Se acerca el 8 de marzo, fecha en la que recordamos las numerosas luchas presentes en la agenda feminista de la igualdad y la conquista por los derechos de las mujeres; la igualdad salarial y la mejora de las condiciones laborales, la paridad y la participación política, vivir libres de violencia de género y machistas, la corresponsabilidad en los cuidados, el reconocimiento de los derechos de la salud sexual y reproductiva… entre otras muchas reivindicaciones. Un día que nos impulsa a seguir trabajando por la igualdad de género y por que la defensa de derechos de las mujeres y niñas como parte de los derechos humanos, básicos e incuestionables sean reconocidos en todo el mundo. 

La propia existencia del quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible pone de manifiesto que queda mucho por hacer en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente entre aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, y que son frecuentemente excluidas e invisibilizadas. En este sentido, pocas veces se dirige la mirada hacia las mujeres que tienen consumos problemáticos de drogas, o a las que padecen algún tipo de problema de salud mental. En todas estas situaciones, las cifras demuestran que existe un tabú, y numerosos problemas de estigmatización y de barreras de acceso a los tratamientos.  

Una espiral de exigencias y rechazo

Las mujeres con consumos problemáticos de sustancias o adicciones se enfrentan a un sinfín de barreras derivadas de los propios mandatos de género y de la estructura androcéntrica de la sociedad. Si añadimos a la ecuación el elemento de la maternidad, la situación se complica aún más. Es frecuente que las personas en esta situación se sientan sobrepasadas y se juzguen duramente, con pensamientos recurrentes sobre su falta de valía o su capacidad para afrontar los problemas. Además, en el caso de las mujeres, la sociedad las juzga más duramente que a los hombres que presentan consumos problemáticos de drogas, por lo que sufren una estigmatización añadida, vinculada a roles y estereotipos de género, relacionados con el deber de cuidar y el sostenimiento del trabajo doméstico. 

Los estudios, realizados por la sociedad civil y las instituciones vinculadas al ámbito de las adicciones, demuestran que en el origen de estos consumos problemáticos está en gran medida, precisamente, las exigencias a las que la sociedad patriarcal pretende someter a las mujeres. Responder estereotipadamente a las tareas de desarrollo profesional, del hogar y del cuidado de los hijos e hijas o personas mayores a su cargo. El síndrome de superwoman y la necesidad de demostrar que se es capaz de “controlarlo todo” en todos los ámbitos. Exigencias de éxito en el estudio y trabajo frente a los techos de cristal. Las violencias que sufren las mujeres, de género y sexual, entre otras. Requerimientos de condiciones de belleza normativa y vida social para ser considerada una mujer de éxito según los cánones sociales, y el propio coste de no encajar en los estereotipos o de no cumplir con las expectativas, son algunas de las causas que conducen a las mujeres a desarrollar consumos problemáticos. Y que en ocasiones también están vinculados a ideación suicida, tentativas, o suicidio, especialmente en mujeres jóvenes. 

Estas representaciones hegemónicas y desigualdades de género tienen dos grandes consecuencias: en primer lugar, las sustancias consumidas por las mujeres son distintas a las que consumen los hombres, ya que en ellas predominan los tranquilizantes, ansiolíticos y los derivados opiáceos, con un potencial adictivo considerable y que ocultan los problemas mencionados, que permanecen latentes, lo que cronifica el consumo. Como sociedad cabe hacerse la reflexión de cómo el sistema sobremedica a las mujeres por “dolencias” que tienen su raíz en problemas sociales derivados de la violencia, la sobrecarga de cuidados o de una construcción machista de lo cotidiano.

En segundo lugar, y aquí entra en juego el tabú, son muchas menos las mujeres que piden ayuda para afrontar un consumo problemático en comparación con los hombres. Menos aún las que inician el tratamiento, frenadas por la mayor penalización social que comporta el consumo en las mujeres, así como por las denominadas barreras de acceso, que aluden a la dificultad de las mujeres a acceder a los recursos asistenciales, ya sea por su obligación de cuidar a su entorno o porque esos mismos recursos están diseñados tomando como referencia al varón heterosexual; por lo que no se ajustan a las necesidades específicas de tratamiento de las mujeres, como tampoco de los colectivos LGTBI. De este modo, solo una de cada cuatro personas que inicia un tratamiento en adicciones es mujer. Además, el porcentaje de mujeres que lo abandonan es abrumadoramente mayor que el de los hombres.

Las respuestas desde la sociedad civil y las instituciones

La sociedad civil organizada en el sector de las adicciones en Iberoamérica lleva mucho tiempo señalando estos problemas y está dando importantes pasos por el cambio de paradigma, dentro de sus propios servicios y trabajando con las instituciones, especialmente el Ministerio de Sanidad, para avanzar en los cambios, pero sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer. Este es uno de los retos al que se enfrentan las 35 entidades agrupadas en la Red Iberoamericana de ONG que Trabajan en Drogas y Adicciones, (RIOD) y que acompaño y apoyo en nombre de España en mi labor de  Embajadora Observadora Permanente ante la Organización de los Estados Americanos, a través de la puesta en valor de los valores de igualdad entre hombres y mujeres y de los cambios legislativos y sociales que hemos logrado en nuestro país en los últimos años; sabiendo que la acción siempre es más eficaz cuando se coopera entre instituciones y sociedad civil.

El estigma social hacia las mujeres con consumos problemáticos de drogas y las barreras de acceso al tratamiento las pone en un serio riesgo de exclusión social, con repercusiones económicas, sociales y psicológicas muy duras, que siguen en buena medida invisibilizadas. En la conmemoración del 8 de marzo, y para mantener el espíritu de cambio y avance que nos inspira cada año esta efeméride, debemos visibilizar esta situación que constata la diversidad de las mujeres y de las luchas a las que se enfrentan, y también la necesidad de continuar trabajando para mejorar su situación, desde todos los frentes, instituciones y sociedad civil. 

José Luís Sagüés amaba la vida. Fue el motivo fundamental para desear una muerte digna ya desahuciado por un cáncer terminal. Despedirse rodeado de los suyos, “tomando un vino” y con un brindis por todo lo vivido. Ese fue su deseo expreso que, hace ahora poco más de cuatro años, pudo cumplir con la ayuda de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Antes tuvo que enfrentarse al sistema para ejercer la libre decisión de extinguir su existencia cuando ya no era tal sino un sufrimiento continuo. Una condena impropia en una sociedad que se dice avanzada. Difícilmente podremos considerar que una vida es digna si no podemos morir con dignidad. Anhelos personales a los que una Administración debe dar carta de naturaleza en la convicción de que la lucha por la dignidad en la muerte no es otra cosa que la lucha por la propiedad de la vida.  Una democracia madura, y la española lo es, exige que este debate recurrente en la calle se traslade a las instituciones que representan la soberanía popular.

En este contexto, el Congreso de los Diputados ha abierto el camino para la legalización de la eutanasia. No se trata solo de abordar su despenalización sino de ser incluida como una prestación más del Sistema Nacional de Salud. Es decir, la libertad individual y la dignidad del ser humano como fondo y la seguridad jurídica y garantía sanitaria como forma. Toda política de salud ha de estar orientada a mejorar la calidad de vida de las personas. Esta ley, al ser la muerte parte de la vida,  está en plena sintonía con este principio mediante el compromiso de respetar la voluntad del ser humano en el momento de dar por acabada su existencia cuando el sufrimiento es inasumible. Es obvio que los grupos parlamentarios que han apoyado esta proposición cuentan con la complicidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para alcanzar un consenso político y social, para superar las dificultades técnicas que puedan surgir y, en definitiva, para transformar en realidad una demanda de la ciudadanía y certificar así la utilidad de la política como el mecanismo más eficaz, cuando hay voluntad para ello, de mejorar la sociedad.

Una vez aprobada la ley el ministerio ampliará la cartera de servicios básicos sanitarios. Es decir, la eutanasia será una prestación universal más que se llevará a cabo, dentro de los específicos requisitos marcados en el texto, con total garantía médica y con la seguridad jurídica necesaria. Se dará así curso a la decisión libre, firme, informada y consciente de la persona. El 19 de abril se conocía la muerte del doctor Luis Montes. Esta ley de eutanasia hubiera sido el mejor homenaje a quien, entre tantas reflexiones sobre la dignidad en la hora de la muerte, dejó una que resume el espíritu de este texto. “Nadie, decía, debe ser obligado a vivir cuando es una carga imposible de soportar”.

Demasiadas primeras veces las mujeres hemos sido noticia en contra de nuestra voluntad No queremos ser pioneras sino iguales. No queremos admiración sino justicia

El 8 de marzo de 2018 ya forma parte de la Historia con mayúsculas. La justa causa de la igualdad de género cuenta con una fecha señalada más en el calendario de su larga e intensa lucha. La huelga ha supuesto un hito, un extraordinario impulso a las reivindicaciones feministas y una ocasión única para sumar aliados. Por suerte, cada vez más hombres se apartan de la orilla del machismo para fortalecer la democracia. De eso se trata. De alcanzar una democracia plena que dote a las mujeres de su condición de ciudadanía en las mismas condiciones que los hombres. No se trata de un puñado de demandas sectoriales sino de cambiar el modelo de sociedad. De implicar a todos y a todas en un proyecto que haga realidad los postulados teóricos de las sociedades democráticas. Es decir, los derechos no son negociables en función del género.

La discriminación laboral, la brecha salarial, el abrumador desequilibrio del reparto de las tareas domésticas, las trabas para ocupar puestos de responsabilidad o, por supuesto, la violencia machista, son lacras a extinguir en un país que se tiene por avanzado. Qué decir de aquellos en los que la situación de la mujer es de absoluto sometimiento al hombre ¿Cómo es posible que, con estas realidades, se dude de las razones para reivindicar o sean motivo de desprecio o de burla? Hay quienes, con mayor mesura, dicen no haber entendido la convocatoria de huelga feminista del 8-M y no les falta al menos una razón. Es incomprensible que, avanzado el siglo XXI, en una sociedad que se autodefine como moderna haya sido tan necesaria su convocatoria.

Y no para romper con el modelo de sociedad occidental, como, a falta de argumentos, se alertaba desde la derecha, sino justamente para lo contrario. Es decir, para dejar de presumir de su fachada y afianzar sus cimientos porque sin igualdad no hay democracia plena. No cuando se condena a las mujeres, por el hecho de serlo, a un mayor desempleo y precariedad, a un menor salario o a ser víctima de la intolerable violencia machista. Si ese es el sistema a preservar, miedo a romperlo ninguno. Cada paso en esta lucha por la igualdad nos ha costado mucho esfuerzo. Es el esfuerzo que exige caminar por las arenas movedizas de una sociedad patriarcal. El 8 de marzo ha sido momento de parar y de hacerlo con la firme voluntad de no dejar de moverse.

Demasiadas primeras veces las mujeres hemos sido noticia en contra de nuestra voluntad No queremos ser pioneras sino iguales. No queremos admiración sino justicia. Y para ello hay que mojarse. El ‘yo no me meto en eso’ del presidente Rajoy es sinónimo de ‘yo soy cómplice’ de una discriminación incompatible con una sociedad democrática. No hay que olvidar que para que exista la discriminación es necesario que alguien la perpetre y un silencio cómplice que garantice su impunidad. Sobran tantos motivos como faltan argumentos. Nadie ha sido capaz de rebatir las causas de la huelga desde el rigor sino desde la falta de respeto o de la ocurrencia. Porque una triste ocurrencia es, por ejemplo, acusar de ‘frívola’, como hizo la señora Cospedal, una movilización de esta relevancia social. Debería al menos respetar, y no menospreciar, la memoria colectiva de un movimiento que, con su lucha, ha posibilitado grandes avances en el papel social y político de las mujeres.

Algo grave falla en el sistema cuando hay que reclamar lo obvio. Sin embargo, todos estos obstáculos, lejos de conducir al desaliento, han fortalecido esta lucha. Basta ver hoy cómo los distintos movimientos vinculados al feminismo merecen una atención hasta ahora desconocida. Basta comprobar los altos niveles de exaltación de los sectores más reaccionarios de la sociedad para reafirmar que la dirección es la correcta. En todo caso, deben saber que no hay caricatura, ofensa, crítica o desprecio que nos aparte del camino del feminismo como ariete en esta lucha de las mujeres por la igualdad de los derechos y por la democracia paritaria que no es otra cosa que la democracia real.

*Carmen Montón, consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana

Hablar de depresión es hablar de desasosiego, angustia, frustraciones, conflictos y desesperanzas. De vidas que se entienden como un castigo. Desde el punto de vista científico es la claudicación psicológica y biológica del individuo plasmada en desmoralización, desinterés, pérdida de autoestima o trastorno del sueño. Un desorden psiquiátrico que altera el día a día de más de 350 millones de personas en el mundo. Para comprender su magnitud baste señalar que se ha erigido en la primera causa de discapacidad en el mundo.

La depresión ha dejado de ser un problema individual para ser un problema global. En el ámbito de lo personal, el objetivo sería lograr que la ayuda profesional consiga que la persona deprimida recupere su capacidad para pensar, reflexionar y elaborar un proyecto de vida que le vincule también a su entorno, a las personas que le rodean.Además, de los eficaces tratamientos y psicoterapéuticos actuales, el acompañamiento de profesionales, familiares y amigos es factor fundamental en el proceso de recuperación.

En la Comunidad Valenciana durante el año 2016 hubo cerca de 40.000 personas que fueron diagnosticadas con algún tipo de depresión (24.854 mujeres y 12.720 hombres). Alrededor de 300.000 personas (de ellas más de 200.000 mujeres) tienen un diagnóstico activo relacionado con la depresión.

La salida de la depresión tiene varias puertas que, en su conjunto, pueden ofrecer una solución a esta patología. Así, se han emprendido estrategias que integran la salud física, mental y social y promueven una sociedad saludable y equitativa. Bajo la premisa de que ‘no hay salud sin salud mental’, reto desarrollado en la Estrategia Autonómica de Salud Mental 206-2020 y rubricado en el Pacto Autonómico, el gobierno presidido por Ximo Puig apuesta por un modelo de atención comunitaria. Una planificación de corte transversal que implique los puntos de vista y las actuaciones en distintas disciplinas.

Entre estas estrategias comunitarias están los programas escolares para promover un modelo de pensamiento positivo entre los niños y adolescentes. Las intervenciones dirigidas a los padres de niños con problemas de conducta que pueden reducir los síntomas depresivos de los padres y mejorar los resultados de sus hijos o los programas de ejercicio para las personas mayores también pueden ser eficaces para prevenir la depresión.

Es pues necesaria la implicación de la Administración Pública en distintas vertientes, sanitaria, educativa o laboral, pero también la de asociaciones y familiares de quienes ven truncados sus proyectos de vida a causa de este trastorno mental. El Consell, y así ha quedado recogido en su declaración institucional, renueva su compromiso para la recuperación de la persona y su integración en la sociedad. Solo desde el trabajo conjunto será posible.

Un hombre que presume en público de acosar a las mujeres y denigrarlas será presidente de los EEUU en el siglo XXI. Dicho así estremece. Una pesadilla que la legitimidad de las reglas democráticas no alivia. Las mujeres, como auguraba la candidata Hillary Clinton, no han podido parar a Trump. La pregunta es si alguien podrá hacerlo y cuáles serán las consecuencias de no lograrlo. Denuncias por abusos, vídeos en los que se incluyen comentarios sobre niñas, humillaciones públicas… Machismo, misoginia, homofobia, racismo, xenofobia. Esta larga lista no ha bastado para evitar su triunfo.

En la lucha por la igualdad, tan intensa y larga, la figura del nuevo presidente ensombrece las conquistas que tanto han costado. ¿Qué pasará ahora cuando se despida a un mujer por estar embarazada si el propio presidente lo ha defendido? ¿Qué pasará con aquella mujer violada cuando el propio presidente se ha mostrado tan tibio en su postura y tan explícito en considerar a las mujeres un objeto sexual? Basta releer esa antología de exabruptos y barbaridades para hacernos una idea de quién ocupará a partir de ahora la Casa Blanca.

El perfil político de Trump no resulta novedoso, en Europa hemos tenido y tenemos ejemplos, pero ha elevado a la enésima potencia la caricatura del populismo más retrógrado. Su advertencia, en ese tono fanfarrón que ha caracterizado su campaña, parece ahora todo un presagio con visos de credibilidad. “Podría pararme en medio de la Quinta Avenida, dispararle a alguien y no perdería votantes”, llegó a decir.

Los análisis de urgencia, superado con dificultad el estupor, atribuyen su victoria a la América blanca y rural, de ideología ultraconservadora, que después del mandato del primer presidente negro consideraban intolerable tener en el despacho oval a una mujer. Quizás sea así. Pero los retrocesos no dejan de serlo por muy abrumadora que sea la mayoría que los respalda.

A partir de hoy, dada la inmensa influencia del país en el rumbo del mundo, hemos perdido todos y, principalmente, todas, incluso aquellas que hayan depositado en él su confianza. Esta ola de populismo retrógrado que se abre hueco y hasta gobierna en países democráticos pese a poner en cuestión el sistema debe abrir un intenso y amplio debate. Dicen que cuando la política fracasa llega la antipolítica. Y ya sabemos qué rostro tiene y cómo piensa. Sin perder la esperanza en él hoy ha amanecido un día nublado para el futuro.

Frente a ello, frente a la (des)igualdad de las normas que establecen, según el discurso orwelliano, que unos ciudadanos son más iguales que otros, el Gobierno valenciano cree firmemente que la dignidad y la igualdad no es negociable. Lo demostramos semanas después de formar Gobierno, en el primer decreto que firmó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En julio de 2015, el decreto 3/2015 reinstauró la universalidad de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. Nadie debe ser más igual que otro.

Lo hicimos y lo mantenemos a pesar de las trabas que nos puso el Gobierno al recurrir el decreto al Tribunal Constitucional. Estamos convencidos de que la cobertura sanitaria universal es un pilar fundamental de la atención sanitaria. Así lo entendió también el Constitucional al levantar la suspensión que pidió el Gobierno, al apuntar que el derecho a la salud posee una importancia singular en el marco constitucional que no puede verse desvirtuada por un presunto ahorro que no ha podido ser concretado.

Y así lo entiende también la Organización Mundial de la Salud. En la pasada asamblea que celebró este organismo, celebrada el pasado mes de mayo, su presidenta, Margaret Chan, insistió en el que se ha convertido en uno de sus principales caballos de batalla al frente de la OMS: la atención universal.

Chan destacó que la cobertura sanitaria universal es “la máxima expresión de igualdad y de justicia para que nadie se quede atrás”. Y una medida imprescindible para atender los nuevos retos sanitarios mundiales y de salud pública. Nosotros también estamos convencidos de que este es el camino.

Después de poco más de un año, más de 10.300 personas han recuperado la atención sanitaria sin más condición que ser ciudadanos y ciudadanas. Ni su lugar de origen ni su pasaporte ni papel alguno penalizarán ya sus derechos. Una sanidad de y para todos y todas. Es decir, universal y pública. Los dos pilares sobre los que se sustenta una gestión que vela por la rentabilidad social frente a hipotéticos ahorros económicos a costa de las personas más vulnerables.

Una vez superado el primer aniversario del decreto 3/2015, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha lanzado una campaña para recordar que todas las personas tienen garantizada la asistencia sanitaria. La hemos impulsado junto con entidades como Odusalud, que agrupa a 85 asociaciones, Amnistía Internacional y Cruz Roja, con las que trabajamos para velar por el cumplimiento del decreto que recupera la universalidad de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.

El objetivo de la campaña es muy sencillo: que ningún beneficiario ignore que basta con acercarse a un centro de salud o a un centro municipal de servicios sociales de cualquiera de las tres provincias para poder ser atendidos de manera integral en la red pública valenciana.

Con la colaboración de las entidades que trabajan con colectivos de inmigrantes se ha distribuido carteles en centros sanitarios y locutorios con mensajes en rumano, inglés, árabe y chino además de en castellano y valenciano. Todo ello para dejar bien claro el mensaje: En la Comunidad Valenciana todas las personas, por el hecho de serlo, tienen derecho a la asistencia sanitaria.

Le instamos a que conceda el indulto a María Salmerón, pues su entrada en prisión supone un daño irreparable para ella y su hija, que vive un litigio que tiene como origen un padre maltratador

Señor Catalá,

Hace exactamente un año, en febrero de 2015, el Grupo Parlamentario Socialista, en sesión de control al gobierno le instaba a usted como ministro de Justicia y a todo el gobierno de Mariano Rajoy a conceder el indulto a María Salmerón. Un año después, María se encuentra a las puertas de la cárcel sin que hayan hecho nada para evitarlo.

María Salmerón estuvo casada menos de un año, pero las consecuencias de esa relación que acabó con una condena a su ex marido a 21 meses de cárcel por un delito de maltrato habitual sobre ella continúan hasta hoy.

Sabemos que los hijos y las hijas son los instrumentos de control que utilizan los maltratadores y que mientras tengan derechos de custodias y visitas sobre ellos, la relación de maltrato no cesa, a pesar de haber cesado la convivencia, a pesar de que hayan sido denunciados y, como en este caso, condenados.

El desarrollo de estos 14 años de litigio y el punto final que tendrá –la entrada de María Salmerón en prisión si el indulto no lo evita- es sintomático de qué tipo de recursos utilizan los maltratadores y de cómo nuestro sistema judicial no hace lo suficiente para proteger realmente a las mujeres maltratadas a sus hijos y a sus hijas.

Un maltratador no es un buen padre y no debe disfrutar ni de custodia ni de visitas. Permitir que María Salmerón ingrese en prisión significa lanzar un mensaje de advertencia a todas las mujeres víctimas o madres de víctimas. Condenar, como dice la sentencia que recogíamos en la Proposición no de Ley, a una mujer por “su actitud rebelde” significa un riesgo para quien denuncia violencia de género y para quien protege los derechos de sus hijos e hijas.

La entrada en prisión de María Salmerón supone un daño irreparable para ella y también para su hija quien ahora tiene 15 años y lleva prácticamente toda su vida sufriendo un litigio que tiene como origen un padre maltratador.

Un año después, le instamos a que resuelvan esta situación y concedan en el Consejo de Ministros de este viernes el indulto a María Salmerón. Su obligación, como ministro de Justicia, es proteger a todas las víctimas de violencia de género así como a sus hijos e hijas. No puede haber dejación de funciones en esta tarea. Cumplan sus compromisos, cumplan su palabra y cumplan sus obligaciones.

Muchas gracias.

"Ni los medios de comunicación, ni la acción política, ni los discursos, ni las instituciones del estado pueden dejar la lucha contra la violencia de género para el 25 de noviembre y pasada esa fecha, mirar hacia otro lado, como si nada"

Sí, hoy también es día de lucha contra la violencia de género. Y mañana, y el 24 de diciembre y el 6 de enero y todos los días del año. Una violencia que arrasa la vida de miles de mujeres, de sus hijas e hijos; que asesina a centenares de ellas y a un número cada año más elevado de menores, no es cosa de un día.

Ni los medios de comunicación, ni la acción política, ni los discursos, ni las instituciones del estado pueden dejar la lucha contra la violencia de género para el 25 de noviembre y pasada esa fecha, mirar hacia otro lado, como si nada.

Hoy, como ayer, como mañana, más de doscientas mujeres se acercarán con mucho miedo y aún más dudas a una comisaría o a un juzgado a poner una denuncia por violencia de género. Algunas lo harán acompañadas y bien asesoradas; la mayoría, solas y probablemente sin haber consultado a ninguna abogada.

Hoy, como ayer, como mañana, cientos de mujeres conocerán la noticia de que su denuncia ha sido archivada. Otras, que el maltratador ha sido absuelto, que su solicitud de medidas de protección ha sido denegada. Algunas, respirarán aliviadas al conocer que el hombre que las tortura a diario tiene una orden de alejamiento. Otras pocas recibirán la sentencia condenatoria que les reconoce su padecimiento durante años.

Hoy, cientos de niños irán a clase medio dormidos porque no habrán pegado ojo escuchando toda la noche los gritos y los golpes que su padre le propinaba a su madre. Otros, con el miedo en la mirada, solo querrán que termine el día para llegar a casa y comprobar que su madre sigue allí. Esta tarde, un montón de niñas no serán capaces de concentrarse en sus deberes. Otras, saldrán corriendo de sus hogares, cogidas de la mano de su madre, para subir a un coche del SAMUR social que les llevará a un refugio de emergencia que les proteja la vida hasta encontrar una casa de acogida en la que instalarse una temporada.

Esta noche, cientos de mujeres en todo el país tomarán un antidepresivo, una pastilla para dormir, cualquier cosa que les haga olvidar para no desesperar, que alivie el dolor de una vida sin vida, de una agonía sin consuelo; para olvidar que se desangran por dentro y por fuera; por ellas y por sus hijos; por el presente y por el futuro que les aguarda.

Cualquier día de estos, nos sobresaltaremos con un asesinato con ensañamiento, con unos vecinos que no sabían nada y quizá, hasta con un juez o jueza que denegó la orden de protección a la víctima porque consideró que tenían un riesgo muy bajo de ser asesinada. Nos encontraremos con el desgarro de una familia y amistades que sabían o no, que sospechaban o no pero que probablemente no dijeron nada porque de “esas cosas” no se habla. Cualquier día de estos, uno o varios niños se quedarán huérfanos y heridos de violencia de por vida. Cualquier día de estos…

Vivir con miedo. Ese parece ser el destino de millones de mujeres en el mundo. Sin embargo, como dice Alicia Puleo, el concepto de violencia de género ha sido forjado para subrayar el carácter estructural, ideológico y aprendido –por lo tanto, susceptible de cambio; la igualdad se aprende, la desigualdad, también-, de las innumerables formas de violencia sufridas por las mujeres en todo el mundo.

Sí, se puede y se debe acabar con la violencia a pesar de que se están fabricando por parte del neomachismo representaciones sociales sobre la violencia patriarcal que tienen como objetivo su despolitización. La violencia de género es incompatible con la democracia. La violencia de género es la máxima manifestación de la desigualdad por lo que mientras haya mujeres que vivan con violencia, la ciudadanía de las mujeres se encuentra en entredicho. No hay ciudadanía para las mujeres sin eliminar la violencia de género. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.

Por todas estas razones, el PSOE presentó ya en el mes de agosto el Acuerdo Social, Político e Institucional contra la Violencia de género “Por una sociedad libre de violencia contra las mujeres” que resume los puntos básicos de nuestra propuesta y que pasa por reponer y aumentar recursos, mejorar la coordinación, poner en marcha el acompañamiento judicial personalizado para facilitar la denuncia a las mujeres víctimas y atender específicamente a quienes la retiran por miedo, coacciones o cualquier otra circunstancia. También recoge la activación permanente del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género y desarrollar la obligatoriedad de especialización acreditada y previa para trabajar en los juzgados especializados en violencia de género. El acuerdo concluye con el compromiso de incluir en la Ley Integral contra la violencia de género todas las formas de violencia contra las mujeres no solo la que se produce en los ámbitos de pareja como estipula la ley en vigor.

De todas las medidas presentadas en el Acuerdo, la más destacada es incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. Solo educando en igualdad podremos vivir en igualdad. Solo si acabamos con la profunda desigualdad entre mujeres y hombres que aún soporta nuestra sociedad, erradicaremos la violencia de género.