Hemos conseguido incrementar el número de consorciados; ya somos 46 ayuntamientos y cinco cabildos

Con la modificación de los Estatutos de la APMUN en el año 2011 para incorporar como prioridad de trabajo la faceta preventiva, incorporación refrendada el pasado año a través de la Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, se abrió una nueva e ilusionante etapa en este organismo consorcial.

Y es que el marco competencial de este organismo se ha visto sustancialmente ampliado más allá de sus tradicionales funciones de vigilancia y sanción medioambiental y urbanística, incluyendo de forma detallada el ejercicio de la “función preventiva mediante el asesoramiento técnico y jurídico a los ciudadanos y colectivos sociales, generando la información y los instrumentos que sean necesarios para evitar la vulneración de la normativa, con la anticipación en la detección y comprobación de las presuntas infracciones”.

Nos toca ahora continuar asentando este objetivo en el seno de la APMUN y fuera de ella, con los medios y recursos disponibles, con el fin de que este eje de trabajo impregne la actividad diaria, desplegando todo el abanico de posibilidades que ofrece este nuevo marco legal. En definitiva, se trata de poner en el centro de todo a la prevención, haciendo realidad la colaboración para la prevención, la comunicación para la prevención y la formación para la prevención.

Cuando hablamos de colaboración para la prevención estamos enfatizando algo obvio pero clave, algo imbricado en nuestra propia estructura como consorcio donde ayuntamientos, cabildos y Gobierno canario nos damos la mano en pro de la protección de nuestro patrimonio natural. Hemos conseguido incrementar el número de consorciados; ya somos 46 ayuntamientos y cinco cabildos en nuestros órganos de dirección, pero tenemos que seguir sumando más, porque las competencias del territorio son compartidas, porque trabajando juntos y coordinándonos mejor, facilitaremos también las cosas a la ciudadanía, y porque así lograremos una mayor transparencia de nuestra actividad. Por eso, en esta legislatura queremos reforzar la relación con ayuntamientos, cabildos y Gobierno para incrementar la eficacia y eficiencia de las actuaciones. Queremos acercarnos y que ellos también se acerquen a nosotros porque son los pilares básicos de la APMUN.

Pero la colaboración institucional se extiende más allá de nuestros órganos internos, también alcanza a otras entidades y organizaciones sociales y medioambientales, con los que cooperamos o queremos cooperar.

Hay que recordar que la APMUN ya tiene suscritos acuerdos con el Ministerio del Interior (SEPRONA), con la Dirección General de Seguridad y Emergencias (Policía Canaria); con la empresa pública GRAFCAN; con la FECAM y la FECAI, y con las Cámaras de Comercio de Las Palmas y de Lanzarote; entre otras entidades, con quienes venimos trabajando en el desarrollo de distintas actuaciones formativas e informativas.

Ahora toca dar el salto al ámbito educativo y poner el acento en la formación para la prevención. Queremos establecer lazos de colaboración con entidades públicas y privadas con competencias en materia de formación. Queremos poner nuestra experiencia, que ya supera los quince años de andadura, a disposición de los centros educativos: colegios, institutos, universidades…, fomentando la prevención ambiental desde las edades más tempranas. Incorporar como tareas las acciones formativas e informativas que redunden en el beneficio de los objetivos de la Agencia, mediante la cooperación y coordinación con otras administraciones para tales fines, como nos dictan los propios Estatutos de la APMUN.

Para este propósito será un eje transversal en esta etapa la comunicación para la prevención. Se trata de comunicar nuestro trabajo: su faceta sancionadora y penalizadora, pero también la dimensión restauradora del territorio que desarrolla este organismo consorcial, y que va mucho más allá de la ingrata tarea de demoler aquellas edificaciones ilegales que contravienen la normativa, extendiéndose a la recuperación de espacios dañados y degradados bien por la actividad humana, como las canteras de áridos o los vertederos; bien por la naturaleza, como es el caso de los incendios que en ocasiones asolan nuestros espacios naturales únicos, nuestros paisajes emblemáticos. Y en este campo de la restauración queremos ir de la mano de los extraordinarios expertos que atesoran nuestras dos universidades.

Queremos comunicar la prevención, que arraiguen los buenos hábitos ambientales, y para ello requeriremos la colaboración de la prensa, como gran intermediario entre la administración y la ciudadanía, junto a un recurso cada vez más indispensable y cotidiano en nuestras vidas, como son las nuevas tecnologías, para acercarnos a la gente y transparentar nuestra actividad; seguros de que la nueva ley del territorio que nacerá en esta legislatura tendrá en cuenta la necesidad de que desde la Administración se le faciliten las cosas a la gente, priorizando un enfoque de trabajo dirigido a la personas para que formen parte de la solución de los distintos problemas ambientales y urbanísticos. Queremos, en definitiva, poner en valor el extraordinario trabajo que desempeña este organismo consorcial que vela por la protección de nuestro territorio, nuestro medio ambiente y nuestros valores naturales.