Hoy, 1 de junio de 2018, es un día que pasará a la historia con luz propia. Por vez primera, el mecanismo constitucional de la moción de censura mediante el cual el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, considera que hay que exigir la responsabilidad política al Gobierno, ha triunfado.

Había motivos para una moción de censura: no sólo porque el Gobierno de Rajoy rompió los consensos básicos para la convivencia (el político, el social, el territorial, el de género y el intergeneracional) mediante el aumento insoportable de la desigualdad, el enfrentamiento territorial y el deterioro parlamentario, sino porque los niveles de corrupción en la cúpula del PP han hecho incompatible ese Gobierno con la salud democrática de nuestras instituciones.

La sentencia de la Gürtel ha sido la evidencia definitiva de que el PP ha sostenido una trama de corrupción de la que se ha beneficiado políticamente, y muchos de sus dirigentes también personalmente, al constar como hechos probados que existía una caja B en el partido. Pero el escándalo de la Gürtel ha sido uno más de los gravísimos casos de corrupción del PP que llevan asolando nuestra democracia desde hace años, cuyos protagonistas han ocupado ministerios, presidencias de Comunidades Autónomas y altos cargos en ese partido.

Hoy es un día para la alegría especialmente para las clases populares y para todas las personas progresistas, porque la izquierda, con el voto favorable de las minorías territoriales, ha derrotado a la derecha y ha accedido al Gobierno del Estado. Es como si hubiera una densa niebla que nos impedía ver el presente y el futuro con optimismo y nos sumergía en la tristeza se hubiese disipado y llegara la claridad para que, a pesar de todas las dificultades reales, podamos recobrar la esperanza y volver a confiar en nosotras y nosotros. Y es un día nefasto para las élites económicas que viven al socaire de los privilegios que le proporciona el Estado central, cuya connivencia es el agujero negro de la corrupción.

Queremos destacar, en justicia, el valor y la capacidad política del impulsor de la moción de censura, de Pedro Sánchez. Su dimisión como parlamentario para no abstenerse en la investidura de Rajoy cobra hoy todo su sentido político, pero sobre todo su triunfo en las primarias socialistas como Secretario General del PSOE frente a Susana Díaz, que representaba la continuidad del viejo aparato aferrado a la tercera vía socialiberal, significó un cambio cualitativo en la orientación política del PSOE que ahora vemos plasmarse en el triunfo de esta moción de censura.

También hay que destacar el nuevo talante demostrado por el Secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, y la actitud constructiva de Compromis, Izquierda Unida, En Común Podem y las mareas gallegas. Han apoyado la moción de censura sin contrapartidas, sin sectarismos, sin reproches, estableciendo un clima de diálogo y respeto entre la izquierda que hace realidad la idea acuñada por Íñigo Errejón sobre la necesidad de la “competencia virtuosa” entre quienes defendemos la igualdad frente a los privilegios.

El nuevo Gobierno tiene una tarea inmensa en un corto espacio de tiempo. Tiene que reconstruir todos los puentes que el PP, con la presión añadida de Ciudadanos, ha roto: restablecer las bases para los consensos que estructuran nuestra convivencia, dar ejemplo de honestidad, transparencia y participación; recomponer los vectores públicos que generan igualdad; volver al diálogo entre los territorios, especialmente con la Generalitat de Cataluña, levantando el 155 y ofreciendo un horizonte federal y plurinacional donde quepan todos los proyectos democráticos, y volver a introducir en la agenda política el gravísimo problema mediambiental, estableciendo como una prioridad la lucha contra el cambio climático.

Esta moción de censura no solo ha cumplido con la previsión constitucional de exigir responsabilidad a un Gobierno inhabilitado por la corrupción sino que ha supuesto también la derrota de Ciudadanos como partido que ha ido derivando en una especie de Frente Nacional que busca rédito electoral avivando el enfrentamiento territorial y la división esencialista entre la ciudadanía.

Como andaluces y andaluzas hemos sentido la ausencia de Andalucía en el Congreso frente a la presencia de Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Asturias o Canarias. Solo nos ha recordado Pablo Iglesias en una de sus intervenciones y Pedro Sánchez se ha congratulado por ello, pero esta ausencia no solo es injusta sino que genera un desequilibrio de representatividad territorial que tiene graves consecuencias institucionales para la igualdad territorial y para la construcción de un Estado federal y plurinacional.

Por eso queremos proponer como objetivo el fortalecimiento de Andalucía como sujeto político en expresión de nuestra nacionalidad histórica tal como recoge el propio Estatuto de Autonomía. Andalucía tiene que sumarse al cambio desde el entendimiento de los partidos de izquierda que representan a una mayoría de la opinión pública andaluza. Es inaceptable un Gobierno andaluz del PSOE sustentado en un pacto parlamentario con Ciudadanos, sobre todo tras las posiciones políticas manifestadas por su Secretario General, Albert Rivera, en el Congreso de los Diputados durante el debate de investidura. Esta derecha utramontana y reaccionaria no puede ser el sustento político del Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. Necesitamos la cooperación de la izquierda para que Andalucía deje de ser un territorio empobrecido y pueda desplegar toda su potencialidad acabando con la lacra del paro estructural y teniendo una voz relevante en la necesaria reforma del Estado.

Esta moción de censura ha puesto al Estado español muy cerca de la realidad política del Estado portugués. Juntos podemos constituir un polo de referencia progresista en la Unión Europea en estos momentos en donde la crisis de la globalización está derivando hacia el autoritarismo y la insolidaridad en muchos Estados sobre todo en EEUU desde la llegada de Trump. Se trata de fortalecer al poder público frente a los poderes económicos no democráticos y para ello hace falta una nueva articulación de Andalucía en España y de España, junto a Portugal, en la Unión Europea para ofrecer al mundo una alternativa social y democrática. Por eso la derrota de Rajoy trasciende al cambio del Gobierno en el Estado, tanto para Andalucía como para la Unión Europea.

Y por último, señalar que este día también ha sido un gran día para P36 como espacio de cooperación política para la izquierda andaluza. Desde hace muchos años hemos promovido el diálogo con todos los sectores progresistas frente a las posiciones sectarias de una parte de la izquierda que habían interiorizado el elitismo y la derrota. Ha sido un camino duro por las incomprensiones, pero hoy hemos tenido una importante compensación.

Paralelo 36 hace un llamamiento para restaurar la imagen progresista de Andalucía frente a la imagen que está dando Susana Díaz y por el impulso de un proyecto con vocación de ser apoyado por la gran mayoría del pueblo andaluz, por ello ha aprobado en su Asamblea Trimestral el pasado 1 de octubre en Málaga, el siguiente manifiesto

Proyecto para la recuperación de una Andalucía de progreso entre todas y todos

1 - Introducción Ante la crisis de estado que padecemos, agravada por el golpe de mano que las élites del PSOE han dado contra la dirección de ese partido, Paralelo 36 hace un llamamiento a la unidad de la democracia para regenerar la política, poner los problemas de la ciudadanía en el centro de la agenda política, hacer que se asuman responsabilidades políticas por la corrupción, democratizar la vida de los partidos y restaurar la imagen progresista de Andalucía frente a la imagen que está dando Susana Díaz. Para ello necesitamos que la ciudadanía se empodere y que se expanda la alternativa mayoritaria de izquierda frente a los intentos de la oligarquía económica de seguir controlando el poder a costa de lo que sea. Apoyamos los proyectos de impedir gobiernos del PP y de sus aliados, la articulación de una marea andaluza y la urgente creación de una fuerza de obediencia andaluza que aporte el factor específico y diferencial para ir en Andalucía más allá de una coalición de partidos estatales con delegaciones.

2. Crisis de estado El golpe de estado en el PSOE dirigido por Felipe González y ejecutado por Susana Díaz frente al intento de Pedro Sánchez de lograr la investidura y formar un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy ha roto en dos al PSOE, lo que implica un salto cualitativo en la crisis del estado. En efecto, la tremenda crisis de este partido, que ha articulado realmente los distintos subsistemas políticos desde la transición, profundiza en el deterioro social que vivimos; a los niveles insoportables de desigualdad y al empobrecimiento de amplias capas sociales, se suma la situación económica de las cuentas públicas (100% de deuda, imposibilidad de aprobar los presupuestos para 2.017) y el agravamiento de la situación política (gobierno provisional durante cerca de un año, anuncio por la Generalitat de Cataluña de celebrar unilateralmente un referéndum por la independencia; casos de corrupción que afectan a las cúpulas del poder político y económico, etc.).

3. La situación política y social en Andalucía. El modelo económico especulativo y subsidiario y la incapacidad de las élites para emprender cualquier reforma en profundidad tanto en España como en Andalucía ha provocado, sobre todo a partir de la crisis, que estemos viviendo un empeoramiento de nuestras condiciones de vida por el paro crónico (en Andalucía el paro juvenil supera la tasa del 50%), los bajos salarios y, para muchas personas, los desahucios y la imposibilidad incluso de pagar la luz y el agua. El protagonismo de la presidenta de la Junta de Andalucía en el motín de las élites contra el Secretario General del PSOE (que se suma a sus pasadas actuaciones como la ruptura del pacto con IU o el acuerdo parlamentario con Ciudadanos) lejos de dar respuesta a la grave situación social que padece la mayoría de las clases populares y de las clases medias, está llevando al pueblo andaluz a un callejón sin salida por la derechización de las escasas políticas sectoriales que desarrolla la Junta de Andalucía en un entorno de parálisis administrativa y de ausencia de un proyecto político de cambio.

4. Un proyecto para la mayoría La visibilidad de la derechización de la mayoría de los dirigentes del PSOE andaluz y las artimañas antidemocráticas utilizadas con el objetivo de descabalgar a su Secretario General, abren un gran espacio para la izquierda democrática y alternativa andaluza, y la oportunidad de abrir puentes de diálogo con los sectores no susanistas o felipistas del socialismo andaluz. Desde Paralelo 36 apoyaremos el impulso de un proyecto para la gran mayoría del pueblo andaluz, lo que implica el relanzamiento de Andalucía como sujeto político. Un proyecto claro con capacidad de decisión para promover un modelo propio de transformación endógena y de reforma del Estado basado en nuestras potencialidades sociales, económicas, políticas, ambientales, geográficas y territoriales y en nuestra cultura e identidad. Hoy mas que nunca necesitamos que Andalucía vuelva a tener el prestigio que se ganó en España durante la transición y primeros años de la democracia sobre ahora que la actuación de Susana Díaz está provocando que el imaginario colectivo perciba a Andalucía y el sur en general como una rémora para el proceso de cambio.

5. El andalucismo republicano como transversalidad Necesitamos articular un nuevo impulso desde la pasión y desde la razón, con objetivos compartidos por la mayoría, a partir de un nuevo andalucismo inequívocamente democrático y de izquierda, de valores cívicos universales, que ponga su principal meta en la igualdad en Andalucía y para Andalucía. Un andalucismo que sea la síntesis para un proyecto de igualdad social, en especial para la plena igualdad de la mujer; para la transformación del sistema productivo, en el marco de una economía verde y digital, con el objetivo imprescindible de acabar con el paro, la pobreza y el empleo precario; para la justicia fiscal y la garantía de los derechos sociales; para la generación de valores comunitarios basado en elementos educativos y culturales que nos haga reconocibles como pueblo acogedor, solidario y universal; para la profundización en la democracia y para alcanzar las cuotas de autogobierno suficientes para hacer viable un cambio, en especial una soberanía básica que implique la autonomía energética, alimentaria y financiera. Queremos poner en la conciencia del pueblo andaluz una agenda andaluza con proyección en todo el estado y en la UE.

6. Solución federal y plurinacional La pluralidad nacional en el estado español lejos de ser un problema es una oportunidad para liderar este proceso de transformación que pivota sobre la conexión democrática entre república y federalismo y hacer frente a los desafíos del siglo XXI y en particular a la crisis del capitalismo globalizado con todas sus secuelas de desigualdad y destrucción social y ambiental. Por eso decimos que plurinacionalidad se conjuga en andaluz: que sin Andalucía no hay alternativa al conflicto territorial.

7. Gobierno de izquierda Ante la gravedad de la crisis del estado, el objetivo es ganar en Andalucía y ganar en el estado para consensuar un orden alternativo y democrático frente al desorden y al monopolio del poder que ha provocado la oligarquía española. Es imprescindible desalojar del gobierno del estado al PP y a sus aliados y lograr una alternativa progresista en la Junta de Andalucía frente a la actual mayoría de la derecha del PSOE apoyada en Ciudadanos.

8. Por una marea andaluza Apoyamos la unidad electoral de la izquierda andaluza que demuestre que puede convertirse en una alternativa útil y posible frente a la derecha y sus aliados: para la gobernabilidad en el estado, en la junta y en los ayuntamientos y diputaciones. Unidos Podemos para (de) Andalucía necesita convertirse en una Marea Andaluza que actúe con autonomía y criterios propios y que arrebate la mayoría al PSOE y al PP. Para ello hacen falta tres recursos: a) Una fuerza andaluza que le imprima carácter diferencial; b) Conectores, personas, organizaciones y líderes inclusivos que realicen una tarea de mediación, de diálogo para la unidad y de representación social de las mayorías y c) una dinámica democrática en la toma de decisiones y, desde luego, la elección de dirigentes y candidaturas a través de primarias en común. Para construir una organización amable, basada en el consenso y la cooperación como cultura política, hace falta autonomía, liderazgos inclusivos y colectivos y funcionamiento democrático.

9. Necesidad de una fuerza andaluza como factor diferencial Desde Paralelo 36 hacemos un llamamiento a la agrupación de todos los partidos democráticos de la izquierda andaluza para la formación de una fuerza andaluza que impulse la y cooperación unidad de la izquierda alternativa desde la autonomía territorial y desde su conexión con la realidad y la problemática de Andalucía.

La asamblea de Paralelo 36 (P36), reunida en Córdoba el 7 de mayo de 2016, en el Centro Social Rey Heredia, símbolo para toda Andalucía de las movilizaciones andaluzas por el pan, el trabajo y la dignidad, quiere hacer pública esta declaración ante el nuevo proceso electoral que culminará el próximo 26 de junio:

“Apoyamos firmemente, con esperanza y alegría, el pacto electoral a nivel del Estado entre Podemos e IU. Sabemos que esta alianza electoral se presenta con la aspiración de ser la primera fuerza política del Estado y, desde luego, la primera fuerza política de la izquierda, lo que significaría la quiebra del sistema de partidos existente desde la Transición y por lo tanto un cambio radical en la correlación de fuerzas entre las clases populares y los poderes de la oligarquía económica.

La victoria de la izquierda sería impensable sin las alianzas que se han producido en cada territorio, que han incorporado fuerzas políticas, energías sociales, diversidad territorial y líderes que han traído nuevas formas de hacer política. Valencia, Cataluña o Galicia son un ejemplo de cómo las izquierdas del cambio se han convertido en la fuerza social hegemónica.

Como plataforma andaluza de cooperación política hemos defendido la unidad de la izquierda desde nuestro nacimiento, por eso P36 tiene, aquí y ahora, la unánime voluntad de que Andalucía se incorpore con voz y entidad propia al proceso de cambio. Es imprescindible, para defender los intereses del pueblo andaluz y para ganar en el Estado, que a la unidad entre Podemos e IU se incorporen fuerzas políticas de la izquierda andaluza, organizaciones sociales y personas independientes, para que, dentro de la coalición, Andalucía tenga entidad y nombre propio, programa específico y un discurso que dé respuesta a la grave situación social que padecemos y que sea capaz de llegar a todos los barrios y a todos los pueblos, desde la razón y desde el sentimiento que nos une como pueblo.

Sólo así Andalucía ejercerá como el sujeto político que es desde nuestro patrimonio constitucional, tal como dejó grabado en nuestros corazones José Luis Serrano, fundador de P36 y Presidente del grupo Parlamentario de Podemos. La visibilidad de Andalucía en las nuevas Cortes Generales no es un deseo, es sobre todo una necesidad. Si no aparece como tal en la próxima legislatura, ni el cambio será completo ni Andalucía recuperará la combatividad como pueblo que necesita por sí, para transformar el Estado y para construir otra Europa“.

La asamblea de Paralelo 36 (P36), reunida en Córdoba el 7 de mayo de 2016, en el Centro Social Rey Heredia.

Aunque la intensidad de la actualidad política nos atrapa, es necesario poner las luces largas para no perder el sentido de la perspectiva. Vivimos un complicado proceso de cambio como resultado de la crisis específica del modelo del Estado español que tuvo como detonante la crisis global. Esta crisis específica, que tiene una naturaleza multifuncional (del modelo económico ineficaz e insostenible, del raquítico Estado del Bienestar, de la democracia de baja calidad que ha encarnado el bipartidismo y de la organización territorial de Estado que ha sido incapaz de evolucionar hacia un sistema federal plurinacional y cooperativo), ha tenido una respuesta política decisiva que demuestra la madurez democrática de la ciudadanía española en su conjunto. En estos momentos vivimos las tensiones para la formación de un Gobierno más allá de los estrechos márgenes que marcaba el bipartidismo. Pero por muy importante que sea este acontecimiento es sólo un paso más en el proceso de cambio que está impulsando la mayoría de la población.

Este proceso de cambio debe tener como un hito determinante la reforma de la Constitución española. En la traumática historia constitucional de España nunca ha sido posible ejercer con normalidad la renovación del vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio mediante la modificación de la Carta Magna. Únicamente a través de la reforma constitucional se puede proyectar esa legitimidad de origen en legitimidad de ejercicio indefinida en el tiempo porque precisamente, “el Estado constitucional es democrático porque puede reformar la Constitución y puede reformar la Constitución porque es democrático” en palabras de Javier Pérez Royo, es decir, reformar la Constitución es, en este proceso, la única forma de defender la democracia y a la propia Constitución como salida imprescindible a la crisis actual.

Sin embargo, la reforma territorial constituye el núcleo central de la reforma del Estado y esta reforma no puede circunscribirse a la modificación del título VIII, ya que hay objetivos reclamados por la mayoría de la ciudadanía como la necesidad de solventar el déficit democrático de nuestro sistema político, garantizar los derechos y servicios públicos, incorporar los nuevos derechos ambientales y poner las bases constitucionales que impidan modelos económicos especulativos e ineficaces.

Como piedra angular frente a la crisis institucional que recorre el Estado español proponemos impulsar un amplio debate social y político para la reforma de la Constitución mediante un proceso con amplia participación de la ciudadanía, que sea capaz de consensuar una nueva arquitectura institucional, económica y social. En particular proponemos abordar:

La crisis se ha manifestado específicamente en la organización territorial a través de dos grandes efectos: la crisis fiscal de las organizaciones territoriales y el aumento exponencial de la desigualdad. A su vez, ha habido dos respuestas en direcciones contrarias: la acentuación del neocentralismo, que la dinámica del capitalismo financiero y las políticas del bipartidismo ya habían consolidado (y legitimado el Tribunal Constitucional) y el conflicto entre Cataluña y el Estado que ha introducido en la agenda política el derecho a decidir, como una nueva reelaboración del derecho a la autodeterminación en las democracias occidentales. La lucha por la democratización del Estado pasa por el reconocimiento de la plurinacionalidad de España.

Nuestra propuesta para reformar el Título VIIII se basa en:

La reforma de la Constitución no está exenta de riesgos y dificultades pero también de esperanza para abrir una nueva etapa que solucione las disfunciones del Estado de las Autonomías y sea un paso decisivo para solucionar el conflicto catalán. La dialéctica de una nueva distribución territorial del poder en España se va a establecer entre inmovilismo, asimetría (nacionalismos soberanistas) o federalismo plurinacional, en el contexto de la crisis del Estado nación. Sólo si Andalucía logra intervenir en el debate como un sujeto político que tiene derecho a su propia realización será posible aunar la plena autonomía y la máxima cooperación para nuestra tierra y para el conjunto de los pueblos que conforman el Estado.

Andalucía tiene que realizar una ofensiva sin complejos para defender un modelo federal avanzado que dé respuesta a la realidad plurinacional en España, a partir del establecimiento de mecanismos cooperativos, del derecho a decidir y de la naturaleza constitucional de los Estatutos. Por ello defendemos una reforma constitucional del título VIII de la CE que sustituya el actual sistema de autonomía por un estado federal cooperativo ya que la vía evolutiva a través de los Estatutos ha sido clausurada por el propio Tribunal Constitucional.

Los autores de este texto somos historiadores y enseñamos año tras año a nuestros estudiantes que la historia no se repite, que es una frase hecha que no se corresponde con la realidad histórica. Sin embargo, parece como si esta quisiera llevarnos la contraria. Las teorías del subdesarrollo, muy en boga en la España de finales de los setenta y principio de los ochenta, impregnaron los discursos políticos del momento. Entre los intelectuales de la izquierda se generalizó la idea de una Andalucía subdesarrollada y arcaica, asociada a la imagen de un mundo rural inmóvil, apático y escasamente permeable a los avances de la modernidad urbana. Más de treinta años después, la historia se repite. Y lo que es más sorprendente, vuelve a calar entre aquellos que precisamente propugnan un cambio político. Andalucía es “una región” retardataria, lastrada por el atraso, en el que aún está sumido el mundo rural y la cultura política de los andaluces. Eso es lo que parece desprenderse del análisis electoral del Secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, contenido en un reciente artículo publicado en el diario Público (11 de Enero de 2016).

Los autores de este texto comparten en lo esencial el análisis de Errejón: “Los partidos políticos del turnismo resisten (…) pero no tienen fuerza para una restauración normal, que no comprometa el pluralismo interno al régimen. Por su parte, Podemos y el resto de fuerzas del cambio consiguen bloquear cualquier intento de recomponer el sistema resquebrajado, pero no tienen aún fuerza como para conducir un nuevo tiempo político”. En buena medida ello es debido a que Podemos no ha conseguido convertirse en la fuerza mayoritaria de la izquierda, donde el PSOE sigue manteniendo, aunque por poco, la primera posición. Aunque desde un punto de vista programático, el PSOE se diferencia poco del PP en cuestiones clave, como por ejemplo la política económica, ese lugar a la izquierda sigue ocupándolo gracias, entre otras razones, a que en Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha el PSOE ha quedado por delante. Pese a haber sufrido una importante pérdida de votos, sigue siendo el partido que más votos ha cosechado, aventajando a Podemos en más de 350,000 votos. Ello tiene consecuencias para el cambio por cuanto el PSOE, como bien dice Errejón “ha sido garantía de integración de los sectores subalternos y periferias al orden de 1978”. En la mayoría de las ciudades y provincias españolas Podemos ha superado a los socialistas; sin embargo, los más de 600.000 votos de diferencia que el PSOE le ha sacado a Podemos en Andalucía han sido decisivos para relegar a esta fuerza política al tercer lugar.

Errejón sostiene que “en media España el cambio ya está ganando y el tablero político ha cambiado de forma drástica -entre los jóvenes y adultos jóvenes, en las grandes ciudades y zonas más densamente pobladas y dinámicas y en las periferias”. Pero, dada la consideración que tiene de la otra media, es poco probable que Podemos gane unas elecciones y provoque el cambio político que queremos. Para el secretario político de Podemos, “el Partido Popular aguanta como la primera fuerza fundamentalmente gracias a un sólido suelo en las provincias más rurales y entre la población de mayor edad y especialmente jubilados (….) El Partido Socialista Obrero Español (…) ha perdido un millón y medio de votos con respecto a las elecciones de 2011, que ya fueron las peores de su serie histórica desde que gobernasen. Se mantiene por 300.000 votos como segunda fuerza gracias a su firme asentamiento en las comunidades autónomas del sur de España, pero es ampliamente superado por Podemos en casi todas las grandes ciudades, en todas las regiones económicamente más dinámicas (Euskadi,

Catalunya, Madrid, País Valenciano, entre otras) y entre la población de adultos jóvenes y sectores medios. Esto reconfigura el poder en su seno en favor de los barones del sur y le acerca a su configuración de 'partido del mezzogiorno' y de clases pasivas (subrayado nuestro), lo cual no constituye una perspectiva muy halagüeña para un partido que se quiere estatal y encarnando un horizonte de futuro“.

De acuerdo con este análisis, las fuerzas del cambio “ha demostrado especial auge en las grandes ciudades, entre la juventud y la población activa, y en las regiones económica, cultural y cívicamente más dinámicas”. En tanto que las fuerzas “retardatarias”, que se resisten al cambio son los viejos, muchos de los cuales viven en el medio rural y en la parte sur de la Península. Para Errejón, “Las tres fracturas o clivajes más importantes que marcan el alcance o fortaleza del cambio son así el territorial y el de edad, que a menudo se cruza con el campo-ciudad”.

El análisis, sin embargo, es desalentador por cuanto refleja una imagen de Andalucía que abunda en el tópico, es profundamente injusta y, lo que es peor, muestra una incapacidad para entender lo que aquí sucede que puede tener consecuencias para la pretensión de su partido de ganar las elecciones y promover el cambio político en España. Efectivamente, el dirigente de Podemos asume ideas erróneas y tópicos sobre Andalucía que, pese al avance de la investigación histórica, siguen teniendo predicamento entre las élites políticas. De sus palabras se deduce que en Andalucía está poblada de gente mayor; que el medio rural, con un gran peso en nuestra Comunidad, constituye un factor retardatario; y que de ningún modo es vanguardia en la resolución del problema territorial de España. Las ideas, conceptos y análisis expresados por Errejón presentan de nuevo a los andaluces como ciudadanos de segunda, que obstaculizan el cambio político. No cabe duda, este diagnóstico erróneo puede tener consecuencias negativas, legitimando por ejemplo un trato asimétrico que perjudique a Andalucía en la futura reforma constitucional; e incluso puede impedir que el apoyo al cambio político se convierta en mayoritario. Sin Andalucía y sin la mayoría de los andaluces, ningún cambio político es posible. Conscientes de que nos encontramos de nuevo en una encrucijada histórica para nuestra Comunidad, nos proponemos en este artículo desmentir los tópicos sobre los que se vuelve a insistir, con la esperanza de que las fuerzas políticas que promueven el cambio varíen su opinión preconcebida o por lo menos les genere dudas: ni Andalucía es tierra de ancianos, ni el medio rural es una rémora para el cambio, ni aquí se desconoce o se rechaza la diversidad nacional de España.

El texto completo de los profesores Manuel González de Molina, David Soto y Antonio Herrera de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla está aquí.aquí

Para Alain Badiou hay tres figuras que definen el perfil de un revolucionario; la del amante , la del militante y la del poeta. O sea el compromiso con la verdad, el compromiso con la realidad y el compromiso con la belleza. Las tres figuras se dan en José Luis Serrano.

La pasión, la acción y la teoría han estado presentes hasta el final de su esplendorosa vida. Activista social y político desde su juventud mas temprana. Teórico del derecho y de la política; sus obras sobre derecho ambiental (un pionero), ecología política o teoría general del derecho, son esenciales. Profesor de los que fascinan, de los que deberían estar prohibidos. Novelista que ha sabido describir y rescatar la memoria rigurosa y sensible como el álgebra que nació en su Granada; de Al-Andalus.

La novela sobre la Alhambra será leída y leída con las pausas que reciben los textos cuyo diálogo no se agota. Elegante y melancólico como su Granada del Paseo de los Tristes, ha muerto entregado en cuerpo y alma a una hipótesis, como el llamaba a Podemos, esa es la dignidad de la teoría que siempre le acompañó.

Con él nos ocurría lo mismo que dice el versículo coránico inscrito en el Cuarto Dorado: “Aquel que está eternamente hablando consigo mismo y su conversación nunca le fatiga”. Ningún día de su vida dejo de pensar y de amar y fue feliz pero sin presumir.

La crisis que ha estallado a partir de 2007 no es una crisis económica convencional, como las de los años ochenta y noventa del siglo pasado, sino que señala el colapso del modelo de crecimiento de la globalización. Ni siquiera se debería llamar crisis, porque crisis indica una idea de transitoriedad; sino un cambio de época que ha generado una nueva realidad estructuralmente muy desequilibrada, al mismo tiempo que muy interconectada, lo que complica aún más la situación.

La globalización ha determinado un dominio del territorio cada vez más amplio e intenso hasta el punto de agotar en la práctica cualquier posibilidad de crecimiento mediante la expansión en el exterior del sistema, con patrones de producción, distribución y consumo heredados del tipo de industrialización de alto impacto ambiental. Desde la ecología política se ha diagnosticado con precisión su naturaleza de crisis metabólica que ha dado al traste con el sueño de una sociedad opulenta y ha puesto de manifiesto que el ideal igualitarista no podrá alcanzarse sin una conciencia clara de los límites biofísicos del planeta.

El colapso del modelo de la globalización está provocando una concentración de la riqueza sin precedentes, una creciente desigualdad social y la pérdida de derechos sociales y laborales por el aumento del desempleo y precarización del trabajo con horarios dispersos y retribuciones bajas, complementadas con ingresos marginales obtenidos del alquiler informal de bienes y servicios de los particulares (casas, coches, tiempo).

La desigualdad afecta más a las mujeres que a los hombres. En el acceso al empleo, que representa la principal fuente de ingresos para la mayoría de la población mundial, las mujeres son fuertemente discriminadas incluso en los Estados donde la igualdad de derechos está reconocida. También en la jubilación existe una evidente desigualdad de género, ya que las reformas de las pensiones públicas les hace más difícil el acceso a una jubilación que les permita vivir dignamente y no por debajo del umbral de la pobreza.

Esta aumento de la entropía social está conectada con más entropía ecológica y cultural. El calentamiento global y el cambio climático, el agotamiento del modelo energético y la degradación de los recursos no sólo ponen en peligro el futuro de la humanidad sino que son el componente oculto de la actual crisis del sistema. La destrucción de la diversidad cultural en beneficio de una cultura uniforme con la que facilitar el funcionamiento sin trabas de los mercados ha provocado la aculturación y el alejamiento de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Conflicto entre capitalismo y democracia

Como estrategia ante la inviabilidad del crecimiento en el exterior del sistema, los poderes económicos están apostando por el crecimiento en el interior del sistema mediante la mercantilización de los bienes comunes y los servicios públicos, lo que ha situado el control de los poderes públicos en el centro del conflicto social. Esta estrategia de los poderes económicos está derivando en un conflicto entre capitalismo y democracia: es la propia democracia la que está en peligro porque los mercados financieros están condicionando la capacidad política de los Estados presionando para conseguir el desmantelamiento del Estado Social mediante recortes y privatizaciones.

Necesitamos un nuevo marco cognitivo que aporte una perspectiva integral que proporcione seguridad en los objetivos generales para salir de esta espiral de entropía, al mismo tiempo que flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares y a las posibilidades de cada territorio y de cada coyuntura.

Este marco puede ser el resultado de la renovación de la izquierda entendida como un proceso permanente de acción transformadora y de comprensión integral de la realidad social, desde una perspectiva social y territorial, comunitaria, ecológica, feminista, federalista y de interiorización de la democracia como fin en sí mismo. En Andalucía, denominamos a este proceso ecoandalucismo por la importancia estratégica que tiene la conexión ideológica entre ecología política y el andalucismo renovado.

Cualquier modelo político y económico sensato tiene que garantizar el respeto y la conservación de los valores naturales, culturales y patrimoniales del territorio y de las gentes que lo componen y lo mantienen vivo, incentivando las actividades vinculadas a nuestro entorno, a través de la territorialización de la cadena productiva, junto a nuevas pautas de consumo basado en la eficiencia y no en el derroche de los recursos, con criterios de proximidad, sostenibilidad y equidad.

Frente al capital global que no tiene patria y que fluye incesantemente hacia donde obtiene mejores condiciones de reproducción, la matriz cultural proporciona lazos estables más allá de los que proporciona el mercado, que refuerza la democracia y la cohesión de la comunidad social.

La sostenibilidad de un territorio requiere de una gobernanza basada en la cercanía, deliberación y participación, en suma en más democracia. Cualquier modelo político y económico sensato tiene que garantizar el respeto y la conservación de los valores naturales, culturales y patrimoniales del territorio y de las gentes que lo componen y lo mantienen vivo, incentivando las actividades vinculadas a nuestro entorno, a través de la territorialización de la cadena productiva, junto a nuevas pautas de consumo basado en la eficiencia y no en el derroche de los recursos, con criterios de proximidad, sostenibilidad y equidad. La producción de bienes públicos para la sostenibilidad requiere un gobierno legítimo y legitimado por una comunidad solidificada sobre la base del reconocimiento mutuo de una identidad compartida.

Ser ecoandalucista significa defender que Andalucía es un sujeto político colectivo dotado de instituciones de autogobierno y con un valioso patrimonio constitucional y democrático, de emocionalidad y de símbolos, entendido de forma integral como una sociedad abierta necesitada de autonomía real y de mecanismos cooperativos en este mundo globalizado, a través del principio federal.

El concepto de autonomía real implica la defensa de un nuevo protagonismo político de Andalucía capaz de generar hegemonía y conexión para la mayoría del pueblo andaluz en una posición de igualdad en el concierto mundial, europeo y del Estado, que incluye la soberanía en la producción de alimentos, la territorialización de la economía, la capacidad expresiva y productiva estética y cultural y la soberanía energética.

A pesar de los avances democráticos y sociales, el modelo de desarrollo económico dominante en Andalucía desde los años sesenta ha sido una irresponsabilidad, de consecuencias a veces irreversibles y, en todo caso, muy duraderas. Aunque disfrazado en los últimos años de palabrería demagógica sobre la sostenibilidad, ha producido un deterioro ambiental y territorial, esquilmando el litoral, amenazando nuestro modelo de ciudad, la supervivencia del medio rural y la biodiversidad, y contribuyendo a la desertización, la contaminación de ríos o el derroche en el consumo de agua. No es una casualidad que Andalucía sea el territorio de la Unión Europea con mayor tasa de paro y que tiene mayores dificultades para paliar los efectos de la crisis.

Desde la perspectiva de conexión entre ecología y andalucismo, a través del crisol de la democracia, defendemos un cambio disruptivo del modelo económico andaluz como el principal objetivo en lucha contra la desigualdad, la garantía de los derechos sociales y los servicios públicos. Para avanzar hacia otro modelo productivo necesitamos más autogobierno y más democracia por lo que es imprescindible un estado federal cooperativo como marco para la autonomía real porque la modernidad de la idea de soberanía compartida y del federalismo plurinacional va mas allá de la forma de organizar el estado: es el principio estratégico para defender la democracia y lo público, tanto en España como en la Unión Europea, en este colapso de la globalización en la que el capitalismo quiere asaltar las conquistas democráticas y sociales.

El fin del bipartidismo va a abrir las puertas a la reforma de la Constitución española. En la traumática historia constitucional de España nunca ha sido posible ejercer con normalidad la renovación del vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio mediante la modificación de la carta magna aunque, como ha escrito Javier Pérez Royo “el estado constitucional es democrático porque reforma la constitución y reforma la constitución porque es democrático”, es decir, reformar la constitución es, en estas circunstancias, la única forma de defender la democracia y la propia constitución.

Esta reforma no puede circunscribirse a la modificación del título VIII (De la organización territorial del estado) porque hay objetivos reclamados por la mayoría de la ciudadanía como el reforzamiento de los derechos sociales y laborales; la congruencia de todas las instituciones del estado con el principio de igualdad; la introducción de los nuevos derechos ambientales; la garantía de la igualdad de voto entre circunscripciones electorales; la supresión de la reforma del artículo 135; las garantías contra la corrupción o la eliminación de ese tapón contra el estado federal que es la provincia, aunque la reforma de la organización territorial del estado necesita cambios de una amplitud y profundidad solo comparables a los que tuvieron lugar durante la transición a la democracia.

La posible reforma de la constitución no está exenta de riesgos y dificultades pero también de esperanza para abrir una nueva etapa que solucione las disfunciones del Estado de las Autonomías y sea un paso decisivo para solucionar el conflicto catalán exclusivamente, sino porque va a implicar, sobre todo, una nueva distribución territorial del poder en España. La dialéctica se va a establecer entre inmovilismo, asimetría (nacionalismos soberanistas) o federalismo plurinacional, en el contexto de la crisis del estado nación. Y solo si Andalucía logra intervenir en el debate como un sujeto político que tiene derecho a su propia realización, será posible aunar la plena autonomía y la máxima cooperación para el conjunto de los pueblos que conforman el estado y no sólo para nuestra tierra.

Aunque en la próxima legislatura Andalucía no va a tener expresión política, nuestra existencia como sujeto político va a ser decisiva, ya sea porque los nuevos representantes defiendan nuestros intereses, ya sea porque lo defenderemos en la calle. En todo caso tendrá que darse un proceso para que Andalucía tenga representatividad propia al igual que la van a tener en esta nueva legislatura Cataluña, Valencia o Galicia.

En el debate televisivo de Atresmedia, Andalucía estuvo muy presente, en buena medida, por la mención de Pablo Iglesias a la naturaleza política del 4 de diciembre. La sorpresa por la referencia a las manifestaciones de 1977 fue mayúscula porque hemos vivido una fractura en la memoria democrática de Andalucía. A pesar de la imprecisión jurídica, desde la perspectiva política, es verdad que Andalucía fue el único territorio del Estado que ganó su autonomía plena en un referéndum en el que se preguntaba cómo se quería estar en España y cuyo triunfo se inició con esas manifestaciones del 4D que sorprendieron a sus convocantes y a todas las instituciones del estado, tanto por la masiva participación como por su carácter democrático y popular.

Aunque teníamos en contra al gobierno de la UCD y había que superar un referéndum en el que se exigía no sólo ganar sino alcanzar el 50% del censo en cada provincia, conquistamos el derecho a ser reconocidos como nacionalidad histórica: a no ser como “los demás”, sino a ser como “los que más”.

La sola mención del 4D de Andalucía en “el debate decisivo”, en el marco de la cuestión catalana, ha provocado un terremoto electoral y ha obligado a multitud de medios de comunicación a desempolvar de la memoria el hecho de que fue Andalucía la que forzó una Constitución más equilibrada territorialmente y más justa.

Ahora, por una vez en la historia, los andaluces y las andaluzas partimos de una sólida posición constitucional. No tenemos que construir una mitología porque somos una nacionalidad histórica en el sentido constitucional y democrático de la palabra y además defendemos un proyecto nítido que entronca con los valores de la izquierda y la tradición del andalucismo histórico, al mismo tiempo que da respuesta a los retos del siglo XXI. Un nuevo andalucismo ecologista y social se abre paso en torno a la construcción de un modelo de Estado desde la justicia, la equidad y el pluralismo que en ningún caso permita la aparición de desigualdades y privilegios.

La modernidad de la idea de soberanía compartida y del federalismo plurinacional va mas allá de la forma de organizar el estado: es el principio estratégico para defender la democracia y lo público en esta crisis de la globalización, tanto en España así como en la UE y a nivel internacional.

Queremos contribuir a impulsar una reforma constitucional que garantice un modelo federal, cooperativo y plurinacional, en el que todos los poderes estén distribuidos, limitados y sometidos a la Constitución y los Estatutos, bajo el principio de distribución competencial y no en el de jerarquía. Defendemos la separación de los conceptos de estado y nación y la soberanía compartida entre los distintos entes con capacidad legislativa propia (Unión Europea, Estado central y Comunidades Autónomas). Reivindicamos el autogobierno real para las Comunidades en un plano de igualdad y el establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación con el Estado y la Unión Europea.

Andalucía tiene un patrimonio constitucional ganado en la calle, el 4D, y en las urnas, el 28F. Andalucía es un sujeto político por derecho propio que jugará sin duda un papel decisivo en el debate que se abrirá tras el 20D. Andalucía reclamará, una vez más, escuelas gratis, medicina y hospital, pan y trabajo, vivienda y dignidad y lo hará por sí, por los pueblos  y por la humanidad.

El cambio climático, consecuencia del calentamiento global antropogénico, es una evidencia científica probada. Es cierto que en otros periodos geológicos el clima de la tierra fue muy diferente al de los últimos 10.000 años, pero las causas de la evolución climática hasta la revolución industrial, con la máquina de vapor, el motor de explosión y el uso intensivo de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), han sido bien el movimiento de precesión del eje de la tierra, bien fenómenos geológicos o astronómicos.

El incremento exponencial de la temperatura media terrestre se debe al aumento incesante de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera (fundamentalmente CO2), causado por el sistema energético no renovable que alimenta un modelo productivo determinado por la necesidad incesante de expandir el consumo, para mantener la rentabilidad y reproducción del capital invertido. De modo que la raíz física y de modelo de mercado que produce el cambio climático es la misma que la raíz que produce las desigualdades sociales. Crisis ambiental y crisis social están hoy íntimamente relacionadas.

Consumir en dos siglos y medio las reservas de combustibles fósiles acumuladas en la corteza terrestre, fruto de millones de año de producción fotosintética de materia orgánica a partir de CO2 biosférico y radiación solar, da idea del desequilibrio introducido en el sistema fisico-químico terrestre que sustenta la vida y con ella la de la especie humana. El capitalismo, o mejor, el productivismo, para incluir los modelos económicos cuyo capital es fundamentalmente propiedad del Estado, encontró en los combustibles fósiles el complemento ideal para su desarrollo original. Una alta concentración de energía fruto de millones de años.

Miles de estudios de alto nivel científico evalúan y pronostican los efectos del calentamiento global sobre las regiones climáticas, sobre los países, sobre la economía, sobre la salud, sobre las migraciones, sobre la política y el poder. Hay un acuerdo común en la comunidad científica sobre la necesidad de actuar de manera urgente para limitar el incremento de la temperatura media terrestre en dos grados en este siglo, no superar la concentración de CO2 atmosférico de 450 ppm, que haría el cambio climático irreversible, y volver a una concentración atmosférica de CO2 no superior a 350 ppm.

Este 30 de noviembre comienza la Cumbre del Clima en París, COP21. No cabe duda de que es un problema mundial que sólo puede abordarse mediante acuerdos políticos a escala global que tengan en cuenta la contribución de cada estado a la situación actual y planteen por tanto un esfuerzo ponderado, económico y tecnológico, en función de quienes son los principales contribuyentes netos al calentamiento global.

Soberanía energética para Andalucía

Ahora bien, la lucha contra el cambio climático y las medidas para paliar sus efectos, que ya son considerables en Andalucía, deben ir más allá de los acuerdos globales, que por propia naturaleza son de mínimos. Andalucía se encuentra en una posición geográfica y geopolítica en la que se cruzan gravísimas afecciones y riesgos sobre la naturaleza, el territorio, el litoral y la economía, que repercuten en la degradación de la naturaleza, la salud, los indicadores sociales y la productividad, con la oportunidad de convertirnos en líderes de la transformación del modelo productivo, cambiando radicalmente la forma en que las relaciones económicas integran la naturaleza, aprovechando el valor añadido del conocimiento cultural acumulado y el desarrollado en nuestras universidades y centros de investigación.

Existe un riesgo actual en la manera en que el Gobierno central, al calor de la cumbre de París, pretende abordar la lucha y la estrategia de adaptación al cambio climático. Es previsible que las mayores inversiones se concentren, tanto empresarialmente como sectorialmente, en proyectos de grandes empresas constructoras o del sector energético en manos del capital financiero, en los oligopolios.

Ante este escenario favorecido por el modelo centralista y centralizado de implementación de decisiones políticas, en el marco del actual modelo constitucional, en el que los lobbies de presión limitan la imprescindible componente democrática para implicar a toda la sociedad, Andalucía debe reclamar soberanía competencial para desarrollar su propia política energética, de aguas, agraria, de transportes de mercancías y pasajeros, industrial, turística, urbanística, de investigación y de conservación y protección de los espacios agrarios y pesqueros, así como de los espacios naturales, para evitar bloqueos legislativos aprovechando los actuales resortes legales, como los recursos ante el constitucional, y decidir su propia política de inversiones, cualquiera que sea la procedencia del capital, promoviendo un modelo productivo propio adecuado a nuestros recursos, cultura y posición geoestrategica.

Necesitamos el desarrollo de las energías renovables, bloqueadas por el actual Gobierno de España, capacidad de interlocución directa con la UE para promover un cambio en el modelo de la Política Agraria Común que dirija los esfuerzos a la productividad y transformación de la agroganadería hacia las prácticas ecológicas, capacidad de decisión sobre las grandes infraestructuras de comunicación ferroviaria potenciando, frente al modelo radial y de alta velocidad, los ejes de proximidad, de cercanías y una red andaluza que intercomunique todas nuestras grandes ciudades y el litoral. Resulta imprescindible abordar el modelo de movilidad de las conurbaciones andaluzas, uno de los principales causantes de las emisiones y la contaminación atmosférica. Igualmente necesitamos plena capacidad de decisión sobre política urbanística, litoral terrestre, aguas litorales e interiores y de regeneración de la naturaleza. Y por último, pero no menos importante, aprovechar el potencial de conocimiento que han producido nuestras universidades en forma de capital humano. En definitiva territorializar nuestras relaciones económicas pensando global y actuando local y en proximidad.

Andalucía, en la lucha contra el cambio climático, se juega su futuro y romper con el diferencial de desempleo y resto de indicadores sociales y económicos en relación a los valores medios de la Unión Europea. Por eso es imprescindible, insistamos, soberanía política; una soberanía política libre de dependencias y de intereses ajenos al pueblo andaluz.

El ciclo político en el que estamos abordará con seguridad una reforma constitucional que podrá ser una oportunidad para federalizar nuestras competencias y liberar nuestra dependencia externa para sustituirla por nuestro esencial carácter cooperativo universal. Una oportunidad para descarbonizar nuestra economía y conectarnos al sol.

Como consecuencia de los resultados de las próximas elecciones generales es muy probable que se debata un nuevo modelo de distribución del poder territorial, en el que Andalucía corre el riesgo de no ser reconocida como un sujeto político que tiene derecho a su propia realización como comunidad nacional y, por lo tanto, de sufrir un desplazamiento hacia posiciones de discriminación territorial.

Durante el proceso de transición democrática las y los andaluces intuyeron que el reparto del poder territorial y la autonomía eran las herramientas para salir del atraso y avanzar en la justicia social y la igualdad. Y su esperanza ganó las calles en los días históricos del 4 de diciembre de 1977 y 1979 y en las urnas el 28 de febrero de 1980. A pesar de tener en contra al gobierno de la UCD y de tener que superar un referéndum en el que se exigía no solo ganar sino que el sí superase el 50% del censo en cada provincia, conquistamos el derecho a ser reconocidos como nacionalidad histórica: a no ser como “los demás”, sino a ser como “los que más”.

A partir de la conquista del autogobierno por la vía del artículo 151 de la Constitución, los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP paralizaron el desarrollo del Estado de las Autonomías hacia una estructura plenamente federal que estuviese fundamentada en la naturaleza plurinacional del Estado, al mismo tiempo que imponían un desarrollo económico desarticulado y fuertemente especulativo.

Ambos procesos, la mala orientación del modelo económico y político y la frustración del desarrollo federal, que han dado lugar a un proceso de recentralización y asimetría que ha impedido corregir la desigualdad de Andalucía con la media española: el PIB sigue siendo un 25% inferior a la media española y la tasa de paro andaluza, que a comienzos de los 80 se distanció 10 puntos de la española, se ha mantenido fija durante todo este tiempo e indiferente a las coyunturas de la economía. Especialmente significativa son las diferencias de renta con el País Vasco, Navarra o Madrid. Estas comunidades son las que tienen un régimen propio de financiación de concierto económico (País Vasco y Navarra), o en el caso de Madrid goza de los privilegios, de facto y de iure, de beneficiarse del “efecto capitalidad”.

Por el contrario, Andalucía ha figurado habitualmente entre los territorios más perjudicados desde un punto de vista financiero, pero sobre todo con el vigente acuerdo de financiación autonómica. Todo ello ha provocado que actualmente seamos la región de Europa con la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. Además, la debilidad democrática, territorial y económica del modelo español hizo que la crisis global se transformara en una crisis del Estado.

Los últimos gobiernos del PP han convertido esta crisis en una crisis social y territorial mediante un duro proceso de recentralización, privatización de los servicios públicos y recorte de los derechos sociales y laborales. Ante la extraordinaria trascendencia del escenario político posterior a las elecciones generales y la perspectiva de una reforma constitucional que podría pretender la consagración de una realidad contraria al desarrollo territorial equitativo, equilibrado y sin privilegios, Andalucía puede proporcionar un proyecto de construcción de un modelo de Estado desde la justicia, la equidad y el pluralismo pero que en ningún caso permita la aparición de desigualdades y privilegios. Los antecedentes de Navarra y País Vasco son bien elocuentes de que este tipo de errores pueden volver a producirse.

Andalucía debería promover una reforma constitucional que diseñe un modelo federal, cooperativo y plurinacional, en el que todos los poderes estén distribuidos, limitados y sometidos a la Constitución y los Estatutos, bajo el principio de distribución de competencia entre ellos y no en el de jerarquía, la separación de los conceptos de estado y nación y la soberanía compartida entre los distintos entes con capacidad legislativa propia (Unión Europea, Estado central y Comunidades Autónomas). Necesitamos reivindicar el autogobierno real para las Comunidades en un plano de igualdad y el establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación con el Estado y la Unión Europea y la previsión de mecanismos para hacer efectivo el derecho a decidir de un territorio de forma pacífica y democrática. Al mismo tiempo, necesitamos impulsar nuestra Autonomía para, además de defender un modelo federal en España y en Europa, construir un modelo propio económico, social, político y cultural capaz de generar empleo y afrontar los retos de la crisis de la globalización, defender los derechos sociales y laborales, tener capacidad de presión en el estado y en la UE y profundizar en la democracia participativa. Por ello es imprescindible que la sociedad andaluza recupere su dinamismo: necesitamos una marea por la igualdad de Andalucía con unos objetivos sociales muy claros y con la prioridad de avanzar en la creación de empleo para conseguir alcanzar al menos la misma tasa que la media de la Unión Europea.