrementar los beneficios fiscales en todos sus aspectos, debiendo establecer ese incremento en el 80% y de forma automática. Y que esa es nuestra reclamación.

Nosotros, los socialistas, vamos a defender el REF como siempre lo hemos hecho, en esto no vamos a recibir lecciones de nadie, pero también valoramos como una solución a corto plazo, insuficiente pero positiva, que se puedan beneficiar de la actualizada deducción el próximo mes, cuando tengan que presentar la autoliquidación del impuesto de sociedades las empresas del sector, porque el sector lo valora positivamente. Un incremento de 7 millones, aunque a algunos lo que menos les interese sea el sector. 

Es nuestra responsabilidad defender un diferencial fiscal que asegure que Canarias sea una tierra de referencia para la industria audiovisual, no nos merecemos menos, y para eso tenemos que defender que nuestra deducción debe ser un 80% superior a la del resto del Estado.

En el caso de las islas no capitalinas, ese coste tiene una gran relevancia para los que vivimos en ellas, porque sufrimos la gran variabilidad que existe entre unas islas y otras, y tenemos unos precios más altos en la gasolina que en el resto de islas capitalinas.

Se trata de un problema de enorme complejidad provocado por una dejadez manifiesta de quien ha capitaneado el Gobierno de Canarias durante 26 años, cohabitando de forma amable con prácticas monopolísticas, Coalición Canaria, que, con total complicidad, ha mirado hacia otro lado durante tanto tiempo, sin querer terminar con una situación de oligopolio y falta de competencia, y sin tramitar los expedientes contra las evidentes prácticas de abuso existentes para acabar con estas diferencias, lo que ha impedido la entrada de más operadores y más competencia para bajar los precios.

Me sorprende por ello la actitud que tienen determinados grupos políticos, a los que le recuerdo que ni las reducciones fiscales sobre los carburantes ni las subvenciones adicionales al transporte que defienden, se traducen en bajadas de precio al consumidor, sino en aumentos del margen de la empresa y un coste de oportunidad al no poder destinar estos recursos hacia servicios públicos como la sanidad, la educación o las políticas sociales, o incluso para el impulso a la descarbonización de la movilidad en Canarias.

Por el contrario, la solución pasa por crear una mesa de trabajo entre los ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias, para eliminar las barreras de entrada a nuevos operadores, mejorar la competencia y bajar los precios del combustible en las islas no capitalinas. 

Es obligación de las administraciones públicas la vigilancia de los precios y el comportamiento del mercado en la defensa del interés general, algo que está realizando el Gobierno de Canarias con informes como el solicitado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a instancias de la viceconsejera de Economía e Internacionalización Almudena Estévez, y que han servido para que la Comisión del Mercado de la Competencia haya iniciado un expediente de investigación a DISA por presunto abuso de su posición de mercado.

En esos informes se deja patente que no es un problema del coste del transporte, porque los datos no dejan lugar a dudas. Los fletes de combustible a La Palma son más baratos que a Fuerteventura, lo que hay son prácticas monopolísticas, y se ha demostrado en islas como La Gomera o El Hierro, donde los cabildos renunciaron a establecer exacciones al combustible que luego no han supuesto bajada de precios. 

Incluso en la propia isla de Lanzarote, se abrió recientemente el debate sobre la oportunidad de eliminar este recargo del Cabildo al combustible y el propio portavoz de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, dijo explícitamente que solo se beneficiarían los dueños de las gasolineras.

Desde el PSOE entendemos a la vista de los datos, que facilitar y promover la entrada de nuevos operadores, principalmente independientes a través de incentivos, o la eliminación de barreras de entrada, es el modo más efectivo para incrementar la competencia. Incluso sí realmente se quiere ir más allá, promover desde las corporaciones insulares interesadas la creación de cooperativas de profesionales del transporte, o empresas públicas que preparen el escenario del modelo energético que impulsará la movilidad del futuro, estaciones de servicio capaces de ofrecer hidrógeno renovable, biometano, puntos de recarga para vehículos eléctricos o híbridos enchufables y por qué no, surtidores de combustibles convencionales mientras sean necesarios y así actuar de forma directa ante los abusos del mercado.

También hay que poner sobre la mesa oportunidades de mejorar esa competencia, como por ejemplo que la entidad Puertos Canarios promueva concesiones para la instalación de estaciones de servicio en los puertos, que además pueden suministrar combustible a embarcaciones. Tenemos puertos en Canarias que no cuentan con este servicio, como Playa Blanca en Lanzarote; Corralejo en Fuerteventura; Valle Gran Rey en La Gomera, La Restinga en El Hierro y Tazacorte en La Palma.

Para nosotros los socialistas, la vigilancia de precios y el comportamiento del mercado como una obligación de los poderes públicos en su defensa del interés general no es una opción. Es una obligación, algo que hasta ahora, parece no haber interesado a gobiernos anteriores y que sí está demostrando este gobierno.

Una obligación ineludible ante la dimensión de la crisis que nos afecta, un consenso que debe buscar no solo el acuerdo de la mayoría de los grupos que apoyamos al gobierno, o del apoyo ya manifestado de las organizaciones sindicales y empresariales, sino también resolver las objeciones de la minoría para alcanzar la decisión más satisfactoria para todos las partes.

Este ejercicio de responsabilidad con la sociedad canaria exige de altas dosis de generosidad y capacidad de cesión. Ya nadie puede poner en duda la voluntad del Gobierno de Canarias en alcanzar el deseado consenso que haga posible que nadie se quede atrás en la salida de esta crisis. Quien no quiera, por voluntad propia, o no pueda, por voluntad impuesta desde otros intereses ajenos al general, flaco favor estará haciendo a la sociedad canaria a la que dice representar.

En un futuro inmediato de incertidumbre, incertidumbre sanitaria ante un virus que la ciencia se esfuerza en conocer, incertidumbre económica ante las consecuencias de la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, incertidumbre social ante el alcance de las cicatrices que dejará en el bienestar de la ciudadanía, que necesita de urgencia en las respuestas, la sociedad espera que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para superarlos.

Y de esa necesidad de urgencia ya se han materializado en actuaciones concretas por parte del Gobierno de Canarias o del Gobierno de España en un proceso de diálogo continuo. Que sin ser exhaustivo puedo destacar las líneas de financiación ICO, los ERTEs, las ayudas a autónomos, aplazamientos tributarios, la flexibilización del acceso a la Prestación Canaria de Inserción, el Ingreso Canario de Emergencia, ayudas al alquiler, impulso al teletrabajo, agilización de procedimientos administrativos, refuerzo de los servicios sanitarios, acuerdo del uso del superávit, etc.

Así que pactemos, consensuemos propuestas en torno al generoso documento que el Gobierno de Canarias nos ha puesto sobre la mesa para convertirlo en el plan de actuación que logre el objetivo de un crecimiento rápido y consistente lo antes posible, un crecimiento que compense la crisis actual, con medidas para hacer frente a lo que ahora se necesita, sostener el tejido empresarial, proteger a la población afectada y mantener los servicios públicos.

De toda crisis se deben aprender lecciones, y lo cierto es que hay lecciones ya aprendidas, como fueron las consecuencias de los recortes presupuestarios aplicados mayoritariamente a partir del año 2012 en servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, supeditando toda política pública al rigor de la política fiscal de objetivos de déficit, endeudamiento y sostenibilidad presupuestaria a largo plazo.

Ahora no es momento de recortes, es momento, como nos recuerda el pacto y las propuestas presentadas por los socialistas, de dotar de liquidez e incentivos a Pymes y autónomos, de modificar potentes instrumentos fiscales contenidos en nuestro REF, de medidas que ayuden a reactivar el empleo y eviten la pérdida de puestos de trabajo, de iniciativas económico-financieras que fomenten las inversiones bajo una perspectiva de desarrollo más sostenible, la relocalización de industria en Canarias, la digitalización de la economía y de la propia administración pública y la inversión en conocimiento.

De lograr posicionar a Canarias como destino turístico sostenible y seguro, de fortalecer nuestro sector primario o de fortalecer nuestro sistema de transporte.

Ahora es momento del consenso.

Eso es lo que tenemos que cambiar. Y para hacerlo, los responsables políticos y públicos tenemos la responsabilidad de promover el autocuidado de la salud responsable, porque promover la salud es la mejor forma de prevenir la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud considera que la pobreza es la principal causa de las enfermedades, que cada vez se hacen más crónicas. Por eso, hay dos aspectos claves para minimizar esta situación, como son el estilo de vida y la pobreza, que tienen que ver mucho con la educación.

Si somos capaces de abordar estos aspectos podemos hacer una gran labor, minimizar las causas y tener menor mortalidad. En la actualidad, vivimos más años que nunca, pero llevamos un mal estilo de vida, llegamos mal y con enfermedades crónicas. Esto se puede cambiar con educación y con medidas que traten de garantizar la calidad de vida.

Diversos estudios demuestran que los grupos sociales más ricos y de mayor nivel educativo adquieren antes hábitos de vida saludables, disminuyendo los factores de riesgo y las enfermedades, mientras que la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles son mayores en las capas sociales desfavorecidas. Por este motivo, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos necesario tener presente la dramática realidad de pobreza y exclusión social en Canarias en cada una de las acciones que desarrolle este gobierno.

Como le trasladé en el último Pleno del Parlamento de Canarias a la responsable de Educación, es necesario un enfoque multisectorial, y por tanto de vital importancia el papel de la educación en la promoción de hábitos saludables para alcanzar ese objetivo de la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Una educación pública y de calidad puede tener un efecto igualador dentro de una sociedad.

En la estrategia canaria de promoción de la salud debe primar también la transversalidad, en la que cabildos y ayuntamientos también se conviertan en promotores de la salud y se trabaje de forma coordinada con las consejerías de Educación, Sanidad y la Dirección General de Deportes del Gobierno canario.

Los datos nos reflejan la dimensión del problema al que nos enfrentamos, como la epidemia de la obesidad, en especial la infantil. De las 41 millones de personas que mueren cada año por enfermedades transmisibles, 18 millones de esas muertes son por enfermedades cardiovasculares, 9 de cáncer, cuatro por enfermedades respiratorias y 1,6 millones por diabetes. El 80% del total. Siendo los factores de riesgo relacionados con estas enfermedades el tabaco, la inactividad física, el alcohol y las dietas malsanas.

Por ello, es fácil de entender que entre los objetivos de desarrollo sostenible se encuentre la reducción de las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles en un 30% para el 2030, un objetivo que los socialistas consideramos que es necesario lograr mediante un enfoque integral de todas las políticas, incluidas las de educación.

El doctor Valentín Fuster ha evidenciado en sus estudios la ventana de oportunidad que ofrece educar en hábitos saludables a los niños de 3 a 6 años, a los que se le debe enseñar a entender cómo funciona su cuerpo; el deporte y la educación física; el control de las emociones y enseñarles y promover la comida sana.

Porque más educación te permite saber más sobre los riesgos que nos rodean, cuanto más sabemos mejor podemos escoger lo que es más adecuado para nosotros.

Para poder realizar un diagnóstico más certero, no debemos olvidar que en julio de 2019 se cumplirán 25 años de la creación del Servicio Canario de la Salud (SCS), un cuarto de siglo del que CC ha estado en el Gobierno asumiendo en exclusiva las responsabilidades de la Consejería de Sanidad durante dos décadas exactas. Así, no cabe duda de que el SCS que tenemos en estos momentos es obra de Coalición Canaria.

En nuestra primera etapa, y a pesar de contar con bastante menos presupuesto en el Servicio Canario de la Salud, en concreto 2.627 millones de euros en 2015 frente a 3.007 millones en 2019, se pusieron las bases para corregir una deriva de falta de planificación que ha acompañado al SCS en su historia. Aprobamos el Plan de Salud, el Plan de Urgencias Sanitarias -requerido por la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias de 1994, aunque no se redactó y presentó hasta 2016-, el Plan de Cuidados Paliativos -requerido por la Ley 1/2015 de Derechos y Garantías de las personas al final de su vida y se redactó, asimismo, estando nosotros al frente de la Consejería de Sanidad-, iniciamos la redacción del nuevo Plan de Salud Mental y también del Plan de Grandes Equipamientos Tecnológicos.

Aun así, el SCS sigue careciendo de un plan de recursos humanos que aborde las necesidades de personal en función de las previsibles jubilaciones, crecimiento y variaciones demográficas o la movilidad del personal. Tampoco existe un plan de obras sanitarias que enfoque las necesidades de nuevos centros o las reformas en aquellos que las precisen.

La eterna etapa de CC no solo no ha abordado la planificación pendiente, sino que la que estaba en marcha o ya aprobada no ha sido desarrollada a pesar de contar con más recursos o de la posibilidad de destinar mayores cantidades si la política presupuestaria no se hubiese enfocado a la reducción de determinados impuestos o el destino de ingentes recursos a políticas fallidas y clientelares como el lamentable Fdcan.

Detrás de estas decisiones se evidencia la apuesta política de Coalición Canaria por perpetuar la dependencia de la actividad concertada de la actividad quirúrgica, hospitalización, pruebas diagnósticas, rehabilitación, radioterapia o diálisis, entre otras cuestiones.

Esta concertación se potenció desde la salida del Partido Socialista del departamento de Sanidad, sin ningún análisis de necesidad o conveniencia y, con ello, detrayendo recursos imprescindibles para el desarrollo y la inversión en los centros públicos.

El resultado final es que se vuelve al círculo vicioso de la no planificación, la justificación (previo consciente deterioro de la actividad propia del SCS) de una mayor concertación en centros privados, la falta de recursos suficientes para una cartera de servicios pública de calidad y, por último, unos malos resultados en salud que evidencian que el modo de gestionar que ha impuesto Coalición Canaria es, a todas luces, perverso e insostenible para el sistema canario de salud.

No es casual la falta de equidad entre el acceso y calidad de las prestaciones sanitarias que se ofrece en las diferentes islas, las altas listas de espera, la saturación constante de los servicios de urgencias, la infradotación de la atención primaria, el olvido de políticas efectivas -que no efectistas- de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y educación para una vida saludable, que Canarias presente la esperanza de vida con buena salud más baja de toda España o que según el CIS, la sanidad preocupe en Canarias el doble que en España y que sea el segundo problema que más afecte a los canarios después del paro.

El PSOE de Canarias tiene como prioridad la defensa de un servicio público de salud de calidad, gratuito y universal, que aborde de forma ambiciosa las listas de espera, la infrafinanciación, el déficit en recursos humanos, la infradotación estructural y de recursos tecnológicos. Lo haremos, y lo haremos sin olvidar que Canarias presenta un grave problema de inequidad, entendida como diferencias en salud innecesarias o injustas, por razón de género, identidad sexual, lugar de residencia y, sobre todo, por nivel socioeconómico.

Llegó el momento de Canarias y de la recuperación por la gente de su sanidad, de una sanidad que es de la ciudadanía y que por fin colocará al paciente en el centro. Llegó el momento y lo tenemos en nuestras manos.

Esta ley introduce tres reglas fiscales para lograr el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera: equilibrio o superávit estructural, un límite a la deuda pública en relación al PIB y la regla de gasto.

Haciendo balance del cierre de tres ejercicios con Rosa Dávila (CC) al frente de la Consejería de Hacienda, es necesario repasar los resultados del cumplimiento de las reglas fiscales.

En 2015, fuimos los primeros de la clase en objetivo del déficit. En la regla de gasto, bajamos un 0,5% frente a la media de las comunidades autónomas, que tuvieron un incremento del 4,4%. En deuda pública también cumplimos sobradamente, siendo además los terceros en menor endeudamiento en relación a su PIB.

Si analizamos 2016, volvimos a ser los primeros en objetivo del déficit, incumplimos la regla de gasto y cumplimos sobradamente la deuda pública. En 2017, terminamos con el tercer mayor superávit de todas las comunidades autónomas, solo por debajo de Navarra y País Vasco, así como con el tercer menor incremento de gasto y volvimos a cumplir con creces la deuda pública.

Poniéndome en modo ironía, puedo decirle a la consejera Dávila -siempre tan humilde- que en contención del gasto es “la primera de la clase”. El señor Montoro la ve como un referente, como la reina de los recortes que saca un sobresaliente en cumplimiento con el Gobierno del PP.

Me veo obligado a recordarle a este Gobierno en minoría de CC que hay otra cara de la moneda: las necesidades cotidianas de la gente que vive en Canarias. Sin embargo, el presidente Clavijo aún no ha explicado por qué mintió en el Parlamento al decir que no se ha podido gastar más por la regla de gasto, cuando la realidad es que no llegamos al gasto autorizado en el año 2017.

Este Gobierno de CC sin rigor, sin seriedad e irresponsable en la gestión de los recursos públicos suspende. Suspende en lo básico, porque no sabe ponerlos a disposición de esta tierra. Clavijo y su CC insultan cada día a un pueblo necesitado de políticas y políticos de verdad. No entienden que el principal problema de Canarias no es la regla de gasto, sino su Gobierno, porque su ética y su moral les impide empatizar con los problemas de la gente.

La incapacidad de gestión y las continuas mentiras que este Gobierno cuenta en el Parlamento hablan de un relato imposible del desvío del gasto sanitario en 2016, de una regla de gasto que tampoco es cierta, de un nacionalismo que busca permanentemente un culpable fuera de Canarias para justificar su incompetencia, y todo ello porque para Coalición Canaria, invertir en las personas es la última de las prioridades, algo que resulta infame.

Este Gobierno de Clavijo-CC es un Gobierno orgulloso de tener cientos de millones de euros en las cuentas corrientes a cambio del sufrimiento de la gente. La realidad es que no hay nada de malo en cumplir las reglas, pero lo inaceptable es pasarse de frenada, no saber calcular, no saber priorizar.

En el PSOE no nos quita el sueño que Rosa Dávila sea la primera de la clase del profesor Montoro. Lo que nos quita el sueño es que Canarias sea la primera en pobreza infantil, la primera en exclusión social, que Canarias tenga 214.000 personas en edad de trabajar y no puedan hacerlo, que este Gobierno no sea capaz de ejecutar las inversiones para las que dispone de presupuesto, que haya familias que no duerman porque no saben si este mes podrán pagar el alquiler, que haya familias que no tengan acceso a una escuela infantil porque no pueden llegar a final de mes, no darles un comida a sus hijos, o poder pagar el agua y la luz.

También nos quita el sueño que existan familias que se vean obligadas a abandonar a su suerte a nuestros mayores en el pasillo de urgencias de un hospital porque no hay plazas sociosanitarias, que haya personas que mueran con el sueño de cobrar una ayuda de dependencia que por derecho les corresponde y que llegue demasiado tarde, que haya pacientes que no saben si serán vistos por un especialista antes de hacer irreversible su enfermedad…

Este es el precio que Canarias tiene que pagar por tener a CC tantos años en el Gobierno de Canarias. Es el coste de oportunidad que tiene que pagar la ciudadanía cuando la política de gasto de este Gobierno es la de compra de titulares de prensa, la de las estrategias vacías de contenido, la de las inauguraciones preelectorales de obras eternas en el tiempo y de dudosa utilidad.

Es el coste de dedicar cientos de millones de euros a un supuesto Fondo de Desarrollo de Canarias (el famoso Fdcan de CC) que ni desarrolla Canarias ni es lo que necesita la gente que vive aquí. Esa forma de gobernar solo produce desigualdad y pobreza; es el resultado de un cuarto de siglo de Coalición Canaria en el poder, demasiado tiempo para tan pobre resultado.

Tenemos que insistir desde el PSOE, y así continuaremos haciéndolo tantas veces como haga falta, en que CC y su Gobierno deben rectificar, deben escuchar nuestras propuestas. Les pedimos que ejecuten las inversiones que tienen paralizadas y creen empleo, que apuesten por la Educación Infantil de cero a tres años, que destinen más recursos a la sanidad pública, que agilicen las altas en el sistema de dependencia, que se tomen en serio la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que complementen las pensiones no contributivas, que más allá del subasteo de partidas presupuestarias al que juegan con el PP, exijan un nuevo sistema de financiación autonómico que de verdad asegure a largo plazo unos servicios públicos dignos, que es lo que realmente exige nuestro pueblo.

Está demostrado que la crisis económica de España la pagó y la paga hoy, básicamente, la clase media: trabajadores asalariados, funcionarios, autónomos, pymes, pensionistas, jóvenes… y sus familias. Todos ellos conforman la mayoría social de los grandes olvidados de España y de Canarias. Su existencia, como sucede con el cambio climático, es invisible para un sector de la política nacional, pero también de la canaria. Algunos fanáticos (según la RAE, “entusiasmado exageradamente por algo”) y ciegos por voluntad propia sostienen el ‘España va bien’ porque los datos macroeconómicos suben, algo necesario pero manifiestamente insuficiente cuando lo que sucede es que la salida de la crisis para la población en general es una pura utopía cada vez más lejana de la economía doméstica, la economía a pie de calle. Dentro de esta categoría tenemos -ya liberado del contrapeso del PSOE- al Gobierno Clavijo, fiel devoto de las políticas del Gobierno Rajoy.

Al otro lado se encuentra el PSOE, porque esa mayoría social de grandes olvidados conserva derechos básicos como el acceso a una vivienda.

La PPL que registramos en el Parlamento de Canarias el pasado 22 de junio incluye, entre otras cuestiones, medidas fiscales para la compra y para el alquiler de viviendas ideadas para colectivos específicos: jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales, familias numerosas y personas con discapacidad superior al 35 por ciento.

Acciones concretas como subir del 15 al 20 por ciento la deducción del IRPF autonómico para alquiler de vivienda habitual; por primera vez en España, deducción en el tramo autonómico del IRPF para los propietarios que alquilen viviendas a precios socialmente sostenibles; o reducción a más de la mitad de los impuestos vinculados a la compra de vivienda habitual no protegida (el IGIC, para venta directa del promotor, pasaría del 7 al 3 por ciento; el Itpajd, para venta entre particulares, pasaría del 6,5 al 3 por ciento).

Además, a los jóvenes menores de 35 años se les aplicaría una bonificación del 20 por ciento sobre el 3 por ciento en la compra de una vivienda habitual; a las familias numerosas y a las personas con discapacidad pasarían a tributar un IGIC del 2,75 por ciento (frente al 7 por ciento actual) y un Itpajd del 1 por ciento (frente al 4 por ciento actual); por primera vez en España se equipararían las familias monoparentales y las numerosas (IGIC del 2,75 e Itpajd del 1); y a las mujeres víctimas de violencia de género, con sentencia firme u orden de protección en vigor, se les aplicaría una bonificación del 20 por ciento sobre el tipo reducido del 3 por ciento en la compra de una vivienda habitual.

Estas y otras acciones propuestas por el PSOE de Canarias durante esta legislatura tienen una razón de ser añadida en nuestro archipiélago: la presión de las viviendas vacacionales sobre las zonas residenciales de trabajadores, obligadas por ese sentenciado decreto cuya modificación dilata el Gobierno Clavijo, imposibilita aún más el acceso a la vivienda en Lanzarote, Fuerteventura y buena parte de Tenerife y Gran Canaria.

No hemos llegado al nivel de Baleares, donde se alquilan balcones para dormir porque los trabajadores no pueden pagar una habitación, pero es el siguiente paso si Canarias no actúa y pone en marcha soluciones como las que propone el PSOE.

Una última reflexión. Es probable que cuando este artículo sea publicado y usted lo lea, CC y PP hayan culminado su proceso de unión y Canarias tenga un nuevo pacto de Gobierno (con la necesaria complicidad de ASG). Por eso, el trabajo del PSOE en la oposición -ese contrapeso a la derecha clasista-, se hace más imprescindible para la mayoría social de jóvenes y grandes olvidados de la crisis económica que hoy sufren sus secuelas: sus proyectos de vida rotos.

Planteé esta cuestión en el último Pleno del Parlamento y comencé con una llamada de atención (quizá grosera en ese foro, “señorías, la vivienda es una preocupación fuera de las paredes de este hemiciclo”) para comprobar si el único consejero del Gobierno que ocupaba a esa hora su lugar en el hemiciclo, reaccionaba. No fue el caso.

La vivienda es un bien esencial y un derecho recogido en la Constitución. Sin embargo, quien debe hacer realidad ese derecho es el Gobierno, y en el caso del de Canarias está tan ausente como suele estarlo del Parlamento. ¿Sabía usted que el presidente Clavijo presumió esta semana en Cataluña de que tenemos los sueldos más bajos de España (sí, los más bajos) como incentivo para los empresarios catalanes?

Aparece aquí el primer gran condicionante del problema de vivienda en Canarias: los sueldos. Llevan años congelados mientras los precios suben. Uno de cada dos canarios gana menos de mil euros, uno de cada tres gana menos del Salario Mínimo Interprofesional, los pensionistas se empobrecen y cada vez son más los parados sin prestación por desempleo. El PSOE, mientras estuvo en el pacto de gobierno, lideró campañas de inspección laboral que mejoró las condiciones de trabajo y los sueldos de cientos de personas directamente, además de las mejoras inducidas por el ‘miedo’ a la campaña de inspección. ¿Qué hace CC? Apoyar los PGE del PP que perpetúan este modelo de esclavitud moderna.

Quizá no sepa que en Canarias el precio de la vivienda crece cerca de un 8 por ciento mientras que en casi toda España sigue bajando desde el estallido de la burbuja. Si nos fijamos en los municipios, la realidad canaria en la compraventa empeora: Arrecife (10’6 por ciento más caro), Puerto del Rosario (10’6 por ciento más caro), Las Palmas de Gran Canaria (9’4 por ciento más caro)… Y en las viviendas de alquiler: Adeje (27’3 por ciento más caro), Arona (43’8 por ciento más caro), Puerto de la Cruz (29’4 por ciento más caro).

El avance de precios de venta y alquiler multiplica hasta por seis veces el incremento medio en determinados puntos de las islas, y se va extendiendo ante la escasez de oferta en los municipios turísticos.

El Gobierno de Canarias tiene competencias para actuar sobre este problema y tratar de controlarlo, como las campañas de inspección laboral que hizo el PSOE. Políticas de fiscalidad, territorial o urbanística, la revisión del decreto de vivienda vacacional, vivienda pública o acceso a la financiación. Medidas todas ellas que casan muy mal con la improvisación que define a este Gobierno Clavijo en minoría.

El acceso a la financiación. Las entidades de crédito aún están muy sensibles con el ladrillo y dan poca financiación para vivienda tanto a familias como a promotores. Un dato claro: en 2016 se terminaron 334 viviendas (libres) en Canarias, frente a las 29.618 de 2008. ¿Ha intentado el Gobierno aliviar este hándicap?

El precio del suelo. Si el suelo es escaso, el precio sube y ese incremento se traslada directamente a la venta o alquiler de la vivienda. Un factor central de este problema es que los ayuntamientos no aprueban sus planes generales y el Gobierno de Canarias, como contramedida, tampoco declara de interés general la promoción de vivienda pública.

La fiscalidad. Se puede reducir la presión fiscal sobre la compraventa (IGIC o Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) y el alquiler (deducciones del IRPF), así como penalizar la vivienda vacía.

Vivienda vacacional. Lo que puede ser una forma de acceso de renta para las familias propietarias, se está convirtiendo en una pesadilla para las familias que viven de alquiler. La decisión de este Gobierno de excluir la vivienda vacacional del suelo turístico o del mixto protege determinados intereses empresariales pero presiona sobre las áreas residenciales, por lo que castiga fuera de toda lógica a los trabajadores (casi todos del sector servicios) y sus las familias. Para colmo, en lugar de corregir su decreto decide recurrir el fallo del TSJC que lo tira abajo. Otro gran ejemplo de que las economías familiares no están entre las prioridades de Clavijo.

Para terminar este listado de soluciones, he reservado una propuesta del PSOE que podría equilibrar el mercado de manera rápida y significativa: incrementar el Parque de Vivienda Pública de Canarias en 1.000 (mil) unidades. Así lo propusimos en el pacto de gobierno para que el FDCAN tuviera utilidad real para los ciudadanos (en lugar de dedicarlo a poner farolas y aceras) y CC, Clavijo en persona y escondido al ojo público, lo eliminó. El PSOE volvió a presentar esta solución hace un mes, esta vez en el Parlamento como PNL y, por tanto, a la vista de todos los canarios, y, oh, sorpresa, CC votó a favor… Pero había truco.

El Clavijo que eliminó a escondidas esta propuesta socialista del FDCAN, es el Clavijo que públicamente se hizo la foto de persona sensible en el Parlamento con la propuesta del PSOE y también es el mismo Clavijo que como presidente no la ejecuta.

Así se escribe la historia reciente de Canarias, hasta que entre todos y todas cambiemos esa ‘forma de escribir’ tan propia de CC y, por ejemplo, las familias puedan acceder a la compra o alquiler de una vivienda.

En el último Pleno del Parlamento, los socialistas preguntamos al Gobierno Clavijo en minoría por el estado de elaboración del Plan Estratégico de Inclusión Social y Lucha Contra la Pobreza, y lo hicimos a quien ostenta la competencia, su vicepresidente, como recoge el decreto 183/2015, de 21 de julio. En otra muestra de ausencia institucional, el vicepresidente se escondió tras la consejera de Políticas Sociales. Lo alarmante es que puede que sea sincero y ni siquiera sepa que el Comisionado depende directamente de él, que él mismo lo propuso y que esa es su competencia, no de la consejera. Por eso le dije que parece que Canarias tiene vicepresidente “porque hay que tener uno”.

Este Gobierno es uno más en nuestra historia reciente. Tras más de dos décadas de Gobiernos nacionalistas, se da la peligrosa paradoja de que los pocos ricos son más ricos y los pobres más pobres, pero es que cada vez son más. Es un modelo económico implantado por el PP en todo el país que CC comparte y apoya con su voto a los PGE 2017 y que ya ha puesto a la clase media española y canaria en situación de peligro de extinción.

Estamos ante datos objetivos y oficiales que reflejan el efecto sobre la sociedad canaria del modelo económico del PP más las iniciativas de CC: más del 25% de la población en edad de trabajar está parado, es decir, que uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras de Canarias no tiene trabajo; el mejor dato es el del primer trimestre de 2017, donde el paro baja en Canarias un 1,9%… mientras que la media española es del 11,2%; de los 279.800 desempleados canarios, 172.000 no recibe ninguna prestación, es decir, el 61% de los desempleados están fuera de cualquier cobertura.

Los datos continúan: el riesgo de pobreza en Canarias se concreta en un porcentaje, el 44,6, es decir, casi la mitad de la población canaria está en riesgo de pobreza o de exclusión social; la tasa de riesgo de pobreza en Canarias subió siete puntos el año pasado; uno de cada tres hogares canarios (el 34,5%) afirma que tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes, el doble que la media de España; las economías familiares se empobrecen y son a fecha de hoy un 18% más pobres que la media de España.

El Gobierno Clavijo en minoría se desentiende de la realidad y alaba con cinismo los datos de la macroeconomía, cuando la realidad real es que la riqueza no llega a las economías domésticas. Desde el año 2000 la desigualdad galopante no para de crecer y de romper el tejido social canario.

CC apoya los PGE 2017 del PP. Nacionalistas y populares renuevan su alianza para desmontar la sociedad del bienestar y extinguir a la clase media trabajadora, porque los PGE del PP financian políticas de desigualdad cada año (el 13% de las personas mayores está en situación de riesgo de pobreza, mientras que el riesgo de pobreza infantil se dispara al 28,9% en España) y CC es cómplice y pérfido hacia los canarios.

Si fuera de otra manera y la hoja de ruta de este Gobierno estuviera limpia de cinismo y perfidia hacia la mayoría de la ciudadanía canaria, no tomarían decisiones que empeoran (en la teoría y en la práctica, con los datos en la mano) el nivel de vida de casi todos.

Es el caso de sus medidas fiscales (que no ayudan a redistribuir la riqueza), su Ley del Suelo, el retraso en la Ley de Servicios Sociales, la continuidad del decreto de vivienda vacacional (que encarece el alquiler a los trabajadores), la creación de un Fdcan de farolas y asfalto (la fórmula fácil que creó parte de esta crisis)… es decir, insistiendo en un modelo económico que se ha demostrado muy peligroso basado en el cemento en lugar de en el conocimiento.

¿Cómo puede estar Clavijo “satisfecho” de los datos económicos? Quizá porque niega el presente y fía la suerte de los canarios a que en un futuro, como haría el mejor guiñol de Rajoy, todo vaya poniéndose en su sitio por sí solo. Para ese camino al garete no hace falta cargar con este Gobierno en minoría.

La escondida por respuesta que ha dado el vicepresidente en el Parlamento para informar del trabajo del Comisionado sobre el Plan Estratégico de Inclusión Social y Lucha Contra la Pobreza significa que el Gobierno rebaja la categoría de esta materia en su agenda. La razón de existir de la figura del Comisionado y su vinculación directa a Vicepresidencia es para que todas las consejerías se vean involucradas en la puesta en marcha de políticas contra la brecha social entre ricos y cada vez más pobres y empobrecidos (trabajadores en activo que no llegan a final de mes) y políticas que favorezcan un reparto sensato de la riqueza.

Los canarios y canarias somos los segundos de España en riesgo de pobreza, los primeros en riesgo de exclusión social y los primeros en porcentaje de hogares con muchas dificultades para llegar a fin de mes. La Encuesta de Coste Laboral apunta que el coste por hora trabajada en las Islas es el más bajo de toda España; ganamos en términos brutos 12,14 euros a la hora, frente a los 14,76 euros de la media nacional. Desde el PSOE no paramos de repetir una obviedad palpable que en Canarias clama hasta al más insensible: los trabajadores pobres existen y son una realidad cada vez es más patente y preocupante. ¿Se puede saber qué “satisface” hoy al presidente Clavijo?

Canarias necesita que su Gobierno deje de jugar al escondite con la realidad y aborde los problemas de la pobreza y la desigualdad desde una doble aproximación: atender de forma digna a las personas que están padeciendo las consecuencias de esta injusticia social y trabajar para solventar los problemas estructurales que provocan este problema. Esa es la hoja de ruta que debe marcar el Comisionado (y el vicepresidente) con su Plan Estratégico de Inclusión Social y Lucha Contra la Pobreza.

Un gobierno responsable de sus ciudadanos y con los pies en las calles de esta comunidad sabría que debe apostar por los servicios públicos fundamentales con todos los recursos de los que disponga. De ahí que no entendamos que se haya destinado dinero a un Fdcan que lo único que hace es repetir los errores del pasado.

Este compromiso titánico para cambiar la tendencia que agranda la brecha social en Canarias debe ser una cuestión de todo el gobierno. Pero no lo es, y así lo escenificaron escondiendo al vicepresidente tras la consejera. Por tanto, el PSOE presentará una batería de medias que ponga rumbo a este Gobierno Clavijo en minoría y al garete en la realidad real de la ciudadanía.

Los intereses de las empresas de alojamiento turístico convencionales se dirigen a limitar la nueva competencia, lo que es normal. En este caso, el ya conocido en todo el mundo como alojamiento vacacional. Lo que raya en el absurdo político es que el Gobierno canario -primero el de Rivero y ahora el de Clavijo- regulen por decreto que el alquiler ‘vacacional’, donde no puede estar es, precisamente, en el lugar de ‘vacaciones’.

La consecuencia de ese decreto es que la modalidad de alquiler vacacional continúa su implantación (como ocurre en todo el mundo) pero, en el caso de Canarias, se concentra en las zonas residenciales próximas a las turísticas, lo que sube el precio de los alquileres a quienes residen ahí y no son turistas. Los perjudicados son, precisamente, los trabajadores y trabajadoras de la hostelería y sus familias.

Este despropósito acaba de ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero el Gobierno Clavijo en minoría dice que no rectificará hasta que lo estudien bien (por cierto, no les bastaron los tres informes que encargaron a consultores externos y que hemos pagado entre todos también).

El PSOE defiende que el alquiler vacacional no es el problema porque ayuda a repartir la riqueza, más trascendente aún en esta sociedad canaria cada vez más desequilibrada en lo económico y con una de cada cuatro personas en edad laboral en paro.

La clave está en gobernar para el beneficio común de los ciudadanos y las empresas desde el sentido común y el conocimiento. Existen fórmulas más racionales para acomodar la expansión del alquiler vacacional en ciudades como Londres (permite que se alquile la vivienda propia con uso turístico, pero limita esto hasta 90 días como máximo), Ámsterdam (similar a Londres pero a 60 días) y París (poner más impuestos a las viviendas vacías para promover el alquiler de las mismas). Otras fórmulas sitúan en limitar la capacidad de carga al igual que ocurre con las camas turísticas o en elevar el nivel de exigencia de requisitos a las viviendas vacacional para “limitar” las posibles externalidades negativas del fenómeno, un fenómeno imparable que, en cualquier caso, puede y debe convivir en un destino turístico como son las Islas Canarias.

Sea cual sea la fórmula que se adopte, debe partir del consenso de todos los sectores implicados escuchar a las plataformas y asociaciones, no solo a una de las partes como ha hecho hasta la fecha Coalición Canaria, por ahora, un tiempo precioso que se ha perdido por el empeño de Clavijo de esperar a perder en los tribunales la defensa de un decreto que no gusta a nadie, ni al propio sentido común.

Además, el PSOE presentó en el último pleno una PNL para que el Gobierno de Canarias amplíe su parque de viviendas con la compra este año de mil casas. Es una acción viable y realizable a corto plazo que debe ejecutarse sin dilación este año para poner a disposición una vivienda digna a precios razonables a cientos de familias que aún sufren en sus carnes los desahucios y ahora una nueva subida de precios en la vivienda.

Precisamente, esta iniciativa que acaba de aprobar el Parlamento de Canarias los socialistas ya la intentamos incluir en el Fdcan antes de la ruptura del pacto, pero CC, con la complicidad de PP, hizo imposible lo que el Parlamento acaba de conseguir: que esos fondos sirvan para garantizar el derecho a una vivienda (ese stock de la burbuja inmobiliaria) en lugar de perderlos en farolas y asfalto al gusto de cada cabildo y ayuntamiento.

Mientras CC no modifique su decreto, los trabajadores residentes seguirán pagando más por el alquiler de sus pisos, otro ejemplo de ausencia de previsión de los nacionalistas con consecuencias muy duras sobre los trabajadores que habitan en las áreas residenciales próximas a sus centros de trabajo.

Las decisiones estratégicas de un gobierno deben tener un marcado componente social. El Gobierno Clavijo en minoría debería tener en cuenta esta perspectiva y asumir que en la actual sociedad de salarios bajos, desigualdad en el reparto de la riqueza, familias de trabajadores activos rayando con la pobreza y subida continuada del precio y del alquiler de la vivienda, este decreto está complicando la vida de muchas personas. Presidente, haga caso al sentido común y a las propuestas del PSOE refrendadas por el Parlamento de Canarias.

El Grupo Parlamentario Socialista presentó 150 propuestas específicas en diecisiete áreas con impacto social, acciones prácticas de buen gobierno que ocuparon gran parte del debate entre los grupos.

Los socialistas nos planteamos elaborar este catálogo -que en realidad es una hoja de ruta para el Ejecutivo- ante las mentiras del presidente Clavijo, que intenta esconder que nuestra economía se ralentiza. En los dos primeros meses de 2017, los afiliados a la Seguridad Social han descendido en 6.433 personas. Gobierno débil, crecimiento débil.

Nos movió la misma actitud responsable que le falta al equipo de Clavijo para corregir un modelo económico que crea poca riqueza en nuestro territorio y la reparte de forma muy desigual entre la ciudadanía (empleados por cuenta ajena y propia, pymes y las familias que dependen de ellos).

Este viejo sistema que tan bien sirve a los intereses de CC crea poco empleo y muchos trabajadores pobres.

Nada más efectivo para camuflar sus intereses reales -esos que callan en público- que fomentar disputas locales, peleas entre islas, inversiones arbitrarias… ese viejo sistema del pesebrismo necesita una masa social ocupada y preocupada en su día a día. El progreso de quienes están a pie de calle destruiría su sistema de favores y privilegios.

Con Clavijo, el viejo sistema de la CC de ATI ha tomado el control del Gobierno de Canarias. Y lo vende por piezas.

Un ejemplo es el Servicio Canario de Empleo. Lo que debería ser un eje clave de progreso colectivo (cabe recordar que el SCE está considerado por el Ministerio como el mejor servicio público de empleo de toda España en los últimos seis años) se hace pasar (¡por sus propios gestores!) como un organismo inútil que es mejor disolver. Bien, es una opción pero, ¿qué proponen los estrategas de Clavijo? Quitar un SCE regional y crear siete insulares… con las respectivas transferencias de presupuestos a los cabildos, que es lo importante de su plan. ¿Y por qué no 88 servicios canarios de empleo con otras tantas partidas para cada ayuntamiento? Así los canarios podríamos emigrar dentro de cada isla si el ayuntamiento de al lado tiene el acierto de formar mejor a sus vecinos en desempleo en introducirlos en su micromercado laboral local.

Este populismo canario que practica la CC de ATI, el insularismo, se presta al chiste fácil si no fuera porque sus consecuencias nos afectan y mucho a todos los canarios.

Por tanto, el Partido Socialista se planta, como hicieron con fuerza nuestros compañeros Patricia Hernández, Aarón Afonso, Jesús Morera y Ornella Chacón mientras se sentaron en el Consejo de Gobierno, y entre sus 150 propuestas exige que sea el Servicio Canario de Empleo el que marque las políticas de empleo para toda Canarias, y no cada isla a su suerte.

Si hay una forma de mejorar colectivamente la generación de empleo y su calidad, si hay una forma de impedir que muchos canarios que trabajan sigan siendo pobres, es esa.

Por último, felicito a la mayoría parlamentaria por prevenir el contagio de la flojera (e insularismo) del Gobierno Clavijo y que durante los días del Debate del Estado de la Nacionalidad algunos grupos fueran capaces de dar marcha atrás e impedir que CC cerrase su trampa sobre la reforma del sistema electoral canario. Esa capacidad de rectificación ha sido un gran servicio para todos los canarios.

Desde estas premisas, el Partido Socialista apostó, al asumir la gestión de la Consejería de Sanidad tras las elecciones de mayo de 2015, por reenfocar las políticas que hasta entonces se había venido desarrollando en las islas, de tal manera que el paciente fuese situado en el centro del sistema y por encima de consideraciones de carácter económico.

No obstante, a CC nada le gustó que el departamento dirigido por Jesús Morera se propusiese seriamente alcanzar objetivos hasta entonces imposibles y eliminar lacras que a la propia Coalición le interesó históricamente estampar en la sanidad pública canaria.

Precisamente esos intereses son los que nos han vuelto a traer consideraciones del tipo de que hay que tirar necesariamente de la sanidad privada y darle el todo para dar salida a la demanda asistencial, a la vez que no se asignan los recursos que hacen faltan para la pública y se presiona para recortar y recortar.

Por todos ya es sabido que el presidente del Gobierno de CC, Fernando Clavijo, exigió al departamento de Morera drásticos recortes sin importarle ni lo más mínimo las graves repercusiones que tendrían sobre los pacientes, pese a las advertencias del entonces consejero sobre el retroceso importante que supondrían. Por más que el presidente quiera maquillarlo o incluso negarlo, esto sucedió así.

El mismo Clavijo que entonces veía ineficaz cualquier medida que plantease la parte socialista del Gobierno para mejorar la sanidad pública es quien ahora anuncia, por ejemplo, la puesta en marcha de un plan de choque que contempla, entre otras medidas, la apertura de los quirófanos por la tarde. Resulta de agradecer que el presidente recurra a recuperar aquellas soluciones que aportó el PSOE en su etapa en el Gobierno, aunque en su momento las mandase parar.

Ya Jesús Morera anunciaba a comienzos de la legislatura exactamente esa misma medida; adelantaba entonces la optimización del rendimiento de las infraestructuras sanitarias y la ampliación de los horarios de trabajo por las tardes y fines de semanas para abordar las listas de espera. El exconsejero subrayaba también que devolvería el carácter universal de la asistencia sanitaria, algo que debió incomodar mucho al presidente, a la vista de sus decisiones posteriores.

Clavijo debería saber que la ciudadanía está harta de parches que ocultan la nula intención de mejorar el sistema o de apostar por él al cien por cien. Se exige una estrategia sólida que pase necesariamente por dejar de echar balones fuera y por adquirir, de una vez por todas, un compromiso con la gente, con los profesionales, dejando de ver a las personas como números, algo que, lamentablemente, es muy de Trump... perdón, de Clavijo.

La única estrategia del presidente es la de la privatización, el desprestigio y el desmantelamiento de lo público. A los hechos me remito: su visión de negocio no tiene límites y atraviesa la frontera de lo humanamente aceptable. Un presidente no puede conformarse con la mediocridad, con no llegar ni justito al nivel. Debe ser consciente de la responsabilidad que de él espera la ciudadanía, pero los últimos episodios con él como protagonista nos muestran el perfil contrario.

La maquinaria de este Gobierno está funcionando a pleno rendimiento en la ardua tarea de la manipulación de la opinión pública, para hacernos creer que no queda más opción que tirar de lo privado. Es, además, otra vía para la exclusión social, en este caso la sanitaria, desde las propias administraciones públicas. Los Gobiernos de la derecha en Canarias han ido alimentando con pleno conocimiento un imposible, de tal manera que la sanidad pública que han construido es la que nos venden necesariamente de la mano de la privada.

Ahora, se repiten conscientemente los mismos errores, pero tenemos, por fortuna, una sociedad crítica y formada que contempla con desconfianza el nuevo tándem Clavijo-Baltar. Produce alarma la procedencia del consejero y sus potentes vínculos, algo que cuesta creer que pueda ser causal o meritorio. Estamos ante un nombramiento que causa temor por las imprevisibles consecuencias que pueda tener y que, por el momento, no apuntan a nada bueno.

Así las cosas, volvemos al Gobierno del entreguismo, en esta ocasión de la sanidad a manos privadas. Olvidan intencionadamente los deberes constitucionales antes mencionados; acusan una peligrosa falta de transparencia con declaraciones disparatadas y engaños porque, en realidad, de lo que se trata es de que no les interesa que la gente de la calle entienda su discurso.

Y olvida Clavijo, por enésima vez, otro principio que se le debe suponer no ya a cualquier Gobierno, sino a cualquier cargo público y a cualquier persona: el principio de solidaridad. En realidad no lo olvida, lo invierte: las personas de mayor poder adquisitivo se sitúan como auténticas privilegiadas con una salud garantizada por el volumen de sus bolsillos, mientras que este Gobierno contempla impasible esta perversión en lugar de dedicar todos los esfuerzos posibles e imposibles a reedificar un sistema equilibrado, accesible para todos y todas.

Este Gobierno tuvo en el PSOE una oportunidad para sacar a la sanidad pública del letargo y la progresiva descapitalización que venía sufriendo mucho antes de la crisis. Comienza a moverse en toda Canarias una marea blanca que observamos desde el PSOE con mucha atención. Los profesionales, las asociaciones y los usuarios ya advierten del riesgo que entraña esa apuesta del nuevo consejero por una colaboración público-privada. Nos lo cuenta sin letra pequeña, lo que hace aumentar el temor ante lo que pueda estar por venir. Canarias no puede vivir bajo la amenaza de un proceso privatizador que pasa por deteriorar paulatinamente lo público para así poder justificar que se tire la toalla de la gestión pública y se abrace lo privado.

Si la incapacidad de gestionar se excusa privatizando uno de los logros de nuestra sociedad como es el Estado del Bienestar, tendremos que decir alto y claro que la solución pase por sacar de lo público a aquellos que no son capaces de gestionarlo, porque la sanidad pública es la de todos y con la salud no se hace negocio.

No, no es exagerado atribuirle tal importancia a este procedimiento. La reforma es una necesaria actualización que permitirá afrontar los nuevos retos y el futuro del Archipiélago con garantías de éxito. Somos conscientes de que para gran parte de la ciudadanía, procesos como este pueden resultar ajenos a su vida, por lo que los representantes políticos y las instituciones públicas debemos hacer un especial esfuerzo para traducir su significado.

Reformar el Estatuto es reiterar, en primer lugar, la defensa de los derechos, las libertades y la igualdad de todos los canarios y canarias, independientemente del lugar donde vivan. Estatuto de Autonomía es identidad, son valores, pero también es apostar por el empleo, por el equilibrio y la solidaridad entre islas, por nuestro medio ambiente, por las instituciones que velan por nuestros intereses.

Estatuto de Autonomía es también autogobierno, es descentralización, es impulso al sector primario, es apuesta por nuestros comercios, por nuestros productos, por nuestros jóvenes, por nuestros mayores, por la innovación, por la formación, por la sanidad, por dinamizar nuestra economía y por tantísimas cosas que forman nuestro día a día.

¿Por qué hay quienes se oponen a actualizar este derecho de autogobierno que nos reconoce la Constitución Española? Simplemente porque no han querido entender la importancia ni la urgencia de este texto. La nueva política mezcla con frecuencia ese afán de innovar con el vicio de criticar, al margen de contenidos. Por eso derivan resultados tan insólitos como el rechazo a esta reforma, tan ansiada y trabajada pero que ellos desprecian más por ignorancia y por dar el titular que por cualquier consideración relativa al fondo del asunto.

Llegamos esta semana al Congreso para debatir el texto que salió del parlamento de Canarias en 2015 tras las mejoras incorporadas desde el Gobierno regional en 2014, con el PSOE cogobernando en las Islas. Antes llevábamos casi una década inmersos en este proceso de reforma, mientras otras comunidades iban sacando adelante sus nuevos estatutos.

Apostar por un nuevo Estatuto es apostar por preservar la Comunidad Autónoma como la representación del pueblo canario, del interés general autonómico; es garantía de igualdad de derechos de todos los ciudadanos de las Islas en el acceso a los servicios públicos; es fortalecer el desarrollo autonómico; es poner al día su ordenamiento; es responder a nuestros problemas; es afrontar los retos actuales; es corregir las insuficiencias de nuestras instituciones; es ampliar nuestras competencias.

Un Estatuto actualizado supondrá un nuevo catálogo de derechos para una mayor y mejor protección social en materia de salud, educación, igualdad, familia, acceso a la vivienda, empleo y tantas cuestiones sobre las que construimos nuestra vida cotidiana. Queremos también que nuestro nuevo estatuto posibilite un sistema electoral que represente todas las sensibilidades políticas del Archipiélago y que legitime en mayor medida la representación ciudadana.

La propuesta contiene una nueva cobertura jurídica para reforzar nuestro histórico y singular régimen económico y fiscal, da nuevas herramientas al Gobierno canario para hacerlo más eficaz y prácticamente suprime el discutido aforamiento de los parlamentarios. Importante también es que esta reforma incluya que las próximas modificaciones sean sometidas a voluntad popular, dando voz así a todas y todos los canarios.

No se puede negar a Canarias lo que ya se ha dado a otras autonomías. No digo que merezcamos más, obviamente tampoco menos, pero sí es necesario insistir en que somos un territorio particular. Estamos lejos y somos islas en medio del Atlántico Medio. El mar con el que tanto nos identificamos y al que tanto necesitamos es también nuestro mayor obstáculo.

El mundo está cambiando para todos a una enorme velocidad. No podemos continuar bajo la vigencia de un texto que no se adapta a la realidad actual, porque en Canarias tenemos nuevas aspiraciones, también nuevas oportunidades y nuevas potencialidades, por lo que el resto de España y de Europa han de comprender que desde aquí podemos, sin falsas modestias y también sin complejos, contribuir activamente a hacer cosas importantes para el país y para el continente.

No quiero dar por concluido este artículo sin, primero, dar las gracias, tal y como lo hice en la tribuna del Congreso este martes, a las muchísimas personas que han empujado para que llegar hasta aquí. De nuevo un cariñoso y merecido reconocimiento a Juan Carlos Alemán. Gracias también a todos los grupos políticos que durante años y años han trabajado para conseguirlo, conscientes de la transcendencia que este texto tiene para nuestras Islas. Gracias por su esfuerzo y por la convicción de que es realmente necesario.

En el nuevo camino que se abre ahora, vuelvo a apelar al entendimiento. No volvamos a fracasar y coloquemos a Canarias por encima de intereses de partidos, porque actualizar el estatuto de autonomía es mejorar la vida de las personas. Esto es lo que la ciudadanía está esperando de todos nosotros y nosotras. No perdamos más el tiempo y concluyamos con éxito, un éxito que no nos pertenece, sino que es de todo el pueblo canario.

Aunque celebremos que en la presente legislatura, Mariano Rajoy por fin vaya a abordar la reforma del sistema de financiación que está pendiente desde 2014, empujado por una mayoría parlamentaria ajena al PP, lo cierto es que este presupuesto, como los dos anteriores, sigue estando condicionado por esta circunstancia.

Si algo ha caracterizado los presupuestos del Gobierno los últimos años es la prudencia en la estimación de los ingresos y el marcado carácter social de los gastos. En este sentido, en el presupuesto vigente, las previsiones de crecimiento para 2016 del PIB regional eran del 2,8 por ciento, pero en el interanual del segundo trimestre, Canarias ya acumula un 4,1 por ciento de crecimiento respecto al segundo trimestre de 2015.

Se preveía además una creación de empleo del 3,5 por ciento y una disminución del paro del 1,8 por ciento o, lo que es lo mismo, una tasa de paro del 27,9 por ciento. Hoy, según la EPA, la tasa de paro se sitúa en el 26 por ciento y ha disminuido dos puntos y medio.

Quienes el año pasado, por estas fechas, dijeron que estos presupuestos no iban a servir para crear empleo tienen muy poca credibilidad hoy para seguir con el mismo discurso en cuanto a los de 2017. El Gobierno de Canarias ya preveía la posibilidad de un crecimiento por encima del tomado finalmente como referencia, pero los condicionantes eran los que eran y había que partir de certezas razonables para una correcta ejecución presupuestaria posterior.

Se podía haber caído en la tentación de solucionar problemas políticos engordando unos presupuestos que dejaran contentos a todo el mundo. Sin embargo, por lo que se optó fue por seguir un criterio que nos había dado muy buenos resultados en los últimos años: la prudencia y la responsabilidad.

Frente a esta responsabilidad, el PP en Canarias sigue empeñado en que bajemos los impuestos, en que incrementemos los servicios, en que demos más recursos a las entidades locales…, en definitiva, en que hagamos magia presupuestaria. Imagino que será la misma magia que ha colocado a España a las puertas de una sanción por la nefasta política fiscal de Mariano Rajoy.

Este Gobierno continúa en la línea de seguir reforzando los servicios públicos fundamentales, sigue marcando unas prioridades claramente sociales. Estos no son sólo unos presupuestos que incrementan las partidas de carácter social.

Son unos presupuestos que, además, consolidan los incrementos que hemos aprobado en los últimos años. No son sólo unos presupuestos que dan una respuesta social a la crisis, sino que reafirman la salida de la crisis con unos derechos sociales que, en materia de prestaciones, están cada vez más consolidados.

Son unos presupuestos que van a sacar a Canarias de la cola de la dependencia, destinándose en 2017 a prestaciones económicas casi lo mismo que en la suma de los ejercicios 2014 y 2015. Son unos presupuestos que garantizan la PCI como un derecho no sujeto a limitaciones presupuestarias: en 2017, el Gobierno de Canarias se va a gastar en PCI casi lo mismo que en los ejercicios 2011, 2012 y 2013 juntos, en un claro ejercicio de redistribución de la riqueza hacia los más débiles.

En el archipiélago se aplicará la nueva ley estatal del menor pagando hasta 5,8 millones de euros para las familias que acojan menores en desamparo y, por si algo en el sistema falla, el Ejecutivo regional crea un nuevo programa para familias con menores en riesgo de exclusión social con 1,7 millones.

En cuanto a educación, celebramos que su presupuesto se refuerce en 42 millones, que crezcan las ayudas para comedores y desayunos escolares, que aumenten las ayudas para libros de texto, que se mantengan los incrementos de otros años para becas universitarias, que se ponga en marcha un programa de ayudas para el transporte de estudiantes de islas no capitalinas a Tenerife y Gran Canaria.

Estamos satisfechos de que podamos contar con 25 millones más para garantizar las coberturas del personal docente, de que en dos años se haya duplicado el esfuerzo inversor del Gobierno en infraestructuras educativas, tal y como veníamos reclamando, un mensaje claro de nuestro compromiso con la educación como garantía de progreso de una sociedad.

En materia sanitaria, lo que más le preocupa al Grupo Parlamentario Socialista Canario no es lo que se presupuesta, sino lo que realmente se gasta, pero es cierto que lo que se presupuesta es un buen indicador de lo que finalmente se va a poder gastar. Por eso es una buena noticia que en 2017, el Servicio Canario de Salud vaya a incrementar sus recursos en más de 75 millones de euros.

También resulta muy positivo que de esos 75 millones, 50 vayan para personal, y por eso también valoramos en su justa medida que Atención Especializada tenga el mayor presupuesto desde 2010. Y no hace falta ser muy inteligente para entender que el gasto real sanitario será el necesario para cubrir la demanda sanitaria y que la tendencia es el incremento de presupuesto en sanidad para ir acercando la convergencia con dicho gasto.

Estamos ante unas cuentas solidarias para 2017 que atenúan las nefastas consecuencias de la crisis para la ciudadanía de Canarias, que también afrontan sus causas estimulando los distintos sectores productivos y apuntalando el despegue en la creación de puestos de trabajo, sin olvidar las políticas activas de empleo, que ven incrementado su presupuesto en 30 millones.

En definitiva, este nuevo presupuesto es de ambicioso alcance y gran calado en todos los ámbitos, sensible con la ciudadanía, que alumbra un camino de mejora del gasto público y de la capacidad de inversión. De nuevo se prioriza el ámbito social, sanitario, educativo y de empleo. No verlo así es negar la realidad; no hacerlo así sería defraudar a Canarias.

En el PSOE lo tuvimos claro desde el minuto uno, incluso antes, cuando la ahora vicepresidenta y entonces candidata insistió de manera reiterada en que las políticas sociales serían la prioridad de un Gobierno con presencia socialista. Con valentía y siendo consecuentes con nosotros mismos, asumimos las políticas que más directamente repercuten en las personas; éramos plenamente conscientes de que no sería fácil, pero siempre hemos tenido claro que ante la adversidad o las dudas, debe prevalecer nuestro compromiso con los valores socialistas.

El PP mira hacia la dependencia como ese enorme problema que desearía quitarse de encima, hacer desaparecer. El PP hace políticas para un mundo perfecto, una España en la que no existe la pobreza, ni el paro, ni la dependencia, ni la discapacidad... y es precisamente esa distorsionada concepción de la realidad lo que le lleva a obviar a los colectivos que más necesitados están de ser atendidos. Al PP le molesta la dependencia, así que, como con tantas otras cosas, la esconde en un cajón y ya se irá viendo.

Ni España ni Canarias son mundos perfectos para el PSOE. En Canarias hay pobreza, hay listas de espera, hay desempleo y, como en todas partes, también hay personas en situación de dependencia que han visto pasar los años sobre ellas como pesadas losas de indiferencia que, en los más tristes de los casos, han terminado sepultándolas sin que jamás se les llegasen a reconocer sus derechos como tales.

El PSOE asumió la gestión de las políticas sociales en Canarias hace poco más de un año. Lo hicimos desde nuestro compromiso con las personas y, también, con los valores socialistas, y ahora, por fin, se vislumbra un indiscutible cambio de tendencia que ha hecho superar incluso las complicadas expectativas que esbozó en enero Patricia Hernández.

La Consejería de Políticas Sociales se marcó a principios de año el reto de alcanzar las 3.000 altas antes de que finalizase este 2016. Lo que entonces se consideró una utopía no sólo se ha transformado en una realidad, sino que hemos llegado a las 3.275 y aún estamos en octubre.

Cuando un equipo trabaja desde la implicación y la responsabilidad, con motivación y firmeza dejándose la piel por la ciudadanía, se puede responder ante ella con orgullo y dignidad, porque nuestra acción de Gobierno es la garantía de compromiso con la sociedad. Ante un compromiso, aquí está el resultado en hechos constatables.

Esto significa que 3.275 personas y sus familiares han visto reconocido un derecho que siempre, hasta ahora, se les negó, bien con excusas económicas, burocráticas o del tipo que fuesen. Los recortes del PP jamás debieron convertirse en hachazos a la dignidad de estas personas, las más vulnerables de la sociedad y las más desasistidas, recortes que también son la significación ideológica de un Gobierno de derechas obsesionado con cargarse todo aquello que puso en marcha el Ejecutivo del PSOE.

El Gobierno de Rajoy no puede esconder ya, de ninguna manera al menos mínimamente ética, que ha recortado 12.000 millones de euros a la dependencia en sólo cuatro años. ¡12.000 millones de euros! ¿Cómo se puede explicar esto a los familiares de los dependientes fallecidos sin llegar a recibir las prestaciones a las que tenían derecho? Nada puede pagarlo, igual que nada puede pagar el trabajo de tantas y tantas mujeres que se quedan cada día en casa a cuidar de sus familiares dependientes porque, en muchos casos, no tienen otra opción: o lo hacen ellas o no lo hace nadie. Cuidadoras a las que el PP les quitó incluso el derecho a la cotización a la Seguridad Social.

Desde principio de legislatura se vienen desempolvando expedientes que estaban pendientes desde el año 2007 hasta 2014, se han creado unidades específicas para un control permanente de las altas en centros públicos que desarrollan los convenios suscritos con los cabildos y ya son más de 30.500 las personas en Canarias con derecho a prestación, de las que 16.000 están siendo atendidas. Importantísimo es también el ejercicio de justicia que ha hecho este Gobierno al haber comenzado a abonar a 263 familias canarias de personas dependientes fallecidas las cuantías que debió pagárseles en vida.

En ese mundo perfecto del PP, estos éxitos de gestión que estamos viendo en Canarias no podrían ser sino una fantasía. Ni su falta de respeto a la dependencia ni su falta de responsabilidad en la gestión ni su falta de humanidad lograrán distraer al PSOE ni al Gobierno de Canarias.

Y esto no quedará en un número en el que detrás hay miles de familias. En las estadísticas nos situamos entre la comunidades autónomas en cabeza en altas en el sistema y el objetivo es sacar a Canarias de la cola mucho antes de lo previsto por los expertos. Costará, pero en Canarias ya no es una quimera pensar en una red de servicios de promoción de la autonomía personal que mejore la calidad de vida de muchos canarios y canarias que se enfrentan, sobre todo en el final de su vida, a grandes retos, una red necesaria, solidaria y generadora de empleo. Un objetivo ambicioso que, como muchos otros, cuando los socialistas obtenemos la confianza de la ciudadanía, acabamos logrando.

Frente a ello, encontramos el exquisito equilibrio y la agilidad en la gestión de la actual consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón. ¿Que es imprescindible mejorar la red viaria de toda Canarias? Por supuesto que sí. No renunciamos a la carretera de La Aldea, no renunciamos a acabar con las insufribles colas de la TF5, no renunciamos al eje norte-sur en Fuerteventura y, precisamente por ello, el departamento regional centra su actividad, desde que arrancase la legislatura, en el convenio de carreteras Canarias-Estado, que nació con la voluntad de ambas administraciones de dotar a la Comunidad Autónoma de una red viaria con características homologables a la del resto del país. Sin embargo, desde la llegada del PP a la Moncloa, el Gobierno de España ha dejado de financiar obras por valor de 628 millones de euros. Esta es la realidad.

La cantidad correspondiente a 2016 ha sufrido un nuevo recorte, hasta quedarse en 94 millones. Si el Cabildo de Tenerife se sumase al resto de las administraciones canarias para reivindicar lo que por ley le corresponde al archipiélago, en vez de aislarse y centrarse en una lucha ridícula y sin sentido contra el Gobierno de Canarias, uniríamos más fuerzas para lograr resultados, porque eso es lo que la ciudadanía del archipiélago espera de las instituciones y de sus gobernantes.

No hay recursos propios del Gobierno de Canarias, lo hemos dicho hasta la saciedad. El convenio recortado tiene otros culpables a los que, misteriosamente, el presidente del Cabildo tinerfeño nunca menciona: el Partido Popular.

No nos cansaremos de recordar que más del 80 del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2016 se destina a educación, sanidad, servicios sociales y empleo. De los casi 108 millones del crédito extraordinario aprobado este mes, sólo 700.000 euros se destinan a carreteras.

Lo decíamos recientemente: esperamos un compromiso real con Canarias del Gobierno de España. No podemos conformarnos con confiar en declaraciones de intenciones, en voluntades, porque ha quedado de manifiesto la incapacidad de la única diputada nacional de CC para arrancar un compromiso explícito con el archipiélago. Nos preguntamos si ante eso, su compañero de partido el presidente del Cabildo de Tenerife no tiene nada que decir.

Alonso vive instalado en la necesidad constante de la distracción sobre su gestión (y/o sobre su compañero Miguel Zerolo). Sólo con ese ruido constante puede tapar todo lo que no hace -que es mucho- y, también, las vergüenzas de algunos miembros de su partido.

Como él bien sabe, sus críticas al Gobierno actual son también críticas a su formación, la que se ha mantenido en el poder durante décadas. Está criticando a sus antecesores, a quienes depositaron su confianza en él.

¿Los males de la isla de Tenerife son repentinos, espontáneos? ¿Surgieron de manera inmediata el mismo día en que se suscribió el acuerdo de Gobierno para la novena legislatura? ¿Hasta entonces, Canarias, Tenerife, era un paraíso de dicha, de bienestar?

Resulta preocupante ver que los únicos problemas que existen para el presidente del Cabildo de Tenerife no coinciden con los problemas de la ciudadanía de la isla. Sí, es muy preocupante para los tinerfeños que el presidente de su isla dedique todos sus esfuerzos, centre todo su trabajo no en gestionar para resolver sus preocupaciones, sino en buscar continuamente la confrontación institucional y alimentar el pleito entre los canarios.

No es ningún secreto que Alonso desea fervientemente que el pacto PSOE-CC salte por los aires para así volver a rodearse de aquellos con quienes siempre se sintió cómodo. Ese papel catastrofista que disfruta desempeñando es un traje a su medida. El fin del mundo está aquí y el presidente del Cabildo de Tenerife tiene la misión de anunciarlo...

No nos engañemos: es también el poder del asfalto (y su adjudicación), eso que tanto obsesiona a algunos nacionalistas, como si sólo en kilómetros de carretera se midiesen las necesidades de la ciudadanía. Parece molestar que hayamos optado por priorizar la apertura de un hospital en el sur de Tenerife después de veinte años a un túnel para más carreteras.

Nada nuevo bajo el sol, salvo la determinación del actual responsable autonómico de Sanidad de situar al paciente en centro del sistema, de no esperar al último año de legislatura para poner en marcha planes de choque contra la lista de espera como han hecho otros, recuperar derechos para los trabajadores, devolver el principio de la sanidad universal, no dejar morir a los enfermos de hepatitis C y cumplir con los objetivos que el Gobierno de Canarias se ha marcado para esta legislatura.

En 2014 debió haber entrado en vigor un nuevo sistema de financiación para Canarias, pero la realidad es bien distinta: estamos en 2016 y el déficit de financiación que presenta la Comunidad Autónoma se sitúa, con una estimación a la baja de 400 millones de euros anuales en materia sanitaria, en más de 1.200 millones. Es más, sólo en 2014, la Audiencia de Cuentas ha concretado el déficit de financiación para sanidad, educación y servicios sociales en 766 millones de euros.

A estas alturas de la película, denunciar los graves recortes realizados por el Gobierno de Rajoy durante estos años en servicios públicos esenciales no resulta en absoluto novedoso, es cierto, pero desde el PSOE no nos cansaremos de decir que la situación a la que nos ha llevado el PP fruto de su insensatez, insensibilidad e irresponsabilidad no era algo inevitable. Había otra manera de hacer las cosas -de hecho continúa habiéndola-, pero los populares optaron por la vía cómoda, la del decretazo, la del rodillo de la mayoría absoluta, la del desprecio a los trabajadores y trabajadoras... en definitiva, la de la tomadura de pelo generalizada a la ciudadanía.

Canarias ha hecho todos los esfuerzos posibles (e imposibles) para cumplir los objetivos del déficit, colocándonos a la cabeza en España pero, pese a ello, el Gobierno del PP ha rechazado reiteradamente darnos un trato diferencial. El objetivo del déficit no se puede convertir en un fin en sí mismo; es un deber, es cierto, pero también lo es el dar respuestas a las demandas de la ciudadanía desde la convicción de que debe prevalecer la defensa de nuestros servicios públicos esenciales. Esto no es fácil de admitir por quienes llevan cinco años colocándose del lado de los recortes sociales.

Entre 2013 y 2014, Canarias tuvo que abonar 220 millones para cubrir el déficit de financiación del convenio de carreteras porque las obras estaban en ejecución, había que pagar a las empresas contratistas y éstas a su vez tenían que pagar a sus trabajadores y trabajadoras, pero eso no pareció importarle al Ministerio de Fomento.

Mientras hacíamos este esfuerzo, pagábamos 760 millones anuales para cubrir lo que el sistema de financiación no cubría, entre otras políticas prioritarias, en sanidad.

Estos días se habla mucho del progresivo deterioro de la sanidad en las islas y, como ya es costumbre, aprovecha el PP para erigirse en abanderado de lo público, en defensor por naturaleza del sistema, del paciente, del profesional y de todo aquello que le pueda suponer la menor oportunidad para vomitar toda su demagogia. Olvida el PP -quiere olvidar y hacer olvidar- ese déficit en la financiación, déficit que no era tal cuando el PP gobernaba en Madrid, pero que aparece repentinamente cada vez que no ocupa la Moncloa.

El sistema sanitario español acumula un déficit que ronda los 15.000 millones de euros y que sigue creciendo, un déficit crónico que se reproduce en todas las regiones y que, lejos de reducirse, seguirá incrementándose debido al envejecimiento de la población y el alto precio de los nuevos tratamientos mientras no se realice una profunda revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas y la sanidad vuelva a ser una política de Estado.

Es escandaloso que el Gobierno de Mariano Rajoy, con la bendición del canario José Manuel Soria, haya alargado de tal manera esta situación, pero lo escandaloso pasa a categoría de indecente al ver en la Cámara regional la negativa de los populares del archipiélago a exigir que se corrija ese déficit.

Bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, era prioritario para el PP canario actualizar la financiación sanitaria, pero esa necesidad imperiosa se esfumó desde el mismo instante en que Mariano Rajoy tomó posesión como presidente del Gobierno de España.

La incoherencia del PP no conoce límites. La situación actual, como bien saben los populares, es estructural; viene de atrás, de hace muchos años, aquellos años en que eran precisamente ellos quienes cogobernaban en Canarias, llegando incluso a tener la responsabilidad de gestionar la sanidad en las islas. Fue el PP el que dejó una deuda sólo a las oficinas de farmacia de 150 millones de euros y que tuvo que ser afrontado en la pasada legislatura. Fue el PP el que anunció, con gran alegría y entusiasmo, un plan para reducir las listas de espera. También fue el PP el que, al cabo de un año, con discreción y disimulo, procedió a suprimir ese mismo plan. Y fue el PP el que, en el último presupuesto que elaboró y aprobó José Manuel Soria como consejero de Economía y Hacienda, planteó y aprobó un recorte de 312,5 millones de euros para el Servicio Canario de Salud.

En estos fatídicos años para Canarias con el PP en el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad lo ha dirigido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Es inadmisible, diría incluso despreciable, que la sanidad española sea gestionada desde la frivolidad de la rentabilidad, de las cuentas, de los números.

Por otra parte, resulta conveniente y oportuno subrayar, en estos momentos en que se negocia una posible salida para la gobernabilidad de España que permita evitar unas terceras elecciones, que desde el PSOE echamos en falta un compromiso más explícito con la sanidad canaria en las conversaciones que ha mantenido Coalición Canaria con el Partido Popular. Esperamos algo más concreto y más comprometedor que una simple y vaga declaración de intenciones.

Los socialistas apostamos por la sanidad pública, sin la más mínima duda, con toda la firmeza y la convicción que históricamente han caracterizado nuestra postura al respecto. Valoramos la enorme labor que el actual equipo de Gobierno está realizando para sacar a la sanidad canaria de la complicada situación a la que la ha empujado el PP, un PP que celebra eufórico cada mal dato sin pensar en los pacientes que lo sufren mientras en otras regiones ha cerrado hospitales y centros de salud. Defendemos también el gran -y difícil- trabajo que todos los profesionales del sector desarrollan en su día a día, desde los gerentes de los centros hasta el personal de enfermería, médicos, técnicos, especialistas...

No podemos sacar otra conclusión que no sea que el Partido Popular sigue deseoso de que la sanidad privada ocupe el lugar de la pública. Sí, es ese PP que no es capaz ni de pagar los 35 millones de euros comprometidos para los tratamientos de hepatitis C que el Ejecutivo regional seguirá ofreciendo a los pacientes que lo necesiten. Es un Gobierno de Canarias responsable con la estabilidad presupuestaria y que, con los socialistas, por mucho que se intente asfixiar desde fuera, seguirá situando al paciente, a la ciudadanía, por encima de todo lo demás.

En la Cámara autonómica hemos debatido, estudiado y realizado aportaciones al texto, desde una actitud constructiva y anteponiendo la voluntad de entendimiento y los intereses generales a cualquier posicionamiento político. Este consenso alcanzado en la definición del plan ha sido extensivo a las propuestas de resolución que, suscritas por todos los grupos parlamentarios, han permitido enriquecerlo.

Para el PSOE representa un enorme orgullo poder presumir de un plan de salud cuyos valores son la accesibilidad al sistema, la equidad, el carácter público y universal de la atención, el objetivo de dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía, la participación, la eficiencia, la sostenibilidad, la gestión profesional, la prevención o la promoción, entre otros muchos.

Resulta obligado hablar de recursos. Este plan de salud se financiará con todo el disponible para Sanidad en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, es decir, 2.629 millones de euros o, lo que es lo mismo, 42 de cada 100 euros de las cuentas canarias. Aunque todos somos conscientes de que los recursos no son suficientes, es de justicia recordar que Canarias se sitúa justo en la media de gasto sanitario público consolidado per cápita.

La media en España es de 1.233 euros por habitante; en Canarias estamos en 1.232 euros por habitante. Es más: en el caso del archipiélago, supone el 6,4 por ciento del PIB, mientras que en el ámbito estatal, el gasto sanitario público consolidado es el 5,5 por ciento. A la vista de estos datos, podemos decir que el Gobierno de Canarias tiene la voluntad política necesaria para financiar la sanidad. Otra cosa es que tengamos los recursos suficientes; no podemos obviar que hace falta hacer una seria y ya urgente reflexión sobre la financiación de la sanidad en España.

Existen antecedentes: el Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales de 2008 o el Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2013, documentos que a fecha de hoy no han dado los frutos deseados a la vista de los resultados en cuanto a financiación se refiere y el progresivo deterioro del Sistema Nacional de Salud.

El gasto sanitario constituye un desafío fundamental en la futura reforma del sistema de financiación y, de no hacerse, la gestión presupuestaria en las comunidades autónomas seguirá comprometida, con unos niveles de deuda que continuarán creciendo.

Y es que en España, la lógica del recorte se ha realizado de forma uniforme en todas las políticas, sin preservar la sanidad, los servicios sociales y la educación. Ante este escenario, es nuestra obligación sentar las bases para, más allá de contener el déficit en el corto o medio plazo, hacer que el sistema sea sostenible, revisándolo, transformándolo, buscando el equilibrio entre la calidad y la sostenibilidad, planificando.

No podemos permitir que el Ministerio de Sanidad se gestione desde el Ministerio de Hacienda y, aunque se pueda seguir avanzando en la búsqueda de mecanismos que permitan generar ahorros, como pueda ser evitar la duplicidad en una prueba diagnóstica, el pago por productividad o disminuir el gasto farmacéutico por errores de indicación, lo cierto es que tiene que existir una clara voluntad política en la legislatura que comienza en el ámbito del Estado para, sin demora, analizar rigurosamente el problema de la financiación de la sanidad en nuestro país.

Con muchas de estas conmemoraciones, se pretende dar a esas personas la voz que se les negó durante décadas, siglos y, por otra parte, sumar la nuestra a la suya para visibilizar que no están solos cuando exigen derechos, igualdad, justicia, el fin de la censura, de la persecución y, en definitiva, sentido común.

También es cierto que aspiro a que llegue el día en que no sea necesario continuar conmemorando ninguna de estas fechas, que el 29 de junio sea un lunes o sábado cualquiera y que el calendario de los días mundiales e internacionales sirva para recordar cualquier causa justa y poco más, sin nada pendiente aún por resolver.

Recientemente hemos celebrado el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Se eligió el 17 de mayo porque fue la fecha en que, en 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades sexuales. Impresionante que hubiese que esperar a estar casi a las puertas del siglo XXI para considerar “sanas”, libres de la “terrible enfermedad” a todas las personas que hasta entonces habían amado a personas de su mismo sexo. Pese a ello, valoramos que haya ocurrido.

Han pasado 26 años y es cierto que la homosexualidad ha dejado de ser, para la gran mayoría de nuestra sociedad, algo extraño, minoritario o incluso exótico. Siento un gran orgullo cuando veo que dos personas del mismo sexo pueden pasear tranquilamente por la calle de la mano o besarse sin recibir insultos, aunque aún queden energúmenos aislados que alimentan su pobre vida de intentar destrozar la de los demás. Lo que resulta asombroso es que persistan planteamientos empecinados, por ejemplo, en mantener la transexualidad como patología.

Hace ya unos años, una amiga me contó que visitó un centro penitenciario para conocer el día a día de los internos. Al entrar a una de las aulas del módulo de hombres, vio a una única mujer sentada entre ellos. Preguntó al funcionario por qué estaba esa mujer en el módulo de hombres; le respondió que era transexual y que en su DNI figuraba el género masculino. Creo que es necesario ver de cerca una situación así para poder ser mínimamente consciente del enorme sufrimiento con el que vive la mayor parte de estas personas. Intento ponerme en el lugar de aquella chica, que cumplía una inmerecida doble condena, pero estoy seguro de que cualquier cosa que pueda imaginar queda muy lejos de la realidad.

Es frecuente escuchar testimonios de personas homosexuales y transexuales que coinciden en que, durante años y años, una parte importante de sus vidas transcurre como un verdadero infierno familiar y social. La falta de comprensión, de respeto, de cariño de las personas a las que quieren, la mentira como arma para la supervivencia, el armario como refugio...

Es miedo, miedo a ser quienes quieren ser y miedo a amar a quienes quieren amar. ¿Por qué una expresión de amor genera más rechazo público que muchas expresiones de odio? ¿Por qué es más fácil condenar algo que no hace daño a nadie que tantísimas actitudes y hechos impregnados de veneno?

Vivir y dejar vivir, amar y dejar amar, aspirar a ser feliz y ayudar a los demás a serlo. Todas las sociedades del mundo deberían seguir el ejemplo de tolerancia y respeto que representa el colectivo LGTB, que sale a la calle a reivindicar sus derechos sin juzgar a nadie y sin pretender que nadie tenga que ser igual a ellos como condición para poder convivir en paz.

Las páginas de los periódicos nos han dejado esta semana datos y más datos sobre los países en los que la homosexualidad es un delito, con penas de cárcel en muchos casos e incluso de muerte en otros tantos. Que muchas personas homosexuales contemplen el suicidio como la única fórmula viable para escapar del dolor resulta tremendo. Es más que preocupante la situación en los centros educativos, y por eso estamos obligados a no parar hasta lograr una solución definitiva para muchos niños y niñas gais, lesbianas, bisexuales o transexuales que, como consecuencia del acoso, viven su escolarización como una tortura. Nuestros colegios han de transmitir la riqueza de lo plural, del 'colorido', frente a la persecución de la ‘diferencia’; deben ser lugares de encuentro, espacios donde aprender de los demás, no donde destruir a los demás.

Se exige, para ello, la mayor implicación de las administraciones y una apuesta clara por la formación del profesorado en la materia, para que así puedan educar desde la normalización de los diferentes comportamientos sexuales y el respeto a los distintos modelos de familia. Y sobre la familia: miles de personas se movilizan por estas fechas también por el día de la familia, pero resulta lamentable que volvamos a ver de nuevo que son muchas las que lo hacen ya no en defensa de su idea de familia, sino queriendo convertir ese día en una manifestación de odio a quienes la conciben de manera diferente a la de ellos.

No está en mi ánimo politizar aquellos asuntos que exigen la implicación de toda la sociedad y conciernen a derechos alcanzados tras las luchas en las que muchos y muchas se han dejado la piel, pero resulta absolutamente necesario recordar cada día que fue el PP el partido que interpuso un recurso constitucional al matrimonio homosexual, con argumentos tales –joyas verbales de Rajoy o Aznar, entre otros- como que se trata de “una institución entre un hombre y una mujer para la procreación”, la “preocupante adopción” por parejas homosexuales, uniones gais que “no se pueden equiparar al matrimonio ni a la familia” o el matrimonio homosexual “ofende a la población”.

Qué empeño en odiar el amor, con lo sano que es respetarlo y lo bonito que es amarlo.