La crudeza de la crisis ha mermado no sólo la situación socio económica de muchos andaluces y andaluzas, sino también su ánimo. Y me explico. Por una parte, tenemos la contundente reacción organizada y participada en defensa de aquellos derechos sociales que se vieron amenazados, por supuesto, pero por otro lado tenemos que pasado el tiempo se ha producido una desmovilización de estas mismas reivindicaciones y la subsiguiente normalización por buena parte de la sociedad del deterioro sufrido.

Y es esta normalización y aceptación del quebranto a nuestro sector público, a su desmantelamiento, lo que tiene que alertarnos del peligro que corremos a perder un Estado de Bienestar, que lejos de ser perfecto, era un digno punto alcanzado tras décadas de lucha y esfuerzo colectivo. La cada vez más generalizada percepción del deterioro, entre otras, de la calidad asistencial sanitaria pública y la espiral de desafección de pacientes y profesionales con respecto a la confianza en un sistema sanitario público es otro síntoma que debe llevarnos a una profunda reflexión.

Pues es precisamente el sistema sanitario público andaluz el que convertido en última trinchera, como elemento de equidad y cohesión social, el que debe servirnos para guiar nuestras actuaciones hacia la recuperación y nuevo blindaje de nuestros derechos constitucionales. En este caso, el derecho a la protección de la salud recogido en el art. 43 de la CE.

Lo primero que debemos considerar es que la aparente recuperación económica y la también aparente ausencia de secuelas que la crisis ha tenido sobre nosotros, no es real, o está muy lejos de serlo. Por tanto, si tenemos intención cierta de cambiar y mejorar la situación actual, debemos salir del punto de no retorno de negar que la crisis no se ha trasladado vía recortes y pérdida de miles de profesionales sanitarios. El maquillaje de las listas de espera, o el uso de las fusiones hospitalarias o las Unidades de Gestión Clínica para camuflar por razón de una gestión más eficiente no pueden ocultar un sistema colapsado.

El escape de una parte de la población que puede permitírselo hacia sistemas de aseguramiento privado -crecimiento a razón de un 4% anual de la suscripción en seguros sanitarios privados en nuestra región-, y el aumento de los conciertos del Servicio Andaluz de Salud con clínicas privadas, así lo evidencian. Es esa pérdida de confianza en la capacidad del sistema público de mantener una asistencia de calidad, esa desafección, la que nos debe conducir a una serie de reformas urgentes para sellar las fugas principales del sistema. Transmutar nuestro ánimo de la resignación a la acción. Reconocer el deterioro y trabajar para recomponerlo.

¿Y hacia donde deben ir dirigidas esas reformas? Precisamente hacia la reformulación de aquellos instrumentos que han servido o se han usado para ocultarnos la verdad y para poner mayor presión -ya insostenible- sobre los profesionales sanitarios. Esto es, la gestión clínica. Hay que reformular, entre otras cuestiones, que todo el sistema orbite en torno a objetivos de productividad puramente economicistas, con evaluaciones dentro y no fuera de las UGC; un sistema que recompensa la incierta consigna de “hacer más con menos” sin considerar otros factores.

La búsqueda de la excelencia en la escasez, y no en la mejora, es un error. Se ha de mover el eje de coordenadas desde un contraproducente e ineficaz celo en coartar el uso de los recursos, hacia un eje que les imprima valor. El implicar a los profesionales sanitarios en la gestión no desde el enfoque de que usar cuantos menos recursos es mejor, sino en hacerles partícipes de modelos que propicien usarlos de una manera que consiga sacarles el máximo potencial.

Las UGC, focalizadas en extremo en el ahorro, despojadas ya de buena parte de su crédito y credibilidad, han de dejar paso a un nuevo sistema de gestión centrado en el valor. Buscar un nuevo modelo de gestión en el que todas las responsabilidades de los miembros que conformen los equipos multidisciplinares con funciones en toma de decisiones, de control y uso de recursos, sean designadas de forma democrática y participada; y que sean unidades con autonomía real de gestión y no meros organismos que repliquen los recortes del contrato programa. Tiene que existir, a su vez, otra capa que audite externamente la actuación de estas nuevas formas de organización, con participación sine qua non de pacientes y ciudadanía en general.

Todo ello ha de ser debatido y refrendado parlamentariamente mediante una nueva ley de gestión clínica, en la que toda planificación hospitalaria y de AP tiene que responder a causa fundada y programada con tiempo suficiente para evitar improvisaciones, en el que los protocolos respondan a evidencia científica y no a una contabilidad de costes, y cuya función sea el maximizar los valores agregados de las distintas especialidades y no adelgazar sus componentes.

Con esta reforma necesaria evitaremos que caiga la última trinchera, y con su caída, el sistema que cohesiona nuestra sociedad. De lo contrario, se ensanchará todavía más si cabe la brecha entre ricos y pobres, dinamitando los cimientos de la igualdad de oportunidades.

Las relaciones que se dan entre sus elementos son de muy diverso tipo: ya sean, entre otras, sinérgicas, simbióticas o parasitarias. Mas estas relaciones tan heterogéneas se conducen en un equilibrio de fuerzas balanceadas, en una continua armonía bajo un engranaje de poleas biológicas compensadoras y descompensadoras.

La sociedad también puede explicarse a través de un sistema con diferentes elementos, en el que se circunscriben diferentes relaciones. A lo largo de su historia, la humanidad ha evolucionado siempre, relacionándose tanto con su entorno como internamente, respondiendo estas concomitancias a diferente naturaleza. Y es, de nuevo, la correlación de fuerzas la que encadena un relato de conceptos tales como justicia, toma de decisiones, reparto de recursos, etcétera, dándose en las sociedades modernas no sólo espacios competitivos sino también solidarios.

La pregunta clave es: ¿hemos sabido como sociedad alcanzar ese equilibrio?

Y el tipo de respuesta que obtengamos en función de donde provenga es de por sí significativo. Porque a lo largo de la historia, la voz que fue relatando estos equilibrios u ordenes de las cosas ha sido proyectada desde unas élites privilegiadas que, usando todo su poder de recursos y de los medios de comunicación a su alcance en cada época, han ido urdiendo una realidad particular y no colectiva. Por tanto, la construcción de equilibrio dejaba a la gran mayoría de los agentes sociales fuera del espacio minúsculo que han ido representando emperadores, clero, reyes, colonizadores, dictadores, gobiernos democráticos o grandes multinacionales.

Las relaciones que se han dado, y que se siguen dando, entre esas élites encaramadas a una posición de fuerza y el resto de la sociedad, mayoritaria, como os podéis imaginar y siguiendo el símil ecologista, han distado mucho de ser una relación simbiótica y han estado más cercanas a una posición en el que el peso del trabajo se cargaba sobre los hombros de los más débiles, mientras los beneficios quedaban en el lado poderoso de la balanza.

Esta mayoría social ha transitado desde un origen de total subordinación en época de reyes ungidos hasta la actual, donde el poder recae en una oligarquía político-económica, pasando por los pequeños avances con la creación de la seguridad social a finales del siglo XIX. El equilibrio del ecosistema en nuestras generaciones pasadas ha brillado por su ausencia, adaptándonos también muy mal en el impacto que hemos tenido con los recursos de nuestro entorno.

El Estado de Bienestar fue un espejismo que pronto personajes como Friedman y sus Chicago Boys se encargaron de descabalgar para dar paso a un neoliberalismo cruento que llegó a desencadenar guerras en América Latina y acabar con sus gobiernos democráticos. Ese hipercapitalismo fuera de control, que no sólo ha ido deteriorando condiciones laborales y desmantelando lo público, sino que en los últimos años ha ido expulsando del sistema a millones de personas. Lo conquistado durante más de un siglo para estrechar la enorme brecha  social ha sido dinamitado en apenas treinta años, aunque cada país lo haya experimentado a un ritmo distinto. Mientras en España el régimen democrático empezaba a andar en los años de La Movida, el Thatcherismo (asesorado por la escuela de Chicago tras su experiencia en América latina) hacía de las suyas. No tardaría mucho en extenderse globalmente como una plaga.

La clave, en el sistema impositivo

El sistema no ha dejado en ningún momento de estar desequilibrado, desde el momento en el que la toma de decisiones parte de una élite y no desde una mayoría social. Pero ha sido en estos últimos años de política austericida (basada en falsos postulados) cuando el desapego hacia aquellos que menos tienen y la impunidad internacional (paraísos fiscales) ha consentido que la situación haya llegado a un punto de no retorno, acabando con ese Estado de Bienestar que comenzábamos a vislumbrar. En Europa y antes en América Latina, con la complicidad de los órganos institucionales y el sistema financiero, han detraído de la ecuación de la construcción de una sociedad más justa (tanto en sus canales competitivos como solidarios) la capa fundamental en la que ha de sustentarse, y que no es otra que un sistema impositivo progresista.

El señor Friedman y sus Chicago Boys diseñaron un plan para, valiéndose de los soportes de poder de las oligarquías, desmantelar los servicios creados por el Estado del Bienestar y derivarlos a paraísos fiscales, donde estos recursos no tributaran. Para ello, debían desmantelar primero los servicios públicos hacia un sistema privado, más opaco, para mediante argucias legales y convenios internacionales trasladar los beneficios hacia cuentas en paraísos fiscales, donde no tributan o lo hacen a unos porcentajes anecdóticos.

Casos recientes como el escándalo de los papeles de Panamá han revelado cómo las políticas de recortes que quedaban justificadas porque nuestro sistema fiscal no recaudaba suficiente dinero como para sostener el nivel de servicios públicos, se han desmontado por cuanto la evasión fiscal era la razón real que justificara ese desmantelamiento de lo público. El modus operandi de privatizar para terminar desfalcando es un trazo recurrente que puede investigarse en varios países desde que la infame política neoliberal se llevase a la práctica.

¿Qué hacer para reconducir el sistema?

Tal como ha sucedido a raíz del hartazgo político y la llegada de las mayorías sociales a las instituciones, se deben recorrer caminos similares para democratizar la economía y acabar con los convenios internacionales que permiten el desfalco de los recursos públicos. Y para ello, hay que poner los medios necesarios para acabar con la impunidad de los que evaden sus impuestos, que son además los que más tienen, y que de forma negligente atentan contra el sostenimiento de todo el sistema. Acabar con los que se creen intocables. Y recuperar el equilibrio.

En España los precios de los medicamentos son precios “intervenidos” en cuanto que son regulados por el Estado (el Ministerio de Sanidad), que fija el precio de venta de laboratorio, el margen del almacén distribuidor, y el margen de la oficina de farmacia, para llegar así al precio de venta al público.

Las llamadas “subastas” de medicamentos son el mecanismo por el que el Sistema Andaluz de Salud (SAS) selecciona el medicamento a dispensar por las oficinas de farmacia cuando es prescrito por un médico del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) como principio activo (esto es, como medicamento genérico, no una marca comercial). Por tanto, afecta sólo a los genéricos, no a todos los medicamentos.

Desde el 1 de enero de 2016, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 establece que cuando la prescripción se realice por principio activo, el farmacéutico dispensará “el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea”, sea éste genérico o de marca. Esto permitiría, si el SAS convoca nuevos procedimientos de selección, que los laboratorios que tienen la marca registrada compitieran con los de genéricos.

Antes de las “subastas”, la dispensación de los medicamentos prescritos como principio activo (genéricos) funcionaba así: el médico prescribía el principio activo, supongamos que omeprazol, el paciente acudía a la farmacia, y de entre los múltiples preparados de omeprazol autorizados por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), el farmacéutico le entregaba el que él (el farmacéutico) consideraba oportuno; podía ser aquel omeprazol por el que obtiene una mayor bonificación del laboratorio (bonificación del tipo de un envase por cada x vendidos). El beneficio del farmacéutico no se trasladaba al paciente, que seguía pagando la aportación que le correspondía, ni a la Administración, que pagaba a la oficina de farmacia el precio fijado a nivel estatal (deducida la aportación del paciente).

Si el paciente volvía un mes después por su omeprazol podía ocurrir que el mismo farmacéutico le entregara el omeprazol de otro laboratorio (envase distinto, probablemente). 

¿Qué pretende el SAS?

El SAS pretende, cuando haya una prescripción de un medicamento genérico, que no sea el farmacéutico quien elija a su conveniencia qué medicamento le entrega, sino la propia Administración. Y para ello convoca una especie de concurso mediante el cual selecciona, por un periodo de tiempo (dos años ha sido hasta ahora), para cada principio activo y presentación (omeprazol 20 mg., 28 cápsulas, siguiendo con el ejemplo) al laboratorio cuyo preparado deben entregar todas las oficinas de farmacia a todos los pacientes que acudan con una receta del SAS de omeprazol 20 mg., 28 cápsulas.

Este procedimiento está previsto en la Ley de Farmacia de Andalucía, modificada en 2011 para eso, y es un resquicio legal para que el sistema público obtenga algún beneficio de esa selección: convocar ese concurso y seleccionar al laboratorio que ofrezca la mayor cantidad por unidad dispensada con cargo al SAS. Esa cantidad no es un descuento, sino que es un ingreso a la Junta de Andalucía. El Ministerio de Sanidad se opuso alegando que la Comunidad Autónoma no era competente para ello mediante recursos de inconstitucionalidad y contencioso-administrativos. A falta de un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional, las “subastas” se han seguido celebrando.

¿Dónde van los ingresos por medicamentos genéricos seleccionados? El presupuesto del SAS, como cualquier ente público, se conforma con ingresos y gastos. Los ingresos han procedido tradicionalmente de los impuestos recaudados, la asistencia sanitaria prestada a terceros obligados al pago (es el caso de los pacientes privados) y, desde hace unos años, también de la selección de medicamentos. Para 2015 el propio SAS calcula en unos 120 millones de euros los ingresos derivados de la selección de medicamentos.

Los pacientes no son perjudicados por la “subastas” del SAS. Es un argumento falaz y demagógico el que afirma que los pacientes andaluces no tienen acceso a las prestaciones del SNS como el resto de españoles. Al paciente que se le prescribe, siguiendo con el ejemplo, 28 cápsulas de 20 mg. de omeprazol en Andalucía, el sistema público se lo facilita a través de una oficina de farmacia y le financia la misma proporción del precio del medicamento omeprazol cápsulas de 20 mg. que en Madrid. La única diferencia está en quién elige de qué laboratorio es el omeprazol que vende al paciente ¿El farmacéutico o la Administración? ¿Es legítimo que sea la Administración, siempre mediante un procedimiento público, transparente y objetivo, si eso contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema sanitario público?  

Más aún: los pacientes se van a beneficiar en que durante un tiempo no va a haber un cambio continuo de envases, según las preferencias del farmacéutico. Sólo si hubiera desabastecimientos reales de todos los genéricos de todos los laboratorios se verían perjudicados los pacientes. Esto podría ocurrir si la “subasta” con un único proveedor se estableciera para toda España, y fallara; el resto de laboratorios podría no estar en disposición de suministrar ese medicamento.

El efecto de las “subastas”

A nivel estatal, el Ministerio de Sanidad, debería llevar a cabo procedimientos que introdujeran mecanismos de competencia real entre laboratorios para establecer los precios de medicamentos genéricos para el Sistema Nacional de Salud (SNS); estos procedimientos deberían asegurar también la capacidad de producción de los laboratorios para evitar posibles desabastecimientos. Estas medidas de racionalización del gasto público beneficiarían así a todas las comunidades autónomas.

El efecto de las “subastas” en la comunidad autónoma de Andalucía, aunque ha sido menor de lo esperado inicialmente por el SAS, no debería despreciarse: 120 millones de euros, 20.000 millones de las antiguas pesetas, son el 7 % del gasto del SAS en recetas médicas. Esto es una medida puntual, limitada, pero contribuye a aliviar un poco los problemas de financiación del SAS. Este “ahorro” vía incremento de ingresos del SAS por la selección de medicamentos no debe suponer en ningún caso una pérdida de calidad en el tratamiento que se ofrece a los pacientes.  

Los desabastecimientos de medicamentos no son frecuentes en nuestro sistema sanitario, pero los hay: de medicamentos seleccionados por el SAS, y de otros medicamentos. Hay un procedimiento de notificación del laboratorio fabricante o distribuidor a la AEMPS, y de comunicación de ésta a los servicios autonómicos de salud, para que adopten medidas que garanticen la correcta asistencia a los pacientes.

Circulan afirmaciones y comentarios en determinados ámbitos, tanto sanitarios como no sanitarios, cuestionando la “calidad” de los genéricos en comparación con la del medicamento original (la “marca”). Así se dice a veces que es porque tienen hasta un 20 % menos de principio activo, o que es por el excipiente, o por la biodisponibilidad. Entendemos que si la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que son los organismos competentes, los autoriza tras un procedimiento de evaluación, está garantizando la calidad debida. Sería positivo que el Ministerio de Sanidad, de quien depende la AEMPS aclarase estas cuestiones, de modo que los profesionales y la ciudadanía en general tengan toda la información en un lenguaje comprensible y riguroso.

Más allá de la polémica por las “subastas” de medicamentos, el debate sobre la política farmacéutica en el SNS y en el SAS es mucho más amplio y profundo. Además del alcance estatal en lo que corresponda, dado que esta materia es, en lo sustancial, competencia del Estado, este debate deberían contemplar, entre otras, las políticas efectivas de uso racional del medicamento, tanto en Atención Primaria como en hospitales, y de precios para el SNS.

Desde los derechos de patentes (¿cómo les afectará el TTIP, si se aprueba?), pasando por los precios de los medicamentos en el SNS y los mecanismos de competencia real entre proveedores, el desarrollo de guías de referencia en hospitales consensuadas por los profesionales, la potenciación de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT’s), el uso de alternativas farmacoterapéuticas más eficientes, y abrir un debate sobre una nueva ética de la prescripción que contribuya a la sostenibilidad del sistema sanitario público.

No es la primera vez ni será la última que la gente protagonice un cambio de rumbo en la historia. Y estos cambios suelen venir después de amplios periodos de opresión y oscurantismo.

Se dice que los japoneses no conocen la palabra “crisis” en el mismo sentido negativo que la entendemos en los países occidentales. Esta palabra, en cambio, les evoca un mundo de oportunidades, de empezar algo nuevo, de construir una nueva realidad. No voy, ni mucho menos, a rebajar el drama de lo que ha supuesto la “crisis” en el mundo occidental en general, y en España en particular. Estamos viviendo la que posiblemente sea una de las décadas más negras de la historia reciente. Y lo peor es que ha sido una situación a la que no hemos llegado por una gran guerra o por un gran cataclismo, si no por la ambición desmedida de unos cuantos y por los objetivos claramente antisociales de una élite que ha sabido imponer sus criterios a nivel planetario.

Pero las lágrimas vertidas por este drama no debe nublarnos la vista. La ciudadanía, azuzada por la amenaza galopante de perder derechos que creían consolidados, terminó organizándose en movimientos políticos que están llevando a las instituciones otra forma de ver las cosas. El cambio de siglo lo estamos propiciando realmente ahora y se está vehiculando con un movimiento de abajo a arriba. Es ahora cuando se debe acabar con la manera de hacer fraguada a lo largo del Siglo XX y tomar conciencia de la oportunidad histórica para construir lo que representará el Siglo XXI. Nos situamos ante el gran reto de construir no solo un nuevo modelo económico, sino también un nuevo modelo social basado en la solidaridad, la equidad y la sostenibilidad.

No es la primera vez ni será la última que la gente protagonice un cambio de rumbo en la historia. Y estos cambios suelen venir después de amplios periodos de opresión y oscurantismo. Es cierto que cuando hablamos de derechos sociales ocurre que, en muchas ocasiones, nos trasladamos al ámbito de lo sentimental y los argumentos se esgrimen apuntalados en consideraciones subjetivas. Por eso, los datos a veces nos ayudan a situar el estado de una cuestión. Si hablamos del derecho a la vivienda, no está de más recordar que Eurostat sitúa a Andalucía como la comunidad que lidera la pobreza en España, con un 38,6% de su población sin los recursos mínimos. O que desde el año 2007 se han ejecutado cerca de 90.000 desahucios. Una situación que se complica si hablamos de los ingresos, puesto que el 18 % de los hogares andaluces no percibe ninguna renta.

Esas cifras esconden realidades dramáticas de miles de personas que simplemente no tienen nada. El vacío más absoluto dentro de la sociedad de la opulencia. ¿Qué futuro le podemos ofrecer a quienes lo único que les queda es un presente mísero y sin otra perspectiva que más pobreza? Esa es la fuerza del mensaje de quienes nos hemos arremangado para empezar a construir este nuevo Siglo XXI. Nuevos partidos hemos surgido no solo del descontento y del cabreo, sino de la percepción de que hay que rescatar las instituciones, desalojarlas de quienes han hecho posible un Siglo XX donde se ha gobernado bajo el amparo de leyes injustas. Además de propiciar un modelo económico basado en el crecimiento a toda costa, a costa de la gestión irracional de los recursos o la dignidad de las personas.

En ese tránsito, como una broma cruel, se han creado marcos legales que consagraban los derechos de la ciudadanía. Desde la Constitución hasta todo el desarrollo normativo posterior, nos encontramos con una amplia estructura construida, a priori, para defender los sacrosantos derechos sociales, entre ellos el de la vivienda. Y lo menciono, porque mientras sobre el papel se defendía el derecho de todas las personas a un lugar digno en el que vivir, en la práctica la vivienda se ha convertido en un bien mercantil en el que prevalece el interés sobre su venta y los beneficios que pueda generar, antes que garantizar la habitabilidad con dignidad para una familia.

La historia nos demuestra que una sociedad no avanza si se actúa contra su propia gente. Los últimos años del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, han desembocado en modelos económicos insostenibles y, lo que es peor, absolutamente insolidarios. Un modelo en el que la vivienda se ha mercantilizado hasta niveles insoportables para una sociedad como la nuestra, que se ha visto agravado por la durísima crisis que se ha cebado con todas las capas sociales, empobreciendo más a los que menos tenían, pero también arrastrando a niveles de pobreza a clases medias que no han podido hacer frente a tantos años de aniquilación de la economía. La gente que se siente oprimida acaba por levantarse y por defender con uñas y dientes sus derechos ante quienes intentan usurpárselos.

Frente a eso, estamos quienes queremos empezar a construir un nuevo modelo social, político y económico en el que se hable de rescate ciudadano y no de rescatar bancos. De medidas y leyes que trasciendan un modelo caduco para empezar a construir un sistema en que lo social y el interés común esté por encima del interés de una minoría privilegiada. Y lo tenemos que hacer a través de la voz de la gente, para así recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la mayoría social. Debemos trabajar para alcanzar ese Renacimiento, esa nueva sociedad abierta y plural que nos saque de esta nueva Década Ominosa en la que nos han querido enclaustrar. Desprendernos de la mordaza de espíritu que nos impedía aspirar a una sociedad mejor y más justa.

No es un trabajo fácil y para empezar, lo primero ha sido saber cuál es el estado real de la vivienda en nuestra comunidad. Desde el grupo parlamentario Podemos Andalucía llevamos meses trabajando en este análisis cuya conclusión, por otra parte nada sorprendente, es la mala gestión que se ha realizado del parque público de vivienda. ¿Cómo es posible que una administración permita que haya viviendas públicas vacías mientras hay familias en la calle? Esta es una de las situaciones absurdas con la que nos toca lidiar en el día a día en Andalucía. Una situación avalada por procesos burocráticos complejísimos que los convierten en una tortura más que en una salvación. Miles de familias andaluzas padecen en la calle, con casas vacías sin usar que permanecen como activos muertos en el balance de entidades financieras, sin vida en ellas, que es su verdadera razón de ser.

Este nuevo absurdo existencialista hace necesario que volvamos sobre nuestros pasos y empecemos a considerar la vivienda como un derecho por encima de su catalogación mercantilista. Las administraciones, con una legislación del lado de la banca, han consentido que las entidades financieras convirtieran a la construcción en uno de sus ejes de inversión, y lo que es peor, han permitido que aplicaran condiciones abusivas a los clientes, incluso desoyendo las recomendaciones europeas. A pesar de todo, se han conseguido algunos cambios normativos que, de hecho, han permitido que la situación empiece a revertir para ponerse del lado de la gente. En cualquier caso, lo poco que se ha avanzado ha acabado topando con el muro del Tribunal Constitucional. Todavía falta mucho por hacer, especialmente en la lucha abierta para conseguir la dación en pago, de forma que entregando las llaves de la vivienda quede saldada la deuda con el banco. Hasta ahora un desahuciado se queda en la calle, sin vivienda y con una deuda de por vida que lo estigmatiza.

Las entidades financieras y una normativa ambigua o inexistente han sido algunas de las claves de los problemas sufridos en los últimos años. Es el caso de las titulaciones hipotecarias. Una denominación que esconde otro de los grandes fraudes de nuestro tiempo. Como siempre, la banca nunca pierde y si las hipotecas se han convertido en un elemento tóxico, lo mejor es quitárselas de en medio y endosárselas a otro. Con esta fórmula, las entidades bancarias pueden agrupar hipotecas y convertirlas en un activo que pueden vender a una sociedad gestora. Es esa sociedad la que pasa a ser la titular de la hipoteca y eso se hace sin consentimiento de los hipotecados y sin que sea necesario que aparezca en el Registro de la Propiedad. Tan sólo se recoge en unos archivos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a los que es muy complejo acceder.

Es decir, muchos de quienes lean este artículo tienen sus hipotecas titularizadas y ni siquiera lo saben. En estos casos su banco ya no es el acreedor, si no que lo es un fondo de inversión de esos denominados “fondos buitres”. En teoría, por lo tanto,llegado el caso, la entidad financiera otorgadora del crédito original, no podría solicitar el desahucio, pues carecería del derecho legítimo de reclamar la deuda. Sin embargo, según datos oficiales, se han producido unos 600.000 lanzamientos de viviendas que tenían hipotecas titularizadas en España. O lo que es lo mismo, eran desahucios ilegales. Ha sido este año cuando se ha producido la primera sentencia en la que un juez declaraba nulo un desahucio por este motivo. Una vez más, la judicatura va por delante de la ley.

Miles de familias han sufrido en primera piel la amarga derrota que supone sentirse expulsados de su propia casa. Les hicieron creer que era culpa suya, cuando en realidad fueron víctimas de una estafa financiera internacional. Otros muchos permanecen aún en ellas, pero en condiciones de absoluta miseria, con los recortes auto impuestos para evitar que la factura de la luz crezca (de otra manera afrontar el pago de la factura es inasumible). Gente que pasa frío porque su sueldo no le da para pagar la calefacción. Esa nueva pobreza que es la energética, ante la que se hace necesario actuar al igual que ya se está haciendo en otros países como Bélgica, de forma que se garantice un mínimo de suministros de agua y electricidad a toda familia, especialmente en los meses de invierno.

La sociedad en la que vivimos debe dar un giro de 180 grados. Se hace necesaria una Ley Integral de Vivienda, que nos permita transitar hacia un nuevo modelo en el que se apueste por dotarnos de un parque público de vivienda con entidad suficiente para satisfacer las necesidades sociales y sobre el que se ejerza un control efectivo desde la Administración, en el que se fomente el alquiler sobre la compra, en el que se impulse la rehabilitación sobre la construcción y en la que, por supuesto, se reconozca el valor social de la vivienda haciendo efectivo el derecho recogido en la Constitución.

Tenemos el reto de construir un modelo político realmente representativo y democrático en el que las instituciones vuelvan a estar al servicio de la gente, protegiendo los derechos sociales y el interés común frente a la especulación y la ambición desmedida de unos cuantos.

Volviendo al principio, recupero la referencia al optimismo con el que los orientales se enfrentan a una crisis. Si ellos la ven como una oportunidad, esta va a ser la nuestra. Podemos hacer que cambien las viejas políticas. Vamos a hacer posible el cambio de modelo productivo y social en este siglo. Debemos creer en nuestra capacidad colectiva de hacer frente a los problemas unidos. Las leyes no son inmutables, tan solo hace falta la legitimidad del voto para cambiarlas. Es el momento de que la gente tome las instituciones. Es el momento de soñar y de que los sueños se hagan realidad. Es el momento de tomar el cielo por asalto. Un asalto en el que los derechos sociales reconocidos por la Constitución van a ser nuestro ariete. Unos derechos que serán las armas para conquistar las almenas de la igualdad. Porque para llegar a lo más alto, debemos empezar por fortalecer a las bases sociales. Ha llegado el momento de nuestro gran reto, de nuestra oportunidad. Y el momento es ahora.