Yo he visto cosas que ustedes no creerían... He visto, más allá de Orión, arrastrar plataformas petrolíferas convertidas en chatarra contaminante hasta atracarlas en el puerto de Granadilla. He visto los inquietantes ojos de Bermúdez brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Pero sobre todo he visto a la virgen de Candelaria presidiendo las sesiones del Cabildo de Tenerife... Todos esos momentos no se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia, gracias a la desvergüenza política de nuestro preboste insular, Carlos Alonso.

En una agresiva nota de prensa, Guayota, el demonio morador del Teide, señor de nigromantes y espíritus malignos en general, ha reclamado tal honor para él. En el comunicado advierte de que, si la virgen de Candelaria ha estado presente desde hace sólo 500 años en la religión, la cultura, la  música y el arte de los canarios, como afirma el director insular de Cultura del Cabildo y defensor de la propuesta, José Luis Rivero, él lo ha estado desde los primeros tiempos de los fenómenos magmáticos que dieron lugar a nuestro archipiélago y, por lo tanto, tiene prelación para ocupar ese puesto honorífico. A su vez, uno de sus voceros y responsable de los tibicenas de grandes y afilados colmillos ha afirmado entre gruñidos amenazantes que el único causante del desaguisado es el presidente del Cabildo y su afán de manipular tanto los sentimientos como las creencias religiosas de nuestro pueblo para su beneficio y el de su partido, considerando estos hechos de extrema gravedad que tendrán consecuencias inmediatas.

Esas consecuencias no se han hecho esperar. Según ha informado Radio Cacharrito, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha  percibido una inusitada actividad sísmica. “Hemos detectado varios enjambres sísmicos en toda la isla, pero los más preocupante son los que afectan a la sede de Coalición Canaria, los despachos, pasillos y salones del palacio insular y los aledaños de la casa de don Carlos Alonso”, ha informado Nemesio Pérez, director científico del citado instituto, añadiendo que ya se han desplazado a los lugares críticos personal de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, así como bomberos y miembros del 1-1-2, sin que hasta el momento se haya producido nada especialmente destacable.

A esta horas, la pelota está en el tejado de Coalición Canaria, más concretamente en el del presidente del Cabildo, ya que más de uno de sus competidores políticos  mantienen que lo que  realmente le hubiera gustado es ser él mismo la virgen de Candelaria y poder gobernar a base de decretos divinos. Por el contrario, los que no quieren que la religión contamine la política ven que este neocón pseudoguanche, casposo y sin un adarme de vergüenza no duda en  manosear y manipular las creencias y sentimientos más acendrados de nuestro pueblo para ganar un puñado de votos y eternizarse en la vida política de las islas.

Pero el viejo Guayota no permite competencias desleales: “¡Para demonio yo!” -le oyó gritar un turista alemán que se asomó al borde del cráter-. “¡Fuera las malas imitaciones!”. Mientras, de las entrañas del padre Teide surgían inusitadamente enormes fumarolas verde-amarillentas y superapestosas (más o menos como las microalgas marinas del verano pasado) que hicieron que el curioso y desdichado alemán, chamuscados los erizados cabellos, saliera corriendo montaña abajo y no parara hasta caer exhausto a la puerta del ambulatorio de Guía, donde fue atendido por el personal sanitario.

La prensa alemana ha resaltado el extraño suceso y el sector turístico insular empieza a alarmarse. Mientras, el súbdito germano se recupera a duras penas. Es la primera víctima del nefasto giro político-religioso de ese diablejo cabildicio, que no respeta ni lo más sagrado.

COMPROMISO ESCASO. Esta ha sido una demostración del escaso nivel de compromiso con los pensionistas y trabajadores en general de partidos como el PSOE, PP, Cs y Coalición Canaria, verdaderos gestores políticos del neoliberalismo económico e ideológico dominante en las actuales relaciones de producción, y cuyo objetivo esencial es la acumulación de riqueza en manos de los consorcios empresariales, aunque ello vaya en detrimento de las clases subalternas de la sociedad.

En el caso que nos ocupa, esto se traduce en el alto grado de coincidencia de sus posturas acerca de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Una muestra de ello es lo sucedido en la última reunión de la moribunda Comisión del Pacto de Toledo, cuyas deliberaciones fueron cerradas sin acuerdo hace pocas semanas. La presidencia, ejercida por la deleznable diputada del PP Celia Villalobos, había amañado un consenso con la derecha para aprobar en bloque y por vía de urgencia las 21 recomendaciones debatidas por la comisión a lo largo de los tres últimos años. Entre ellas, medidas tan contrarias a los intereses de las y los pensionistas como las encaminadas a recortar una vez más las pensiones (sobre todo las de viudedad), aumentar la edad de jubilación a los 67 años, potenciar los planes de pensiones privados, o -la guinda del pastel- que en la revalorización anual de las pensiones, además del IPC, se tuviera en cuenta otros factores, con la finalidad de que el aumento de las prestaciones esté siempre por debajo de la subida real de los precios. Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña no pasaron por ese aro,  convirtiéndose por unos días en pasto de las críticas de los medios afines al poder

NO ESTAMOS EXTRAÑADOS. No nos extraña nada que tanto el PP como Cs estuvieran plenamente de acuerdo en esto, como en tantos otros aspectos destinados a reducir los derechos de los españolitos/as de a pie. Tampoco que otros partidos de derechas, como el PNV (defensor de una modalidad de seguros privados) y el PDCAT (afín en materia económica a sus mayores enemigos políticos), estuvieran de acuerdo, como lo estuvieron con Rodríguez Zapatero en su nefasta reforma del sistema público de pensiones. Sí nos extrañó, pero poco, que el PSOE, coautor con UP de unos frustrados Presupuestos Generales del Estado que venían a romper la tónica antisocial de los gobiernos del PP,  formara parte del citado consenso. Y nos extrañó poco, porque este partido nos tiene acostumbrados a afirmar y prometer unas cosas cuando está en la oposición y a “matizarlas”, e incluso hacer lo contrario, apenas toca poder. Sus compromisos con el pensamiento y la práctica económica dominante, que han llevado al desastre electoral e incluso a la casi desaparición en algunos países europeos (Francia, por ejemplo) a sus partidos afines, son la causa de estos vaivenes, que no desestimamos la posibilidad de que Pedro Sánchez -escarmentado en cabeza propia y ajena- empiece a corregir (si puede) en el futuro inmediato.

A MODO DE RECORDATORIO. De cara a esa posibilidad, queremos acabar recordándole al PSOE y al resto de partidos empeñados en acabar con las pensiones públicas algunos puntos de la tabla reivindicativa del movimiento de pensionistas de todo el Estado, que nos hubiera gustado debatir con sus candidatos por Tenerife: la exigencia, factible, de una pensión mínima de 1.084 euros, la derogación de las reformas del sistema público de pensiones perpetradas por su compañero Rodríguez Zapatero en 2011 y por M. Rajoy en 2013, la derogación de las respectivas reformas laborales de los mismos infaustos personajes, la derogación de la ley mordaza, el restablecimiento de la edad de jubilación a los 65 años, el fin a la insultante e indigna brecha de género en los salarios y pensiones de las mujeres, la realización de una reforma fiscal progresiva que distribuya equitativamente la carga impositiva, de manera que paguen más los que más riqueza tengan…

En estas tareas nos encontrarán a las y los pensionistas que hemos despertado   masivamente a la lucha en estos últimos años. Ojo con las viejas y los viejos que ya no estamos sentados en las plazas dándoles millo a las palomas.

*Portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias

MENTIRAS Y FRACASOS

El acto, que algún periodista imaginativo tituló Raíces de experiencia y bondad, fue una sucesión de loas hagiográficas a los premiados, seguida de una relación de medias verdades, que en definitiva son unas mentiras enormes, sobre los logros de las instituciones públicas -el Cabildo en la cabeza. en la lucha contra la exclusión social y la pobreza.

Sin embargo, la actividad altruista de personas individuales y el exagerado y clientelar tejido de ONG que pululan en torno a las necesidades de los colectivos más vulnerables son una prueba irrefutable del fracaso de nuestras entidades públicas en materia de servicios sociales, especialmente en el cuidado de nuestros mayores; además de una muestra palpable del deterioro de estos servicios por la intensísima privatización de ellos.

UN BAÑO DE REALIDAD

Al día siguiente de la publicación de esas loas y ditirambos, otro periódico local abría su primera página con una noticia que se acercaba muchísimo más a la realidad en la que, según datos de Cruz Roja, viven cientos de miles de tinerfeños y tinerfeñas. El reportaje, titulado Una familia con tres discapacitados, condenada a la calle en una semana, exponía el caso extremo de cuatro personas que vivieron y crecieron juntas en la Casa Cuna y que, cumplida la mayoría de edad, tuvieron que buscarse la vida por su cuenta sin ninguna ayuda oficial. Carlos, el mayor, en un gesto de solidaridad que lo engrandece, se hizo cargo de sus tres compañeros de fatigas, que, además, presentan distintos grados de discapacidad.

En junio presentaron por registro una carta dirigida al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, en la que explicaban su situación y solicitaban una ayuda que les permitiera seguir viviendo bajo techo; pero José Manuel Bermúdez no movió un dedo en todo ese tiempo. Eso sí, el mismo día que se publicó la noticia el concejal de Servicios Sociales -otro que tal baila- salió a tapar el escándalo, mientras que el alcalde, siempre habilidoso y parapetándose detrás de algún escudo humano, seguía sin decir ni pío. Suponemos que todavía se estaba recuperando del tremendo esfuerzo realizado el día 1, repartiendo bocadillos de mortadela a los asistentes rebañados para el acto del TEA.

183 SUICIDIOS EN CANARIAS

En el año 2016, según las últimas cifras conocidas, hubo en Canarias 183 suicidios, con una tasa de 8,9 por cada cien mil habitantes, que fue la cuarta más alta del Estado. Durante ese año, una persona perdió la vida cada dos días en las islas.

Según el presidente de la Fundación Salud Mental España (FSME) para la Prevención de los Trastornos Mentales y el Suicidio, Andony Anseán, además de las enfermedades mentales, muchos de esos suicidios tuvieron que ver con las leoninas condiciones de vida impuestas por empresarios y políticos a las clases trabajadoras. El paro, la exclusión social, la pobreza, los desahucios, provocaron que muchas personas, sobre todo hombres (80%), no vieran otra salida que quitarse la vida.

A pesar de este terrible escenario, nuestros gobernantes siguen a lo suyo -que no es lo nuestro ni lo de todos., contentando a sus élites amigas y desatendiendo (a sabiendas o por simple negligencia) los altos niveles de dolor y sufrimiento de las víctimas de sus políticas. 183 suicidios en un año les debería hacer reflexionar sobre la idoneidad de esas políticas, pero me temo que no lo harán. Espero, sin embargo, que no lleguen al nivel de sus homólogos del PP, que gobiernan la Comunidad de Madrid y están exigiendo a los más pobres y marginados una declaración jurada de lo que obtienen mendigando, para descontarlo de los 400 euros que reciben por la renta mínima de inserción.

RESISTENCIA Y LUCHA

También los pensionistas tinerfeños celebraron el Día Internacional de las Personas de Edad, pero al contrario que nuestros gobernantes, mercaderes de ilusiones, lo hicieron combatiendo la discriminación que sufre la gente mayor, haciéndole frente a las agresiones del capital y a las nefastas políticas que partidos como Coalición Canaria y sus adláteres comparten con la derecha más reaccionaria y despiadada.

Mientras que estos defienden los intereses de las élites económicas, que tanto daño están provocando a las clases populares, el movimiento de pensionistas se seguirá movilizado por unas condiciones de vida dignas para los mayores de ahora y los del futuro, asumiendo que, si la política no se ocupa de la ciudadanía, la ciudadanía tiene que hacer política.

Sigan ustedes con sus eslóganes, consignas vacías, falsas promesas y mucha, mucha televisión y prensa vendida a los poderosos, hasta que las personas mayores, las mujeres discriminadas, los viejos dependientes, los falsos autónomos, los parados, los trabajadores precarios y los jóvenes sin futuro se cansen de sufrir pasivamente y terminen arrojándolos a todos por el vertedero de la historia. Amen.

Aunque nadie duda de que son Zaida González -la jefa del PP municipal- y el alcalde Bermúdez quienes controlan los movimientos de este recién llegado ejecutor, lo cierto es que este pronto ha empezado a nombrar la bicha de la prevaricación. Se ve que es consciente de los numerosos delitos e irregularidades cometidos en la Gerencia de Urbanismo y las concejalías afines -eso da mucho yuyu- y/o de que la argucia de retrotraer el plan de El Toscal al periodo de información inicial, con la excusa de la existencia de una supuesta inseguridad jurídica, no se la traga nadie, y menos las plataformas vecinales de El Toscal, que ven en esta maliciosa trastada motivo más que suficiente para denunciarla en los tribunales de justicia.

Está visto que a los responsables municipales poco o nada les importa los sentimientos y el apego que tienen las gentes con los barrios donde viven ni el patrimonio histórico y cultural que encierran. Solo hay que darse un paseo por los barrios señeros y populares de la ciudad -El Toscal, El Cabo, El Monturrio...- o por los edificios simbólicos de Santa Cruz -el Templo Masónico, el Balneario, el Viera y Clavijo y tantos otros- abandonados desde hace años. Tal es la desidia en esta materia que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, órgano creado en tiempos de Miguel Zerolo (2009) para dar cumplimiento a la Ley de Patrimonio de Canarias, no se ha vuelto a reunir desde el día de su constitución.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Santa Cruz, con José Manuel Bermúdez a la cabeza, ha dado muestras más que suficientes de que es capaz de defender una cosa y su contraria sin el más mínimo rubor. Recuerden cómo luchó el alcalde por mantener en pie el mamotreto de Las Teresitas -una obra ilegal e ilegalizable con sentencia firme- so pretexto de que era patrimonio municipal, o cómo el reaccionario concejal José Carlos Acha defiende a capa y espada la pervivencia del monumento a Franco a pesar de que infringe la Ley de Memoria Histórica.

Sin embargo, ahora, a pesar de la anulación del Plan General de Ordenación por parte del TSJC, siguen despachando licencias a trote y moche a los propietarios de numerosos inmuebles de la zona de Miraflores, y no solo de esa zona, pues son más de 500 los edificios santacruceros amenazados por los buldóceres de la codicia que están incluidos en el catálogo del Patrimonio Histórico del Cabildo, haciendo tabla rasa de nuestra historia con el objetivo de dejar expedita esa espaciosa y céntrica zona para lo que verdaderamente les importa, el negocio y la especulación.

De seguir las cosas por estos derroteros, mucho nos tenemos que la Ley de Patrimonio de Canarias tenga los días contados, como todas aquellas normas que impedían a Coalición Canaria y el PP llevar a cabo el proyecto histórico de la oligarquía isleña. Así pasó con la Ley del Catálogo de Especies Protegidas o con las Directrices de Ordenación del Territorio.

Por eso, a pesar de los dimes y diretes entre ayuntamiento y cabildo por los derribos en Miraflores, sería de ingenuos pensar que la valiente defensa del patrimonio de todos que esos técnicos “fundamentalistas” del Cabildo han puesto en marcha aplicando dicha ley, plantándole cara al mismísimo alcalde Bermúdez y los lobbies empresariales, no sea saboteada, incluso, desde la cúpula de esa institución y/o del mismo Gobierno de Canarias.

Fepeco y la CEOE ya han dado el ok a las canonjías que Bermúdez, en formato de exenciones fiscales y planes de inversión, les ha puesto en bandeja. Ahora solo falta que Carlos Alonso, que ha aguantado a regañadientes la valentía de los técnicos, ordene al blandengue PSOE que le sirva de muleta en el Cabildo para que se deje de tiquismiquis con eso de la defensa del patrimonio, meta en cintura a esos díscolos técnicos y le ponga fin de una vez a esa “disfunción administrativa”. Así ya está todo preparado para que comience el festín en Santa Cruz. Nuestro patrimonio y todo lo que es susceptible de sorribar serán los manjares puestos sobre la mesa de las palas mecánicas y las concreteras.

Aunque el festín realmente comenzó a finales de los años cincuenta en el barrio de Cabo-Llanos. Allí, un embrionario proceso de elitización/gentrificación de ese espacio urbano supuso la expulsión en 1973 de la población residente, perteneciente en su mayoría a las clases populares y trabajadoras, al mismo tiempo que la burguesía aprovechara la oportunidad que le brindó el Ayuntamiento franquista para apropiárselo y dar uno de los más grandes pelotazos de la época. Luego se urbanizó convirtiéndose en lo que se hoy conoce como “la milla de oro”.

Ese proceso urbanizador sigue hasta nuestros días. Ya es una realidad en la zona de Miraflores y a nadie se le escapa que el próximo en la lista será el barrio de El Toscal. En todos estos procesos urbanísticos encontramos dos características comunes, que son, por un lado, la activa participación de las instituciones -Ayuntamiento y Cabildo, fundamentalmente- para generar el mejor escenario posible a los procesos de especulación inmobiliaria, y por otro, una intensa devastación del patrimonio.

Esperemos que no se salgan con la suya del todo. De lo contrario nos tendremos que ir acostumbrando a vivir en un Santa Cruz convertidos en una sucesión indecente de parques temáticos comerciales y de negocio -Parque Bulevard, La Concepción-La Noria, “milla de oro”, etcétera-, unos espacios deshumanizados, vacíos de contenido real y ciudadano que generan nuevas fronteras internas, fomentan la exclusión social y aumentan exponencialmente la brecha entre ricos y pobres.

No construyen un Santa Cruz para vivir, sino para consumir.

Pablo Neruda

Decía Willy Brandt que “permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen”. En el juicio del caso Las Teresitas, esa injusticia primigenia la podríamos situar en el momento en que, a escasas semanas de iniciarse el juicio oral, el tribunal impuso una fianza tan desproporcionada como injusta -veintiocho mil euros a pagar en 10 días- a la acusación popular que ejercía y ejerce, Justicia y Sociedad, que se consiguió gracias a la dignidad y solidaridad de muchísimas personas.

La acción popular no es el bálsamo de Fierabrás que dé respuesta a los graves problemas -incluso de corrupción judicial- que padece la Justicia española, pero sin ella se condena irremisiblemente al Estado de Derecho y a la democracia misma a una lenta muerte por asfixia en estos tiempos caracterizados por las componendas entre la política y el dinero.

Se sabe que el Partido Popular, plagado de imputados por casos de corrupción, lucha a brazo partido para restringir y/o impedir la acción popular. Lo que no sabemos es si la fianza impuesta a la acusación popular por los magistrados del caso Las Teresitas va en esa misma dirección o simplemente se debió a un supuesto berrinche del presidente del tribunal tras haber sido recusado por el letrado de Justicia y Sociedad.

A este desafuero le siguieron otros, pero la traca final ha llegado estos días, con el auto que deja en libertad provisional a todos los condenados. Lo primero que llama la atención es el doble rasero con que el tribunal ha tratado a la acusación popular y a los condenados, en cuanto a la fijación de fianzas que garanticen el cumplimiento de las responsabilidades de todos ellos.

Pareciera que los delincuentes fueran los abogados de la acusación, ya que han sido los únicos a los que se les ha impuesto la obligación de responder pecuniariamente a las posibles consecuencias de sus actos. Por el contrario, a los integrantes de la trama delictiva organizada -así califica la sentencia a la banda de atracadores de lo público que han sido condenados a duras penas de cárcel-, solo se les impone la retirada del pasaporte. Al cabecilla Zerolo, además, una visita quincenal a comisaría; al resto de maleantes, ni eso. Bien es cierto que también se les obligan a devolver el dinero expoliado, pero eso es lo menos que se debe exigir en este tipo de delitos contra el patrimonio público.

La acusación popular y la Fiscalía solicitaron en balde el ingreso en prisión de Miguel Zerolo o, en su defecto, la imposición de una fianza que cubriera la responsabilidad civil y el alto riesgo de fuga según la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado a siete años de cárcel, los grandísimos daños ocasionados a las arcas municipales, el desarraigo profesional y el convencimiento del Ministerio Fiscal, la acusación popular y la policía de que el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife podría ser titular de un cuantioso patrimonio colocado en el extranjero, fuera del alcance y el conocimiento de las autoridades españolas.

El tribunal no lo tuvo en cuenta, como tampoco consideró el enorme daño ocasionado a la vida social y política de esta ciudad por la impunidad y determinación delictiva con que actuaron los condenados para arramblar con más de 53 millones de euros del erario público, en lo que todo el mundo no duda en calificar como un pelotazo de libro.

Señores magistrados, enfadar a los bribones incorregibles tiene también una finalidad ética, todo lo contrario a lo que han hecho ustedes. El cabecilla de la trama, como califica a Zerolo la sentencia emitida y firmada por ustedes, se ha permitido retar a la Fiscalía a que encuentre esas propiedades que los numerosos indicios policiales le adjudican y se vacila de todos al afirmar que ha vivido estos años a todo tren gracias a las ayudas de los amigos. Como dice Saramago, “oculto el crimen, reservados para otra ocasión los remordimientos”. Y, para más inri, se envalentona y afirma, como un mal intérprete de serie B, que, si tiene que ir a la cárcel, lo hará “con la cabeza alta y la conciencia tranquila”.

Pero una cosa son los intentos, más o menos afortunados -en este caso más-, de un reo por no entrar en prisión y otra que un tribunal tenga en cuenta argumentos tan inconsistentes como los esgrimidos en el auto. Definitivamente, los magistrados parecen contentarse con la versión del delincuente Zerolo de que “no puede ir a ninguna parte porque no tiene dinero” y desecha aspectos como su declaración de bienes presentada en el Senado y las investigaciones policiales que le adjudican acciones en minas de uranio, molibdeno, zinc, oro, etcétera, localizadas en lugares tan exóticos como Botswana, Congo o Mongolia, a lo que se añaden inversiones en parajes protegidos del sur de Tenerife o los más de cien décimos de lotería premiados y la pasta gansa ganada en los casinos de Isla Mauricio. A ello habría que sumar los generosos sueldos que durante muchos años disfrutó como alcalde -el que más cobraba de Canarias-, diputado autonómico y senador.

Dice que todo eso se ha evaporado y, por lo visto, ustedes se lo han creído, a pesar de que este indigente personaje viva en un lujoso chalet localizado en el exclusivo paraje del campo de golf de El Peñón y se haya permitido mandar a sus hijos a universidades privadas de Madrid.

La Constitución de 1978, en su artículo 14, afirma que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, pero todos sabemos que eso no es verdad. Son tantos los casos que lo confirman que el de Zerolo es solo un ejemplo más que añadir a una regla cuyas excepciones se pueden contar con los dedos de una mano.

Ya solo falta que sus congéneres en el poder lo indulten…

Al mismo tiempo resulta muy llamativo que, utilizando esos argumentos a la hora de fijar una fianza a la acusación popular, ni los jueces que han conocido el caso ni el actual presidente del tribunal hayan exigido fianza alguna al acusado Miguel Zerolo, mucho más sospechoso de dicho “ejercicio temerario e imprudente”, a juzgar por los presuntos delitos que se le imputan. Parece que le tocó la lotería una vez más.

Queremos pensar que la imposición de esta fianza no fue una respuesta a la recusación planteada por la acusación popular al citado presidente del tribunal, que también lo es de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Dicha recusación, rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, estaba sustentada en las declaraciones de un testigo protegido que afirmó que “Landete es el hombre en los tribunales de dos de los acusados, el empresario Ignacio González y su hijo Pedro”. La jueza instructora del proceso nunca investigó –al menos no consta dicha circunstancia en el abultado expediente del caso– tal declaración ni sus implicaciones.

Sea como fuere, la respuesta popular ante lo que no es excesivamente aventurado considerar un ataque a los derechos democráticos fue ejemplar. Pensionistas, trabajadores asalariados, profesionales, agricultores y estudiantes ofrecieron generosamente sus exiguos ahorros en un ejercicio de civismo y responsabilidad, para impedir que la impunidad, uno de los rasgos característicos de las mafias oligárquicas que han saqueado las arcas públicas de Canarias, siga campando a sus anchas. Con la presencia de Justicia y Sociedad en el proceso no sólo se garantiza la defensa de los intereses de las clases populares en su lucha contra la corrupción y la injusticia, sino que se cortocircuita la posibilidad de llegar a esos acuerdos ignominiosos de canjear penas de cárcel por dinero, a los que últimamente se han hecho tan aficionadas algunas fiscalías y que violentan flagrantemente el principio de igualdad ante la Ley, como ha sucedido en el conocido Caso Áridos de Güímar.

No osamos afirmarlo tajantemente, pero algún mal pensado podría considerar que la actuación del tribunal y su presidente en los prolegómenos del juicio sería lo más parecido a una tentativa de entorpecer el acceso a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía. Pero lo que sí demuestran los hechos es que la primera sesión de la vista oral fue una verdadera incongruencia, pues tanto la Constitución como la Ley de Enjuiciamiento Criminal disponen que “los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad”, y además, una sentencia del Tribunal Constitucional determina que la publicidad del juicio oral no se refiere sólo a aquellos que sean parte en éste, sino que se extiende a terceras personas ajenas al procedimiento. Sin embargo, en la primera sesión del juicio, el pasado 9 de septiembre, si bien los representantes de los medios de comunicación pudieron acceder a la sala –aunque operaron con grandes carencias técnicas–, tan sólo media docena de personas del numeroso público congregado tuvo la posibilidad de asistir a aquel simulacro de vista pública.

Es de desear que tan anómala situación sea subsanada en las siguientes sesiones, que se reanudarán el día 12. La publicidad es un aspecto básico del juicio oral y el tribunal debe ser el primer interesado en garantizarla. Lo contrario sería dar la razón al pesimismo del refranero español, ¿se acuerdan?: “Lo que mal empieza mal acaba”.

Por aquello de que en estos tiempos de miseria material (y sobre todo moral) la esperanza es lo último que se vende, confiemos en que esta vez no sea así.

Empecemos por el final. Como en el truco de la carta rota y recompuesta de Arturo de Ascanio, un famosísimo, aunque desconocido por estos lares, mago lagunero que revolucionó la concepción psicológica de la magia, centrando sus estudio en qué tipo de resortes mentales pueden elevar o mermar la potencia del efecto mágico en la mente del espectador, Bermúdez y sus ayudantes Estébanez y Garcinuño – no hay mago que se precie que no los tenga- nos presenta el truco de la playa abandonada y remendada. Pero el pegote encargado a la empresa pública Gestur ha resultado ser un plagio de otra fullería que, con la firma de Miguel Zerolo cuando era el hipnotizador que reinaba en la ciudad, fue desechada en 2009. Sin embargo, esta caterva de nigromantes vocacionales que nos gobierna lo intentan presentar como novedoso para el natural y más que justificado cabreo de su autor.

Mientras el gran mago prepara el truco final, el ayudante Estébanez, con galones de mago de las sombras y vocación de cómico mágico, en una de la tradicionales escaramuzas de distracción lanza los primeros conjuros sobre quienes no se tragan el engaño y prepara pócimas para convertirlos en estatuas de sal. El otro ayudante, Garcinuño, considerado un muggle - persona sin ninguna habilidad mágica- y por lo tanto, sin categoría para tener varita mágica, pero muy entregado a la causa, en otro extremo del escenario blande, como un mandoble Reyes Católicos, el informe de un catedrático maño que por el módico precio de 20.000€ de dinero público le da la oportunidad de amenazar, por enésima vez, con mantener en pie su confesado objeto de deseo, el mamotreto de Las Teresitas.

Finalmente, con una formidable puesta en escena, condición indispensable para un buen truco de magia, Bermúdez hace su aparición, y tras un breve saludo a los presentes, primero comenta las infografías animadas que representan una imaginaria playa de PlayStation, una suerte de trampantojo cibernético en el que amenaza convertir La Teresitas, luego entra en materia y entonces se comprueba que nada ha cambiado en el proyecto original de Zerolo/Perrault salvo que el mamotreto se sigue manteniendo pero será más grande, a los locales comerciales ahora los denominan área comercial que también será más extensa, que el mismo hotel de cinco estrellas no tendrá vistas al mar, cosa inaudita en un hotel de esta categoría, pues no superará la rasante de la montaña que da cobijo a la batería militar.

Como los ilusionistas que programa la actuación de modo que cada efecto sea más sorprendente que el anterior, el alcalde Bermúdez remata el truco afirmando que ésta es la playa que quiere la gente porque eso fue lo que dijeron en aquel simulacro de encuesta en el verano de 2014 –La playa que queremos-. Su desmemoria intencionada y la imperiosa necesidad de hacer que el truco surta los efectos programados le obliga a ignorar que nuestra gente le dijo que no quería ni mamotretos ni hoteles, que la ladera y el frente de playa se dejaran como están, que el paseo no elimine aparcamientos y se dotara a la playa de mejores servicios como duchas, aseos, cambiadores, que se proporcionara a los deportistas que utilizan la playa unas instalaciones apropiadas, que los chiringuitos tengan cobertura legal y mejores establecimientos para satisfacer la demanda de bañistas y visitantes.

Sin embargo, esta playa de diseño futurista que se adivina tras el truco de Bermúdez y sus acólitos es el inicio, Ley del suelo de Clavijo mediante, de un proceso urbanístico que puede convertir San Andrés en una macro urbanización como esas Américas que muy pocos desean. Es la playa que siempre quisieron los empresarios de toda la vida que no pueden permitir que el pueblo disfrute de una playa natural sin que ellos saquen tajada. Esos empresarios que se sentarán en el banquillo de los acusados el día 9 de septiembre por el Caso Las Teresitas, pero son también aquellos otros que acechantes esperan su oportunidad para hacerse con el botín. Es el escenario donde la corrupción ha hecho plaza fuerte con el consentimiento, si no de su impulso, de los sucesivos gobiernos municipales, éste como el que más.

Acabemos por el principio. Funcionarias cesadas de malos modos por no querer ser cómplices de las tropelías orquestadas por el grupo de gobierno, informes y contrainformes de dudoso interés para el caso pagados con dinero público, descomunales campañas mediáticas encaminadas a legalizar el delito, instrumentalización malintencionada de instituciones públicas como la Cotmac o privadas como el Colegio de Arquitectos, ocultar deliberadamente información a la ciudadanía… Estos han sido algunos de los “trucos” más habituales en la vida pública del alcalde Bermúdez y sus acólitos desde el momento mismo que se dictó sentencia en el caso mamotreto. Pero su obra más lograda ha consistido en sabotear la ejecución de la sentencia durante más de un año y medio, obra cumbre de la superchería política por escamoteo felizmente derrotada por “la ilusión de los vencidos”.

Qué decir de su empeño en presionar e impresionar a esas díscolas funcionarias que pretendían que la actuación urbanística del ayuntamiento discurriera por los cauces que marca la Ley. Aunque para ser justos no podemos dejar de citar, con los honores que se merecen, a los concejales que fielmente le han acompañado en esta cruzada, me refiero al Sr. Garcinuño y a su conmilitón Díaz-Estébanez que tanto bien han hecho a la causa. Del primero destacaría su soltura para crear problemas inexistentes entre el personal de la institución, así como su escrupulosidad quirúrgica para cesar a funcionarios de reconocido prestigio. A Estébanez lo adornan múltiples virtudes, que van desde la versatilidad hueca de su verbo hasta la retranca más agresiva contra el disidente, pasando por su rutilante clarividencia para saber a quién complacer. Pero sigamos con lo nuestro.

Esa idea suya de demoler el mamotreto, objeto de deseo del levantisco Garcinuño, con tan exquisito cuidado es también otra forma de amarlo. Separar el duro acero del gris hormigón, deconstruir la zeroliana estructura como si se tratara de una delicada reliquia para coleccionistas exigentes, le hará ganar tiempo –seis meses, nada menos– para disfrutar de la vida inútil del adorado adefesio que tanto ha defendido antes de su conocido final. Pero que le quiten lo bailado, un tiempito más esquivando la Ley.

“Ley, ¿qué ley? Aquí sólo vale la que nos beneficia, a ver si se enteran de una vez”. Ese parece ser el claro mensaje que ha lanzado a los suyos tras el auto de la jueza de lo Penal Nº 5 que le obliga a derribar el edificio en su totalidad y de manera inmediata. Pena que la ley del Suelo no haya sido aprobada, con ella sería mucho más fácil mantenerlo en pie; pero si el Estado de Derecho le obliga a cumplir la ley, usted sabe cómo eludirla ¿no? Con sus compinches del PP se redacta un Plan Parcial que no sólo restituya la ilegalidad preexistente, sino que en un pispás se podrá construir otro mamotreto con el doble de aparcamientos, con el doble de ganancias para los de siempre y sanseacabó. En su berlusconiana puesta en escena sólo le faltó eso de “¡Que estoy muy loco, hostias!”, porque primero advirtió –y amenazó a los ingenuos que creen que la justicia debe ser igual para todos– que se hará lo quieran sus santas gónadas. Una muestra más de su bien ganado prestigio de arrebatado defensor de “lo nuestro”.

Dicen que gobernar es priorizar entre distintas políticas públicas y ahí usted siempre lo ha tenido clarísimo. Frente a quienes pretenden que cualquier dinero empleado en resucitar ese monumento a la corrupción debe ser utilizado para paliar los estragos producidos por la crisis en los colectivos más vulnerables de nuestro pueblo usted, fiel a su credo y a la historia de su partido, les dice “no, lo prioritario es el mamotreto”. Frente a los que le proponen buscar una solución de consenso para Las Teresitas, usted, pletórico y cargado de razones incomprensibles, les dice “no, primero el mamotreto, Plan Parcial mediante, y luego se verá”. Y, voilà: se saca de la chistera un paseíto innecesario, con el que eliminar los 350 aparcamientos gratuitos que necesita para generar la necesidad del neo-mamotreto de pago. Otra cosa es que la gente no trague con una tomadura de pelo como ésta, pero usted lo sigue intentando por tierra, mar y aire.

Llegados a este punto, y a pesar del auto que ordena poner fin a su fabulosa campaña de sabotaje a la sentencia, presentíamos que nos iba a sorprender con algo. No nos ha defraudado, con su indisimulado caudillismo sigue intentado burlar a la Justicia una vez más montando otro enredo dilatorio. Ahora -sin sonrojarse, como los que saben mentir- es capaz de afirmar que al ayuntamiento no tiene por qué ser el ejecutor de la demolición, a pesar de haber defendido durante años que el truncado edificio es patrimonio municipal. Que ha cumplido con la redacción del proyecto de demolición ordenada por el Juzgado, pero son los condenados los que la deben llevar a cabo. Y vuelta a empezar, las defensas y allegados, junto al grupo de gobierno municipal, reiniciaran otra brutal campaña de exculpación preventiva de los delincuentes, los condenados se declararán insolventes, intentarán que se redacte otro proyecto de derribo, bla, bla, bla…

Pero lo mismo no. A lo mejor su brillante trayectoria como diseñador de vericuetos para sortear la leyes ha llegado a su fin. Ya sabe, se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, aunque usted sea un maestro en la materia e intente imponer su autoridad o sus caprichos recurriendo a las amenazas y a otras formas de manipulación más o menos verosímiles. Con este colosal escándalo se está situando usted solito en los pantanosos terrenos cercanos, muy cercanos, a la prevaricación y/o el desacato, tenga cuidado con los resbalones.

las montañas y las colinas serán aplanadas.

Serán enderezados los senderos sinuosos

y nivelados los caminos desparejos.

Entonces, todos los hombres

verán la Salvación de Dios“.

(Evangelio según San Lucas, cap.3 vers. 4-5)

No hace mucho decíamos que en Canarias, junto a la corrupción ilegal, convive otra corrupción “legal”, la que se produce cuando el poder público se pervierte configurándose como una plataforma de defensa de intereses privados. Como el capitalismo, este tipo de corrupción no procede de ningún acto fundacional, ha sido un destilado histórico que ha acabado imponiéndose por la fuerza de los hechos. Una especie de “destino manifiesto” de una oligarquía que se ha creído elegida para sojuzgar las leyes en su provecho. Tiempo han tenido, más de treinta años favoreciendo o gestando liderazgos, financiando campañas electorales y tarjetas black, alimentando egos y carreras les han proporcionado la capacidad de consolidar su proyecto histórico como clase.

“Se nos ha dominado más por el engaño que por la fuerza” (Simón Bolívar). Desde el primigenio Estatuto de Canarias en que, con una torticera Ley Electoral, hicieron saltar por los aires aquella máxima democrática de “una persona, un voto”, se consagró le supremacía dictatorial del tripartito que ha ido construyendo un andamiaje legislativo a toque de pito de las patronales y los grupos de presión. Con cada reforma del REF a las rentas de capital se les ha ido eximiendo cada vez más, mucho más, de su contribución, vía fiscalidad, a la Hacienda Canaria. Con cada obra pública, la mayoría innecesarias –los puertos de Granadilla o Arinaga, la mastodóntica terminal del aeropuerto de La Palma, los trenes de Gran Canaria y Tenerife, los recintos feriales y auditorios…– y con cada privatización –sanidad, educación, sectores estratégicos: trasporte, energía, agua y su distribución, EMMASA, EMALSA, servicios sociales, etcétera– se han garantizado la fluida transferencia de dinero público a cuentas privadas. Como colofón, el Estado, a modo de gran hermano Vip, ha proporcionado el marco normativo general adecuado a tanto desmán: una Constitución a la medida y unas leyes –Reformas Laborales y fiscales, reforma del artículo 135 de la Constitución y su corolario de recortes y sufrimiento, la antidemocrática y desmovilizadora Ley Mordaza, etc., etc.– que consolidan el estatus quo neoliberal que tanto demanda la burguesía de aquí y de allá.

Más madera: la Ley del Suelo. Un galimatías jurídico de 408 artículos, 15 disposiciones adicionales, 23 transitorias, 1 derogatoria, más 7 finales pretende, según afirman en el preámbulo los desconocidos expertos que han perpetrado el anteproyecto de Ley del Suelo, no sólo garantizar la protección, ordenación y uso de éste, sino superar la práctica de legislar al albur de problemas concretos. Sin embargo, adentrándonos en la espesura de su articulado, se comprueba cómo la ordenación a golpe de necesidad sobrevenida es una constante, pudiéndose “aprobar ordenanzas insulares o municipales, de oficio, bien por propia iniciativa, bien a petición de particulares que ostenten intereses legítimos representativos, por el procedimiento de aprobación de estas normas reglamentarias de acuerdo con la legislación de régimen local, con los mismos efectos que tendrían los instrumentos de planeamiento a los que, transitoriamente, reemplacen” (Art 155). O como se afirma en el artículo 169.1, “excepcionalmente, cuando concurran razones justificadas de interés público, social o económico relevante, el gobierno de Canarias, de oficio, bien por iniciativa propia, bien por petición de otras Administraciones o de particulares, podrá suspender motivadamente la vigencia de cualquier instrumento de ordenación para su modificación o adaptación, en todo o parte, tanto de su contenido como de su ámbito territorial”.

Cuestiones parecidas a estas salpican por entero la ley. Además, hay quien ya avisa de posibles vicios de inconstitucionalidad por vulneración del principio de legalidad y de jerarquía normativa, recogidos en el artículo 9 de la Constitución. Nos siguen engañando, nos siguen dominando.

La Ley desregula más que ordena. Reza un antiguo dicho que “las monjas no sólo tienen un estricto voto de castidad, sino también fuertes rejas en sus ventanas”. Pues bien, esta ley arranca de raíz las rejas que pudieran contener el furor urbanizador de alcaldes y promotores, que parecen poseer un irrefrenable instinto de devastación del territorio, si la ocasión de obtener ganancias lo merece. Pongamos que hablamos de toda la pléyade de alcaldes y concejales y algún que otro empresario que ahora mismo son juzgados por la Justicia por no reprimir esa pasión funesta. Con esta ley se hace realidad la vieja aspiración de los zorros de convertirse en vigilantes del gallinero (con la complicidad de los lobos de patronales y mercados). Nada impedirá que los alcaldes saquen adelante planes generales consagradores del pelotazo –ya hemos visto cómo se las gastan algunos– sin ningún órgano superior que vele por la legalidad de los mismos. Y más, cuando la misma ley permite que los planeamientos, la ordenación y los usos del suelo se puedan modificar de oficio, siempre que las instituciones decidan que existe una cuestión de interés general, y ya sabemos lo fácil que es declarar este tipo de cuestiones.

Ya se engrasan las concreteras y se ponen a punto los pica-pica, las grúas y las palas mecánicas a la espera de que los Clavijos, los Casimiros y los José Carlos Francisco den la orden evangélica de rellenar, aplanar, enderezar, nivelar cada valle, cada montaña, cada camino de nuestra tierra.

La Cotmac ha pasado a mejor vida y a los ciudadanos y ciudadanas sólo les queda rezar (a los creyentes), acudir a los tribunales (a los optimistas) o movilizarnos para parar este desafuero, los que no tragamos con más ruedas de molino.

Ya se sabía que Coalición Canaria era y es un ecosistema perfecto para la supervivencia de especies endémicas muy adaptadas a las romerías, los bailes de magos, los carnavales, el chanchulleo y el mercadeo político. En su ADN, además de esos altos valores étnicos y morales, tiene incrustados como lapas unos genes que impiden la degradación entrópica de la corrupción, a pesar de los denodados intentos de esos “repensadores” del partido (CC) empeñados en hacernos creer en tal posibilidad. Quieras o no, los más de treinta años tejiendo y destejiendo las redes del poder, para favorecer los negocios de amigos y patrocinadores, crean un hábito, una rutina difícilmente extirpable de su forma de proceder. Una cosa lleva a la otra y así nos encontramos a CC liderando el ranking de alcaldes imputados (ahora se dice investigados) por casos de corrupción en Tenerife. Con el 54 % de los mismos ha logrado superar brillantemente al PP de la Gürtel, la Púnica, Bárcenas o -a escala local- el caso “bragas”, de Cristina Tavío.

Además de una multitud de grandes depredadores de lo público, en ese caldo primigenio han surgido personajes peculiares, aunque no excepcionales, pues el modus operandi, el móvil y la víctima (las clases populares y trabajadoras) los delata, los acerca y los define. Algunos sí que han alcanzado un cierto grado de notoriedad, aunque bien es cierto que más por la naturaleza cantinflesca de sus hazañas que por otra cosa, como un presidente del Gobierno de Canarias pescado infraganti cuando intentaba enchufar a una sobrina como policía local, o como su sucesor, que fue desimputado al haberse eliminado del sumario unas escuchas de la policía judicial por un supuesto “olvido” del juez instructor. Hubo incluso otro presidente casi vitalicio, pero este del Cabildo de Tenerife, que reclamó una pensión de jubilación estando todavía en activo. Raro ¿no? Y encima a los dos años de su retiro se reengancha para presidir la Autoridad Portuaria, aunque ahora ya no vive de su pensión sino de los 80.000€ que acompañan al cargo. Nada raro, ¿verdad? O cómo el alcalde “okupa” de Arona, que aprovechó su estancia en al Ayuntamiento para crear un tinglado de cobro de comisiones que daría envidia al mismísimo Julián Muñoz.

Pero es nuestro José Manuel Bermúdez quien ha dado un paso al frente como activista antidesahucios. No es que haya eliminado los “lanzamientos” sin alternativa habitacional en Santa Cruz; todo lo contrario, éstos siguen al buen ritmo que marcan los bancos. Por lo que lucha el intendente de Valleseco con todas sus fuerzas es por impedir el desahucio de la corrupción, esa lacra que ha asolado la vida política, social y económica de la ciudad y que se pasea desnuda y descarnada por las estancias del Ayuntamiento. Mira que ha tenido oportunidades de desvincularse del pasado corrupto que le han dejado como herencia los compañeros de partido que le precedieron al frente de la corporación. Algunos se lo han puesto a huevo: la gente de la Plataforma contra el PGO, las compañeras y compañeros de la PAH o quienes luchan contra la privatización y los desmanes de Emmasa… Pero no ha querido o no ha podido soltar ese lastre.

Todo lo contrario, señor alcalde, su manifiesto y temerario posicionamiento en contra de la sentencia que ordena el derribo del mamotreto nos demuestra que sus pertinaces dilaciones y desaires, no sólo a la Ley sino a la Justicia misma, no son más que la continuación de la corrupción por otros medios. Aún más, se ha dedicado a sabotearla sin escatimar esfuerzos y dinero público para ello; pero esa estrategia llega a su fin, o eso esperamos después de conocer la última providencia del Juzgado Nº 5, fechada el pasado 10 de marzo, en que la jueza requiere al consistorio para cumplir la sentencia de una vez o, si usted sigue tan gallito como hasta ahora, “le comunique a este juzgado su decisión de no ejecutarla”. Sus temores de estar prevaricando se han hecho más reales que nunca, así que tenga cuidado. La vida es un esfuerzo digno de mejor causa.

El documento requerido por la alcaldía, en el que incomprensiblemente no se consigna la fecha de su redacción, lo firma Verónica Patricia Rodríguez Martín, abogada y funcionaria excedente de la Comunidad Autónoma, que fue contratada por el sistema de libre designación en fechas recientes por la concejalía de Proyectos Urbanos, Infraestructuras, Obras y Patrimonio del Ayuntamiento.

Da la casualidad de que la Sra. Rodríguez Martín es hija de Pedro Rodríguez Zaragoza, un político profesional nacido al calor de la ATI de Manuel Hermoso, que se ha mantenido durante más de treinta años en las tripas del poder y que aún hoy, a sus 65 años, sigue en activo como viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, tras ser sustituido por el desjubilado Ricardo Melchior como presidente de la Autoridad Portuaria. Pocas personas pueden presumir de un currículo tan orgánicamente ligado a lo que han significado y significan ATI y Coalición Canaria, por no hablar de la influencia que aún ejerce dentro y fuera del partido. Todo, pues, queda en familia, dentro de la gran familia (al modo siciliano) que es ATI-CC.

DESPRECIO A LOS FUNCIONARIOS.- Antes de decantarse por este cuarto informe, hecho a la medida de sus deseos, José Manuel Bermúdez estaba muy insatisfecho con los dictámenes emitidos por las tres máximas autoridades jurídicas del Ayuntamiento capitalino: el Secretario General, la directora de los Servicios Jurídicos y la directora Técnico-Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el señor Luis Prieto y las señoras Isabel Cubas y Luisa del Toro, respectivamente. Su insatisfacción se debe a que en los tres informes se concluye que el mamotreto se debe derribar en su totalidad, tal como ordena la sentencia de la Audiencia. Incluso la directora de los Servicios Jurídicos, en contra de lo opinado por los miembros del grupo de gobierno, establece de manera categórica en sus conclusiones “que no concurre en la actualidad ninguna circunstancia fáctica o jurídica que ampare plantear un incidente de imposibilidad legal de ejecución”.

A regañadientes, Bermúdez envió estos dictámenes al juzgado, pero al mismo tiempo, tanto él como José Alberto Díaz-Estébanez siguieron buscando hasta encontrar a alguien que les proporcionara una justificación para su sabotaje legal. Y la encontraron en su letrada de confianza, Rodríguez Martín, que se ha atrevido a firmar el informe anhelosamente deseado, en donde, por cierto, no se ha tenido en consideración ninguno de los dictámenes precedentes, ya que sólo hace una referencia muy superficial al de Luisa del Toro. Si las leyes van donde quieren los reyes, los informes van donde quieren los alcaldes.

LOS CONDENADOS ERAN ALIENÍGENAS.- Llama poderosamente la atención que en el informe de marras se deje a los pies de los caballos a los concejales y funcionarios condenados por el caso mamotreto. Hasta ahora la defensa de sus conmilitones había sido una constante de los gestores municipales, pero se ve que llegan tiempos nuevos a Coalición Canaria –¿será eso a lo que Barragán llama “repensar el partido”?– y no han dudado en soltar lastre con la pueril pretensión de apartar al Ayuntamiento de la obligación de ejecutar el derribo del edificio. Para ello se aduce una serie de desatinos sobre la organización legal del municipio, llegando a afirmarse que “la identidad individual de concejales y funcionarios que trabajan al servicio de un Ayuntamiento es distinta a la identidad del Ayuntamiento mismo. Una cosa son los fallos que haya podido cometer el personal al servicio del gobierno local y otra muy distinta que el gobierno local tenga el deber jurídico de soportarlos”. O sea, que el Ayuntamiento es un ente metafísico flotante entre el cielo y la tierra, y Manuel Parejo, primer teniente de alcalde, delegado de Urbanismo y Consejero Director de La Gerencia Municipal de Urbanismo, o Plasencia Vizcaíno, Concejal de Servicios Públicos primero y Concejal Delegado de Infraestructura y Obras después, no formaban parte del gobierno local. Antes bien, eran una especie de marcianos caídos del hiperespacio, que actuaron por su cuenta y sin relación alguna con la Corporación. ¿Sería posible la comisión de los delitos por los que fueron condenados si no pertenecieran a la institución municipal? Si no ostentaran esos cargos y por tanto la representación inherente a ellos, ¿podrían haber prevaricado? Son cuestiones de primero de carrera, creo.

Todas estas desatinadas premisas tienen por objeto demostrar que ni los sentenciados pueden acometer el derribo del mamotreto, pues éste no es propiedad suya sino del Ayuntamiento, ni el Ayuntamiento puede demoler el edificio del que es titular, pues no existe pronunciamiento alguno contra él (ya no nos queda la mínima duda: los citados Parejo y Plasencia son alienígenas). “Máxime –termina– cuando ha hecho una importante inversión en fondos pertenecientes a todos los ciudadanos, porque de hacerlo incurriría en una malversación de fondos públicos”. Es decir que el Ayuntamiento, que nada tuvo que ver con el caso, es el que puso las perras. Conclusión: la sentencia no se puede ejecutar. Uno queda haciéndose cruces.

ACUSACIÓN AL JUZGADO DE FRAUDE EN LA FIGURA DE AUXILIO. En este pretencioso dictamen se obvia que el Juzgado, una vez que la sentencia es firme, lo primero que hace es recabar la intervención del Ayuntamiento como organismo auxiliar de ejecución de la misma, ya que, contrariamente a lo que manifiesta la autora del informe, las autoridades y personal al servicio de la Administración municipal, incardinados en la organización del Ayuntamiento en el ejercicio de sus cargos (alcalde, concejales) o en el de sus funciones o tareas (funcionarios), sí que actúan, cuando adoptan decisiones o instruyen procedimientos, como miembros legítimos del Ayuntamiento. Sin embargo, esa decisión judicial se pone en tela de juicio en el informe, cuando se dice que en realidad “el contenido de las obligaciones que se le imponen [al Ayuntamiento] y la extensión y límites de su actuación son del todo equivocados y discordantes con lo que significa la figura del que auxilia a otro.” Y añade que el hecho de involucrar al Ayuntamiento se hace para subsanar el “galimatías procesal que se ha generado, ya que si estuvieran bien definidas las posiciones procesales y las obligaciones impuestas a las partes, no sería necesaria la intervención del Ayuntamiento...)”.

Pero ahí no queda la cosa, también considera que la respuesta formal de la Dirección de Costas en relación a la ubicación del vértice 336 del deslinde en vigor de Las Teresitas, con fecha del 4 de diciembre de 2015, no es suficiente y, por lo tanto, solicita al juzgado, a nuestro juicio de manera temeraria, “que valore la posibilidad de que sea otra Administración la que se subrogue en las funciones de auxilio judicial para el fin previsto.”

Por otra parte –y esta es la guinda de su pastel jurídico– reitera doña Verónica Patricia que, según el artículo 28 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento está obligado a defender y proteger el mamotreto, porque es patrimonio de la corporación. Elude, sin embargo que este patrimonio tiene su origen en una serie de hechos delictivos que han dado lugar a un proceso y una sentencia judicial firme. Es, por decirlo así, el cuerpo del delito, y por ello la Audiencia Provincial ha decidido su demolición, lo entienda o no la ilustre letrada.

ESTE CARNAVAL TIENE QUE ACABAR YA.- Hay otras perlas del informe-propuesta de doña Verónica que podríamos seguir comentando, pero creemos que las expuestas son suficientes para hacernos una idea de los variados sofismas jurídicos que tratan de justificar lo injustificable. El carnaval de verdad sólo dura una semana, pero el del mamotreto parece no tener fin. Las murgas, comparsas y rondallas dirigidas por el alcalde Bermúdez y su principal acólito Diaz-Estébanez eligieron su reina ataviada con la fantasía “Sentencia Inejecutable”. Vale, se han divertido lo suyo; pero este carnaval tiene que terminar ya.

Dictada la sentencia condenatoria, donde se ordena la restitución de la legalidad quebrantada, la consecuencia lógica es la automática reparación del daño, es decir, la demolición del adefesio urbanístico y el cumplimiento de las penas por parte de los condenados. Ha pasado más de un año desde que la sentencia es firme, pero su ejecución se aplaza sine die. Parece que vivamos aquella paradoja de Zenón, en la que Aquiles (la Justicia) está a punto de alcanzar a la tortuga (ejecutar la sentencia), pero ésta se aleja un paso más, con lo que “el de los pies ligeros” nunca llega a rozar siquiera al lento reptil.

A pesar de que a diario llenan la prensa de titulares sobre su escrupuloso comportamiento en la ejecución de la sentencia, el alcalde Bermúdez y su camarilla se están riendo de la justicia a mandíbula batiente, pues lo que pretenden –y hasta ahora lo están consiguiendo– es diferir y en última instancia evitar que el mamotreto, ese símbolo escandaloso de la corrupción urbanística que ha campeado en Santa Cruz durante las últimas décadas, sea derribado.

Ya está bien, la justicia debe poner coto decididamente a tanto desmán. No acabar de una vez con la carnavalada en la que el alcalde y su grupo de gobierno han convertido este asunto y ordenar, a la luz de los contundentes informes que se han aportado, la demolición del edificio, convertiría la laboriosa actuación judicial y de la fiscalía en una auténtica pantomima, por cuanto los condenados lograrían finalmente su propósito delictivo original. Y esto no se puede consentir.

OLIGARCAS EN EL BANQUILLO.- La luna que les propongo contemplar es el Archipiélago Canario. Este 2016 las Islas parecen más luminosas y cálidas, no sólo por la influencia del potente fenómeno del “Niño”, que tiene asustados a los latinoamericanos, sino porque por primera vez la Justicia sienta en el banquillo de los acusados a un nutrido grupo de lo más granado de la oligarquía ultraperiférica, así como a varios de sus representantes en las instituciones públicas.

Hasta ahora habíamos asistido a una secuencia lineal e inconexa de denuncias por corrupciones. A los casos de Puerto Marena, Tindaya o Amorós, en los primeros años de la construcción del andamiaje político-empresarial de Coalición Canaria y sus adláteres del PP y PSOE, donde fue notoria la participación de tres presidentes del Gobierno Autónomo –Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso y Adán Martín–, aunque sin repercusiones políticas ni penales para ellos, les siguieron los casos Faycán, Eólico, Unión, Góndola o Europa. Todos han contribuido a convertir a nuestra comunidad autónoma en líder del Estado en casos de corrupción por habitante.

Pero la coincidencia temporal de las vistas orales de tres de los procesos más importantes de este tipo en Tenerife –Arona, areneras de Güímar y Las Teresitas–, nos da una visión de conjunto inexplorada hasta el momento y desechada por los medios informativos del régimen. No es una sorpresa que en ellos se den simultáneamente los delitos tipificados como prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho o tráfico de influencias, a los que se añade la infracción medioambiental en el de las areneras y, como algo colateral, el intento de enchufar en el Ayuntamiento de Arona a una sobrina de Paulino Rivero, anterior presidente del Gobierno de Canarias, lo que no es un delito en sí mismo, pero sí un obsceno ejemplo de cómo se ha gobernado en estas Islas.

Tampoco asombra que coincidan entre los acusados los nombres de relevantes representantes del mundo empresarial. Como su mera relación no cabría en este artículo citaré por su poder e influencia tan sólo a dos: Antonio Plasencia, imputado en Güímar y presidente hasta hace muy poco de uno de los lobbies más influyentes de Tenerife, el de los constructores (FEPECO), e Ignacio González, ex titular de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, que próximamente compartirá banquillo con el anterior por el pelotazo de Las Teresitas. Ambos representan magníficamente a ese colectivo de multimputados a los que sus corifeos mediáticos aún ensalzan con loas y ditirambos tales como “gente hecha a sí misma”, “grandes empresarios”, “inversores sacrificados que trabajan pese a las dificultades impuestas por la maraña legal que obstaculiza nuestro desarrollo económico” y otras jerigonzas por el estilo. La campaña de cara a la creación de una opinión exculpatoria de los desmanes es descomunal, llegando a criminalizar a las leyes por no adaptarse al apetito voraz de estos afanadores de lo público. No extraña, pues, que Plasencia, en una especie de justicia a la carta, haya propuesto al fiscal del caso areneras de Güimar un “acuerdo” en el que no sólo se declara culpable del delito, sino que se compromete a pagar la morterada de 53 millones de euros para reparar el daño ecológico ocasionado. Todo con tal de no dar con sus huesos en el talego. Es el mismo sentido de la Justicia que hace que el alcalde de Santa Cruz no ejecute la sentencia firme de derribo del mamotreto.

TAMBIÉN SUS CÓMPLICES INSTITUCIONALES.- Ya hemos señalado que junto a los corruptores, una pléyade de alcaldes, concejales, secretarios municipales y funcionarios varios, han caído como bombas de racimo sobre las ayuntamientos convirtiéndolos en una especie de oenegés dedicadas al lucro personal, partidario y de sus amigos empresarios. Entre ellos brillan con luz propia el ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, ya condenado a ocho años de inhabilitación por el caso García Cabrera, y el anterior primer edil de Arona, José Alberto González Reverón, ambos militantes de Coalición Canaria. Son los más significativos exponentes de las alcaldadas –malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, tráfico de influencias, cohecho, etcétera– que se han hecho demasiado habituales en las corporaciones municipales tinerfeñas. Tanto, que más de la mitad de los alcaldes de CC han estado o están imputados por algunos de los delitos citados.

Pero es que hasta el actual presidente del Gobierno Autónomo, Fernando Clavijo, unos meses antes de las últimas elecciones locales y autonómicas, estuvo imputado por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, presuntamente cometidos cuando estaba al frente de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna. El auto de imputación dictado por el juez Romero Pamparacuatro no sorprendió a casi nadie, pero sí la desimputación sustentada en la anulación parcial de las escuchas telefónicas, pues aunque según la fiscalía eran válidas, ya “que no hay el más mínimo indicio de que se hayan tergiversado”, al no existir –sorprendentemente– auto de prórroga de las mismas entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre de 2010, se anularon junto con las pruebas que se derivaban de ellas. ¿Error del juez o…?

DOS CLASES DE CORRUPCIÓN.- Junto a la corrupción ilegal, convive otra corrupción “legal”, que se produce cuando el poder público se pervierte configurándose como una plataforma de defensa de intereses privados. En Canarias no se entendería que tanto el Estatuto de Autonomía como el Régimen Económico y Fiscal –las grandes leyes “constituyentes” de nuestra convivencia–, así como las normas que las complementan y/o desarrollan –Ley Electoral, la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), el REA, LA ZEC, ETC.- respondieran tan claramente a las exigencias de los poderosos grupos económicos, si éstos no gozaran de capacidad para capturar voluntades, tanto individuales como colectivas, capaces de traducir en normas legales sus intereses.

El caso de la desprotección de los sebadales de Granadilla, para propiciar la construcción de un puerto industrial –inútil pero muy acorde a los beneficios de un empresariado voraz–, constituye un ejemplo difícilmente superable de esa corrupción “legal” e institucionalizada, a cuya sombra y durante casi cuarenta años ha prosperado una oligarquía política y económica, a la que no han importado nada las secuelas de desempleo, pobreza y marginación social que sus rapaces actuaciones han ocasionado y siguen ocasionando en amplias capas de la población trabajadora de las islas.

Pero aquí llueve sobre mojado. Los aquelarres en la mágica Montaña de Tindaya, los ectoplasmas avistados en el barranco de Badajoz, tanto antes como después de que se imputara a Antonio Plasencia y a otros cuatro empresarios por haberlo destrozado con la ilegal extracción de arenas para sus negocios, o la insospechada y consolidada ascensión política de José Miguel Barragán, ya señalaban que unos genuinos fenómenos paranormales habían fijado su residencia en estas peñas atlánticas.

Estos días hemos conocido uno nuevo: la desaparición del que fuera presidente del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso, y de toda su familia. Lo sorprendente de este caso es que a pesar de que los vecinos afirman verlo a diario, que aparecen incluso fotos suyas en los periódicos abrazando y felicitando al alcalde Bermúdez tras su reelección, o que ha sido visto caminando como si nada por las inmediaciones de la presidencia del Gobierno de Canarias, ni la policía municipal ni la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Santa Cruz, ni el Juzgado que lleva su caso, han podido dar con su paradero ni el de ningún miembro de su familia. Ni siquiera las comunicaciones de sanciones publicadas en los boletines oficiales de Canarias y de la Provincia han conseguido que les llegara noticia alguna de su búsqueda. Además de estar desaparecidos, también parecen estar sordos y ciegos.

En el origen, un 'pelotazo' frustrado

Todo fluía como era debido en la familia Hermoso. Tras abandonar en 1999 la política activa –o eso decía él–, Manolo, como lo llaman sus conmilitones más cercanos, se dedicaba a sus empresas. Es más, en 2006 el “destino” le ponía en bandeja el negocio del siglo: La compra –o algo similar– del edificio de la antigua fábrica Celgán. Previamente, Manuel Parejo, siempre tan solícito a la hora de favorecer los negocios de sus amigotes desde la concejalía y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, había conseguido que se recalificara el uso de la parcela y arrancara un entajoso convenio urbanístico, por medio del cual podrían construirse en ella dos torres de 12 pisos y alrededor de 500 aparcamientos en los bajos de una plaza pública. Promociones Amojo S.L., una empresa creada por los hijos de D. Manuel, precisamente el mismo año en que éste se apartó de la vida pública, compró la parcela a través de un préstamo hipotecario de alrededor de cinco millones de euros.

La plataforma contra el PGO y el fuera de ordenación

Los vecinos de La Florita, urbanización cercana a la antigua Celgán, dieron la voz de alarma y la plataforma ciudadana “No a este PGO” comenzó un trabajo increíble para demostrar finalmente que lo que se les estaba expoliando a esos vecinos y a las más de 80.000 familias santacruceras, cuyas casas se habían dejado fuera de ordenación en el PGO, se correspondía con las regalías recibidas no sólo por la familia de Manuel Hermoso, sino por otros importantes personajes, beneficiarios también del reparto de la ciudad que realizaba en secreto una camarilla de oligarcas. Además del Hermoso Manuel, sacaban hermosísimas tajadas, entre otros, los sempiternos Antonio Plasencia e Ignacio González, así como Modesto Campos, José Miguel “Pelopincho” González, o el ya fallecido Adán Martín.

Tras muchas y masivas movilizaciones populares se logró paralizar el PGO y, gracias a la reparación del fuera de ordenación, exigida reiteradamente por la Plataforma, las clases populares no han sido esta vez las víctimas, al no poder los prebostes consumar su latrocinio.

Trágame tierra

Eso debió pensar el ex presidente cuando se descubrió el pastel. Adiós a las dos torres, de los aparcamientos ni hablar y, lo que faltaba, el edificio se caía a cachos y encima el Ayuntamiento pretendía que pagara su demolición, ahora que la empresita de sus hijos se había declarado en quiebra. Y así, decidieron desaparecer, aunque a la vista de todos, durante unos cuantos años, el tiempo justo para vender Promociones Amojo a Inversiones Anadico, una empresa radicada en Pontevedra –y con ella la parcela de la Celgán–, por algo más de ocho millones de euros, con lo cual los desaparecidos, descontando la hipoteca para comprarla, se embolsaron nada menos que tres millones de euros limpios de polvo y paja. Seguro que dentro de nada veremos al Manuel Hermoso más campechano entrevistado por Carmelo Rivero en la televisión Canaria, que para eso es de ellos.

Del “paradero desconocido” a la “busca y captura”

Así deberían haber actuado el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Justicia, tras los reiterados incumplimientos de Manuel Hermoso y su prole. No han pagado las multas impuestas –algo más de 200.000 euros– y ahora tampoco se hacen cargo de los costes de demolición del ruinoso edificio, que superan los 339.000. El Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, ha permitido no sólo que tomaran el pelo al pueblo de Santa Cruz durante años, sino que se utilizara el dinero de todos los chicharreros, sin saber si se recuperará algún día, para pagar las deudas de su mentor político. ¿Por qué, alcalde Bermúdez, después de casi tres años de la declaración de ruina de la antigua Celgán, se decide ahora a derribar con dinero público el edificio de su maestro? ¿Será justamente porque Hermoso y familia lo ha vendido recientemente y consideran que ya no tienen que responder por los gastos al efecto? Tenga cuidado, señor alcalde, porque lo mismo está prevaricando al demoler totalmente la Celgán, pudiéndose mantener en pie alguna parte de la misma.

Da grima comprobar tanta desvergüenza. El mismo mandatario que está haciendo todo lo posible para incumplir la sentencia judicial de derribo del mamotreto de Las Teresitas, malgasta dinero público en demoler un edificio cuyo derribo corresponde pagar a sus propietarios privados, “en paradero desconocido”.

Rectificamos: No se trata de fenómenos paranormales, sino de caraduras perfectamente normales a los que incluso se les ha honrado poniendo su nombre a avenidas y plazas en esta tierra no única sino desgraciada a más no poder.

¿Hasta cuándo?

A medida que avanzaba el debate la inquietud y el desasosiego hacían presa en los miembros y miembras del grupo Popular que, demudada la color, lanzaban miradas desesperadas a las puertas del recinto, ansiosos por salir de la sala a todo correr. Estofue motivado por el miedo que generó en las filas peperas la referencia de Guillermo Guigou al “caso Arona” y las fatales consecuencias que trajo al multi-imputado grupo de gobierno de aquel Ayuntamiento.

La difícil situación fue salvada por la proverbial astucia del alcalde Bermúdez, que dando un nuevo ejemplo de su escaso talante democrático, encontró el “Fortasec”para tanta cagalera y de paso la postergación de una derrota anunciada: por la cara y sin mosca, suspendió la votación de la moción y sanseacabó.

Estos días el mamotreto ha irrumpido de nuevo en la vida municipal. En realidad nunca se había ido pero ahora, a finales de noviembre, un grupo de ciudadanos ha reavivado el fuego democrático, personándose en la fase de ejecución de la sentencia firme sobre el caso para exigir que se haga justicia. Y otra vez ha ocurrido algo insólito en el pleno que tuvo lugar el viernes 27 de noviembre. Se discutía una enrevesada y retrancada moción del grupo de Ciudadanos –esta vez sí, la franquicia de Don AlbertRivera– sobre el mamotreto, cuando Carlos Garcinuño, a la sazón concejal de urbanismo por el PP y mucho más arriscado que sus colegas de antaño, tomó la palabra para declarar su amor al adefesio, al que llamó cursilonamente “amo-treto”, y con supina arrogancia y chulería amenazó con reconstruirlo si por fin se hace justicia y se derriba. El amor no conoce barreras.

¡Qué compleja es la mente humana! El fetichismo de algunas personas las convierte en rehenes de irrefrenables pasiones. El edil ultraderechista –arquitecto él, Dios nos libre– tiene como objeto de pulsión sexual un edificio horripilante, inservible,  denostado por la ciudadanía y condenado por la justicia. Más que un amor puro el suyo es una aberración sexual, de las que antaño acarreaban la hoguera a quienes la consumaban.

Señor Garcinuño, lo que usted denomina “amo-treto” ha nacido y crecido en un lodazal de corrupción y va a ser destruido, a pesar de los intentos del gobierno municipal, del que usted forma parte, por impedir la ejecución de la sentencia al efecto.Otra cosa es el mensaje que debe dar a sus deudos –los corruptos y sus corruptores– y que fantasee con reconstruirlo desde sus cenizas.  Ya se verá.

El alcalde Bermúdez aplaudió la osadía y, aunque esta vez no repitió la tontería de decir que estaría prevaricando si derribaba el edificio, sí afirmó –en su línea de “monstruo de las galletas”– que no es lo mismo legalizar que mantener en pie el adefesio, reformulando por tanto la gansada: “Se nos podría acusar de malversar fondos públicos si tiramos para volver a levantar aparcamientos, sabiendo de antemano que teníamos que construir lo mismo”. Como dirían Les Luthiers, se ve que la inteligencia le persigue, pero usted, señor Alcalde, sigue demostrando ser más rápido que ella.

Pues lo primero que hay que poner en cuestión es que el lugar de Las Teresitas que hoy ocupa el inconcluso esperpento esté de fijo destinado a aparcamientos. Léanse bien lo que dice el Plan vigente, señores míos, y no traten de confundir a la opinión pública con interpretaciones forzadas y tendenciosas. En el señor Garcinuño es comprensible, pues ya se sabe que el amor es ciego; pero en usted, imponderable alcalde, el “sostenella y no enmendalla” limita asazmente con esa prevaricación a la que tanto parece temer. Puede engañar a algún sector no informado de la ciudadanía, pero a los jueces es más difícil. Reflexione y deje de meter la pata, que con un alcalde empurado tenemos bastante.