«Las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aun las más antiguas, manan sangre todavía», dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Esta cita siempre me ha parecido la versión poética de esta otra de Karl Marx: «los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre albedrío, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias que se encuentran inmediatamente, que existen y transmite el pasado». El año del descubrimiento, la película del director murciano Luis López Carrasco, pareciera haberse construido buscando cierto equilibrio entre el análisis del uno y la poesía del otro.

Difícilmente clasificable dentro de un género, aunque se hable de ella como de un documental, nos encontramos frente a un experimento audiovisual con muchas capas de lectura. Más allá de la incuestionable belleza técnica y el valor de hacer una película tan poco comercial como necesaria, El año del descubrimiento nos da una lección de cómo la agenda neoliberal ha transformado nuestra sociedad y nos moldea como individuos. Y lo hace desde la periferia del país semi-periférico que somos, lo que permitirá que muchas otras gentes y territorios se sientan reconocidos. Partiendo del contrapunto que supuso la quema de la Asamblea Regional en Cartagena el 3 de febrero de 1992, frente al que debía ser un relato feliz de modernidad, democracia y desarrollo, López Carrasco y su guionista, Raúl Liarte, nos muestran la feroz lucha de clases que se libraba y se libra detrás de tanta propaganda.

Para los creadores de ideología, 1992 debía haber sido el año de la vuelta de España a la primera línea de la economía y la política internacional, o al menos de eso querían convencernos de la mano de los fastos olímpicos y expositores. Pero 500 años después del inicio de la colonización y expolio de América como gran potencia económica y militar España ya no era nada más que lo que sigue siendo, un país de segundo orden sometido a los dictados económicos de Alemania, a los intereses geoestratégicos de EEUU y a los capitales de los grandes fondos de inversión multinacionales. Como tal, seguimos siendo un pueblo que sufre la Historia en vez de hacerla. La reconversión fue el poco exitoso nombre comercial de una desindustrialización que confirmaba nuestro papel en la división internacional del trabajo: el de proveedor de servicios turísticos y poco más, como constatan los protagonistas de la cinta.

Como un aviso de su posición frente al peso de la Historia y los marcos culturales que esta genera, en los primeros compases de la película vemos el interior del Bar Tana y a algunos de sus parroquianos mientras de fondo se escucha un reportaje sobre la pervivencia de la influencia lingüística del catalán en las tierras del reino de Murcia como consecuencia de la llegada de colonos durante el siglo XIII: pésoles, leja, legón, llampo…

Como sin quererlo, las personas que pasan por la Tana durante la primera parte de la película nos hablan desde una especie de limbo temporal de los problemas de una crisis que no es eterno retorno sino presente perpetuo. Pero no solo eso, sus discursos -y sus gestos y acciones que nos muestran con detalle etnográfico mediante la genial idea de la pantalla partida en planos simultáneos- construyen un relato antropológico coral de la sociedad en la que vivimos.

El magnetismo de las conversaciones de la primera parte se articula y cobra todo su sentido con los testimonios de quienes fueron protagonistas de las huelgas obreras de 1992, que se deben contextualizar en el ciclo de luchas de 1989-1993 que comienza con las huelgas agrícolas, continúa con las protestas en la Sierra Minera (los mineros de Peñarroya/Portmán Golf encerraron a los diputados regionales en la Asamblea durante varias horas a finales de 1991), sigue con las huelgas y protestas en Cartagena entre 1991 y 1992 y acaba con el Plan de Reactivación Económica de 1993, que no es otra cosa sino el disfraz de una derrota generalizada. Su relato llega a remontarse a la Cartagena revolucionaria del siglo XIX, se detiene en la durísima represión que el franquismo ejerció en la región de Murcia desde su misma entrada en el territorio, se vuelve extremadamente vívido rememorando aquel 1992 y permite entender cómo se produjo en el caso cartagenero la desmovilización y desprestigio del movimiento asociativo y sindical sobre el que se despliega el proyecto neoliberal… Una desmovilización sin la cual son incomprensibles las actuales (¿y futuras?) correlaciones de fuerzas políticas en la Región.

Si los valores necesitan un depositario en que descansar, como señalara el filósofo Frondizi, ninguna acción sería tan eficaz contra el movimiento obrero y la organización de las clases populares (y, por tanto, contra su capacidad para crear marcos culturales y sentido social) como la destrucción o la cooptación de las organizaciones que les servían de refugio, que a su vez se apoyaban en la existencia de las grandes empresas industriales finiquitadas en 1992.

Precisamente, el epílogo de El año del descubrimiento invita a pensar, sin nostalgia, en la necesidad de seguir luchando y de dar continuidad a aquellas organizaciones si no queremos quedar totalmente a merced de la precariedad y la desigualdad más absolutas.

El éxito cinematográfico de El año del descubrimiento ya parece seguro, solo hay que revisar su paso por diferentes festivales y las críticas que está suscitando, ojalá también se convierta en un éxito de público en Cartagena y la Región de Murcia. 

La consejería de Turismo, Juventud y Deportes de la Región de Murcia contará con un presupuesto de 23,2 millones de euros si finalmente se aprueban los presupuestos regionales con el apoyo de PP, C's y Vox, veto parental y otros vergonzantes guiños a la ultraderecha mediante.

Más de la mitad de estos 23,2 millones de euros irán al área de turismo, dejando claro cuál es el peso relativo de cada uno de los brazos de la Consejería. Se trata de otra prueba de hasta qué punto la acción política del Gobierno Regional se planifica pensando más en los intereses empresariales que en los ciudadanos. Resumiendo mucho podemos decir que se hacen políticas desde arriba y hacia afuera y no desde abajo y hacia dentro.

En otra demostración de que lo importante para quienes gobiernan la Región de Murcia, y quienes los mantienen, son las apariencias y los beneficios económicos -privados, por supuesto- a corto plazo, casi el 50% del presupuesto de turismo, 5,8 millones de euros, se destinará a diferentes acciones de marketing. No se asignarán a políticas efectivas que permitan, si es que eso es posible, crear un sector turístico equilibrado, que minimice los impactos sociales y ambientales y reparta los beneficios de manera justa entre la población, algo muy diferente a las políticas que nos convirtieron en el agujero negro del turismo residencial y que hacen del Mar Menor la sentina de la agroindustria. Irán dirigidos en cambio a campañas de imagen que quizá salven mínimamente los números de la siguiente temporada turística pero que dejan intactas las causas de la degradación económica y ambiental que sufre la Región.

Precisamente cuando el Mar Menor y su entorno necesitan mayor financiación para evitar el colapso, 3,2 millones de euros, el 80% de la partida de marketing turístico, se usarán, según la Consejera Cristina Sánchez, para reforzar la marca Mar Menor y vender la laguna como destino. Parecen incapaces, y quizás lo son, de pensar el Mar Menor como un patrimonio natural que proporciona servicios ecosistémicos de valor incalculable y actúan como si simplemente fuese una piscina salada que genera beneficios económicos. La confusión entre prioridades con respecto al Mar Menor es de tal magnitud que no requiere mayor comentario.

Estas decisiones presupuestarias deben hacernos abandonar cualquier esperanza de que el Gobierno de López Miras tome decisiones políticas efectivas para proteger y recuperar el Mar Menor. Solo la presión desde la sociedad civil podría obligarles a actuar sobre los problemas de fondo. Mientras tanto sólo pondrán parches hasta el desastre final. De ahí la obsesión por repetir un discurso tramposo que busca repartir la responsabilidad entre toda la sociedad –cuando los responsables tienen nombres y apellidos- y señalar al Gobierno Central como el enemigo del Mar Menor.

Empresas que contaminan el mar con sus vertidos, políticos cómplices, vecinos que ven con claridad lo que sucede pero permanecen callados y dejan hacer. Esto ya ocurrió en la Región de Murcia entre 1957 y 1990; fue en la bahía de Portmán. Allí, el desastre medioambiental, se dice que el mayor del Mediterráneo, sigue sin encontrar remedio 29 años después.

En otro lugar quise encontrar una explicación a las actitudes de los vecinos de Portmán, primero ante los vertidos de residuos mineros que de forma evidente colmataban la bahía y después ante los posibles proyectos de regeneración ambiental y recuperación de la bahía.

De manera muy resumida podemos decir que desde la empresa contaminante, la multinacional Peñarroya, con el apoyo más o menos militante de políticos de diferentes ámbitos y de los medios de comunicación regionales, se promovió una visión de la realidad en la que la contaminación del mar y la colmatación de la bahía era un mal menor frente a las promesas de desarrollo y bienestar económico.

Desde luego existía una base material para esta visión. Cientos de familias dependían de los trabajos de Peñarroya. La minería era uno de los motores económicos de la región y el control de tipo caciquil ejercido por la multinacional y sus representantes limitaba, o directamente cercenaba, la aparición de alternativas económicas y de discursos públicos disidentes. El sentido común decía: “sin vertidos no hay minería, sin minería no hay trabajo y sin trabajo…”.

Pero el llamado sentido común, aquí se ve con claridad, habitualmente no es otra cosa que un disfraz de la ideología dominante y por lo tanto del poder. Hizo falta no ya que el desastre medioambiental alcanzase proporciones bíblicas, como está ocurriendo en el Mar Menor, sino que la minería se hiciese inviable, la economía local quebrase y el control caciquil de Peñarroya desapareciese para que la actitud vecinal, y con ella el sentido común, cambiase. Por lo sufrido y el tiempo transcurrido, parece que el cambio fue en una dirección poco atractiva para quienes deben financiar los proyectos de regeneración.

De algún modo, el Mar Menor y la comarca del Campo de Cartagena tomaron el relevo de Portmán y su bahía. Donde antes estaba el monopolio minero de Peñarroya ahora encontramos el oligopolio de GS España, Inagrup, Ciky Oro, Vanda agropecuaria y otras pocas grandes empresas multinacionales. Por su parte, políticos de todos los niveles y medios de comunicación han contribuido a construir y fijar ese sentido común que dice que “la agricultura es el motor y la gran riqueza de la economía regional y por tanto no solo es intocable, sino que se deben apoyar todas sus reivindicaciones y aceptar sus defectos, porque de lo contrario…”. Incluso aunque este sentido común suponga mirar para otro lado cuando la explotación de los trabajadores es salvaje y la agresión medioambiental está a punto de acabar con un ecosistema que fue extraordinariamente rico y valioso. Para los gobiernos regionales lo único importante ha sido mantener una ficción de marketing ambiental que no ahogase a la industria turístico/inmobiliaria -su otro gran apoyo, tan depredador e irresponsable como la agroindustria-, algo en lo que son expertos, pues prácticamente todas sus medidas estrella de los últimos treinta años han sido eso, puro marketing.

Si las grandes empresas de la agroindustria son las ejecutoras de los crímenes ambientales, el principal cómplice tiene nombres y apellidos: Ramón Luis Valcárcel. Y junto con él todos los consejeros que han pasado por sus gobiernos y sus herederos políticos, pero también los diferentes alcaldes de los municipios y la inmensa mayoría de los concejales de la comarca desde hace al menos treinta años, con excepciones tan minoritarias como honrosas. Por su parte, sería injusto culpar al grueso de la población de algo más que de, muy legítimamente, preocuparse por su bienestar más inmediato y no rebelarse en un entorno en el que quienes se rebelan quedan señalados y con frecuencia son castigados social y laboralmente.

Ante ellos se ha esgrimido recurrentemente la figura de un ser casi mítico: el pequeño agricultor asfixiado por la falta de agua o al borde de la ruina por los bajos precios de las últimas cosechas, pero que con su sacrificio ayuda a toda la Región. La realidad es que la mayoría de estos pequeños agricultores o bien vendieron hace tiempo o bien compraron y se transformaron en empresarios agroindustriales. Las quejas de los pocos que se encuentran a medio camino pueden ser comprensibles, pero, en general, guardan poca relación con la realidad.

Y, sin embargo, sigue usándose al mítico pequeño agricultor. Y volverán a intentar usarlo para justificar una complicidad -inacción en el mejor de los casos- que solo beneficia a unas pocas grandes empresas. Para el resto, queda una explotación laboral desmedida en los campos y en los almacenes, una estructura económica de tintes neocoloniales y otro desastre medioambiental que podríamos arrastrar durante décadas.

El colapso del Mar Menor puede arruinar la industria turística de la comarca. La recuperación de destinos como Los Alcázares será sin duda muy complicada. Pero también puede castigar a una agricultura básicamente exportadora cuya responsabilidad en el desastre puede acarrear muy mala prensa internacional. En nuestra mano está que la historia no se repita punto por punto. Un nuevo sentido común, con todas sus consecuencias, puede construirse desde un desastre tan evidente y que afecta tan de lleno y por tantos ángulos a una población ya de por sí castigada. Un buen comienzo sería llenar las calles, organizarse y desconfiar de quienes nos han traído hasta aquí. O actuamos ahora o nos lamentaremos muy pronto, como todavía lo hacen en Portmán.

A la mayoría de quienes somos de Torre Pacheco no nos sorprendió el resultado de las elecciones generales del pasado 26 de abril, lo cual no significa que comprendamos sus causas. Últimamente se ha escrito y hablado mucho sobre el municipio, pero me da la sensación de que seguimos arañando la superficie, sin una perspectiva más amplia en lo temporal y en lo social tanto nuestra compresión como nuestra capacidad de acción será más que limitada. Este texto es un primer intento de explicación desde las ciencias sociales.

Comencemos con el contexto. Por un lado, la animadversión al colectivo de migrantes es algo casi omnipresente en los espacios públicos del municipio, aunque por suerte la distancia entre prácticas y discursos todavía es considerable. Por el otro, la expresión política más consolidada en Torre Pacheco es una forma de cabreo antipolítico que, partiendo del “todos son iguales”, sacraliza una cultura política incapaz de salir de simplificaciones muy útiles a las clases que más poder acumulan en el municipio -representadas en los partidos de la derecha-, veremos que estas dos cuestiones están estrechamente relacionadas.

¿Cómo explicamos estas dos particularidades? Desde una perspectiva histórico-social podemos acercarnos a comprender el meollo de la cuestión. El Torre Pacheco anterior al franquismo era un núcleo rural dominado por grandes propietarios, con un campesinado minifundista escaso y poco desarrollado y sin ninguna industria importante. La población de jornaleros establecidos de forma permanente o llegados en épocas de cosecha de regiones cercanas como La Mancha, estaba políticamente controlada por relaciones de cacicazgo que, por ejemplo, aseguraban la victoria de los partidos monárquicos en las elecciones.

La proclamación de la II República abrió una brecha al poner sobre la mesa los derechos laborales de los jornaleros y al potenciar la fuerza asociativa de los sindicatos de trabajadores agrícolas y los partidos de izquierdas. La acción obrera permitió incluso la colectivización de fincas durante los últimos años de República y la Guerra Civil. Sin embargo, el triunfo de los franquistas no sólo revirtió las conquistas laborales y los avances de la reforma agraria sino que liquidó o puso en desbandada a los elementos más conscientes y politizados. Los propietarios agrícolas asumieron su victoria recuperando sin complejos sus privilegios, el resto tuvo que aceptarlo y cargar además con la “vergüenza” y la “culpa” de haber desafiado el “orden divino”. Sin estructuras más o menos estables que apoyasen a quienes se situaron del lado de la República, ni siquiera bajo subterfugios, la imposición de la hegemonía cultural franquista se ejecutó sin mayor impedimento.

Antes de que las aguas del trasvase Tajo-Segura llegasen al municipio, el “otro”, el “emigrante”, venía fundamentalmente de La Mancha, se instalaba en campamentos fuera de la población, apenas se relacionaba con los locales y desaparecía al acabar la recogida de la cosecha. Esto los convertía en figuras al mismo tiempo tan útiles como desconocidas, y por eso mismo temidas. Con el trasvase, los temporeros se convirtieron en población permanente, “los manchegos” y “los andaluces” fueron los primeros en llegar y sobre ellos recayeron los estigmas que las siguientes oleadas seguirían heredando: sucios, ruidosos, peligrosos. El esquema se repitió después con los emigrantes del Magreb, Latinoamérica, África subsahariana y el subcontinente indio.

En términos generales, podemos decir que el monolitismo cultural del municipio, de cariz conservador, religioso y sumiso al poder (originado en cómo se impuso la victoria franquista) siempre ha arrojado sombras y miedos sobre el recién llegado, dificultando las relaciones entre viejos y nuevos pachequeros. Por si no fuera suficiente, las condiciones económicas y laborales de los recién llegados han sido, repetidamente, una losa doble sobre sus cabezas; los bajos salarios o las dificultades para el acceso a la vivienda no han sido vistos por la población de acogida como causa de los estigmas de los que antes hablábamos sino como consecuencia de los mismos, dando origen a algunas de las falacias más peligrosas que aún circulan por el municipio: se les paga poco porque no son de fiar, no se les alquila o se les alquila a precios desorbitados porque son sucios y son capaces de compartir una vivienda entre varias familias, etc.

La percepción actual de la delincuencia en Torre Pacheco deberíamos encuadrarla en el esquema descrito. En primer lugar, debemos aclarar que los índices de criminalidad del municipio no están por encima de la media nacional y en 2018 se redujeron sensiblemente frente a 2017, según datos del Ministerio del Interior. No obstante, esta percepción debe tener alguna base material. En este punto debemos volver a cómo el “otro” no solo es visto con desconfianza sino que además se le hace culpable de sus propios males y causa de cualquier anomalía o desequilibrio social.

Quizá la gran pregunta sea por qué las comunidades migrantes extranjeras no sólo no han conseguido, en general, desembarazarse de los estigmas del “otro” a pesar de que muchos llevan viviendo en el municipio más de 20 años. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que la asimilación de los primeros migrantes interiores vino de la mano del acceso a pequeños avances en las condiciones laborales y puestos de trabajo ligeramente mejores –tanto en salario como en estatus-, lo que se tradujo, claro está, en progresos en sus condiciones de vida. Esto ocurrió en un contexto económico expansivo, de crecimiento que se creía infinito, que llegó al paroxismo durante la burbuja inmobiliaria.

La gran diferencia entre los migrantes interiores y exteriores es que los segundos llegaron durante el ciclo expansivo pero nunca pudieron ascender en el escalafón salarial –ni hablemos del estatus de sus puestos de trabajo. En todo este tiempo no sólo no han mejorado sus condiciones laborales y por ende vitales sino que en plena crisis económica, como el resto de trabajadores, las han visto empeorar.

¿Quién se beneficia de esto? ¿A quién le conviene este juego de imágenes deformadas? Sin ninguna duda, a aquellos que pagan bajos salarios y obtienen buenos beneficios, en la agricultura y su industria afín, en la construcción, en los servicios…, aquellos que desde hace mucho tiempo hacen lo posible por alejar el foco de sus cuentas de resultados cuando llegan los despidos o los desahucios. Como decíamos más arriba, cuando la cultura política predominante tiende a la simplificación, casi al famoso “haga como yo, no se meta en política” que la leyenda atribuye a Franco, es fácil que una población relativamente acomodada en su precariedad y con perspectivas de ascenso social apueste por las opciones políticas donde las clases dominantes se representan: el Partido Independiente (antes UCD y CDS) y el PP, instrumentos políticos de los propietarios tradicionales y los nuevos empresarios agrícolas y de la construcción.

Ante la ausencia de otras estructuras políticas organizadas y con capacidad para actuar e influir en el territorio, el frenazo económico redistribuyó los votos entre las opciones tradicionales (como antes lo hizo el cambio de modelo productivo) y no solo no ayudó a imaginar alternativas sociales y económicas sino que colocó al emigrante con sus estigmas en el centro de la diana, convirtiéndolo en “el que se queda con el trabajo”, “el que acumula ayudas sociales”, “el que amenaza la seguridad”, etc. Momento perfecto para que aparezca un partido como Vox y divida en tres un campo tradicionalmente de dos. Los municipios de la Región en los que este partido ha conseguido mejores resultados no solo es que compartan altos porcentajes de inmigración, es que tienen además circunstancias históricas, económicas y socioculturales muy parecidas.

No es tanto un problema de convivencia -no hay tal- o de seguridad, como interesadamente argumentan algunos, se trata de la distribución desequilibrada de los recursos que ya no alcanza ni a las migajas y del concepto de ciudadanía que tradicionalmente se ha asignado a quienes ocupaban los puestos más bajos de la estructura social y económica. Ahora que las perspectivas de crecimiento de antaño quedan lejos hay a quienes les parece factible y deseable que los emigrantes sigan realizando los trabajos más duros a cambio de salarios bajos, pero dejando de ser visibles, idealmente apartados durante las campañas agrícolas y de vuelta a sus países una vez terminadas.

La gran pregunta vuelve a ser qué hacer. De momento, el domingo 26 las derechas acumularán más del 60% del voto. Si en el futuro queremos acabar con la polarización social deberíamos trabajar por una distribución más equitativa de los beneficios económicos (la relación capital/trabajo) que asegure tanto unas mejores condiciones de vida para quienes ocupan los trabajos peor pagados como una mayor estabilidad para quienes se encuentran por encima de estos –a veces más en cuanto estatus que a salario. Pero esto parece poco probable si antes no construimos estructuras políticas que aglutinen a viejos y nuevos vecinos, capaces de ofrecer una explicación más compleja de la realidad, pegadas al territorio y capaces de sumar cada vez más fuerza en pos de una solución como la apuntada.

La denuncia de estos hechos me hizo recordar las veces que amigos de otras Comunidades me han preguntado por mi opinión sobre el secreto del éxito del PP en la Región de Murcia. Normalmente respondo con digresiones sobre redes clientelares y diferentes estrategias de manipulación ideológica relacionadas con el agua, la propiedad privada, las tradiciones... Pero habitualmente dejo fuera las maniobras de presión directa, muchas relacionadas con la provisión de empleos y la confección de esas redes clientelares, sin las que es imposible entender las más de dos décadas de control político casi absoluto del PP en Murcia y su relativa pérdida de poder municipal y autonómico en 2015.

Nicholas Abercrombie y Bryan S. Turner en su ensayo La tesis de la ideología dominante (1985) afirman que la docilidad política se debe más a las presiones materiales que a “los significantes trascendentales”, de modo que la reproducción de un determinado orden político tiene más que ver con lo que “los explotados” consiguen o evitan que con la interiorización de determinados valores. En mi opinión esto no explica por sí solo la reproducción de la hegemonía cultural, pero sí es un elemento de importancia crucial para entender la escasez y debilidad de respuestas contrahegemónicas. En la Región de Murcia estas presiones han sido una constante, poco comentada pero bien conocida, a todos los niveles.

Relataré brevemente tres ejemplos que conozco de primera mano (desgraciadamente podrían ser más) y que ilustran algunos de los métodos usados durante los años de la burbuja para evitar la organización de resistencias y acallar voces. Evitaré nombres y localidades para resaltar el hecho de que fueron (y son) situaciones normales en toda la Región (y pueden serlo, sin duda, en otras Comunidades Autónomas).

Allá por el año 2003 el milagro económico español tenía a Murcia como uno de sus alumnos aventajados, grandes proyectos de urbanización estaban en marcha y las restricciones legales eran la última preocupación de la mayoría de los representantes políticos. En una de las localidades epicentro de la burbuja inmobiliaria, a pesar de la mayoría absoluta del PP, un recién elegido concejal de izquierdas podía con sus remilgos poner en apuros el tranquilo discurrir de recalificaciones y reparto de favores.

Primero se le ofreció participar del gobierno municipal como método de cooptación. Ante su negativa comenzaron las represalias, no solo en su labor como concejal, sino también en su puesto de trabajo en una de las instituciones financieras que engrasó con dinero fácil los engranajes de la especulación en la Región de Murcia y que en 2011 rescatamos todos a escote. La entidad financiera llegó a trasladarlo a otra localidad a más de cien kilómetros, entre otras lindezas, lo cual no aflojó su labor en la oposición, pero le dejó con pocas ganas de repetir como concejal.

Más o menos en las mismas fechas un joven licenciado comenzaba a trabajar para una importante empresa de la Región. Lo contrataron a pesar de haber formado parte de una candidatura municipal de IU. Eso sí, desde el principio se le advirtió de que no volviese a hacerlo y evitase que se le relacionase con esa organización. Así fue.

El último ejemplo es el de un trabajador de la construcción. Tras la salida de la cárcel del alcalde corrupto de su municipio, ya en los comienzos de la crisis económica, recibió una llamada de teléfono en la que se le urgía a proteger su puesto de trabajo acudiendo a una manifestación de apoyo al excarcelado. Entre convencidos y temerosos, fueron tantos los asistentes a aquella manifestación que no cabían en la plaza del pueblo.

Si este tipo de estrategias de control socio-político son bastante normales y atraviesan la sociedad, desde el trabajador más humilde hasta el fiscal superior, ¿podemos hablar de democracia? ¿Quién la garantiza en un territorio en el que cada acto, no ya de disidencia política, sino de cumplimiento escrupuloso de las responsabilidades, se convierte en un ejercicio de heroísmo? ¿Cómo revertir esta situación totalmente y evitar que vuelva a ocurrir?

Adrián Bernal Herce (Alicante, 1983) llegó a la poesía en Tegucigalpa, donde trabajó para la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo como programador cultural del centro español entre 2011 y 2013. Allí publicó 29 días de abril y marzo (Dispara la palabra, 2012), un diario poético de la vida de la considerada como ciudad más peligrosa de América Latina. Antes había estudiado Publicidad y Antropología Social y había sido bajista y voz del grupo de ska-punk Sikiátrico. En el año 2014 ganó el prestigioso Certamen Internacional de Poesía Martín García Ramos con el libro Todas las ciudades del fuego (Difácil, 2015), un paseo por las ciudades que habitan en su memoria, unas ciudades arrasadas por el capitalismo y el olvido programado.

El pasado viernes, junto al poeta cartagenero Juan de Dios García, prologuista de Estaciones de invierno (Libros en su Tinta), dio un recital en la librería “la montaña mágica” allí pudimos comprobar que sus versos suenan a bebop, pero antes conversamos con él sobre su obra.

¿Por qué Estaciones de invierno?Estaciones de invierno

Es una referencia directa a uno de los libros del poeta francés Arthur Rimbaud que habitualmente se ha traducido al castellano como Una temporada en el infierno, aunque el título original en francés es Une saison en enfer. La palabra que usa Rimbaud puede traducirse como temporada o como estación y yo juego con esa relación entre invierno e infierno y entre estación del año y de tren. Uno de los versos de Rimbaud, que uso al principio de mi poemario dice: “¡y temo al invierno porque es la estación del confort!”, la idea de este libro es una persecución de la poética y del personaje que ha revolucionado la poesía moderna. Empezó a escribir a los 15 años y lo dejó a los 19, desapareció una temporada para volver a aparecer como colonizador y como traficante de armas primero en Yemen y después en Abisinia (la actual Etiopía). La idea del poeta huyendo de sí mismo, del confort de la vida burguesa, me apasiona.

¿Quiénes son tus referencias literarias, qué otras resonancias se va a encontrar el lector de Estaciones de invierno?Estaciones de invierno

Muchos poetas dirían que escribo poesía culturalista, los partidarios de la poesía pura dicen que al poema hay que quitarle todo lo que no es poesía, pero es que a mí la música y la literatura, junto con vivir, es lo que más me da ganas de escribir y no entiendo la vida sin la cultura, sería incapaz de escribir sin la influencia de la cultura. Yo empecé a escribir tarde, a los 29 años, cuando la mayoría ya han abandonado la poesía y como lector llegué muy marcado por algunos de los novísimos, Leopoldo María Panero, Manuel Vázquez Montalbán, Martínez Sarrión, Pere Gimferrer cuando no se pone muy barroco, precisamente todos muy culturalistas. Supongo que de todos ellos hay algo en mi poesía, de algunos de forma deliberada he usado citas para comenzar cada poema. Ha sido una manera de marcar estaciones por los epígrafes, por las citas que introducen cada poema, construyendo un itinerario que juega con la metáfora del tren que es un símbolo poético con mucha fuerza y personalmente un elemento muy importante en mi memoria sentimental.

Pero por la composición de página y por la forma de narrar los lectores se van a encontrar a los beats, en particular El aullido de Allen Ginsberg está muy presente. El poema “Crossroads o antielegía segunda a Robert Johnson” que cierra el libro es un buen ejemplo de esto.

Tú has sido músico y por lo que parece hay también mucha música en Estaciones de inviernoEstaciones de invierno

Aparte de los beats, hay mucha música porque no sé entender la poesía de otra manera. De la poesía lo que más me interesa es el ritmo, creo que es lo que la hace única y eso va muy ligado a lo musical.

Hay además un juego muy importante con el jazz y especialmente con el Blue Train de Coltrane, en muchos poemas intento interpretar a Rimbaud a ritmo de bebop, y algunos están escritos como un ejercicio mientras escuchaba Blue Train.

También Robert Johnson parece estar muy presente en tu obra

Ya en Todas las ciudades escribí un poema a Robert Johnson, un personaje asombroso, uno de los primeros bluesmen, muerto a los 27 años, envenenado por un marido celoso que llevaba uno de los bares donde él tocaba. Se cuenta que Robert Johnson vendió su alma al diablo para aprender a tocar la guitarra mejor que nadie, me atrae mucho cómo el mito transforma la historia cultural.

Además el contexto cultural de Johnson es fascinante, el sur profundo y pantanoso de los EEUU, de un Misisipi en el que nace el blues. Una música que explica la vida, que se usa para cantar las miserias pero que también sirve como herramienta de libertad, primero para los esclavos con las spirituals y las work songs y luego el blues cuando se liberan pero siguen siendo esclavos del capitalismo incipiente. En realidad las letras no cambian tanto, del amo al jefe, de las grandes plantaciones a las grandes ciudades.

¿Sirve para algo la poesía hoy en día?

Quiero creer que sí, es una búsqueda, un volver a traer lo vivido, un diálogo entre la memoria y la vivencia. La poesía trata sobre las ausencias, es una forma volver, de recuperar el sentido y la dignidad de las cosas y en mi caso una forma de crear espacios autónomos de la sociedad capitalista dentro de esta vida.

Hay bastantes referencias y creo que interpretaciones políticas en tus poemas

Mi poesía es una forma de política, no como lo podía ser la poesía social de los 50 y 60, no intento cambiar actitudes ni convencer a nadie, ni siquiera sostener mis posturas ideológicas, pero es política, estoy haciendo política cuando escribo poesía. Se trata de una confrontación entre la rabia y la ternura que viene de Vallejo. Las formas de opresión cotidiana y el mundo laboral están muy presentes en mi poesía, yo no me quejo de mis curros de mierda, pero esa experiencia me permite empatizar con la gente que más sufre en una sociedad cada vez más polarizada entre pobres y ricos.

Me ha llamado mucho la atención la presencia de los pájaros a lo largo de tus tres poemarios, ¿qué significan para ti?

Son la representación absoluta de la libertad y a la vez son también metáfora de la migración. Al moverte construyes una cartografía, unos itinerarios que explican sobre el mapa tu vida, los pájaros me fascinan por eso. Además en Estaciones de invierno me ayudan a ilustrar la idea de migración al sur.

¿Cuál ha sido la acogida de Estaciones de invierno?Estaciones de invierno

Yo estoy muy cómodo defendiendo el libro, me lo estoy pasando muy bien dando recitales, pero al final es algo minoritario, como casi todo en poesía.

Entre los sectores más especializados parece que se ha recibido bien, ha tenido algunas buenas reseñas. Pero todavía le queda andadura, habrá que esperar un poco más para juzgarlo.

A veces pienso que eso es exactamente lo que le ocurre al Partido Popular, los innumerables escándalos de corrupción de los que son protagonistas, los nefastos resultados de sus políticas, sus mentiras descaradas, la incompetencia de muchos de sus líderes… El volumen de podredumbre es tal que resulta inasumible, la sociedad no está preparada para valorar en su justa medida cuan enfermo está el PP. Y por eso puede que sea indestructible o que una ligera brisa pueda hacerlo derrumbarse como un castillo de naipes en el momento menos esperado.

La semana pasada fue ejemplar en este sentido. El lunes por la noche traía la demostración de que los líderes del PP no tienen ningún problema para mentir descaradamente: en el debate a siete Pablo Casado había utilizado, siendo totalmente consciente de ello, un gráfico manipulado sobre el gasto social durante la legislatura 2011-2015 –todavía no ha pedido perdón por ello. El martes por la tarde nos permitió constatar de nuevo la incompetencia de los líderes del partido y su poco aprecio por la libertad de expresión al pedir el cierre de la web satírica rajoypresidente.es, sustituida inmediatamente por otra con el desternillante nombre de esawebdelaqueustedmehabla.com. Y llegamos a la noche escuchando al ministro del interior pedir al director de la oficina antifraude de Catalunya que sacase trapos sucios de sus rivales políticos.

Un manejo antidemocrático de los aparatos del Estado y de su posición de poder que debiera haberle costado la dimisión o airadas protestas por todo el país. No sólo no ocurrió ni lo uno ni lo otro sino que además el electorado los ha premiado con mejores resultados electorales. El PP parece indestructible.

Debemos aceptar que por el momento el suelo electoral del PP ronda los siete millones largos de votos. Si descartamos a los grupos sociales cuyos intereses ha defendido real y tradicionalmente el PP y que no han creído que C’s pudiese ocupar de la noche a la mañana ese espacio, nos sigue quedando un número muy importante de votantes que lo son contra sus propios intereses y a pesar del volumen de escándalos que afectan al PP. Se me podrá preguntar qué es eso de “sus intereses”, argumentar que no existe tal cosa como los intereses objetivos de un grupo, no pretendo entrar en una disquisición demasiado intrincada así que recurriré al ejemplo que Terry Eagleton utiliza en su magnífica obra Ideología, una introducción, el autor inglés nos pide que imaginemos un grupo social llamado “esclavo de galeras en la proa de estribor” cuya misión consiste en remar durante quince horas y elogiar al emperador mientras son azotados, Eagleton con toda la sorna de la que es capaz explica que este grupo tiene intereses objetivos innegables, no manías ni caprichos, empezando por abandonar la galera lo antes posible.

Esto desde luego no significa que el tercer esclavo de galeras en la proa de estribor tenga que llegar de forma automática o mecánica a esa conclusión, ni que sea estúpido si no lo hace. Que esto ocurra o no dependerá de los mecanismos de control físico e ideológico y del papel que por ejemplo pueda jugar la Liga de Esclavos de Galeras Evadidos.

Por supuesto que la ideología juega un papel imprescindible en esto, aunque volviendo a Eagleton, como la halitosis, sólo la reconozcamos en los otros, el problema es que desde la derecha se gana la batalla ideológica (el interminable combate por la hegemonía cultural) a través de discursos de seducción y miedo que funcionan muy bien esgrimidos desde una posición de poder y control real sobre los medios de comunicación: “el país de los emprendedores” frente al “país de los bolivarianos”; el “estamos saliendo de la crisis” frente a “cualquier cambio nos hará retroceder”. Sin embargo, desde la izquierda se debe dar esta batalla desde la razón, la formación y la solidaridad, la seducción ha funcionado excelentemente para atraer a votantes ideológicamente de izquierdas decepcionados con las contradicciones del PSOE, pero parece haber tocado techo e incluso rebotado.

Los mayores éxitos en el combate por la hegemonía no los ha ganado Podemos, sino la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y lo ha hecho precisamente a base de pedagogía, lucha y mucha solidaridad. En el imaginario colectivo el derecho a la vivienda ha superado al derecho a la propiedad de los bancos, hasta tal punto que en el terreno del discurso (y sólo en el del discurso) incluso el PP se ha apuntado a este carro. Quizá no han leído a Laclau, pero en el PP saben apropiarse de elementos del discurso contrario, resignificarlos y usarlos para mantener la hegemonía.

Por seguir con los símiles bélicos, la guerra relámpago de Podemos ha conquistado importantísimos espacios, provocando un terremoto que ha despertado y agitado las tradicionales trincheras de IU que si no amenazaban al poder establecido sí habían permitido mantener estructuras esenciales de lucha y organización. Ahora el reto es consolidar las posiciones, crear redes y fortalecer las diferentes organizaciones para trabajar en las líneas de lucha, solidaridad y formación. El mundo de lo racional y el pensamiento, frente al de lo irracional y los sentimientos de la campaña electoral como estrategia para seguir conquistando terreno.

Estar preparados para la derrota es tan importante como estarlo para la victoria. Superado el golpe, la izquierda debe volver a ser conscientes de que no ganará ninguna elección sólo en la campaña, antes y ahora sigue siendo necesario construir redes y organizaciones populares, es una carrera de fondo y desagradecida, pero ineludible, esa será la brisa, no tan ligera, que acabe con el PP.

Lo ocurrido desde 1991 es indignante, pero no es nada comparado con el origen del problema. Éste tiende a olvidarse aunque supone un buen ejemplo de la complicidad entre poder económico y político y su continuidad desde el franquismo hasta nuestros días. En 1946 Peñarroya absorbió por completo a la que desde 1930 había sido su socia al 50%, la Sociedad Zapata-Portmán. Los caciques tradicionales, el mítico tío Lobo, su yerno Tomás Maestre y sus descendientes, eran sustituidos por una empresa transnacional de capital francés, propiedad para más señas de la muy poderosa e influyente familia Rothschild. Curiosamente, aunque la Ley de minas de 1944 exigía que al menos el 75% de la propiedad de las empresas mineras fuese española, el Consejo de Ministros decidió que se incumpliese su propia ley y permitió que Peñarroya explotase la Sierra Minera de Cartagena-La Unión prácticamente en régimen de monopolio y en condiciones neocoloniales.

La multinacional contaba con buenas conexiones en las altas esferas del Estado. Jesús Romero Gorría, letrado del Consejo de Estado desde 1942, fue presidente de la Sociedad Minero Metalúrgica Peñarroya hasta que en 1957 fue nombrado Subsecretario del Ministerio de Trabajo, cartera que acabó dirigiendo entre 1962 y 1969. Ya en los años 80, en plena democracia, Romero Gorría volvió a la presidencia de la empresa mientras era también miembro del Consejo de Estado. No son un invento reciente las ‘puertas giratorias’.

En 1957 Peñarroya comenzó la explotación a cielo abierto y los vertidos al mar: una gran inversión en capital, poca mano de obra y una enorme tasa de beneficio. El Ministerio de Obras Públicas había negado dos veces los permisos para los vertidos y había hecho una serie de recomendaciones. A pesar de no cumplir con ninguna, la multinacional obtuvo el visto bueno en 1959. Justo ese año había contratado como ingeniero de minas a Tomás Martínez Bordiú, hermano del yerno de Franco. El lavadero Roberto empezó procesando 876.000 toneladas de tierra al año y en 1978 llegó a la cifra de 2.900.000 toneladas. A día de hoy unos 30 millones de toneladas de estériles mezclados con metales pesados y reactivos químicos como el sulfato de cobre, el cianuro sódico o el ácido sulfúrico colmatan la bahía.

Coincidiendo con una crisis de cotización del mercado de metales Peñarroya vendió en septiembre de 1988 todos sus activos y pasivos de la Sierra Minera a Portmán Golf, una empresa recién creada por dos promotores inmobiliarios de la comarca, Alfonso García y Mariano Roca, entonces bien relacionados con el poder político murciano. El precio acordado fueron 200 millones de pesetas, una cantidad que pareció ridícula a casi todo el mundo, especialmente a los trabajadores que en poco tiempo acabarían en la calle. La intención declarada de Portmán Golf era sustituir paulatinamente el negocio minero por el de la urbanización y el turismo, dejando -eso sí- la responsabilidad de la regeneración ambiental en manos de las administraciones públicas. La sensación generalizada era que Peñarroya había buscado una manera de cambiar un negocio por otro sin asumir los gastos a los que le obligaba la ley. Cierto o no, la realidad es que la multinacional francesa desapareció sin necesidad de invertir ni una peseta en reparar los daños ambientales de los que era responsable.

Incluso la justicia avaló esta huida en 1993 aceptando que la empresa disponía de los permisos gubernativos pertinentes para realizar los vertidos sin cuestionar la legitimidad de los mismos. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia siguió exactamente la misma lógica que el Tribunal Supremo franquista que en 1972 desestimó el recurso del Ayuntamiento de La Unión argumentando que se debía “tener respeto por industrias como la de la sociedad Peñarroya-España, de gran interés por su importancia y por el número de puestos de trabajo creados”, es decir, que una empresa a partir de determinado tamaño debía ser inmune.  

La explotación obrera y medioambiental alimentó los balances de la multinacional Peñarroya durante más de 30 años con la connivencia del poder político. Que la regeneración la pagase quien se lucró contaminando sería lo mínimo exigible, pero llegados a este punto estoy casi seguro de que la mayoría de los murcianos y especialmente los vecinos de Portmán se conformarían con que se hiciese por fin sólo un poco de justicia y no un favor a la medida de intereses económicos espurios.

C es una mujer muy cercana a mí, he ido conociendo su historia de primera mano y he visto cómo pasaba del sufrimiento físico, generado por una enfermedad profesional, al psicológico, infligido primero por la falta de recursos de la sanidad pública y después por la burocracia de la Seguridad Social.

C tiene 59 años y durante los últimos 23 ha trabajado para la misma sociedad transformadora hortofrutícola. En esos años soportó unas condiciones laborales impropias de un país supuestamente democrático y desarrollado. Hasta hace pocos años las trabajadoras, a pesar del carácter industrial de su actividad, fueron consideradas empleadas agrícolas y debían pagarse ellas mismas la Seguridad Social (popularmente ‘el sello’). En las temporadas altas, especialmente en verano, C y sus compañeras han tenido que trabajar jornadas de entre 12 y 14 horas y en las bajas estar disponibles en cualquier momento para incorporarse en función de las necesidades productivas, incluso para trabajar sólo dos o tres horas y ganar un salario de miseria. C ha pasado miles de horas de pie, pasando frio en invierno, calor en verano y humedad siempre, cortando, pelando y envasando millones de kilos de frutas y hortalizas.

C puede que estuviese predispuesta a sufrir artritis, pero la poliartritis que padece en todo su cuerpo y especialmente en sus manos está aumentada y acelerada por el trabajo que ha realizado con un esmero y una ética profesional absolutamente inmerecidos por sus empleadores y por este sistema.

C sintió un día de 2014 que la última falange del dedo corazón de su mano derecha le dolía como si se lo hubiesen machacado con un martillo, pero siguió trabajando impelida por una extraordinaria fuerza de voluntad y un admirable sentido de la responsabilidad. Pasados unos días, C fue a su médico de cabecera, le fue diagnosticada una infección que debía tratar con antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios para que pudiese soportar el dolor y seguir trabajando. C trabajó todos los días durante dos meses y medio a pesar del intenso dolor que no desaparecía, más de dos meses tomando antibióticos y visitando a su médico de cabecera hasta que pudo ver a un especialista: no había infección, sino una microrrotura múltiple provocada por su avanzada poliartritis. Finalmente, C consiguió la baja laboral y entrar en una lista de espera para ser operada.

Tras doce largos meses –cosas de los recortes y la austeridad–, tres visitas a un tribunal médico y una reclamación oficial, se programó su operación. C recibió un trato exquisito por parte de los trabajadores de la sanidad pública y la cirugía fue un éxito, pero el tiempo de recuperación iba a ser inevitablemente prolongado.

Cuatro meses después de la intervención, C fue llamada nuevamente a un tribunal médico para comprobar su estado. Todavía sufría dolores derivados de la operación, su dedo –herramienta imprescindible en su trabajo– seguía visiblemente hinchado y tanto su médico de cabecera como la cirujana responsable de la intervención creían que el proceso de rehabilitación aún no había terminado. Una semana después, C recibía con incredulidad una carta en la que le comunicaban su alta médica C reclamó, consultó a una trabajadora social, volvió a reclamar, se le negó un nuevo tribunal médico y ante el inicio de la temporada de invierno se vio obligada a reintegrarse a su puesto de trabajo. Fueron tres días de intensos dolores hasta que volvió a visitar a su médico de cabecera, y este se vio en la obligación moral de volver a darle la baja médica. Inmediatamente C volvió a ser llamada a un tribunal médico.

Esta vez se le concedió una prórroga en su baja laboral, mientras se evaluaba su incapacidad permanente. Parecía el final de una pequeña pesadilla, pero C se encontró con la desagradable sorpresa de que no le ingresaban la cantidad correspondiente por su baja, preguntó y le invitaron a esperar un mes –“es habitual en estas situaciones”, le dijeron–. Esperó y volvió a encontrarse la cuenta corriente sin ingresos. Esta vez C preguntó con más insistencia y tras varias consultas consiguió llegar a la raíz del problema, su expediente estaba cerrado y a pesar de haber vuelto a recibir la baja laboral no se había reabierto. Le pidieron que esperase uno o dos meses y recibiría los atrasos en su cuenta corriente. Una espera de cinco meses capeados con esfuerzos, renuncias, ahorros y un inmerecido sufrimiento psicológico extra.

Por fin C recibió el pago, pero para su sorpresa era sólo un tercio de lo que esperaba, la carta que le comunicaba que cobraría 10€ al día, frente a los 30€ que le correspondían hasta que le dieron el alta médica de forma indebida. C acudió a la Seguridad Social, sin mucha convicción le dijeron que habían calculado su nuevo salario en base a los tres días que injustamente se vio forzada a trabajar. Su nuevo salario apenas cubre el pago de los medicamentos que necesita cada mes.

C no se resigna y está dispuesta a denunciar a la Seguridad Social, con mucha suerte puede que su insistencia encuentre la recompensa de una reconsideración; es improbable que se le indemnice con los intereses del salario que en justicia le corresponde; pero es simplemente imposible que pueda recuperar el tiempo de espera, la salud perdida y la angustia infligida por un sistema que se basa en la desconfianza hacia el débil y la incomprensión, cuando no el desprecio, hacia el trabajo.

*Si de algo sirviese, vaya desde aquí mi ánimo y cariño hacia C y mi reconocimiento a todas las mujeres explotadas e invisibilizadas.   

‘Corrupción el organismo nocivo’ es una película cargada de emotividad, todos sus protagonistas son ciudadanos valientes y honestos que prefirieron ser castigados con el ostracismo y la persecución a ser cómplices de la corrupción que contemplaban a su alrededor. Un documental que pudo rodarse gracias a la economía colaborativa –451 personas la financiaron altruistamente– y que ahora se enfrenta a un mercado controlado por unas pocas distribuidoras, que no da espacio a un cine comprometido y potencialmente conflictivo. Por eso intenta hacerse hueco con proyecciones organizadas por colectivos sociales –en este caso IU- e instituciones educativas.

Sin ninguna duda, recomiendo a todo el mundo aprovechar cualquier oportunidad para ver este documental, pero me siento en la obligación de ponerle un pero. En mi opinión le falta una perspectiva más amplia. Podría parecer que la corrupción es un problema atajable con la valentía de los funcionarios y los ciudadanos –esta valentía es, sin duda, necesaria y reivindicable, todos deberíamos alabarla y apoyarla sin fisuras–, pero esa es una estrategia insuficiente. Urruticoechea recurrió en su intervención a un cuento africano en el que frente a un incendio en la selva, una oruga transporta una gota de agua para intentar apagarlo; ante la perplejidad del resto de animales les explicaba que si todos llevasen agua en la medida de sus posibilidades podrían apagar el incendio.

Por supuesto esa es una actitud encomiable y siempre útil, pero otra vez insuficiente. Si no acudimos a las causas a duras penas podremos reducir las consecuencias. Si el incendio estuviese provocado por un infinito tanque de petróleo, todo el agua del mundo sería insuficiente, pero sería fácil acabar con él cerrando la espita del tanque –aunque para hacerlo también necesitásemos la concurrencia de todos los animales de la selva-.

Los ejemplos de quienes protagonizan ‘Corrupción el organismo nocivo’ son una muestra evidente de que desde hace siglos el capitalismo español, en mayor medida que otros debido a las características de nuestro sistema productivo, se apoya en una interrelación nociva entre los poderes políticos, económicos y judiciales. El resultado son unas estructuras que castigan al denunciante y protegen, incluso alientan, al corruptor y al corrupto. El primero debe enfrentarse a las represalias y a los altos costos económicos de la justicia; los segundos, especialmente los corruptores, rara vez son castigados y continúan haciendo negocios gracias a los fondos públicos.

El geógrafo David Harvey acuñó el concepto “acumulación por desposesión” para explicar como un proceso constante en el tiempo lo que Marx llamaba “acumulación primitiva”: el sistema capitalista desposee a la sociedad de riquezas comunes (léase, roba) para seguir creciendo de forma indefinida, alimentando los motores de la economía privada; cuando el capitalismo encuentra algún tipo de barrera a la acumulación –al crecimiento constante a un mínimo del 3% anual– hace todo lo posible por levantar esa barrera. Si, por ejemplo, ya no puede seguir creciendo bajando los salarios, buscará nuevos mercados (colonización) o nuevos nichos (creación de necesidades o acceso a ámbitos económicos no mercantilizados aún, como la sanidad o la educación). Y si la legislación constriñe su capacidad de generar beneficios, la cambiará o las empresas harán todo lo posible por saltársela.

En los siglos XVIII y XIX fueron las tierras comunales y las herramientas de trabajo no asalariado los factores afectados por la “acumulación por desposesión”; en el XXI lo son la eliminación de derechos laborales, la privatización de los servicios públicos o la desregulación financiera. La corrupción, es decir, el desvío deliberado de rentas públicas destinadas al bien común hacia determinados bolsillos privados siempre ha sido un elemento más de ese proceso.

La corrupción no es cultural ni fruto de la degradación moral de la sociedad, aunque pueda encontrar en estos factores un campo fértil para crecer. La corrupción es sistémica, por eso también existe en Alemania y Suecia, aunque se adapte a sus condiciones particulares. Es un elemento más que expresa las contradicciones entre los intereses del capital y los de las clases trabajadoras. Por eso, la lucha contra la corrupción, si quiere ser definitiva, no tiene más remedio que ser una enmienda a la totalidad a un sistema que la protege porque es una parte intrínseca del mismo, porque sin ella tendría que desplegar otras estrategias para apropiarse de esos recursos.

Por lo tanto, la lucha contra la corrupción como un fenómeno indeseable pero reformable de un sistema que mantuviese intactos el resto de resortes del poder económico, político y judicial daría como resultado un sistema aparentemente menos indecente, pero en el fondo igual de injusto. Si de verdad queremos una alternativa a esta disyuntiva, necesitamos un plan B.

La Región de Murcia contó con grandes maestros en este dudoso arte: quedan como prueba un aeropuerto sin aviones e incluso sin inaugurar, y una de las mayores desalinizadoras del país, la de Escombreras, que no sólo no aporta agua sino que supone una pesadísima losa financiera.

En una demostración de la capacidad de innovación y desarrollo del PP de la Región de Murcia, nos convertimos además en expertos en la venta de proyectos que aunque han costado un buen pellizco se han quedado –afortunadamente, por otro lado– en poco más que elucubraciones sobre el papel, primeras piedras o recalificaciones de terrenos. Como ejemplos ahí están Contentpolis, la Paramount o el macropuerto de El Gorguel.

A mitad de camino se encuentran innumerables infraestructuras promovidas desde los municipios que se han quedado sin presupuesto y siguen sin terminar. Podrían pasar por carísimas esculturas que nos recuerdan en el mejor de los casos la incompetencia de nuestros gobernantes, y en el peor, directamente su indecencia.

Alguna, como el auditorio de Puerto Lumbreras, es tan paradójica que, siendo alcalde nuestro actual presidente regional, se firmó su recepción como obra finalizada cuando era evidente que lo que se había acabado era el presupuesto. Otras, como el Museo Paleontológico de la Región de Murcia, situado en Torre Pacheco, constituyen un ejemplo perfecto de todo lo que no debería volver a ocurrir en el futuro: proyectos megalómanos y despropósitos desde su diseño hasta su paralización.

El edificio, que actualmente se encuentra a medio construir, sustituyó a un descabellado plan promovido por el Partido Independiente de Torre Pacheco que pretendía empotrar el museo en el mismo Cabezo Gordo, un espacio protegido por su valor ambiental que alberga el yacimiento neandertal de la Sima de las Palomas. La decisión final de hacerlo en las faldas del Cabezo, en medio de campos de cultivo y alejado de todos los núcleos habitados, no mejoró mucho el primer proyecto: evitó el atentado ecológico pero no el económico.

El museo podría haberse ubicado en cualquiera de los pueblos cercanos al yacimiento -Dolores, Balsicas o San Cayetano-, podría haberse aprovechado alguno de los edificios públicos sin uso o infrautilizados o podría haberse restaurado y habilitado alguna de las casas tradicionales del campo de Cartagena. De esta manera se podría haber implicado a los vecinos, transformando el yacimiento arqueológico y lo que significa en una herramienta de desarrollo social en manos del pueblo, claro que esa no era una opción rentable para los intereses de determinados grupos político-empresariales.

Aunque la Comunidad Autónoma pagó los 8 millones de euros que debían cubrir el 90% de la construcción y habilitación del museo, el Ayuntamiento de Torre Pacheco, gobernado por el PP y con el inhabilitado Daniel García Madrid a la cabeza, aplicó el criterio de caja única. Es decir, la subvención se gastó en su totalidad, pero sólo unos 4 millones se gastaron efectivamente en la construcción del museo.

El Gobierno Regional ha dado un periodo de gracia de tres años, pero cuando expire, el Ayuntamiento deberá justificar el gasto de toda la ayuda y entregar el edificio terminado; en caso contrario se verá obligado a devolver los 8 millones de euros de subvención. Lo peor del asunto es que para acabar el edificio y ponerlo en marcha haría falta bastante más dinero del que queda por justificar, no sólo por la “imprevisión” de sobrecostes, sino también porque una cantidad indeterminada de materiales y equipos, arrumbados durante años de inactividad dentro del edificio a medio construir, se encuentran inutilizables.

En el improbable caso de que se llegase a concluir el proyecto, el Ayuntamiento tendría que enfrentarse a otro problema: el acuerdo con la Consejería de Cultura prevé que los gastos de funcionamiento corran a cargo del municipio, aunque el museo sea de carácter regional y de entrada su rentabilidad o autosuficiencia sea una quimera.

Llegados a este punto, ¿cuál es la mejor solución? ¿Acabar el edificio aumentando el endeudamiento del municipio, aun a sabiendas de que no será rentable y que lo más posible es que no pueda mantenerse abierto? ¿Devolver la subvención, con lo que el gasto sería en total de unos 12 millones de euros? ¿O acabar la obra –que costaría más o menos lo mismo– y tener un edificio que el Ayuntamiento no puede mantener abierto?

Ninguna de las soluciones resulta beneficiosa para los vecinos y quizá alguien debiera tratar de romper la baraja iniciando una investigación para esclarecer si puede haberse cometido alguna ilegalidad relacionada con el Museo Paleontológico de la Región de Murcia, y al mismo tiempo, comenzar a negociar con la Comunidad Autónoma la devolución de la subvención no justificada y la entrega de la obra.

Como corresponsable del proyecto, el Gobierno Regional debería haber vigilado todo el proceso y evitado llegar a este punto, y actualmente es el único capaz de terminarlo y ponerlo en marcha.

Pero mi triste previsión es que, aunque tendremos todavía que pagar un buen pellizco, durante muchos años el museo seguirá sin terminar, o cerrado y vacío. Otra carísima escultura que debiera recordarnos que vivimos en un sistema diseñado para que unos grupos acumulen riqueza desposeyendo a otros. Ojalá sirva como inspiración para no volver a tropezar con las mismas piedras.

A pesar de todo, 333 personas (un 2,55%) votaron por la candidatura de Magdalena Martínez Bode en el municipio, pocos votos, pero que demuestran que el suelo electoral de IU es sólido incluso en un lugar tan conservador como Torre Pacheco, donde la organización y la movilización son escasas. Un suelo de gente fuertemente concienciada y con una idea muy clara de cómo es el país donde querrían vivir.

Desde el día 21 he conversado con muchos amigos sobre el futuro de IU y sobre el papel que debería jugar en caso de celebrarse elecciones anticipadas. Entre los que votaron a Podemos, unos piden que demos por acabado el proyecto de IU y nos integremos en Podemos y otros desean que ambas organizaciones lleguen a algún tipo de acuerdo electoral. En mi opinión y la de muchos otros hay una tercera opción, la que Alberto Garzón intentó construir: un bloque de izquierdas, inclusivo y armado desde la base, capaz de articular los descontentos con la gestión neoliberal en un sentido radicalmente transformador, no reintegrándolos en el sistema, sino poniéndolos a trabajar por un proyecto social y políticamente arriesgado pero ilusionante. Un proyecto que sea capaz de poner fin al reparto desigual de la riqueza que el franquismo fortaleció y que la transición santificó con un halo democrático que aseguraba la perpetuación de la dictadura en el terreno económico.

¿Deberían entonces IU y el PCE disolverse en ese bloque? Ese sería en mi opinión el peor error político que podría cometerse, incluso mayor que la no constitución del mismo. Estoy seguro de que los grandes poderes económicos de España celebrarían alborozados esta decisión. Recurriendo a la ya manida comparación con Italia, el error no fue la creación de L’Ulivo, la coalición de fuerzas de centro izquierda e izquierda que en 1996 ganó las elecciones a Berlusconi, sino la disolución del PCI y su transformación en DS (Demócratas de Izquierda) primero y PD (Partido Democrático) después.

Aunque electoralmente haya podido ser una estrategia ganadora (y esto es discutible), políticamente ha permitido que las clases dominantes italianas impongan sin oposición su agenda social, económica y cultural. Fue relativamente sencillo, se dinamitó desde dentro una organización de más de un millón de afiliados y con ella desapareció del imaginario popular del país una opción social alternativa al capitalismo.

Cuando en 1991 se aprobó la disolución del PCI, con una pequeña oposición que fundó PRC (Partido de la Refundación Comunista), la izquierda radical italiana dejó de estar preparada para la victoria, sin armazón teórico, sin organización, sin estructura real y sin un proyecto alternativo al neoliberalismo del euro y la OTAN. Pero sobre todo, la izquierda dejó de estar preparada para la derrota, para mantener vivas las luchas en las fábricas y en las calles, para seguir siendo una oposición ética y cultural a la amoralidad capitalista. Con ello, dejó también el camino expedito a la hegemonía berlusconiana, al infantilismo inofensivo de Beppe Grillo y a una izquierda tan parecida a la derecha y útil al capitalismo como la liderada por Matteo Renzi, líder del partido heredero del PCI.

Esto fue lo que ocurrió en Italia pero, ¿cuál sería el destino de la izquierda radical española si el PCE e IU son apenas una sombra de lo que era el PCI en el momento de su disolución? IU debe refundarse, cambiar de nombre si es necesario, trabajar por la constitución de un bloque social transformador, por construir un imaginario social, económico y cultural alternativo al capitalismo y por organizar una base social que sea capaz de asegurar la realización de ese proyecto en caso de victoria, pero también debe garantizar la supervivencia de ese imaginario en caso de derrota.

Yo sin embargo tuve la suerte de intercambiar algunas palabras con un exconcejal, en su día duro y brillante, de IU que ante la ovación al actual recordó que en Torre Pacheco, tradicionalmente, ha sido más fácil conseguir aplausos que votos.

También pude hablar con algún buen amigo que me hizo caer en la cuenta de hasta qué punto se ha enrarecido el ambiente como para que acojamos con alegría la vuelta al poder de Independientes y Socialistas que si exteriormente han tratado de aparentar renovación, dentro siguen acogiendo a algunos de los poderes e intereses más arraigados y oscuros de Torre Pacheco. Si el PP perfeccionó el arte del nepotismo y la arbitrariedad durante 12 años, no debemos olvidar que quienes pusieron las bases de este sistema -o simplemente continuaron la inercia anterior- a nivel local fueron los llamados independientes (antes UCD y CDS) entre 1979 y 1999, y continuaron haciéndolo de 1999 a 2003 apoyados en la agrupación socialista local.

Políticamente, durante estos últimos meses, incluso años, Torre Pacheco ha vivido en un estado de ánimo muy parecido al de la legislatura 1999-2003: la mayoría de los vecinos estaban hartos de corruptelas e incompetencias y los pocos que aún apoyaban a los gobiernos cesantes lo hacían con cierta –y justificada- vergüenza, de ahí el alivio, más que alegría, con que se ha acogido esta moción de censura.

La incompetencia, como la ideología, es desgraciadamente imposible de evitar, pero la fiscalización de los funcionarios de habilitación nacional, secretarios e interventores, debería al menos haber puesto piedras en el camino de los que presuntamente buscaban saltarse la ley, por eso resultaba tan grave la ligereza con que la ya exalcaldesa Fina Marín hablaba del nombramiento por el que está imputada, que no olvidemos se produjo porque el Ministerio de Hacienda (a petición de IU) forzó la salida de un interventor condenado por prevaricación al que ella prefería no pedir que abandonase el puesto.

El conocido interventor Fernando Urruticoechea señalaba en una entrevista justamente un día después, que en 32 de los 45 Ayuntamientos de la Región las plazas de intervención están vacantes. No es que no las ocupe nadie, sino que se ha institucionalizado una práctica casi mafiosa: las plazas se ofertan con un complemento salarial muy bajo para que ningún funcionario competente las solicite y se acaban cubriendo por los únicos que lo piden -“mercenarios”, los llama Urruticoechea-, que acaban cobrando mucho más gracias a la arbitrariedad con que se pagan las productividades.

Por suerte hay excepciones. Otro amigo me dio el sábado una noticia que celebro mucho más que la formación del nuevo equipo de gobierno: me confirmó que la actual interventora provisional del Ayuntamiento de Torre Pacheco es una profesional extraordinariamente competente y valiente -necesitará grandes dosis de esta cualidad- que está poniendo orden y peleando por acabar con arbitrariedades históricas. Pero estas cosas no pueden depender de la suerte.

La hegemonía (quizá deberíamos hablar de hegemonización) es un proceso que exige que naturalicemos prácticas, expectativas vitales e incluso las percepciones que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Gramsci comprendió esto a la perfección y teorizó sobre el fenómeno mucho antes de que lo hiciesen Bourdieu –con su habitus– o Foucault –con su biopoder–: el consentimiento, la hegemonía, se interiorizan, podríamos decir que se hacen carne. Pero la hegemonía no es un estado completo o un sistema, sino un proceso histórico que necesita ser constantemente renovado, recreado y defendido, un proceso que como nos recuerda Raymond Williams, también es constantemente resistido, limitado, alterado y cambiado por las presiones. En esa resistencia se juega el futuro, se juega la reproducción social, se juega en definitiva quién y sobre todo cómo ejerce el poder.

Quienes más han hablado de hegemonía últimamente actúan como si se tratara de algo que pudiera ser conquistado jugando mejor que el adversario, es decir, aceptando las reglas y conformándose con gestionar las estructuras en vez de cambiarlas desde la raíz. Pero los procesos se construyen –no se conquistan– y para cambiar su dirección de desarrollo estamos forzados a establecer nuevas reglas. Es decir, no se trata de encajar en el famoso “sentido común”, sino de cambiarlo; no de seducir con lo que sabemos que el público quiere escuchar, sino de convencerlo de la necesidad de aquello que aún parece imposible. El “sentido común” es un campo de batalla ideológico y desde el momento en que las clases populares (denominadas hoy en día con el genérico “gente”) toman conciencia de sus propios intereses, comienza una competición entre grupos y clases para hacerse con el liderazgo moral e intelectual de ese territorio.

La aguda crisis económica y social, es decir, las condiciones materiales, pusieron la primera piedra en la transformación del “sentido común”: la mayor sensibilidad ante los desahucios, la indignación frente a los recortes y la corrupción, el ansia de participación más allá de las elecciones… Los elementos, en fin, que dieron forma al 15M, pistoletazo de salida de la batalla por el liderazgo moral de un nuevo periodo en la historia de España. Elementos que, articulados ideológicamente, podrían haber supuesto un cambio real de régimen. Sin embargo, encauzados, articulados en una dirección conservadora, se están transformando en una suerte de regeneracionismo (o gatopardismo), en lo que ya se empieza a llamar segunda transición: otra vez la derecha construyendo hegemonía con mayor eficacia que la izquierda –que, admitámoslo, juega en desventaja-.

El muy gramsciano Manuel Vázquez Montalbán en uno de sus escritos subnormales usaba una metáfora futbolística para describir un momento parecido al actual:

[La burguesía] “estaba en condiciones de escoger el terreno de juego, el árbitro y sólo escapaba a sus previsiones el índice real de beneficio que conseguiría en cada competición. […] el resultado del partido sólo dependía de la capacidad de forcejeo del adversario que salía al terreno de juego peor vestido, mal alimentado, en posesión de un lenguaje de extranjería para los árbitros nacidos a imagen y semejanza del equipo ganador. La conciencia burguesa […] primero intentó acorralar al equipo rival en su área, lanzando zarpazos contra las desvalidas huestes. Después […] descubrió la posibilidad enorme de victoria que ya implicaba el que todo equipo antagonista se prestara a jugar a fútbol y no rompiera el esquema lógico intentando vencer a base de rugby”.

¿Hay alguien dispuesto a coger el balón con la mano?

Pretende PAS confundir a los murcianos dando por hechos lo que no son más que promesas. No sé si a estas alturas de la película alguien en la Región todavía es capaz de tomarse en serio nada relacionado con Corvera, la Paramount, Contentpolis, Portmán o el agua… Quienes, sin duda, están entrenados para no caer en estas trampas son los vecinos de La Unión, una mueca de incredulidad e indiferencia debe de haber atravesado sus rostros al ver al PP anunciar sobre una foto de la amarillenta bahía de Portmán: “Volveremos a disfrutar del tesoro de Portmán. 60 millones de euros y 200 empleos para regenerar la bahía de Portmán”.

Desde que se iniciasen los vertidos en 1959, y en 1969 la Dirección General de Costas eximiese a Peñarroya de dragar la bahía para evitar su paulatina colmatación, los anuncios de planes de desarrollo y regeneración han sido innumerables, casi siempre unidos a proyectos abiertamente rechazados por la población y desde el fin de la minería en 1991 curiosamente planteados cerca de citas electorales: recalificaciones de terrenos con ratios indecentes de edificabilidad, uso de los estériles para rellenar la dársena de Escombreras, sellado y construcción sobre la bahía sin trabajos de recuperación, construcción de una dársena de contenedores en El Gorguel…

La lista de promesas –o amenazas– es tan larga que en 2009 Ginés Guerrero, entonces presidente de la Liga de Vecinos de Portmán, resumió magistralmente el estado de ánimo de este pueblo al preguntarse en declaraciones a la prensa si “lo que están haciendo con el pueblo es un estudio sociológico sobre cuánto puede aguantar el ser humano”.

El “estudio sociológico” llegó probablemente a la cumbre de lo absurdo cuando en 2012 parte del expediente del concurso de adjudicación de las obras de regeneración desapareció del Ministerio y se hizo inevitable volver a convocarlo. En el interregno, el último gobierno Valcárcel recibió con alegría berlanguiana el proyecto de Aria S.L. Esta compañía alemana pretendía explotar la magnetita presente en los estériles que colmatan la bahía y en seis años devolverla a su estado original. Mr. Aria acabó resultando un completo farsante, su empresa suspendió pagos en agosto de 2014 y él fue detenido por estafa dos meses después.

Hace pocos días era noticia que 13 empresas han presentado ofertas y que las obras de regeneración se adjudicarán –¡oh, casualidad!– a final de año para comenzar “inmediatamente”. En esta ocasión el proyecto planea recuperar aproximadamente el 50% de la bahía y construir un puerto con 815 amarres de los que sólo 171 serían para usos tradicionales, primando un modelo turístico de gran impacto al que los vecinos de Portmán se han opuesto repetidamente.

Y es que parece que ningún Gobierno Regional y casi ningún Ministerio de Medio Ambiente han sido conscientes de que la regeneración de la bahía de Portmán es, más allá de su componente ambiental, un caso de justicia histórica por el que debe ser compensado un pueblo explotado de forma neocolonial con la bendición de los poderes del Estado. Pero aún más grave es que no sean conscientes de la enorme oportunidad que desaprovechan una y otra vez: en Portmán se podría poner en marcha un proyecto de desarrollo innovador, sostenible y en gran medida autogestionado, aprovechando un tejido asociativo y una conciencia socio-ambiental única en la zona.

Los vecinos de Portmán han demostrado sobradamente que quieren un futuro para su pueblo; cientos de protestas, acciones reivindicativas y arenas vertidas desde el Ayuntamiento de La Unión hasta el Congreso de los Diputados lo avalan, pero quieren ser ellos quienes decidan cómo debe ser ese futuro y con insistencia han pedido que no se parezca a La Manga ni al fracasado mundo Polaris, sino que se base en la recuperación de los usos pesqueros tradicionales, el medio ambiente y un turismo de baja intensidad, una fórmula que en definitiva ponga los recursos de la comunidad al servicio de la comunidad, una fórmula que desgraciadamente parece que sigue sin interesar a quienes gobiernan.