A quien haya tenido contacto con ese sencillo manual de sentido común de 1973 que es “Lo pequeño es hermoso” de E. F. Schumacher, le sonarán las razones con las que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón acaba de tumbar, en una sentencia de nueve páginas de recomendada lectura para quien se preocupe por la supervivencia del medio rural y la protección de su medio ambiente, una explotación porcina en zona protegida. Sentencia que evita que una mal llamada granja se instalarse en pleno Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, no porque fuese lógico que en un espacio protegido pintan poco seis naves con 1.140 cerdas reproductoras más lechones, 1.200 cerdas de recría y 330 plazas de reposición con la consiguiente balsa de 10.000 metros cúbicos de purín (que no estiércol ni abono), ya que de hecho fue un juzgado de Huesca en primera instancia quien sostuvo que al no estar prohibido explícitamente debía permitirse (sic).

El Tribunal Superior entiende que “Lo que se pretende autorizar ahora no es propiamente una actividad agro-ganadera, sino una industria, una explotación en sí misma”. Lo extirpa además de lo que sí hubiera estado permitido, al considerarse la ubicación dentro del parque pero tratándose de una zona más antropizada, como “industrias y actividades artesanales […] de carácter tradicional”. Ni actividad agro-ganadera ni carácter tradicional. Y estas dos consideraciones son fundamentales, no solo porque reconocen la capacidad de lo cuantitativo para definir lo cualitativo, algo que va más allá de aquello de que en la dosis está el veneno, ya que da a entender que cuando pasamos de escala podemos dejar de hacer más de lo mismo para pasar a hacer otra cosa distinta. En este caso, dejar de ser ganadería y convertirse en industria, una industria que paradójicamente está terminando con la ganadería, la de verdad, y con el ganadero, aquel que lleva a cabo una actividad acorde al medio, para dejar a su paso endeudados al modelo de negocio que controlan las financieras de la propia industria. Por otra parte, y como consecuencia, termina también con la idea que ha sido bandera tanto de la publicidad como de las organizaciones afines sobre presentarse como la mejora de un sector tradicional al que ya nada se parece.

El “cuanto más, mejor” es un mantra asociado al progreso desde la revolución industrial, cuando ni la contaminación ni los límites físicos del planeta merecían un solo pensamiento que pudiera entorpecer su despliegue. Ni siquiera cuando Jevons planteó que conforme se perfecciona la tecnología para aumentar la eficiencia con que se usa un recurso, lo que sucede en realidad no es que su consumo disminuya, sino que aumente críticamente. A aquello la ortodoxia respondió con un “algo inventarán”. Hoy la ciencia, la conciencia y, aunque con lentitud, también las leyes y sentencias se han encontrado con la evidencia de que nada (físico) es infinito; los límites han aparecido y con ellos la responsabilidad. Ya no es tolerable dejarse llevar por un progreso acientífico, ciego, acrítico y sobre todo cobarde, que más que avance es una huida hacia adelante.

Pero, ¿y si fuésemos con el razonamiento del Tribunal más allá?, ¿pasar de hacer un uso racional de los recursos, no solo con el cumplimiento de las MTD (Mejores técnicas disponibles) para minimizar los efectos de una producción intensificada que ha resultado en destrucción de las actividades tradicionales y el tejido económico rural, a utilizar la tecnología apropiada que permita modelos que le den la vuelta a los efectos que nos han dejado como la despoblación?. Si hay tecnología para industrializar la naturaleza con desastrosas consecuencias socioeconómicas y ambientales, ¿por qué no invertir esfuerzos iguales en renaturalizar la industria, en un sentido profundo?.

Hay quien le ha puesto nombres: economía circular, ecología industrial,… pero lo fundamental es la idea de que no es suficiente con fijarnos en la porquería de la tubería de salida, hay que darle una vuelta a todo el proceso para que ni exista lo que llamamos “residuo” ni se generen perjuicios sociales y ambientales, lo que por tanto incluye también el consumo. El aterrizaje, en todo y especialmente en las ideas, siempre es lo más difícil, quizás también porque para eso se necesita que no sólo quienes vivimos en los pueblos, sino quienes deben decidirlo y pagarlo en las ciudades, tengan claros los costes de no hacerlo. Tampoco es suficiente, como ya han planteado desde diputaciones y comarcas, con una fiscalidad diferenciada, pero sí supone un paso inicial necesario para motivar ese esfuerzo creativo de un tamaño e importancia colosal, a la altura del reto que nos hemos construido. Porque, como ya sabemos, el tamaño sí importa y lo pequeño es tan hermoso como necesario.

Con el modelo de la TCP la generación de riqueza se concentra, todavía más, lejos de nuestra provincia, que sólo puede esperar que el producto de ese intercambio vuelva en inversiones junto con la gente que debe migrar a esos polos productivos para poder vivir. Nuestra provincia pasa así a depender de un acto de fe: que la fracción que acabe en sueldos -no la que se acumula, en un país con cada vez mayores desigualdades- se gaste aquí en turismo. Y el acto de fe nos dice que creamos que esta riqueza, la gente joven y el futuro que sale, volverá, quizás para fiestas o en temporada.

Por ahora los hechos son tozudos y el destino del tren de la TCP sigue siendo, aquí, la despoblación y la pérdida de resiliencia y capacidad productiva. La reapertura del Canfranc sin embargo, al ser un tren lento, se orienta a un uso regional en los Pirineos, para personas y mercancías, que hace posible desarrollar su actividad a una escala más humana y, por tanto, desplegar un desarrollo económico para sus pueblos.

La segunda idea es que podamos pagar el billete antes de subir, o que acabaremos el viaje. Y no es sólo que tunelar el Pirineo (35 kilómetros, 8.000 millones presupuestados -ya se sabe, los primeros-) tiene costes económica y ambientalmente prohibitivos, sino que para poder asumirlos dependemos por una parte de financiación externa que priorizará como es lógico los pasos laterales que no necesitan retrazarse, y por otra de coordinarnos con una Francia que ha dejado clara su apuesta por el Canfranc y que en 2016 ya reabre el tramo Olorón - Bedous. Ante esta realidad hemos de decidir si vamos a caer en un complejo de inferioridad testarudo, o en la cuenta de que para ganar hay que jugar con el terreno a favor, y que el desarrollo no tiene una fórmula homogenea ni es duradero si no tiene sentido donde se lleva a cabo.

Renovar los tramos entre Alerre y Caldearenas, y entre Jaca y Canfranc, implica costes y tiempos de puesta en marcha mínimos -remito al estudio del Consejo Económico y Social de Aragón- en comparación con una inversión - la de la TCP - por demostrar proyectada a 30 ó 50 años frente a la reapertura en esta legislatura: Aquitania ha planificado su parte para el 2020; proporcionará cifras reales de la interconexión con las que podemos valorar otras opciones si se diese el caso, y pondrá en marcha de forma inmediata el retorno de una inversión necesaria cuando más falta nos hace. Porque entendemos que desarrollar un país ha de pasar por desarrollar sus pueblos, no por agrandar sus ciudades vaciándolos. Por eso queremos apostar como proyecto de Estado por la reapertura del Canfranc, dotarlo de presupuesto y tener claras las prioridades. Porque no queremos más aeropuertos sin aviones, ni estaciones sin tren, consigamos que este tren, el de Canfranc, no se nos pase.