Cualquier intento de explorar alternativas a los déficits y a las limitaciones de las políticas culturales convencionales se enfrenta, más pronto que tarde, a las carencias de la estructura jurídica y administrativa del sector público. Aquí coincidimos responsables políticos, técnicos, gestores y agentes culturales de todo tipo y condición.

Tomarse en serio la necesidad de reformar las políticas culturales obliga necesariamente a tomarse en serio la reforma de la administración cultural. Si la eficacia de las políticas culturales se mide en función de sus efectos transformadores, también habrá de medirse en función de su capacidad de transformar la propia administración.

Para situar la cuestión en su justa dimensión es preciso realizar un breve excurso. La reforma y rediseño de la administración pública posee un calado político y social de primera magnitud. No es un simple asunto técnico. Tras los discursos tecnocráticos, lo que se está ventilando es la disputa por la reconceptualización del modelo de régimen de bienestar en un contexto de crisis del pacto social. En esa puja, entre proyectos de reestructuración del estado y de la administración pública, se contraponen orientaciones más universalistas, redistributivas y expansivas en términos de protección social y orientaciones más privatizadoras, de reducción de los sistemas de protección social y de transferencia del coste de las contingencias y riesgos sociales a la ciudadanía con menos recursos y menor capacidad de defensa de sus derechos. Resulta obvio el carácter esquemático de esta clasificación: en realidad lo que se está produciendo en los diferentes países son movimientos y ensayos que combinan políticas de ambos “polos” y con un grado de intensidad variada. El resultado de esta puja dependerá de las relaciones de fuerza en cada momento y del contexto cultural de los diferentes Estados y territorios. Y de los distintos escenarios resultantes de ese toma y daca y prueba y error, dependerá la respuesta de los distintos regímenes de bienestar a los principales desafíos que les plantea los cambios sociales acaecidos en las últimas décadas. No pretendo anticipar el modelo que debe adoptar el estado de bienestar en Canarias en un futuro más o menos próximo, pero lo que sí me atrevo a afirmar es que las políticas culturales, orientadas prioritariamente a la realización efectiva de los derechos culturales, habrán de incorporarse en un lugar destacado en la renovada arquitectura del bienestar si se pretende alcanzar el objetivo declarado por Europa de máxima inclusión y justicia social.

Es en este contexto donde consideramos que el Derecho brinda posibilidades para fijar operativamente obligaciones específicas a las administraciones culturales públicas y proporcionar garantías específicas a la ciudadanía.

Sin duda, la legislación cultural es actualmente la pieza fundamental para fijar las políticas culturales en el Estado democrático de derecho y una vía para afrontar la reforma de algunos aspectos de la administración pública que posibiliten el encaje de una política cultural de nuevo tipo, capaz de superar los principales déficits del modelo que impugnamos.

La Ley del Sistema Público de Cultura, que ayer aprobó por unanimidad el Parlamento de Canarias, es un cauce para afrontar la superación de estas dificultades. No es una ley de derechos culturales pero sí de las garantías que aseguran el ejercicio efectivo de los mismos. El objetivo de la Ley es garantizar que las diferentes administraciones culturales públicas canarias -desde los ámbitos competenciales y normativas que les son propias, pero entendidas como un conjunto en el que el todo es superior a las partes que lo integran- faciliten efectivamente a la mayoría de la población los servicios y prestaciones para que puedan ejercer, en la práctica, sus derechos culturales. Esto pasa por superar las principales disfunciones resultantes de la fragmentación orgánica y funcional del entramado administrativo y articular un sistema público de Cultura al modo del sistema público de la Salud o del sistema público de Educación.

Una ley de esta naturaleza, al incorporar en su articulado una relación amplia de obligaciones mínimas en garantía de determinados derechos y principios culturales (obligaciones que corresponde cumplirlas de forma directa al propio sistema) conlleva inevitablemente un proceso de transformación de la administración cultural pública en un sentido como el que venimos abogando a lo largo de este artículo.

Importante es también recordar que, en el ámbito de los servicios públicos y de la actividad pública, llegar al estatus jurídico- administrativo de sistema supone un reconocimiento que solo alcanza un pequeño grupo de servicios públicos decisivos para la vida social. Con la articulación de este Sistema Público, la cultura en Canarias empieza a ser concebida en el rango más importante de la arquitectura jurídico-organizativa. Agradezco y felicito al Parlamento de Canarias por ello.

No estamos ante un problema matemático en el que deben cuadrar sumas y restas(a los salvajes neoliberales les encanta hacernos creer que hablan de cuestiones meramente técnicas y no de conceptos puramente ideológicos), estamos ante un reto político, seguramente el más importante de nuestra generación; el futuro comunitario está sobre la mesa.

Si la Unión Europea no antepone el Estado social a la economía de mercado, estará entregando en bandeja su propia cabeza a la ultraderecha, esa que tanta preocupación causó cuando vieron aumentar su presencia por los pasillos del Europarlamento. La ultraderecha no tiene ningún problema con las políticas neoliberales, al contrario, el “sálvese quien pueda” es parte de su esencia.

En España no escucharemos a VOX hablando de la venta del capital español a inversores internacionales o fondos buitres, jamás los veremos defendiendo la sanidad pública, muy al contrario su portavoz en el Congreso apuntaba a la privatización total. Esto no se debe exclusivamente a la manifiesta incapacidad dialéctica de unos coleccionistas de souvenirs con la bandera de España, su disparatado programa económico es ultraliberal y se aprovecha de la ruptura de los consensos sociales y el descontento de la clase obrera para instalar el único discurso en el que se sienten cómodos: el discurso del odio.

Por tanto, en la salida de esta crisis sanitaria y económica nos jugamos mucho más que las aparentes tensiones de líderes europeos efímeros y circunstanciales. Si no existe un marco social(y ético) en Europa que garantice el fortalecimiento de lo público frente a la tiranía del capital, mas vale que en Bruselas cuelguen el cartel de “liquidación por cierre”.

Dicho esto, en Canarias no podemos limitarnos a señalar a Moncloa y Bruselas. No hay tiempo que perder mientras las videoconferencias se entrecortan entre choques diplomáticos. En este Archipiélago, disponemos de una una herramienta que se remonta al siglo XV y que nace como reconocimiento a nuestra singularidad atlántica. Siempre he defendido la existencia del Régimen Económico y Fiscal como tal, cosa bien distinta es qué contenido le damos. Es en ese debate, donde creo que debemos situarnos cuanto antes.

La pregunta es obvia ¿cómo podemos reorientar las compensaciones y extender los beneficios del REF para salir de la crisis?. La primera cuestión que debemos resolver es para quién está dirigido el Fuero Canario. El REF no es una herramienta para beneficiar o compensar exclusivamente al empresariado canario frente al peninsular, corrijo, no debería serlo, el REF debería ser para toda la población residente y, en ese contexto, claro que debe compensar la insularidad y los costes comerciales del distanciamiento continental. Estamos, por tanto, ante el deber y no una oportunidad de corregir la tendencia de las últimas modificaciones del REF y convertirlo en un instrumento de utilidad pública y no en un privilegio empresarial que limita la recaudación fiscal del Estado en Canarias. Aquí, es cuando aparece la Reserva de Inversiones de Canarias. Conviene que tengamos claro que es imposible que evitemos el debate fiscal si el interés general es la prioridad en la salida de esta crisis y las prioridades las marcan los gobiernos, para eso tenemos elecciones.

La RIC es un incentivo fiscal que tiene como origen la autofinanciación empresarial mediante la reducción del Impuesto de Sociedades o el IRPF. A pesar de que el REF determina que la financiación del Estado para Canarias tendrá que situarse en la media de España, durante muchos años, esto no se cumplió. Un dato revelador es que si contáramos los recursos RIC como parte de esa financiación autonómica lograríamos un mejor equilibrio con respecto la media de las Comunidades Autónomas, pero no podemos hacerlo porque esos recursos están en manos privadas y no en la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, por tanto no están a disposición del interés general.

Con esta herramienta y, a pesar de que fue modificada en la reciente reforma del REF, no se da respuesta a las múltiples necesidades que esta crisis trae consigo. Hablamos de reforzar la sanidad publica, la educación y los pilares básicos del bienestar, donde también se debe incluir la cultura, un elemento vital de cohesión social, pero también de desarrollo y diversificación económica, para ello debemos garantizar que la cultura es un derecho y reflejarlo a través de un presupuesto autonómico que llegue al tan ansiado 1%.

En cambio, lo que sí podemos hacer es modificar nuevamente el REF con urgencia para que la RIC pueda ser una verdadera herramienta de sostenimiento del empleo. Canarias parte con una desventaja estructural frente a otras regiones, siendo una de ellas la alta tasa de desempleo que, irremediablemente, esta crisis la disparará por encima del 40%. Urge más que nunca, que la citada RIC deba usarse para evitar que la brecha social se profundice. No como una opción más para su materialización, sino como una condición para la misma.

Comprar deuda, tal y como solicita estos días la patronal en Canarias, no es invertir, es ahorrar.

Es todo lo contrario para lo que se creó esta herramienta fiscal que, como gran parte del REF, se ha desnaturalizado. Por no hablar de la obscenidad de poder invertir los recursos RIC fuera de Canarias.

Aflorar esos millones de euros, limitando tanto el destino de los mismos a la creación de empleo digno como acortando el plazo de ejecución, nos permitiría inyectar liquidez en muchas empresas canarias sin necesidad de aumentar el endeudamiento público para ello. No estoy hablando de nacionalizar la RIC, cosa que sí deberíamos hacer con las clínicas privadas que reclaman que el Estado le cubra el 75% de sus pérdidas, hablamos de orientar una reserva de inversión hacia el estímulo económico mediante la creación de empleo. Tenemos el deber de cambiar la inercia de nuestro modelo productivo. Nadie se había atrevido a pausar la música en medio de la fiesta para decirle al personal que no podíamos seguir con un modelo que genera riqueza y precariedad a partes iguales, pero la música se apagó, no queda otra.

Juan Márquez

Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y militante de Podemos.

Lo que más nos sorprende es la relación que encuentra el Gobierno de Clavijo entre esta necesidad y un problema totalmente ajeno a nuestras islas, la turismofobia. Por suerte, en Canarias existe una consciencia colectiva que identifica las responsabilidades sobre las desigualdades económicas con un gobierno sustentado por un sistema electoral profundamente injusto, y no con el turismo. En todo caso estaríamos hablando de ATIfobia.

Desde Podemos tenemos claro que lo primero que debemos afrontar es cómo hacer que el volumen actual de turistas sea sostenible, cómo hacer frente a la gestión del impacto que genera en nuestro territorio. Plantearnos cómo diversificar la oferta y cómo añadir valor a nuestros productos.

Nuestro Archipiélago está experimentando un incremento significativo en el número de turistas. Una población de 2 millones habrá recibido a finales de este año a unos 16 millones de turistas. Hablamos de un territorio a la cabeza de España en índices como la desigualdad, el paro, pobreza infantil y donde el sistema sanitario público se encuentra a la cola de todo el Estado. Un territorio con un sector turístico que no revierte en el beneficio de una mayoría social, que no penetra en otras capas sociales y que sólo enriquece a unas élites económicas locales, así como a las grandes tour-operadoras extranjeras que asumen todos esos beneficios. La contribución del turismo no se refleja en la economía real ni en el empleo, funciona como compartimento estanco dentro del modelo productivo canario.

Pero ¿quién paga los costes que genera el impacto de esos 16 millones de turistas sobre el territorio? La respuesta es clara, lo pagamos todos.

El Gobierno de Canarias, principal representante de los intereses privados, no parece manifestar ningún tipo de preocupación por este obsoleto modelo. Al contrario, presumen de su recaudación a través del IGIC. Bien sabe este nuevo consejero de turno, por ahora no sabemos cuantos Festivales de Música resistirá, que dicha recaudación no es suficiente para costear, ni siquiera, la renovación de las degradadas zonas turísticas.

Mientras todos los costes del impacto negativo del turismo de masas son costeados por la sociedad canaria, la realidad es que tenemos los peores sueldos, sufrimos la mayor precariedad y la mayor explotación laboral del conjunto del territorio nacional. Curiosamente gran parte de los empresarios encuentra en las condiciones laborales el mayor hándicap para el crecimiento del sector, por eso recomiendo leer algunas de las entrevistas recogidas en el libro Canarias, ¿líder turístico?, de Marta Cantero y José Carlos Mauricio.

A pesar de la degradación de nuestro marco laboral, de las reformas del PSOE y PP, encuentran en el marco laboral su mayor problema. Esta precariedad no es suficiente porque Canarias compara sus salarios con países como Túnez o Egipto, competidores en el mercado del turismo lowcost.

Por todo ello, creemos que el debate no está tanto en la aversión sino en el miedo irracional que sufren los dirigentes de CC a perder la protección y el amparo de sus amigos, los empresarios turísticos, para los que gobiernan. Por eso, recogen al dictado sus indicaciones y demandas, mientras esperan que el resto de la población acepte su modelo de masas como el único posible.

Sin embargo, ya le advertimos que es un arma de doble filo porque la indiferencia que manifiestan ante los problemas reales de los canarios y canarias es el caldo de cultivo donde se cuece a fuego lento la ATIfobia.

Trece millones de turistas en un archipiélago de dos millones de habitantes debería implicar, como mínimo, una sana capacidad recaudatoria

Con la inauguración de una feria de turismo, es ya casi tradición la imagen del presidente nacionalista o consejera de turno saliendo ante los medios con una sonrisa de lado a lado a declarar que, una vez más, Canarias es plusmarquista en el campeonato del mercado turístico. Orgullosos, uno tras otro, nos relatan anualmente todos los pasos que han dado en sus desvelos por atraer a un mayor número de alemanes, ingleses, rusos, italianos o peninsulares ansiosos de anillarse con la pulsera del todo incluido y dejarse llevar por las bondades del dolce far niente.

A primera vista esos datos olímpicos sugieren un fortalecimiento de nuestro tejido socioeconómico. Trece millones de turistas en un archipiélago de dos millones de habitantes debería implicar, como mínimo, una sana capacidad recaudatoria. Mientras clavamos la mirada en la sonrisa presidencial, imaginamos una Consejería de Hacienda que se frota las manos viendo las pantallas de “Llegadas” de nuestros aeropuertos. Pero a nada que conozcamos el verdadero estado de nuestra economía, descubrimos otros récords (pérdida sangrante de empleo neto y de calidad, paro juvenil del 60%, fuga de talentos, disminución del poder adquisitivo, fracaso escolar...) que no parecen ser causa de fatiga ni desvelo. Lo importante es acicalar la sonrisa a la hora de atraer inversores y grandes compañías hoteleras: “¿Conoce usted la RIC? ¡Abran paso y dejen entrar al inversor, a nuestro amigo!” -Se oye de fondo la radio: “Estamos a 15 de marzo y se acabó la hucha de las prestaciones sociales”- “¡Apaga la radio, eso hoy no toca!”. Tome asiento, querido amigo y descubra usted las incomparables condiciones que le ofrece este archipiélago. Si busca usted turismo verde, tenemos campos de golf. Si quiere un parque temático, le ofrecemos la Zona Especial Canaria donde puede tributar al 4%. Todo deben ser facilidades, no vaya a ser que se disguste y lleve su resort al desierto de Los Monegros.

Los beneficios, que otros sectores de nuestra sociedad podrían tener del siempre denominado “principal motor económico” de Canarias, no han de quedar a expensas de que, en un acto de solidaridad con el pueblo canario, el turista se arranque la pulsera del todo incluido y salga a la calle a comer, a visitar una galería de arte, a escuchar un concierto o a comprar en un pequeño comercio. Inevitablemente, mal que les pese a los fundamentalistas del libre mercado, debemos legislar. Lo que en el Parlamento se puso sobre la mesa era una simple propuesta para conectar el sector turístico con la Cultura, una propuesta que invitaba al Gobierno a plantear la posibilidad de que aquellas empresas hoteleras que se beneficien del dinero público a través de las subvenciones para la renovación y modernización de sus infraestructuras tuvieran, aparte de poner ducha o bañera, otra condición complementaria: un porcentaje de obras de arte de autores residentes en Canarias. Al ser una región ultraperiférica, con dificultades para el transporte y con barreras aduaneras muy superiores al resto de regiones de la UE, entendemos que esta es una medida tan lógica como que un agricultor canario pueda vender su producto directamente al hotelero. Es una cuestión de sentido común.

Tengo la intuición de que algunos olvidaron el 1,5% cultural que se estableció desde el Ministerio de Fomento y que obligaba a destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos ese porcentaje a trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio cultural español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno.

Finalmente, tras la negativa de los demás grupos de la Cámara a que dicha propuesta tuviera forma impositiva, acordamos, con ningún voto en contra, instar al Gobierno a potenciar un acuerdo entre ambos sectores para impulsar la Cultura a través de acciones de difusión, patrocinio y mecenazgo a las creaciones de un sector que ha sufrido un recorte del 80% desde 2008 y que, en contraste con el 12% de aumento para los sueldos del Gobierno de Canarias, tendrá una subida raquítica del 0,05% en los presupuestos para 2016. Cuestión de prioridades.