En la última década, el interés social por la pobreza de tiempo ha aumentado, pero sigue siendo un tema olvidado en el análisis y las políticas de salud pública. Aunque no existe un marco común para conceptualizar la pobreza de tiempo, en la población ocupada se puede entender como la falta de tiempo propio debido a la cantidad desproporcionada de tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado.

La pobreza de tiempo está estrechamente ligada a las desigualdades sociales en la salud. La utilización del tiempo implica decisiones basadas en restricciones económicas y normas sociales, preferencias personales y otros recursos disponibles como las relaciones sociales. Por ello, la pobreza del tiempo es menos frecuente entre las personas de los grupos sociales más favorecidos ya que disponen de más recursos para contratar servicios para realizar determinadas actividades.

Existen marcadas desigualdades de género en la pobreza de tiempo, con más mujeres que hombres considerados pobres en tiempo. Aunque hay menos estudios que se han dedicado a investigar el papel del tiempo de trabajo no remunerado en la configuración de las desigualdades de género en la salud, la gran cantidad de tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado, así como la sobrecarga de trabajo resultante de la combinación de trabajo remunerado y doméstico y de cuidado, pueden generar desigualdades de género en la salud y limitaciones para la capacidad de las mujeres para participar en otras esferas.

La falta de tiempo es uno de los motivos más comunes para no hacer actividad física en el tiempo libre o llevar una dieta saludable, esenciales para prevenir muchos trastornos crónicos. También se asocia con un número insuficiente de horas de sueño, un grave problema de salud pública que no ha recibido suficiente atención en nuestro entorno, aunque España es uno de los países con menos y peor calidad del sueño. La pobreza de tiempo se ha relacionado en mujeres con mala calidad del sueño ya que el sueño de las mujeres suele ser perturbado con mayor frecuencia por las parejas o hijos que el de los hombres. Hay evidencia sólida de que la mala calidad del sueño o dormir menos de siete horas se asocia con un mayor riesgo de accidentes, reducción del rendimiento, sobrepeso y diabetes tipo 2, entre otros problemas de salud. Construir relaciones fuertes y de apoyo, que son determinantes de la salud, también requiere tiempo, así como obtener ingresos o visitar un centro sanitario.

En lo que respeta al trabajo remunerado, preocupa especialmente el aumento del trabajo precario, que puede implicar empleo a tiempo parcial involuntario, salarios bajos, contratos de cero horas, a demanda o temporales para cubrir necesidades estructurales, incertidumbre respecto a la duración del empleo, el horario, el salario, las tareas, etc., todos ellos aspectos que contribuyen a empeorar la pobreza de tiempo de los colectivos más vulnerables.

Justamente, el cómo afecta el trabajo precario a la salud mental es un tema que se tratará durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Por este motivo el Gobierno pidió al Comité Económico y Social Europeo el dictamen exploratorio SOC/745 donde se refleja la opinión y sugerencias de la sociedad civil organizada. El debate y la aprobación del dictamen tuvieron lugar el 27 de abril en Bruselas con la presencia del Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social.

Entre las conclusiones que presentó el ponente José Antonio Moreno, miembro del CESE en representación de Comisiones Obreras, se destaca que hay bastantes estudios que demuestran que la precariedad laboral puede aumentar la posibilidad del deterioro de la salud mental de la personas, en especial a la gente en trabajos de ejecución, las mujeres, los jóvenes y las personas inmigrantes.

Las principales propuestas preventivas pasan por reducir los trabajos precarios mediante la plena aplicación y ejecución de la legislación europea y nacional que establece unas condiciones laborales saludables y de calidad. Esta propuesta debe ser acompañada de los recursos necesarios para que se pueda garantizar su aplicación, así como medidas sancionadoras ya contempladas en la actual Directiva, como por ejemplo que las empresas que no garantizan el cumplimiento de la normativa no tengan acceso a ayudas públicas ni a participar en licitaciones.

Esperemos que la aplicación efectiva de estas propuestas, junto con la implementación de políticas del tiempo más amplias, como la anunciada Ley de Usos del Tiempo por parte del Ministerio de Trabajo del Gobierno español, pueda contribuir a reducir la pobreza de tiempo en nuestra sociedad y avanzar hacia el derecho al tiempo para todas y todos.

Se puede ampliar el permiso parental y hacer que el padre tome parte del permiso para facilitar que mujeres y hombres combinen por igual el trabajo dentro y fuera de casa

Las mujeres tienen peor salud que los hombres y, aunque viven más años que ellos, pasan menos años libres de enfermedad. En España, entre los problemas de salud más comunes en las mujeres se encuentran los dolores crónicos, la artrosis y el reumatismo, las migrañas, la ansiedad y la depresión. La mayor frecuencia de estos problemas en las mujeres se debe principalmente a factores sociales como su menor poder, sus peores condiciones de empleo o la responsabilidad del trabajo doméstico y familiar, los cuales configuran una situación desfavorecida respecto a los hombres.

Muchos estudios han mostrado que el empleo es una importante fuente de autoestima y apoyo social que refuerza el estatus social y económico, así como la buena salud en los dos sexos. No obstante, las mujeres tienden a trabajar con menor frecuencia fuera de casa y cuando lo hacen compaginan el trabajo remunerado con el doméstico y familiar en mayor medida que los hombres. Para ello, suelen reducir el número de horas en el trabajo remunerado y se concentran en sectores con mayor flexibilidad donde los sueldos son más bajos, además de ocupar puestos de trabajo más precarios. Finalmente, no hay que olvidar las múltiples formas de discriminación y violencia que sufren las mujeres y que pueden mermar su salud.

Los gobiernos pueden y deben aplicar políticas para revertir esta situación. Por ejemplo, se puede ampliar el permiso parental y hacer que el padre tome parte del permiso para facilitar que mujeres y hombres combinen por igual el trabajo dentro y fuera de casa; crear más escuelas para la primera infancia y aumentar los recursos públicos para el cuidado de personas mayores para permitir a las mujeres una incorporación total al mercado de trabajo; promover la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres con leyes antidiscriminación; asegurar la representación igualitaria en posiciones de toma de decisión; o hacer que los dos miembros de la pareja compartan el derecho a las pensiones, aun cuando uno de los dos haya trabajado más años en el mercado laboral, para asegurar pensiones de jubilación más justas para las mujeres que han trabajado más en casa.

En una entrada anterior de este blog presentábamos el proyecto europeo Sophie sobre el impacto de las políticas sociales y económicas en las desigualdades en salud. En relación al género, hemos analizado en qué países existen más desigualdades en salud entre mujeres y hombres y si esto se relaciona con la implementación de las llamadas “políticas de familia”. Según éstas, podemos dividir los países europeos en cinco grandes grupos.

España, por ejemplo, se etiqueta como un país con políticas tradicionales, donde la mujer mantiene el papel de cuidadora principal del hogar y un papel secundario en el mercado de trabajo y al hombre se le asigna el rol de sustentador económico principal del hogar. Las consecuencias para la salud de las mujeres en España son claras: la proporción de mujeres que refieren mala salud es del 42,6% mientras que las de los hombres es del 30,2%. Lo mismo ocurre en otros países del sur de Europa, como Chipre, Grecia y Portugal.

En estos países, los servicios y ayudas públicas para las familias y la contribución de los hombres al trabajo doméstico son muy limitados. Esto también se observa, aunque en menor medida, en el resto de países tradicionales (centro de Europa) y en los países del este de Europa. Esta situación contrasta con la de los países nórdicos que disponen de muchos más servicios y ayudas públicas y un reparto del trabajo por sexo más equitativo, lo que se traduce en menos desigualdades de género en la salud.

Las políticas de familia influyen también en la relación entre carga laboral (horas semanales trabajadas) y familiar (por ejemplo el número de hijos), y la salud en hombres y mujeres asalariados. En los países nórdicos y del este de Europa, los hombres y mujeres que tienen que compaginar empleo y responsabilidades familiares no ven empeorada su salud. En cambio, en los países tradicionales, entre ellos España, la combinación de carga familiar y laboral conlleva una peor salud principalmente en las mujeres. Esto se debe probablemente a las múltiples cargas que éstas han de soportar como trabajadoras y responsables principales del cuidado del hogar, sin un apoyo adecuado por parte de las instituciones públicas.

En los países anglosajones compaginar el empleo y las exigencias familiares se asocia a una peor salud en hombres, probablemente debido al marcado papel de los hombres como sustentadores económicos principales del hogar. En estos países, las guarderías suelen ser privadas y caras y existe una cultura de largas jornadas de trabajo de manera que las mayores exigencias económicas de la unidad familiar hacen que estos se vean obligados a hacer largas jornadas de trabajo para mantener a la familia.

En el marco del proyecto también hemos evaluado el efecto de la Ley de Dependencia en la salud de las personas que cuidan de familiares dependientes en España. Las personas cuidadoras acostumbran a ser mujeres, por tanto éste también es un asunto de género. La Ley de Dependencia se aprobó en España en 2006 y pretendía dotar de servicios y prestaciones a las personas que requieren de un cuidado prolongado.

A partir del análisis de la Encuesta Nacional de Salud realizada después de la implementación de la ley, observamos que las personas cuidadoras han mejorado más la percepción de su salud que las que no cuidan. También hemos llevado a cabo grupos de discusión con personas cuidadoras, que han destacado mejoras en cuanto a compartir la carga del cuidado y a la disminución de sus consecuencias físicas, emocionales y sociales, pero también los diversos problemas de implementación de esta ley causados por el bajo presupuesto y los recortes debido a la actual crisis económica.

Cabe destacar que los grandes recortes en servicios públicos ocurridos en España y Europa durante la actual crisis económica los han sufrido en gran parte las mujeres, ya que están laboralmente más concentradas en sectores públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, y las actividades de cuidado que antes cubría el sistema público han pasado a recaer en las familias y, con ello, a llevarlas a cabo principalmente las mujeres. Además, los avances que se estaban realizando en políticas de género se han estancado e incluso han sufrido retrocesos con el argumento de solucionar primero otras prioridades.

Sin embargo, este retroceso es evitable, y podemos poner como ejemplo el caso de Andalucía, estudiado en el proyecto Sophie. Las políticas de género, plasmadas en los “presupuestos de género”, resistieron a la crisis gracias a la continuidad del gobierno de izquierdas, una estrategia bien arraigada e institucionalizada y de bajo coste, y un importante compromiso político con un sólido liderazgo femenino.

Aun así, no debemos olvidar que las desigualdades de género y las políticas de género no sólo afectan a las mujeres sino que pueden incidir también en la salud de los hombres. La Organización Mundial de la Salud advierte que la salud y las conductas relacionadas con la salud de los hombres también dependen en gran medida de cómo la sociedad ha construido la masculinidad y lo que se espera de ellos. Y es que aunque la configuración de la masculinidad puede variar entre sociedades, el desarrollo de una identidad masculina heterosexual tradicional generalmente implica asumir riesgos para la salud. Así, la violencia, el consumo de tabaco, alcohol o drogas y los suicidios contribuyen a la mortalidad prematura de los hombres. Además, la corresponsabilidad o el reparto equilibrado del trabajo doméstico y familiar, pueden hacer disminuir su carga como sustentador principal de la familia y aumentar su bienestar personal y social.

En conclusión, las políticas públicas en general y de género en particular son un importante determinante de la salud y de las desigualdades en salud entre hombres y mujeres. En tiempos de crisis es aún más importante que estas políticas se mantengan para proteger a la población y evitar retrocesos en los logros obtenidos. El proyecto Sophie aporta evidencia sobre los beneficios en salud de las políticas que incorporan la mirada de género; ahora es el turno de que los gobiernos incorporen esta evidencia en el diseño de leyes y políticas.