Lurte tiene mucho de reflexión al mismo tiempo que de manifiesto. Podemos Aragón corre al mismo tiempo que está atándose los cordones a lo largo de las más de 40 páginas del documento (una larga extensión que no se pudo reducir más por los apretados plazos de su redacción). Este documento hace propuestas para hacer política este año y para empezar a trabajar en el país que necesitan las generaciones que sienten que la constitución de 1978 es un traje de segunda mano.

Como era de esperar, las propuestas que contiene Lurte no han sido difundidas por todos los medios de manera respetuosa con su contenido real y se han utilizado para criticar al secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, y, de rebote, a todo Podemos. Hay medios de comunicación que han convertido en línea de negocio la tergiversación y el photoshop con las palabras. O puede ser que, como el vocabulario de sus rancias páginas se compone con las letras del molde de la vieja política, sean incapaces de comprender las ideas que ya están en la calle y que ya son parte del debate en los hogares de Cataluña, del País Vasco y cada vez de más territorios del solar ibérico. Lo más grave es que estos medios son portavoces de un bloque de poder que baja la cabeza con cobardía para no ver lo que está pasando, y ese gesto lo hace pasar por testarudez. Es con esa fingida testarudez con la que amenaza a Cataluña con tribunales y tanquetas al mismo tiempo que intenta bajar a su nivel a los partidos nacionalistas tradicionales echándoles unas cuantas monedas al suelo. Tal vez haga falta aclararles a estos medios y estos grupos que sostienen el régimen del 78 algunos de los argumentos y sentidos que propone Podemos Aragón.

Con Lurte Podemos Aragón quiere nombrar el impulso colectivo que desea articular para revertir las tendencias negativas cuya amenaza nos llega a quienes habitamos esta tierra. El documento Lurte propone hacerlo organizando política y socialmente nuestra sociedad en torno a la construcción real y material de los derechos humanos y de la participación ciudadana activa en el necesario e inevitable proceso de constitución del nuevo pacto que se va a reconfigurar España, porque los marcos institucionales actuales son un apretado traje cuyas costuras se pueden forzar hasta un límite.

Está claro que la reforma constitucional va a ser un hecho cuando hasta el PP habla con la boca pequeña de ella. PP trata de pactar con el PSOE y de maquillar con C’s un repaso de chapa y pintura a una Constitución de 1978 que ni tiene motor para hacer avanzar la sociedad ni frenos para detener corrupción y el escamoteo de la democracia en las instituciones. No hemos de dejar que esto suceda: ni en todos los sitios ni todas las voces han dicho aún lo que se debía decir. Necesitamos un cambio que debe producirse en clave constituyente y ciudadana. […] en el que las normas e instituciones de un país se ponen a la altura de la sociedad que lo construye, con la mirada […] en el proyecto común para la próxima generación.

La única manera en que el proceso constituyente o de reforma pueda sobrepasar los estrechos límites que le quieren imponer los partidos crecidos a la sombra de este régimen del 78 es que cada nación o cada colectivo territorial de las que componen este país de países haga su propuesta. Con la urgencia que hay de reconstruir ese pacto que aún nos une hemos de tomar nuestra voz en Aragón para que no nos dejen mudos cuando esto suceda. Como herramienta auxiliar, Podemos Aragón propone un foro para reunir y empoderar voces que luchan por los derechos humanos y voces que reflexionan sobre el constitucionalismo reciente; un lugar de encuentro también para el diálogo abierto a los demás partidos, incluso si aún participan del régimen del 78.

Es necesario ya, que es lo que dice Lurte, afirmar y defender la soberanía que corresponde a quienes viven en Aragón. Y eso no es encerrarse en el debate sobre considerar a Aragón un pueblo en sí o un colectivo con voz propia dentro de un pueblo mayor que lo incluye: La soberanía aragonesa ha de reforzarse, hemos de recuperar el control de nuestra vida y destino para que tengamos capacidad de garantizar formal y efectivamente los Derechos Humanos en Aragón. La cuestión nacionalista en Aragón está abierta a la discusión y el debate público y democrático de ideas; y ahí Podemos defiende la realidad plurinacional del pueblo español.

Para la defensa de los derechos humanos y del carácter inalienable del poder que procede de cada persona, necesitamos un nuevo marco de discusión que tenga en cuenta no solo el engarce entre estos diferentes pueblos sino también el engarce con las soberanías y las identidades multinivel a escala aragonesa, española o ibérica, europea o de ciudad. Todas estas hoy comparten de manera perfectamente compatible su lugar dentro de la identidad de cada persona porque cada cual en Aragón reclama su participación en esos ámbitos y lo hace definiéndose por una u otra identidad según sean sus experiencias y necesidades.

Podemos se expresa en el momento actual con la urgencia de una avalancha y, al mismo tiempo, es capaz de pararse y articular conceptos nuevos. Conceptos tan vivos que aún están encontrando las palabras para expresarse y presentarse ante la gente. Y eso es parte del hacer política y construir (o descubrir tal vez) pueblo. Eso es proponer el empuje hacia delante que hay que dar para llegar a algo nuevo. Ese algo nuevo, aunque todavía necesite ser nombrado, ya existe y en él hay que construir un futuro para Aragón con derechos y con dignidad.

Pero... ¿es tan peligroso algo que poca gente sabe aún qué cosa es? ¿Peligroso en qué sentido? ¿Qué problema hay? ¿Tiene algo que ver con el TTIP? El CETA no es, según sus promotores, más que un tratado de libre intercambio comercial y de inversiones negociado con Canadá y pendiente solamente de su ratificación. El problema es que ni es un mero tratado comercial ni es un tratado solamente con Canadá. Vamos a intentar explicar aquí algunas de las razones por las que es un peligro mucho, mucho peor de lo que alguien se podría imaginar en una primera impresión.

Empecemos viendo si es un tratado solo con Canadá. Esto es fácil y rápido de contestar. En virtud del acuerdo NAFTA entre Canadá y EE.UU. estos dos países funcionan casi como una economía única y acordar algo con Canadá es, en la práctica, hacerlo con su socio. Firmar el CETA es firmar el TTIP.

Pero es mucho más complejo darse cuenta de que estos tratados internacionales son en realidad textos paraconstitucionales que afectan de raíz al estado constitucional, a la democracia y los derechos de los ciudadanos y que, por más que quieran respetar la apariencia legal, no son textos negociados democráticamente ni en interés de la gente común. Ni en su forma de creación ni en su contenido material son aceptables por una sociedad como la nuestra.

La ideología de los redactores de CETA-TTIP se basa en que cualquier necesidad humana ha de estar forzosa y totalmente disponible para su comercialización en el mercado. Ahí se incluyen, como cualquiera puede imaginar, la medicina y la educación, la farmacia y la cultura, cualquier servicio necesario para una vida digna y cualquier mercancía imprescindible para la existencia. En virtud del CETA y el TTIP sería denunciable ante árbitros privados por “lucro cesante” cualquier cambio legislativo que hicieran las Cortes o las autonomías y que intentara proteger a las personas, tanto consumidoras como trabajadoras, tanto en su salud como en sus derechos laborales. Sí, hay motivos para echarse las manos a la cabeza, España o Aragón serían denunciados. Habría que resarcir a todas las empresas demandantes por todo (¿y quién calcula eso?) el dinero que pensaran ganar. Es algo que ya ha pasado en otros países. Eso, o derogar esa ley, o no atreverse siquiera a promulgarla. Es reconocer a las grandes empresas derecho de veto sobre la ley de un estado.

¿Y esto se decide democráticamente entre estados soberanos? Pues más bien no: el mecanismo de redacción es opaco incluso para los parlamentarios europeos salidos de las elecciones y que, por increíble que parezca, tienen prohibido difundir su contenido y hasta estudiarlo en sus despachos. En cambio los grandes lobbies multinacionales presentes en Bruselas sí conocen perfectamente el contenido del CETA o del TTIP. ¿Cómo no iban a conocerlo si son en la práctica sus redactores materiales? Aunque se diga a menudo que hay demasiados burócratas en Bruselas, lo cierto es que no tienen los medios para elaborar todo el corpus normativo que precisa este gigantesco entramado de intereses. La burocracia de la UE podría derivar ese trabajo a comisiones de funcionarios de los estados, pero prefiere dar por buenas las propuestas de “calentar y listo” que le ponen delante los lobbies o grupos de presión de empresas. No es un tratado que se negocie entre países soberanos sino entre lobbies de interés de uno y otro lado del Atlántico, entre unos y otros sectores de negocio. Y en esos lobbies no hay solo empresas norteamericanas. Las hay europeas y, por supuesto, más de una multinacional española.

¿Pero no nos protegerían las normas legales de nuestro país? ¿No tenemos una democracia y una constitución que garantizan nuestros derechos? El CETA y el TTIP pondrían límites a las condiciones materiales de los derechos a la educación, la cultura, la vivienda, la alimentación, la energía o la salud. Son tratados que acotan o aseguran la privatización del desarrollo posible del contenido social del Título I de la Constitución Española. Y ningún parlamento español o autónomo futuro elegido después iba a poder hacer nada para revertirlo, ya no serían competentes. Un tratado internacional deroga la ley nacional si no se formula expresamente una salvaguardia antes de ratificarlo. Si alguien piensa que PP o PSOE lo van a hacer a estas alturas es que no saben lo que están votando ahora mismo en Bruselas ambos partidos. No habría leyes para protegernos. De lo que se trata es de vendernos a nuestros queridos oligopolios patrios, que se asociarán con los que vengan de fuera para repartírsenos como un pastel.

En el sentido que le da a este término el profesor Gerardo Pisarello, CETA y TTIP son tratados “deconstituyentes” porque mutan la legalidad constitucional en sentido antidemocrático. Primero, porque son tratados que subordinan los derechos de las personas de carne hueso al interés de esas “personas jurídicas” que son las grandes empresas. Segundo, porque son enemigos de la soberanía y de los derechos colectivos de los pueblos, determinados como están en su redacción por entes privados que no son elegidos ni fiscalizados por la ciudadanía. Es puro e hipócrita sarcasmo que PP, PSOE y Ciudadanos se llamen a sí mismos “constitucionalistas” (si acaso, del 135) cuando están facilitando la firma del CETA y el TTIP a escondidas del pueblo que les ha votado. El CETA y el TTIP (y el tercero y menos conocido TiSA) no es que nos entreguen a EE.UU., a Canadá o a Alemania; es que cambian por completo el sistema de fuentes del derecho en el seno de nuestro propio estado. Deben ser considerados como textos paraconstitucionales que servirán a las propias empresas españolas para controlar aún más la sociedad y privatizar aún más nuestros derechos y exprimirnos más cuanto mayor sea nuestra pobreza. Serían imposibles de revocar en la práctica por su estatuto de tratado internacional e, incluso, harían inútil una hipotética reforma constitucional que quisiera poner los derechos sociales al mismo nivel que los derechos.

Paremos ahora el CETA en la calle este sábado 15, parémoslo en Internet firmando aquí y parémoslo en las instituciones con iniciativas como la del día 20 en las Cortes aragonesas y, cuando llegue el momento, en las cortes españolas.

+info http://www.noalttip.org/este-otono-volvemos-a-las-calles-semana-de-accion-8-15-octubre-2016/

Ahora mismo la estructura política en España está en una posición difícil y abierta. Es verdad que Podemos sólo cuenta con un quinto del Congreso de Diputados, pero su colocación frente a la corrupción y ante los problemas más acuciantes de los territorios y los derechos de la gente es muy potente frente al bloque de poder financiero. La propuesta de “Ley25” es, a este respecto, ejemplo magistral. Contra Podemos los partidos tradicionales del sistema sólo pueden oponer la fuerza numérica que les proporciona un sistema electoral hecho a su conveniencia y la ventaja de ser el referente de un electorado con sesgo rural y de edad al que le cuesta renovar sus opciones. Los problemas de PP y PSOE para formar gobierno y cumplir con los mandatos de la Troika suceden porque están forzados a bordear a un Podemos colocado en el centro-clave del tablero parlamentario pero ¿lo sigue siendo en el imaginario de la gente?.

El proyecto de Podemos es ser el elemento que permita un nuevo reconocimiento de las gentes de España en un nuevo modelo de país. Para ello es necesario que subraye de nuevo su identidad de “partido de los de abajo” y deje que se le despegue la etiqueta de “partido de izquierda”. No porque sus objetivos no lo sean, sino por una cuestión de identitarismo sociológico. Sólo una parte de la gente se identifica como “de izquierda”; hay gente de abajo que se considera “de derechas” por talante personal, educación o por tradición, a pesar del menoscabo de sus derechos y condiciones de vida que acarrea su opción política.

A Podemos no se le etiquetó de verdad como “gente de izquierda” hasta que los poderes fácticos promovieron a Ciudadanos, hasta ese momento era, sin más, el partido de los indignados, el del 15M. C's fue hecho crecer no sólo para hacer retornar al redil a votantes disconformes con la corrupción y la incompetencia de PP-PSOE, para evitar su goteo al abstencionismo o su trasvase a Podemos. La misma existencia de C's busca convertir a Podemos en un partido “de izquierda”, ladear a Podemos en la mente de los votantes en una parte del tablero de las ideas.

Con su fracaso Ciudadanos aparece de repente como un proyecto fallido e insatisfactorio, un bluff que sonroja a sus votantes según van viéndolo intentar sacar rédito de su fracaso entrando en los juegos de escaño-tronos de siempre. Del cambio tranquilo al viaje a ninguna parte apenas transcurrieron las horas del recuento electoral. C´s ya no es una referencia con la fuerza necesaria para echar a Podemos a un lado del tablero en el imaginario de la gente.

Y los partidos que se llaman a sí mismos de izquierda, entre tanto, están hipotecados por su deuda financiera. La incapacidad de PSOE para formar un gobierno para los intereses de la gente puede estar motivada por la deuda que mantiene con una banca a la que debe millones y que está urgiendo para que se apliquen las recetas del FMI en España. Algo malo, muy malo, pasa desde hace casi dos décadas en el PSOE cuando todos sus líderes, tras la bien pagada jubilación de Felipe González, han sido tan fugaces y tan débiles. Como en la maquinita recreativa de los topos, su propio partido o la realidad le arrean con el mazo al líder de turno del PSOE en cuanto asoma la cabeza por el agujero. Y los mismos problemas afectan gravemente a las formaciones políticas que se auto-sitúan a la izquierda del PSOE.

Debemos decir que los partidos que están en situación de quiebra técnica con los bancos, acaban cayendo en la quiebra ideológica, ética e intelectual. Los partidos en quiebra no son la herramienta para reconstruir nuestro sistema político y deben liquidar su estructura. De esta quiebra, pueden y deben recuperarse sus mejores activos humanos para las fuerzas del cambio.

El centro del tablero está pues disponible para Podemos y sus movimientos para reforzarse y actuar con energía desde él tienen que ser ya. La urgencia la marca el posible adelanto electoral o, en su lugar, el intento de la Troika de hacer formar una gran coalición que ejecute sus durísimas imposiciones para 2016 y 2017. Dicha coalición puede hacerse, como variantes, disimulada con la abstención de PSOE o maquillada con la inclusión de C's (esas cosas que se hacen diciendo que para salvar España). Así, seguramente, debamos enfrentarnos a una contrarreforma constitucional para la que esa gran coalición contaría con los 2/3 necesarios del Congreso y el control total del Senado. Sería una contrarreforma destinada a enmascarar un régimen hecho para unos pocos, no una reforma auténtica para hacer crecer una democracia para todos. Una vez visto dónde hay que ir, y sabiendo que el momento es ahora, sólo queda decir qué paso es el primero del camino y dónde se puede tropezar.

Las cifras macroeconómicas y la natural tendencia humana a acostumbrarse a cualquier cosa hacen necesario que Podemos no se contente con apelar a la memoria de lo que han hecho ya PP y PSOE. Hay que mantener viva la lucha en todos los conflictos creados por los recortes de derechos que ha habido en las últimas legislaturas y por todas las injusticias e indignidades que ya existían antes y las que se quieren implantar ahora. Podemos tiene como tarea para ahora y para después la Ley25, la reversión de las reformas laborales, la retrocesión de los comunes privatizados, la devolución de todo lo robado por la corrupción y de todo lo perdido en derechos, bloquear cualquier contrarreforma constitucional en la medida que pueda y promover la reforma que necesita este pueblo plurinacional. Como participantes en movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, la gente inscrita y la simpatizante de Podemos apoyará, además, todo lo que se haga en sede parlamentaria.

El referéndum catalán será empleado bien como justificación para la contrarreforma o como arma arrojadiza contra Podemos en las posibles elecciones anticipadas. El mensaje de la amenaza a la unidad de España, expresado en sus términos más primarios y simplistas, cala bien en las provincias que más rentan en escaños y Podemos ha de desactivarlo. Un concepto fuerte disponible es el de derecho a decidir, en el que se pueden incluir el derecho a decidir si queremos o no otra forma de Estado, si queremos o no otra jefatura para ese estado y en el que se debe incluir que los españoles ahora vivos tienen derecho a elegir entre una reforma democrática de su norma constitucional o una mera reforma cosmética hecha a  sus espaldas. Con relación al derecho a decidir, el derecho catalán al referéndum aparece como algo natural y aceptable para más gente en más territorio.

El año 2016 será el tercero de la existencia de Podemos, el año de la reconquista del centro del tablero, el año crítico para las instituciones representativas en el Estado. No es poco el trabajo que tiene que hacer. No es pequeña la responsabilidad de tal desafío ni menor la necesidad de afrontarlo.

La puesta en marcha por parte de los poderes autonómicos catalanes de un proceso conducente a la secesión y a la creación de la República Catalana ha hecho estallar una profunda crisis política en el estado. Y ello sucede con el sumidero de la corrupción tragándose toda la legitimidad que tenían los partidos políticos del régimen de la Constitución de 1978. La gente corriente, la que apenas ha acabado de asimilar la crisis social y económica, se encuentra ahora con que hay una crisis política sin precedentes, con que su pueblo está roto.

Es una tautología decir que el proceso catalán es una amenaza de muerte para el régimen político transado en el texto de la C.78. Pero los mismos partidos que agitan ahora como sagrados los artículos que les interesan son los que la hirieron gravemente con la reforma del art. 135 en el verano de 2011.

Ahora mismo, el estado español está luchando por no mostrarse como un estado fallido incapaz de impedir lo que está pasando. Porque un estado fallido es un estado en disolución. Y donde un estado se disuelve, queda anulado el pacto político y es la oportunidad para uno nuevo, para un Proceso Constituyente: para un Momento C.

Están en el aire los dos contratos que construyen nuestra comunidad: está en el aire el contrato social que crea la identidad del pueblo y articula sus relaciones socio­económicas y está en el aire el contrato político que regula esas relaciones y crea el estado con el que el pueblo se da las herramientas para la acción colectiva.

Sí, ya se está haciendo un nuevo contrato social: nos lo están haciendo en sede europea los negociadores del TTIP y el TISA, tratados mal llamados comerciales que ocultan la definitiva entrega de la soberanía a los mercados financieros y a las grandes corporaciones transnacionales. Sí, habrá un nuevo contrato político en España: como no lo pueden evitar, intentarán hacerlo los de siempre. Dejar el mando de este proceso constituyente, o reconstituyente o como lo queramos llamar, a PP­PSOE­C’s sería asegurar el cierre en falso del actual momento de crisis o, peor aún, blindar para toda una generación un nuevo pacto social y político cortados según el patrón que nos impongan los amos del dinero, los futuros amos de las vidas.

Nadie se llame a engaño creyendo que ahora mismo no se está reformando ya la C.78. Se está reformando por la vía de las directivas europeas y por la vía de anular o no aplicar el contenido que no resulte útil a los mercados. Del antiguo y manifiesto absolutismo monárquico creímos pasar a la soberanía del pueblo, pero sólo era una época previa al inapelable (por difuso) absolutismo financiero.

Es imprescindible que todo el éxito político en estas elecciones lo consigan las fuerzas políticas que están libres del dominio de los poderes financieros “deconstituyentes”. Es imprescindible para que puedan ser elemento clave de control, impulso o bloqueo en el nuevo pacto político que se ha de formular; para que este pacto sea como queremos y para cuando necesitamos que sea.

Es necesario que todas las candidaturas que sinceramente se asienten en el pueblo actúen con la vista puesta en el inminente Proceso Constituyente. Sin embargo, dado (como diría un activista de los de toda la vida) que la actual correlación de fuerzas no hace posible previamente la destitución del régimen, en este Momento C habrá que amoldarse a la proclamación de la necesidad de una profunda Reforma Constitucional.

Nosotros, el pueblo, tenemos que asegurarnos una Reforma Constitucional articulada en torno a la defensa de la efectiva soberanía de las personas; en torno al reconocimiento de los derechos sociales y colectivos con las mismas garantías que los derechos civiles y políticos, y, finalmente, en torno a una nueva división de poderes que exija la separación entre poder político y poderes fácticos como es el financiero y que refuerce los poderes de control judicial y popular sobre la acción legislativa y ejecutiva del estado.

Incluyámoslo con claridad en los programas y los discursos. Propongamos con tranquilidad en el pensamiento y palabra vehemente un nuevo pacto social y político para volver a asentar nuestra convivencia. El Momento C es ahora.