La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz concluye que son los organizadores del salto más numeroso a la valla de Ceuta de la historia, pero David Damey y sus compañeros se declaran inocentes una y otra vez. Esperan la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que esta semana tiene previsto anunciar si los nueve condenados por el intento de entrada irregular del pasado 26 de julio de 2018 tendrán que entrar finalmente en prisión.

Damey y otros ocho migrantes subsaharianos fueron condenados el pasado mes de octubre a un año y medio de cárcel y al pago de indemnizaciones por varios delitos graves, entre ellos el de desórdenes públicos, lesiones leves a 18 guardias civiles y diversos daños cometidos durante aquella entrada multitudinaria en territorio español. 602 personas lograron sortear la alambrada fronteriza en un salto considerado violento por la Justicia. Se trata de la primera condena vinculada a un salto de la valla.

“Es una maldición”, dice Damey, que tiene 25 años y asegura no entender la situación en la que se encuentra. En un recodo de la colina sobre la que se asienta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), siete de los nueve jóvenes condenados se reúnen para dar su versión de los hechos. La mayoría son originarios de Guinea Conakry. Hay también un camerunés y un togolés. Rondan los veinte años. Uno afirma tener 16, pero no quiere reconocerse como menor de edad. Los nueve condenados consideran que la Justicia española los ha acusado de unos delitos que ellos niegan haber cometido pero que, sin embargo, asumieron durante el juicio

Todos ponen de relieve las dificultades lingüísticas y su desconocimiento jurídico en el momento de reconocer los hechos. Según su testimonio, entendieron estar “ante dos opciones”: elegir entre los ocho años de prisión que solicitó en un principio la Fiscalía, o el año y medio propuesto por el Ministerio Público en caso de conformidad

A Ali Magnim se lo llevaron detenido del CETI y pasó dos meses en prisión preventiva. “En la cárcel pasé miedo y frío”, relata compungido este joven togolés que denuncia malos tratos por parte de los agentes de la Guardia Civil a la hora de su detención, y también en prisión, donde, según su relato, lo tiraron al suelo nada más llegar al calabozo. El inmigrante togolés asegura que firmó la conformidad por miedo. “Nadie me mostró nada, yo no he visto ni pruebas ni ningún vídeo; yo entré como los demás, soy inocente. Aceptamos la condena más corta porque si no nos declarábamos culpables, la pena sería más larga. A nosotros solamente nos enseñaron unos papeles y nos dijeron que si aceptábamos, seríamos menos condenados, y si no firmábamos, seríamos más condenados. Teníamos mucho miedo. Los otros firmaron delante de mí y pensé que si yo no firmaba, sería malo para los otros”, explica con un hilo de voz

“Aceptamos la condena más corta. Si no hubiéramos aceptado, la condena sería más larga”, sostiene por su parte Damey. “Yo soy inocente, yo soy inocente”, reitera. “Cuando entré, no me crucé con un solo guardia civil. Los agentes estaban en otro lado. Yo respeto a todos los gobiernos. Nunca he cometido un crimen. Es la primera vez que me pasa esto”, afirma.

A la espera de la decisión del TSJA

A mediados de octubre, la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dictó la sentencia contra los nueve migrantes subsaharianos, a quienes condena a un año y medio de prisión al declararse probado, por conformidad de los acusados y sin haberse observado pruebas que les incriminen –según fuentes jurídicas conocedoras del caso consultadas por este medio–, que ellos fueron los cabecillas de aquel salto de la valla.

Según el fallo, al que ha accedido eldiario.es, los 602 migrantes saltaron la valla que separa Marruecos de España bajo la coordinación de los nueve condenados. De acuerdo con el auto, David Dadney y sus compañeros otorgaron al resto del grupo las “directrices de utilizar la violencia contra los agentes de la Guardia Civil” mediante “armas e instrumentos de carácter peligroso, como lanzallamas caseros, palos, piedras, heces y productos abrasivos”. Previamente, los participantes utilizaron “cizallas y radiales eléctricas portátiles” para violentar el vallado fronterizo, detalla la sentencia.

El régimen jurídico español establece la suspensión de la entrada en prisión para las personas condenadas a menos de dos años de cárcel si no cuentan con antecedentes. No obstante, la última palabra siempre es del juez. En este caso, los procesados cumplen ambos requisitos. Han recibido una pena de año y medio, y tienen el expediente limpio, pero el tribunal determinó que los nueve condenados debían entrar en prisión.

Tanto la defensa como la acusación particular y la propia Fiscalía estaban de acuerdo en la suspensión de la entrada en prisión. Sin embargo, la Sala presidida por el magistrado Fernando Tesón dictó que no había “alternativa” a la cárcel porque los nueve subsaharianos “hicieron uso de una inusitada violencia, con una organizada planificación en el uso de instrumentos peligrosos contra los agentes del orden”. El fallo indicó que las circunstancias personales de sus autores son “absolutamente desconocidas por la Sala”. La Audiencia consideró que la “falta de arraigo” en España y “la ausencia de esfuerzo alguno para reparar el daño causado” aumentaban sus posibilidades de fuga.

La sentencia es firme, excepto en lo que respecta al cumplimiento de la pena de prisión. La defensa de los nueve acusados interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicitando la suspensión de la entrada en la cárcel. El TSJA tiene previsto resolverlo esta semana.

El recurso de la defensa contrapuso la apreciación de la Sala sobre la violencia empleada en el salto de la valla. “Se usaron instrumentos rudimentarios de fabricación casera, y no hubo una extremada violencia, como lo demuestra el hecho de que no se causaron graves daños personales ni materiales, ya que tras entrar unas 600 personas de esta forma, solo se produjeron lesiones leves a los agentes”, reza el escrito que trata de lograr la suspensión de su entrada en prisión de los condenados. “Tampoco son excesivos, porque no se pretendió en ningún momento causar ningún daño, sino que lo que se pretendía era entrar en nuestro territorio para buscar una vida mejor y más digna, y este hecho en sí mismo no constituye ningún delito ni mucho menos atenta contra la soberanía nacional”, continúa

Para la defensa, “los argumentos esgrimidos para denegar la suspensión (de la entrada en prisión) se apartan por completo de las previsiones de la ley y de los fines de la suspensión (…)”. En esta línea, las letradas opinan que “parecen más una proclama ejemplarizante para evitar que se vuelva a producir una entrada masiva con las mismas características, que una resolución justa”.

María Dolores García López, una de las dos abogadas de oficio de los acusados, resalta su “sorpresa” ante el reconocimiento de los hechos por parte de sus defendidos. Según afirma, su estrategia pasaba por la celebración del juicio oral: “Creo que había argumentos de sobra a nuestro favor”. La letrada sostiene que fueron los acusados quienes optaron por firmar la conformidad y asumir los delitos sin ir a juicio y, por tanto, sin que el Tribunal pudiera determinar si alguna prueba los incriminaba. La versión que dan los jóvenes subsaharianos es diferente: todos ellos aseguran que solo se les dio a elegir entre una condena de ocho años de prisión o una de año y medio, e insisten en que la abogada les aconsejó optar por la pena más leve. Tras una primera conversación telefónica, la letrada no respondió más a los reiterados intentos de este medio por conocer su versión al respecto.

“Nos dijeron que si aceptábamos los hechos, tendríamos un año y medio de prisión y una multa, pero que eso era mejor que la segunda opción, de ocho años (...), elegimos la [condena] más pequeña”, relata uno de los condenados. Aunque hubo un traductor en la vista, defienden que nadie les explicó en detalle todo lo que suponía firmar esa conformidad y aceptar delitos tan graves.

El joven al que la fiscalía identifica como uno de los líderes del salto de la valla de julio de 2018 es Ali. Se le puede encontrar casi todos los días en una gasolinera próxima a la playa Benítez, donde se gana unas monedas echando una mano a quien lo necesita e inflando ruedas. La sentencia identifica a Ali con el alias de “León”, un sobrenombre que niega este joven de 22 años. Tampoco reconoce que fueran él y Sory Traoré (otro de los condenados, al que la sentencia le endilga el apodo de “Escorpio”) los cabecillas del salto.

Los jóvenes condenados afirman conocer la existencia de una sentencia en papel cuando los autores de este artículo se la muestran. Según sostienen, ninguno ha podido leer una traducción de las 14 páginas que les condenan a prisión. Tampoco, dicen, saben que el Código Penal español ofrece el beneficio de la suspensión de la pena de cárcel cuando la condena es menor a dos años y no hay antecedentes, ni han sido informados de que hay un recurso de apelación en marcha y que hasta que no se resuelva, seguirán en el CETI sine die.

Fuentes presentes en el juicio aseguran que la traducción durante el procedimiento “dejó muchísimo que desear”. “El traductor omitía partes de las declaraciones del juez, resumía otras con su propia interpretación y no explicaba las cuestiones más técnicas”, señalan las mismas fuentes. “Cuando acabó la vista, los acusados se quejaron de que no habían entendido nada de lo que se había hablado, ni cuál sería su situación tras la firma de la conformidad, si tendrían que ingresar en prisión o continuar en el CETI”, cuestionan. La Fiscalía, por su parte, asegura que en este procedimiento, como en otros, “siempre está presente un intérprete cuando algún acusado/investigado lo requiere”.

Uno de los jóvenes indica que le planteó al tribunal por qué de las 602 personas que entraron irregularmente en España, solo ellos se sentaron en el banquillo de los acusados. “No me respondieron”, asegura. Otro de los condenados afirma que tampoco obtuvo respuesta cuando le preguntó a una de las abogadas, al momento de firmar la conformidad, qué pasaría si se decantaba por la opción de ir a juicio oral y afrontaba la petición de ocho años de la Fiscalía. “¿Tienen pruebas para encadenarnos?”, le trasladó. “Ella no me respondió, me dijo que si lo quería hacer estaba a tiempo, pero que no podía decidir yo solo, que el resto ya había decidido firmar y que esa era la mejor opción”, asevera.

La Fiscalía defiende su actuación

En su despacho de los Juzgados de Ceuta, la fiscal del caso, María Aguayo, defiende que la actuación del Ministerio Fiscal se acomodó en todo momento al principio de legalidad. Durante la fase de instrucción de la causa se recabaron varias pruebas que no fueron reproducidas al no celebrarse juicio oral. Sin entrar en detalle, la fiscal explica que a raíz de la declaración de “un testigo protegido” -una persona del CETI- se inició toda la investigación. Aguayo reconoce que no tenían testigos directos ni ninguna declaración de algún guardia civil identificando a alguno de los nueve sospechosos

Entre los indicios con los que contaba la Fiscalía, menciona también las declaraciones de “algunos trabajadores del CETI”, que veían “cómo alguna gente le rendía pleitesía a uno de los acusados”. Hay también, según la fiscal, imágenes extraídas de los teléfonos móviles de los condenados. Ninguna de esas imágenes es del día del salto a la valla ni de los días previos, “pero se ven una especie de lanzallamas y otros instrumentos”. Todas esas pruebas quedaron a un lado al firmarse la conformidad. “¿Qué más prueba se quiere si (los acusados) están reconociendo los hechos?”, pregunta la fiscal.

A la petición de condena de la Fiscalía se sumó la acusación particular, ejercida por la asociación Independientes de la Guardia Civil, representada por la abogada Nuria Gutiérrez de Madariaga, afín a Vox. En una conversación telefónica, muestra su rechazo al recurso presentado por la defensa. “Hay que hacerles pagar la indemnización como sea y después que entren en la cárcel. Y cuando salgan de la cárcel, deben ser expulsados del país”, señala.

“No me imaginé que mi situación en Europa sería esta”

Los rostros de los jóvenes africanos reflejan su preocupación. “No tenemos vida, no podemos hacer nada ante todo eso que dicen; nadie nos defiende realmente. Para el poder, es fácil empujarnos a firmar algo. Pero yo jamás tuve un problema judicial”, comenta uno de ellos.

Uno de esos rostros ajados es el del camerunés Raoul Mounir. Tiene 20 años y salió de su país natal huyendo de la violencia y buscando un futuro mejor. “No me imaginé que en Europa mi situación sería ésta, con todo lo que he tenido que pasar hasta ahora. Me gustaría volver a mi país pero mi esposa me pidió que no lo hiciera porque ahora es demasiado peligroso estar allí”, apunta.

A Sory Traoré, de 21 años y nacido en Guinea Conakry, le gustaría, antes que otra cosa, “vivir libre de peligro” y después trabajar “de futbolista o fontanero”. Un sueño parecido al de sus compatriotas Mamadou Yero y Lamarana Sow, ambos de 21 años. Y al de David Damey y el resto de condenados. Como Ali, que fue abandonado por su familia hace años y su aspiración es llegar a trabajar algún día como mecánico en Francia: “Ese es mi único sueño”.

Las ONG consideran que la sentencia “criminaliza” a quienes migran en situación irregular y temen que “siente un precedente”. “Todo el proceso es una película surrealista. No es creíble que haya habido una planificación organizada, son gente que intenta mejorar su vida y se les condena como si hubieran minado la estabilidad del Estado”, indica Luana Ventre, abogada de Andalucía Acoge. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) cree que el objetivo de la sentencia es “imponer un castigo ejemplarizante y fomentar la creencia de que las personas que responden a un perfil étnico determinado son criminales”. “El discurso del miedo va calando en la sociedad al presentar a los inmigrantes como unos criminales que nos están invadiendo”, sostiene Ana Rosado de la asociación andaluza.

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Este reportaje se ha elaborado con la colaboración de la Fundación PorCausaFundación PorCausa

Tres grados de temperatura y la penetrante humedad de Calais. Este lunes a las ocho de la mañana dos bulldozers, una veintena de trabajadores contratados por el Estado francés y al menos 200 agentes antidisturbios empezaron a desmantelar la Jungla de Calais, el mayor campo de refugiados de Europa, situado en la orilla francesa del Canal de la Mancha.

La operación arranca después de que el jueves pasado una jueza francesa rechazara la petición de diez ONG, entre ellas Médicos del Mundo, para demorar la destrucción de la zona sur del campamento, que dejará a la intemperie a más de 3.700 refugiados, entre ellos 293 menores huérfanos, según el censo de las asociaciones que trabajan sobre el terreno, una cifra que el Gobierno francés, gran ausente en el campamento, estima en apenas mil personas.

Muchos refugiados procedentes de Siria, Afganistán, Sudán o Irán, entre otras nacionalidades, se despertaron el lunes con la policía llamando a las tablas que hacen de puerta en sus humildes cabañas. Los agentes del cuerpo especial de policía (CRS), escoltados por dos camiones con cañones de agua y tras aparcar en el perímetro un total de 55 furgones con matrículas de diferentes regiones de Francia, dieron una hora y media para desalojar las viviendas antes de comenzar el desalojo de la parte sur de la Jungla. Algunos de los interpelados se subieron a los techos para detener la destrucción del que actualmente es su hogar, pero minutos después desistieron y los operarios contratados por el Estado francés derribaron las primeras viviendas con la ayuda de martillos y bulldozers.

“Una compañera fue detenida nada más comenzar el desalojo porque estaba grabando la situación”, afirma Nuria Oliva, voluntaria de la asociación española Rafalc, acerca de la cooperante británica arrestada esta mañana y puesta en libertad horas después. La policía continuó lanzando bombas lacrimógenas en los enfrentamientos contra los refugiados que ofrecen algún tipo de resistencia y se estima que, en este momento, hay una decena de chabolas ardiendo.

Varias asociaciones solidarias, entre ellas Albergue de Migrantes (Auberge de Migrants en francés) denuncian que la policía impidió que cooperantes y voluntarios que trabajan en el lugar accedieran al campamento, y advirtieron del riesgo de que aparezcan 'nuevas junglas' tras el desmantelamiento.

“¿Adónde irán?”, se preguntaba esta mañana Maya Konforti, voluntaria británica de Albergue de Migrantes que acumula dos años de experiencia en la Jungla de Calais. “Varios amigos se han quedado sin casa pero aquí nos ayudamos entre todos”, afirma Sehia, refugiado sudanés de 21 años, quien añade que algunos refugiados de la zona sur “ya están construyendo una nueva jungla, pero la policía dice que la destruirá”.

La zona sur de la Jungla no solo alberga viviendas improvisadas sino que también es el corazón social del campamento y cuenta con una escuela, una biblioteca, una iglesia, un centro jurídico, mezquitas y pequeños comercios y comedores, además de un centro de acogida para mujeres y niños, la población más vulnerable del asentamiento. “No entiendo cómo Europa permite esta barbaridad, cómo permite que haya niños naciendo en este campamento o que haya centenas de menores huérfanos abandonados. Lo que esta gente pasa para llegar a Europa es humillante”, declara Nuria Oliva.

Según la orden judicial dictada el pasado jueves, los “lugares de vida” no serán destruidos, aunque muchos voluntarios y refugiados creen que el sentido y la identidad de esos espacios reside en quién los ocupa y, por tanto, perderán su función social tras el desmantelamiento de la zona.

Las dudas acerca del paradero de los refugiados afectados siguen en el aire. Fuentes del Ejecutivo socialista François Hollande y el gobierno regional de Pas-de-Calais aseguran que los desahuciados serán distribuidos entre los 102 centros de acogida temporal que hay repartidos por Francia tras completar las cien plazas vacantes que quedan en los containers instalados por el Gobierno en la zona este de la Jungla de Calais. Desde el martes pasado Bélgica mantiene controles fronterizos para detener la posible llegada de refugiados procedentes de la Jungla de Calais.

La mayor parte de los refugiados instalados en Calais aspira a alcanzar el Reino Unido, muchos de ellos para reencontrarse con familiares y conocidos, un sueño que se vería frustrado si registran sus datos o huellas dactilares en Francia, requisito obligatorio para entrar tanto en los containers como en los centros de refugiados que el gobierno ofrece. El proceso de expulsión de los refugiados y demolición de la zona sur se hará progresivamente durante los próximos días aunque las autoridades se siguen reservando la confirmación de las fechas.

El desmantelamiento del mayor campamento de refugiados de Europa comenzó a finales de enero cuando el Gobierno francés arrasó las viviendas de los refugiados más próximas a la autopista que conduce al puerto, alegando que podían crear interrupciones del tráfico. En esta ocasión, las autoridades galas justifican la continuidad del desmantelamiento alegando “un objetivo humanitario” para “dar protección a los refugiados”, según Bernard Cazeneuve, ministro del Interior francés. Para Manuel Valls, primer ministro socialista, se trata de “una respuesta humanitaria”.

Desde hace doce inviernos el inhóspito clima de Calais, al norte de Francia, azota los plásticos que cubren el mar de chabolas de la “Jungla”, el mayor campamento de refugiados de Europa. A las inclemencias del viento y la lluvia se ha sumado la ratificación por parte del Tribunal Administrativo de Lille de la orden del Gobierno francés de desalojar la zona sur del campamento, el corazón social de la Jungla.

Ahmad ha perdido la cuenta de cuántas veces intentó colarse en un camión para atravesar la frontera británica, reunirse con su familia al otro lado del Atlántico y conseguir un trabajo y una vida digna lejos de la guerra. Este joven afgano caminó durante siete meses hasta llegar a la Jungla, donde lleva desde diciembre. Ahmad se muestra animado para seguir intentándolo y, mientras tanto, gestiona la biblioteca del campamento, situada en la zona que pronto quedará reducida a escombros.

La noche está al caer, así que busca combustible y enciende el motor que permite iluminar la lectura de quienes se acercan para disfrutar de una novela, hacer ejercicios de gramática o consultar un mapa.

Al caer el sol, en medio del ruido de los plásticos y los generadores eléctricos, la calle principal de la zona sur se llena de puestos de venta e intercambio de ropa, zapatos y cargadores de móviles. Alrededor de este mercado improvisado los pequeños comerciantes encienden sus luces de colores y brotan las conversaciones en torno a un té o un plato de comida.

El sector sur de la Jungla es el eje central de la integración y convivencia de quienes allí sobreviven. Pero este jueves la preocupación volvió a los rostros de los refugiados cuando la jueza de instrucción de Lille desestimó el recurso que varias asociaciones sociales habían presentado contra la orden de demolición emitida el viernes 19 de febrero. La jueza, que visitó el campamento el martes y escuchó las demandas de los residentes, ratificó la eliminación de la zona sur.

En este área viven actualmente 3.700 personas, entre ellas 293 menores sin tutela –90 tienen familia en Reino Unido–, según el censo elaborado por las asociaciones y ONG que operan sobre el terreno. El Ayuntamiento de Calais y el Gobierno de François Hollande, grandes ausentes de la Jungla, reducen la cifra a entre 800 y 1.000 personas.

“Hemos logrado crear un entorno seguro donde conviven personas de distintas comunidades y credos, eso es algo maravilloso en este lugar”, explica el representante designado por la comunidad de refugiados eritreos. “En Naciones Unidas los países están muy divididos, pero aquí somos una única comunidad con diversas culturas”. Aunque los refugiados tienden a agruparse por nacionalidades, existe un elevado grado de interacción que supera las diferencias lingüísticas y facilita la construcción de viviendas, el reparto de alimentos y la creación de lugares de culto, explica este refugiado eritreo que pide el anonimato por miedo a represalias por parte de las autoridades.

Además de una iglesia, varias mezquitas, una emisora de radio, un teatro y otros centros de reunión, la zona sur del campamento alberga el centro de acogida de mujeres y niños, la población más vulnerable del asentamiento. “Aquí hay casi 300 niños que llegaron totalmente solos, somos su única referencia. Si destruyen el centro, ¿dónde irán estos niños?”, se pregunta Emilie P., voluntaria de esta instalación.

El destino sigue siendo Reino Unido

Jungala Radio, la emisora local del campamento, recibió en los últimos días a cientos de refugiados que grabaron sus testimonios para que las asociaciones solidarias los presentaran ante la jueza. Durante su visita al campamento el pasado martes, varias integrantes del centro de mujeres recordaron a la jueza la obligación legal del Estado francés de proteger a los menores.

En declaraciones recientes, representantes del Gobierno francés dijeron que ofrecerán cobijo a los desahuciados en alguno de los 102 centros de acogida temporal que hay repartidos por todo el país, aunque la decisión choca con el miedo de los refugiados a que la policía registre sus huellas dactilares, lo que les impediría solicitar asilo en Reino Unido. El Ejecutivo de Hollande también esgrimió la existencia de 200 plazas vacantes en los containers instalados por el Gobierno en la zona este de la Jungla, aunque la obligación de registrar la huella morfológica de la mano para acceder a ellos hace que la mayor parte de los refugiados prefiera trasnochar a la intemperie.

“Hemos sufrido mucho para llegar hasta aquí, estamos a un paso de nuestro destino y preferimos dormir en la calle antes que perder la oportunidad”, declara Bashir, kurdo sirio procedente de Kobane.

Según la alcaldesa de Calais, la demolición tiene como objetivo “proteger la dignidad de los refugiados que viven en unas condiciones insalubres”. Ana Ijea, voluntaria española de la ONG Care 4 Calais, afirma que “dejar a esas personas sin hogar es una violación de los derechos humanos. Parece una forma de deshacerse del problema sin resolverlo”.

Habibi, refugiado afgano que se define como “fotógrafo, músico y constructor de casas en la Jungla”, opina lo contrario: “Yo me construí esta casa, si me la destruyen me quitan una parte de mi vida”, dice mientras señala el conjunto de palets y plásticos en el que pernocta.

Sin fecha de demolición

Por el momento las autoridades francesas se reservan el factor sorpresa y no han anunciado la fecha en que las excavadoras irrumpirán en la zona sur de la Jungla. Lo que sí ha asegurado la jueza es que la demolición no se aplicará a “lugares cuidadosamente diseñados que satisfacen una necesidad real”, en alusión a los espacios sociales que se concentran en el área.

Refugiados y voluntarios se muestran escépticos ya que el sentido y la identidad de estos lugares residen en quién los ocupa. “Si expulsan a la gente, solo quedarán algunas barracas de madera y plástico”, afirma Samir, refugiado afgano y antiguo traductor de las fuerzas de la OTAN que decidió quedarse en Francia después de ser atropellado por un camión al intentar cruzar a Reino Unido. “Pido a los países europeos que creen un campamento donde estas personas puedan vivir temporalmente como seres humanos”, exclama este joven refugiado.

“No puedo aceptar que haya gente en cabañas sin ningún tipo de higiene”. Natacha Bouchart, alcaldesa de Calais, esgrime la dramática situación del “campamento de miseria”, según sus palabras, y critica el impacto negativo que la Jungla tiene sobre la imagen de esta localidad de 70.000 habitantes para exigir su demolición. La tensión con los grupos de extrema derecha y el aumento de episodios violentos en las últimas semanas han hecho que muchos refugiados decidan trasladarse a la ciudad de Dunkerque, a 20 kilómetros de Calais, e incluso a Bélgica, donde este miércoles el ministro de Interior, Jan Jambon, anunció el establecimiento de controles fronterizos para “evitar que en nuestro país se creen campamentos como en Calais”.

A pesar de estar en territorio europeo, el miedo vuelve a instalarse entre los refugiados de la Jungla que huyen de las guerras en Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Irak, Sudán y otros países. La mayoría rechaza la idea de marcharse a otro lugar ahora que por fin se encuentran a menos de 30 kilómetros de su destino final. “No lucharemos contra la policía, pero protestaremos civilizadamente”, afirmó el representante de la comunidad eritrea.

Miles de kurdos protestaron el lunes pasado frente a las embajadas de Turquía en las principales capitales del mundo porque “el Estado turco está masacrando al pueblo kurdo en Cizre ante los ojos del mundo entero”, declara Berivan Akyol, activista kurda representante del Centro Democrático Kurdo en Francia durante una manifestación ante la sede de la diplomacia turca en París. El domingo, el Gobierno liderado por Recep Tayyip Erdogan celebró la muerte de “60 terroristas” en una operación militar en la ciudad de Cizre anunciada por la televisión estatal. Activistas y partidarios de la autonomía del pueblo kurdo aseguran que estas ofensivas han sido auténticas “masacres” contra civiles.

Cizre es uno de los principales objetivos de Erdogan en su lucha contra la autodeterminación del pueblo kurdo. La población kurda asciende a unos 40 millones de personas, según el KNK (máxima organización nacional del Kurdistán), repartida entre Siria, Turquía, Irán e Irak desde el final de la Segunda Guerra Mundial por mandato de las potencias occidentales. Desde entonces los kurdos luchan por su derecho básico a existir y en defensa de su identidad cultural.

En Cizre y otras ciudades de Raja, región del Kurdistán turco fronteriza con Siria e Irak, los kurdos han consolidado su propio sistema político de autogestión.

Pero, amparado en el discurso contra el terrorismo, el enfrentamiento del Gobierno turco contra el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) –grupo insurgente kurdo enfrentado al Estado turco desde los años 80 y considerado una organización terrorista por la UE desde julio de 2011–, las fuerzas turcas amenazan la supervivencia de la población civil, denuncian las organizaciones kurdas.

Desde la escalada de ataques y enfrentamientos de la década de los noventa, el conflicto kurdo no se enfrentaba a episodios tan violentos como los que vive actualmente. Con las ciudades en el centro de los principales conflictos contra el avance del ISIS y los bombardeos del ejército de Turquía, este conflicto deja un rastro de “más de 500 kurdos muertos solo en 2015”, según la Asociación Turca de Derechos Humanos (IDH).

Selahattin Demirtas, líder del partido prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) –la tercera fuerza en el Parlamento turco–, afirma que los 60 muertos del domingo y “otros 20 del miércoles” eran civiles kurdos que se refugiaban de los bombardeos en algunos edificios y no terroristas.

Fue el HDP, cuenta su representante, quien negoció con el gobierno turco para poder dar auxilio a los civiles que se refugiaban de los bombardeos en Cizre sin ningún tipo de asistencia médica, agua o comida desde hacía más de dos semanas. “En lugar de ser rescatados fueron asesinados”, afirma Murat M., kurdo refugiado en Francia. “El gobierno turco dice que eran terroristas armados, pero no es cierto, eran civiles kurdos que se escondían de los bombardeos”, denuncia.

Los habitantes de Diyarbakir, capital del Kurdistán turco, también llevan dos meses atrapados bajo la lluvia de bombas del Ejército turco. Sin electricidad ni agua, los kurdos de esta ciudad no han podido recuperar los 198 cadáveres que, según la Asociación Turca de Derechos Humanos (IDH), aún se encuentran tirados por las calles y entre los escombros.

El mando militar turco presume de haber matado a más de 500 “terroristas kurdos” desde diciembre. Más allá de Cizre y Diyarbakir, los bombardeos se extienden por gran parte de Kurdistán turco como resultado de la ofensiva lanzada por Erdogan en julio de 2015, que coincidió con la primera entrada en el Parlamento turco de un partido prokurdo (HDP), después de obtener el 13% de los votos. También, con la consolidación del sistema de autogobierno kurdo instaurado en gran parte del Kurdistán turco y sirio, principalmente en la región siria de Rojava, en respuesta al avance de ISIS.

Las sucesivas victorias de las fuerzas kurdas en Siria frente a los yihadistas del ISIS han sido recibidas “como una amenaza directa por el Estado turco”, critica la activista Berivan Akyol. En su opinión, son vistas como la antítesis de los principios nacionalistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan.

“El Gobierno de Turquía está usando la retórica del conflicto armado como excusa para justificar el genocidio contra el pueblo kurdo”, afirma Faysal Sariyildiz, diputado del HDP. A las demandas del pueblo kurdo también se suman voces extranjeras, como la de Rebeca Harms, la europarlamentaria alemana que la semana pasada denunció que “las acciones del gobierno turco en la región del Kurdistán son inaceptables y constituyen una profunda violación de los derechos humanos”. Harms también exigió que la Unión Europa deje de ignorar esta tragedia y se prepare para la llegada inminente de miles de refugiados kurdos provenientes de esa región.

Europa mira hacia otro lado

Pero ahora la cooperación entre Europa y Turquía pasa por uno de sus mejores momentos. En noviembre los líderes europeos prometieron eliminar el requisito de visado para ciudadanos turcos y acordaron el envío de 3.000 millones de euros al gobierno de Erdogan para que Turquía contenga a los refugiados procedentes de Oriente Próximo con destino a Europa.

“¿Cómo puede Europa justificar la lucha contra Daesh (término peyorativo para nombrar al ISIS) al mismo tiempo que regala dinero a un Estado que colabora con este grupo terrorista? ¿Cómo puede enviar dinero para impedir el paso a Europa de los refugiados que huyen de las guerras del Estado Islámico? ¿Cómo puede Europa cerrar los ojos mientras el Estado turco masacra al pueblo kurdo, el mismo que realmente lucha para evitar el avance de Daesh en la región?”, se preguntaba Akyol, la activista kurda responsable del Centro Democrático del Kurdistán, durante una manifestación en apoyo al pueblo kurdo que tuvo lugar en París el sábado pasado.

En los últimos años los países europeas han aumentado sus ventas de armamento al gobierno turco, particularmente Italia, Francia y España. Turquía es el segundo mayor cliente de la industria militar española, según los últimos datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

Varios activistas turcos solidarios con el pueblo kurdo denuncian a este medio que los servicios secretos franceses están amenazándolos, según su visión de los hechos, como respuesta a las peticiones del Ejecutivo turco para facilitar nuevos contratos con la industria armamentística gala. A finales de enero nueve personas relacionadas presuntamente con el PKK fueron detenidas por la policía española acusadas de pertenencia a banda terrorista.

Ataque a los avances kurdos

268 personas han sido asesinadas en el conflicto entre los kurdos y el gobierno turco en lo que va de año, entre ellos 62 niños, según un informe de la Asociación Turca de Derechos Humanos (IDH), que además denuncia que 30 periodistas siguen en prisión y afirma que 17 alcaldes fueron detenidos, 1.285 civiles encarcelados y 105.958 páginas web bloqueadas por parte del gobierno turco.

“El pueblo kurdo lucha contra el que también es el principal enemigo de Europa, sin embargo los gobiernos europeos no apoyan al movimiento kurdo porque eso significaría apoyar nuestro proyecto de democratización progresista, que es la antítesis del capitalismo que ellos defienden”, opina Nursel Kiliç, representante del Movimiento de Mujeres Kurdas en Europa.

Nursel Kiliç lamenta también el veto impuesto por Turquía y Francia que impidió que el Partido de la Unión Democrática kurdo (PYD), un aliado en Siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), participase en las últimas negociaciones por la paz en Siria que comenzaron la semana pasada en Ginebra y permanecen suspendidas debido el avance del ejército sirio. “La paz en Siria pasa por la paz en Turquía”, afirma Kiliç.

En el campamento de emigrantes y refugiados de Calais malviven más de 7.000 personas que huyen de la guerra y el hambre. Entre charcos de lodo, chabolas de plástico y basura, sus habitantes aguardan la noche para intentar colarse en algún tren o camión con destino a Reino Unido,a treinta kilómetros al otro lado del Canal de la Mancha. Allí les espera un familiar o un amigo y la esperanza de tener una vida digna.

eldiario.es llega al campamento una noche en que el viento y la lluvia parecen dar tregua, no así el frío húmedo de esta región costera. Nos acercamos a las dos siluetas que se divisan bajo la luz de unas farolas: Sehia y Lifti son dos jóvenes procedentes de Darfur, Sudán. La guerra carcome su tierra desde hace trece años y es por eso que están aquí.

Sacos, mantas o la propia tierra

En el corazón del campo de refugiados y emigrantes de Calais no hay más luz que la de la luna llena, que permite sortear las zonas más fangosas del trayecto. Es inevitable preguntarse cómo hacen los mutilados para moverse por aquí. En el interior de una casa construida con palos y lonas un grupo de sudaneses se concentra en torno a una pequeña hoguera. Toman café con jengibre y un plato de arroz blanco. La hospitalidad es un valor sagrado para ellos: “Siéntete como en tu casa”, dicen al invitado europeo.

Todos tienen los ojos muy rojos y sonoras congestiones nasales debido al humo de la madera húmeda con que calientan la estancia. Sufren a diario el maltrato de los gobiernos y las instituciones europeas, pero no dudan en brindar su ayuda al europeo que la pide. Aquí la gente duerme en sacos, sobre mantas o directamente la tierra húmeda.

Es casi la una de la madrugada pero las voces y el crepitar de los fuegos rompen el silencio de la noche. Un vecino libio cuenta que por culpa de los traumas de guerra y las secuelas psicológicas del viaje, la mayor parte de sus compatriotas tienen problemas para conciliar el sueño.

La historia de Sehia

Sehia habla también de los recuerdos que le impiden dormir. Este joven de veinte años huyó de Darfur cuando guerrilleros leales a Omar al Bashir mataron a todos los miembros de su familia, excepto su madre y su hermano pequeño. Sehia deambuló por el desierto varias semanas hasta que un hombre lo encontró y le propuso conducir su coche.

Así llegó a Chad, donde trabajó en una mina de oro hasta que decidió reanudar su camino hacia Europa. Al partir su jefe se negó a pagarle los tres meses en la mina y amenazó con dispararle si no se iba – “guardé una pepita de oro”, dice Sehia para matar la indignación que le trae este recuerdo.

En Libia pagó a unos mafiosos –pasantes les llaman aquí- para embarcar en un pequeño bote de plástico junto a otras cien personas. Naufragaron durante dos días debido a una grieta en el suelo de la embarcación hasta que pudieron volver a la costa libia, donde los tratantes se negaron a devolverles el dinero.Varios pasajeros murieron y otros tantos perdieron la cabeza, cuenta Sehia, quien consiguió llegar a Lampedusa en el segundo intento. Siete meses después de salir de casa llegó a este campamento, donde vive desde hace tres meses.

Hay familias enteras que viven en esta llamada “jungla de Calais” desde hace un año y que siguen intentando llegar a suelo británico. Sehia ya lo ha intentado once veces. Quiere llegar a Manchester y reunirse con su hermano de 16 años, tal y como le prometió a su madre.

La última vez que probó suerte fue el sábado pasado cuando, tras una manifestación solidaria con los refugiados, un centenar de ellos logró subir a bordo de un ferry. Con la ayuda de perros, la policía encontró a los polizones y los expulsó a golpes.

Bashar, un kurdo de Cobane y amigo de Sehia, también estaba entre los que se colaron. Dice estar harto de intentarlo y le ha pedido a su hermano, residente en Birmingham, que reúna las seis mil libras que cobran los pasantes por buscar camiones con destino a Reino Unido y cerrar las puertas cuando estén adentro.

Contenedores a cambio de huellas

El camino a la calle comercial flanquea una zona vallada e iluminada custodiada por guardias con perros. En el interior hay varias decenas de contenedores blancos. La imagen recuerda a una escena de La lista de Schindler. El recinto es un nuevo campamento construido con fondos públicos para alojar a los desplazados que desde mediados de enero son expulsados de las chabolas cercanas a la autopista.

Para disfrutar de la limpieza y seguridad de las nuevas instalaciones es obligatorio registrar las huellas dactilares, una marca que más tarde emplean las autoridades británicas para devolver a Francia a quienes logran cruzar el Canal de la Mancha. La práctica también funciona en sentido contrario: el hermano de Sehia no puede ir a Francia porque le tomaron las huellas en Inglaterra.

El mercado del campamento es una calle plagada de generadores de electricidad en la que hay pequeñas tiendas, salones de té e incluso alguna peluquería. Los afganos, algunos en posesión de la ciudadanía europea, regentan la mayor parte de los negocios aquí.

Varios refugiados aseguran que, ante las amenazas de cierre lanzadas por la policía, algunos comerciantes ofrecen dinero a quienes reciben con piedras a los agentes. Muchos habitantes del campamento temen que el poder incendiario de una minoría siga extendiendo el odio contra ellos, una mancha difícil de borrar.

Una vieja televisión preside el local en el que decenas de hombres toman té y fuman sentados en tablas a un metro del suelo, al estilo afgano. Parece que han aparcado sus traumas en la calle para poder reír con la película de Bollywood que aparece en pantalla. Apenas se ven mujeres y niños durante la noche.

Un kuwaití llamado Samir cuenta que su mujer y sus tres hijos están en Londres, pero la embajada británica no tramita su caso a pesar de que hace ya tres años presentó el certificado de matrimonio. Samir, un tipo grande y alto, se emociona mientras muestra la foto de su hijo pequeño, que pronto cumplirá tres años sin conocer a su padre. En la tele han puesto Mad Max, una película de ficción y acción. Un coche explota mientras recorre el desierto a toda velocidad. Sehia dice que esa escena le recuerda a Sudán.

Ratas, sarampión y sarna

La “jungla de Calais” empezó a crecer cuando la policía desmanteló otros campamentos cerca del Eurotúnel y el puerto. Gracias a la labor de asociaciones, voluntarios y emigrantes que vuelven para ayudar tras obtener el permiso de residencia, el campamento cuenta con un centro de vacunación, una iglesia, una mezquita y hasta una carpa donde pinchan música. Sin embargo, la higiene brilla por su ausencia y al caer la noche las ratas se apoderan del campamento. Ya ha habido varios brotes de sarampión, sarna y otras enfermedades, y ahora los voluntarios no dan abasto con las vacunas contra la gripe.

La luz de las sirenas marca el final de las chabolas y tiendas de campaña y el principio del mundo urbano, concretamente la autopista. Desde agosto de 2015 el gobierno mantiene desplegados a 1.300 policías en Calais, una medida que agrada a los locales, entre quienes el Frente Nacional es cada vez más popular.

Sehia llega a un conjunto de chabolas pintadas de colores y escoltadas por una gran pirámide de latas. En la entrada un cartel reza “Todo el mundo es bienvenido”. Dentro un grupo de senegaleses ha construido un taller para reparar bicicletas y una escuela de francés con los muros repletos de frases esenciales para el día a día.

A las tres de la madrugada muchos desplazados siguen matando el tiempo frente al fuego. El viento cobra fuerza y cala un frío húmedo. De vuelta en la chabola de los sudaneses, hablan de sueños futuros y de idiomas -todos los presentes hablan cinco lenguas, incluido el árabe y el inglés. Preguntan por Florentino Pérez y dicen que sería increíble que Messi, Cristiano Ronaldo, Casillas y Piqué –en ese orden- fueran allí a jugar un partido.

Pronto la conversación deriva en temas de geopolítica, una materia que dominan varios de los presentes. Sami, sudanés que lleva diez meses aquí, es consciente de que el gobierno francés exige un juicio internacional contra Omar al Bashir, el tirano que gobierna Sudán desde 1989, al mismo tiempo que vende armas a Arabia Saudí, principal patrocinador del dictador sudanés.

El viento del Atlántico golpea las paredes de tela y maltrata un pedazo de madera que hace de puerta en la barraca. Por fin el cansancio parece vencer al frío, cuando unas voces en árabe y sirenas de la policía irrumpen en el silencio de la noche. En este campamento están acostumbrados a los gritos en plena madrugada de quienes han sido sorprendidos por los agentes mientras cruzaban la autopista hacia el puerto.

El día comienza en la jungla con caras sonrientes porque el cielo no amenaza con lluvia. Sehia se despierta el primero porque le toca limpiar los platos y preparar el único almuerzo que hacen al día. Entre todos han conseguido unos paquetes de pasta, algunas verduras y huesos de pollo.

Esta noche muchos refugiados y emigrantes volverán a jugarse la vida para llegar a Reino Unido mientras los gobernantes europeos duermen tranquilos creyendo que pueden construir muros más altos que el anhelo de paz de quienes huyen de la guerra y el hambre. No se dan cuenta de que Sehia no desistirá hasta abrazar a su hermano. Se lo ha prometido a su madre.

La luz del faro de Calais amaina al tiempo que despuntan los primeros rayos del sol y brotan los puestos de pescado y fruta en el mercado de la Plaza de Armas. Sin embargo, los comerciantes saben que este sábado tendrán que cerrar antes que de costumbre. Las manifestaciones son habituales en esta localidad costera del norte de Francia, pero la de hoy será más grande de lo común.

A unos tres kilómetros de esta pequeña localidad costera del norte de Francia se encuentra la conocida como Jungla de Calais, un campamento en el que más de 7.000 emigrantes y refugiados sobreviven a la espera de cruzar a Reino Unido, al otro lado del Canal de la Mancha. El Eurotúnel que conecta Francia e Inglaterra se encuentra a cuatro kilómetros, mientras que desde el puerto de Calais parten a diario varios ferrys cargados de camiones de transporte.

“No somos animales”

Los primeros autobuses procedentes de París, Londres, Bruselas y otras ciudades europeas empiezan a llegar al campamento de chabolas cargados de ciudadanos que vienen a solidarizarse con los miles de sirios, afganos, sudaneses y demás nacionalidades que sobreviven en la Jungla. Pasado el mediodía y bajo una fuerte presencia policial, una multitudinaria marcha emprende la ruta hacia la ciudad. “Queremos libertad y dignidad, no somos animales”, “vuestras fronteras nos matan” o “la jungla no es vida” son algunas de las consignas que pueden leerse y escucharse entre los dos mil ciudadanos de distintas razas y orígenes que secundan la manifestación, según los 18 colectivos organizadores solidarios con los migrantes.

El ambiente está muy tenso en Calais desde que a principios de esta semana el gobierno francés inició la desmantelación de una zona de la Jungla próxima a la carretera. “El objetivo del Gobierno francés es reagruparlos y reducirlos a unos 2.000”, afirma Philippe, un bretón que llegó hace siete años como voluntario.

El gobierno francés se defiende de las críticas explicando que ha construido un campamento de containers con más comodidades, pero los refugiados se quejan de que para entrar deben registrar sus huellas dactilares. Saben que si alcanzan suelo británico y los detienen, sus huellas dactilares les delatarán y serán expulsados de vuelta a Francia.

Nuevos ataques a migrantes

El frío invernal de esta localidad de 30.000 habitantes no merma la indignación de quienes llevan meses malviviendo en chabolas y tiendas de campaña. Tampoco los brotes de xenofobia que protagoniza una parte de la población local y que han dado lugar a los enfrentamientos violentos contra refugiados y emigrantes en los últimos días.

El grupo de extrema derecha 'Calais en cólera' dejó algunas de las imágenes más impactantes de los últimos días al asaltar a varios migrantes durante la noche mientras intentaban abordar camiones para entrar en Reino Unido. Este colectivo anti inmigrantes presume en Facebook de haber colaborado con la policía para dispersar a los habitantes de la Jungla.

“Los sin papeles tenemos que apoyarnos”

Hadi Kul Bahar es un anciano afgano que se define como el patriarca de sus compatriotas en el campamento de migrantes. Aunque ya tiene permiso de residencia, Bahar hace de enlace con las autoridades y trabaja como voluntario con los refugiados y migrantes porque afirma tener “un compromiso emocional con ellos, ya hemos vivido demasiado sufrimiento”. En la marcha lo acompaña Sumare, un senegalés que vive en París a la espera de obtener los papeles para poder quedarse en Francia.

“Nosotros los 'sin papeles' tenemos que apoyarnos porque en un lugar u otro estamos todos en la misma situación”, afirma Sumare, que además pide que ya que no les dejan pasar por lo menos les permitan quedarse y regularicen la situación de quienes están atrapados.

Aunque la mayor parte del trayecto de la manifestación discurre con tranquilidad, algunos choques entre vecinos y manifestantes ponen en riesgo la manifestación de este sábado soleado y frío. La policía interviene con rapidez, consciente de que la chispa de la violencia puede prender a la mínima. Algunos habitantes de Calais graban desde las ventanas de sus hogares. “Ya no nos sentimos en casa (...) muchos británicos vienen a traerles ayuda pero no los quieren allí”, opina Marion, vecina de Calais, mientras que su marido afirma que no entiende por qué no se manifiestan en sus países contra los conflictos armados, añadiendo que Francia también estuvo en guerra y los franceses no “ocuparon” otros países.

“Estamos aquí para demostrarle a la opinión pública que hacinar a la gente solo alimenta el odio (...), vienen buscando refugio”, explica Michel, un manifestante procedente de París. “Los calesianos solo conocen los campamentos a través de la tele”, añade Philipe.

Arrestos y gases lacrimógenos

Al finalizar la marcha un grupo de migrantes se acerca hasta el puerto para entrar en un ferry que está a punto de partir. Tras forzar la valla y en compañía de algunos manifestantes, un centenar de migrantes consigue entrar en el barco según explica Alain Pogolat, del Nuevo Partido Anticapitalista. La policía entra en acción y varias bombas lacrimógenas estallan en el puerto.

Tras expulsar a quienes consiguen subir a bordo, los agentes detienen a cinco manifestantes y los organizadores retrasan el viaje de los autobuses que vuelven a sus ciudades de partida. Hasta mayo de 2014, los emigrantes y refugiados que llegaban a Calais se instalaban en varios campamentos improvisados a las afueras. Las expulsiones ordenadas por el gobierno de Francois Hollande y el creciente uso de métodos violentos por parte de las autoridades hicieron que muchos se reagruparan en la que ahora se conoce como Jungla de Calais.

Sara es española, trabaja de au pair y utiliza un nombre falso porque acaba de pasar 24 horas en la cárcel y todavía tiene miedo. Esta joven residente en París quedó el domingo con una amiga en la plaza de la República, donde esa mañana miles de ciudadanos depositaron zapatos en señal de protesta por la prohibición de manifestarse y formaron una cadena humana de tres kilómetros para exigir compromisos a los gobiernos que estos días negocian en París un acuerdo contra el calentamiento global. Al llegar a la plaza comenzaron los disturbios con la policía ocasionados por un reducido pero ruidoso grupo de encapuchados.

“Salí del metro y encontré aquello, corrí pero no pude salir por ninguna parte”, recuerda.

Las fuerzas de seguridad cerraron todas las salidas de la plaza y las entradas del metro, y en medio de las bombas de gas lacrimógeno Sara se acercó a un grupo de militantes del Nuevo Partido Anticapitalista, quienes, según explica, estaban protegiendo del caos a quienes se vieron atrapados. “Vi que nos cercaron y que los violentos quedaban del otro lado”.

Arrestados por manifestarse

Sara fue arrestada junto a otras 341 personas “por presencia no armada en manifestación ilegal debido al estado de emergencia”, explica nada más abandonar el calabozo en el que pasó la noche junto a otras tres chicas. Al llegar a comisaría le pidieron los datos, le tomaron las huellas, le quitaron los cordones, las gafas y las gomas del pelo.

“Solo podíamos ir al baño con un policía delante y con la puerta abierta, se reían de nosotras, nos apuntaban con las bombonas de gas pimienta, nos enseñaban las esposas y decían que con ellas dormiríamos mejor, cada vez que pasaban gritaban para que no pudiéramos dormir”, relata. Sara pidió hablar con un abogado pero no recibió asistencia letrada ni le leyeron sus derechos en ningún momento. “No podía creer que eso me estuviera pasando, éramos tantos que no sabían qué hacer con nosotros”.

Asalto al Annexe, lugar de activistas

Tres días antes, el viernes 27 de noviembre, Camille puso rumbo al trabajo a las siete de la mañana como un día cualquiera. Al salir vio un coche de policía con agentes de paisano frente al Annexe, una casa okupa situada al este de París en la que desde agosto vive una comunidad de activistas y ecologistas que cuentan con el beneplácito del propietario. A las ocho recibió un mensaje de una compañera: el CRS, los cuerpos especiales de la policía francesa, estaban asaltando la casa por todas las entradas, incluidas las ventanas y el techo.

Camille dio media vuelta y al llegar encontró las calles cortadas y 27 camiones del CRS, un autobús de la policía, dos vehículos de artificieros y uno de la policía científica frente al que actualmente es su hogar. Nada más entrar fue esposado y tumbado en el suelo junto a sus compañeros.

“Estamos en contra de la violencia”, dice Camille mientras explica que no hubo enfrentamientos con la policía. Los agentes registraron la casa de arriba abajo, pero no encontraron nada. “Había una familia con un niño a la que sacaron de la habitación con una pistola en la cabeza”, explica María, una madrileña que trabaja en varias ONGs y pertenece a Eroles Project, un colectivo europeo que mezcla arte, educación experimental y ecología.

Estos días el Annexe abre sus puertas a activistas de todo el mundo, incluida María, quien durante la COP21 organiza mesas redondas e imparte talleres de activismo y sostenibilidad. Algunos preparan pancartas, otros organizan eventos como el Fórum Ciudadano por el Clima. “La policía obligó a muchos a sentarse en silencio en la sala de yoga, y lo que todos hicieron fue ponerse a meditar (…) la policía no entendía nada”.

Los agentes apuntaban a la cabeza

Más de 140 policías asaltaron la casa amparados por el estado de emergencia decretado en Francia a raíz de los atentados del 13 de noviembre en el centro de París. Cuentan varios testigos que la policía apuntó en todo momento a la cabeza y que retuvieron a una vecina sin relación con el Annexe que se dirigía al trabajo. Sin embargo, en el acta de intervención policial no figuran delitos ni incautaciones tras la redada.

“No tenemos nada que comentar sobre ese suceso”, explican desde la sede central de la policía parisina. “Cuando queremos verificar algo, podemos actuar sin autorización judicial”, reconoce a este medio una fuente de los servicios de inteligencia franceses.

Entre los afectados por el recorte de libertades del estado de emergencia también figura Joël Domenjoud, un joven que presta asesoría jurídica a asociaciones y colectivos dentro y fuera del marco de la COP21. El miércoles 25 pidió permiso para una manifestación, pero le fue denegado y decidió recurrir ante la justicia. Al salir de casa al día siguiente notó que le seguían. Entró asustado en un bar de Malakoff, el barrio al sur de París en el que vive, y entonces su vecina le llamó para decirle que su casa estaba rodeada de policías. La siguiente llamada fue la de un agente que le ordenó presentarse inmediatamente en comisaría.

Arresto domiciliario por querer manifestarse

Joël no tiene antecedentes penales ni pesan cargos en su contra, pero está bajo arresto domiciliario desde el jueves 26 y tendrá que presentarse en comisaría tres veces al día hasta el 12 de diciembre. “Creo que lo hacen para intimidar a otros activistas”, explica Joël, quien además alega que “no hay proceso, no estoy acusado de nada, no he hecho nada (…) la verdadera amenaza es esta violación de libertades fundamentales e individuales”.

El ministro del interior francés, Bernard Cazeneuve, justificó el arresto domiciliario de Joël y otros 23 activistas y ecologistas en Francia alegando que “son una amenaza para la seguridad y el orden público”. Este martes el primer ministro francés, Manuel Valls, anunció que el gobierno baraja prolongar el estado de emergencia más allá de los tres meses decretados “para proteger nuestras libertades”.

Otros sucesos de igual o mayor gravedad podrían ilustrar la situación actual en que se encuentra Francia, donde los derechos universales sucumben bajo una ley justificada por la lucha antiterrorista y aceptada por el miedo, victoria palpable de quienes adoran el terror. Son días difíciles en el país que vio nacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 67 años.

A estas alturas todo el planeta sabe que en la noche del viernes varios ataques terroristas arrancaron la vida a más de 120 personas en el corazón de París. Lo que pocos saben es qué sucede cuando la ciudad mejor protegida del mundo es brutalmente atacada en medio de la noche por armas y protocolos solo imaginables en guerras lejanas.

Todo empezó como un viernes cualquiera. El frío de noviembre daba tregua y los parisinos llenaban restaurantes y bares, sobre todo los que daban el partido amistoso de Francia contra Alemania. Muchos no habían terminado de cenar cuando los teléfonos empezaron a sonar, apenas unos instantes antes de que el eco de las sirenas inundara las calles como un tsunami. Se apagaron los rostros, se acabó la fiesta en París.

Dos explosiones cerca del Estadio de Francia, al norte de la ciudad. Tiroteos en pleno centro, entre Bastilla y Oberkampf, las zonas de fiesta auténticas, las que todavía no se han rendido al turismo ni a sus precios. Al principio todo fueron incógnitas, tragedias que por su magnitud casi parecían rumores. Rápidamente las dudas avivaron las ascuas del miedo, una hoguera que prendió en esta ciudad tras los atentados de Charlie Hebdo y que parecía haberse apagado, a pesar del reciente ataque frustrado al tren procedente de Amsterdam.

El presidente Hollande abandonaba el estadio en helicóptero y las autoridades lanzaban una recomendación a parisinos y extranjeros: quedarse en casa. A esas horas todos estaban ya en la calle. El bosque se ve mejor desde lejos, pero a nosotros nos tocó estar dentro y prácticamente oscuras.

Veinte muertos. Cuarenta muertos. Sesenta. A cada desconocido que me acercaba para preguntar qué estaba pasando aumentaba el número. Policías serios con las armas desenfundadas que con sus respuestas ásperas daban cuenta de la gravedad del asunto. Filas interminables de ambulancias.

Esta noche mi barrio, el distrito 11, se convirtió en un campo de batalla. Las fuerzas de seguridad cortaron las primeras calles en las proximidades del Canal de Saint Martin, cerca del bar Le Carillon y el restaurante Petit Cambodge, donde se produjo el primer ataque por parte de al menos dos asaltantes armados y con un saldo de catorce víctimas. Cuatro personas más murieron en el camino de 10 minutos a pie que atraviesa la plaza de la República y que une este punto con la sala Bataclan, el escenario más sangriento de la noche, situado muy cerca del edificio donde estuvo hasta enero la redacción de la revista Charlie Hebdo. 

Un superviviente que todavía no era consciente de lo que había sucedido en la sala de conciertos se paró a hablar con quienes estábamos allí. Conste que la prensa francesa no acosó en ningún momento a quienes sobrevivieron a la masacre. El afortunado que acababa de burlar la muerte nos explicó que al principio escuchó golpes, pero pensó que formaba parte del concierto de los Eagles of Death Metal. Quién iba a imaginar que cuatro hombres armados con fusiles Kalashnikov estaban disparando indiscriminadamente contra los 1.300 asistentes que disfrutaban del concierto.

De pronto cientos de agentes armados hasta arriba emprendieron la marcha hacia Bataclan a ambos lados del boulevard Richard Lenoir. Quienes observábamos desde el cordón de seguridad nos contagiamos del nerviosismo que transmitían los pasos. Hollande y el primer ministro, Manuel Valls, acababan de llegar a la sala, de ahí el movimiento. 

A esa hora la sede de Charlie Hebdo se encontraba vacía, sin su habitual escolta policial ni las flores y lápices que durante meses convirtieron el lugar en un verdadero altar.

A medianoche, dos horas y media después del comienzo de la pesadilla, ya estaban desplegados los soldados. En total serán 1.500 que se sumarán a los 7.000 que ya hacen custodia en las calles. El presidente Hollande aparecía en televisión y decretaba el estado de emergencia, con todo lo que implica. Tuiteé una foto de varios camiones militares en la plaza de la Bastilla y un amigo periodista lo definió así: “Militares tomando el control en el punto neurálgico en el que nació la democracia”.

Puse rumbo al norte, cinco minutos a pie hacia el bar La Belle Equipe. El hashtag #PorteOuverte para acoger a quienes no podían volver a casa se hacía fuerte, anoche la solidaridad entre ciudadanos fue muy alta. El estruendo de las sirenas fue cediendo protagonismo a las aspas de los helicópteros que sobrevolaban la zona. Había tantas ambulancias e iban en tantas direcciones que daba la sensación de que se hubieran perdido en las arterias de París.

Llegué a la calle Charonne, donde se encuentra La Belle Equipe. Dos horas antes habían asesinado a 19 personas en este bar. Tras el ruido ensordecedor que me llevaba acompañando varias horas, es allí donde por primera vez encontré el silencio.

Ahmed toma café expreso cada mañana en el bar de la esquina, afirma que vive con emoción los partidos de la selección gala y pasa a diario por la panadería para comprar una baguette después del trabajo. Los padres de este mecánico francés llegaron de Libia en los años 60 y se establecieron en Mantes-la-Ville, la única localidad gobernada por el Frente Nacional en la región parisina.

En las municipales de 2014 Ahmed fue uno de los electores de origen extranjero que votó por el Frente Nacional, el partido nacionalista y de extrema derecha francés liderado por Marine Le Pen que señala a la inmigración como la principal amenaza para Francia y su identidad nacional.

Marine Le Pen solo lleva cuatro años al frente del partido y ya ha cosechado varias victorias electorales sin precedentes. En 2014 obtuvo 11 ayuntamientos y dos escaños en el Senado, y en marzo de este año fue el partido con mayor número de votos en las elecciones departamentales.

Además, la formación que exige el fin de la Unión Europea, logró el 25% de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo, muy por delante de la conservadora UMP (19%) y el Partido Socialista (13%). Una de las razones de este reciente éxito aún pasa desapercibida para muchos: los votantes de origen extranjero crecen entre el electorado del Frente Nacional.

¿Por qué cada vez más franceses de origen extranjero simpatizan con la extrema derecha nacionalista? “Después de mí, cierre usted la puerta”. Pascal Perrineau, profesor de Ciencias Políticas de Sciences Po París, resume con esta frase un comportamiento habitual en las comunidades de emigrantes, sobre todo en épocas de crisis.

El discurso del Frente Nacional agita la bandera del miedo y acusa a la inmigración de poner en riesgo los puestos de trabajo de quienes lograron establecerse en Francia, favoreciendo las hostilidades entre antiguos y nuevos inmigrantes. Perrineau es especialista en sociología electoral y experto en las políticas del Frente Nacional. El académico resume el creciente interés de algunos franceses descendientes de inmigrantes hacia Le Pen en tres grandes razones: el deseo de integración, su sistema de valores y los problemas de identidad.

Muchos de los votantes de origen extranjero poseen “un sistema de valores que da prioridad al trabajo, al sacrificio y al orden estricto, valores que encajan con el tono autoritario del Frente Nacional”, explica Perrineau, quien añade que “el crecimiento económico es una máquina de integración increíble” pero, a diferencia de los años 60 y 70, hoy la economía francesa está estancada y el desempleo evoluciona al alza.

Otra de las razones que posiciona a “una minoría significativa” del electorado de origen extranjero a favor del FN es “un deseo de integración que puede verse contrariado por una parte de la comunidad a la que pertenecen”, explica el profesor en alusión a ciertos estereotipos negativos que manchan la reputación de la comunidad de origen magrebí, la más numerosa en Francia.

En las presidenciales de 2012 más del 5% de los votantes del Frente Nacional se declaró musulmán practicante, una proporción que alcanzó el 20% en varios barrios de mayoría árabe del norte de Marsella. No obstante, los sondeos acerca de la adhesión al Frente Nacional podrían estar mostrando solo la punta del iceberg, ya que muchos electores de origen extranjero que simpatizan con la extrema derecha no lo expresan abiertamente para evitar ser estigmatizados por el resto de su comunidad.

Mariam B., francesa de origen argelino y musulmana, afirma que “Francia es cada vez más islamófoba” y se sorprende de que un “partido racista” como el FN concurra a las elecciones. Esta joven se muestra desconcertada ante el hecho de que algunos extranjeros residentes en Francia o descendientes de emigrantes voten a quienes proponen suprimir la inmigración y eliminar las ayudas públicas a quienes no tengan nacionalidad francesa, entre otras medidas.

Los inmigrantes que apoyan al partido de extrema derecha “son los que realmente quieren integrarse y convertirse en franceses”, afirma Elie Hatem, francés de origen libanés, codirector del colectivo de extrema derecha Acción Francesa y militante del Frente Nacional.

Hatem conoce a fondo las entrañas de esta formación desde su creación en 1972, año en el que su compañera de carrera Marine Le Pen le presentó a su padre, Jean-Marie Le Pen, fundador y presidente del partido hasta que en 2011 cedió el trono a su hija. Este abogado asegura que también hay franceses de origen español a favor de Le Pen “a tiempo completo”, explica en español, porque “el Frente Nacional defiende la identidad católica”.

Pero, ¿qué hay de los musulmanes que profesan el islam y defienden a un partido islamófobo? “El Frente Nacional fue el primero en tener un diputado musulmán”, explica Hatem orgulloso mientras sirve el café en su apartamento de un barrio pudiente de París.

Desde hace unos años Marine Le Pen no habla de islam sino de islamismo, ni acusa a los inmigrantes sino al “fenómeno de la inmigración”. Ahora su discurso edulcorado integra una definición de laicismo que solo es compatible con su idea de identidad francesa de raíces católicas y que, entre otros temas, se manifiesta en su oposición a que se sirva carne halal en los comedores escolares. Un sondeo reciente desveló que el 53% de los franceses se niega a que los colegios ofrezcan menús compatibles con el credo judío y musulmán.

La extrema derecha francesa busca en la amplia comunidad musulmana un atajo para alcanzar el poder. En este sentido, una de sus principales victorias ha pasado desapercibida para muchos analistas: “En 2012 Hollande batió un récord de votos en la comunidad de origen extranjero, pero una parte se ha derechizado desde 2013”, año en el que el gobierno socialista legalizó el matrimonio homosexual, “una idea que argelinos, marroquíes y tunecinos no encajan”, afirma Perrineau, quien añade que a pesar de eso, varios líderes del FN se declaran abiertamente gays.

“El FN no es no es progay ni lo contrario, es proFrancia”, sostiene Florian Philippot, vicepresidente del partido y homosexual declarado. 

Le Pen se compara con Juana de Arco

La extrema derecha francesa navega hacia las elecciones regionales de diciembre viento en popa, a pesar de los problemas que tiene con la justicia. Actualmente el FN se enfrenta a varias acusaciones por financiación ilegal, al mismo tiempo que su presidenta está inmersa en un proceso que arrancó el 20 de octubre bajo la acusación de incitación al odio racial y a la xenofobia por equiparar a los musulmanes que rezan en la calle con los nazis que ocuparon Francia en la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de estos escándalos, uno de cada tres electores franceses se declara a favor de Le Pen, según el último sondeo Ifop-JDD de intención de voto. Sin ir más lejos, la pesquisa apunta a que en las regionales de diciembre Marine Le Pen obtendrá el 39% de los sufragios en de Nord-Pas-de-Calais, región por la que emigrantes y refugiados transitan rumbo a Reino Unido y que saltó a las portadas este verano a raíz de la muerte de varias personas que vivían en el campo de refugiados conocido como la Jungla de Calais, junto al Canal de la Mancha.

El bipartidismo francés se tambalea de cara a las presidenciales de 2017. El socialista François Hollande pasará a la historia como el presidente más impopular, mientras que Sarkozy y otros líderes del conservador partido Les Républicains, antigua UMP, mantienen una lucha interna por el poder al mismo tiempo que continúa el goteo de tránsfugas atraídos por el discurso extremista del Frente Nacional.

Marine Le Pen se compara con Juana de Arco y promete que devolverá a Francia su soberanía y la librará de la inmigración, principal preocupación de los franceses según el último Eurobarómetro. En un terreno abonado por la crisis económica, la pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales y la imposición de poder de Alemania en el seno de la Unión Europea, el partido de Le Pen busca ahora la cuadratura del círculo: emplear un discurso antiinmigración para ganar electores entre los franceses de origen extranjero.

El paisaje político francés

Hay 408 formaciones políticas en Francia, pero el pastel del poder está repartido principalmente entre cuatro partidos. Ordenados por sus resultados en las presidenciales de 2012 y junto al nombre de su líder, en primer lugar está el Partido Socialista de Hollande, actual presidente; le sigue Les Républicains de Sarkozy (hasta mayo conocido como Union pour un Mouvement Populaire o UMP); en tercer lugar está el Frente Nacional de Le Pen y, por último, la coalición Front de Gauche liderada por Jean-Luc Mélenchon e integrada por el Partido Comunista Francés y el Partido de Izquierdas, entre otros.

La Asamblea Nacional, equivalente al Congreso de los Diputados en España, cuenta con mayoría del grupo socialista (295 escaños), mientras que la UMP es el principal partido de oposición (196 escaños). El Frente Nacional solo tiene tres escaños en esta cámara y dos en el Senado, pero desde 2014 cuenta con 23 de los 74 escaños que le corresponden a Francia en el Parlamento Europeo, a pesar de ser un partido antieuropeísta. También posee 118 de las 1.880 consejerías regionales de Francia y una representación marginal en el Consejo Departamental francés.

Fue en 2002 cuando el Frente Nacional estuvo más cerca de obtener la presidencia de la República. Ese año Jean-Marie Le Pen desbancó al exprimer ministro socialista Lionel Jospin en el primer turno de las presidenciales y pasó a medirse cara a cara con el conservador Jacques Chirac. En la segunda vuelta el partido de extrema derecha se desinfló y solo consiguió el 17,8% del escrutinio, pero logró poner en duda la solidez del bipartidismo francés. En las últimas presidenciales el FN obtuvo el 17,9% del escrutinio.

Jóvenes franceses “indignados”

La extrema derecha francesa también cosecha votos entre los jóvenes desencantados con los partidos tradicionales y las políticas de ajuste fiscal diseñadas en Bruselas. Cédric Marsolle se siente decepcionado con Sarkozy, el proyecto europeo y las políticas de austeridad.

Desde 2009 este estudiante de derecho simpatiza con la extrema derecha nacionalista y forma parte de la primera asociación universitaria del Frente Nacional, fundada en octubre en el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), donde también estudiaron los presidentes Hollande, Sarkozy, Chirac e incluso Christine Lagarde, directora del FMI. Uno de los cuatro fundadores de esta asociación procede de la UMP, otro del Partido Socialista y otro de la coalición de izquierdas Front de Gauche, explica el profesor Perrineau.

Cédric ha adquirido nuevas preocupaciones desde que integra las filas de Le Pen, como la inmigración y “la imposición del islam sobre la cultura francesa”, según sus palabras. “No tengo nada contra los emigrantes, pero no podemos permitirnos acogerlos (…) los franceses merecen más esos servicios sociales”, opina el estudiante.

El partido antieuropeísta que ganó las europeas

El Frente Nacional defiende la disolución de la Unión Europea, “un dinosaurio sin vigor e impotente” que es “como la Unión Soviética: irreformable”, según Marine Le Pen. Sin embargo, en mayo de 2014 el FN saltó a las portadas de medio mundo tras arrasar en los comicios europeos con el 25% de los votos, muy por delante de la UMP (19%) y el Partido Socialista (13%).

La extrema derecha francesa pasó de tener tres escaños en el Parlamento Europeo a 20. Esta victoria estuvo apoyada por una fuerte abstención (57%) y por los electores de zonas rurales e industriales, así como por los jóvenes, los desempleados y los franceses sin estudios secundarios, según las encuestas electorales de Ipsos.

Durante la campaña para las europeas, Le Pen condicionó la permanencia de Francia en la Unión Europea a la abolición del euro, la disolución del espacio Schengen y la supremacía del derecho nacional sobre el comunitario, uno de los principales escollos del FN para hacer realidad sus propuestas nacionalistas y de extrema derecha.

Fabrice Delinde, de padre vietnamita y madre antillana, es el candidato de Le Pen en el céntrico y lujoso cuarto distrito de París. Defiende que “hay que limitar con más dureza incluso la reagrupación familiar y las ayudas sociales a emigrantes”, pero admite que “como abogado, sé que esa parte del discurso del FN es difícil de aplicar” porque esas medidas “chocarán con los tribunales europeos”.

En junio de este año Marine Le Pen anunció la creación de Europa de las Naciones y Libertades, el primer grupo de extrema derecha en el Parlamento Europeo, junto a sus pares holandeses, italianos, belgas, rumanos, británicos, austríacos y polacos.