Nadie dijo que estar en la primera línea política fuera una tarea fácil, pero cuando hace unas horas supimos que la compañera Secretaria de Estado de Igualdad y Secretaria Estatal de Feminismos,  Noelia Vera, dimitía de todos sus cargos, institucionales y orgánicos, además de despertar una inmensa ola de solidaridad, a más de una nos hizo reflexionar sobre el coste que supone estar asumiendo responsabilidades en la primera línea política.

Y es que hablamos de las contradicciones que se generan dentro de nuestro propio discurso, ante las reivindicaciones de tiempo para conciliar con la vida familiar, para los autos cuidados y las exigencias ante unas responsabilidades de gobierno y de militancia que nos reclaman jornadas a tiempo completo, de casi 18 horas al día, durante siete días a la semana.

Hay que tener mucha, mucha convicción y muchísima fuerza para resistir ese ritmo frenético. Y si además eres madre de criaturas pequeñas, ya no se trata solo de ti o tus necesidades, sino también de las que esas personitas dependientes tienen de ti, y esto aún lo hace más Insufrible.

Al final, cuando el compromiso, la responsabilidad y la voluntad de servicio público son tan fuertes que no nos dejan ver las señales de agotamiento, es el cuerpo el que hace sonar las alarmas que nos obligan a bajar el ritmo, dependiendo de las circunstancias, o directamente a parar.

Sé de lo que hablo, de la dificultad que en algunos momentos supone decir que “no” cuando tus compañeras y compañeros te piden que hagas un esfuerzo, que resistas, porque eres necesaria en un momento y espacio determinado y no hay tanta gente ahí detrás disponible o dispuesta a cubrirte.

Al final, en última instancia, son nuestros cuerpos -que son sabios y que nos quieren bien- los que ‘nos enferman’ como única herramienta capaz de hacernos reflexionar en serio para tomar las decisiones adecuadas por muy radicales o duras que parezcan.

A Noelia Vera le honra mucho el paso que ha dado, no hay ego, ni prestigio, ni sueldo, que esté por encima de la salud física y emocional de ninguna persona, y una vez más es una mujer la que nos da ejemplo con su renuncia, con su honradez y capacidad de escucha, con su saber parar a tiempo, ordenar y priorizar las necesidades sin olvidar lo que es más importante en cada momento.

Mi experiencia vital y política me ha enseñado a distinguir y saber que no todas las personas que están en la política son iguales, a diferenciar a las trepas, a las del discurso hipócrita que ni ellas se creen, a las que se agarran a un acta como un clavo ardiendo, a las que utilizan el nombre del feminismo en vano, de las que ejercen su trabajo desde el compromiso y la coherencia, asumiendo con honestidad y sinceridad los momentos de mayor vulnerabilidad.

Noelia Vera no solo cuenta con mi cariño y apoyo incondicional, también con mi admiración y respeto.

Y, aviso a navegantas,  y un consejo a todas las mujeres luchadoras que,  desde distintos ámbitos de Podemos o sus coaliciones, se están dejando la piel y la vida por defender este proyecto: cuídense mucho, compañeras, que aunque este sea un trabajo colectivo, aunque ninguna seamos insustituible, lo cierto es que todas y cada una de nosotras somos necesarias y como tales irreemplazables.

Escuchen las señales, las que emanan de sus cuerpos y las de las personas que bien las quieren. No se fuercen a ser invencibles ni se exijan más de lo que pueden dar, la grandeza está en tener la humildad y la lucidez de reconocer los límites, no dejen que nada ni nadie las rompa.

A todas las compañeras a las que la vida les ha pedido una tregua les deseo todo lo mejor, que recuperen sus vidas, su salud, su fuerza,  y se recuperen a sí mismas, que se tomen su tiempo, que descansen y tomen fuerzas, porque estoy segura que de una u otra manera seguirán ahí, y que desde la retaguardia, no dejaran de apoyar y empujar según sus posibilidades, en la lucha por un mundo más justo, más vivible e igualitario para todas y todos.

Y no duden que después de la pausa necesaria, cuando llegue el momento, cuando estén listas para volver, habrá muchas compañeras y compañeros dispuestas a parar la máquina para abrazarlas y segur trabajando juntas, codo con codo.

Este 1 de octubre de 2022, la campaña, con enfoque y perspectiva de género, ha sido dedicada a las mujeres mayores, quienes normalmente asumen las tareas de los cuidados y llevan el peso de las familias, en muchas culturas, de manera silenciosa y poco reconocida. 

El lema de la ONU de este Día Internacional de las personas Mayores 2022 ha sido  ‘La resiliencia y la contribución de las mujeres mayores’. Se hace así un reconocimiento público de las aportaciones de las mujeres mayores, tan a menudo invisibilizadas, un llamamiento a escuchar todo lo que ellas tienen que decir, a valorar su  mirada, y a ponerlas a ellas y el trabajo que realizan en el foco de las políticas internacionales y del desarrollo de la sociedad.

Justo sobre dignidad en el fin de vida iba también la Proposición no de Ley (PNL) que, desde el Grupo Sí Podemos Canarias, defendimos en el último  pleno del Parlamento, el pasado 28 de septiembre, y que fue aprobada con los votos de los cuatro grupos del ‘Pacto de las Flores¡ más el del diputado de Ciudadanos. Una PNL que trata de derechos que se han ido ensanchando en las últimas décadas, superando prejuicios y discriminaciones, mejorando así la vida de muchas personas en el afán de que todas las vidas sean vidas  dignas de ser vividas.

Y como la cara y cruz de una moneda, entendemos que hablar de vida implica también, necesariamente, hablar de muerte,  que no hay vida digna si el final de vida no lo es. 

Hablamos de la necesidad de dar a conocer bien la legislación vigente en esta materia,  de poner en marcha políticas públicas que desarrollen  y faciliten el acceso a las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV), una valiosa herramienta que garantiza el principio de autonomía de las personas pacientes para la toma decisiones en materia sanitaria con respecto al  fin de vida. 

Politicas públicas que garanticen el derecho al alivio del sufrimiento tanto en enfermedades o situaciones reversibles como cuando no lo son, a través de los cuidados paliativos o el derecho a la eutanasia. En cualquier caso se trata de respetar las decisiones  tomadas, en plenas facultades mentales, sobre el  fin de vida, así como  el derecho a una muerte digna.

Por todo ello, y para garantizar los derechos en el fin de vida, propusimos también en esta PNL la creación para Canarias de un Observatorio de la Muerte Digna, un organismo técnico multidisciplinar que tiene entre sus  objetivos investigar y supervisar, desde un punto de vista integral y con perspectiva de género, la calidad de la muerte en nuestro territorio, tanto en el ámbito municipal, insular y autonómico. El de Canarias sería el cuarto observatorio del Estado  de este tipo,  después de Catalunya, Navarra y Asturias. 

Observatorios de la muerte digna que, de haber existido en otros territorios, tal vez habrían ayudado a evitar o a conocer mejor las  razones por las que durante la pandemia dejaron morir a tantos miles de personas mayores en residencias,  sin prestarles la más mínima atención, algo que difícilmente van a olvidar sus familias ni la sociedad civil, comprometida con los Derechos Humanos, que aún espera que se depuren responsabilidades ante la crueldad y el desprecio con la que se tomaron determinadas decisiones, algunas incomprensibles, como las tomadas en la Comunidad de Madrid.

Por eso también resultan poco comprensibles las abstenciones de las derechas, Grupo Popular y Coalición Canaria –más el voto de la diputada Vidina Espino- que, con excusas peregrinas y sin hacer ni una sola enmienda,  decidieron no apoyar esta propuesta. 

Sus votos no eran necesarios para que la propuesta saliera adelante y las medidas contempladas se pongan en marcha, pero retrata su falta de empatía ante un momento tan sensible como es el fin de vida, tanto para quienes lo viven en primera persona como para sus familiares y personas queridas. 

No entendemos bien  la razón de esa postura tan cerrada y escorada a la más extrema derecha, poco podemos decir a quienes nos preguntan, solo que si  hubiera habido el más mínimo  interés de llegar a un acuerdo por nuestra parte  no habría habido ningún problema, se podría haber negociado alguna enmienda o haber hecho votación separada de algún punto. 

Ni lo intentaron, esa es la disposición y actitud de algunas señorías en el Parlamento de Canarias, que por sus votos les conocerán,   son más de ignorar derechos que de ensancharlos o defenderlos, lo de garantizar derechos a una  “vida y muerte digna”  para todas y todos,  no debe estar entre sus prioridades ni ser un tema interesante para el debate, mientras siga siendo privilegio reservado para una minoría.

No nos queda otra que seguir trabajando y tejiendo alianzas con quienes queremos más democracia y justicia social. 

¡Menos derechas y más derechos!

Hablamos de lo que significa para tantas personas, en una situación extrema de enfermedades incurables y gran sufrimiento, la posibilidad de acogerse a este derecho y decidir, con plenas facultades mentales, como quieren que sea su fin de vida.

Eutanasia significa literalmente “buena muerte” y de esto se trata precisamente, de dignificar también ese momento tan trascendental, porque no hay vida sin muerte, como no hay muerte sin vida,  dignificar la muerte es por tanto dignificar también la vida, entendiendo lo que significa e implica este proceso y que ambas, vida y muerte, son caras de una misma moneda.

Quienes así lo entendieron y entienden llevan siglos, desde distintos rincones del planeta, luchando porque las legislaciones de los distintos países les escuchen, entiendan este concepto y lo transformen en un derecho.

Legislar para ensanchar derechos es parte de nuestro trabajo en el Parlamento. Así, sobre derechos para el final de vida, se aprobó en la Cámara autonómica de Canarias la Ley 1/2015, de 9 de febrero, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida,  en la que las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (testamento vital) adquieren gran relevancia y que se complementa en 2021 con la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia, en esta ocasión de ámbito estatal, y por tanto de obligado cumplimiento para todo el Estado.

Otra de nuestras tareas como parlamentarias es el control al ejecutivo, de ahí la solicitud de esta comparecencia al Consejero de Sanidad, para conocer y valorar el proceso de implantación de la LORE en Canarias en este primer año de andadura.

Pero ¡oh, sorpresa, no fue una comparecencia plana! llovieron críticas y extrañas alusiones por parte de algunas señorías, que a falta de argumentos sólidos políticos en relación al objeto de la comparecencia, pusieron diferentes y peregrinas excusas para no abordar el fondo de la cuestión. 

No es mi estilo, como parlamentaria, entrar en pugnas personales ni en confrontaciones. Mi grupo parlamentario, Sí Podemos Canarias, y yo como diputada, podemos estar en las antípodas sobre algunos temas desde un punto de vista ideológico y político, pero procuro siempre mantener el tono, apasionada en defensa de las ideas, pero sin entrar al trapo de las trifulcas y menos en aún en esos espectáculos ruidosos que tan a menudo se dan en otras Cámaras y que a veces -pocas, todo hay que decirlo- también se viven en nuestro Parlamento.

En esta ocasión, y ante un tema tan trascendente, tengo que reconocer el desconcierto que me produjeron algunas intervenciones, no tanto la del PP, que era un poco esperada y cuyo argumento no fue muy diferente al que dieron el año pasado en una comparecencia similar: que si cómo sacábamos ahora este tema con la que está cayendo, que con tanta gente muriendo de COVID hablar de muerte, que si ellos están para salvar vidas, etc…

De verdad, una no sabe si es que no lo entienden o no lo quieren entender, hablar de muerte digna -como hablar de vidas dignas- es oportuno siempre y en todos los contextos, porque siempre hay personas que están muriendo, y ante ese momento es importante tener la información y los apoyos necesarios para poder decidir, mientras tengamos capacidad para ello, como queremos que sea nuestro final.

Y, por supuesto (una entiende que esto no habría que repetirlo, pero al parecer sigue siendo necesario y hay que volver a explicarlo) el hecho de que exista la posibilidad, legalmente regulada, de ejercer el derecho a la eutanasia, a la muerte asistida, cumpliendo los requisitos que establece la ley -una ley extremadamente garantista, no hay que olvidarlo- siendo esta una decisión que solo puede tomar directamente la persona afectada, en plena uso de sus facultades mentales, bien en el presente, o si,  habiéndolas perdido, estuvieran registradas en el documento de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV), NO IMPLICA, en absoluto, como cualquier persona entenderá, que nadie se tenga que ver en la obligación de ejercer este derecho.

Ahuyenten los fantasmas, señorías, si es que de verdad los tienen, ni el derecho al divorcio nos obliga a divorciarnos, ni el del matrimonio igualitario obliga a las personas homosexuales a casarse, es muy hipócrita este debate, más cuando sabemos que hay partidos, como el Popular, que se oponen por sistema a la legalización de estos derechos, pero luego son los primeros en divorciarse cuantas veces haga falta, o en casarse entre ellos y ellas sin que se les mueva una pestaña.

Desde luego, está claro que al PP la falta de coherencia entre su discurso teórico y sus prácticas no le genera ningún problema, pero eso ya lo sabíamos.

Más me sorprendió el extravagante discurso de Coalición Canaria, que una nunca sabe si van o si vienen, en términos ideológicos son difíciles de catalogar, tienen de todo como en botica, el pegamento que les une, a pesar de tantas diferencias, debe de ser muy potente, supongo que deben ser intereses tan profundos que a muchas vulgares mortales se nos escapan, pero ese es otro asunto.

Lo que me sorprendió, nos sorprendió, es que dijeran que ese debate estaba fuera de lugar en la Cámara ¿De verdad? No salía de mi asombro, hablar de derechos, de muerte digna en Canarias -recuerden nuestra Ley de 2015- después de cumplir el primer año con una ley integral como la LORE, que ensancha derechos para la ciudadanía, que supone un avance histórico, que por fin legaliza que, dentro de la sanidad pública autonómica, se garantice el derecho a la eutanasia

¿Le parece inoportuno, fuera de lugar? ¿Pues dónde consideran algunas señorías que se debería hablar de esto?

Y ya, el argumento de remate fue el de que la LORE es una ley estatal ese si que fue bueno, un argumento de peso, porque, claro, en el Parlamento de Canarias no se puede hablar de leyes estales que son normas de obligado cumplimiento, será que les salió el rejo nacionalista y lo de ‘las Españas’ les queda lejos, pero se ve que solo para este tema, del cual sabíamos poco o nada, porque sobre la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia si que nos gusta hablar, lo que haga falta,  pleno sí y otro también

¿Ah, que su aplicación en Canarias depende de la Consejería de Derechos Sociales cuya consejera es la compañera de Podemos Noemí Santana? Vaya, un detalle menor en el que no habíamos caído.

Señorías de CC, argumenten un poco mejor, con un poco de más fundamento, han pasado muchos años gobernando y algún dia, seguramente, volverán a hacerlo.

Sepan que el derecho al fin de vida, a unos buenos cuidados paliativos, a una muerte digna, es tan importante como el derecho a una vida digna, y serán ustedes quienes algún día tengan que gestionarlo, miedo da la frivolidad con la que abordaron algo tan serio y trascendente, y que además, no olviden, de esto no escapa nadie, la muerte es democrática y algún día nos llegará a todas y a todos.

La vida en general ya es dura de por sí, pero para algunas personas lo es mucho más, por eso en mi intervención quise leer parte del testimonio escrito de Estrella López, una malagueña de 57 años que dejó una carta abierta, a toda la sociedad, para ser publicada en el mismo día su muerte, cuando finalmente, después de un tortuoso camino, pudo ejercer su derecho a la eutanasia.

Recojo un fragmento del final: “las leyes necesitan voluntad y medios para aplicarlas. Y en este asunto se requiere, además, una especial sensibilidad humana, que desgraciadamente ha estado ausente en mi caso, a excepción de mis médicas, la de cabecera y de paliativos. Paradójicamente, una ley que trataba de paliar el llamado ensañamiento terapéutico, ha acabado enredada en otro tipo de ensañamiento, el ensañamiento administrativo. Espero que mi testimonio ayude a quienes vengan detrás.”

Esto ocurrió hace un par de meses en Andalucía, evitar que hechos así se den en nuestra tierra, y que nadie tenga que vivir este sufrimiento añadido en el fin de su vida en Canarias, señorías, era el objeto de nuestra comparecencia.

El debate comenzó con mucha tensión desde el minuto cero, convirtiéndose en un debate fallido que no obstante sirvió para que una parte de la población viera, ya sin máscaras ni paños calientes, el verdadero rostro del fascismo. Un fascismo que en los últimos años se ha ido alimentando y blanqueando, jaleado por una parte de la población y con el silencio cómplice de otra, que miraba hacia otro lado mientras que “el huevo de la serpiente” que se ha estado incubando con total impunidad, ahora eclosiona y nos estalla en plena cara mediática, sin ningún tipo de pudor, dejando estupefactos y sin saber qué hacer ni qué decir a una gran parte de la población que mira atónita el espectáculo.

La cosa no queda ahí, las reacciones, algunas demasiado lentas, dejaron en evidencia la perplejidad y falta de reflejos de quienes no estaban entendiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, que esto no iba de una bronca entre Monasterio e Iglesias, que lo que se estaba cuestionando, ya sin caretas y a “cara de perro” por la la representante del partido de la ultra derecha fascista, es el propio modelo de sociedad en la que queremos vivir y por la que tenemos que optar, porque ya no valen medias tintas. Citando palabras textuales que la periodista Pepa Bueno nos ha dejado en su programa “o se está con los demócratas o se está con los fascistas”.

Así lo entendieron también Ángel Gabilondo y Mónica García, cuando -quizá un poco tarde pero a tiempo de dejar clara su posición- decidieron seguir los pasos de Iglesias y abandonar el debate.

Ahora bien, a este impacto inicial por lo ocurrido en el que ya será el último debate de esta tensa campaña, hemos de sumar la indignación posterior ante la lamentable y vergonzante posición de algunos partidos y medios de comunicación que, con sus ejércitos de opinadores profesionales y tertulianos varios, han intentado volver a blanquear la infamia de la Sra. Monasterio y el partido que representa, osando plantear el asunto en términos de “equidistancia” , como una consecuencia derivada de posiciones extremas, como si fuera lo mismo el matón que amenaza asesinar con balas, que las víctimas que denuncian los hechos y piden protección ante el peligro que corren sus vidas.

No, no es lo mismo, señores y señoras de las derechas y de las tertulias varias, no es lo mismo y no cuela, la cosa no va de “extremos” y ante las amenazas de muerte, ustedes lo saben, no cabe equidistancia ninguna, plantearlo así, no solo es una indecencia y un intento a la desesperada por seguir blanqueando algo tan oscuro y podrido como el fascismo, es un insulto a la inteligencia y a la dignidad humana.

Hechos tan graves nos permiten sacar algunas conclusiones que afectan a la campaña de Madrid, pero no solo, porque el monstruo ha enseñado algo más que la patita y ahora ya vemos su verdadero rostro sin trampas ni cartón, la extrema ultra derecha y quienes les apoyan han quedado más que retratados. Sus políticas incendiarias, de odio, racismo, xenofobia, aporofobia, negacionistas de la violencia de género, contra el feminismo, la diversidad LGTBI, y cualquier diversidad que no encaje en su modelo de pensamiento antidemocrático, despótico y neonazi son las que, sin remilgos, han dejado ver en esta campaña.

No solo invitaban a irse a Pablo Iglesias de un debate, no solo a él quieren expulsarlo de la vida política -si pudieran también del país, y de la propia vida- somos más quienes nos quieren expulsar o eliminar, somos 26 millones de personas las que les sobramos: “No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta” decían hace unos meses en en un chat de militares de esa misma “extrema ultra derecha” fascista, nostálgica de la dictadura.

El lado positivo de todo esto es que no solo somos más, es que también somos más que ellos, que no tienen balas suficientes para enviarnos cartas a todas y todos, y que la gente empieza a tomar conciencia y despertar del letargo, que frente a las muchísimas voces de gentes y medios que se movían entre cierta ambigüedad -jugando a la equidistancia- y con deliberada hipocresía porque todo valía contra Podemos, hoy son muchos los artículos y opiniones que por fin lo dicen claro, esto va de fascismo o democracia, y se está de un lado o se está de otro.

Y no, ni todos los partidos son iguales, ni se puede tener la poca vergüenza de culpabilizar a las víctimas de las amenazas, por el mero hecho de ser víctimas, y ponerlas al mismo nivel que a los fascistas que amenazan de muerte con balas de verdad.

No, esto no va de extremos, esto va de democracia y de la necesidad urgente de denunciar al fascismo y a quienes lo han estado alimentando o ignorando pensando que esto no iba con ellos. La historia es muy obstinada y se repite en bucle, cuando miramos hacia a otro lado pensando que los tentáculos del fascismo -y de los poderes fácticos que se esconden detrás, lo promueven y sustentan- nada tienen que ver con nuestras vidas, que no nos va afectar.

Aviso a navegantes, volvamos a leer el poema de Martin Niemölle en una de sus versiones:

“Primero se llevaron a los judíos,

pero a mí no me importó porque yo no lo era.

Luego arrestaron a los comunistas,

pero como yo no era comunista, tampoco me importó.

Más adelante detuvieron a los obreros,

pero como no era obrero, tampoco me importó.

Luego detuvieron a los estudiantes,

pero como yo no era estudiante, tampoco me importó.

Finalmente detuvieron a los curas,

pero como yo no era religioso, tampoco me importó.

Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde“.

Mucho cuidado con la historia, si no la aprendemos, tiene la mala costumbre de repetirse.

Nos han puesto el dedo en la llaga, y como decía Luther King: “No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”.

Toca posicionarse, fascismo o democracia, miren por donde este sí va ser el verdadero lema de esta campaña.

En estado de  shock. Así nos quedamos mucha gente tras conocer la gravedad de lo ocurrido durante el Debate de la SER, dirigido por Ángels Barceló,  en el que estaban presentes cinco de las seis fuerzas políticas con representación parlamentaria que concurren a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Todas menos el PP, cuya cabeza de lista, Ayuso, ya había anunciado que no iba a participar. El debate comenzó con mucha tensión desde el minuto cero, convirtiéndose en  un debate fallido que no obstante sirvió para que una parte de la población viera, ya sin máscaras ni paños calientes, el verdadero rostro del fascismo. Un fascismo que en los últimos años se ha ido alimentando y blanqueando,  jaleado por una parte de la población y con el silencio cómplice de otra, que miraba hacia otro lado mientras que “el huevo de la serpiente” que se ha estado incubando con total impunidad ahora eclosiona y nos estalla en plena cara mediática, sin ningún tipo de pudor, dejando estupefactos y sin saber qué hacer ni qué decir a una gran parte de la población que mira atónita el espectáculo.

La cosa no queda ahí, las reacciones, algunas demasiado lentas,  dejaron en evidencia la perplejidad y falta de reflejos de quienes no estaban entendiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, que esto no iba de una bronca entre Monasterio e Iglesias, que lo que se estaba cuestionando,  ya sin caretas y a “cara de perro” por la la representante del partido de la ultra derecha fascista es el propio modelo de sociedad en la que queremos vivir y por la que tenemos que optar, porque ya no valen medias tintas. Citando palabras textuales que la periodista  Pepa Bueno nos ha dejado  en su programa  “o se está con los demócratas o se está con los fascistas”.  Así lo entendieron también Ángel Gabilondo y Mónica García, cuando -quizá un poco tarde, pero a tiempo de dejar clara su posición-   decidieron seguir los pasos de Iglesias y abandonar el debate.

Ahora bien, a este impacto inicial por lo ocurrido en el que ya será el último debate de esta tensa campaña,  hemos de sumar la indignación posterior ante la lamentable y vergonzante posición de algunos partidos y medios de comunicación que, con sus ejércitos de opinadores profesionales y tertulianos varios, han intentado volver a blanquear la infamia de la señora Monasterio y el partido que representa, osando plantear el asunto en términos de “equidistancia” , como una consecuencia derivada de posiciones extremas, como si fuera lo mismo el matón que amenaza asesinar con balas que las víctimas  que denuncian los hechos y piden protección ante el  peligro que corren sus vidas. No, no es lo mismo,  señores y señoras de las derechas y de las tertulias varias, no es lo mismo y no cuela,  la cosa no va de “extremos” y ante  las amenazas de muerte, ustedes lo saben, no cabe equidistancia ninguna.   Plantearlo así no solo es una indecencia y un intento a la desesperada por seguir blanqueando algo tan oscuro y podrido como el fascismo. Es un insulto a la inteligencia y a la dignidad humana.

Hechos tan graves nos permiten sacar algunas conclusiones que afectan a la campaña de Madrid, pero no solo, porque el monstruo ha enseñado algo más que la patita y ahora ya vemos su verdadero rostro sin trampas ni cartón, la extrema ultra derecha y quienes les apoyan han quedado más que retratados. Sus políticas incendiarias,  de odio, racismo, xenofobia, aporofobia, negacionistas de la violencia de género, contra el feminismo, la diversidad LGTBI, y cualquier diversidad que no encaje en su modelo de pensamiento antidemocrático, despótico y neonazi son las que, sin remilgos, han dejado ver en esta campaña.   No solo invitaban a irse a Pablo Iglesias de un debate, no solo a él quieren expulsarlo de la vida política -si pudieran también del país, y de la propia vida- , somos más a quienes nos quieren expulsar o eliminar, somos 26  millones de personas las que les sobramos:  “No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”, decían hace unos meses en un chat de militares de esa misma “extrema ultra derecha” fascista, nostálgica de la dictadura. 

El lado positivo de todo esto es que no solo somos más, es que también  somos más que ellos, que no tienen balas suficientes para enviarnos cartas a todas y todos, y que la gente empieza a tomar conciencia y despertar del letargo, que  frente a las muchísimas voces de gentes y medios que se movían entre cierta ambigüedad -jugando a la equidistancia- y con deliberada hipocresía porque todo valía contra Podemos, hoy son muchos los artículos y opiniones que por fin lo dicen claro, esto va de fascismo o democracia, y se está de un lado o se está de otro.  Y no, ni todos los partidos son iguales, ni se puede tener la poca vergüenza de culpabilizar a las víctimas de las amenazas,  por el mero hecho de ser víctimas,  y ponerlas al mismo nivel que a los fascistas  que amenazan de muerte con balas de verdad. 

No, esto no va de extremos, esto va de democracia y de la necesidad urgente de denunciar al  fascismo y a quienes lo han estado  alimentando o ignorando,  pensando que esto no iba con ellos. La historia es muy obstinada y se repite en bucle, cuando miramos hacia a otro lado pensando que los tentáculos del fascismo -y de los poderes fácticos que se esconden detrás, lo promueven y sustentan-  nada tienen que ver con nuestras vidas, que no nos va afectar.   

Aviso a navegantes, volvamos a leer el poema de Martin Niemölle en una de sus versiones:

“Primero se llevaron a los judíos,

pero a mí no me importó porque yo no lo era.

Luego arrestaron a los comunistas,

pero como yo no era comunista, tampoco me importó.

Más adelante detuvieron a los obreros,

pero como no era obrero, tampoco me importó.

Luego detuvieron a los estudiantes, 

pero como yo no era estudiante, tampoco me importó.

Finalmente detuvieron a los curas,

pero como yo no era religioso, tampoco me importó.

Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde.

Mucho cuidado con la historia, si no la aprendemos,  tiene la mala costumbre de repetirse.

Nos han puesto el dedo en la llaga, y como decía Luther King:  “No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos.”

Toca  posicionarse, fascismo o democracia, miren por donde este sí va ser el verdadero lema de esta campaña. 

Este 8M será distinto en todo el planeta, también por los pueblos de las Españas y de Canarias. Un virus, coronavirus, en forma de pandemia, se metió en nuestras vidas y lleva casi un año sin darnos apenas tregua.

Para combatirlo, los Estados más poderosos junto a las industrias farmacéuticas no han escatimado en recursos humanos y económicos, investigación y ciencia al servicio de la humanidad, trabajando a destajo, sin descanso, para conseguir en tiempo récord una serie de exitosas vacunas que ya, aunque sea de manera incipiente, nos permiten ver la luz y el principio del fin de esta pesadilla que tanta inquietud y sufrimiento ha generado.

Junto a éste, otro virus más antiguo y oscuro, en permanente mutación, está presente e intenta hacerse más fuerte.

Un virus que se extiende también en forma de pandemia, y que, aunque en los últimos años lo creíamos algo debilitado -en retroceso pensábamos- en este periodo junto al coronavirus ha brotado con más fuerza, retroalimentándose en lo que parece ser un excelente caldo de cultivo.

Para este virus antiguo -se llama machismo- aún no hemos encontrado vacuna, ni los Estados ni las industrias han mostrado demasiado interés en ello, nunca se ha considerado urgente la conveniencia de una inversión prioritaria para su erradicación.

Tal vez sea por su carácter selectivo, pensamos, porque si bien perjudica y pone en riesgo a toda la humanidad, solo ataca de manera virulenta a una mitad de la población, llegando a ser letal solo para las mujeres.

La otra mitad parece haber alcanzado una cierta inmunidad de rebaño, ellos, los hombres, aunque se contagien no corren peligro de muerte, por tanto la vacuna no ha sido considerada necesaria. 

Este virus crece, se multiplica y expande con enorme facilidad de mutación, desde hace siglos recorre el planeta adaptándose a distintos territorios, pueblos y culturas, de norte a sur, de este a oeste, se mueve confortablemente con sus ligeras variantes.

Su hábitat más propicio se da en los lugares en los que, de forma dominante, aparece la simbiosis de dos sistemas, capitalismo y patriarcado, es en esos espacios donde encuentra los mejores nutrientes y alcanza su máximo desarrollo, aunque las consecuencias no se vean siempre en el lugar donde radica el foco, su virulencia es tan fuerte que es capaz de arrasar a poblaciones y territorios a miles de km de distancia.

Sus consecuencias son demoledoras, muchas mujeres a lo largo de la historia intentaron protegerse con crecías religiosas, escondiéndose detrás de velos, quedándose agazapadas en las casas, pero esto, lejos de ser un remedio las ha hecho aún más vulnerables, y sus vidas así están aún más expuestas y corren más peligro.

Ante esta situación, y mientras muchas mujeres -y hombres aliados- siguen investigando y trabajando en la búsqueda de una vacuna definitiva, hemos ido avanzando en tratamientos de empoderamiento que si bien no son definitivos para toda la humanidad, ayudan a minimizar al virus de forma considerable, lo bloquean, combaten los síntomas e impiden que ‘el bicho’ se haga más fuerte o siga creciendo.

En estos días, cuando nos preparábamos para la conmemoración del 8 de Marzo, varios rebrotes de la pandemia del machismo se han extendido por todo el país, con tantos focos que nos hacen pensar si estaremos ante una nueva ola.

Por si acaso y en prevención, utilizaremos todos los antídotos que hemos ido descubriendo a lo largo de la historia, un conjunto de saberes y recursos, llamados feminismos, basados en la la experiencia y seleccionados con paciencia por mujeres sabias, de todas las épocas y lugares, con el fin de ser utilizados en los momentos difíciles como este, en los que toca mirar al ‘bicho’ de frente y oponernos con rotundidad a sus amenazas en distintos ámbitos.

Frente al racismo y xenofobia que condena a nuestras hermanas racializadas y precarias, feminismos canarios sin fronteras.

Frente a las variables que bajo diferentes excusas nos quieren divididas, aisladas, sumisas y encerradas, dosis extra de sororidad, nos tendrán libres y rebeldes, más unidas que nunca en las calles, en las plazas y en las redes.

Y, aviso a navegantes, frente al virus tóxico que nos intenta callar, paralizar y criminalizar, que pretende robarnos el derecho de reivindicar nuestro día.

¡Ni un paso atrás! Somos resistencia y resiliencia, ojo, sabemos cuidar y cuidarnos, utilizamos mascarillas pero no dejaremos que se nos impongan mordazas, por cada manifestación que nos prohíban, tomaremos las calles tiñéndolas de violeta y haremos que todos los días sean 8 de Marzo.

Ahora ya sólo queda el último paso, la fase de ponencia, que tal como está trabajado el texto, y con el nivel de consenso alcanzado en el proceso de enmiendas por la mayoría de las fuerzas políticas de la Cámara, estamos convencidas de que será un trámite corto y que muy pronto podremos celebrar el nacimiento de esta esperada y necesaria Ley Trans en Canarias.

Una Ley que ya tendría que haber estado aprobada y en vigor desde hace meses, pero que las especiales circunstancias del año 2020, complicado y difícil en todos los ámbitos -también en el parlamentario- han ralentizado. 

Este retraso no ha sido irrelevante, desgraciadamente ha tenido consecuencias negativas en las personas trans e Inter sex que tanto tiempo llevan esperando para que esta ley, imprescindible para el reconocimiento de sus derechos, por fin vea la luz.

Así nos lo han ratificado esta semana con su presencia en las comparecencias llevadas a cabo en la Comisión de Derechos Sociales Igualdad, Diversidad y Juventud distintas representantes de asociaciones LGTBI, especialmente implicadas y comprometidas con la necesidad de garantizar, cuanto antes, la igualdad de derechos de las personas trans e intersex, tal como han dejado de manifiesto tanto en él impuso y elaboración del borrador del proyecto de la llamada ‘Ley Trans’, como en el trámite de enmiendas que en este mes de febrero acaba de terminar.

Asociaciones como Gamá y Diversas que, entre otras, son un ejemplo de sociedad civil organizada y un motor imprescindible para quienes desde los espacios públicos, en este caso el Parlamento, tenemos que recoger y elevar las demandas de la ciudadanía a la que nos debemos y representamos.

El confinamiento y las consecuencias de la pandemia derivadas del coronavirus han puesto de relieve cómo en los momentos difíciles las personas más vulnerables se ven aún más despojadas de sus derechos, incluso de los más básicos como un techo y comida; cómo la exclusión se ensancha y ensaña en personas que ya estaban en los márgenes y cómo el sufrimiento se hace aún más profundo y desgarrador. 

Las asociaciones que trabajan con personas LGTBI lo saben muy bien, por eso es tan importante escucharlas y que representantes de todos los grupos políticos tengan la ocasión de conocer, de primera mano, testimonios que no siempre les son familiares.

No podemos ignorar, como las legisladoras y legisladores que somos, por qué, para qué y para quienes hacemos las leyes, hacia qué personas van dirigidas las palabras que se encierran en un artículo, qué circunstancias se esconden detrás, y les aseguro que si les ponemos rostro, si les ponemos nombre, si conocemos y reconocemos sus obstáculos, sus sentires, su dolor, sus enromes dificultades para una integración plena, quizá nuestras reticencias serían menores y nuestros pasos serían menos lentos.

Estamos viviendo tiempos extraños y convulsos en los que las personas trans parecen estar en el punto de mira, señaladas por una corriente ideológica con cierta influencia mediática que ha decidido considerarlas una amenaza contra las mujeres. 

Como si las mujeres trans tuvieran vidas fáciles, como si no sufrieran todo tipo de discriminaciones, como si no fueran ellas las que están en la cola de casi todo lo bueno, y a la cabeza de lo peor, pobres entre las más pobres, precarias entre las más precarias, excluidas entre las más excluidas.

Poco privilegio he visto yo en ellas, de todas las que conozco solo una minoría, muy minoritaria, viven vidas dignas, gozan de una buena profesión y son respetadas como personas. La mayoría están atrapadas en vidas duras y difíciles, y con muy pocas posibilidades de salir. 

Nadie que conozca estas realidades puede ponerse de perfil y no entender que reconocer sus plenos derechos es una prioridad, que es urgente, que no se puede esperar más. 

Que mientras desde nuestros confortables sillones, o escaños, debatimos y nos enzarzamos en debates intelectuales y esencialistas sobre el género, ellas siguen mal viviendo en condiciones miserables, en muchos casos con la prostitución como única salida, ahogadas en penurias, soledad, rechazo y tristeza. A ellas las siguen negando, o como a Iratxe las siguen matando.

Esta ley que ahora entra en su recta final no habla de otra cosa que no sea eso, el reconocimiento de plenos derechos para todas, todos y todes.

Ni más ni menos.

En pleno mes del orgullo LGTBI, apenas comenzando a vivir en esta nueva realidad que nos deja la pandemia de la COVID-19, llega el 28 de junio.

En este momento en el que las multitudinarias celebraciones callejeras aún no son posibles, la comunidad se ha volcado reaccionando con grandes dosis de imaginación y creatividad, llenando de símbolos y colores “arcoiris” pueblos, ciudades e instituciones, mostrando, con más fuerza y determinación que nunca, a través de balcones, calles y redes, que no hay virus de ningún tipo -ni biológico ni social- capaz de frenar lo que ya es un proceso imparable, el reconocimiento y la igualdad de derechos de todas las personas LGTBI.

Emociona ver como vecinas y vecinos de pueblos tan pequeños como Villanueva de Algaidas, en Málaga, reaccionan ante una denuncia que exige la retirada de la bandera arcoiris de la fachada del Ayuntamiento, inundando con cientos de banderas las ventanas y balcones de las casas del pueblo.

O como un grupo de 14 mujeres, en Aguilar de la Frontera, en Córdoba, ha tejido durante el confinamiento una bandera de ganchillo multicolor de más de 500 metros, a modo de un gran toldo, que hoy cubre una de las calles principales del pueblo, celebrando el orgullo LGTBI. O incluso, el gesto de la Guardia Civil, que en su cuenta de Twitter se ha sumado a la celebración del ‘Orgullo’ mostrando en su perfil la bandera arcoíris.

En Canarias también estamos viviendo una hermosa y pacífica explosión de manifestaciones arcoíris en todos los ámbitos, desde los más populares, en entornos rurales y urbanos, medios de comunicación hasta los más institucionales, organizados por ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias.

También en el Parlamento esta semana nos hemos hecho eco de la importancia de visibilizar y celebrar el orgullo, en esta ocasión con la mejor declaración institucional posible, aprobando en el pleno del 23 de junio, por consenso y con la unanimidad de todos los grupos políticos, la toma en consideración de nuestra futura Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales.

Una Ley necesaria y vanguardista en el reconocimiento de derechos, con un marco normativo actualizado e interseccional, amplio e inclusivo, que no solo reconoce, sino que regula con amplitud el derecho a la libre determinación de la identidad y la expresión de género de toda persona, a través de un conjunto de medidas dirigidas a garantizar su pleno ejercicio en todos los ámbitos de la sociedad, sanitario, educativo, laboral, social, familiar, cultural, de ocio y deportivo, durante todas las etapas de la vida.

Un texto que recoge las modificaciones y pautas introducidas por el Estatuto de Canarias y las nuevas leyes de Servicios Sociales de Canarias, del Deporte de Canarias, de Patrimonio Cultural de Canarias, de Bibliotecas de Canarias, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación moral de las Víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

Estamos ante una ley de gran importancia para toda la sociedad canaria, para la comunidad LGTBI, y dentro de ella, para los colectivos más discriminados y excluidos, las personas trans e intersexuales, las más castigadas y con mayores índices de sufrimiento.

Una ley que supera viejos prejuicios y defiende la despatologización, el derecho a la autodeterminación y la libre voluntad.

Una ley que hace justicia porque reconoce derechos humanos a personas a las que históricamente se les han negado, y la historia de la humanidad, tarde o temprano, se pone al lado de las causas justas, como pasó con la esclavitud, una institución sin duda injusta, que tras mucho sufrimiento y lucha de siglos, terminó por ser abolida.

En Canarias estamos dando un gran paso en ese sentido, porque cuando la razón está de nuestro lado, cuando la razón nos asiste -y este es el caso- a pesar de las resistencias de algunos sectores retrógrados afortunadamente no presentes en nuestro Parlamento, las leyes evolucionan, ensanchan sus márgenes y se amplían derechos.

Y lo que tenemos muy claro, y por eso lo defendemos con serenidad y enorme alegría, sin lugar a ninguna duda, es que la ampliación de derechos universales hacia colectivos históricamente oprimidos, marginados, o excluidos, lejos de restar ningún derecho a nadie, es un acto de justicia que fortalece a las democracias, y nos engrandece a toda la humanidad.

Desde Sí Podemos Canarias, como parlamentaria, y desde la Secretaría de Feminismos y Derechos LGTBI de Podemos Canarias, quiero agradecer el esfuerzo de todos los colectivos LGTBI que han trabajado y consensuado este proyecto de ley cuya tramitación hemos aprobado en el Parlamento.

Muy orgullosa de los colectivos, de la sociedad canaria que los apoya, y de todos los grupos parlamentarios que en esta ocasión sí han estado a la altura y nos han representado a todas, todos y todes, sin exclusión.

También se estudiará nuestra respuesta, no supimos leer lo que estaba ocurriendo en China, y a la culta y prepotente Europa, empezando por Italia, y después España, nos pilló con el paso cambiado, mirando hacia otro lado, como sí el virus originario del lejano Oriente no tuviera nada que ver con nuestros civilizados países y nuestra población fuera inmune. “Cosa de chinos” pensaban algunos, y con no viajar a China ya era suficiente para evitarlo.

Llegamos tarde y mal -en algunos casos nunca- y nuestra capacidad de respuesta para abordar de forma eficiente el contagio masivo del Coronavirus, controlar la expansión de la pandemia, evitar daños y sufrimiento a miles de personas y salvar vidas, no ha estado a la altura, no ha sido lo suficientemente rápida como la mayoría de la población hubiéramos deseado.

Nos ha faltado agilidad y sobrado soberbia, y como consecuencia de ésta no lo vimos venir, no imaginamos que esto sería tan grave, que recorrería continentes y se iría colando por distintos países hasta llegar al corazón de nuestra vieja Europa y también al de nuestras casas.

La soberbia transformada en ceguera nos impidió ver que no éramos inmunes, que nadie estaba a salvo de la COVID-19, que afecta a todas las clases sociales, que sí no nos ha tocado todavía directamente, lo hace a través de nuestras familias, amistades, o seres queridos, a veces en situaciones muy dolorosas y dramáticas, dejando al desnudo nuestra vulnerabilidad.

En nuestra defensa, ya lo dijimos al principio, cabe decir que ningún gobierno, de ningún país, estaba preparado para esta pandemia, el nuestro tampoco, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos hicieron lo que pudieron, pero cuando fueron conscientes de su magnitud, ya era demasiado tarde para disponer del personal, instalaciones y material sanitario, adecuado y suficiente, para hacer frente al virus, evitando contagios en el personal sanitario, servicios esenciales y, por ende, en el resto de la población.

Llegamos tarde para comprar y que llegaran a tiempo los tests imprescindibles para diagnosticar la enfermedad, los EPI -equipos de protección individual- para el personal sanitario y sociosanitario, respiradores para pacientes, mascarillas para la población, etc. Llevamos un mes de confinamiento en el que hemos aprendido mucho y nos hemos familiarizado con conceptos en los que hasta ahora no habíamos pensado.

“Aplanar la curva” ha sido uno de ellos, casi como un mantra, una obsesión, como si fuera la mejor opción mientras no tengamos vacunas que prevengan o medicinas eficaces para curar la COVID-19. “Aplanar la curva”, como un reto, que el pico no sea muy alto, que no se infecte todo el mundo a la vez, para que, cuando tarde o temprano vayamos cayendo, nuestro sistema sanitario no colapse y esté suficientemente preparado para ofrecer la atención que cualquier paciente necesite sin que nadie corra más riesgos de los precisos.

A lo largo de este mes se han ido tomando una serie de medidas excepcionales, los gobiernos tanto autonómicos como estatal no han dejado de trabajar ni un solo día en busca respuestas y soluciones tanto a los problemas sanitarios como a las consecuencias sociales y económicas que de la pandemia y el confinamiento se han derivado.

Con respecto a la crisis sanitaria podemos decir que la situación ha mejorado, que vamos tomando las riendas y el control de la enfermedad, que por fin empezamos a ver un poco de luz, que disponemos de más recursos y material tanto para pacientes, personal sanitario, como para el resto de la población, y que la famosa curva deja de ser tan empinada y pronto, parece, empezará a aplanarse, dejando ver algo que no parecía tan evidente, el desbastado paisaje social que nos deja el virus a su paso.

Si la soberbia convertida en ceguera no nos dejó ver, para reaccionar a tiempo, la que se nos venía encima desde el punto sanitario, no volvamos a caer ahora en la misma piedra, y que ninguna otra ceguera nos impida ver y tomar medidas sobre esta crisis social de paro, pobreza y exclusión social que ya se está gestando.

Estamos a tiempo de actuar antes de que sea demasiado tarde, de prevenir mejor que curar a la desesperada, de invertir en evitar que se dé un pico de descalabro social y que cientos de miles de personas y familias tengan que sufrir el desgaste de la lucha por la supervivencia.

Tomar medidas valientes ahora es impedir que el número de hogares sin ningún tipo de ingreso, sin nada que llevar a la mesa o sin poder cubrir necesidades básicas se dispare, es frenar esa “curva social” antes de que sea demasiado tarde y el daño resulte irreparable, que obligue después a gastar recursos y energías en aplanarla.

Estamos a tiempo. En Canarias, desde el Gobierno y la Consejería de Derechos Sociales se han dado ya los primeros pasos, toca seguir avanzando en esa línea y lo siguiente, para no dejar a nadie atrás, es garantizar un ‘ingreso canario de emergencia’; un ingreso mínimo que atienda, mientras dure la crisis, a todas las personas y familias que se han quedado fuera, sin nada, sin empleo, sin PCI y sin ninguna otra renta o prestación que les permita pagar un alquiler o llevarse un plato de comida a la boca.

Más de 40.000 familias en Canarias están en esa situación, nuestra obligación es promover todos los recursos y medidas necesarias, fiscales y políticas, para que quienes no murieron víctimas del coronavirus, no lo hagan ahora víctimas de la pobreza, que si el virus no entiende de clases sociales, la pobreza sí que tiene su caldo de cultivo en las personas y familias más vulnerables.

Decía José Saramago en Ensayo sobre la ceguera que “en una epidemia no hay culpables, todos son víctimas”. No podemos decir lo mismo ante una crisis social, porque como consecuencia de una mala gestión de lo público, o inadecuada redistribución de la riqueza, sí que hay víctimas, y también culpables.

Estamos a tiempo de evitar ambos polos.

Sabemos de dónde venimos, nuestra historia reciente de más de una década de recortes en el ámbito sanitario y social nos ha dejado este panorama de enormes dificultades para abordar con las respuestas adecuadas -recursos materiales y humanos suficientes- una crisis en la que literalmente nos va la vida.

Junto a los colectivos profesionales que, a pesar de la precariedad y falta de recursos, se están dejando la piel por atendernos desde la primera línea (personal sanitario en hospitales y centros de Salud, personal socio sanitario en residencias de mayores, menores, o de personas dependientes, trabajadoras y trabajadores de las tiendas de alimentación, farmacias y otros servicios esenciales) hay otro, históricamente invisibilizado, al que aun desarrollando un trabajo imprescindible para el sostenimiento de la vida y de los cuidados en el ámbito doméstico, de forma incomprensible y tremendamente injusta, se le siguen negando derechos básicos reconocidos al resto de la clase trabajadora, un colectivo que en su mayoría está formado por mujeres, añadiendo así más discriminaciones a las que ya sufren por el hecho de serlo.

Hoy justamente es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, desgraciadamente nada que celebrar y sí mucho que reivindicar hasta conseguir lo mínimo, la igualdad de derechos de estas trabajadoras en esta coyuntura y para siempre: derecho a protocolos y equipos de protección frente al COVID-19, derecho, igual que el resto de trabajadoras y trabajadores, a no ser despedidas por la crisis del coronavirus, derecho a prestaciones mínimas al margen de la situación administrativa, y derecho al paro para todas las trabajadoras que cotizan a la Seguridad Social, ahora y siempre.

No podemos decir que no vamos a dejar a nadie atrás mientras en nuestro sistema haya grietas por donde se cuelan vergonzosamente excepciones que permiten, legalmente, la exclusión de colectivos y personas especialmente vulnerables.

Hace años que venimos reflexionando sobre esas grietas, sobre cómo los derechos mínimos, los más básicos, siguen sin estar garantizados para todo el mundo, ni siquiera las prestaciones destinadas a combatir la exclusión social llegan a todas las personas que lo necesitan.

Y es que la “exclusión social”, incluso “la pobreza”, a los efectos de derechos sociales, son categorías en las que no todo el mundo, ni todos los supuestos, están incluidos, dejan fuera numerosas excepciones, grupos de personas situadas en las periferias de las periferias, en los márgenes de los márgenes, espacios cuya existencia se consiente y perpetúa de forma legal o alegal, pero en cualquier caso inmoral, y que refleja lo más sórdido e hipócrita de nuestras sociedades, el lado más oscuro al que no queremos mirar, porque implicaría tomar medidas que tal vez nos obligarían a recaudar y redistribuir de otra manera nuestros impuestos.

No dejar a nadie atrás sin tocar nuestros bolsillos, los de todas y todos, es imposible.

Tenemos que dar respuestas urgentes, y tenemos que darlas ya, por eso, mientras se pone en marcha la Ley de Renta Ciudadana Canaria, nos parece absolutamente necesario tomar medidas como la reciente propuesta de la Consejera de Derechos Sociales de una renta ciudadana de emergencia coyuntural que cubra a muchas familias de las que están en las periferias de las periferias y que actualmente en Canarias no perciben ningún ingreso.

Nos sobran razones, y tenemos herramientas, solo nos falta la voluntad que nos permita dar el viraje necesario en cómo y en qué invertimos nuestros recursos y el dinero público, y si de verdad creemos en nuestras consignas, y consideramos que de esta crisis solo saldremos todas juntas, no nos queda otra que, aunque sea por puro egoísmo, ser solidarios.

No dejar a nadie atrás.

Por ti, por mí, por ellas, por ustedes.

Porque como dijo recientemente José Mujica “ustedes no son nosotros, pero nosotros somos ustedes”.

Hace unos días, como todos los años, el 20 de noviembre celebramos el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, un día dedicado a recordar y reivindicar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes del planeta, sin exclusión.

Ninguna causa,  etnia, cultura, creencia, religión, país de origen, clase social, identidad de género u orientación sexual puede condicionar o mermar estos derechos que con la misma legitimidad de Derechos Humanos,  son universales para todas y todos.

En estos días, muchas instituciones, ciudades y pueblos de nuestras islas han conmemorado la fecha con celebraciones solidarias, seguro que la mayoría de ellas diseñadas con las mejores intenciones,  nacidas del corazón y ejecutadas con la generosidad y respeto de quienes,  de forma coherente,  entienden y aplican los principios de el “bien superior del menor” que deben de regir todas las acciones cuando de Infancia,  niñas y  niños se trata.

Pero hay también autoridades que, escondidas entre buenas palabras y lugares comunes, trufan sus discursos con pequeñas perlas  tales como “no somos racistas ni xenófobos, pero”... y en ese ‘pero’ encierran toda la carga de prejuicios y rechazo que llevan dentro,  basada, precisamente,  en la xenofobia que sienten y alimentan  con respecto a un colectivo de criaturas -que no individualizan para no humanizarlas-  que han llegado solas a nuestra tierra, jugándose la vida en miserables pateras, en embarcaciones de mala muerte -nunca mejor dicho- con el sueño de llegar tener un futuro,  una vida mínimamente digna. A veces, solo una vida.

Les llaman MENA para no nombrarles, para ocultar que detrás de esas cuatro letras, lo que hay son niñas y niños,  adolescentes en su mayoría, que se encuentran solos y perdidos, sin sus familias, sin su gente. Con todo el miedo que da lo desconocido, en una tierra extraña, con una cultura e idioma diferentes, y a todo esto, desde su vulnerabilidad, se tienen que enfrentar.

Les llaman MENA y así, sin ningún pudor, algunos alcaldes y alcaldesas, responsables públicos, representantes de partidos políticos -cuyas siglas preferimos ignorar- propagan, desde su infamia, toda clase de mentiras y bulos que lo único cierto que expresan es la verdad de su odio y desprecio.

Se permiten la bajeza moral de  jalear a sus pueblos, invitarles a promover  manifestaciones xenófobas, a que salgan a la calle para que las casas o centros donde son acogidos o acogidas  no estén en sus pueblos,  en sus barrios o ciudades.

A toda esta gente queremos recordarles que los  derechos  de  la  infancia están  plenamente  estipulados  en  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño, elaborada  durante  10  años con  las  aportaciones  de  representantes  de  diversas  sociedades,  culturas  y  religiones,  que fue  aprobada  como  tratado  internacional  de  derechos  humanos  el  20  de  noviembre  de  1989, que todos los países firmantes, entre ellos  España -sí, esa España de la que tanto se les llena la boca a algunos-  se comprometieron a su obligado cumplimiento

Que si les da mucha pereza, se lean solo el Artículo 2:

Y una vez más, estas “podemitas radicales” que somos, invitamos a todas las autoridades de nuestro país a que den ejemplo y se comprometan,  en serio, con el cumplimiento de las leyes autonómicas, estatales y acuerdos internacionales que hemos suscrito.

Que no tengan la poca vergüenza de justificar o legitimar  el racismo, la xenofobia y aporofobia que subyace en sus discursos, menos aún en sus acciones. Y que tampoco lo hagan, porque serían cómplices,  quienes de forma indirecta apoyan y blanquean  a organizaciones  y partidos que niegan y no respetan los Derechos Humanos, que se esconden tras  discursos patriotas,  fomentando el miedo y el odio, dispuestos a ignorar las leyes, hasta las más sagradas,  como las que tratan los derechos  de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables.

Porque, tal como se recoge en  el  Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, de 1990: “No  hay  causa  que  merezca  más  alta prioridad  que  la  protección  y  el  desarrollo del  niño,  de  quien  dependen  la supervivencia,  la  estabilidad  y  el  progreso de  todas  las  naciones  y,  de  hecho,  de  la civilización  humana”

Estas últimas semanas parlamentarias han sido de un ritmo trepidante, con plenos semanales para ir sacando en el último momento todas las iniciativas legislativas que, como los malos estudiantes, el Gobierno de Coalición Canaria ha ido dejando para que sean aprobadas al final de la legislatura, algunas ya casi en tiempo de descuento.

Una de ellas ha sido la propuesta de modificación de la Ley Canaria de Igualdad, de 2010, que llegó a la Cámara por partida doble: una a instancias de Coalición Canaria y otra de la mano del PSOE.

Que dos partidos, casi de forma simultánea, decidieran abrir el melón para introducir modificaciones en esta ley podría estar justificado a raíz del tenso debate que se produjo el año pasado en el proceso de renovación de varios de los órganos dependientes del Parlamento, Consejo Consultivo, Diputado del Común y Consejo Económico y Social. Curiosamente alguno de ellos, como el Consejo Consultivo, con una trayectoria en su composición exclusivamente masculina.

En los tres órganos, desde la perspectiva de género, el panorama era desolador, las mujeres directamente no estaban presentes, o, como mucho, estaban infrarepresentadas.

¿Nadie se había dado cuenta de la foto, de la imagen que proyectaba un órgano como el Consejo Consultivo compuesto solo por hombres?

Desde Podemos Canarias alertamos de ese anacronismo conservador, rancio y machista. Nuestro grupo parlamentario advirtió desde el primer momento que sí no se planteaba una propuesta de renovación paritaria en los tres órganos, no contarían ni con nuestro voto ni con nuestro apoyo.

Entonces ocurrió algo muy curioso, el grupo del Gobierno, Coalición Canaria, se sacó de la manga la necesidad de modificar la Ley Canaria de Igualdad de 2010 como requisito necesario para que la renovación de los órganos dependientes del Parlamento pudiera tener presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Curioso, decimos, porque si bien es verdad que en el texto de la Ley en vigor no se citaba de forma expresa y específica a los tres órganos en cuestión, tampoco había artículo alguno que impidiera aplicar el sentido común y el espíritu que emana y atraviesa toda la ley.

A excusa sonaba esa supuesta necesidad de modificar la ley para hacer algo que, como bien quedó demostrado, no era necesario, pues finalmente la renovación quedó resuelta con la voluntad de todos los grupos parlamentarios -esta vez nos necesitaban el apoyo de Podemos y no nos vetaron- presentando propuestas que garantizaban que hubiera una presencia, más o menos equilibrada, de mujeres y hombres tanto en el Consejo Consultivo, Diputado del Común, como Consejo Económico y Social.

Aunque, eso sí, ¡ante los números impares la mayoría haya sido siempre en beneficio de los señores, vaya a ser que se sintieran discriminados!

Dimos por buena, que no por necesaria, la modificación de la ley si está era, tal como parecía, la única manera de que algunas fuerzas políticas tenían para obligase a sí mismas a respetar y cumplir las leyes ¡sus propias leyes! aunque suponíamos que ya puestos, se haría con la intención de avanzar en igualdad y superar los tímidos pasos que en su día se dieron sobre el concepto de representación equilibrada, cuando a lo más que parecía que se podía aspirar era a un 60/40.

El PSOE, con buen criterio a nuestro juicio, aprovechó la ocasión para, una vez abierto el melón, introducir algo importante, que no se contrate publicidad con dinero público en ningún medio de comunicación que publique anuncios sobre contactos relacionados con la explotación sexual y la prostitución, que pese a ser una propuesta que en forma de proposición no de Ley, había presentado Coalición Canaria, sigue sin cumplirse por el Gobierno del mismo partido que la propuso.

Con la propuesta de modificación de esta ley hemos constatado una vez más el nivel de hipocresía y de poca importancia que otorga este Gobierno y quienes le sustentan (PP y ASG) a los asuntos relacionados con la igualdad o la violencia machista.

No bastan las palabras ni las declaraciones de buenas intenciones si no van acompañadas de los actuaciones necesarias, y vemos con indignación y tristeza como se vulneran a diario, de forma sistemática, leyes, protocolos y propuestas que fueron aprobadas en esta cámara, justas y hermosas sobre el papel, pero que no son nada si no hay voluntad de que se cumplan.

Lo comprobamos recientemente con el estremecedor relato de la portavoz de la asociación “Todas somos Guaci”, hermana de la víctima de violencia machista que fue brutalmente asesinada por su pareja, también padre de las dos criaturas que dejó traumatizadas y huérfanas, en 2013.

Cambiar algo para que todo quede igual, esa es la impresión que tenemos después de ver que prácticamente no se recoge ningún avance significativo con la modificación de esta ley que ni siquiera suscribe las observaciones hechas por el Consejo Consultivo, en las que, entre otras cosas, se reconoce que el equilibro numérico es el 50 por ciento y sería lo recomendable en el caso de órganos o instituciones cuya composición esté integrada por números pares de personas, y, en todo caso, lo más aproximada posible en el caso de que la composición fuera impar, con la opción de ir alternado las mayoría de un género u otro en cada mandato.

No fue posible, no se aceptaron siquiera esas premisas y se empeñaron en mantener las cifras del pasado, con un 60/40 como equilibrio numérico, algo que viene de lejos, cuando se daban tímidamente los primeros pasos hacia la igualdad y pensar en paridad y listas cremallera era un horizonte muy lejano.

Por tanto, nuestro grupo se abstuvo en una modificación que no modifica nada. Para hacer un paripé y seguir con el teatro, con nosotras, con nuestro grupo, que no cuenten.

Las matemáticas no engañan, la mitad de diez son cinco.

Y esto no son cuentos, sino cuentas.

Y este año no va a ser menos, por más que algunos agoreros pretendan meternos miedo amenazándonos con recortar derechos adquiridos y retornarnos al mundo de las tinieblas.

No compramos el discurso del miedo. Es más, no vamos a conformarnos ni a resignarnos con quedarnos como estamos porque no es suficiente, más de tres siglos de activismo y lucha feminista nos avalan, y aunque en algún momento nos quisieron hacer creer el discurso de que ya todo estaba conseguido, que mujeres y hombres gozábamos de los mismos derechos, que vivíamos en igualdad, y que por tanto el feminismo había dejado de tener sentido, la realidad, que siempre es tozuda, se obstina en demostrarnos sin condescendencias lo lejos que está lo dicho del hecho.

No vamos a negar que durante el siglo XX en Europa -en nuestro país desde finales de los 70 y sobre todo a partir de los años 80- hemos vivido un periodo de importantes conquistas en igualdad, sobre todo en el ordenamiento jurídico, con leyes que nos reconocían con iguales derechos y que se fueron afianzando y desarrollando de forma progresiva en todo el Estado a lo largo de la primera década de este siglo.

En Canarias no nos quedamos atrás y también aquí se aprobaron leyes muy potentes y vanguardistas, la de violencia de género en 2003, y la de Igualdad entre mujeres y hombres en 2010.

Pero a estas alturas de la película ya sabemos que las leyes solas, sin recursos ni voluntad política, no bastan para cambiar la realidad ni por tanto para hacer efectiva la igualdad que proponen.

Han pasado casi diez años desde la publicación de nuestra Ley Canaria de Igualdad que en este momento, por cierto, está en pleno proceso de modificación, y hemos podido constatar que poco en serio se la han tomado los sucesivos gobiernos, empezando por las propias administraciones públicas.

Y es que cuando una norma no se aplica ni en la propia casa que la propone, difícilmente se puede esperar que la asuma el resto de la ciudadanía.

¡Cuánto nos queda aún por avanzar cuando ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en conceptos tan básicos como el de la paridad!

Por ello, el feminismo es hoy más necesario que nunca, una vez descubierta la trampa de la igualdad nominativa en la que pretendieron encasillarnos, hemos decidido que no queremos más suelos pegajosos ni techos de cristal, no podemos ni queremos seguir esperando más tiempo para conseguir la igualdad efectiva que se nos debe a la mitad de la población.

No queremos más, pero tampoco menos.

Cansadas de esperar, toca ahora avanzar y asumir los retos que aún tenemos pendientes empezando por la paridad.

Y la queremos ya y en todos los ámbitos de poder en los que las mujeres aún no tenemos posiciones homogéneas con los hombres, en los medios de comunicación, en las empresas, en las Universidades, en los órganos judiciales, y en todas instituciones culturales, artísticas, religiosas o del tipo que sean, porque queremos estar en todo, y queremos la mitad de todo.

Estamos hartas de trabajar igual y cobrar menos, de que la maternidad nos penalice por no tener permisos iguales e intransferibles, hartas y cansadas de tener los peores trabajos con los peores salarios, de vivir en precario y tener miedo a ser desahuciadas de nuestras viviendas, que nos amenacen con quitarnos a nuestras criaturas, cansadas de cuidar a nuestras familias sin retribución ni reconocimiento.

Hartas de que después de toda una vida trabajando tengamos las pensiones más bajas y que encima nos humillen diciendo que son “no contributivas”. Hartas de estar hartas, de exclusión social, de ser las más pobres entre los pobres, y de que la pobreza siga teniendo rostro de mujer.

Nos sobran razones, por eso este 8 de marzo no nos detendrán, y desde Podemos Canarias apoyamos la convocatoria de la Huelga Feminista y animamos a todas las mujeres, de todas las edades, etnias, clases sociales y condiciones, a que ejerzan su derecho a la huelga al menos en alguna de sus modalidades: laboral, de cuidados, estudiantil o de consumo.

Aún queda mucho por avanzar en igualdad, y por mucho que nos amenacen no nos vamos a conformar con nada que sea menos de la mitad de todo, ni nos conformamos ni nos resignamos.

Y no vamos a dar ni un paso atrás, ni para tomar impulso.

Las movilizaciones pacíficas en esta región vecina en demanda de mejoras sociales y económicas y medidas de lucha contra la corrupción se han topado con una represión de una contundencia desproporcionada por parte de las autoridades marroquíes.

Más de 400 personas han sido detenidas, incluyendo desde los propios líderes del Movimiento Popular del Rif, activistas en las redes sociales y periodistas, hasta simples participantes en las manifestaciones.

Muchas de estas personas, entre las que se llegan a contar menores de edad, han sido sometidas a torturas y otros tratos vejatorios (nos relatan palizas, privación de ropa, violaciones sexuales e insultos, entre otras) y han sido enjuiciados sin las garantías procesales mínimas.

Especialmente grave es la situación de Nasser Zefzafi, portavoz y líder del Movimiento Popular del Rif. Zefzafi, que ha estado más de 650 días sometido a una detención prolongada en régimen de aislamiento, pasando más de 22 horas al día en una celda individual sin ningún contacto humano.

En su juicio llegó a solicitar durante su deposición ante el Tribunal de Apelaciones de Casablanca que su madre abandonara la sala para poder relatar al juez las torturas y agresiones sexuales a las que fue sometido. Este tribunal lo ha condenado a una pena de prisión de 20 años.

¿Qué podemos hacer desde el Parlamento de Canarias ante las violaciones de derechos humanos que se producen a apenas 100 kilómetros de nuestra tierra?

Lo cierto es que los principales mecanismos, tanto políticos como jurídicos, para poder abordar este problema están en manos del Gobierno del Estado.

No obstante, el Gobierno de Canarias, además de poder realizar la oportuna declaración de rechazo de estos hechos, tiene la capacidad de solicitar del Gobierno del Estado que actúe.

Se trata de una cuestión que está vinculada al reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que, si bien limita la actuación de éstas últimas, no la cercena completamente.

Por ello, en esa iniciativa solicitábamos al Gobierno de Canarias a que a su vez instara al Gobierno del Estado a poner en marcha las acciones políticas y legales para intentar poner freno a las violaciones de Derechos Humanos en el Rif.

¿Cuál ha sido el resultado del debate? Las legítimas demandas del pueblo rifeño se han encontrado con el rechazo, bochornoso y vergonzante, de Coalición Canaria- PNC y el Partido Popular.

Las vulneraciones a los de Derechos Humanos, vengan de donde vengan, deberían de tener el mismo tratamiento por parte de todos los  partidos políticos que se consideran democráticos,  silenciar o negociar con quienes los violan les hace cómplices.

La  hipocresía y la falta de compromiso democrático que vienen practicando estas formaciones en las instituciones canarias y estatales,  llega a límites que atentan contra toda lógica, no ya parlamentaria, simplemente toda lógica, que no es ni más ni menos que un ejercicio de coherencia política.

¿Cómo puedo explicar a las personas de nuestra tierra que la institución nos  representa a todas y a todos no rechaza las violaciones de Derechos Humanos?

Igualmente vergonzosa ha sido la abstención del PSOE y del Grupo Mixto. Mirar hacia otro lado cuando tienes delante la representación de un pueblo vecino que sufre una represión feroz es un ejercicio de doble moralidad indigno de partidos que llevan en sus siglas el término socialismo.

Siento mucha tristeza e indignación, amo al pueblo marroquí, cuento con grandes amistades en esa tierra y me duele especialmente que nuestros gobiernos dejen ‘tirada’ y a su suerte a la población rifeña, como dolía cuando en España nos dejaron aislados durante 40 años, sufriendo la dictadura franquista.

Hoy no puedo menos que sentir vergüenza y  pedir disculpas a los rifeños y, en especial, a sus representantes presentes en el Parlamento.

Porque los Derechos Humanos,  de ningún pueblo, ya estén  a cinco mil kilómetros o a cien, no son negociables.

  En ella se acordaron varios puntos, uno de ellos proponía, cito textualmente: “establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y los ayuntamientos de toda la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de definir acciones de operación conjunta entre jueces y unidades de servicios sociales competentes para que, en casos de desalojos, las administraciones públicas competentes otorguen a las familias y personas en situación de vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada, o que se les ofrezca un alquiler social”.

Otro de los puntos matizaba: “los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa, solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que las administraciones públicas hayan dado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños/as y/o otras personas en situación de vulnerabilidad”.

Y en el último pleno del Parlamento, el 15 de enero, preguntamos la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, qué medidas tiene previstas desde su Consejería para evitar los inminentes desahucios y desalojos a familias que afrontan esta situación.

Familias -conozco a muchas en Lanzarote, pero me consta que es un problema que, en mayor o menor medida, afecta a toda Canarias- que están no solo desesperadas, también decepcionadas ante las falsas promesas de ayuda que nunca llegan.

Se sienten inmersas en la maldición de vivir en una comunidad donde la especulación y el enriquecimiento de unos pocos parece estar por encima del compromiso de quienes tienen la obligación de garantizar las necesidades básicas de una parte de nuestra ciudadanía, que en situación de desempleo o precariedad laboral, ve impotente cómo se vulneran sus más elementales derechos a una vivienda digna.

  Nos consta que tanto la consejera Valido como la directora general de Vivienda, Pino de León se han estado reuniendo con algunas de estas familias más vulnerables, en concreto con integrantes de la Plataforma por la Vivienda Digna en Lanzarote, una de las islas más azotadas por la escandalosa subida de los precios en los alquileres de viviendas residenciales, ocasionada en gran parte por la burbuja del descontrolado mercado turístico de la vivienda vacacional, y por la vergonzosa escasez de vivienda pública destinada a alquileres sociales.

Nuestra decepción como partido político en esta materia no puede ser mayor, y eso pese a que desde el primer momento nos ofrecimos a trabajar de forma constructiva, junto al Gobierno, en la búsqueda de soluciones de lo que a nuestro juicio es uno de los problemas más importantes para la población de Canarias.

De nada han servido más de un año de reuniones, ni las fallidas promesas a familias que, como la de Miri, se encuentra ahora una situación crítica, con tres hijas enfermas, de cuatro, tres y dos años y que ha recibido una carta en la que le acaban de comunicar que el 1 de marzo debe desalojar la casa en la que vive con su familia.

Miri, y otras muchas madres de familia como Elsa, Ana Cecilia o Angy, siguen esperando una respuesta que las rescate del miedo y la incertidumbre de no saber dónde y cómo podrán vivir mañana.

  Algunas ya, en situación límite, se han visto abocadas a okupar viviendas vacías como la única salida para proporcionar un techo a sus criaturas, de esta manera “mal viven” en una nueva modalidad de precariedad, sin suministros y en unas condiciones que nadie desearía para si ni para sus familias. En contra de lo que muchos creen, las personas que acaban ocupando viviendas no son gente ‘anti sistema’. Quienes sí que lo son y hacen una auténtica labor ‘anti sistema’ son las y los responsables de un Gobierno canario como el actual, que de forma temeraria, lejos de proteger y dar soluciones, expulsa y excluye a las personas y familias más necesitadas, vulnerando así las leyes que un día juraron o prometieron cumplir. Lo que no puede ser es que desde las instituciones, como ocurrió recientemente en Lanzarote, un día se esté celebrando la Constitución a bombo y platillo y al día siguiente estén desahuciando a una familia, con tres hijos, que sobrevive precariamente ocupando la casa vacía de un banco, y que sin ningún escrúpulo, quieran dejar tirada en la calle sin un techo que la cobije. Lo que no puede ser es que cuando se pide ayuda al Gobierno de Canarias para paralizar el desahucio, su directora general de Vivienda diga que no puede hacer nada.

Se equivoca, claro que se puede, la gente de la plataforma pudo, y el día 7 de diciembre paró el lanzamiento previsto, porque para ello, sobre todo, hacía falta voluntad.

  Voluntad, valentía, solidaridad y tener claras cuáles son las prioridades. Y entre el derecho de una familia a tener un techo, o el derecho de un banco (BBVA) a disponer de una más de sus miles de viviendas vacías, la elección estaba clara.

Porque cuando al pueblo ya no le queda otra opción, cuando parece que no le queda ningún arma más para defenderse de las injusticias, aún mantiene algo intrínseco que nadie le puede quitar mientras haya vida, le queda el cuerpo, su propio cuerpo.

  Y fueron esos cuerpos despojados de casi todo, los que construyeron la barrera que no dejó pasar a quienes a toda costa querían ejecutar el desahucio. Hasta los y las agentes de policía allí presentes lo tuvieron claro y actuaron con coherencia, sensibles a la situación, y sabiendo que las personas que protegían la casa para impedir el desalojo no se moverían, optaron por mediar e interceder por la familia rogando a los operadores jurídicos que aplazaran el desalojo.

  Si se puede, señoras y señores del Gobierno. Y así lo demostraron quienes con sus valientes decisiones y cuerpos solidarios, contra viento y marea, fueron capaces de parar un desahucio y hacer cumplir la Constitución un 7 de diciembre.

Hay que recordar que el Grupo Parlamentario Podemos Canarias presentó en mayo de 2018 una iniciativa sobre el derecho a la vivienda que fue aprobada por la unanimidad de la Cámara.

En ella se acordaron varios puntos, uno de ellos proponía, cito textualmente: “establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y los ayuntamientos de toda la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de definir acciones de operación conjunta entre jueces y unidades de servicios sociales competentes para que, en casos de desalojos, las administraciones públicas competentes otorguen a las familias y personas en situación de vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada, o que se les ofrezca un alquiler social”.

Otro de los puntos matizaba: “los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa, solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que las administraciones públicas hayan dado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños/as y/o otras personas en situación de vulnerabilidad”.

Y en el último pleno del Parlamento, el 15 de enero, preguntamos la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, qué medidas tiene previstas desde su Consejería para evitar los inminentes desahucios y desalojos a familias que afrontan esta situación.

Familias -conozco a muchas en Lanzarote, pero me consta que es un problema que, en mayor o menor medida, afecta a toda Canarias- que están no solo desesperadas, también decepcionadas ante las falsas promesas de ayuda que nunca llegan.

Se sienten inmersas en la maldición de vivir en una comunidad donde la especulación y el enriquecimiento de unos pocos parece estar por encima del compromiso de quienes tienen la obligación de garantizar las necesidades básicas de una parte de nuestra ciudadanía, que en situación de desempleo o precariedad laboral, ve impotente cómo se vulneran sus más elementales derechos a una vivienda digna.

Nos consta que tanto la consejera Valido como la directora general de Vivienda, Pino de León se han estado reuniendo con algunas de estas familias más vulnerables, en concreto con integrantes de la Plataforma por la Vivienda Digna en Lanzarote, una de las islas más azotadas por la escandalosa subida de los precios en los alquileres de viviendas residenciales, ocasionada en gran parte por la burbuja del descontrolado mercado turístico de la vivienda vacacional, y por la vergonzosa escasez de vivienda pública destinada a alquileres sociales.

Nuestra decepción como partido político en esta materia no puede ser mayor, y eso pese a que desde el primer momento nos ofrecimos a trabajar de forma constructiva, junto al Gobierno, en la búsqueda de soluciones de lo que a nuestro juicio es uno de los problemas más importantes para la población de Canarias.

De nada han servido más de un año de reuniones, ni las fallidas promesas a familias que, como la de Miri, se encuentra ahora una situación crítica, con tres hijas enfermas, de cuatro, tres y dos años y que ha recibido una carta en la que le acaban de comunicar que el 1 de marzo debe desalojar la casa en la que vive con su familia.

Miri, y otras muchas madres de familia como Elsa, Ana Cecilia o Angy, siguen esperando una respuesta que las rescate del miedo y la incertidumbre de no saber dónde y cómo podrán vivir mañana.

Algunas ya, en situación límite, se han visto abocadas a okupar viviendas vacías como la única salida para proporcionar un techo a sus criaturas, de esta manera “mal viven” en una nueva modalidad de precariedad, sin suministros y en unas condiciones que nadie desearía para si ni para sus familias.

En contra de lo que muchos creen, las personas que acaban ocupando viviendas no son gente ‘anti sistema’. Quienes sí que lo son y hacen una auténtica labor ‘anti sistema’ son las y los responsables de un Gobierno canario como el actual, que de forma temeraria, lejos de proteger y dar soluciones, expulsa y excluye a las personas y familias más necesitadas, vulnerando así las leyes que un día juraron o prometieron cumplir.

Lo que no puede ser es que desde las instituciones, como ocurrió recientemente en Lanzarote, un día se esté celebrando la Constitución a bombo y platillo y al día siguiente estén desahuciando a una familia, con tres hijos, que sobrevive precariamente ocupando la casa vacía de un banco, y que sin ningún escrúpulo, quieran dejar tirada en la calle sin un techo que la cobije.

Lo que no puede ser es que cuando se pide ayuda al Gobierno de Canarias para paralizar el desahucio, su directora general de Vivienda diga que no puede hacer nada.

Se equivoca, claro que se puede, la gente de la plataforma pudo, y el día 7 de diciembre paró el lanzamiento previsto, porque para ello, sobre todo, hacía falta voluntad.

Voluntad, valentía, solidaridad y tener claras cuáles son las prioridades. Y entre el derecho de una familia a tener un techo, o el derecho de un banco (BBVA) a disponer de una más de sus miles de viviendas vacías, la elección estaba clara.

Porque cuando al pueblo ya no le queda otra opción, cuando parece que no le queda ningún arma más para defenderse de las injusticias, aún mantiene algo intrínseco que nadie le puede quitar mientras haya vida, le queda el cuerpo, su propio cuerpo.

Y fueron esos cuerpos despojados de casi todo, los que construyeron la barrera que no dejó pasar a quienes a toda costa querían ejecutar el desahucio.

Hasta los y las agentes de policía allí presentes lo tuvieron claro y actuaron con coherencia, sensibles a la situación, y sabiendo que las personas que protegían la casa para impedir el desalojo no se moverían, optaron por mediar e interceder por la familia rogando a los operadores jurídicos que aplazaran el desalojo.

Si se puede, señoras y señores del Gobierno. Y así lo demostraron quienes con sus valientes decisiones y cuerpos solidarios, contra viento y marea, fueron capaces de parar un desahucio y hacer cumplir la Constitución un 7 de diciembre.

Es inconcebible que el partido que gobierna en Canarias, la comunidad que ostenta las peores cifras en cuanto a exclusión social y pobreza, con el triste honor de encabezar el ranking de pobreza infantil, rechace en el Senado la posibilidad de aliviar un poco la presión a la que las políticas austericidas y de recortes que hemos sufrido en los últimos años, con un techo de gasto que asfixia tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos. 

Es incomprensible que voten a favor de mantener los mismos topes que sabemos que recortan vidas, merman derechos y condenan a la pobreza y a vidas de miseria a una gran parte de nuestra población. No podemos entender cómo se atreven a mirar a la cara a todas esas familias que aún están esperando que se les reconozcan el derecho a la dependencia, un derecho subjetivo, y por tanto de obligado cumplimiento, que desde el Gobierno de Canarias sistemáticamente se está vulnerando. Por fin este año se podría contar con más recursos que permitirán agilizar el proceso, más cuando Bruselas ya aceptó que la senda de estabilidad pasara del 1,3% del PIB al 1,8%.

Estamos hablando de algo muy grave, de que Coalición Canaria ha votado en contra de que el Estado disponga de unos 6.000 millones de euros más, que se quedarían en las comunidades autónomas y que irían destinados a mejorar nuestras raquíticas políticas sociales, dependencia, sanidad, educación, o una renta social para aliviar un poco las vidas de las familias canarias que peor lo están pasando. Es una auténtica vergüenza. 

No entendemos la hipocresía de quienes un día ponen el grito en el cielo por el asunto de los Convenios Canarias-Estado -que, dicho sea de paso y que nadie se lleve a engaños, desde nuestro grupo exigiremos dónde y cuándo proceda hasta el último euro que nos corresponda- y al día siguiente votan en contra de poder reinvertir una pequeña parte del dinero de nuestro superávit en políticas sociales. Muy fuerte, ¿qué le importa la pobreza a Coalición Canaria?

María del Río es diputada del Grupo Parlamentario Podemos Canarias en el Parlamento de Canarias

La desigualdad es la causa de la violencia que se ejerce contra las mujeres, se da en distintos niveles y grados de intensidad -en algunas culturas y territorios es más elevada que en otros- y esto es así desde el mismo momento del nacimiento, porque la causa no es otra que la consideración que se les da a las niñas y mujeres por el mero hecho de serlo, y que ni siquiera hoy, en sociedades como la nuestra que se suponen más avanzadas, hemos sido capaces de erradicar.

Presumimos en nuestro país de haber alcanzado la igualdad jurídica, y que el reto es hacerla efectiva, pero ni siquiera eso es cierto, no hay que irse muy lejos, basta echar un vistazo a la prensa de la última semana para verificar lo lejos que aún estamos, porque tampoco hay igualdad jurídica mientras siga habiendo sentencias como la que acabamos de recibir en estos últimos días, una de ellas dictada por el mismo tribunal que condenó a 'La Manada' -que recordemos que consideró los hechos como abuso sexual y no como violación- y que en este caso, ante lo que se considera hechos probados, el ataque de un hombre contra su mujer, primero con un cuchillo y luego en un intento de estrangulamiento, con el agravante de que estos hechos ocurren delante de sus hijos de tres y seis años de edad, y aún reconociendo que se trata de un caso de 'homicidio en grado de tentativa', acaba condenando al agresor a 10 meses de prisión por 'maltrato ocasional'. La sentencia rebaja considerablemente las peticiones de Fiscalía, que pedía ocho años y medio de cárcel, y 10 de alejamiento de la víctima, y la acusación particular, 10 años de cárcel, 12 de alejamiento también a los hijos y suspensión de la patria potestad durante el tiempo de la condena.

La semana pasada, conocimos también con estupor que era puesto en libertad, tras 15 meses de prisión provisional, un agresor al que su expareja denunció por intentar asesinarla clavándole un cuchillo, de nada sirvieron tampoco los hechos probados, así lo manifiesta la victima superviviente: “Lo que me dan a entender con esta sentencia es que, gracias a que me defendí y no me clavó el cuchillo, no se interpreta como intento de asesinato. En cambio si no me llego a defender me lo clava y me mata... Para que sea culpable de intentar matarme: ¿tiene que matarme?”.

En Canarias, en lo que va de año, contamos con la alarmante cifra de siete feminicidios, cuatro mujeres y tres criaturas, víctimas de la violencia machista que no cesa ni repara en edades- ¿Estamos las mujeres suficientemente protegidas por las leyes y por quienes tienen que aplicarlas frente a la violencia machista?

Y si nos referimos a las violencias sexuales el panorama es igual o más desolador aún, recordemos la sentencia de la Audiencia de Lleida, también de hace unos días, que ha condenado a cuatro años y medio de prisión a un tío y a su sobrino por delitos de “abuso sexual” a una mujer con la que mantuvieron relaciones sexuales, sin su consentimiento, el 17 de agosto de 2017, y esto pese a que la Fiscalía pedía 15 años por un delito continuado de agresión sexual.

Ni igualdad, ni equidad, ni justicia, muy lejos estamos aún de conseguir la sociedad respetuosa con los derechos humanos a la que aspiramos, en las que a las mujeres se nos trate por igual en todos los ámbitos y gocemos de las mismas libertades tanto en las calles, en el trabajo como en la intimidad de nuestras casas. Lo dijimos alto y claro en las multitudinarias manifestaciones del 8M de este año, “no es no” y “solo sí es sí”, ¿qué parte de esto no entienden los hombres que pretenden tener sexo a toda costa con una mujer que no les desea?

No es igualitaria una sociedad que permite que la educación sexual de sus adolescentes, niñas y niños, se haga a través de una pornografia absolutamente machista y patriarcal, que fomenta la cultura de la violación. No es igualitaria una sociedad que no considera que tanto mujeres como hombres somos sujetos sexuales con el mismo derecho al deseo y al placer, que no nos vale ya ni siquiera el concepto del “consentimiento” porque en el siglo XXI las mujeres en el sexo no queremos resignarnos, ni ceder o “consentir” cuando lo que deseamos es “sentir con”, ni “complacer” en el sexo, cuando lo que deseamos es sexo “con placer”. Reivindicamos el derecho a pasar del “sexo consentido” al sexo “con sentido”, y el único sentido que admitimos como válido es que se ejerce desde desde la libertad y el deseo, por puro placer.

Por eso, este 25 de noviembre salimos a las calles y denunciamos un sistema que está aún muy lejos de garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Denunciamos una legislación obsoleta y poco precisa que permite una interpretación y aplicación machista y patriarcal de la justicia. Denunciamos la falta de recursos para invertir en formación especializada en materia de género, tanto en los operadores jurídicos, fuerzas de seguridad, como en el ámbito de la Educación.

Reivindicamos nuestros derechos a vivir tranquilas y sin miedo, en una sociedad justa e igualitaria que garantice el respeto a todos nuestros derechos. Porque la calle y la noche también son nuestras, porque cuando nos amenazan, abusan o agreden a una, nosotras frente a la justicia que nos prejuzga, nos plantamos y decimos “hermana, yo sí te creo”. Porque le debemos esta lucha a todas las que hoy no pueden salir a la calle a manifestarse y gritar para que no haya ni una más. ¡Porque nos queremos vivas!

Los datos en dependencia  son abrumadores. Por un lado, la falta de atención, carencia de recursos y sufrimiento que padecen las personas dependientes que, teniendo derecho a unas ayudas, no las están recibiendo. Por otro, las dificultades y sobre esfuerzo, agudizado por la sensación de abandono por parte de la Administración, al que se ven sometidas las familias cuidadoras,  que constatan cada día, en su propia carne, la vulneración sistemática y continuada de los derechos de sus familiares y los suyos propios.

La Ley de la Dependencia se ha aplicado tarde, mal y nunca en Canarias. No es ninguna novedad.

Habrá que pensar bien las causas que nos han traído hasta aquí, por qué estamos a la cola, por qué hay tanta gente que se muere sin recibir la ayuda que le corresponde, y por qué hay tantas familias, mujeres sobre todo, renunciando a una parte de su vida, a un  empleo,  sin reconocimiento económico ni laboral de ningún tipo,  haciendo esfuerzo de titanes, para cuidar en solitario, sin ninguna  ayuda,  a personas que necesitan, y están en su derecho, recibir cuidados y atenciones especializadas.

Las cosas no pasan por casualidad, en ningún libro está escrito ni hay ninguna maldición irremediable,  que condene a Canarias a tener los peores servicios sociales.

No puede ser que siendo una tierra tan hermosa y rica, con una naturaleza y climas envidiables, tengamos de los peores indicadores del Estado en cuanto a la atención a la dependencia y estemos a la cabeza en riesgo de pobreza y exclusión social.

Cuesta mucho creerlo, y mucho más aceptarlo. Y por eso, porque no nos resignamos, es por lo que desde el Grupo Parlamentario Podemos Canarias asumimos reprobar a la consejera Valido, porque es ella la responsable de la Consejería en este momento.

Pero lo triste y preocupante es que, después de muchos años de gobiernos de Coalición Canaria, llueve sobre mojado y, aunque probablemente Cristina Valido  no sea siquiera la peor consejera que ha gestionado esta área, pues más bajo tenía el listón Inés  Rojas, le ha tocado asumir una responsabilidad que, a nuestro juicio debería ser compartida con el presidente Clavijo, responsable en última instancia de la gestión de este Gobierno.

Son muchos años acumulados  de mala gestión los que nos han traído hasta aquí. Muchos gobiernos con Coalición Canaria que no han estado a la altura de las necesidades,  que no  han sabido, no han podido o no han querido dar el viraje necesario, poniendo el foco en las prioridades para que en esta tierra nuestra gente tenga  derecho  a una vida digna, más justa, equitativa e igualitaria.

Ha sido mucho, muchísimo,  el dinero que ha entrado a estas Islas y se ha deslizado hacia los bolsillos de unas pocas personas, con una pésima redistribución,  generando cifras escandalosas de pobreza y riesgo de exclusión social que en Canarias, de ninguna manera, podemos consentir.

Por eso la reprobación a Valido no sería justa si no denunciáramos que la responsabilidad y la mala gestión viene de lejos, y que no es sólo responsabilidad de una persona.

Porque el responsable último,  en este momento,  es el presidente del Gobierno, el señor Clavijo, y quizá hubiera sido certero, por parte de todos los grupos,  haberle reprobado a él.

No ha podido ser, por eso en el Parlamento hemos dado el toque a un alfil que forma parte de su equipo.

Pero en realidad, sí queremos mejorar, no solo la atención a la dependencia, sino todas las políticas públicas de Canarias, lo que tenemos que hacer el próximo mes mayo,  de una vez por todas, es darle ¡un jaque mate al rey!

Reconozco que para mí no fue un paso fácil, me daba cierto pudor invadir su espacio, y temía -aunque lo habría entendido perfectamente- que me miraran con reticencia y rechazo. Una siente cierta vergüenza de saberse clase privilegiada ante quienes están en los umbrales más profundos de la pobreza y exclusión social.

Ellas pasan muchísimas horas al día expuestas allí, tanto si hace frío, viento, lluvia o calor, como era el caso de ese día, protegiéndose con paraguas, que hacen las veces de sombrillas, de un sol de justicia. Y yo, diputada, llegaba toda fresquita desde el Parlamento, a poquísimos metros de esas calles, pero otro mundo, con nuestro aire acondicionado y todos nuestros lujos ¿Cómo no van a tener todo el derecho del mundo a mirarnos mal?

Se me encogió el estómago, tremendas ganas de seguir caminando disimuladamente y pasar de largo, no pude evitar sentirme culpable de tanta desigualdad, de tanta injusticia, de lo mal que repartimos nuestros recursos en una tierra tan rica como Canarias donde no tendría que haber ni una sola persona en exclusión social.

Llevo casi tres años pasando por esa calle y pensando en estas mujeres, cómo será su vida, qué sentirán, qué pensarán, hasta qué punto la eligieron, si tienen otras alternativas, si se sienten bien o están esperando que alguien o ‘alguienes’ se preocupen un poco por ellas y pongan en marcha medidas que les permitan cambiar ese destino.

En esos segundos que estaba en la duda entre irme o quedarme, vino a mi mente el concepto de ‘matria’, esa ‘Matria Canaria’ a la que aspiramos, que acoge y cuida de toda su gente, que no dejaría nunca a nadie fuera, sin un techo, sin una comida, sin un trabajo digno.

Respiro y doy el paso, me dirijo a una de ellas, una señora un poco mayor, de cara muy triste, que está sentada en una de las pocas sombras que a esas horas dan los edificios, la saludo y pregunto si está por allí alguna de las dos chicas que hablaron con la prensa, hacía unos días, por el tema de la demolición de los edificios, me dice que sí, que está una de ellas, Camila ‘La Brasileira’.

En unos minutos aparece Camila, intentamos buscar una sombra para hablar tranquilas, pero es medio día de finales de julio y el sol quema, le propongo ir mejor a sentarnos a una terraza tranquila y tomar algo fresquito. Empezamos a hablar, ella me confiesa que se siente cohibida, que no está acostumbrada a hablar con “gente normal”. Yo también lo estoy, vivimos en mundos paralelos que, aun estando tan cerca uno del otro, es extraño y difícil que se lleguen a juntar.

Empieza a contar cosas de su vida, desde su infancia en una favela de pobreza extrema y miseria, y de como a los 12 años, aún sin tener la regla, se ve obligada a prostituirse por primera vez

Su historia, tremenda, ha sido publicada en parte en algunos medios y pronto podremos conocerla en profundidad a través de un libro que está escribiendo y que una ONG le está ayudando a traducir.

“Nos tratan como basura, aunque no todos son iguales, algunos vienen muy enfadados con sus mujeres y descargan en nosotras su ira”.

“Hacen con nosotras lo que no se atreven a hacer con ellas. Algunos dan tanto asco que entran ganas de vomitar, huelen mal, como si no se hubieran duchado nunca, si se lo insinúas se enfadan y te tratan peor, cuando se van, con el estómago revuelto, a veces vomitas todo lo que habías comido”

“Enfermedades mentales, todas acabamos así, durante meses estuve también bulímica, también tengo lapsus en los que olvido todo y no sé volver a mi casa”.

Lo quiere contar todo, la mafia que la capturó para traerla España y cómo debe trabajar un montón de años para recuperar su libertad (16.000 €), la relación entre prostitución y droga, el abuso de los proxenetas, los puteros maltratadores, los nidos de serpientes que se generan alrededor, las humillaciones, las vejaciones, los abusos de poder de quienes tienen dinero frente a las que lo necesitan.

Me cuenta que entre sus compañeras hay mujeres mayores, enfermas, obesas con dificultad para andar y con más de 65 años. “¿No crees que deberían de estar jubiladas?” Me interpela.

“Estoy nerviosa, no estoy acostumbrada a hablar con ”gente normal“ como tú, que eres rica, la gente rica en mi país no se sienta en una terraza de un bar a hablar con una pobre, yo vivo en mi mundo, con las mujeres que son como yo, el resto del tiempo vivo aislada, cuido a mi hija para que no le falte de nada. Vivo en el sur, mi hija no sabe nada de mi vida ni en qué trabajo.”

Intento tranquilizarla, su relato me ha impactado profundamente y creo que ella lo nota, después de más de una hora de charla hay cierta química entre las dos que nos ayuda, aunque sea por unos instantes, a romper el abismo que nos separa. Me mira a los ojos y me dice:

“Ahora ya les puedes decir a la gente que tú sí conoces a una prostituía de verdad. ¿Me vas a ayudar?”

Claro que sí, le digo, en todo lo que podamos.

En nombre de mi grupo, Podemos, prometimos poner todos los medios a nuestro alcance para ayudar tanto a “Camila” como a todas las mujeres que junto a ella se encuentran en la misma situación, en la búsqueda de alternativas que les permitan salir de esa condición de extrema vulnerabilidad y les abran el acceso a una mínima vida digna.

En este primer pleno de septiembre le preguntamos al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, sobre las medidas que tienen previstas desde su Consejería para ayudar a estas mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución en los edificios de la calle Miraflores, a punto de ser demolidos.

Y a cuenta de todo el debate suscitado estos días con la legalización del sindicato OTRAS y sobre la prostitución me preguntan sobre mi postura. Mi corazón es abolicionista, deseo vivir en un mundo donde ninguna mujer tenga que vender su cuerpo por necesidad, donde ningún hombre se sienta legitimado a satisfacer su deseo comprando sexo con dinero, y ninguna mujer, por dinero, se vea obligada a ofrecer un sexo que no desea.

Deseo vivir en una sociedad donde el sexo sea algo libre para mujeres y hombres, y esté basado en el deseo mutuo, recíproco y empático entre personas que se sienten en igualdad de condiciones, que quieren disfrutar y disfrutarse. Deseo que el sexo sea un bien universal, para todas y todos, libre, gratuito y a ser posible de calidad.

Ese es mi deseo, pero mientras la realidad sea otra no podemos mirar hacia otro lado, algo tendremos que hacer ante las situaciones de extrema desigualdad y violencia con las que nos encontramos, ante mujeres a las que están machacando y vulnerando sistemáticamente los derechos más básicos, ante estas mujeres que nos piden una ayuda que ni podemos, ni queremos negar.

Y en eso estamos, lo primero es poner en marcha políticas públicas que protejan y garanticen unas mínimas salidas dignas. Para ello, no bastan las palabras, hay que poner sobre la mesa recursos de todo tipo, porque éste es un problema que no se resuelve solo, ni estigmatizando a las mujeres que se prostituyen, ni mandándolas a fregar escaleras.

Estas mujeres tienen familias que mantener y no pueden esperar más, y por mucho que ciertos sectores se empeñen, no hay suficientes escaleras que ayuden a salir de tanta miseria ni sirvan para tranquilizar nuestras conciencias.