Lo que pasó el otro día en el Congreso, con el apoyo del PSOE y Sumar a una medida que destina la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) a la construcción de viviendas, no tiene nombre. Esta decisión no es solo una metedura de pata, es una traición a la gente de Canarias. Mientras en las Islas estamos viendo cómo miles de familias luchan por encontrar una vivienda digna y accesible, el PSOE ha decidido respaldar una medida que solo va a seguir alimentando la especulación inmobiliaria y el negocio de los grandes fondos de inversión.

No se engañen, la RIC no es dinero de las empresas. Es dinero que esas mismas empresas dejan de pagar en impuestos y que, por tanto, debería ir a los servicios públicos que necesitamos todos y todas. Pero, claro, para ellos es más fácil seguir favoreciendo a los grandes empresarios, que no tienen ningún interés en bajar los precios de la vivienda. Esta medida lo único que va a hacer es permitir que sigan construyendo a su antojo, sin pensar en las necesidades reales de los y las canarias.

¿Y qué pasa con Sumar? Pues, sinceramente, no sé qué estaban pensando al dar su apoyo. Porque, si no es por ignorancia, solo hay dos posibles explicaciones: o son cómplices de la jugada del PSOE, el PP y Coalición Canaria, o es que ni siquiera se han preocupado de estudiar el problema de fondo, ni tienen a nadie capacitado en Canarias para abordar este asunto de forma seria. En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo: siguen favoreciendo a los mismos de siempre, los que quieren hacer negocio con nuestras necesidades.

Nosotras en Podemos sabemos de qué lado estamos. Y estamos al lado de la gente, al lado del espíritu del 20 de abril, el que hizo que miles de canarios y canarias salieran a las calles para defender nuestra tierra y a quienes vivimos en ella.

No vamos a permitir que se siga mercadeando con lo que nos pertenece a todas y todos, que se siga priorizando los intereses de unos pocos sobre el bienestar colectivo. El 20A fue un grito de lucha, un grito de justicia, y en Podemos seguimos esa misma senda.

Me parece increíble que, en pleno 2025, con la crisis de la vivienda que tenemos en Canarias, haya partidos que sigan defendiendo políticas que han demostrado ser un desastre. Porque esto no es nuevo. En Canarias ya se prohibió en 2006 destinar la RIC a la compra de viviendas porque precisamente lo que estaba pasando era que la gente más vulnerable se quedaba fuera, mientras los especuladores se llenaban los bolsillos. ¿Por qué repetir el mismo error? ¿Qué han aprendido, si es que han aprendido algo?

Y mientras tanto, seguimos con el mismo problema de siempre: precios desorbitados, miles de viviendas vacías y, por supuesto, la expansión de la vivienda vacacional que está expulsando a los canarios de sus propios barrios. Y, en lugar de dar soluciones reales, nos encontramos con que las medidas que se toman solo benefician a los grandes empresarios, que siguen ganando dinero a costa de la crisis que estamos viviendo.

Es hora de dejar claro que esta política no nos sirve. No podemos seguir con medidas que no solucionan nada, que solo favorecen a unos pocos. Necesitamos un Gobierno que defienda a la gente, que regule el mercado inmobiliario, que disminuya los precios de alquiler, que limite la compra de inmuebles a los no residentes, que ponga en marcha políticas de vivienda pública y que deje de darles alas a los especuladores.

No puede ser que nuestra gente se vea obligada a abandonar su tierra por no poder pagar un alquiler. Ya basta de seguir entregando el futuro de Canarias a fondos especulativos.

Vamos a seguir luchando por un modelo de islas donde la vivienda sea un derecho para todos y todas y no un negocio para unos pocos. Porque en Podemos, sabemos que estamos del lado de quienes luchan por proteger nuestra tierra, y esa lucha no se va a detener mal que le pese a alguno

No son casos aislados. Son la consecuencia directa de una emergencia habitacional que lleva años gestándose en Canarias, alimentada por la especulación, la falta de planificación pública y la pasividad de quienes han preferido mirar hacia otro lado. 

Durante demasiado tiempo, se ha permitido que la vivienda se convierta en un bien de lujo. Mientras los fondos buitre compran edificios enteros, expulsan a vecinas de toda la vida y hacen caja con la necesidad, más del 55 % del salario medio en Canarias se va solo en pagar un techo. Al mismo tiempo, 211.000 viviendas permanecen vacías y el parque público apenas alcanza el 0,96 %, el más bajo de toda Europa. 

Esto no es casualidad. Es el resultado de decisiones políticas que han priorizado la rentabilidad sobre el derecho a la vivienda. 27 años de CC en el Gobierno tiene sus consecuencias. 

Nos repiten que no hay soluciones, que todo es complejo, que hay que esperar. Pero sí hay soluciones. Lo que falta es voluntad política para aplicarlas y valentía para enfrentarse a quienes hacen negocio con el sufrimiento de la gente. Porque un tercio de los municipios canarios cumple los requisitos para ser declarados zonas tensionadas según la Ley Estatal de Vivienda. ¿Cuántos han sido declarados? Ninguno. Ni uno solo. 

Mientras tanto, el Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto ley 3/2025, con la supuesta intención de “agilizar” la construcción de viviendas. Una vez más, parece que la respuesta a la emergencia habitacional pasa por construir más y más, como si el problema fuera la falta de ladrillos y no la falta de justicia. 

Este decreto pone el foco en acelerar licencias y en abrir la puerta a que promotores privados levanten viviendas “asequibles incentivadas”, pero sin garantías reales de que esas viviendas lo sean. 

En la práctica, se privilegia otra vez al mercado, no al derecho. Se promete agilidad administrativa mientras se sigue sin declarar zonas tensionadas, sin movilizar viviendas vacías, sin obligar a los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales y sin reforzar el parque público.

Construir puede ser parte de la solución, pero no servirá de nada si seguimos dejando que el precio de vivir lo decidan los fondos de inversión. De nada sirve levantar más edificios si se quedan fuera del alcance de la mayoría, si acaban siendo viviendas turísticas o segundas residencias, si seguimos alimentando un modelo que pone el ladrillo por encima de la vida. 

Desde Podemos lo decimos con claridad: Canarias necesita una política valiente de vivienda pública y de control del mercado, no más facilidades para los especuladores. 

Necesitamos una inmobiliaria pública canaria que garantice alquileres estables y asequibles. Necesitamos prohibir el uso de la RIC para especular con viviendas. Necesitamos mediación previa antes de cualquier desahucio. Y necesitamos destinar al menos el 1 % del PIB turístico a un gran plan de vivienda pública, porque sin vivienda no hay futuro para nuestra gente. 

Nos dirán que estas medidas son radicales. Pero lo radical es permitir que una familia viva con miedo a perder su casa. Lo radical es dejar vacías miles de viviendas mientras tantas personas no tienen dónde vivir. 

La vivienda vacacional sin control, que ya ha crecido un 80 % en los últimos años, está devorando nuestros barrios, vaciando nuestros pueblos y expulsando a las vecinas de toda la vida. Y cada vez que el Gobierno cede a los intereses de los lobbies turísticos o inmobiliarios, agrava un problema que ya es insostenible. 

Canarias no puede seguir siendo un decorado para turistas ni un tablero de Monopoly para fondos extranjeros. Canarias es hogar, comunidad, familia. 

Y defender ese hogar exige valentía. Exige regular lo que hay que regular y proteger lo que hay que proteger. 

Porque mientras algunos celebran la “agilización urbanística” del Decreto 3/2025, hay gente que ya está haciendo las maletas.  

Y nosotras respondemos: “Que cojan ellos la maleta”

La eficacia de cualquier partido comprometido con los de abajo se mide netamente por la capacidad que tiene, desde el lugar que le toque ocupar, de acompañar y llevar a la agenda política las demandas y anhelos de la sociedad civil a la que representa. 

En los 4 años de mandato del llamado “Pacto de las Flores” no hubo ni un momento en que el dilema entre los límites y las posibilidades de gobernar no se hiciese patente para nosotras. Se daba la paradoja de que accedíamos al Ejecutivo autonómico en un contexto de retroceso electoral relativo, con menos fuerza electoral e institucional, y aún así se abría la posibilidad de que una organización con un programa nítidamente de izquierdas accediese al Consejo de Gobierno de las islas con el empuje suficiente para que algunas cosas empezasen a cambiar.

Con esta premisa asumíamos en 2019 responsabilidades políticas que tocaría defender muy pronto, muchas veces contra los propios socios de Gobierno, acostumbrados durante décadas a atender solo a aquellas presiones que venían desde arriba, desde aquellos despachos en que se se sentaban quienes se habían acostumbrado a mandar en las islas sin presentarse a las elecciones. 

Las luchas ciudadanas por la defensa del territorio ganaron un enorme protagonismo durante la pasada legislatura.

En julio de 2020, la movilización popular permitía que el reclamo contra el macromuelle de Agaete, una ocurrencia urbanística sin viabilidad ambiental ni económica, se convirtiese en el centro de la discusión pública. 

Ya en ese momento entendíamos que se daba una pugna por el interés general que tenía como agente protagonista al movimiento ecologista de Gran Canaria, y que la función de Podemos Canarias era la de defender férreamente la integridad del territorio en todos los ámbitos en que estábamos presentes. Así lo habíamos hecho durante el Debate de la Nacionalidad de 2018, cuando todos los grupos del Parlamento (incluidos NC y PSOE) pedían que las obras del muelle se iniciasen “a la mayor brevedad posible”, y nos quedábamos solas votando en contra. El Gobierno de Canarias era un nuevo espacio de disputa ganado para la ciudadanía y no dudamos en dar la batalla desde allí.  

Y se consiguió. El empuje ciudadano y la traslación de su fuerza al Ejecutivo a través de una organización que ejercía de altavoz en la institución permitieron detener una operación especulativa contra nuestra tierra.

Recuerdo con especial intensidad la valentía con que la gente se opuso, también en aquellos días, al Puerto de Fonsalía, una barbaridad que amenazaba el único santuario de cetáceos de toda Europa y que pretendía imponerse sobre una Zona de Especial Conservación. De nuevo, el debate se dividió entre quienes tenían intereses económicos, poder y políticos a sus órdenes, y una ciudadanía que tenía la fuerza de su voz y la razón de su parte. Nos costó una fuerte polémica dentro del gobierno, pero no dudamos ni por un momento de cuál era nuestro bando. La fórmula volvió a funcionar: un pie en las instituciones y miles en las calles permitían que el macroproyecto planteado para Guía de Isora terminase en la papelera de la Historia de las islas.

Ni un año después se iniciaban las obras del complejo turístico de lujo “Cuna del Alma” en Adeje, quizá la demostración más cruda que vimos la pasada legislatura de lo que es el modelo del destrozo. Grúas funcionando contra activistas indefensos, mostrando el mismo desprecio y violencia que los propios directivos del proyecto. Vestigios arqueológicos destruidos por la avaricia del capital extranjero mientras los partidos tradicionales se ponían de perfil.

La presencia en el gobierno volvió a ser una herramienta esencial para dar oxígeno a las movilizaciones: se logró imponer multas históricas a los responsables y la paralización cautelar de unas obras a todas luces irregulares. 

Ello no evitó la frustración por no poder ir más rápido, más lejos y con mayor rotundidad contra quienes destrozaban, ni el sentimiento de que todo apoyo a las activistas que ponían el cuerpo contra las palas podía quedarse corto. 

Hoy, casi un año después de unas elecciones en que la fragmentación del voto de izquierdas provocó la vuelta de las derechas al poder, desde Podemos Canarias miramos con ilusión la energía con que la ciudadanía vuelve a organizarse para desbordar las calles el próximo 20 de abril por un modelo productivo que cuide de la población y del territorio. Hoy observamos cómo reclamos que hasta hace poco parecían imposibles, como la ecotasa, se abren paso de forma imparable, pasando a formar parte incluso del argumentario de los reaccionarios (algunos se estarán arrepintiendo de no haber aprobado esta medida cuando pusimos un proyecto de ley sobre la mesa del Pacto de las Flores hace no tanto).

Las herramientas políticas populares nacemos de las demandas de la gente que lucha, nos dejamos la piel por convertirlas en acción de Gobierno cuando la fuerza electoral lo permite y cuando los tiempos se vuelven difíciles, seguimos empujando desde el lugar que nos toque ocupar en cada momento. 

Hoy, casi un año después de terminar nuestra primera experiencia de gobierno y ante un nuevo ciclo de reivindicaciones, recordamos con más fuerza que nunca dónde está nuestro lugar: acompañando a nuestra gente. Allí estaremos.

Desde Podemos Canarias hemos dado este margen a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y su equipo, para comenzar a valorar su labor al frente de la Consejería que nosotras  gestionábamos en la pasada legislatura.

Cuando una llega al Gobierno, lo primero que hace es un análisis y diagnóstico de la situación en la que se encuentra el área que vas a gestionar y la herencia que recibes del anterior mandato. Es normal, nosotras también lo hicimos así. Lo que no es tan normal y nos parece una práctica política mezquina y reprochable es no decir la verdad.

Con este artículo solo queremos desmontar algunas de esas mentiras o medias verdades que la consejera ha ido vertiendo en declaraciones a los medios, y que no hacen más que definir a quien se encuentra ahora a los mandos del Gobierno.

En primer lugar, hace referencia a un “agujero” en la Renta de Ciudadanía Canaria (RCC). Para nada es como dice, la Renta estaba perfectamente planificada en la evolución de la nómina, y había recursos propios más que de sobra para hacer frente a la misma. Entre lo que se presupuestó -82 millones de euros- y los remanentes de fondos de pobreza 2022 y los de 2023 suman los 100 millones de euros que destinamos a tal fin. Pero, ya que lo dice, hubiésemos contado aún con más recursos, si su partido y la diputada Ana Oramas no hubiera votado en contra de ampliar en 10 millones más los fondos de pobreza que el Estado ha destinado a Canarias en 2023, de los que se cofinancia la RCC. Se perdió esa votación por tan solo 4 votos, dos de ellos de CC.

Hay que decir que dicha cuantía es la mayor inversión que un Gobierno autonómico canario ha destinado directamente a las familias vulnerables en la historia de nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, un esfuerzo presupuestario completamente inédito en el partido de la consejera: Coalición Canaria.

De hecho, parece incluso que la ejecución presupuestaria de la Renta será menor de lo que nuestro equipo había previsto, ya que el actual tiene un atasco monumental, siendo incapaz de buscar soluciones para las miles de solicitudes pendientes. Ese es su verdadero problema y de dónde proceden sus nervios.

No se puede hablar por tanto de ningún agujero en la RCC, y menos hablar del coste de ese supuesto agujero de 8 a 9 millones mensuales, como dijo la consejera aprovechando la confusión de una pregunta en un medio de comunicación. Esa cantidad es el coste mensual de la nómina. Nos sorprende, cuando menos, un fallo así de la que fuera presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, o directamente su objetivo ha sido confundir.

Dice también doña Candelaria que van a llevar a cabo un plan de choque, porque el anterior equipo no lo hizo. Esto nos produce estupor, porque la consejera es consciente de que sí se realizó un plan de choque, reforzando el personal más que nunca. Ella misma lo comentó en sede parlamentaria, y cualquiera que visite la hemeroteca podrá contrastar los esfuerzos para reforzar la plantilla que impulsó el Pacto de las Flores, especialmente en la Consejería de Derechos Sociales.

Y no solo hablamos de los cientos de personas que se incorporaron para poder gestionar el sistema de Dependencia, sino en todas las direcciones generales. En concreto, solo en la Dirección de Derechos Sociales, reforzamos la plantilla con 80 personas en dos planes de choque y dejamos aprobada una ampliación de 20 más para este año. Es decir 100 trabajadores y trabajadoras más. Nunca había habido tanta gente trabajando. Fue eso lo que nos permitió agilizar la gestión de la Prestación Canaria de Inserción acabando con la lista de espera. 

El problema viene porque el actual equipo no cubre las bajas del personal del plan que se ha ido a otros destinos y no ha cubierto la ampliación de 20 personas más, lo que le está dejando un erial.  Hacer otro plan está bien, pero mejor empezar por cumplir con el que le dejamos tramitado.

Habla también la consejera de que le corresponde al Estado pagar la parte general del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a nuestra CCAA solo los complementos de la Renta. Esto demuestra un total desconocimiento de la ley de la RCC, ya que esta prestación, señora Delgado, cubre a familias que, en muchos casos, no cumplen los requisitos para percibir el IMV.

De las 14.000 familias que están en la RCC, según palabras de la consejera (que, en realidad, no pasan de las 12.500 que les dejamos, según los datos que ellos mismos han dado), todas han pedido el IMV.

Esta afirmación de la consejera no es baladí ya que ha deslizado que no podrán pagar el complemento a las 43.000 personas que cobran pensiones no contributivas en Canarias, que nuestro gobierno abonó por primera vez a dichos pensionistas por tres años seguidos, porque el Estado no se hace cargo de la parte general de la RCC. Es decir, el relato que preparan desde Coalición Canaria para explicar que los canarios y canarias que cobran PNC, que son las pensiones más bajas, no van a percibir su complemento es que la culpa es de Madrid.

Además, dice que se encontraron sin aplicativo de gestión, lo cual es totalmente falso. Dicho aplicativo fue licitado con fondos Next Generation, y estaba en aplicación y desarrollo para la entrada en vigor de la RCC. Esto también es información pública y fácilmente contrastable.

Con respecto a la herencia recibida por el actual equipo al que ha hecho referencia la consejera, tenemos que decir que es la de  una CCAA que, por primera vez, aprueba en el Índice DEC 2022 de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que mide el desarrollo de los servicios sociales y en cuyo informe destaca la mejora de la inversión social en Canarias, que roza la excelencia, el aumento de derechos con la aprobación del catálogo de servicios, y la mejora de la cobertura, saliendo de la calificación de irrelevante en la que nos dejó la primera legislatura de Fernando Clavijo. Un hito en la historia de nuestro servicios sociales que supone mejorar por primera vez un área que nunca fue una prioridad política con otros gobiernos,y que fue posible con el Pacto de la Flores y Podemos gestionando la Consejería de Derechos Sociales.

También es herencia recibida para ustedes, qué suerte consejera, que 2022 haya sido el año de mejor gestión de la PCI (Prestación Canaria de Inserción), desde que se creó en 2007, lo que nos permitió proteger a más familias que nunca en Canarias, hecho que se podrá analizar pronto con el informe anual del Ministerio. Y sí, esto permitió ser parte de un escudo social que detuvo el avance de la pobreza en nuestra tierra.

Otro día hablaremos de Dependencia y de cómo pasamos de ser la comunidad autónoma con peores datos en personas atendidas y listas de espera a una de las regiones que más han crecido en atención en los últimos años. Por cierto, es llegar CC y el PP al Gobierno y empezar a disminuir de manera muy notoria los expedientes que se tramitan cada mes.

Sentimos mucho que el nuevo equipo necesite echar tierra sobre la gestión del anterior para tapar sus propias incapacidades. 

Y lo sentimos porque de ello dependen los derechos de miles de canarios y canarias.

Noemí Santana 

Javier Bermúdez

Canarias afronta un reto demográfico sin precedentes. Las personas mayores de 65 años, que ahora representan el 16% de nuestra población, serán el 25% de los habitantes del archipiélago en 2035, es decir, una de cada cuatro personas de Canarias estará en la llamada tercera edad. A esto tenemos que añadir lo que la pandemia nos ha demostrado: hace falta otra política de cuidados. Y en Canarias especialmente, donde se estima que tenemos un déficit de más de 7.000 plazas en residencias de mayores.

Hay un dato especialmente relevante, y es que solo un 40% de estas residencias son de financiación pública. Las causas de esta situación son múltiples y no es momento de evaluar ni buscar culpables. Porque lo que es realmente imprescindible es que seamos conscientes de que es tiempo de mirar hacia delante y trabajar en las soluciones de futuro: no solo pensando en la gente mayor, también pensando en nuestra juventud, que necesita alternativas de trabajo de calidad y un porvenir, algo que por desgracia hace demasiado tiempo en esta tierra es más que difícil. Seis de cada 10 jóvenes en Canarias no tienen trabajo. Por no hablar de la calidad del empleo de aquellos que sí tienen la suerte de tener uno.

Por eso queremos que este Canarias te Cuida pueda generar trabajos de calidad, en lo que hemos llamado la economía de los cuidados: no solo en la construcción de infraestructuras, que también. En un importante tejido de trabajadores y trabajadoras sociales. En fisioterapeutas. En médicas. En informática e ingenieros.

Los fondos de recuperación de la Unión Europea nos van a dar la oportunidad de construir un nuevo futuro para Canarias. Gracias a esta financiación vamos a hacer realidad aquello de que toda crisis es una oportunidad y aprovechar esta oportunidad que la crisis de la COVID nos ha abierto. Y vamos a hacer real, también, aquella frase de que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo.

Esta tierra ha estado demasiado tiempo a la cola de todos los indicadores sociales. Esto no lo vamos a arreglar en un año, ni dos, ni en una legislatura. Para esto necesitamos más tiempo y la implicación de todas las instituciones.

Este Plan Canarias te Cuida tiene el impulso de nuestra consejería y de todo el Gobierno, con la implicación directa del presidente Ángel Víctor Torres, pero por supuesto se construye de la mano de los ayuntamientos, de los cabildos, del Tercer Sector, de las asociaciones o de los colegios profesionales.

Y en ese futuro de cuidados hay algo en lo que también repara este plan: que las personas mayores de nuestra tierra elijan el futuro que quieren tener. Porque sí, las personas mayores tienen futuro.

No solo queremos cambiar el modelo de residencias, saliendo del tradicional de macroresidencias para ir hacia un modelo más cercano y más amable. No solo vamos a invertir en un modelo de cohousing que permita compartir espacios entre personas, y el coliving que permita compartir incluso entre generaciones. Queremos además que quien quiera pueda seguir viviendo en su casa, en su entorno, cerca de los suyos.

Para eso tenemos también una apuesta por la tecnología, y la domótica, que permita llevar esos cuidados a la casa de cada persona mayor que así lo desee. El nuevo modelo residencial comienza en casa. Esa fue una de las principales conclusiones del documento que presentó hace unos meses la asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales.

Y sin duda, es algo que quienes hemos tenido o tenemos personas mayores cerca lo sabemos de sobra: nuestras personas mayores quieren, preferentemente, seguir cerca de sus recuerdos y sus entornos.

Decían en ese informe también que hay que dejar de “infantilizar” a las personas mayores, que “tienen una trayectoria vital y una experiencia que no se puede denigrar en su edad adulta, tratándolas como personas inmaduras, a las que se tiene que entretener con actividades repetitivas o aburridas”. Por eso, es de vital importancia desarrollar un plan de actividades de vida cotidiana y de ocio y tiempo libre, diseñado en base a los gustos y aficiones de cada persona, tales como jardinería, huerto, maquillaje, música, literatura, cine…

En definitiva, que esa política de cuidados se vea cada día, y sirva para construir ese futuro del que hablamos.

En primer lugar, conviene dejar algo claro: la única competencia exclusiva que tiene Canarias en materia migratoria es la tutela de los menores extranjeros no acompañados, cuya gestión tenemos en la Consejería de Derechos Sociales. Para que se hagan una idea: cuando llegamos al gobierno, en agosto de 2019, teníamos poco más de 500 niñas y niños. En enero del 2021 tenemos más de 2.700. Hagan cuentas del aumento exponencial. La cifra original era gestionada en convenio con los Cabildos, el aumento hemos tenido que gestionarlo a través de la apertura de recursos de emergencia con el presupuesto que teníamos. Gestionar este importante e inesperado incremento de menores durante el último año, unido a la crisis social provocada por la pandemia, no ha sido fácil. 

Quiero poner en valor el trabajo del personal de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, y a su directora general, Iratxe Serrano. Ni un niño se ha quedado sin ser atendido de forma digna. Hemos respondido a lo que nos obliga la Ley y a lo que nos obliga nuestra ética. Y que quede claro: cualquier partido, de cualquier color político que hubiera estado al frente en este momento, tendría que haber hecho lo mismo. Insisto: nos obliga la Ley. Y quien pretenda sacar rédito político de esta situación, se equivoca.

El problema lo tenemos en el desborde de esta situación y lo que puede ocurrir durante este 2021. Imagínense lo que significa gestionar 2.700 niñas, niños y adolescentes con los mismos recursos – humanos y materiales- que se tenían para poco más de 500. Y asusta pensar en el aumento que esta cifra puede sufrir durante este año. 

Tenemos que decirlo. Vamos a necesitar ayuda porque Canarias no va a poder afrontar esta situación en solitario. Como ocurre con los incendios, en función de la gravedad se va pasando de fase y de competencias. En estos momentos, nos encontramos ya gestionando una crisis migratoria y humanitaria de primer orden. Y sin olvidar que nuestra tierra es un territorio limitado. Necesitamos que Europa recuerde que somos su frontera sur y que nos ayude con algo más que palabras. Y lo mismo para el Estado español y todas las comunidades autónomas. Necesitamos un reparto solidario y que llegue cuanto antes. No es cuestión de competencias, es cuestión de soluciones.

El problema de este aumento en la llegada de niñas, niños y adolescentes no acompañados se une la problemática de los adultos. Más de 23.000 personas migrantes llegaron a Canarias el pasado año 2020. Todos sabemos que la mayoría de ellos no vienen para quedarse en nuestras islas. Somos territorio de paso, tránsito hacia otro lugar: estas personas quieren irse a otros lugares de Europa donde tienen familiares o conocidos. El problema surge en el momento en que no se les permite abandonar Canarias. Según dicen, se hace por obligación europea. Me preocupa que en esta situación el Ministerio del Interior prefiera enfadar a Canarias antes que enfadar a Bruselas. Y que se estén vulnerando los derechos humanos de estas personas, que no tienen limitada su libertad de movimientos.

Se está generando un problema donde no lo hay. Canarias jamás ha sido tierra xenófoba. Ni mucho menos. Hemos sido tierra de emigrantes y tierra de acogida.  Y jamás hemos tenido problemas con ello. Al contrario, siempre ha sido motivo de orgullo. 

Que esta situación no nos cambie. No nos jugamos el turismo, nos jugamos seguir siendo orgullosa tierra de acogida. Nos jugamos los derechos humanos. Nos jugamos Canarias.

Lo hacía tras mostrarse sorprendido también de que le pidiéramos que cumpliera el Estatuto de Autonomía de Canarias cuando no habíamos votado a favor del mismo.

Curiosa forma de entender las leyes y su cumplimiento.

Pero bueno, ya conocemos muy bien el concepto de democracia que tiene Coalición Canaria. Van al Parlamento porque no les queda más remedio, no porque lo respeten. Y esta Legislatura es el ejemplo perfecto.

Apenas una Ley del Suelo y otra para las 'Islas Verdes' durante los primeros años de legislatura, para andar ahora deprisa y corriendo a intentar meter leyes con calzador; incumplimientos reiterados de todas las iniciativas que emanan del poder legislativo; un presidente que apenas asiste 45 minutos a la sede del Poder Legislativo cada dos semanas y que, cuando va, no tiene reparo en mentir o dedicarse a echar fango a la oposición cuando se le preguntan cosas que no le gustan.

El colmo de este desprecio por la sede de la soberanía popular lo tuvimos hace dos semanas, cuando el Gobierno, en un acto inédito, vetó que se debatiera en la Cámara el Proyecto de Ley de Renta Ciudadana que hemos trabajado durante dos años en Podemos.

Un proyecto que responde, en su propio enunciado, a lo que dice el artículo 24 de ese nuevo Estatuto, “histórico” según ellos y que tanto celebran. En ese artículo se obliga a las autoridades a establecer esa renta de la ciudadanía como un derecho para las personas en situación de exclusión social.

Pero no han querido ni debatirlo en el Parlamento. Obviamente, votar en contra les hubiera retratado demasiado de cara a las inminentes Elecciones autonómicas.

Otro ejemplo, el artículo 11: “Los poderes públicos canarios velarán por el fomento de la paz, la tolerancia, así como la cooperación al desarrollo, y a tal efecto se establecerán programas y acuerdos con los países vecinos y próximos, geográfica o culturalmente”.

¿Y qué hace el Gobierno a las primeras de cambio? Votar en contra de una iniciativa de nuestro grupo que pedía el cumplimiento de los Derechos Humanos en la región del RIF, en Marruecos. Apenas a unos kilómetros de nuestras costas se encarcela, tortura y castiga a los opositores a un gobierno que, en visita oficial, el presidente Clavijo ha declarado como gran aliado de Canarias.

Pero claro, los Derechos Humanos pasan a un segundo plano cuando se habla de negocios.

Un ejemplo más es el artículo 22 del nuevo Estatuto: “los poderes públicos canarios deberán garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna y regular su función social, mediante un sistema de promoción pública”.

¿Y saben cuál es la política de vivienda del Gobierno de Clavijo? Nosotras, tampoco.

Desde el año 2012 caducó el Plan de Vivienda de Canarias. Y el actual gobierno ha sido incapaz de plantear uno nuevo, o hacer alguna propuesta al respecto. Mientras conseguir una vivienda digna en nuestras islas se ha convertido en misión imposible, la política pública al respecto en nuestra tierra está totalmente paralizada.

En 2017, a iniciativa de Podemos, se aprobó por unanimidad un Plan Integral de Vivienda para Canarias. Casi dos años después, el problema se ha hecho enorme. Es la irresponsable política de no hacer nada e ignorar los problemas, a ver si se solucionan solos, no funciona.

Clavijo y su gobierno en minoría han cumplido su objetivo: hacer del Parlamento un lugar simbólico. De mero trámite. Les da igual lo que allí ocurra. Ya sea con proposiciones de Ley o no de Ley y con todas las iniciativas que allí llevamos.

Incluso hemos llegado a un punto en que se amolda cada semana el calendario del Parlamento en base a que le venga bien al Gobierno.

Y aún así, ni llegan a la hora, como pasó esta semana, que hubo que empezar la sesión sin que estuviera presente un solo miembro del Gobierno.

Es hora de alertar de la gravedad de la situación.

Si el Parlamento de Canarias se vacía de contenido estamos pervirtiendo la democracia.

Desde el año 2015 hemos padecido en Canarias un Gobierno que tenía solamente dos fines: sobrevivir y que todo siguiera igual.

Todas sus acciones se han encaminado a esos dos objetivos. Y a fe que lo han logrado. Y los socios que se lo han permitido. PP y ASG, son corresponsables de esta situación.

Una democracia que dedica más tiempo a celebrar y conmemorar sus leyes que a cumplirlas, es una democracia enferma. Enferma de cinismo.

Si tanto les gusta el nuevo Estatuto, dedíquense a cumplirlo. Y a respetar el Parlamento.

Porque la democracia es algo demasiado serio como para tomársela a la ligera.

Año tras año, con independencia de que cogobernaran con el PSOE o con el PP, han elaborado unos Presupuestos que no han reactivado la economía, con lo que difícilmente podrían resolver, como de hecho no ha sucedido, el drama de la pobreza y exclusión social que existe en Canarias.

Desde 2015, el Gobierno que preside Clavijo no ha apostado nunca por el desarrollo de energías renovables, por la investigación y el desarrollo, por la inversión en educación, o por el sector primario.

Eso sí, no se les puede negar que han sido buenísimos a la hora de mostrar los Presupuestos, imitando a vulgares vendedores de crecepelo mágico, como los mejores de la reciente historia de Canarias, como los que más han pensado en las canarias y los canarios.

Falso. La realidad que los mal llamados nacionalistas quieren tapar con su propaganda que en esa tierra a la que dicen defender no hace más que crecer paro y que la población canaria que está en riesgo de pobreza ya se sitúa en el 40%.

La muestra más palpable de sus mentiras electoralistas se cincela en su aseveración de que con los Presupuestos para 2019 estábamos más cerca de lograr el objetivo de invertir el 5% del PIB en Educación.

Una falacia más, pues los 53 millones de euros que aumenta la partida para políticas educativas respecto al año anterior representa un crecimiento de, exactamente, 0,03 puntos. Esto nos sitúa en el 3,6% del PIB, muy lejos de la senda necesaria para llegar al objetivo del 5%.

A ese ritmo de crecimiento tardaríamos exactamente 49 años en llegar al 5% mientras que la Ley Canaria de Educación establece que deberíamos llegar en tres años.

No es nada nuevo que los nacionalistas engañen. Tampoco que incumplan de forma reiterada las propias leyes canarias.

Pero los canarios y las canarias ya no nos dejamos tomar el pelo. Por mucho discurso falsamente progresista y de defensa de las Islas con el que intenten disfrazar su ideología neoliberal.

El modelo que defiende CC es dejar Canarias tal y como está, con más de un 20% de paro, más de un 40% de pobreza, los peores servicios públicos del Estado y renunciando a redistribuir algo de la riqueza que en Canarias genera el turismo para resolver los graves problemas que tiene nuestra tierra.

Llevan tres décadas sentados en los bancos azules y sobreviviendo gracias a sus políticas clientelares e insularistas. Por eso no cambian, porque a ellos les va bien aunque la ciudadanía esté instalada en una sempiterna precariedad social y económica.

El Gobierno vende unos Presupuestos expansivos e históricos cuando, realmente, son una oportunidad perdida. Mientras el mundo avanza, el gabinete del presidente Clavijo se ha quedado paralizado, provocando con ello que se agranden las brechas que tanto rompen a esta tierra y que tanto alejan a las Islas de Europa y del resto de España.

Y en este contexto, venden una nueva falacia pre electoral: la bajada general del que la mayoría de la gente ni la va a notar.

Sin embargo, si repercutirá a las arcas de la Comunidad Autónoma, que dejarán de ingresar 150 millones, que estando como estamos, resulta cuanto menos una decisión irresponsable.

Una vez más, su publicidad electoral nos sale cara a todos y todas.

Es irresponsable hablar de bajada de impuestos cuando ya tenemos la fiscalidad más baja de todo el Estado y, sin embargo, tenemos algunos de los servicios públicos peores de todo el país.

Como también lo es incrementar las partidas para Sanidad menos de lo que sube todo el Presupuesto en su conjunto. Solo un 2'6% más para Sanidad, cuando las Cuentas crecen un 6'6%.

Así, no solo no se resuelven los graves problemas que tiene nuestra sanidad pública sino que se incide en la política de apoyo a las derivaciones al negocio privado.

Priorizar esta política es una estafa a los contribuyentes, pues Clavijo sigue sometiendo los recursos públicos a los precios e intereses del mercado, algo que resulta incompatible con el concepto de sanidad pública y universal.

Es el triunfo de los empresarios que han crecido mercadeando con listas de espera y conciertos ilegales, de quienes colocan a sus hombres y mujeres de paja al frente de la Consejería, garantizando que Coalición Canaria sea una agencia de representación y su plataforma de negocios sanitarios.

El presidente y su consejera de Hacienda ya no engañan a nadie. Forman un tándem neoliberal que prefiere beneficiar más al que más tiene y menos al que menos tiene.

Un equipo que vende bajadas de impuestos lineales y no redistributivas, como la ya comentada del IGIC o la de la tarifa de la luz, que a una familia normal le supondrá un ahorro de un euro al mes, mientras a grandes empresas y hoteleras le supondrá un importante descuento.

Hay muchos más ejemplos, como la ínfima cuantía asignada a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) pese a que las situaciones de pobreza, marginación y exclusión social deberían ser objeto de atención preferente por parte de las administraciones públicas canarias.

Podemos Canarias lleva cuatro años proponiendo sin éxito una renta social que, a diferencia de la actual PCI, se caracteriza como un derecho subjetivo no condicionado y complementario a las rentas del trabajo y a las pensiones no contributivas y sin otro límite temporal que la desaparición de las circunstancias de pobreza y exclusión social.

Dije en el Parlamento, cuando se presentaron los Presupuestos para 2019, que eran una Cuentas tristes.

Lo reitero, porque es triste ver cómo un año más han renunciado a la principal herramienta que tienen para revertir la situación económica y social de Canarias.

Es triste ver como no han entendido nada y que a pesar de que la realidad les abofetee la cara con las cifras, continúan mirando hacia otro lado, aplicando las mismas fórmulas que nos han traído a esta desesperada situación.

Ni ustedes se merecen a Canarias, ni Canarias se merece que CC la gobierne.

Deseamos que estos sean los últimos Presupuestos que los nacionalistas tengan que elaborar y que en mayo las urnas los saquen de los sillones azules.

Para que CC se pare y sea Canarias la que, por fin, avance.

Fernando Clavijo y su gobierno parecieran afectados por este y otros trastornos. Nos invade la sensación, en demasiadas ocasiones, de que nuestro presidente tiene problemas de ubicación, espacio, tiempo y, en general, de percepción de la realidad.

En primer lugar, cuando vemos cómo ignora por completo los problemas reales que padece una gran mayoría de gente de Canarias. Hace casi un año conocimos el dato de la vergüenza: la tasa Arope que indicaba que el 44'6% de la población canaria vive en riesgo de pobreza y exclusión social. La respuesta de nuestro presidente en un pleno monotemático sobre el tema fue sorprendente: discutir los datos, no el problema.

Lo mismo ocurrió cuando le preguntamos en sede parlamentaria (esa en la que, por cierto, cada vez pasa menos tiempo, apenas una hora cada 15 días) por el dato de que Canarias era una de las regiones de Europa donde había mayor preocupación por los casos de corrupción y enchufismo. Su respuesta fue por la misma línea: discutir el estudio en que se basaba la información.

Pero, sin duda, lo más hilarante de estos últimos meses de legislatura fue cuando le preguntamos por la corrupción y nos respondió con el ya famoso “la corrupción en Canarias es inexistente”. Lo dicho, el problema en la percepción de la realidad es más que preocupante.

La desubicación se manifiesta en hechos sorprendentes, como que nuestro presidente ejerza en ocasiones funciones de ministro de Defensa (visitando tropas españolas en el extranjero) o de cortesano (acompañando a los Reyes en sus viajes por Estados Unidos), o incluso de comercial de grandes hoteleras, visitando toda feria de turismo habida y por haber.

Pareciera que no comprendiera que sus funciones fundamentales no son las representativas (que también), sino las ejecutivas.

Dice la Constitución española que el Rey tiene solo funciones representativas, que “reina, pero no gobierna”. Pareciera que en Canarias, más que presidente tenemos otro Rey: aparenta, pero no gobierna. Su última función este verano es una de las más preocupantes: hacer de lobbista de grandes multinacionales de los videojuegos. Su defensa exacerbada de los e-sports da mucho que pensar. Y para mal.

El trastorno de desrealidad es grave también cuando la mente de nuestro gobernante se imagina que hace cosas que en realidad no hace. Eso ocurre sobre todo con la inversión en investigación y desarrollo, que baja en los presupuestos y sube en su imaginación. O también con la apuesta por las energías renovables: en la realidad se apuesta por el gas, en su mente apostamos por las energías limpias. Grave, muy grave.

En resumen, y hay un dato claro por encima de todos que demuestra la realidad del Gobierno de Canarias: llevan más de 3 años y solo han sacado adelante una ley de calado: la del suelo. El resto: humo, reuniones y fotos.

Ante esto, no hay mejor terapia de choque para la desrealidad de un gobernante, que las urnas.

2019 es un año clave para Canarias. Nos jugamos seguir en la parálisis o movernos hacia algún lado. O seguir igual o cambiar. Seguir la senda de otros lugares, como Castilla-La Mancha (donde, con un gobierno PSOE-Podemos se ha podido sacar adelante una Renta Mínima Garantizada) o como Baleares (donde se aprobó una ecotasa de gran éxito, que ha permitido repercutir el beneficio del turismo en la población).

Pero toda mejora pasa por un punto clave: Coalición Canaria no puede seguir gobernando esta tierra. Han sido un palo en la rueda que no ha permitido avanzar a Canarias.

Ya han tenido demasiadas oportunidades y el resultado ha sido nefasto. Tienen que salir del gobierno.

Y para que eso ocurra, lo hemos dicho y lo diremos por activa y por pasiva: hace falta un Podemos Canarias fuerte. Porque somos la única garantía de que haya un gobierno de coalición sin Coalición.

Otros partidos parece que sufren de otro tipo de trastorno: el síndrome de Estocolmo. A pesar lo mal que les ha ido, insisten en querer seguir gobernando con Coalición.

Esperamos que las urnas les dejen claro que el cambio en Canarias no solo es necesario: es imparable.

El modelo actual de Canarias, construido durante los últimos 30 años, ha fracasado. Con todas las letras.

Los datos los conocemos de sobra. Los más sangrantes: el 44'6% de gente en riesgo de pobreza, condenados a más de un 20% de paro estructural y con unos servicios públicos a la cola de toda España, igual que en precariedad y salarios. Eso sí, estamos siempre en los primeros puestos como uno de los lugares con más corrupción de todo el Estado.

Y esto, lógicamente, tiene responsables directos, y son quienes nos han gobernado durante este tiempo. A veces, pareciera que nos quieren convencer de que todo lo que nos pasa es causa de una maldición divina, como si al repartir las cartas del tarot nos hubiera salido la del ahorcado.

Y no, estamos como estamos por culpa de quienes nos han gobernado este tiempo, no solo en Canarias, también en el Estado. Y hay que cambiarlos, y exigir más responsabilidades a nuestros gobernantes.

Pero no hay que olvidar algo que está más de actualidad que nunca: nuestro sistema político tiene un fallo de origen provocado por el sistema electoral más injusto y desproporcional de toda Europa. Un sistema que alienta este insularismo del que somos víctimas, y que provoca desajustes tan graves como que un partido con 5.000 votos tenga como rehén a todo un Gobierno.

Un sistema electoral que nació, supuestamente, para compensar a las islas no capitalinas por su situación, y que 30 años después solo ha conseguido que precisamente estas islas sigan siendo las que viven en mayor situación de pobreza, y cada vez más aisladas.

Vivimos en una situación de excepcionalidad que intentan vendernos como normal. Se tapa con institucionalidad la precariedad, y nos alimentamos de debates estériles para no hablar de los graves problemas que afectan a nuestra población.

La solución pasa por un cambio de sistema electoral como primer paso para construir esta nueva Canarias, que entienda nuestra tierra como una sola, algo que debe hacernos más fuertes.

Queremos una identidad archipielágica, alejada del rancio insularimo. Canarias como pueblo cohesionado, Canarias como nación.

Porque las soluciones pasan, también, por un nuevo modelo de Estado que le de otro encaje territorial a nuestra tierra. Uno que aumente la soberanía, para que podamos gestionar nuestros recursos sin tener que andar mendigando en Madrid, en cada Presupuesto General del Estado, para reclamar los que nos corresponde por derecho (la propia Constitución habla de que se debe reconocer especialmente el hecho insular).

Nosotras creemos en Podemos Canarias como herramienta clave para lograr estas reformas.

El modelo territorial de nuestro partido es claro: “un país de países”.

Y reivindicamos nuestra patria canaria como uno de esos países. Sin miedo a la soberanía como pieza esencial que construya nuestra futuro. Un futuro mejor, más justo y solidario.

Ya sabemos lo que no ha funcionado durante 30 años: el modelo actual. Y quedarse sin hacer nada, disimulando y pactando hasta que la situación reviente, no va a solucionar los graves problemas que tiene nuestra tierra.

Hacen falta reformas de calado, ambiciosas, que respondan al hambre de futuro que tiene nuestra ciudadanía. Nos lo debemos.

Y para acabar, nada mejor que una frase de Nicolás Estévanez: “si algún día desaparecieran las fronteras y las nacionalidades, sólo entonces dejaríamos de ser españoles, pero ni aún entonces dejaríamos de ser canarios.”

“Da tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo. Solo da el primer paso. El resto irá apareciendo a medida que camines.” Martin Luther King.

Cuando entramos al Parlamento de Canarias, hace ya 3 años, éramos conscientes de que una de nuestras prioridades debía ser cambiar el perverso sistema electoral que tiene nuestra tierra.

Trabajar para tener un sistema más justo, más solidario y más democrático.

Uno que represente mejor la voluntad del pueblo canario en las urnas.

Un sistema que no permita que alguien con 5.000 votos pueda secuestrar las decisiones que se toman en este Parlamento, mientras que una fuerza política apoyada con 50.000 votos de ciudadanas y ciudadanos se quede fuera de la Cámara.

Un sistema en el que algunos votos no valgan 17 veces más que otros.

La gente nos lo demandaba.

Lo vimos en las calles, en las numerosas movilizaciones que se dieron hace tres años. Especialmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Nosotras recogimos el guante, siguiendo el mandato de la ciudadanía. Lo hemos peleado en las instituciones, en los medios y en la calle.

Empezamos la Legislatura abriendo una comisión sobre la reforma del sistema electoral.

Sabíamos que era una necesidad, por eso la Comisión salió adelante con el apoyo mayoritario de todos los grupos (salvo la abstención de la Agrupación Socialista Gomera, el partido gran beneficiado de este sistema en las pasadas elecciones).

Todas las formaciones parlamentarias partíamos de posiciones muy diferentes, desencontradas, y muy alejados los unos de los otros.

A pesar de ello, todos hemos trabajado durante estos tres años para esa reforma, conscientes de la responsabilidad política que cargábamos sobre nuestros hombros.

Es evidente que Podemos tenía las más altas pretensiones, con un fin muy claro: una persona, un voto. Un empeño del que no desistimos, ni desistiremos, en ningún momento.

Pero desde el primer día, y para cualquiera que sepa sumar, resultaba obvio que con la fragmentación actual del Parlamento de Canarias todos debíamos ceder para lograr que en 2019 tuviéramos un sistema electoral más justo. Las cuentas eran claras.

Nos encantaría que Podemos tuviera una mayoría suficiente que nos permitiera sacar adelante nuestra propuesta inicial: 2 diputados/as por cada isla en circunscripción insular, y el resto elegidos en una lista regional.

También nos hubiera encantado que la reforma del sistema electoral se hubiera hecho en Canarias, a través del desarrollo de una Ley electoral canaria. Pero hacían falta 40 votos, de 60, para poder impulsarlo.

Las cuentas son claras.

Gracias a la apertura de la Comisión sobre la reforma del sistema electoral pudimos escuchar a los partidos que habían sido afectados por el sistema, a la sociedad civil organizada (mención especial y nuestra gratitud para el oro civil de Demócratas por el Cambio) y también escuchamos a muchos expertos, con puntos de vista e ideologías diversas.

Todas estas voces que visitaron la Comisión coincidían en sus conclusiones: hay que avanzar hacia más democracia en nuestra tierra. El actual sistema no funciona.

Pasada esa fase, y sabiendo que si permanecíamos en posicionamientos inmovilistas no habría reforma, abrimos una ponencia para buscar acuerdos y consensos que permitieran puntos de encuentro entre las distintas fuerzas políticas.

El primer objetivo era que tuviera el apoyo unánime de los grupos presentes en el Parlamento de Canarias, y que no hiciese falta llegar hasta el Congreso de los Diputados en Madrid.

Eso queríamos: que se decidiera en nuestra tierra.

Sin embargo, hubo quien se negó taxativamente a buscar consensos, y que ahora que no se quejen si esquivamos sus obstáculos en el Congreso de los Diputados. Los mismos que no les importó usar cuando hace más de una década elevaron las barreras electorales en Madrid.

No hay otra. O consensos, o nada. Y quien se niegue a aceptar a los consensos, quizás está incapacitado para hacer política.

Nuestro grupo se sumó al acuerdo tras realizar una consulta en la que participaron más de 2000 personas (la primera de este tipo que se hace en toda Canarias), también nuestros órganos internos, Consejo de Coordinación y Consejo Autonómico, se manifestaron favorables a llegar a consensos.

Por desgracia, la reforma en Canarias no ha sido posible, pues chocamos con una dura realidad: dos de los grupos se niegan a la reforma que planteamos en el dictamen. Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera dicen que no. Casualmente, los dos partidos más favorecidos por el sistema electoral actual.

Hemos acordado una reforma que supone disminuir las barreras y aumentar 10 diputados (posibilidad contemplada en el actual Estatuto de Autonomía), elegidos en una lista regional.

Sabemos que esta puede ser una medida impopular y por eso viene acompañada de un mandato: que no suponga ningún coste extra para la ciudadanía.

Poner como excusa que esta reforma se rechaza porque hace más cara nuestra democracia es un argumento espurio, falso y demagógico. En el dictamen final se asegura que la reforma no supondrá mayor coste para las arcas del Parlamento. Así que esta es una excusa propia de quien quiere que nada cambie.

Y ese aumento de diputados/as sin coste se lograría de cuatro formas:

1.- Reformulando las asignaciones que recibimos en concepto de dietas y/o asistencias, así como los complementos derivados del cargo (por presidir una Comisión, ser Portavoz o Presidente, miembros de la mesa, etc.)

2.- Bajando las asignaciones que perciben los Grupos Parlamentarios.

3.- Disminuyendo la cantidad de diputados/as que asisten a las comisiones, y el transporte que supone (amén de las dietas que reciben).

4.- Utilizar las nuevas tecnologías de videoconferencia para asistencia a reuniones, como se hace en otros parlamentos de España o incluso en la Mesa y Junta de Portavoces.

Miren, si entramos en el juego de que la democracia es cara, ¿díganme los que piensan así cuantos diputados/as creen que son necesarios: 40, 20, 10?

Porque por esa regla de tres, hagamos una dictadura donde mande uno solo, que así saldría más barato que tener un Parlamento con diputados y diputadas.

A lo mejor hay quien estaría más cómodo con ese sistema.

El futuro de Canarias se juega en este tablero. Salir del caciquismo que algunos han utilizado en favor propio, para construir un Archipiélago más vertebrado. Para eso necesitamos un sistema electoral que represente mejor a los canarios y canarias.

Con el cierre de esta comisión, y el veto que hemos encontrado, se vuelve a demostrar una cosa: Coalición Canaria es un problema para la democracia de este país y la democracia de esta tierra.

Cuando un partido pone por delante sus intereses, y su vocación de permanencia en el poder, por encima de los intereses de la ciudadanía: ese partido es un grave problema. Y eso pasa con Coalición Canaria.

A pesar de estos esfuerzos por alcanzar consensos en Canarias, la reforma del sistema electoral se dilucidará en Madrid, dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía.

Allí, estoy segura de que nuestros diputados y diputadas de Podemos pelearán de nuevo por una reforma más ambiciosa, y que trabajarán por lograr consensos que logren al menos algo: que no nos quedemos en la nada.

Asumamos la realidad. Si no cambiamos algo este año, no vamos a cambiar nada nunca. Es imposible cambiar el sistema electoral, como a muchos demócratas nos gustaría, si no damos un primer paso, que aunque parezca insuficiente ya es algo.

O esto, o nada.

Y yo, perdonen que les diga, pero en el bando de la nada, el bando de los que quieren que nada cambie, allí donde están Coalición Canaria y el señor Curbelo, que no cuenten conmigo.

Abrir mis redes sociales y que alguien decida que enviarme mensajes guarros o fotos con el miembro al aire me resultará algo agradable. O que un periodista confiese off the record que su objetivo en una entrevista en televisión era hacerme llorar.

Estas frases, comportamientos y comentarios los he sufrido y padecido durante estos casi tres años que llevo compatibilizando ser mujer, primero; y después candidata a la Presidencia de Canarias, después portavoz parlamentaria y secretaria general, joven, de Podemos, ¡y además rubia! Tremendo pecado el mío. Y las he sufrido de gente de derechas y gente de izquierdas. De otros partidos, y también del mío. Y las he sufrido de hombres y también de mujeres, lo que es peor. Tenemos un grave problema cuando muchas veces los peores ataques machistas vienen de las propias mujeres.

No soy especial, ni quiero centrar este artículo solo en mí. Lo he hablado, compartido y padecido con compañeras de PSOE, PP, Ciudadanos o Nueva Canarias. De todas las edades. A todas nos ha pasado, de una u otra manera. A nivel local, regional, autonómico o nacional. Ninguna se libra. Allá donde hay una mujer, tiene que escuchar y padecer estas cosas. Y no solo en política, o en profesiones de relevancia mediática. Pasa en todas las esferas. Cajeras de supermercado, conductoras de guaguas, profesoras, médicas, abogadas y obreras. En el año 2018 seguimos teniendo que aguantar que se nos juzgue por nuestro aspecto físico, por lo que llevamos puesto, por nuestro tono de voz, por nuestra edad o por nuestros peinados. Y no por lo que decimos o por lo que hacemos. Insisto, ¡en pleno 2018! A estas alturas de la película y el machismo sigue presente, cada día.

Y cuidado con alzar la voz, porque parece que si encima protestamos por esto, somos nosotras las malas. Si feminizamos el lenguaje, mal. Si acusamos a un hombre de machista, estamos politizando la causa. Hagamos lo que hagamos, mal. Somos unas femininazis.

Y no. Ya está bien. Hay que tener tolerancia cero con el machismo. Porque, digámoslo bien claro, y citando la frase de Benoite Groult: “El feminismo nunca ha matado a nadie, el machismo mata cada día”. En concreto, una media de 60 mujeres al año en España. 60 mujeres asesinadas. ¿Y saben cuantas denuncias se hacen en España cada mes por violencia machista? Más de 10.000, que se dice pronto. A eso añádanle las que no se atreven a denunciar.

Y las violaciones. Cada año unas 1.200. Cien al mes. Una violación cada 8 horas. Tres mujeres cada día obligadas a tener sexo sin quererlo. Una de las peores violencias que se pueden sufrir.

Y todavía, de vez en cuando, se escuchan comentarios del tipo “es que, claro, iba provocando”, “con esa ropa que llevaba, y caminando sola por la noche”.

Cuando a un tipo le roban sacando dinero en un banco, nadie comenta después “es que, claro, a quién se le ocurre, llevaba un reloj muy caro, iba provocando”. Pero si la agresión la sufre una mujer, entonces sí. Se analiza su vestuario y su comportamiento.

En 2017 vimos un ejemplo que a mí, personalmente, me dio mucho asco. Todo el juicio público a la chica violada por La manada en los Sanfermines. Un caso que es el ejemplo perfecto de la sociedad machista que tenemos. Aquel comentario de “es que rehízo su vida muy pronto” demuestra lo que somos y lo que tenemos que cambiar.

Insisto en esta idea: el machismo lo sufrimos todas. Tengamos la profesión que tengamos y seamos de la ideología que seamos. Por eso me enfada especialmente encontrar comentarios y respuestas de mujeres del Partido Popular y de Ciudadanos como las que hemos encontrado últimamente.

Porque yo no quiero que el feminismo sea de izquierdas. Quiero que el feminismo sea algo de todas. Que sea de sentido común. La huelga del 8 de marzo era una ocasión perfecta para que todas las mujeres estuviéramos en el mismo bando. Por desgracia, algunas no lo han entendido. Y creo que se equivocan. Y me duele que se equivoquen. Porque las necesitamos. Necesitamos estar todas juntas. Eso es la sororidad. Porque no podemos seguir tolerando estas cosas. Ejemplos nos sobran, y razones también. Seamos portavoces o portavozas, seamos lo que seamos, todas necesitamos más feminismo.

Cito una frase de una mujer ejemplo: Audre Lorde. Si no la conocen, búsquenla. Por mujeres como ellas, somos. La frase dice “Mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá.” Y el silencio sobre determinadas cosas es cómplice del machismo. Hablemos, gritemos, saltemos. Tolerancia cero ante los comentarios y actitudes machistas. Ni uno más, y ni una menos.

Porque yo no quiero que 2018 sea el año de las mujeres. Quiero que sea nuestro siglo. Y quiero que sea nuestra vida. Porque quiero que estemos vivas. Nos queremos vivas. Y alegres. Y sonrientes. Y con minifaldas o con melfas saharauis, rubias o morenas, o del pelo azul, con los labios pintados de rojo, el pelo corto o largo, que gritemos lo que queramos. Que lo importante es que lo elijamos nosotras, sin que nadie nos lo imponga. Y que no nos juzguen nunca más por cómo vestimos o cómo somos. Que nos juzguen y nos critiquen de la misma forma que se hace con los hombres. Porque con el feminismo lo que queremos es ser iguales. Ni más ni menos. Iguales. Porque nos falta mucho para serlo.

Pero estoy segura de que lo lograremos. Por nuestras abuelas (que tanto ejemplo nos han dado y nos siguen dando, luchando ahora por sus pensiones), por nuestras madres (que han trabajado y trabajan, sacando adelante a sus familias conciliando sus trabajos y sus sueños) y por nuestras hijas y nuestras nietas. Para que se encuentren un mundo más igual que el nuestro. Nos lo debemos todas. Y lo vamos a conseguir.

Por eso, este 8 de marzo llamamos a la huelga feminista. Porque es muy necesaria.

Porque si paramos nosotras, se para el mundo.

Casi dos meses después de esa sesión extraordinaria, no hemos visto ninguna solución ni alternativa desde el Gobierno de Canarias.

Al mismo tiempo que los datos de pobreza y desigualdad aumentan, vemos cómo el turismo crece, tanto en número de turistas como en gasto que realizan.

En esa paradoja vivimos: la pobreza crece en Canarias mientras recibimos más turistas que nunca, que además se gastan cada vez más dinero. Los datos son claros: en 2016 recibimos casi un 13% de turistas más que el año anterior. Unos turistas que, en los primeros meses del 2017 han gastado un 12'6% más que en el año 2016. ¿Dónde está ese 13% más de beneficio? Desde luego, no en nuestros trabajadores y trabajadoras.

Canarias es la sexta región de Europa con más población en riesgo de pobreza y exclusión social. Solo nos superan dos regiones búlgaras y tres rumanas. Supongo que si al presidente le molesta que nos comparemos con Baleares, más debería molestarle que nos comparemos con Bulgaria y Rumanía. Es evidente que hay algo en esta ecuación que no encaja.

Cuando le preguntamos a Fernando Clavijo por los bajos salarios, la excusa que nos lleva poniendo durante toda la legislatura es la misma: el problema es el modelo productivo. El sector servicios soporta la mayor parte del peso de la economía canaria, y en ese sector se cobra poco. Es lo que hay y no hay solución a corto plazo.

Desde el cansancio que provoca escuchar esta excusa, hemos encontrado un ejemplo perfecto para desmontarla: resulta que hay una Comunidad Autónoma que se dedica aún más al turismo que Canarias, casi 10 puntos más de su PIB dependen del turismo, que también tienen el problema de insularidad, que crece más o menos al mismo ritmo que Canarias, y resulta que vemos que los salarios son, aproximadamente, un 20% más alto que en Canarias, y que llegan un acuerdo histórico para renegociar los convenios colectivos de Turismo y que suban los salarios un 17% en los próximos 4 años: se trata de Baleares.

No solo es que ya ganen bastante más que las canarias y los canarios, si no que la brecha se va a hacer más grande en los próximos años.

El presidente dice que es que, claro, en Baleares vive menos gente que en Canarias. ¡Claro que sí! Y aún así, aceptando su excusa: ¿Justifica esto tal diferencia de salarios entre dos territorios de un mismo país que se dedican a lo mismo?

Se le olvida mencionar que ellos tienen una competencia de otros territorios del Mediterráneo que nosotros no tenemos, o que allí reciben muchos más trabajadores de temporada de la Península que aquí, o que nosotros tenemos un millón de visitantes más al año.

Solo encontramos una diferencia muy clara respecto a Baleares: allí ha habido un Gobierno que ha querido ayudar a sus trabajadores y aquí tenemos uno cuyos hechos demuestran, o mejor dicho, la ausencia de ellos, que tiene como prioridad que los empresarios ganen más.

Un Gobierno responsable entendería que un aumento de los salarios repercutiría también en una mejora de toda la economía de Canarias.

El hecho de que todo este volumen de asalariados, de trabajadores y trabajadoras del sector servicios, vea incrementadas sus retribuciones supondría un enorme crecimiento del consumo interno, con el correspondiente beneficio para el conjunto de la economía canaria. Por esta vía podríamos crear aún más puestos de trabajo, más que necesarios en nuestra tierra.

Existen posibilidades, y existen soluciones, pero para eso hay que tener voluntad política de plantearlas. Ha llegado la hora de trasladar el crecimiento del PIB a la masa salarial, como algo básico para poder hablar de crecimiento real y redistribuitivo.

Es posible. Ya se está haciendo en algunos hoteles de Gran Canaria, donde se aplica la economía del bien común, los trabajadores están bien pagados, y con condiciones dignas, y además los empresarios tienen beneficios.

Es por eso que esta semana presentamos en el Parlamento una Proposición No de Ley para que el presidente de Canarias realice una mediación activa para renegociar los convenios colectivos del sector turístico con el fin de que se suban los salarios.

Sí, exactamente como se ha hecho en Baleares.

La propuesta fue aprobada por unanimidad, incluida Coalición Canaria.

Estaremos vigilantes para que se cumple el mandato de la cámara que representa al pueblo de Canarias.

Desde luego, como no se va a arreglar la terrible situación por la que atraviesa Canarias es siguiendo sin hacer nada porque, recordando lo que dice un viejo proverbio chino: “Quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra una excusa”.

Como decimos, todo esto forma parte del declive del Régimen del 78. Un sistema creado en plena transición democrática que ha quedado ya muy obsoleto porque no ha evolucionado al mismo ritmo que lo ha hecho la sociedad española.

Fruto de ese Régimen del 78 es la actual concepción del modelo territorial del Estado. El sistema autonómico nace en ese momento, y si el Régimen está caduco, muchos de los conceptos, procesos y herramientas también lo están. Es el caso, por ejemplo, del sistema electoral canario, que nació como una forma de garantizar la representatividad de los habitantes de las islas menos pobladas y ha acabado siendo un sistema perverso, injusto y totalmente antidemocrático.

Es un sistema creado por las élites canarias que ha permitido perpetuarse en el poder a un partido que lleva una década siendo el tercer partido más votado, y sin embargo, el primero en número de escaños.

Me imagino las risas en determinados despachos de Canarias en los últimos procesos y campañas electorales, donde seguro que alguien cita a Frank Underwood, el protagonista de 'Hourse of Cards', diciendo “la democracia está sobrevalorada”.

Y es que precisamente este déficit democrático que sufrimos en Canarias provoca lo que podemos llamar un efecto de bola de nieve de deslegitimidad. Es decir, provoca que tengamos un Parlamento poco representativo, donde los más votados tienen menos número de escaños, permitiendo así que una minoría termine tomando decisiones a favor sólo de unos cuantos privilegiados, sin tener en cuenta a la gran mayoría social de Canarias. Y todo eso, amparándose en la excusa de que las islas menos pobladas deben estar lo suficientemente representadas en la Cámara autonómica.

Sin embargo, los ideólogos y defensores de este sistema profundamente antidemocrático obvian que la isla donde mayor pobreza hay es la que tiene mayor representación en el sistema electoral. Estamos convencidos de que los habitantes de El Hierro o La Gomera quieren una igualdad real que se manifieste donde debe hacerse: en el reparto de los presupuestos, en infraestructuras, en políticas sociales y de bienestar, y no en un reparto del voto injusto, que permite a caciques perpetuarse en sus poltronas, y que no ha servido para equiparse a las islas capitalinas.

Pero es más, estos 33 años con este sistema solo han servido para que ocupemos el último lugar en empleo, desarrollo y servicios sociales de España y de toda la Unión Europea. Y el primero en pobreza. La desproporción, por tanto, lleva a una desproporción de todas las decisiones que se toman en el Parlamento, que se manifiesta en la propia evolución del actual Gobierno de Canarias, que ya no necesita ni disimular. El señor Clavijo fue puesto ahí por unas élites que sólo tienen un objetivo claro, enriquecerse aún más a costa de todas y todos los canarios, y como muestra, la Ley del Suelo neoliberal y salvaje, redactada a medida de los grandes empresarios y que entrega nuestro bien más preciado, el territorio canario, a la especulación. Clavijo no necesita disimular ni tiene ningún complejo. De hecho, es capaz de presumir de nuestros bajos salarios y de la precariedad laboral que sufrimos como un elemento diferenciador respecto a otros lugares. Nuestra vergüenza, su orgullo.

Todo esto demuestra que el Régimen del 78, que el sistema electoral canario, han propiciado que suframos un expolio, que el Gobierno de las élites utilice los instrumentos y sus recursos de la Administración autonómica para enriquecerse impunemente.

Por tanto, el mantenimiento de este sistema electoral solo tiene una explicación, perpetuar en el poder a un partido afín a los intereses de unos pocos, que sea cual sea el resultado, siempre gobierna. Y esto tiene un nombre: se trata de un pucherazo. Un pucherazo legal, pero nunca legítimo.

Desde Podemos no nos vamos a conformar con ponerle parches a un sistema que hace aguas por todos lados. Reclamamos una reforma auténtica y profunda.

Es importante que entre todos y todas hagamos pedagogía con la gente, que llevemos este debate a la calle, que todo el mundo sea consciente del antidemocrático sistema electoral que sufrimos en Canarias. Pedimos una Ley Electoral Proporcional. Para que el sistema electoral injusto no siga generando un país injusto.

Más allá de la fecha en la que se celebre, el Día de Canarias tendría que ser un día de celebración. Una efeméride en la que la ciudadanía canaria sintiera orgullo de lo que somos, de lo que fuimos, de lo que seremos y de lo que nos queda por construir.

Pero por desgracia, no es así. Gracias a la frivolidad de CC y del señor Clavijo, este día se convierte una vez más en una celebración de la clase política más que en una celebración del pueblo.

Nosotros creemos que la patria no se construye agitando banderas, sino que se construye haciendo un país del que sentirnos orgullosos. Un país donde nadie se quede atrás. Parece justo lo contrario de lo que entienden quienes han gobernado y gobiernan esta tierra, desde hace tiempo.

No podemos celebrar el Día de Canarias mientras miles de jóvenes tienen que emigrar en un exilio forzado, porque aquí no tienen posibilidad de encontrar un trabajo digno.

No podemos celebrar el Día de Canarias mientras las listas de espera en la Sanidad superan los 160 días para operarse.

No podemos celebrar con orgullo el Día de Canarias cuando somos el lugar de España con los salarios más bajos y las jornadas laborales más largas.

No podemos celebrar nada cuando 1 de cada 3 canarios está en riesgo de exclusión social, y cuando nos avergonzamos de tener la tasa más alta de pobreza infantil.

Clavijo y sus socios nos acusarán de demagogia. Pero ni siquiera vamos a entrar en el ya manido debate sobre si gastarse 450.000 euros en una gala está bien o mal.

Pero no vamos a callarnos a la hora de decir que esta celebración debería ser por y para el pueblo. Porque la Canarias de la que a Podemos le gustaría presumir no es una que se parezca a sus políticos, es una Canarias que se parece a su gente.

La Canarias que a nosotras nos gustaría celebrar es una Canarias que esté orgullosa de sí misma, un Archipiélago inclusivo, donde quepamos todos y todas, unas Islas más justas y más iguales, donde nadie se quede atrás, unas Islas donde el trabajo sea digno, y donde se persiga la corrupción. Y una Canarias con unos servicios públicos, una sanidad y una educación de la que sentirnos orgullosos.

No nos parece coherente que un presidente de Canarias, con un discurso nacionalista, celebre el Día de Canarias después de apoyar a un gobierno como el de Mariano Rajoy, que es el gobierno que más ha maltratado a Canarias en la democracia.

Llamarse nacionalista y apoyar gobiernos del Partido Popular es como ser pacifista y tener un arma en casa. Hipocresía electoralista envuelta en banderas de usar y tirar. La misma que ha exhibido estos días Nueva Canarias, que con su voto favorable a los Presupuestos Generales avalará, a cambio de migajas, los recortes y la corrupción del PP. Ojalá, tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias, fueran tan nacionalistas en Madrid negociando presupuestos como lo son en las campañas electorales.

La dignidad de nuestro pueblo no cabe en auditorios lujosos para galas retransmitidas por la televisión de todas y todos. La dignidad de nuestro pueblo se demostró en las calles, cuando dijimos NO a las prospecciones o cuando gritamos NO a la OTAN, y en otras muchas ocasiones.

Canarias la construye la gente que trabaja en los hospitales, cada vez con menos medios y más trabajo. Canarias la construyen nuestros maestros y maestras. La gente que trabaja en el campo, acostumbrados a ver pasar las ayudas de largo. Las Kellys, dejándose su salud limpiando habitaciones de hotel con unas condiciones laborales cada vez peores. Nuestros abuelos y abuelas, que lucharon por construir un Estado del Bienestar al que cada día le queda peor la palabra “bienestar”. Y por supuesto, nuestros jóvenes que tuvieron que marcharse un día para buscar un futuro mejor. Los que están lejos construyen mucho mejor Canarias que algunos de los políticos que tenemos aquí cerca.

Esta Canarias no la queremos. Se la devolvemos. Nuestra Canarias está en la calle, donde está la gente.

Feliz día a toda la gente que de verdad construye Canarias.

Y sonrían, que ya les queda poco.

Después de esto me pregunto si Clavijo sabe contar y sumar bien. 18 diputados de 60 no supone ser mayoría. 21, si contamos con el apoyo incondicional de los gomeros, tampoco lo es. Puede que Clavijo viva en una realidad paralela, es la única explicación que encuentro para poder entenderlo. También con esa explicación de la realidad paralela puedo comprender que el presidente del Gobierno venga al Parlamento de Canarias en el Debate de Estado de la Nacionalidad Canaria y haga “como si no pasara nada”. Se subió a la tribuna y se olvidó de que gobierna en una tierra que tiene un 28,5 por ciento de personas en situación de pobreza. 58.000 hogares que no reciben ningún tipo de ingresos. Hay 274.000 canarios y canarias en paro. 37.000 de ellos jóvenes. 40.000 con más de 55 años.

Pasó de puntillas por el desastre sanitario. Hizo “como si no pasara nada” ante las más de 100.000 personas que desesperan en las listas de espera. No atendió a los 187 días que hay que esperar para ser operados. Ni siquiera pensó en el caos de las urgencias en nuestros centros hospitalarios. Nada.

Una cosa sí que tengo que reconocerle a Clavijo, y es que es un “visionario”. Es capaz de llegar y prometer programas y planes que ya ha presentado, que ha anunciado varias veces, que ya están recogidos en nuestras leyes, y plantearlos a 15 años vista. En 2032, allá cuando los coches vuelen, en Canarias todos los colegios se habrán acogido de manera voluntaria a un programa bilingüe, y así todos nuestros niños y niñas en 2045 serán capaces de hablar y atender correctamente a los “giris”. Mientras esto llega, “aquí no pasa nada”. Mientras nos hacemos bilingües o plurilingües, podemos permitimos el lujo de tener una legislatura perdida con un gobierno fallido que está claro que ni tiene programa ni apoyos parlamentarios.

Una legislatura perdida que es responsabilidad también del Partido Socialista. Responsables por poner a un presidente fallido; responsables de lo poco que ha hecho este gobierno; responsables del desmantelamiento de nuestros servicios básicos; responsables de toda la nada. Y a pesar de ello, en un alarde de cinismo desmedido, se presenta Patricia Hernández ante el Parlamento y se echa las manos a la cabeza. No le escuchamos clamar contra los problemas sanitarios cuando estaba en el gobierno, tampoco le oímos hacer una defensa de lo público, ni de nuestro territorio, ni del patrimonio, ni de las energías alternativas. Nada. Callaron entonces, hace tan sólo unos meses, y ahora gritan contra lo que ellos hicieron y permitieron. Así no. Hay que tener un poco más de coherencia y menos cinismo.

En Podemos no cambiamos de discurso, aunque a algunos les pese. En Podemos somos fieles a nuestros principios y defendemos ahora lo mismo que antes, defendemos nuestra sanidad y educación públicas, dotadas con medios y personal suficientes; defendemos una red de servicios sociales que no deje a nadie atrás; defendemos proteger y salvaguardar lo más preciado que tiene Canarias: nuestro territorio; defendemos a nuestro sector primario; defendemos la diversificación de la económica; defendemos dejar de depender exclusivamente de las energías fósiles y apostar por renovables; defendemos a nuestros trabajadores y trabajadoras; defendemos la pluridad, la regeneración democrática… En definitiva, defendemos lo público y a nuestra gente.

Por eso, es un orgullo decir que el modelo que plantea Podemos es un modelo totalmente opuesto al de Coalición Canaria y al del presidente Clavijo. Por eso, no tenemos problema en decirle que gobierna para los grandes empresarios, que hace negocio con nuestros servicios esenciales y que vende nuestro suelo. Porque nosotros, los de Podemos, no facilitamos que nadie se lucre con lo que es de todos.

Y aunque no le guste al presidente, aunque se ofenda, Podemos va a seguir diciéndolo. No nos va a callar. Podemos está aquí para seguir haciendo de espejo de la madrastra de Blanca Nieves. Estamos aquí para defender, como diría Galeano, a los “nadie”.

Acuérdese, señor Clavijo, que aunque no haga nada, los “nadie” tendrán memoria en 2019.

Un truco que utilizó Rajoy para volver a ser presidente. Usó como herramienta de presión el argumento de que había que apoyar su investidura porque teníamos que cumplir con los compromisos adquiridos con Europa y aprobar los presupuestos de 2017 porque, de lo contrario, llegaría el caos, el colapso y, si nos descuidamos, hasta la destrucción del Estado de Derecho tal y como lo conocemos.

Este mismo argumento utilizó el PSOE para explicar su paso del NO es NO a su subordinación al Partido Popular. Es decir, que esa supuesta emergencia no fue más que una maniobra de supervivencia del bipartidismo, lo que demuestra su falta de responsabilidad y de sentido de Estado.

Y es una maniobra o artimaña porque una vez instalado Rajoy en la Moncloa, las prisas y la urgencia por aprobar los presupuestos se han esfumado por arte de magia. Parece que basta con prorrogarlos.

Sin embargo, se olvida el PP y el PSOE, y por supuesto CC, que permitieron que Rajoy volviera a la Moncloa, que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado es extremadamente perjudicial para la economía, para el conjunto de la Administración Pública y obviamente para los trabajadores y trabajadoras, los parados, las jubiladas, los agentes sociales y, en definitiva, para la ciudadanía en general.

La prórroga supone congelar los gastos e ingresos. Es además un serio problema para las Comunidades Autónomas porque limita su capacidad de financiación y porque tampoco pueden garantizar los servicios públicos fundamentales. Esta prórroga deja en el aire los 4.000 millones de financiación extra comprometidos hace unos meses, de los cuales una parte iba a las comunidades a través del FLA o del sistema de financiación autonómica.

Pero es más, no sólo peligra lo extraordinario, sino también las partidas con las que las comunidades ya contaban porque el Gobierno del PP no va adelantar nada, tal y como ya ha dejado claro el ministro Montoro. Ni un anticipo sin la Ley de Presupuestos. Esto es un auténtico CHANTAJE.

La prórroga presupuestaria, además, consolida los recortes que ya aplicó el gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Unos recortes que en Canarias suponen, por poner un ejemplo cuantitativo, paralizar más de 40 obras hidráulicas, y que siguen degradando los servicios públicos esenciales, ya que algunos de ellos no pueden cubrir sus necesidades ni ampliar las plantillas al verse afectados por la tasa de reposición impuesta por el PP el año pasado, y que con la prórroga sigue por tanto vigente.

Por todo ello, volvemos a insistir en que Rajoy no tiene ningún tipo de sentido de Estado, como tampoco lo tienen los socialistas y ni los miembros de Coalición Canaria, porque priman sus propios intereses partidistas a los de la ciudadanía.

Se les acabaron las prisas y la urgencia por sacar adelante los presupuestos, no las tiene ya Rajoy por temor al veto o las concesiones que tenga que hacer en el Congreso de los Diputados. Tampoco las tiene el PSOE, que sigue siendo rehén del PP, y que así sigue ganando tiempo para poder justificar, una vez más, su apoyo a este gobierno, tanto en la investidura como en el debate de los objetivos del déficit y del techo de gasto. Y por supuesto, menos prisa tiene Coalición Canaria que no quiere dar ni un solo paso en falso para no molestar a su socio en la sombra.

Desde Podemos les exigimos a todos responsabilidad. Le pedimos al PP que deje de secuestrar un mecanismo vital para el normal funcionamiento del país, y les recomendamos a PSOE y CC que dejen de ser sus cómplices porque necesitamos unos Presupuestos Generales del Estado que permitan, entre otras cuestiones: cerrar la brecha social generada por la crisis con un Plan de Rescate Urgente; recuperar los niveles de inversión de los servicios públicos previos a los recortes; actualizar indicadores como el IPREM o los suelos de los trabajadores públicos; garantizar un cambio de modelo productivo que permita transitar hacia las energías renovables, apostando además por la I+D+I y la soberanía alimentaria.

Si Rajoy no sabe por dónde empezar, en Podemos le orientamos. Nosotros ya tenemos elaborados unos presupuestos sociales para recuperar los niveles de inversión e impulsar ese cambio de modelo productivo para crear empleo, pero de calidad. Y por supuesto, en nuestros presupuestos se recogen las partidas necesarias para hacer frente a las necesidades y retos de Canarias.

Porque estas Islas no merecen que nadie las chantajee ni tampoco que quienes se erigen como la voz canaria en Madrid lo permitan. Hay que trabajar por Canarias con hechos, no sólo con palabras.

Hay un lugar que tiene las barreras electorales más altas de toda Europa, ya que para tener derecho a un escaño hay que obtener el 30% de los votos a nivel insular o conseguir el 6% autonómico.

Un lugar donde obtener un escaño le cuesta a un partido 19.000 votos, mientras a otro le cuesta 1.700. Un lugar donde demasiados miles de ciudadanos ven cómo su voto se queda fuera de la Cámara que debe ser representante de la voluntad popular.

En ese lugar, el umbral efectivo de representación -el número de votos necesario para conseguir representación- es el más elevado del Estado del que forma parte, de hecho llega a ser casi el doble: un 8.2% frente al promedio del 3.9% en el conjunto del país.

Hay un lugar donde llaman democracia a un sistema electoral que con estos datos en la mano, tiene poco de democrático. Terrible paradoja esta que habitamos. Un lugar que, de 65 sistemas electorales, ocupa el puesto 64 según un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid. Solo Tanzania tiene un sistema electoral más injusto que el nuestro.

Este lugar se llama Canarias. Y ya no puede esperar más. El debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía llega estos días al Congreso de los Diputados, y debería incluir una verdadera reforma de nuestro sistema electoral porque éste hace tiempo que dejó de ser una cuestión política para convertirse en una cuestión de sentido común.

Ya no valen los chantajes falsos que llevan utilizándose más de 30 años, ya tienen poco de efectivo, porque han vendido representación a las islas menores para después olvidarlas en los presupuestos. Un viejo truco que ya no sirve para engañar a nadie. La isla más premiada por el sistema electoral es El Hierro, que a su vez es la isla con mayor índice de pobreza de todo el Archipiélago.

Los habitantes de El Hierro o de La Gomera quieren ver una igualdad real, que se manifieste donde debe hacerlo: en el reparto de los presupuestos, en infraestructuras y en políticas sociales y de bienestar, y no en un reparto del voto injusto que de nada les ha servido para equipararse a las islas capitalinas, sino más bien al contrario. Y que encima es la cuerda que les mantiene maniatados por caciques que solo entienden la Democracia como una herramienta para perpetuarse en el poder.

Estos 33 años con este sistema solo han servido para que ocupemos el último lugar en empleo, desarrollo y servicios sociales de España y de toda la Unión Europea. Y el primero en pobreza. La ecuación es clara: un mal sistema electoral tiene como resultado malos gobiernos. Una mala democracia nos ha llevado a una mala realidad en nuestro día a día.

La desproporción de nuestro sistema lleva a una desproporción de todas las decisiones que se toman en el Parlamento de Canarias. Nuestro sistema está viciado en el origen.

¿Son acaso legítimos y justos unos presupuestos en los que influyen unos ciudadanos por encima de otros? La sentencia que afirma que la sobrerrepresentación de algunas islas sobre otras es necesaria para que se legisle de forma más equilibrada no solo es injusta, si no que se ha demostrado falaz. El resultado que muestran los hechos es que este sistema no beneficia a personas, si no a partidos políticos.

Hay un agotamiento del Régimen del 78 en el conjunto del Estado, y del régimen del 82 en Canarias. Ambos sistemas fueron necesarios en su momento, y a ambos hay cosas que reconocerles y agradecerles. Pero ahora es el momento del cambio.

El mantenimiento de este sistema electoral solo tiene una explicación lógica que nadie puede atreverse a negar: perpetuar en el poder a un partido que, sea cual sea el resultado, siempre gobierna. Ya es hora de dejar de un lado los intereses particulares y pensar en intereses generales. Esto tiene un nombre: se trata de un pucherazo. Un pucherazo legal, pero nunca legítimo. Y los pucherazos electorales, a estas alturas de siglo XXI, ya no tienen cabida en una Europa que debe ser de los pueblos, y de nadie más.

Desde Podemos no nos vamos a conformar con ponerle parches a un sistema que hace aguas por todos lados. Reclamamos una reforma auténtica y profunda. Con el debate del Estatuto de Autonomía tenemos la oportunidad de cambiar el sistema electoral. Es vital y necesario porque solo con una democracia real podremos defender a nuestra gente.

Lo del presupuesto social parece que es un mantra que este Ejecutivo repite constantemente. No tienen reparo en ser unos “trileros políticos”, intentando vendernos que son las cuentas que nuestra tierra necesita, retorciendo los datos a su antojo. Sin embargo, hay que recordarles al señor Clavijo y a la señora Dávila que destinar 8 de cada 10 euros del presupuesto a las personas es lo habitual en cualquier presupuesto autonómico.

Otra de las falacias sobre estos presupuestos es que las cuentas de 2017 crecen con respecto al año anterior. De hecho así se vendió durante su presentación. La consejera llegó a decir que es el presupuesto que más ha crecido en los últimos cinco años. Algo totalmente falso porque el Gobierno no toma en consideración el crédito extraordinario que tuvieron que aprobar el pasado mes de septiembre por valor de 107 millones de euros.

Otra de las argucias que han utilizado para vendernos estas cuentas es que se destina menos dinero a amortizar deuda. Sin embargo, esconden que el abono de intereses de la deuda pública se incrementa más de un 6 por ciento. También ocultan que existe un incremento de la deuda pública, que ha crecido en más de 10 puntos porcentuales en los últimos diez años. Ha pasado del 8 por ciento del PIB en 2010 a representar el 18,38 por ciento en las previsiones de 2017. Es decir, ha pasado de suponer 1.550 euros por cada canario en 2010 a casi 4.000 euros el próximo año. Esto es debido a que el Gobierno ha renunciado a ejercer una política impositiva justa, que permita sufragar los servicios públicos, y por tanto, terminan recurriendo a la financiación externa para mantenerlos.

Nos encontramos ante un presupuesto que realmente no apuesta por erradicar el principal problema de nuestra tierra: la alta tasa de paro. Si fuera así, se realizaría una apuesta clara y decidida por los agentes que realmente crean empleo, las PYMES y los autónomos. En lugar de eso, lo que se hace es bajar un 40 por ciento las cuantías destinadas a las pequeñas y medianas empresas, disminuir un 33 por ciento el apoyo a la innovación empresarial y un 31 por ciento el apoyo a la investigación básica.

Otra de las mentiras vertidas sobre estos presupuestos es que lo destinado a Educación es 2,6 veces mayor que el año anterior. Sin embargo, si miramos con lupa estas partidas, y las comparamos con las de 2016, constatamos que hay casi 5 millones de euros menos. En Sanidad pasa tres cuartos de lo mismo, el presupuesto de 2017 no aporta el dinero suficiente para cubrir el gasto real del Servicio Canario de Salud. El propio consejero ya ha afirmado que le harían falta 200 millones de euros más. Sin embargo, el Gobierno que dirige el señor Clavijo sólo considera que es necesario un incremento de 75 millones de euros. Aunque este dato no es real porque realizan este cálculo atendiendo a la previsión inicial de 2016, no a lo que finalmente se destinó, por lo que el incremento es sólo de 40 millones de euros. Algo a todas luces insuficiente si se quiere implementar un plan de choque contra las listas de espera y mejorar la atención sanitaria en las Islas.

Por otra parte, hay que reconocer que en el área de Políticas Sociales se realiza un esfuerzo, pero también totalmente insuficiente. Si, como dice el Gobierno, fuera un presupuesto totalmente destinado a las personas, se eliminaría cualquier gasto superfluo. Sin embargo no es así, ya que disminuye 4 puntos el programa para fomento del empleo, se reduce el programa de prevención y atención al menor y caen en casi un 9 por ciento el programa de prestaciones y otras ayudas sociales.

Además en del área de dependencia, un día este Cobierno nos dice que hay consignados 152 millones de euros y al siguiente constatamos que hay 119. Son, nada más y nada menos que 33 millones de diferencia.

¿Es esto lo que el señor Clavijo y la señora Dávila entienden como un presupuesto social? Y mientras, las retribuciones para el Ejecutivo y los altos cargos suben más de un 6,32 por ciento, una partida que ya aumentó en 2016 un 12,54 por ciento.

Está claro que el Gobierno de Canarias sigue gobernando para una minoría. Está más preocupado en sacar adelante la Ley del Suelo que en revertir la situación de pobreza y exclusión social que se vive en casi un 30 por ciento de los hogares canarios.

Por todo ello, rechazamos estas cuentas. Lo hemos dicho alto y claro, y lo volveremos a decir en el pleno del Parlamento de Canarias aunque los grupos enmendantes, que son los que exigimos otro proyecto de ley y los que elaboramos una alternativa a estas cuentas, tengamos el mismo tiempo que los que apuestan por el inmovilismo del señor Clavijo.

En esta ocasión además, a diferencia del pasado año, no tendremos derecho a réplica. Coalición Canaria y Partido Socialista quieren cercenar así el debate e intentar que la oposición a sus cuentas esté silenciada. No lo van a conseguir. Seguiremos diciendo que los presupuestos de 2017 cronifican la situación de pobreza y exclusión social que sufre Canarias. Consideramos que reproducen las mismas políticas fracasadas, que han ahondado en la brecha entre ricos y pobres. Estos presupuestos no cambiarán Canarias.

Nos tememos que al señor Clavijo y a la señora Dávila les ocurrirá lo mismo que lo que le pasa a la señora Carmina en el anuncio de la Lotería de Navidad, que se creen que tienen un premio entre las manos pero al final se darán cuenta de que lo que realmente tienen es un presupuesto de ciencia ficción.

Mintiendo en sede parlamentaria una vez más, afirmó que él nunca usaba esa clase de términos como “islas no capitalinas” y acabó calificando a Podemos de “separatistas”, “indepentistas” y “sectarios”. Clavijo demostró una vez más que tanto él como su Gobierno y su partido viven en una constante paradoja: nacionalistas que asisten al desfile del 12 de octubre en Madrid y después ondean la bandera de las 7 estrellas. Y lo que es peor, no se sonroja con estas incoherencias, y las defiende, llegando a afirmar en el Parlamento de Canarias que sus banderas son al mismo tiempo la rojigualda y la estrellada.

Y hay más paradojas, ya que apoyan en Madrid al Gobierno que más ha maltratado a Canarias, el del señor Rajoy. Y así, se sostienen en un continuo equilibro mientras siguen olvidándose de lo más importante: gobernar por el bien de esta tierra.

La cohesión archipielágica no es agitar una bandera tricolor ni autoproclamarse como la única voz de Canarias, elección tras elección. La cohesión archipielágica es trabajar por una sociedad más justa e igualitaria, con menos diferencias entre canarios y canarias. No podemos hablar de cohesión en una tierra donde una de cada tres personas está en riesgo de exclusión social y un 27% de personas no tiene trabajo, ni perspectiva de encontrarlo. Vivimos en una tierra donde las cinco personas más ricas podrían gastarse al día más de un millón de euros, mientras otras 142.590 personas no reciben ningún tipo de ingreso.

Sin embargo, vemos como la prioridad de este Gobierno es sacar adelante una Ley del Suelo que apuesta por 88 modelos territoriales diferentes, y no un modelo común para Canarias. Los municipios de Canarias competirán, con esta ley en la mano, por urbanizar con campos de golf o centros comerciales, al disponer de más suelo. El modelo de isla solo será la suma de las decisiones de los ayuntamientos, y por tanto, el modelo canario será a su vez la suma de las decisiones de los siete cabildos. Se trata de una desintegración territorial de Canarias. Cuestión aparte es el peligro que corre Canarias teniendo en cuenta que el 40 por ciento de nuestras corporaciones locales se ha visto afectado por casos de corrupción.

Un Gobierno que sigue sin apostar por las energías renovables y apuesta por el gas, en vez de caminar hacia la soberanía energética con nuestros propios recursos naturales.

Un Gobierno que da la espalda a la soberanía alimentaria, dejando que nuestro sector primario se reduzca a cenizas. Actualmente, este sector sólo aporta el 1,4 por ciento a la economía de Canarias. Es la aportación más baja de toda la historia del Archipiélago. Y esto es debido, entre otras cosas, a políticas como la de poner la alfombra roja al producto que viene del exterior, mientras se ningunea y se mira hacia otro lado cuando nuestros ganaderos y agricultores piden ayuda a gritos.

Tenemos un presidente que se ha dedicado a hacer turismo por España, en vez de patearse los barrios más necesitados de nuestra tierra.

Coalición Canaria dice ser el único partido que defiende una financiación justa para Canarias, pero luego apoya en Madrid al Gobierno que más la maltrata y más incumple el sistema de financiación.

Solo hemos encontrado un aspecto de la gestión de Clavijo que ha logrado unificar a nuestro pueblo; cada vez somos más las canarias y canarios que no queremos que vuelva a ser presidente. Nacionalistas de boquilla no, gracias. A la tierra y a la gente de Canarias se la defiende de verdad.