El 5 de mayo se cumplieron ochenta años de la liberación del campo de Mauthausen. Entre sus muros sufrieron al menos 45 canarios y 27 de ellos dejaron la vida, parte de los 200.000 seres humanos usados como mano de obra esclava en ese lugar, de los que más de 7.500 fueron republicanos españoles.

El palmero Aniceto Duque Pérez fue uno de los que no logró ver el día de la liberación del campo alemán. Había nacido el 28 de septiembre de 1898 en Santa Cruz de La Palma, justo en ese momento de cambio tras la Guerra de Cuba, que influyó con fuerza a toda su generación.

Tuvo la suerte de educarse en un hogar donde la cultura y el conocimiento formaban parte de su día a día, junto a sus hermanas Waldesca, Antonia y su hermano Estanislao. Era hijo de Estanislao Duque Brito, maestro de obras, dueño de la fábrica de tabacos Aceró, masón y republicano conservador (1), que también fue represaliado por el franquismo por el Tribunal de Responsabilidades Políticas (2).

En 1919 le tocó realizar el servicio militar (3), mientras daba sus primeros pasos en las sociedades culturales, caso de la capital palmera, Sociedad de Socorros Mutuos El Españolismo, cofundada por su padre en 1890 (4). El primer rastro de su papel activo viene precisamente a cuenta del aniversario de esta entidad. En ese acto, donde repartieron 250 raciones de rancho a las familias más pobres del municipio, tomó la palabra junto a los socios, Pedro Rodríguez y Juan Fierro Hernández (5).

Aniceto también había formado parte de la creación de la sociedad “Juventud Ideal”, fundada en 1921, una sociedad especialmente activa y popular por sus bailes y actividades culturales durante los años de la dictadura de Primo de Rivera y la II República. El 3 de septiembre de 1922 celebraron un acto musical y teatral en el Teatro de Marte de Santa Cruz de La Palma en donde interpretaron “el melodrama en un acto y en verso de don José Jackson Veyan, titulado ¡Una limosna por Dios!” (6), donde participaron tanto él como su hermana. La sociedad juvenil atesoró en esos años una de las mejores bibliotecas de La Palma y se convirtió en un motor de múltiples eventos formativos y artísticos. Como tantas otras sociedades en un momento de cambio y cuestionamiento de los poderes históricos, fue semillero de valores transformadores, además de un pequeño oasis cultural. En el séptimo aniversario de la entidad, celebrado en 1928, Aniceto era uno de los jóvenes que “leyeron bellas poesías y trabajos en prosa, que fueron muy aplaudidos” (7). Sus textos también formaron parte de la velada literaria celebrada con motivo del veintinueve aniversario de la Sociedad El Españolismo, en 1928 (8).

El joven palmero se dedicaba a la actividad comercial cuando se aproximaba la llegada de la II República. En 1930, como muchos de los más sensibles con el momento político de su generación, colaboró con Juventud Republicana, que aglutinaba a personas que posteriormente derivarían a otras ideas más avanzadas. Junto al destacado político, Alonso Pérez Díaz, que llegaría a ser diputado republicano, estuvo en la inauguración de la sede de esta asociación en El Paso. Allí le acompañaron figuras que serán igualmente destacadas en la acción política, como Ermelandro Martín, Imeldo Guerra o Jacobo Calero (9), que poco después se integraron en el Partido Comunista. En febrero de 1931, poco antes de la proclamación republicana, participó en la conmemoración del aniversario de la I República, con una velada literaria donde volverá a coincidir con figuras como Alonso Pérez o el maestro José Miguel Pérez (10).

El nuevo tiempo político hizo florecer espacios e ideales que hasta ese momento no tenían una presencia tan importante en las Islas. Aniceto Duque formará parte de la Agrupación Socialista de Santa Cruz de La Palma, de la que fue secretario (11), su hermano, Estanislao, lo hará dentro del Partido Comunista. Con el triunfo republicano se sumó a la multitud que recorrió la capital palmera desde la plaza de la Alameda, donde fue uno de los intervinientes en las celebraciones, dando unas palabras ante el público concentrado (12). La emoción era arrolladora, creían que era un salto de una sociedad que sería imparable.

Hay que señalar que los dos hermanos iniciaron el periodo dentro del Partido Socialista, como aparece en el acta del 27 de abril de 1931, con compañeros como el ya mencionado José Miguel Pérez, que como su hermano, transitarían más tarde al comunismo (13). En los primeros meses nuestro protagonista ya fue objeto de un incidente político. Junto a Gerardo Martín y Pedro Mendoza, fue citado para comparecer ante el Juzgado de Instrucción, de Los Llanos por un acto convocado en Fuencaliente sin previa comunicación a las autoridades (14). Su hermano, en esa misma época, formaba parte de la directiva de la Federación de Trabajadores de La Palma, que sacaba adelante un medio claramente obrerista y revolucionario, como era Espartaco (15).

La familia casi al completo vivió con un papel activo esta etapa. Además de su activismo político, Aniceto siguió muy ligado a Juventud Ideal, siendo elegido vocal de la misma en 1932 (16). En esos años además se casa con Angustias y tiene a su hija, Juanola, nacida apenas un año antes del golpe militar (17).

El 18 de julio de 1936 llegaron las noticias del golpe a La Palma. A diferencia de otros puntos del Archipiélago, allí las autoridades republicanas lograron mantener el control institucional durante una semana. Las informaciones que iban llegando hablaban de que los militares habían fracasado en lugares como Madrid o Barcelona. El 22 de julio, Aniceto, en nombre de la Agrupación Socialista de la capital palmera, firmó un folleto que se distribuyó por la Isla, donde demuestra el optimismo de esa pequeña resistencia al decir que estaba “casi liquidada la criminal intentona militarista y fascistizante”. El texto lo finalizaba con un “¡Viva la República Democrática!¡Vivan las heroicas Milicias Populares que con su sangre supieron libertar a España del fascismo asesino!” (18). La llegada del cañonero Canalejas el 25 de julio, cargado de militares y voluntarios falangistas, acabó con esas esperanzas de resistencia. Se produjeron cientos de detenciones, además las organizaciones obreras y democráticas fueron cerradas y saqueadas. Seguramente tuvo noticias de lo que sucedió en la sede de Juventud Ideal. La gran biblioteca del centro fue lanzada a la calle y quemada, además de destruir su piano y otros elementos (19). Toda una declaración de intenciones del nuevo tiempo.

Según recordó su hermana Antonia, Aniceto trató de permanecer en su hogar sin llamar la atención, pero a las dos semanas tuvo que salir ante una enfermedad que sufría su hija. Debía ir a una farmacia con urgencia, aunque ese tránsito generó una denuncia inmediata y su detención. Poco después fue llevado junto a su hermano a Tenerife, donde fue encerrado en la prisión de Fyffes. La semana de resistencia republicana en La Palma no había visto ningún incidente contra los sectores conservadores, pero daba igual. La familia trató de lograr la libertad de los hermanos Duque, usando para ello su relación con Blas Pérez González, una destacada figura del nuevo régimen, pero resultó infructuoso.

En 1937 se anunció a los presos que se iba a realizar un intercambio de presos republicanos y franquistas. Aniceto se ofreció como voluntario para salir de Fyffes, sin saber el rumbo que le daría a su vida esa decisión. A través de una carta trató de tranquilizar a su familia en este trance, “Papá, si tardo en escribir no te apures, me van a trasladar, pero aún no sé adonde” (20).

Noventa y siete hombres, procedentes de los penales de Canarias y Melilla, llegaron a Barcelona en septiembre de 1938. Nuestro protagonista había pasado más de dos años en las duras condiciones de Fyffes. En la capital catalana los recibieron numerosas personas, entre ellas el diputado comunista tinerfeño, Florencio Sosa, además de Lucio Illada, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Orotava, evadido del campo habilitado en Villa Cisneros y los diputados socialistas canarios, Emiliano Díaz Castro y Junco Toral (21).

Con la derrota republicana, Aniceto formó parte de las largas colas de refugiados que llegaron a la frontera francesa, pasando a los campos que las autoridades del país galo habilitaron para acoger a varios cientos de miles de personas que trataban de escapar de los franquistas. Su situación era complicada, pero todo se volvió peor con la llegada de los nazis a Francia. Fue detenido una vez más y trasladado al campo de prisioneros de guerra Stalag XI-A (Altengrabow), siendo posteriormente deportado a Mauthausen el 3 de noviembre de 1941. Allí, con la suma de malos tratos, trabajo forzado en la cantera cercana y escasa alimentación, falleció el 24 de marzo de 1942 (22). La memoria familiar habla de las cámaras de gas, pero es difícil saber qué sucedió realmente, su destino fue el de la mayoría.

Mientras eso sucedía en los campos nazis la familia seguía acosada por el nuevo poder político. Su padre fue sometido a persecución por masón, pero además Aniceto fue procesado, a pesar de la distancia. La secretaria del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Las Palmas anunciaba en el boletín oficial la sentencia número 89 de 1941 por la que se condena a “sanciones económicas de trescientas veinticinco pesetas para Victoriano Fidel Reyes Pérez; y cien pesetas para Aniceto Duque Pérez” (23). La casualidad quiso que ambos condenados murieran meses después en los campos de concentración nazis. Su familia, en unas circunstancias más que difíciles, tuvo que asumir el coste de este proceso, lo que, sumado a las noticias recibidas desde Alemania, harán que finamente su mujer y su hija decidan salir de la irrespirable atmósfera que vivían las familias de “los rojos” en La Palma, exiliándose en Cuba (24). Cuánta gente brillante, sensible y luchadora perdimos en Canarias en esos años. Qué horror tuvo que sufrir Aniceto, separado de su familia y rodeado de decenas de miles de hombres sometidos a una existencia insoportable simplemente por su origen o por sus ideales. Con la celebración de los actos en honor de este ochenta aniversario y la memoria de tantas víctimas, hay que recordar a Aniceto y al resto de chicos, muchos bastante jóvenes, que nunca pudieron abandonar ese infierno.

Fuentes utilizadas

Hay imágenes que generan un escalofrío casi inevitable. Esta que uso en el artículo la tomaron en la mañana del 14 de abril de 1936 en Tenerife. El capitán general de Canarias, Francisco Franco, aparece escoltado a su izquierda por el alcalde capitalino, José Carlos Schwartz, a su derecha por el Gobernador Civil, Manuel Vázquez Moro. Los dos serían asesinados seis meses después, señalados por el dedo cruel del régimen que el general Franco lideró durante casi cuatro décadas. De poco valieron los telegramas al Jefe del Estado, recién nombrado, o las solicitudes de clemencia, el dictador no mostró piedad alguna. Ese día se celebraba el quinto aniversario de la proclamación de la II República, era una jornada de fiesta, más aún por la reciente victoria del Frente Popular, que había devuelto las esperanzas a muchos sectores de la población con el nuevo tiempo político.

Franco había llegado a Canarias apenas un mes antes. El cambio de Gobierno hizo que se tomara la cuestionada decisión de alejar de Madrid a los militares más sospechosos de no ser leales a la República. No pensaron que quizás, gracias a eso, pudieron tener más libertad para conspirar. El militar recibió a finales de febrero la orden por la que se le nombraba comandante militar del Archipiélago y el 13 de marzo había llegado a las Islas a bordo del vapor Dómine (1). Ese mismo barco fue usado meses después para trasladar tropas y diez presos republicanos desde Gran Canaria, estos últimos salvajemente asesinados y lanzados al Tajo, mientras soldados y falangistas iban rumbo a la Guerra. A la llegada del general fue recibido por José Carlos Schwartz, que ejercía como Gobernador Civil interino, y otras autoridades civiles y militares, pasando revista a las tropas. Una de las fotos de la jornada volvía a mostrar al general escoltado con dos represaliados, el futuro alcalde, y el periodista tinerfeño, Luis Álvarez Cruz.

El mismo día de su llegada se anunciaba en la prensa la salida desde Cádiz de Manuel Vázquez Moro, recién nombrado para ubicarse al frente del Gobierno Civil. Había nacido en 1901 en Galicia, igual que el general, en Vilagarcía de Arousa. Realizó estudios para ser capitán de la marina mercante y vivió varios años en Andalucía. Como muchos otros de su generación se aproximó al republicanismo, militando en Izquierda Republicana, llegando a ser alcalde de Jerez de la Frontera, donde también ejerció de director de un periódico ligado a Acción Republicana (2). La imagen de la fotonoticia periodística fue igualmente significativa, con cuatro víctimas mortales de la dictadura. Lo recibieron José Carlos Schwartz, Isidro Navarro, que fue su secretario, y José María Martín Díaz, concejal santacrucero de Izquierda Republicana, que ejerció de apoyo al Gobierno Civil durante esos meses (3), también asesinado en los primeros meses de la dictadura.

José Carlos Schwartz había nacido en 1897 en Santa Cruz de Tenerife. Durante los años veinte se prodigaba como poeta en la prensa isleña, estudiando magisterio y derecho. Desde 1924 ejercía de abogado en la capital, en la calle General Antequera nº13 (4), y muy pronto demostró una alta sensibilidad social y política, militando en Juventud Republicana y defendiendo numerosas causas sociales y obreras, destacando su papel de abogado de la defensa en el proceso judicial de los Sucesos de Hermigua. En 1936 fue nombrado alcalde de Santa Cruz y además recibió un merecido homenaje por su breve labor como Gobernador Civil interino, con un almuerzo popular celebrado el 22 de marzo en la plaza de Toros capitalina, organizado por el poeta y concejal socialista, Pedro García Cabrera. El alcalde del Frente Popular recordó en esa ocasión ciertos ataques y amenazas anónimas que había recibido, asegurando que “no le intimidaban ni le impedirían luchar con entusiasmo, como hasta ahora, por la República y por el bienestar de su ciudad” (5). Solo le permitieron ejercer cuatro meses, seguramente no imaginaba lo que vendría.

En un extraordinario ejemplo de hipocresía, el general Franco mandó el mismo 14 de abril un telegrama al Ministro de la Guerra, que decía que “Con motivo del quinto aniversario de la instauración de la República, felicito y saludo afectuosamente a V.E en nombre propio y de las fuerzas a mis órdenes, rogándole haga llegar a S. E, el Presidente de la República y jefe del Gobierno, sentimientos lealtad, disciplina y adhesión firmísimos en bien de España y de la República” (6). Lealtad, disciplina y adhesión, del que fue clave en orquestar el golpe militar, la lealtad de los golpistas.

Esta fecha sirvió para el encuentro histórico que hoy comentamos. A las diez y media de la mañana salieron desde la Comandancia General de Santa Cruz. El acto solemne sirvió para un encuentro inusual entre sectores que defendían la República y otros que la cuestionaban y participaron del golpe. Por un lado militares y miembros de la judicatura, claramente hostiles al Frente Popular, como Franco, Alfonso Arriaga, Comandante de Marina de la Provincia Marítima de Tenerife, el juez de Instrucción del Partido, Arturo Ascanio, Juan Sánchez Real, presidente de la Audiencia Provincial, o Alejandro Cobelas, Fiscal de la Audiencia de Santa Cruz. Por el otro, los políticos republicanos ya mencionados o el rector de la Universidad, Jesús Maynar Duplá (7), destituido y detenido cinco meses después. Los viejos poderes, que resistían al cambio democrático, compartían una jornada de conmemoración de un tiempo político al que desafiaron en muchos momentos. Mientras, las autoridades políticas electas no quisieron vulnerar unos nombramientos que venían impuestos desde la vieja monarquía y la época de la dictadura de Primo de Rivera. La crónica decía que el “gentío estacionado frente a la plaza de Weyler aclamó a las fuerzas, que al cruzar frente a las autoridades daban el viva reglamentario a la República”.

Ese mismo día en La Laguna se celebró un evento musical y cultural en el Teatro Leal, organizado por el Ayuntamiento y el profesorado de las escuelas municipales. El salón lucía “adornado con las banderas de las organizaciones societarias y numerosas enseñas tricolores. La banda municipal ejecutó el Himno de Riego y la Internacional al principio y final del acto” (8). El papel de la infancia en ese aniversario fue destacado, tanto en Santa Cruz como en La Laguna. En la tarde del 14 de abril la plaza de Toros se llenó de niños y niñas, además de numeroso público, donde se vieron cabezudos, actuaciones musicales , mientras los menores llevaban trajes regionales, además de celebrar una luchada infantil (9). En La Laguna se eligió nuevamente el Teatro Leal, donde los escolares realizaron bailes e interpretaron canciones, siendo muy felicitada la directora de la Escuela graduada, Ángeles Machado, y a las maestras de sección de la misma escuela (10), muchas de ellas depuradas poco después del golpe militar.

Otros lugares de las Islas vivieron con similar emoción la jornada, que sería la última de esta etapa. En Icod hubo un importante número de actividades, desde cine infantil a bailes en las sociedades “Centro Icodense” y “Círculo de Obreros” (11). En San Sebastián de La Gomera se celebró una acampada de escolares y exploradores de la Villa en la zona conocida como Honduras, además de carreras de sortijas y bailes (12). En Las Palmas de Gran Canaria el desfile del día fue por el Paseo de Chile, congregando a muchas personas que presenciaron los desfiles, además del festival infantil y de otros bailes y celebraciones (13).

Después de abril llegaría el primero de mayo, que ya empezó a marcar la clara señal de que un amplio sector del ejército y los grupos más destacados de la vieja oligarquía no iban a permitir que el Frente Popular lograra sostenerse en el tiempo. Ese día fue la primera prueba de fuego de los militares, desplegando tropas en varios puntos. El tiempo de los golpistas se acercaba y sus consecuencias serían notables.

José Carlos Schwartz y Manuel Vázquez Moro fueron detenidos a las pocas horas del 18 de julio de 1936. Los dos formaron parte de las autoridades republicanas que fueron llevados a las celdas de Paso Alto, en la costa chicharrera. El 13 de octubre Vázquez Moro fue fusilado junto a otros responsables republicanos, su cuerpo “arrojado a la fosa común número 6 del patio 7 del Cementerio Lastenia de Santa Cruz” (14). Schwartz había recibido una visita en la prisión el día 2 de octubre. Eran dos viejos amigos, cercanos a las autoridades franquistas, que según diversos testimonios, se lo llevaron a la zona de Las Cañadas y lo asesinaron (15). De los de la imagen que ilustra este texto, solo uno murió mansamente en una cama, solo uno fue enterrado con todos los honores, nuevamente trasladado hace poco a otro mausoleo, mientras que Vázquez y Schwartz siguen perdidos, con sus huesos esperando a que alguien los logre identificar. Una imagen y una historia que refleja bien buena parte de una historia del siglo XX, que sigue dejando su huella en el presente.

En Tenerife las nuevas élites fascistas quisieron casi desde el primer minuto ser el máximo exponente del franquismo, que les devolvía su poder absoluto sobre la economía insular y las vidas de las personas, eliminando cualquier foco de resistencia social. Apenas tardaron un mes en nombrar al dictador “hijo adoptivo de Tenerife” en el Cabildo (1). En octubre de 1936, la Guerra Civil seguía avanzando y todavía no estaba claro cuál sería el final de la misma. El Ayuntamiento de Santa Cruz fue el primero en hablar de un monumento a Franco, concretamente en el pleno del 3 de octubre de ese año, donde el alcalde, Juan Vara Terán, anunció la intención de hacer un monumento dedicado al dictador en la “parte baja de la ciudad, frente al mar, en el espacio libre entre la plaza de la Constitución y la Avenida Marítima”, para el que aportarán las primeras 50.000 pesetas (2).  Parece que de esta propuesta derivará el monumento a los caídos, ubicado en el lugar que los franquistas deciden denominar Plaza de España.

En la misma etapa una idea tomará fuerza, la construcción de un monumento dedicado a Franco en las laderas del Teide, propuesta para la que se creó una comisión técnica presidida por Teódulo González Peral (3). Esa fue la idea que el primer franquismo consideró más adecuada, aunque algún vecino planteaba otras ubicaciones más arriesgadas, como la cubierta de la torre de la Concepción santacrucera (4). 

La prensa de la dictadura no dejó de agitar la idea, mientras daba cuenta de los avances franquistas ante la República, manifestando “¿qué mejor que una tosca, robusta y sobria columna de piedra volcánica, con un medallón de bronce sobre el cual el perfil de Franco miré hacia la tierra africana, que vio su bautismo de sangre?” (5). Otro comentario rimbombante decía que “a las sombras del Teide gigante, el Monumento ofrecerá a las futuras generaciones del mundo el recuerdo del heroísmo español” (6). La propuesta de ubicación final se ofreció en el mes de noviembre de 1936, que tras la visita a la zona de la comisión, se planteó ubicar en “el punto central de al Cañada del Montón de Trigo, en la base misma del Teide” (7).  

Algunas de las familias de más rancio abolengo de la Isla se irán turnando en las tareas de recaudación de fondos para este monumento. En agosto de 1937 se suma al mismo a Ramón González de Mesa, señalado como uno de los principales ideólogos de este proyecto, delegado de Prensa y Propaganda del Movimiento, mientras que Carlos Hamilton y Monteverde, armador y consignatario de buques, que también llegó a ser hermano mayor del Cristo de La Laguna, fue nombrado tesorero (8). En La Laguna uno de los promotores será el deán de la Catedral, el futuro obispo, Domingo Pérez Cáceres, al que le acompañarán el alcalde del momento, Emilio Gutiérrez Salazar y el Marqués de Celada (9).

Si seguimos la hemeroteca histórica, la tarea de esta comisión se mantuvo activa hasta 1938, sin lograr los fondos necesarios a pesar de los múltiples eventos desarrollados, como los conciertos celebrados en el Teatro Guimerá y en el Teatro Leal. La calamitosa situación económica y social de la posguerra parece que, afortunadamente para el futuro Parque Nacional, acabó con la iniciativa. En el entorno, según la tradición popular, los franquistas sólo dejaron a las víctimas de los asesinatos del Llano de Maja.

La idea del monumento pervivió en el ideario del régimen. En la década de los sesenta las élites franquistas reanudaron la tarea de recaudar fondos a través de aportaciones populares y actos donde lograr ingresos. Es el caso del partido de fútbol “a beneficio de la suscripción para el Monumento al Caudillo” jugado entre el líder de primera regional del momento, el Real Unión, y el Hércules de Alicante, de segunda división (10). 

En 1965 Juan Pablos Abril, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Tenerife, destacó entre los retos de ese año “...el Monumento al Caudillo, que pronto se levantará por iniciativa del jefe provincial del Movimiento y acuerdo del Consejo Provincial” (11). A finales de enero de 1965 ya se sabía que el escultor Juan de Ávalos, que también participó en las esculturas del Valle de los Caídos, sería el responsable principal de la obra, que “simbolizará la partida del Generalísimo para iniciar la Cruzada” (12). El escultor parece que usó de referencia una obra suya de 1964 en la que diseñó para una obra franquista en Valdepeñas, un “ángel de la victoria y de la paz”, muy similar al de Santa Cruz. El 17 de marzo de 1966 se realizó la inauguración oficial del monumento, del que no había duda que era en honor a Francisco Franco y que se dedicó a la salida desde Tenerife en las primeras horas del golpe militar. El NODO se hizo eco de esta noticia, como es natural, dando una crónica donde vuelve a decir que el monumento dedicado a la “partida del Generalísimo Franco, cuando Capitán General de Canarias, salió de aquí para acaudillar el Movimiento Nacional” (13).

Con este nombre y con esa idea se anunciaba esta obra en las revistas turísticas de los años siguientes, que cuando hablan de la capital indican que es “donde se alza el moderno monumento al Caudillo obra del escultor Juan de Avalos, en forma de fuente luminosa con un vistoso juego de aguas y una alegoría de la partida de Franco, desde esta isla, para iniciar la Cruzada de Liberación” (14).

El monumento franquista ha permanecido en una de las principales entradas de la capital tinerfeña durante casi sesenta años, mientras en otros lugares desaparecían o se trasladaban estos elementos. A pesar de la Ley de Memoria Histórica y de la Ley de Memoria Democrática, los gobiernos locales e insulares han tratado de proteger a capa y espada este elemento. Tal vez el destacado papel de algunos viejos líderes del movimiento que después pasaron al insularismo, como Galván Bello, presidente del Cabildo cuando se inauguró el monumento, o el tradicionalismo que habita en las filas del poder haya tenido que ver. 

En algún caso se ha querido jugar dándole otros nombres o significados (seguramente el más surrealista el de Ángel Caído) a algo que significa lo que significa. El penúltimo episodio, después de que el TSJC abra la puerta a su posible  protección, es que se inicie un proceso de declaración como Bien de Interés Cultural, publicada en el boletín oficial el 13 de marzo. Si esta operación prospera, será el segundo monumento de este tipo en conseguir esta protección, tras el de la pirámide dedicada a los militares fascistas italianos, en Castilla y León, gracias a la obra conjunta de PP y VOX. El plazo de alegaciones está abierto y es necesario participar, con datos y con corazón, por un simple ejercicio de higiene democrática.

La alegoría de Franco y su régimen sigue ahí, mirando justo al lugar del océano donde decenas de tinerfeños, poetas, maestros, políticos, intelectuales, médicos, etc, fueron arrojados a una tumba oceánica que sigue ignorada y olvidada.

Fuentes utilizadas

Y es que mucho antes de la Ley de Memoria Histórica, en unas condiciones muy difíciles, en Canarias se iniciaron las primeras acciones de recuerdo y homenaje a las víctimas de la dictadura y sus familiares. Se atrevieron a hacerlo en un momento donde algunas heridas estaban frescas y en el que seguían campando a sus anchas muchos de los responsables de terribles crímenes y torturas. A pesar de ello, el ejercicio de recordar, tras tanto tiempo de olvido forzado, se convirtió en una terapia colectiva necesaria, además de una cierta curación personal.

En la década posterior a la muerte del dictador todavía muchos protagonistas de lo sucedido en julio de 1936 estaban vivos. Durante años las víctimas tuvieron que esconder su dolor y su rabia, a veces incluso hasta de sus familiares directos. Los únicos homenajes en esos años se dedicaron a los que habían colaborado con la quiebra de la democracia.

El PCE fue una de las organizaciones que promovió este tipo de eventos de memoria en una etapa más temprana. El 6 de noviembre de 1977, apenas siete meses después de su legalización, organizaron junto a colectivos vecinales del Puerto de la Cruz un homenaje al exalcalde republicano y diputado comunista Florencio Sosa Acevedo. Podemos imaginar el nivel de emoción con la presencia de su viuda, Josefina Badalona Reos. No será el único momento de esa etapa donde las esposas de los fusilados y desaparecidos ocuparán un papel destacado, evidenciando algunos de los sucesos más brutales del anterior régimen. 

El 26 de enero de 1978 la CNT se encargó de hacer un homenaje en la capital tinerfeña, con motivo del 41 aniversario del fusilamiento de diecinueve militantes anarquistas, acusados de tratar de resistir al golpe militar. Lo hicieron unas treinta personas en las puertas de la antigua prisión de Fyffes. Como en el anterior homenaje, no sabían bien cuál sería la respuesta de la policía. Algunos familiares y compañeros de los fusilados estaban presentes, según el relato plasmado en el artículo dedicado a este tema en la segunda etapa de En Marcha. No pudieron dejar una placa en la fachada de la vieja prisión, solo colocaron una bandera roja y negra, unos ramos de flores y una pintada sobre los muros del penal que decía “muertos por la libertad”. 

El 6 agosto de 1979 será el turno de Las Palmas de Gran Canaria. Allí, militantes socialistas y comunistas rindieron un recuerdo público al diputado comunista Eduardo Suárez y al farmacéutico del PSOE Fernando Egea, fusilados por los franquistas. Se congregaron ante las tumbas de estos dos líderes sociales y tomó la palabra otro represaliado, el pintor Felo Monzón, que recordó que junto a ambos, “cayeron miles de trabajadores. También a ellos dedico estas frases de dolorido reconocimiento. Son muertes que no olvidaremos jamás”. 

Una fecha especialmente significativa fue la del 10 de noviembre de 1984, donde los salones del Hotel Mencey de Santa Cruz acogieron un encuentro histórico, donde se dieron cita numerosos militantes que vivieron en primera línea la represión. Se reencontraron unas trescientas personas, antiguos presos y familiares de víctimas de las desapariciones de la dictadura. Ese día fue posible gracias a la colaboración del exsenador socialista Ramón García Rojas, el exprofesor de la Universidad de La Laguna Jacinto Alzola Cabrera, el abogado Luis Martín Fernández, Enrique González Camacho,  además del veterano comunista Juan Pedro Ascanio García. La mayoría de sus promotores habían sido obligados en su juventud a realizar trabajos en el Batallón de Trabajadores Nº 180. Este acto, posiblemente el más masivo de la etapa, prestó especial atención a las mujeres de los presos y desaparecidos, rindiendo un homenaje a dos  viudas de desaparecidos, concretamente las de los últimos alcaldes republicanos de Santa Cruz y Buenavista, José Carlos Schwartz y Antonio Camejo. El propio Juan Pedro Ascanio resumió el acto y su sentido, diciendo que “quizás pudiera ser el primer homenaje público a la mujer española que sufrió la guerra”, proponiéndose en el mismo la elaboración de placas que recordaran a estas víctimas, a veces no tan visibles, de la guerra y la represión.

A modo de cierre de esta etapa podríamos poner otro cincuentenario, el del inicio de la Guerra Civil. En septiembre del año 1986 se rindió un homenaje a víctimas, como el profesor palmero fusilado, José Miguel Pérez. Con esa ocasión, el PCE colocó una placa cerca de la fosa común del cementerio de Santa Lastenia, en la capital tinerfeña. Todavía está allí, y dice: “Este lugar fue fosa común de los fusilados durante la Guerra Civil 1936-39 en Santa Cruz de Tenerife. En su memoria. A los 50 años y para que ¡nunca jamás! Se repitan tales hechos”. Este homenaje se repitió en La Palma, colocando una placa en su casa natal, con presencia de su hija, que posteriormente fue retirada con cierta polémica.

Estos primeros intentos de rescatar la memoria se hicieron con mucha valentía, a veces con cierto miedo. Fueron gestos que iniciaron un camino que a día de hoy parece difícil de desandar, aunque no imposible. Costó treinta años más que se crearan leyes para democratizar los espacios públicos y rendir tributo a quienes sufrieron la brutal represión desatada por los golpistas. Incluso en el siglo XXI todavía quedaban miedos vivos, de familias que pasadas muchas décadas no querían nombrar a sus familiares que estuvieron presos, de víctimas que nunca nombraron a sus torturadores y de fosas olvidadas. 

Desde 2023 hemos visto florecer un nuevo miedo, el de algunas fuerzas políticas que quieren sepultar cualquier atisbo de dignificación de estas personas, acabando con leyes que son básicas para la higiene democrática. Ya no se trata solo de no financiar los estudios para localizar los restos de las víctimas o que no les interese retirar homenajes al franquismo. Ahora algunos defienden la dictadura y cambian leyes que tanto costaron, quizás por ello, cuarenta años después del primer gran encuentro de víctimas del franquismo en Canarias, reivindicar a los que rompieron las barreras del miedo sea una necesidad y no dejar caer nuevamente la losa del olvido, una obligación democrática.

Fue un día emocionante, en primer lugar por presentarse en el marco del reconocimiento anual a uno de los grandes hijos de Canarias, Pedro Molina, sin duda motor de tradiciones, defensor de nuestra tierra y del sector primario. Un evento que además se hizo justo en el séptimo aniversario del primer acto institucional al que acudí como concejal de La Laguna. Allí estaba Pedro y su equipo, que nos acogieron con cariño en esos primeros pasos, con la generosidad y la altura de miras, que eran parte de su ser.  

Esta publicación es un ejemplo práctico más de uno de los compromisos que desde el área de Bienestar Social, en colaboración activa con el resto del Ayuntamiento, ponemos en práctica para desarrollar el Plan de Acción Ciudades Amigables con las Personas Mayores, que establece la importancia de la puesta en valor y el reconocimiento del papel de las personas mayores en nuestro municipio, para recordar el enorme potencial de ese 16% de laguneros y laguneras que hoy tienen más de 60 años. Un paso que se suma al mayor esfuerzo económico que se ha hecho jamás en políticas de apoyo y dinamización de las personas mayores en nuestro municipio, que nos permite ofrecer desde lo local miles de horas gratuitas de talleres, actividades al aire libre, dinamización y acompañamiento.

Es un trabajo que además me toca de cerca. Que habla del barrio en el que vivo desde hace años y que retrata esa sociedad que encontré en la Villa de Arriba, abierta, diversa, que combina lo tradicional, las raíces agrícolas y ganaderas con la innovación, los artesanos, los pequeños comercios con el día a día de un barrio de trabajadores y trabajadoras. Un lugar con un corazón amplio, acogedor y solidario. Muchas de sus vivencias y memorias colectivas están plasmadas en sus páginas.

De la historia de las gentes del barrio con alma de pueblo hablan con maestría los autores del libro, casi un resumen de su origen humilde y trabajador, la base de muchos de los relatos contenidos en él, dicen: “En ese barrio ganadero, cuantiosas veces, la ropa de cama, las talegas y determinadas prendas de vestir llegaron a hacerse con las telas de sacos que venían con harina o con azúcar de Cuba. Los niños del campo no podían ir a la escuela pública por tener que ayudar a sus mayores en las tareas agrícolas y ganaderas”.

Páginas llenas de vidas de personas, empresas y familias luchadoras. Desde la caseta de madera con doña Rosario y don Ramón con tantos años tras los fogones, con sus míticas arvejas a Doña Carmita, la de la ventita, don Lorenzo y doña Isabel, al frente del bar el Kíkere por casi 35 años y sus sacrificios para echarlo palante.

La historia de Tito Caraballo, de una infancia con poca escuela y una vida de trabajo duro, la de Don Alfredo López y su famoso taller. La existencia de Doña Berta Hernández, que tuvo que ayudar a criar a seis hermanos pequeños, que junto a su esposo Mario levantó la Ferretería San Benito. La de don Antonio Amador, artesano cerrajero por cuyas manos pasaron tantas obras de arte hechas con metal.

También la del famoso bar Las Moneditas y sus días, tardes y noches donde se disfrutó del buen vino y ricos alimentos. La memoria migrante y emprendedora de don Juan Alonso o los años de trabajo de las familias que conservaron como un tesoro la danza de cintas de San Diego. Igualmente relatos recientes de trabajo por y para el sector primario, como los de don Arsenio Pérez, un ganadero entregado y los de la primera presidenta de la Cooperativa La Candelaria, Candelaria Rodríguez.

Hay muchos más tesoros en este libro, que estoy seguro que van a poder disfrutar como lo hicimos cuando se presentaron los reconocimientos en la Plaza de San Benito. 

Esta pequeña gran obra ya está disponible en versión digital en la página del Ayuntamiento y además también la repartimos gratuitamente en el Teatro Leal. No hubiese sido posible sin el buen hacer de Manuel Lorenzo Perera y María Dolores García, sin el empeño de AGATE, Manuel Expósito, Santiago Cacho y su equipo que se prestaron con tanta generosidad. Tampoco lo podríamos disfrutar sin la implicación de los equipos técnicos de Bienestar Social, muy especialmente de nuestra Unidad de Mayores.

Sin firmes cimientos, sin las raíces humanas que son nuestros mayores, no podremos crecer ni mejorar como municipio, al que tenga dudas le recomiendo encarecidamente esta necesaria lectura.

La Fiscalía ha dado traslado de una petición para ordenar la declaración como imputados de diez miembros del Consejo de Administración de la empresa Parque Científico y Tecnológico, entre ellos dos expresidentes del Cabildo, por un presunto mal uso de dinero público en un espacio de nuestro municipio, como son los campos de la Ciudad Deportiva ubicados en Geneto.

Como ha desarrollado extensamente en varios artículos el periodista David Cuesta, la Fiscalía ve “indicios contundentes” de prevaricación y malversación en el llamado caso Geneto, que se basa en la compra de terrenos del Club Deportivo Tenerife por parte de una sociedad pública del Cabildo Insular, que abonó 20 millones de euros para adquirir dos parcelas de Geneto, una cantidad que superaría en un 524% el valor catastral del suelo según los informes técnicos existentes.

Este procedimiento recuerda a otros como el de Las Teresitas, ya que incluye todo un debate sobre un suelo que a estas alturas ya debería ser público y donde parte del dinero recala en importantes empresarios, similares en algún nombre al caso anterior.

El caso Geneto también tiene su propio camino a nivel lagunero. El CD Tenerife eligió esta zona, concretamente el espacio conocido como El Cubanito, para el desarrollo de una flamante Ciudad Deportiva sobre 106.995,50 m2 de antiguos campos de cultivo, en una parcela que según el PGO vigente estaba destinada a usos deportivos, sobre suelo urbano consolidado.

El 19 de marzo de 1999 el expresidente de la entidad blanquiazul, Javier Pérez, registró en el Cabildo una propuesta por la que se pedían 350.000.000 de pesetas, unos 2.103.542,37 euros, para colaborar con la puesta en marcha de la Ciudad Deportiva, convenio que se formaliza a finales de ese mismo año. Los argumentos para dar este paso se sustentaban en que esta infraestructura tendría “una incidencia acusada e importante sobre la juventud de la provincia de Tenerife” y además serían para el “beneficio de la promoción del deporte base en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con el consiguiente interés público de las mismas”.

El 16 de octubre de 2001 se desarrolla el contrato de las obras cubiertas por el Cabildo, que se presupuestaron en 402.684.163 pesetas, unos 2,4 millones de euros. El 30 de octubre de 2002, se puso en marcha la segunda fase de la Ciudad Deportiva, que implicó que entre 2002 y 2005 el Cabildo aportara otros 3.906.578,68 euros para la realización de diversas mejoras. 

A pesar de esta importante inversión de recursos públicos los informes del Club Deportivo Tenerife indicaban, solo cuatro años después, que “el césped natural se ha perdido por imposibilidad de abonar las facturas de los proveedores de agua de riego. El césped artificial, por falta de riego, pone en peligro la integridad física de los deportistas. Hay falta de vigilancia para satisfacer un mínimo de seguridad. No se dispone de personal adecuado para el mantenimiento. La iluminación artificial no se ha podido poner en marcha por falta de liquidez para pagar las tasas correspondientes ante los organismos competentes y el importe del certificado final de obra”. Por ello se toma la decisión de ampliar durante varios años consecutivos más de un millón de euros extra de aportaciones de dinero público, mediante un convenio con IDECO para mantener el césped y las instalaciones.

En ese momento, previo a los años estudiados por la Fiscalía, más de nueve millones de euros de dinero público se habían destinado a estas instalaciones, mucho más que el valor original de unos suelos que ya se podrían haber revertido a dominio público, tal y como se planteaba en el acuerdo inicial de este proyecto. 

Los colores deportivos se entremezclan con los intereses económicos de grandes poderes de la Isla, que habían comprado parte de los suelos de la Ciudad Deportiva, parece que no solo para financiar al equipo de fútbol, sino que también para obtener de paso un bastante palpable enriquecimiento, como se plasma en la investigación abierta.

Mientras eso sucedía, ¿cuál fue el papel del Ayuntamiento?. Parece que muy activo e implicado. Tras la creación de las empresas y a la compra de los suelos del NAP se producían llamativos cambios en el planeamiento urbanístico de la zona. 

En el proyecto de Plan General de 2013 y 2014, promovido por el gobierno municipal de Fernando Clavijo, aparecían de golpe en la zona de la ciudad deportiva una enorme Unidad de Actuación. Del suelo de dotaciones deportivas se pasaba a facilitar la construcción de 99.000 metros cuadrados de oficinas e instalaciones logísticas, que ocupaban casi la totalidad de las actuales instalaciones deportivas. Además se cambiaba el uso del suelo de los afortunados empresarios que años antes compraron los 33.000 metros cuadrados del Parque Empresarial Tenerife del siglo XXI, a precio de suelo deportivo, que podrían venderlo como suelo de máximo beneficio económico, buen negocio, no parece que solo fuera producto de la suerte. 

A muchos nos chocó ese visible cambio en el planeamiento, que venía a significar que muchos millones de euros de fondos públicos, usados teóricamente para acondicionar ese espacio, serían convertidos en escombros de un plumazo urbanístico. La acción conjunta de las entidades vecinales de la zona, denunciantes de esa situación, y las labores de oposición de ese momento nos llevó a promover una iniciativa plenaria para detener esa posibilidad, que por fortuna ayudó a frenar esa evidente operación más que lucrativa.

Analizando este histórico, al que se suman las inyecciones económicas continuadas de partidas de dinero público, que en muchos casos han sido muy difíciles de justificar en el interés general, vemos como un espacio que ya debería haber sido recuperado para su uso 100% público sigue siendo un lugar donde obtener más y más recursos económicos y realizar operaciones urbanísticas, usando además unos colores deportivos muy queridos para miles de personas. El descaro del procedimiento parece absoluto, pagándose unos incrementos del valor del suelo totalmente desproporcionados y con procesos radicalmente contrarios al interés general.

Estoy convencido que desde el Ayuntamiento debemos velar decididamente por el buen uso público y el futuro estratégico de estas instalaciones deportivas, además de colaborar activamente a desenredar una maraña que indica, como en otros territorios, sobre el césped de los campos de fútbol y tras los colores de un club han vuelto a construir una operación más que oscura, mezcla de favores empresariales e intereses políticos difíciles de separar. Es necesario saber hasta que punto los cambios urbanísticos propuestos eran parte de esta operación. 

Sin duda, el gran reto de este mandato es acabar de una vez con esos ecosistemas de la corrupción organizada, a costa de todo, que estuvieron tan bien alimentados y nutridos en el pasado a costa de millones de euros de dinero público. Creo firmemente que la ciudadanía no perdonaría lo contrario. 

En los últimos meses, donde el COVID19 ha generado, oleada tras oleada, unas consecuencias socioeconómicas difíciles de medir en su globalidad a escala planetaria, hemos visto como la arribada de personas migrantes a nuestras costas se ha incrementado sustancialmente. Ningún país ha sido ajeno a esta crisis mundial, tampoco nuestros vecinos continentales.

En África llueve sobre mojado. La miseria generada por el saqueo sistemático de sus recursos naturales, más unos gobiernos cómodos para las potencias occidentales, cargados de latrocinio, potencian que miles de personas huyan en búsqueda de un futuro laboral que no encuentran en su casa.

Como hicieron nuestros abuelos y abuelas, miles de jóvenes se embarcan en viajes oceánicos sin vuelta atrás, con la muerte como compañera y la explotación en condiciones precarias como casilla de llegada. Esa suma de factores se añade a la llegada a un territorio insular, lejano para los países europeos, que solo ven al Archipiélago como unos pequeños puntos de colores en un mapa a miles de kilómetros de Madrid, Bruselas o Berlín, poco más que una postal vacacional.

A La Laguna se le vuelve a pedir que cumpla con un papel destacado en la acogida de personas migrantes, ya lo hizo en 2006, donde el campamento militar de Las Raíces llegó a albergar unas 3000 personas. Ser uno de los municipios con más suelo militar de Canarias siempre ha sido un factor de desencuentro con las políticas ministeriales. En este caso vuelve a serlo, ya que más allá de los procesos de diálogo institucional, el Ayuntamiento se vuelve a enterar por la prensa de los proyectos y propuestas con respecto a uso de estas instalaciones. 

No somos partícipes ni del cómo ni de qué manera se hará, ajenos a las propuestas que hay detrás de este uso, que debería partir de la mayor coordinación posible. Tampoco contamos con proyectos que nos acompañen en la necesaria pedagogía que implica este proceso de acogida, que hagan de herramienta de facilitación social frente al bulo.

Somos un gobierno de progreso y tenemos una voluntad conjunta, manifestada ante el último pleno municipal por todos los grupos políticos, de ser un municipio de acogida. Esa coherencia se mostró desde el minuto uno. Cuando hace meses, desde instancias superiores se pidió a los municipios espacios de acogida, La Laguna fue uno de los pocos lugares de la isla y de Canarias que ofreció varios emplazamientos posibles, desde solares municipales a antiguos centros educativos o instalaciones deportivas sin uso. Las ofrecimos y las ofrecemos, en una red de espacios de carácter social y humanitario que permitan una atención digna a las personas que recibimos. Incluso hicimos gestiones junto a Subdelegación del Gobierno para facilitar otros edificios de titularidad privada de Aguere que sirvieran de espacio de acogida humanitaria temporal, que al parecer fueron poco viables por el coste del alquiler.

Como le expresamos recientemente a la eurodiputada el grupo de Izquierda Unitaria Europea por Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, desde otras instancias se ha preferido optar por macrocentros en suelo militar y eso conlleva la difícil tarea de gestionar espacios con más de mil seres humanos que necesitan atención digna y legal, superar una experiencia traumática y requieren una gestión administrativa ágil para llegar a los lugares en los que sus familiares o amigos les esperan. La estrategia de convertir estos espacios en grandes “campos de concentración” indefinida sería una vergüenza, como lo fue el campamento de Arguineguín. Que se haga sin coordinación y sin trabajar con la comunidad local, sería un acto de colonialismo rancio y sabemos que no estaremos solos en esta denuncia.

No me cabe duda que la estrategia migratoria se tendrá que reconducir, que los canales de comunicación que hemos demandado se fortalecerán. Ya ha empezado gracias a la petición formal del cumplimiento de la normativa urbanística básica, al trabajo interadministrativo y a las gestiones de nuestro Alcalde. Cumpliremos con la tarea que nos toque y estoy seguro que como institución y como sociedad estaremos a la altura. 

En este escenario tan complejo no faltan las voces de los que tratan de sembrar el miedo o el odio entre la ciudadanía, actitudes irresponsables que esconden, bajo presuntos argumentos humanitarios, un racismo y una aporofobia desatada, que usan la desinformación como su mejor abono.

Si los responsables ministeriales abandonan las formas del pasado y trabajan de la mano con los ayuntamientos, con los recursos necesarios, lograremos que la red de municipios de acogida se multiplique, que más comunidades autónomas y países de la Unión Europea abran sus puertas a un tránsito que debería ser legal y seguro. Tenemos luminosos ejemplos de ello, ayuntamientos como Barcelona se han ofrecido a la acogida de personas migrantes llegados a Canarias, igual que once autonomías. Tenemos la oportunidad de demostrar que somos una tierra donde el odio no arraiga, que sabemos acoger al que lo necesita, que no olvidamos de donde venimos y atendemos al que llega, con respeto a sus derechos, desde la fraternidad y la solidaridad. Estaremos vigilantes para que esto sea posible.

Como han expresado otros compañeros de Corporación, reiteramos nuestra propuesta de espacios alternativos de acogida y la predisposición plena a trabajar de la mano con el Gobierno estatal en la tarea. Pero lo hacemos exigiendo que se ponga a la comunidad de acogida en la toma de decisiones, no como un simple testigo, que se aborde como un gran reto compartido, con compromisos de futuro sobre los grandes terrenos militares abandonados de Aguere y con proyectos comunitarios ejemplares que evidencien la positividad de la diversidad cultural y de la colaboración en la acogida.

Desde el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, junto a la Concejalía de Vivienda de nuestro compañero Santiago Pérez y en colaboración directa con la empresa pública municipal Muvisa, nos hemos marcado como objetivo aportar desde lo municipal a uno de los mayores problemas sociales que afrontan los vecinos y vecinas de nuestro municipio.

Según los datos disponibles, en Aguere tenemos más de 2.300 familias demandantes de vivienda pública que, especialmente tras la anterior crisis, no han encontrado respuestas adecuadas. La realidad es que nos faltan viviendas y nos faltan ahora. Esa falta provoca realidades muy preocupantes de desahucios y prácticas de uso de viviendas en precario que suponen riesgo para las personas que optan por esa vía y para las comunidades cercanas. Ya no es un problema que afecta a las familias con menores ingresos, la falta de alternativas afecta a buena parte de la población, que tiene graves dificultades para disponer de fianzas y avales o recursos suficientes para pagar unos alquileres que han incrementado su coste exponencialmente en los últimos años.

La opción que estamos planteando para afrontar en lo inmediato viene de la mano de un ambicioso proyecto de rescate de viviendas vacías, que supone invertir más de 400.000 euros para alquilar, con la total confianza que ofrece una empresa pública como Muvisa y el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna. Desde el Consistorio ofrecemos la fianza y cinco meses de pago de alquiler por adelantado a los propietarios de la vivienda, además de un seguro del hogar, tasa de basura y cobertura completa de suministros. 

Cualquier persona o entidad interesada en ofrecer una vivienda para este proyecto, que estoy seguro tendrá un largo recorrido, lo puede hacer fácilmente a través de la página de Muvisa, evitando desplazamientos innecesarios.

Nos hemos marcado como objetivo el de sumar las treinta primeras viviendas y que estas sirvan para lograr, en el plazo de un año, el ahorro, la intervención social y la autonomía que las familias participantes de este proyecto necesitan para poder establecerse por sus propios medios. Para este fin contamos con la inestimable ayuda del equipo de Recursos Alojativos municipales, que tiene una preparación extraordinaria para la atención a situaciones de riesgo por falta de vivienda o desahucio.

Tenemos absolutamente claro, como Gobierno, que es necesario ampliar todos los recursos y programas municipales destinados a cubrir la falta de alternativas habitacionales de las personas. En este sentido, las viviendas rescatadas se suman a la ampliación de las ayudas ordinarias para alquiler, que se duplican, al aumento de pisos de los recursos alojativos compartidos y a la puesta en marcha de un espacio permanente de atención a personas sin hogar, con veinticinco plazas.  

En paralelo, hay un enorme esfuerzo del área de Vivienda y Muvisa en la búsqueda de suelos aptos y proyectos de construcción modular de viviendas sociales, así como de compra de promociones inacabadas. En su conjunto, estas medidas suponen retomar el pulso de las políticas de vivienda en La Laguna tras demasiados años de pausa, poniendo en el centro el rescate de las familias en un contexto más que complicado. Este es un reto enorme y no podemos fallar.

Este viernes, si la voluntad democrática de nuestras organizaciones es afirmativa, toca firmar un acuerdo que habla de regeneración política y lucha contra la corrupción, de derechos sociales, de mejora de los servicios públicos, de igualdad de oportunidades, de derechos humanos y de afrontar con seriedad el cambio climático.

Salimos de una campaña que no ha sido normal. Coalición Canaria desató sobre La Laguna un uso ingente e indecente de recursos públicos al servicios de su marca política. Todo ha servido para tratar de mantener su hegemonía en un territorio que lleva casi tres décadas bajo un poder absoluto y absolutista.

No sé si se puede considerar que entra en la normalidad democrática una campaña donde un grupo político usa descaradamente los recursos de toda una institución para ponerla a su servicio. No lo creo, cuando vimos eventos como el aniversario de Ansina en la Televisión Canaria en formato fiesta-mitin para tres mil personas mayores, con el pago de unos 13.000 euros del Cabildo. Tampoco veo un especial gusto por los procesos democráticos cuando varias de las cientos de laguneras que participan en el proyecto mujeres a la playa nos afirmaron que el alcalde en persona les había manifestado que “si no ganamos este programa lo quitan”, cuando se amenaza a trabajadores con que iban a perder su puesto de trabajo si había cambios en el municipio o cuando se ha tratado de sembrar la idea del fin de tradiciones o celebraciones por culpa de un posible gobierno de izquierdas. Jugar con el miedo es terrible, aunque efectivo, como comprobó el PP en sus propias carnes al ser fagocitado electoralmente por una CC que lanzó por todos los medios un “que vienen los rojos” digno de otra época. Esta consigna le sirvió para ocupar en lo electoral el espacio que VOX ha colonizado en otros lugares. No fue una campaña normal, en absoluto, aunque el abuso y la agresividad mostrada en la campaña ha tenido un efecto colateral, CC ha quedado aparentemente sin compañeros de baile tras el 26M.

El próximo sábado, catorce concejales y concejalas de fuerzas de progreso sumaremos nuestros votos para lograr un cambio que una mayoría de laguneros y laguneras esperan, por suerte creo que no será la única institución en la que esto pase. Espero además que en ese nuevo mandato logremos desarrollar amplios acuerdos con otros grupos políticos con presencia municipal para acabar con la parálisis y la mala gestión de los últimos años. Cualquier anomalía de ese escenario político solo puede provenir de prácticas mafiosas de extorsión y compra de voluntades que creo que serían imperdonables, como lo fue en el mandato anterior la compra de un edil en Tacoronte para impedir una moción de censura o lo sucedido en nuestro salón de plenos.

No será fácil retomar el rumbo. La Laguna que nos dejan debe someterse a una auditoría real y efectiva para conocer el alcance de los 105 millones de euros en facturas que olvidaron pagar Oramas y Clavijo, su efecto y su origen. Seguimos, diez años después, sin concluir el nuevo Plan General, que ponga todo el potencial del municipio en valor y no esté sometido al interés de unos pocos. Seguimos con un presupuesto de 2018 prorrogado por la incapacidad y el interés cortoplacista de Coalición Canaria. El personal municipal sigue sufriendo la falta de recursos humanos y materiales para desempeñar sus tareas, sin nueva RPT, con procesos de jubilación que afectarán duramente a plantillas como las de la policía local. Nos dejan un municipio con mucho por hacer en los pueblos y barrios, con importantes carencias y muchos proyectos no realizados, como el Mercado o Las Chumberas.

Tenemos una oportunidad única y la afrontamos con ilusión, con un gran equipo de mujeres y hombres, diverso pero complementario, que hemos sacado lo mejor de cada programa electoral para dar un giro a las políticas municipales en positivo. Pondremos todo el corazón y toda la cabeza en esta importante tarea, sin olvidar que estamos al servicio de las personas.

Su importancia urbana y patrimonial quedó reseñada en el informe que el Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos España) redactó en 2008 ante la implantación “provisional” del mercado en este lugar. Ese informe es contundente a la hora de valorar esa decisión y literalmente dice: “El caso que se presenta a informe es un claro ejemplo de menoscabo del valor patrimonial de la ciudad a causa de su degradación por ocupación de espacios públicos comunales por la introducción de usos insanos y molestos en un espacio cívico de carácter cultural y patrimonial. Así mismo, entraña el menoscabo del disfrute pacífico del derecho de fruición colectiva de un bien o parte de él, en este caso la plaza del Cristo de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, pieza fundamental del conjunto de espacios cívicos definidos como piezas esenciales del valor cultural y patrimonial del Bien Cultural inscrito en la Lista de Bienes Patrimonio de la Humanidad”.

Junto a este mismo lugar tenemos el Santuario del Cristo, que lleva esperando desde 1985 por su definitiva declaración como Bien de Interés Cultural por sus altos valores patrimoniales e históricos. Es lamentable que treinta y cuatro años después ese proceso no haya culminado ante la falta de respuesta institucional, especialmente por la negativa del Ministerio de Defensa, que se considera afectada por el efecto del entorno de protección de esta declaración en las actuales instalaciones militares. El acuartelamiento actual, poco usado, ocupa unas parcelas de alto valor estratégico para un mejor desarrollo de nuestro municipio, que ojalá en breve sean devueltas a un uso civil que venimos reclamando desde hace tiempo.

Desde hace catorce años, el documento del Plan Especial de Protección del Casco ya recoge medidas de mejora de esta plaza, tras el impacto negativo de los cambios sufridos en este entorno en 1998, con medidas como el aparcamiento subterráneo, la tala de los viejos olmos, la retirada de los antiguos bancos y el cambio del pavimento. La propuesta técnica hablaba de una plaza más habitable, sin charcos ni problemas de accesibilidad, con protecciones vegetales y físicas frente al alisio y espacios para el descanso, muy lejos de lo que tenemos actualmente.

Para recuperar la plaza hay que lograr objetivos concretos, como el definitivo traslado del mercado a su lugar original, pero también con medidas que mejoren el entorno público. En este sentido creemos que la propuesta de instalar un tanatorio-velatorio junto al Santuario del Cristo representa un impacto negativo. Entendemos que el proyecto presentado y defendido por la directiva de la Esclavitud del Cristo implicaría un impacto en el conjunto de una plaza que además es considerada plaza de interés insular y en el ámbito del Bien de Interés Cultural incoado, con categoría de monumento. Creemos que en ambos casos una obra de estas características es totalmente incompatible con el uso público de la plaza y sus valores patrimoniales y urbanísticos.

Nos sigue pareciendo difícil de explicar que en el verano de 2017 se permitiera el cambio exprés del Plan Director del Santuario para posibilitar esta actividad, calificada en el documento como un “servicio demandado por la ciudadanía”. Esta modificación fue promovida por el Cabildo y redactada por el arquitecto Alejandro Beautell, que curiosamente ya participó en la restauración del Santuario presentada poco antes y en el Plan Director de 2010. La reacción vecinal ante este proyecto creemos que evidencia que tal demanda no existe; al contrario, mucha gente entienden que solo hay un interés en usar mercantilmente un espacio que, con independencia de las creencias de cada persona, tiene un indudable valor simbólico y patrimonial.

En este 2019 esperamos que los avances en este proyecto puedan ser frenados con medidas institucionales que preserven el interés general por este espacio público frente a este tipo de impactos. El pasado mes de diciembre pedimos, además, que el alcalde ejerza su papel en el proceso de inmatriculación abierto sobre parte de los solares afectados por esta obra, al entender que los usos municipales sostenidos en el tiempo de los almacenes utilizados para las fiestas generan derechos adquiridos por parte del Ayuntamiento.

Nuestra apuesta con respecto a la plaza del Cristo es clara. Queremos una plaza abierta, atractiva, vivible, una demanda que va aparejada con cumplir de verdad con las esperadas obras del Mercado y con el fomento de usos compatibles con el sentido y el origen de este gran espacio público. Recuperar esa plaza y otros muchos espacios públicos abandonados del municipio debería ser un elemento central en los compromisos políticos de cara a mayo de 2019. Ojalá sea así.

*Portavoz municipal de Unidos Se Puede en La Laguna

Es cierto que los sueldos de los políticos son un terreno abonado a los debates facilones y simplificadores de la realidad. Viene siendo así gracias a la posibilidad de los regidores locales y de los responsables políticos de otras administraciones de aplicarse el sueldo con escasos criterios.

En La Laguna, además, la cuestión viene aparejada con la realidad de una Ley de Grandes Ciudades que abrió la puerta a regular el cobro de sueldos a parte de la oposición para facilitarle una actividad de control y de atención a la ciudadanía que también era demandada.

En nuestro municipio, fue José Alberto Díaz, como alcalde, el principal artífice de mantener unos sueldos que ya en el anterior mandato fueron objeto de debate y que lo convierten en el alcalde que más cobra de Canarias y en el sexto del Estado. No pasó igual en otros municipios en los que por coherencia con la situación económica y la realidad social de buena parte de sus habitantes se apostó por reducir sensiblemente el gasto político municipal.

En el pleno en el que se votaron estas cuestiones, en julio de 2015, nuestro grupo municipal defendió una enmienda que implicaba más de 300.000 euros anuales de ahorro basada en salarios éticos similares a los acordados en otros municipios y que, en este caso, los votos de CC y PSOE rechazaron. No hubo manera de lograr afrontar un debate que estaba en la calle y que afecta a todos los sueldos, también los de la oposición, que son igualmente poco éticos en el momento presente.

Nuestro grupo solo tiene dos personas de seis con dedicación exclusiva, ambos donamos lo que excede de los tres salarios mínimos mensuales para vivir acorde con esa idea de salarios éticos que demandamos, para ser coherentes con la realidad de la mayoría de las familias. No solo eso, hemos presentado en cada debate sobre los presupuestos municipales medidas que permitirían reducir hasta en 500.000 euros el gasto político municipal, siempre nos hemos encontrado de frente con el voto contrario del actual grupo de Gobierno y su aliado en este mandato, el Partido Popular.

La defensa de José Alberto Díaz ha sido un ataque a la oposición, como si no fuera él el que marcara los sueldos de la oposición, como si no hubiese votado pleno tras pleno contra la reducción de este gasto. No solo eso, el propio alcalde ha promovido que, para mantener bajo su control el 100% del personal de libre designación de los grupos políticos, un incremento de las asignaciones a los partidos con presencia en el pleno de 35.000 euros anuales a cada uno, en total 210.000 euros llevados a pleno en 2016 frente al rechazo frontal de solo dos grupos municipales, que rechazamos cobrar ese indecente regalo del alcalde. Hemos tratado de mantener esa coherencia que demandamos a los demás con acciones concretas, como la rendición periódica de cuentas y su publicación, la primera de ellas a los 100 días del nuevo gobierno.

Hay que hablar de racionalización del gasto político municipal y nos gustaría hacerlo en el próximo pleno municipal, sin excusas técnicas y con datos. Superar ampliamente los dos millones de euros anuales en este concepto creo que sigue siendo difícil de explicar a la ciudadanía y además también lo es de entender.

Hay que pedir coherencia, hay que pedir ética y responsabilidad. Recibir un sueldo público debe ser para cumplir unas funciones, en el caso de la oposición atender las quejas y demandas de la ciudadanía, pero también ser especialmente escrupuloso en el control de la labor del gobierno, presentando propuestas e iniciativas con las que mejorar su acción o dando alternativas. Una oposición que cobra y va a las comisiones sin leer un papel, que no se lee las ordenanzas, que no realiza alegaciones o aportaciones, que no trabaja los presupuestos municipales, que no está presente en las calles, que no rinde cuentas, supone un problema igual al de un alcalde que cobra demasiado y no cumple.

*Portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna

El resultado de las elecciones municipales de 2015 fue claro, la hegemonía de Coalición Canaria se vio duramente cuestionada por un resultado electoral que les hizo pasar de trece ediles a solo siete, una mayoría de progreso se dibujaba en el horizonte. Los nervios ante las encuestas aparecidas en las últimas semanas antes de los comicios hicieron que las llamadas al miedo crecieran.

Personas de Coalición Canaria se encargaron de vender falsedades a muchos colectivos del municipio, que todavía hoy nos preguntan. Así se les dijo a las mujeres del proyecto mujeres a la playa que les íbamos a quitar un servicio de ocio saludable que no solo no hemos pedido que se quite, hemos pedido que se refuerce y se potencie. A los colectivos vinculados con las Hermandades y Cofradías se les advirtió que quitaríamos la Semana Santa, hasta con un cartelito digital, cuando lo que hemos trabajado para que se deje de mezclar política y religión, para que cada uno se desarrolle en su ámbito. A las personas que habían logrado algún puesto de trabajo en empresas que prestan servicio al Ayuntamiento se les dijo que les despediríamos y en todo momento hemos tratado de fomentar los derechos laborales y sociales en las empresas que prestan servicios para el municipio, así como por fomentar su estabilidad, para que no deban favores a nadie. A los colectivos que año tras año ponen en marcha las fiestas populares en nuestros pueblos y barrios se les alertó diciendo que acabaríamos con las celebraciones, cuando hemos pedido más participación ciudadana y menos uso político de las mismas.

La política del miedo tiene mucho de rancio, trata de infundir la preocupación en la ciudadanía ante un cambio que puede estar por venir, pero solo esconde el pánico de quienes llevan demasiado al frente de un Ayuntamiento y solo tratan de mantener privilegios, que no gestión.

El mejor abono para la política del miedo es no conocer tus derechos, no tener claro qué te corresponde como persona o como colectivo, depender de la voluntad de un responsable político, con cargo o no, para recibir más o menos según le adules.

No quiero un Ayuntamiento donde la crítica vecinal se castiga, donde, o entras por el aro o no tienes derechos, eso va a acabar, más pronto que tarde, tal vez en solo unos pocos días.

A los que reciben susurros en el oído avisándoles de lo malos que son los otros y los grandes favores que dan ellos les digo, no tengan miedo, el tiempo del favorcito acabará y empezará un tiempo nuevo, de derechos sociales y ciudadanos, donde no habrá que tocar la puerta de ningún concejal o alcalde para lograr que un proyecto se desarrolle, con una participación real, donde para entrar a trabajar en una empresa que presta servicios públicos no será necesario tener el carnet de un partido o ser familiar de algún poderoso.

Cuando se acaban los favores y empiezan los derechos avanzamos como sociedad, nos liberamos y toca liberar La Laguna.

Sonará manido, pero, aunque una mentira se repita muchas veces, no deja de serlo. La realidad es que en el año 2004, cuando un joven concejal de Seguridad Ciudadana llamado Fernando Clavijo decidió privatizar este servicio público, este se desarrollaba con dos grúas municipales y seis operarios que habían pasado un proceso de selección oficial, todo ello a un coste de 170.000 euros menos que el que, según los informes oficiales, supuso su gestión privada.

No es casualidad que esta decisión se tomara en un momento en el que La Laguna contaba con grandes ingresos y había recursos para mejorar ese servicio desde lo público. Respondía a la misma fe liberal de la que ha hecho gala Clavijo en este tiempo, una fe en que lo privado se gestiona “mejor” y además tiene menos cortapisas, una premisa que el tiempo y los datos están desmintiendo. Cuando sumamos el efecto total de la privatización, calculado en esos informes, hablamos de alrededor de un millón de euros más a las arcas municipales, todo para facilitar la contratación de afines.

Otra cosa clara son las declaraciones ante la Guardia Civil y en la comisión de investigación del primer propietario de la empresa que se hizo con este servicio. Afirma que desde el minuto uno lo usaron para colocar a dedo a personas vinculadas política y personalmente a los concejales, principalmente de Coalición Canaria, una práctica que desgraciadamente es un sostén fundamental de las políticas caciquiles.

El sobrecoste de este servicio público privatizado se realizó para consolidar la principal ganancia política que produce para sus ideólogos, reforzar la red clientelar que posibilita perdurar en el tiempo y mantener el poder. Esa red se sostiene sobre la precariedad de quien es contratado en base a un favor y se mantiene bajo la amenaza constante de que si otros gobiernan lo perderán. Es una red construida sobre el miedo y la arbitrariedad.

Ese ecosistema del premio y del castigo sale caro, incluso genera situaciones a la larga que explican parte de esos famosos 105 millones de deuda municipal que en 2012 afloraron, fruto de la mala gestión de los recursos públicos de la era Oramas y Clavijo.

Un ejemplo esperpéntico del resultado de este tipo de dinámicas fue el préstamo de 120.000 euros que el propio Ayuntamiento entregó a la empresa de grúas en 2014, una acción absolutamente infrecuente en las administraciones públicas, realizada en contra de los informes del Interventor municipal y que se hizo con un objetivo claro, permitir a las personas afines a Clavijo, que compraron la empresa en 2011, mantener el contrato cuando incumplían múltiples aspectos del pliego de condiciones.

Con descaro han dicho que era para evitar problemas a unos trabajadores que habían arriesgado su patrimonio en una empresa como esta, cuando en la misma época no movieron un solo dedo para evitar la ruina de miles que no tenían contactos ni amistad con el poder caciquil.

Estas artimañas contrarias a los informes y a la legalidad ya han costado la imputación del alcalde y del portavoz local de CC y estoy seguro que próximamente serán determinantes para la imputación de Fernando Clavijo.

Lo he dicho en varias ocasiones, seguramente antes de final de verano veremos el caso grúas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una vez lleguemos a eso, entraremos en una fase donde aquellos partidos que de verdad apostamos por la regeneración de las instituciones y la depuración de las responsabilidades políticas deberemos dar pasos claros y contundentes. Veremos cuál es la actitud de otras fuerzas con respecto a estas situaciones. La grúa nos puede dejar una dignificación de la política o más vergüenza, veremos lo que pasa.

*Portavoz municipal de Unidos Se Puede en La Laguna

En las últimas semanas, El Coromoto ha sido noticia por el intento de instalar nuevas antenas en un entorno urbano más que colmatado, generándose inmediatamente una respuesta vecinal de resistencia hacia lo que consideran un disparate urbanístico.

Sorpresa e impotencia a partes iguales cuando de la noche a la mañana, en una zona donde es complicado realizar una simple reforma en las viviendas por motivos urbanísticos, se puede observar cómo una empresa instaladora levanta unas antenas sin el menor reparo.

Estoy convencido de que debemos dar los pasos necesarios para recuperar esas tasas urbanísticas vinculadas a las antenas de telefonía móvil, similares a las que ya se aplican en otros municipios. Es inconcebible que en la actualidad en La Laguna colocar una antena de telefonía sea un negocio redondo, ya que no existe ningún procedimiento para cobrar un solo euro por este uso de los espacios públicos, tal y como demuestran los informes de la Concejalía de Hacienda en su memoria de 2017.

En 2016 el Tribunal Supremo abrió la puerta del llamado tasazo en Madrid, que permitirá que en Madrid las compañías deban abonar unos 11 millones de euros en tasas no pagadas por ocupación de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública. La Laguna también debe adaptar sus ordenanzas para hacer posible que se recupere el pago, como una herramienta más para forzar a las empresas del sector a llegar a un acuerdo a la hora de colocar una antena de telefonía.

Nuestro municipio no puede quedar en manos del todo vale que generó esa Ley de Telecomunicaciones de 2014. Como instituciones más cercanas a la gente, los ayuntamientos deben articular todas las fórmulas necesarias para regular esta actividad, cumpliendo con todos los principios urbanísticos y de seguridad, salvaguardando el interés general.

En el momento actual, lo recordamos en el último pleno municipal, los únicos mecanismos de defensa de los intereses de la ciudadanía en este asunto son, por un lado, mantener la movilización ciudadana contra esa instalación, y por otro, conseguir que el Gobierno local se siente a hablar con la teleoperadora para buscar acuerdos negociados a través de la participación ciudadana en cuanto a los emplazamientos de este tipo de infraestructura.

Queda en el aire la paradoja de que en La Laguna sea mucho más fácil colocar una antena de telefonía en un edificio que una placa solar, lo cual es inaudito. Toca poner límites a la actividad de las grandes compañías de telefonía en nuestro municipio, empezar a decirles no de vez en cuando a sus imposiciones.

*Portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna

Fernando Clavijo y Ana Oramas no solo dejaron una deuda de 105 millones en las arcas de La Laguna; también dejaron un reguero de proyectos faraónicos y millonarios difícilmente realizables. Hoy me gustaría hablarles de dos de los más sangrantes.

El primero es el proyecto ganador del concurso de ideas para el nuevo mercado municipal, valorado en más de 10 millones de euros (que es más o menos lo que La Laguna gasta en un año en su capítulo de inversiones reales). A ese proyecto anunciado en 2012, que los portavoces de Coalición Canaria dijeron que iba a ponerse en marcha en 2013, también se deben sumar cinco millones más por el encauzamiento del barranco de La Carnicería.

Lo hemos dicho en varias ocasiones: hace falta un proyecto de recova adaptado a nuestra realidad económica y a las necesidades de los recoveros y recoveras, un proyecto que desde este colectivo han diseñado, pero al que se les dice que no con la falsa excusa de que el proyecto ganador no se puede cuestionar.

El segundo ejemplo es casi igual de disparatado. En las ruinas de la antigua iglesia de San Agustín, la alcaldesa Ana Oramas puso en marcha un concurso para un gran espacio cultural y auditorio. El proyecto ganador incorporaba ideas “luminosas” como cubrir de tea el techo caído de la antigua iglesia, derruir la edificación anexa catalogada y poner una fachada también cubierta de tea... El coste de esta megalomanía era de ocho millones de euros. Un auténtico disparate que ni siquiera tenía en cuenta que la edificación que pretendía derruir está protegida en su fachada.

Recientemente, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, dejaba un curioso comentario en redes sociales donde explicaba que no piensa tragar con ese tipo de proyectos millonarios encargados por los antiguos gobernantes y que piensa adaptarlos a la realidad económica de su institución. El suyo no es el único ejemplo. Esa misma lógica se está imponiendo en muchas administraciones donde los aires nuevos han pasado por racionalizar los gastos, aprovechar los recursos disponibles, pensar más en el interés de la ciudadanía y menos en los grandes fastos del pasado.

Los megaproyectos del mercado y del centro cultural de San Agustín siguen ahí, debajo del brazo de los herederos de Oramas y Clavijo, que tienen los mismos sueños fatuos de siempre, de tijeras doradas y cintas de seda que cortar.

Cuántas cosas podríamos hacer con muchísimo menos derroche de recursos públicos, aprovechando los conocimientos y las experiencias de nuestros propios técnicos municipales, poniendo en definitiva sobre la mesa necesidades reales de la gente. Qué ganas tengo de sacar el mercado de la jaima de plástico en la que lo han metido desde hace ya más de diez años, qué ganas de ver abiertas las ruinas de San Agustín, de que sean estudiados los restos de enterramientos centenarios de su subsuelo y con un edificio público anexo rehabilitado, el que pueda cubrir las numerosas demandas ciudadanas y materiales existentes en nuestro municipio, que a lo tonto sigue gastando cada año casi un cuarto de millón de euros en alquileres más que cuestionables.

*Portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna

Mi padre me inculcó el amor por el mar y las especies que lo habitan. Nuestro Atlántico es un mar frío y duro, pero muy rico y diverso, lleno de sorpresas.

En las últimas semanas se han repetido las noticias de encuentros llamativos en aguas de Canarias, fulas tropicales en El Hierro, peces cirujano en La Graciosa.... Especies nuevas que se van aclimatando a un océano que se calienta por la irresponsable acción humana.

No es algo nuevo, pero es tremendamente preocupante. Señales de un cambio climático que tenemos que parar, también desde nuestra islas, donde es bastante evidente que el Gobierno canario no ha realizado la tarea.

El aumento de las temperaturas del agua, junto a la llegada de grandes plataformas petrolíferas que generan ecosistemas propios, facilita la llegada de esos nuevos peces tropicales, pero también las no tan bonitas cianobacterias, según todos los especialistas.

Con independencia de otros elementos facilitadores de los problemas que amenazan a nuestros ecosistemas marinos, la realidad es que Canarias también es responsable de este calentamiento global, por unas políticas suicidas que han multiplicado los gases de efecto invernadero en las últimas décadas, siendo uno de los territorios donde menos energías renovables usamos o donde la implantación de los vehículos eléctricos es más lenta.

En el año 2008 la Secretaría Confederal de Medio Ambiente de Comisiones Obreras (CCOO) ofreció los principales datos del informe sobre la emisión de gases de efecto invernadero en 1990-2007 por comunidades autónomas, en la que se cifraba en el 95% el aumento de este tipo de gases en el archipiélago canario durante ese tiempo. Los datos chocaban con los ofrecidos en la misma época en los documentos de la llamada Estrategia canaria de lucha contra el cambio climático, que hablaban de un incremento de cerca del 40%.

Las acciones realizadas para cambiar esa situación por parte de quienes han estado al frente del Gobierno canario en el último cuarto de siglo han sido totalmente insuficientes, incumpliendo de forma reiterada sus propias previsiones.

La producción en renovables sigue siendo irrisoria si la comparamos con otros territorios del Estado español, por no hablar del planeta. En esta línea, la apuesta por la introducción del gas natural como caballo de batalla de la estrategia de CC contra el cambio climático es un error más con un alto coste económico y que repercutirá en la introducción de las renovables.

Mucho podemos hacer también desde los municipios, propuestas claras y concretas que se suman a las estrategias contra el cambio climático, como el apoyo a una movilidad más sostenible, la apuesta por el transporte público, la introducción creciente de los vehículos eléctricos, el apoyo a las distribuidoras de energía verde, la reducción del consumo eléctrico, facilitar espacios para el desarrollo de las renovables, hacer un mayor seguimiento de las emisiones de las principales industrias  y favorecer el autoconsumo.

No se puede acusar al cambio climático de nuestros males mientras no hacemos la tarea contra el cambio climático. Canarias debe lograr estar a la cabeza de estas actuaciones por nuestro propio interés estratégico y por ética colectiva. Si aunamos el esfuerzo de todas las administraciones en esta tarea, habremos ganado mucho.

*Portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna

Para lograr ese cambio, que en el fondo es el resultado de décadas de lucha intensa por una sociedad más justa y democrática, es necesario un proceso de empoderamiento ciudadano construido desde abajo, con participación plena de multitud de colectivos políticos y sociales, con presencia activa de vecinos y vecinas dispuestos a colaborar en este objetivo, construyendo liderazgos horizontales.

En Canarias tenemos una oportunidad histórica de superar la única vez en la que las voces alternativas de las Islas lograron tener una voz en el Congreso de los Diputados, una oportunidad que llega después de casi cuarenta años. Esta construcción de una candidatura con raíz y con la fuerza suficiente para poner en graves aprietos a los partidos que se han repartido el poder en el Archipiélago en estas décadas, solo se puede lograr sumando.

En La Laguna, el pasado 24 de mayo, demostramos que con un proyecto de unidad popular era posible superar la falta de apoyos económicos y de “padrinos”, que gente sin experiencia en las instituciones, pero sobradamente preparada, somos capaces de medirnos de igual a igual con los partidos tradicionales. Un proceso que a pesar de algunos agoreros, sigue funcionando y devolviendo la esperanza a muchas personas que se habían creído el discurso oficial de que no había nada más allá del liberalismo rampante.

Tenemos unos días para conseguir que lo que espera muchísima gente, más de 150.000 canarios y canarias según los resultados de las autonómicas, se convierta en una realidad. Para lograr un acuerdo de confluencia política construido aquí, colectivamente, que sea voz de la mayoría social del Archipiélago y no simples medianeros de los poderes económicos isleños.

Un reflejo de esta fuerza política construida desde abajo lo tuvimos hace unas semanas en El Rosario, donde unos 150 cargos públicos de fuerzas transformadoras nos vimos las caras. Esa imagen, impensable hace apenas ocho años, es la visión de un proceso de cambio imparable, pegado a la calle, que aspira a ser mayoría y que necesita que en el Estado español se den batallas fundamentales para municipios, cabildos y territorios como el nuestro. Para el 20D no espero nada de los trillizos y sus propuestas recauchutadas, o de las nuevas fuerzas cargadas de ofertas caducas, pero espero grandes cosas y altura de miras en las verdaderas fuerzas de cambio, lo repito, nos jugamos mucho.