Sobrevivir con los ingresos de un fin de semana. Cualquiera podría pensar que nos referimos a alguien que trabaja en la hostelería o una familia que tiene un pequeño negocio, pero no.

Nos referimos a Canarias entera. Así lo publicaba el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) esta misma semana, con sorprendente indiferencia por parte de la sociedad canaria, medios de comunicación incluidos.

¿Qué nos cuenta el estudio? Si el Archipiélago reanuda su actividad turística después del verano, tendríamos un millón de pernoctaciones hasta diciembre. Dicho de otra manera y para entendernos mejor: vendrían a Canarias en lo que queda de año (8 meses) los mismos turistas que vinieron el año solo en un fin de semana.

Sí, sí, están leyendo bien, en ocho meses el mismo número de turistas que un fin de semana cualquiera del año pasado. Esto supondría una caída del PIB del 32 por ciento. En el escenario más optimista de llegada de turistas, el PIB caería un 24 por ciento.

Repito, en el escenario más optimista.

Para que nos hagamos una idea de la magnitud del terremoto, la caída del PIB en 2008-2009 en las islas con la anterior crisis fue del 4,8%. Ahora caería un 24 por ciento, en el mejor de los casos. Me cuesta comprender por qué estas perspectivas no son el tema central de debate en las Islas y sí lo es el detalle de la desescalada; semana arriba, semana abajo.

Sobre todo porque el reinicio de la actividad turística no depende de cuando Canarias lo decida, depende de cuando la gente quiera volver a visitarnos, si es que tienen ganas y recursos económicos para hacerlo, y de cuando sus respectivos gobiernos lo permitan.

Realmente sí que es fácil de comprender, para que engañarnos. El virus nos pone desnudas frente al espejo y algunos poderes irresponsablemente prefieren pasar página lo antes posible.

Con el actual modelo económico no tenemos ninguna influencia sobre nuestro destino como pueblo y echar las culpas de esto únicamente a influencias externas sería hacernos trampas al solitario.

Nuestro sector productivo tiene características típicamente coloniales: monocultivo, con todos los huevos en la misma cesta, la turística. Huevos que además los disfrutan fuera, de cada 140 euros que gasta un turista al día en Canarias, más de 100 euros vuelan a manos extranjeras (touroperación, todo incluido, etc..) y dependencia gigantesca del exterior para todo, tanto es así que hasta el gofio que consumimos lo hacemos, salvo heroicas excepciones, con cereal traído de fuera.

De energía mejor ni hablar, expertos llevan décadas aconsejando y alentando que nuestra tierra debía ser un ejemplo de generación renovable a nivel mundial. ¿Y qué nos encontramos hoy en día? Que estamos por debajo del 20 por ciento de generación eléctrica con renovables.

En la tierra del sol, alisios, volcanes y Atlántico seguimos comprando energía carísima al exterior, con lo que eso supone para nuestra salud, medio ambiente, balanza comercial y para los bolsillos de canarios y canarias, debido al elevado y absurdo coste de esa factura.

Y por supuesto, encima, presumiendo de baja fiscalidad y bajos salarios para atraer inversiones. Ofrecemos nuestra tierra para pagar pocos impuestos y salarios de miseria y después nos extrañamos de liderar los rankings de pobreza, exclusión y peores servicios públicos.

La responsabilidad de esta situación es tan evidente que no voy a gastar ni un renglón en señalarla, solo basta con pasarse por Wikipedia y consultar quien ha gobernado las islas los últimos 30 años.

La pandemia llegó y evidenció la fragilidad del modelo. Ya era insostenible cuando funcionaba: destrucción del medioambiente, fuga de capitales y grandes bolsas de exclusión y pobreza en la población, pero es que ahora demuestra su inviabilidad con toda la crudeza.

Mira que los movimientos sociales, el tejido productivo local y una parte importante del mundo académico llevan avisándolo tiempo. Mira que nos llamaron locos un millón de veces cuando lo planteamos en sede parlamentaria. Mira que nos criticaron cuando votamos en contra de las reformas del Estatuto y el REF precisamente por haber excluido todas las propuestas de cambio de modelo económico en las islas.

Qué sensación más amarga la de tener razón pero no ser escuchados.

Ahora toca, ahora nadie puede mirar para otro lado. O cambiamos el modelo o muchos miles de canarios y canarias tendrán que coger la maleta, no hay más opción.

Asumamos que el consumo externo se desploma y protejamos el consumo interno mediante un ingreso suficiente y estable para la población o tendremos neveras vacías, emigración y destrucción del tejido económico de autónomos y pequeñas empresas.

Desde el guachinche, pasando por la floristería familiar que le vendía a los hoteles, hasta la diseñadora gráfica que trabajaba desde su casa por encargo. Nadie quedará a salvo si cae aún más el poder adquisitivo de las clases populares.

Si no ponemos en valor los cuidados y los servicios públicos es que no hemos aprendido nada de la terrible pandemia. Poner en valor no significa solo aplaudir (que es un gesto muy bonito), significa dotar de recursos a Sanidad, Educación, Investigación, Servicios Sociales.

Ya tenemos claro que el dinero destinado a lo público no es un gasto, son inversiones en salud y vida, son inversiones que nos hacen grandes como pueblo. Significa aflorar muchos empleos que hoy en día ni se reconocen ni se remuneran y que son principalmente realizados por mujeres.

Cuidar de personas mayores, dependientes o de las chinijas de la casa es un trabajo enorme, pues ya es hora de que sea también un empleo. Con dignidad y con derechos, ganaremos todos y todas.

¿Qué mejor momento que ahora para rehabilitar y modernizar la planta hotelera? Para hacerlos más eficientes energéticamente, adaptarlos a las renovables y mejorar la calidad del destino turístico. Para adaptarnos a un turismo cada vez más especializado, para distribuir la riqueza producida generando empleo en nuestra tierra.

Con el aumento del desempleo en el sector de la construcción seguro que hay miles de profesionales que están pensando exactamente lo mismo.

Canarias debe aumentar el peso de la industria en la generación de riqueza, por motivos desgraciadamente obvios estamos a años luz del 20 por ciento sobre el total del PIB que marcaba la Unión Europea para este mismo año 2020.

Cojamos el tren de la digitalización y robotización sin complejos. Apoyemos decididamente desde la colaboración público-privada la industria del software, videojuegos, gestión de datos, destinos inteligentes, etcétera. ¿Por qué no? Tenemos talento de sobra, infraestructuras y seguridad jurídica para hacerlo.

Y por supuesto el sector primario, ya nunca más se usará mago o maúro de manera despectiva, ya sabemos que cuando las cosas se ponen feas cada finca plantada es un tesoro.

Cada persona que trabaja en el campo, en el empaquetado, en la manufactura, o en un mercado canario es esencial para nuestro pueblo.

Apostemos por acercarnos a la soberanía alimentaria de las islas, a la producción y consumo local, modifiquemos las ayudas a la importación de productos para que nuestro campo no se muera.

Para todo esto hacen falta recursos y los tenemos, los que más riqueza acumulan deben pagar impuestos de forma progresiva como todo hijo de vecino.

Las herramientas de evasión fiscal legal, demostraron que no traen nada bueno a nuestra tierra, que solo generan paro, precariedad y un modelo económico muy frágil, extremadamente dependiente del exterior. Y ahí hay mucho dinero, muchísimo.

El presidente de Canarias declaró hace unas semanas que solo en el último año, una de estas herramientas de evasión fiscal legal para los más ricos, la RIC, dejó sin materializar 1.200 millones de euros. Esto es a todas luces absurdo; injusto por supuesto, pero absurdo económicamente hablando, también. Nunca se debió permitir, pero ahora menos todavía.

En definitiva, hay salida.

Pero requiere valentía y entender que las instituciones públicas y el conjunto de sectores de la sociedad canaria debemos responder con contundencia histórica a la nueva realidad. Es cuestión de vida y futuro o de pasado y penurias. Si triunfan la cobardía, la inercia o la salvaguarda de determinados intereses particulares, Canarias estará condenada, una vez más, a la insular miseria y la emigración.

La diferencia con anteriores ocasiones, es que puede que no haya a donde ir con la maleta

El Estatuto actual es antiguo, diría que viejo, con las connotaciones negativas que muy a menudo se le atribuyen a este adjetivo. Empezó a gestarse desde 1978, de manera atropellada y con fuertes tensiones, en un intento de las élites del momento de contener el empuje de una sociedad canaria que reivindicaba poder decidir sobre los asuntos que le afectaban, poder garantizar derechos y dejar atrás décadas de atraso, miseria material y mordaza política que había supuesto la sangrienta dictadura.

Eran los tiempos de la UCD, de la Junta de Canarias, de la segunda cadena de TVE y Naranjito.

Yo no tenía ni un año cuando en 1982 nació el Estatuto de Autonomía que, junto con la Lotraca (Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias), supuestamente nos colocaría a la altura de los derechos y competencias adquiridas por otros territorios del Estado.

Desde ese momento, solo ha sufrido una modificación reseñable, en 1996.

En ella, aparte de transferir algunas competencias más, se aumentaban de manera infame las barreras electorales al 30% insular y el 6% autonómico, perpetuando el sistema electoral canario como uno de los más injustos del mundo y afianzando a las fuerzas caciquiles (ATI-Coalición Canaria principalmente) en el poder por los siglos de los siglos.

Así, dejando atrás intentos fallidos que no tengo espacio para comentar, nos vamos a marzo de 2015. Tras años de crisis económica, política y social, el país había cambiado profundamente. La credibilidad de las instituciones estaba bajo mínimos, nuevas fuerzas políticas irrumpían en escena con gran fuerza y el gobierno de CC-PSOE con Paulino Rivero a la cabeza, imponía la modificación general del Estatuto de manera unilateral, solo con el apoyo de sus respectivos partidos. Lo hicieron deprisa y corriendo con el miedo (real) de que fuerzas como Podemos entraran en el Parlamento autonómico y pudieran modificar de verdad el contenido de un Estatuto que seguía, casi cuarenta años después, beneficiando a los de siempre.

Y llegamos a 2018. Canarias se consolida como una potencia turística a nivel mundial, batiendo records de llegada año tras año y aumentando el PIB (la riqueza generada en el Archipiélago) en más de 1.600 millones de euros desde que estallara la crisis. Pero eso son cifras macroeconómicas y la sociedad canaria, desgraciadamente, ni las huele.

Un 8% menos de inversión en Sanidad en los últimos 10 años, un 12% menos en Educación, los salarios un 17% más bajos que en el resto del estado (283€ al mes, que se dice pronto) y el mayor aumento de precios de la vivienda en todo el país, con 6 desahucios diarios, dibujan un panorama desolador. La Canarias real.

Parece evidente, casi de sentido común diría yo, que necesitamos una arquitectura institucional, un marco legal, profundamente diferente. Y la reforma del Estatuto de Autonomía podría haberlo sido.

¿Dónde si no íbamos a impulsar la soberanía alimentaria, facilitando que los productos que se consuman en las Islas, sean plantados en las Islas, mejorando nuestra salud, nuestra economía y generando miles de empleos en las zonas rurales donde más falta hace?

¿Dónde si no podíamos defender nuestra soberanía energética, dejando de pagar facturas millonarias al exterior por combustibles carísimos, produciendo en nuestra propia tierra gran parte de la electricidad que consumimos, creando muchísimos empleos estables y bien pagados, reduciendo el precio de la factura y haciéndole un inmenso favor a nuestro preciado entorno natural? ¿Dónde?

El tridente responsable de la situación actual, CC-PSOE-PP, con la vergonzante ayuda en numerosas ocasiones de NC, votaron sistemáticamente en contra de nuestras enmiendas. De casi todas. Nos chocamos contra un muro.

¿Acaso es una locura garantizar que la población canaria pueda ser atendida en centros sanitarios públicos bien dotados y con personal suficiente, que nuestra educación pública asegure un futuro digno al archipiélago, asegurando la calidad de la misma, independientemente del nivel de renta de las familias?

¿Blindar recursos para la atención a la dependencia, evitar en serio la pobreza energética en los hogares canarios que más lo necesitan, proteger y promover nuestro patrimonio cultural, facilitar el derecho al transporte por todo el territorio de deportistas de cualquier edad, equipos y federaciones que tantos problemas de movilidad sufren? ¿Son políticas trasnochadas? Creemos firmemente que no, que millones de canarios celebrarían estas medidas. Estas y muchas otras.

Queríamos derechos medioambientales y ordenación del territorio de forma sostenible con perspectiva general, primando necesidades reales de la población y evitando obras faraónicas donde el político de turno pone la mano, abre la cartera y cierra los ojos.

También intentamos democratizar el acceso al agua en las Islas, asegurando tecnológicamente el acceso y la sostenibilidad del suministro a corto, medio y largo plazo. Pero claro, con el poder no se juega y los aguatenientes en Canarias siguen mandando mucho y demostrado quedó una vez más.

Por supuesto, si hablamos del poder real en las Islas, imposible olvidarnos del REF. El conjunto de herramientas de desigualdad fiscal que contiene podría dirigirse a que Canarias saliera de la ‘Champions League’ de las miserias, pero ya saben...“Poderoso caballero es Don Dinero” y para los partidos de siempre son mucho más importantes los negocios de sus amigos que el bienestar general.

=Y como colofón al ninguneo, planteo una duda, creo que razonable: ¿Es posible, en pleno siglo XXI, viviendo una auténtica revolución en lo que a tecnologías de la comunicación se refiere, que la gran mayoría de la sociedad canaria, sea completamente ajena a este proceso?

¿Puede existir un Estatuto sin la participación de la sociedad que lo tendrá que cumplir y respetar?

Es más, ¿puede hablarse de democracia representativa si la norma que rige los destinos de Canarias se elabora sin que las personas supuestamente representadas lo sepan? Somos dos millones de personas, cada una con su opinión y pienso que nos merecemos un respeto.

No estoy contento, pero si orgulloso. Hemos trabajado duro en el debate parlamentario, presentamos enmiendas con todas las medidas expuestas en este artículo, trabajadas con personas expertas y asociaciones de la sociedad civil canaria. Peleamos coma a coma durante meses, pero no fue suficiente. Así lo reconoció la diputada portavoz del PP en el debate del REF: “Podemos ha trabajado mucho con multitud de aportaciones, pero claro, defendemos modelos totalmente diferentes y es normal que sus enmiendas no prosperaran”. Imposible resumirlo mejor.

Cientos de miles de canarios y canarias nos votaron para hacer las cosas de otra manera, para defender el interés de la mayoría, sin hipotecas electorales con bancos y grandes empresarios que pagan campañas y compran voluntades. Eso estamos haciendo, o por lo menos lo intentamos con todas nuestras fuerzas.

Ojalá estemos equivocadas y el Estatuto que aprobarán PP-PSOE-CC y NC mejore significativamente la vida en las islas, ojalá. Tras meses de debates y conociendo el texto final, creemos que no. La historia dirá si estábamos equivocadas o no.

Y digo la historia porque la sociedad canaria no va a tener, inexplicablemente, la oportunidad de hacerlo.

¿Dónde está la trampa? En el tipo de energía que eligen para la comparación. ¿Por qué “olvidan” las renovables? Hagamos una pequeña radiografía del sector energético en las islas. El 92% de la electricidad producida en Canarias la obtenemos a partir de combustibles fósiles. Quemamos más de la mitad del fuel-oil consumido en todo el país. ¡Más del 50%! Solo el 8% proviene de renovables. Sé que las comparaciones son odiosas, pero en el conjunto de España es de 33,7%. De los porcentajes en países y archipiélagos de nuestro entorno mejor ni hablamos, para no provocar sonrojo colectivo. Tenemos uno de los promedios de radiación solar en superficie más altos de toda la Unión Europea, potencial eólico tanto terrestre como marino y subsuelo volcánico envidiable para geotermia de alta y baja entalpía (En las vecinas Azores lo saben bien). En resumen y sin palabras técnicas: Tenemos sol, viento y calor subterráneo para aburrir.

Pero ni rastro de gas. El gas natural es un combustible fósil, por lo tanto limitado y contaminante (hasta 23 veces más que el dióxido de carbono si no llega a la combustión). Nos mantendría absolutamente dependientes del exterior, supondría la transferencia de millones de € a terceros países y por supuesto no abataría ni un céntimo la factura de la luz (desde el estallido de la crisis ha subido su precio final un 40%). No tenemos gas, ni nos conviene importarlo, pero los que mandan quieren imponerlo. ¿Por qué?

GASCAN es la empresa que pretende, con el apoyo del Gobierno de Canarias, colocar una planta regasificadora en Granadilla. GASCAN es a su vez, propiedad de ENAGAS, empresa pública privatizada por el PSOE en los noventa y actualmente bajo la dirección un exdiputado del PP.

El empuje sin miramientos del “gas ciudad” corre a cargo de REDEXIS, cuyo accionista mayoritario es el fondo de inversiones Goldman Sachs, responsables directos de la crisis financiera mundial de 2008, de la quiebra de países enteros como el caso de Grecia y fieles impulsores de las políticas de austeridad y recortes que en Canarias desgraciadamente, conocemos bien. El Banco Europeo de Inversiones acaba de entregar un crédito a REDEXIS por valor de 125 millones de €, con la supervisión, como no, del Gobierno de Canarias.

Como ven, todo queda en casa. Sabiendo estás cosas, se entiende un poquito mejor el empeño por el gas de los tres partidos de siempre (CC, PSOE y PP) y los poderes económicos que los apoyan.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC), órgano público de control que nadie puede acusar de ser un nido de bolcheviques radicales, emitió un informe el pasado septiembre alertando de la ausencia de planes de viabilidad económica sobre el mercado al que abastecerá, la previsión de demanda y los ingresos que se generarán. Por todo ello insta al Gobierno a no autorizar la construcción de la planta en Granadilla y plantea serias (y razonables) dudas sobre lo que más nos preocupa: Que el coste de este caprichoso negocio de las élites isleñas lo acabemos pagando todos los canarios y las canarias en el recibo. Con un 44% de la población en riesgo de exclusión y pobreza, que implica, entre otras terribles consecuencias, que muchísima gente no puede pagar la factura de la luz o tiene problemas para hacerlo, no necesitamos aventuras energéticas carísimas ni visitas de corruptos Presidentes de Gobierno para inaugurar infraestructuras que contaron y cuentan con el rechazo mayoritario de decenas de miles de canarios. Miles de alegaciones a las tuberías del gas, una ILP apoyada por 56.000 firmas contra el puerto y una década de movilizaciones masivas, continúan vergonzosamente olvidadas en alguna gaveta del Gobierno de Canarias. Necesitamos un modelo productivo diferente, con una energía limpia y barata, que permite vivir a las familias y que genere empleos de calidad. No tenemos que irnos muy lejos, está al alcance de nuestra mano y es inagotable. El problema es que la avaricia de determinados políticos y empresario también parece serlo.

El gas está de moda, la democracia no tanto.

Gran parte de este fenómeno, de esta inmensa fuente de riqueza, lo concentran los grandes núcleos turísticos, en el caso de Tenerife, el Sur de la isla.

Mientras esto ocurre nos enteramos de otro récord, de esos que no sirven para sacar pecho. FEDEA, la Federación de Estudios de Economía Aplicada, sitúa a Arona como el tercer municipio más pobre y más desigual de todo el país. Solo 23 personas concentran en sus manos, en sus bolsillos más bien, 21,5 millones de euros de la riqueza generada en el municipio.

Mientras esto ocurre, una camarera de piso cualquiera, se parte el lomo en un hotel cualquiera, durante 10 horas al día por 700 €. Si tiene suerte, el contrato le durará tres o cuatro meses.

Mientras esto ocurre, un hospital a medio hacer se convierte en la promesa incumplida más longeva de la democracia, 30 años de palabras y ni un solo quirófano, ni una sola cama, ni un solo paritorio.

Mientras esto ocurre, o muy posiblemente, porque esto ocurre, Arona puja por encabezar el competido ranking de más casos de corrupción por habitante del país, teniendo imputados de las tres últimas corporaciones municipales, parte de la oposición incluida.

Mientras esto ocurre, estudiantes de Secundaria se juegan el futuro en barracones.

Mientras esto ocurre, la depredación del territorio, el modelo basado en piche, cemento, sol y playa, impulsado por 30 años de gobiernos municipales, insulares y autonómicos, aplasta cualquier alternativa sostenible. Don Diego Cuscoy decía sabiamente: “sólo quienes aman el paisaje, son capaces de amar a su gente”. Es más que evidente que amar, lo que se dice amar, sólo aman a la cuenta corriente.

Algo aquí no funciona, no es lógico, no tiene sentido. Tener 78.000 hogares en riesgo de pobreza, con ingresos menores a 450€ y casi 300.000 personas en paro, en un lugar que es pieza fundamental de una de las economías más potentes del mundo, no cuadra. Tenemos la gallina de los huevos de oro, la están exprimiendo en nuestras narices y mientras, las canarias y los canarios miramos esperando que caiga algún huevo de la cesta para poder recogerlo.

Podría hablar de las penurias de las trabajadoras del plátano en Tazacorte, o de la emigración forzosa de la juventud gomera, pero es que lo del Sur de Tenerife es de juzgado de guardia.

La mejora profunda de las condiciones de trabajo derogando las reformas laborales y aumentando las inspecciones de trabajo; el fortalecimiento de los servicios públicos, especialmente sanitarios, para que el Estado del Bienestar en el sur no sea sólo palabras, y un cambio drástico en el modelo de todo incluido, touroperadores extranjeros y construcción desaforada, son urgentes. La diversificación de la oferta potenciando nuestro patrimonio, tanto natural como cultural, y una apuesta decidida por un cambio de modelo energético, explotando el potencial de las renovables en el sector y apostando en serio por la producción agrícola local, es la única alternativa de futuro.

Pero está claro que quienes mandan tienen otras prioridades y, sobre todo, otros intereses.

Después alguno se llevará un susto o pondrá cara de asombro cuando vea los resultados del 20 de diciembre.

Quieren hablar de Venezuela, nos preguntan en todas las entrevistas, lo usan como arma en las tertulias, así que allá voy, hablemos de la octava isla

Quieren hablar de Venezuela, nos preguntan en todas las entrevistas, lo usan como arma en las tertulias, así que allá voy, hablemos de la octava isla.

Allá emigró la generación que nos precede, la anterior a Cuba y la nuestra, como ya existe el lowcost y Skyscanner, pues ampliamos el abanico de posibilidades a los cinco continentes.

Pero algo no ha cambiado ni un pelo con respecto a nuestros padres o nuestras abuelas: los motivos de la huida.

Siempre imaginamos, porque así quisieron que lo imagináramos, que íbamos a vivir mejor que ellos. Nadie nos contó que en Canarias, en pleno 2015, solo dos de cada diez jóvenes podría emanciparse y que el paro juvenil rozaría el 60%. Nadie nos lo dijo. Y la traducción a la realidad de este dato es terrorífica. En Canarias hay más jóvenes en paro que trabajando. No hay que ser un genio de la economía o las ciencias sociales para saber que esto es insostenible.

Por si fuera poco, dos datos más ayudan a completar el panorama apocalíptico. De las pocas personas más jóvenes que tienen trabajo, el 60% goza de las maravillas y virtudes de un contrato temporal, lo que hace probable que mientras escribo esto, muchas de ellas mañana vuelvan a abrir el Infojobs y a imprimir copias del currículum.

Y la guinda del pastel. Si a pesar de las estadísticas, desafiando las matemáticas, alguien joven tiene trabajo en estas islas, disfrutará de un 22% menos de sueldo que hace solamente dos añitos, situando el salario medio juvenil en unos flamantes 800€. Repito, el salario MEDIO.

Conclusión esquemática: Si en Canarias viviéramos sólo diez jóvenes, seis estaríamos en paro, dos tendrían un trabajo temporal y dos un contrato fijo, cobrando un sueldo de miseria y viviendo en casa de sus benditos progenitores por los siglos de los siglos.

Con este panorama es normal que hablemos de Venezuela. Antes se iban en el Telémaco, ahora en Ryanair; antes mandaban cartas cada cierto tiempo, ahora nos conectamos al Skype desde algún cuchitril en Londres, México D.F. o Barcelona. Pero los motivos siguen siendo los mismos: La imposibilidad material de tener una vida digna en tu propio país, en tus propias islas, causada por años de robo y saqueo de unos señores con traje y corbata que salen en la tele diciéndonos que las cosas están mejorando, que “los grandes indicadores macroeconómicos muestran signos de recuperación”.

Pero todo esto tiene solución y va a llegar prontito, no queda ni un mes. A partir del 20 de Diciembre, cuando deroguemos la reforma laboral, cuando aumentemos la inversión en servicios públicos reconstruyendo el Estado del Bienestar y generando miles de empleos de calidad, cuando impulsemos el sector primario modificando la injusta política de aranceles y diversifiquemos la economía poniendo la investigación y la innovación en el lugar que merecen, entonces tendremos un país, tendremos unas islas, de las que nadie tendrá que irse contra su voluntad y en las que encontrar trabajo decente no sea una película de ciencia ficción de serie B.

Entonces, y solo entonces, podremos dejar de hablar de Venezuela y las tristes historias de emigración que cuentan nuestros mayores y que tanto miedo nos da tener que volver a repetir.

Tener una discapacidad te hace la vida más difícil, pero no por el hecho de serlo, sino por las políticas psicópatas de los “gobiernos del sufrimiento”

Con el corazón aún encogido por las noticias que nos iban llegando de París, el pasado sábado no podíamos dejar de ir a la IV Marcha por los derechos de las personas con discapacidad que diversos colectivos convocaron en Santa Cruz de Tenerife, quizá porque, como reclamaban, siguen igual que cuando se aprobó allá por 1982 la LISMI, y eso es mucho tiempo reclamando que se respeten sus derechos, que no les olviden.

Tener una discapacidad te hace la vida más difícil, más si eres dependiente. Resulta complicado para la persona y para su entorno cercano. Pero no por el hecho de serlo, sino por las políticas psicópatas de los “gobiernos del sufrimiento”, como me gusta definirlos. O tal vez como se definen ellos mismos con sus actuaciones. Y en Canarias es todavía peor.

Para empezar, un canario o canaria dependiente tiene cuatro veces menos posibilidades de ser atendido que en cualquier otra parte del Estado. Pocas personas, que no se hayan visto en la situación, se imaginan el entramado de administraciones y trámites burocráticos por los que hay que pasar para conseguir algo de ayuda, y menos el tiempo que hay que invertir en ello. Tampoco pasar por esto te asegura que vayas a tener acceso a una vida digna. Más de cuatro mil personas en Canarias desde 2010 murieron sin llegar a recibir la ayuda a la que tenían derecho. Por ley.

En Canarias, más del 50% de las personas dependientes están desatendidas, colocándonos, para no variar, en la Champions League de las miserias a nivel estatal y europeo. Un dato significativo para entender mejor la situación: El gasto medio en dependencia por habitante en Canarias es de unos 39€ frente a los 110€ de media en el Estado español. Todo ello según datos del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Detrás de estas estadísticas escalofriantes, hay personas de carne y hueso, familias. Y sobre todo mujeres, sobre las que suele recaer con triste normalidad todo el peso de los cuidados que el Estado nos niega. Por eso, la atención a la dependencia no es sólo una cuestión democrática básica, que lo es, sino también un campo de batalla para la igualdad real entre hombres y mujeres, un nicho de empleo público y de calidad gigantesco, que sacaría del paro y la miseria a miles de personas, que facilitaría la vida de otras tantas a lo largo de todo el archipiélago, de todo el país.

Y como todo en esta vida, tiene responsables. Esta realidad no cayó del cielo ni tiene orígenes divinos. Los responsables únicos y directos son el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, que jamás se han tomado el serio este drama y que se han preocupado más de desviar dinero a sus cuentas corrientes en Suiza, a construir puertos que nadie necesita o a financiar sus campañas electorales. Porque la Ley de Dependencia, a la que con tanta dureza han atacado los recortes, se aprobó en 2006, cuando la austeridad no se ensañaba con los presupuestos públicos. Fue en este momento cuando el Gobierno de Canarias decidió que no se trataba de un asunto prioritario, generando esta enorme desigualdad territorial que resulta totalmente inaceptable.

Por eso mucha gente, cada vez más, lo tiene claro. Como la mujer que me agarró del brazo en la marcha, y con la mirada fija, me dijo: “Mi niño, por Dios te lo pido, ganen y metan dinero en esto, financien la Ley, que ya no aguantamos tanto sufrimiento”.