Ha llegado abril, y llegará mayo. Europa se llenará de ceremonias en memoria y recuerdo de aquellos que pasaron por campos de concentración nazis entre 1933 y 1945: los presos políticos, asociales, raciales, etc.

Las tropas Aliadas liberaron los campos de concentración y exterminio: en el verano de 1944 Majdanek, Belzec, Sobibor y Treblinka; en enero de 1945 Auschwitz; en abril Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Dora-Mittelbau, Flossenbürg, Ravensbrück, Sachsenhausen; en mayo Neuengamme, Mauthausen, Ebensee, Gusen.

Desde entonces, Alemania, mal que bien, asumió su papel como nación perpetradora de unos crímenes que estremecieron al mundo, y llevó a cabo su tarea de recuerdo y conmemoración de aquellos que fueron asesinados. Inmediatamente después de la guerra, gracias al impulso de los Aliados, pero también a las presiones de los grupos de presos que se fueron organizando antes incluso de la liberación, se inició la conmemoración de lo que había sucedido. Posteriormente, los respectivos gobiernos alemanes comenzaron a reconocer su responsabilidad y mantuvieron diferentes actitudes hacia ese recuerdo: los gobiernos conservadores más ambiguos; los gobiernos progresistas, más predispuestos.

Aunque a comienzos de los 1960 se crearon los primeros memoriales, no fue hasta que un gran número de ciudadanos críticos se vieron involucrados en este movimiento, que fueron erigidos muchos memoriales, desde finales de los años 70. Estas propuestas “desde abajo”, entre grupos de ciudadanos concienciados con ese recuerdo, intentaron mantener la memoria de hechos, lugares y personas que, debido al paso del tiempo, al interés/desinterés político y a las presiones de determinados sectores que buscaban “normalizar” el pasado nazi, hubiesen caído fácilmente en el olvido. Gracias a estos grupos pudo crearse la “Fundación Topografía del Terror” (Stiftung Topographie des Terrors), o la que consiguió que se llevase a cabo, tras arduas negociaciones y debates, el “Memorial por los Judíos Asesinados de Europa” (Denkmal für die ermordeten Juden Europas).

El proceso ha provocado, acrecentado el interés en la investigación histórica. La historia social y local también se han convertido en un foco de interés. Las representaciones históricas en los memoriales se centran principalmente en la persecución y la resistencia llevada a cabo contra el régimen nazi. Las conexiones entre el destino de las víctimas y determinados grupos, que habían sido olvidadas durante décadas, comenzaron a entrar en la conciencia pública.

Así, con sus progresivos altibajos, con sus debates y polémicas, Alemania ha conseguido enfrentarse a su pasado de una forma más o menos satisfactoria (dependiendo al grupo que se represente, si víctima o victimario), enfrentándose, asimismo, a la fuerza o “voluntariamente”, con todos los aspectos relacionados con los crímenes.

Y, como cada año, los representantes de las víctimas españolas, gracias a la ingente labor de Amical de Mauthausen, han estado presentes en esas conmemoraciones, recordando a aquellos que desaparecieron en Buchenwald, Mauthausen, Gusen o Ebensee, participando activamente en esos homenajes a los republicanos españoles. Mientras, la representación oficial del gobierno español se ha limitado a la escasa participación de algún miembro (generalmente de bajo rango) de la embajada, que participa en las ceremonias y que rinde homenaje a los caídos republicanos en un monumento en Mauthausen que, ni siquiera, es un monumento estatal.

El caso español es, ha sido y, desgraciadamente, muy diferente.

Tras la dictadura llegó una Transición que ha sido considerada modélica y que no voy a analizar ahora, pero que dejó muchas heridas abiertas y preguntas sin respuesta satisfactoria, pero que ha servido a muchos como pretexto para evitar enfrentarse a un pasado que sigue siendo doloroso, porque sus heridas no llegaron nunca a cerrarse.

Ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, ha enfrentado abiertamente el problema del pasado, de la memoria histórica, de la reparación de aquellos que perdieron la guerra, el franquismo y la Transición. Nos dicen que el Gobierno de Zapatero dio un paso adelante en 2007 (¡más de treinta años después de la muerte del dictador!), cuando su gobierno aprobó la Ley de memoria histórica. Aparentemente, esta ley permitiría sanar las heridas, buscar a las víctimas, confortar a las familias, eliminar los últimos vestigios de la dictadura. Sin embargo, esa ley nació con una inmensa tara, y es la ausencia de una disposición de financiación, de forma que se dejaba al libre albedrío de los gobiernos la disposición financiera para llevar a cabo sus medidas. Esto ha permitido, por ejemplo, que Rajoy defendiese la neutralización de esa ley, sencillamente, dejándola sin dotación presupuestaria.

Recientemente han renacido los debates sobre la memoria histórica. Se ha debatido sobre el Valle de los Caídos, sobre su significado o sobre el auténtico cometido que debía tener. Ha habido confrontaciones políticas por los intentos de impulsar los cambios de nombre de algunas calles. Mientras tanto se reprime el recuerdo y la memoria de los que perdieron la guerra.

El problema es que aún hay sectores sociales, políticos y económicos que se niegan a enfrentarse a esta situación. Los políticos (de casi todas las tendencias) se han negado, hasta ahora, a “coger el toro por los cuernos” y llevar a cabo una auténtica tarea de reconciliación y conmemoración.

Estas controversias sólo se solucionarán en el momento en que España afronte realmente lo que pasó entre 1936 y 1975, pero también cuando se enfrente al hecho de que la Transición dejó muchos cabos sueltos que deben solucionarse antes de poder considerar que las heridas se han cerrado.

A pesar de todo lo señalado hasta ahora, sí hay un aspecto positivo en la situación actual que me gustaría destacar. Y es el hecho que estos debates favorecen acciones sociales (desde abajo) que fomentan un nuevo marco de construcción de la memoria histórica, movimientos orientados a defender determinados lugares simbólicos, como la prisión Modelo de Barcelona, o Carabanchel en Madrid; otros han impulsado la eliminación del callejero de las referencias al franquismo; y muchos siguen impulsando campañas para la investigación, localización, descubrimiento y, ante todo, dignificación de las fosas comunes.

Este tipo de iniciativas deben presionar a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, para que lleven a cabo las tareas que les marca no sólo la ley de memoria histórica, sino, y por encima de todo, la necesidad de reparar a aquellos que fueron vencidos en la guerra, en la posguerra y en la transición.

Como cada año, el mes de noviembre se ha convertido en una retahíla de actos y celebraciones que conmemoran el aniversario de la muerte del dictador Franco, con políticos pseudo-democráticos y periodistas pseudo-periodistas cantando las alabanzas de un régimen que se dedicó a construir todo un entramado social que le permitió sobrevivir durante cuarenta años y tras una Transición que se ha convertido sólo en una excusa para otros cuarenta años de amnesia.

Unos años de amnesia que sólo han servido para perpetuar a unos grupos sociales y económicos que se han mantenido de forma casi inalterable desde la dictadura hasta la actualidad. Basta con mirar los antecedentes familiares de algunos de nuestros ministros y políticos principales para comprender que esa continuidad es un hecho palpable.

Las celebraciones anuales que se producen cada mes de noviembre hacen surgir una nueva cara de esa Transición, tantas veces alabada y tantas veces denostada. Surgen grupos de personas que recuerdan al régimen, que lo conmemoran, que siguen manteniendo la nostalgia de aquellos tiempos. Una nostalgia que a tenor de lo que dicen algunos políticos y periodistas (los “pseudo” de los que hablaba antes) está amparada, correctamente, en la libertad de expresión de la democracia que los ampara, pero que nunca se corresponde con la libertad de expresión que deben tener otros colectivos, otros grupos, otras personas, que piensan de forma diferente, que sienten de forma diferente. Esta es la “nostalgia buena”, según la versión oficial: la que no provoca problemas al sistema; la que no “divide España”, ese concepto tan manido y que tanta risa me provoca, porque los únicos que dividen a España son los intereses económicos que están consiguiendo que el abismo entre unos y otros se incremente notablemente.

Por otro lado están aquellos que intentan recordar a los que desaparecieron, a los represaliados, a los que aún se encuentran enterrados en las cunetas, a los que sólo sus familias, sus amigos y sus círculos cercanos recuerdan; unas familias que se han visto abandonadas por los políticos, por todos los políticos, tanto por el PP como por el PSOE; que se han sentido abandonadas durante más de cuarenta años, pero no los del régimen franquista, sino los cuarenta años posteriores, los de después de la Transición, los del olvido, los años oscuros en que nuestra democracia y nuestra clase política se ha dedicado a abandonar y arrinconar a esas familias, a esos desaparecidos, a esos represaliados, a esos enterrados en las cunetas.

Y estos últimos, según los “pseudos” de antes, son lo que he denominado “nostalgia mala”, porque ellos sí que están dedicados a “romper España”, a causar dolor a la sociedad, a dividirla.

O eso podría derivarse de la tendencia de nuestros políticos, de la profesión periodística, de descalificar a las familias que reclaman el recuerdo, la memoria de sus muertos. Me duele ver cómo algunos políticos denostan, insultan o menosprecian a esas familias, sólo por querer conocer el destino de sus padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos y hermanos, por querer darles una sepultura adecuada, por saber dónde reposan sus restos, y que han encontrado un descanso digno.

Me duele que periodistas sin escrúpulos cuestionen los intereses y las intenciones de esas personas que sólo quieren dignificar a personas que murieron, en la mayoría de los casos, por defender unos ideales decentes y legítimos, frente a unos golpistas que se alzaron contra un gobierno legítimo y que instauraron un régimen de terror y represión.

Me duele ver cómo nuestros gobiernos, tan dispuestos a obedecer los mandatos internacionales cuando se trata de recortes económicos a la sanidad o la educación, no están tan dispuestos a acatar esos mandatos cuando hacen referencia a la memoria histórica, a reconocer los delitos del régimen. Pero claro, en muchos casos supondría tener que reconocer los delitos de sus padres y abuelos.

Las celebraciones de noviembre me recuerdan que sí, que Franco murió en 1975, pero que los franquistas aún están entre nosotros, amparándose en nuestra democracia, a la que tanto odian, para atacarla desde dentro. Se manifiestan abiertamente, mostrando símbolos del franquismo, con total impunidad, mientras me pregunto: ¿sería posible manifestarse por el centro de Berlín con cruces gamadas, banderas nazis y fotos de Hitler? La respuesta es sencilla: no. Sería totalmente impensable e ilegal. Pero la diferencia es que Alemania sí afrontó su doloroso pasado nazi, con luces y con sombras, es cierto, pero lo afrontó.

En nuestro país no hemos conseguido aún asumir la carga que supone el régimen franquista, porque la Transición sólo consiguió tapar los hechos y plasmar torticeramente unas ideas que debían considerarse como fait accompli, que no debían cuestionarse y que no podían discutirse abiertamente. Y ahora, con el paso de los años, la sociedad española, al menos una parte importante, ha comenzado a replantearse esos dogmas y a pedir justicia para los suyos, igual que se hizo en todos los países que pasaron por regímenes políticos traumáticos, tanto fascistas como comunistas.

Pero mientras llega el momento en que ese pasado pueda ser abiertamente considerado y debatido, se sigue persiguiendo y denostando, en nombre de una pretendida “reconciliación nacional” que sólo implica olvido para unos y reconocimiento para otros, a aquellos que buscan la verdad, que intentan reconstruir lo que pasó de verdad, lo que se ha silenciado durante tanto tiempo. Se persiguen comportamientos que en cualquier estado de derecho auténtico, con una verdadera separación entre el poder político y el judicial, no pasarían de meras anécdotas, mientras se toleran, en aras de la libertad de expresión“, comportamientos que amenazan seriamente la convivencia democrática de nuestro país.

Falta aún mucho camino por recorrer hasta conseguir restituir a muchas familias a los seres queridos que desaparecieron y que se encuentran en las cunetas. Hasta ahora nuestros gobiernos no han hecho más que gestos vacíos para cubrir las apariencias, pero no se ha llegado a conseguir una auténtica reconciliación, porque esa reconciliación no se producirá hasta que se curen adecuadamente las heridas de nuestra sociedad. Y la cura no es, sencillamente, ocultarlas debajo de una alfombra, sino asumirlas y “cuidar” a los sectores sociales que aún se sienten heridos.

Las últimas elecciones celebradas en Alemania han demostrado que los partidos de extrema derecha son un elemento a tener en cuenta en el futuro

Es extremadamente preocupante la subida electoral de opciones que proponen discursos xenófobos, racistas, sexistas y con soluciones radicales contra los refugiados

Desde el comienzo de la crisis, por toda Europa han aparecido diferentes movimientos políticos y sociales que han desafiado a los partidos tradicionales, y que han hecho surgir nuevos partidos que se mantienen, hasta cierto punto, fuera de los márgenes habituales del marco político establecido. Esto ha provocado que los partidos tradicionales comiencen a perder gran parte de su hegemonía a favor de nuevos grupos políticos y sociales, tanto de izquierda como de derecha. Ese ha sido, por ejemplo, el caso de Podemos en España.

Pero la crisis de los refugiados también ha relanzado a partidos populistas, de extrema derecha y abiertamente xenófobos, aunque también han aparecido otros movimientos de nuevo cuño que están despertando el lado más oscuro de Europa. La retórica ultranacionalista y conservadora de Gobiernos como el húngaro o polaco ha tenido su efecto en otros países del entorno, con movimientos que han articulado un discurso contra la “invasión” de los refugiados, las políticas tradicionales y todo lo que llega de Bruselas. Todos se caracterizan por su antieuropeísmo, xenofobia, homofobia, ultranacionalismo, etc., y señalan que los refugiados amenazan la seguridad de la población autóctona. Estos movimientos están consiguiendo unos resultados que confirman su capacidad para sacudir el sistema político.

Este auge de la extrema derecha está teniendo, desde hace tiempo, un efecto dominó en casi todos los países de la Unión Europea, excepto en los países del sur, en los que ese fenómeno aún no ha tenido un impacto tan contundente, al menos hasta ahora. Este fenómeno generalizado se ha visto, por ejemplo, en Polonia, Hungría, Eslovaquia, Austria, Suecia, Dinamarca o, incluso, en Francia, países todos ellos que han asumido posturas más radicales a medida que la crisis de los refugiados se ha recrudecido con el paso del tiempo.

El surgimiento de un partido como Alternative für Deutschland (Alternativa para Alemania, AfD) ha acabado por romper la excepcionalidad de este país que, aunque ha tenido tradicionalmente partidos de extrema derecha (Republikaner, NDP), aún no tenía uno abiertamente populista, antiinmigración y xenófobo que condicionase su agenda política. Partidos que nunca habían tenido un éxito electoral tan importante como el de AfD en las elecciones del pasado 13 de marzo en tres Länder. De hecho, se trata de la mayor victoria electoral de la extrema derecha alemana desde el restablecimiento de la democracia en 1949.

La AfD es, desde sus orígenes, un partido que surgió del rechazo a la política de rescate del euro y que ha conseguido una baza electoral clave gracias a la crisis de los refugiados, que ha proporcionado un discurso populista y xenófobo, sin olvidar también un fuerte componente nacionalista y antieuropeísta. En las elecciones generales de 2013 se quedó fuera del Bundestag por unas décimas, y en las europeas de 2014 consiguió siete diputados, aunque solo se mantienen dos desde la escisión del partido, debido a las guerras internas entre liberal-conservadores y populistas de derecha en su seno, que acabó con el triunfó del ala más radical. Ya son ocho los Länder con representación parlamentaria de la AfD, aunque en los tres en los que se hicieron elecciones este domingo su triunfo ha sido más importante.

Los últimos resultados electorales del 13 de marzo en Alemania han demostrado que los partidos democráticos tradicionales son vulnerables, y han supuesto un punto de inflexión. Las medidas de la canciller Merkel de suavizar la política ante los refugiados (y el millón de refugiados llegados el año pasado a Alemania), han penalizado gravemente a la CDU y SPD, dejándolos en una situación tan precaria que ni siquiera una reedición de la “gran coalición” de ambos partidos permitiría formar gobierno, en un sistema político en el que los pactos son esenciales para la formación de mayorías parlamentarias.

Ahora, a un año vista, Merkel se plantea unas nuevas elecciones generales en Alemania, en un ambiente en que el mensaje de la AfD ha calado en buena parte del electorado que, unido a la radicalización de su discurso, está llevando a una grave polarización del debate público, con propuestas que, hasta hace relativamente poco, solo calaban especialmente en el Este de Alemania, los territorios de la antigua RDA, con su cara más radical. El trasvase de votos desde los diferentes partidos tradicionales hacia ese movimiento evidencia también que el electorado está cansado de las fórmulas tradicionales, de forma que la AfD ha visto su electorado incrementado por personas de todas las ideologías y sectores sociales.

Se trata de un fenómeno que refleja ideas que se han desarrollado también en otros países europeos: el hartazgo de la sociedad ante las élites políticas y económicas tradicionales. La AfD ha sabido aglutinar y dar voz al descontento que agrupa a grandes sectores sociales alemanes, por motivos de lo más diverso, aunque la crisis de los refugiados ha supuesto el detonante de esta situación. Ha atraído a votantes de la CDU decepcionados por las medidas de Merkel, pero también del SPD o Die Linke, y a un nutrido grupo de abstencionistas, gracias a que la participación ha superado en más de un 10% los niveles de las elecciones de 2011. Los resultados han demostrado que la AfD es un elemento a tener en cuenta en la política nacional, gracias a un discurso que propone soluciones radicales contra los refugiados, contra las élites, etc. Uno de los grandes cambios es que, hasta ahora, la cultura política alemana había mantenido unas formas cuidadosas con expresiones que pudiesen parecer racistas o ultranacionalistas, y que ahora comenzaban a ser abandonadas.

La AfD ha comenzado también a marcar la política a pie de calle, y no solo en las instituciones, donde condiciona la agenda con expresiones racistas y sexistas, que buscan el voto de las clases más afectadas por el malestar económico y la precariedad social y económica provocada por la crisis.

Mientras las autoridades se sientan a discutir, rivalizar o debatir sobre las medidas a adoptar, son las iniciativas de la población civil las únicas que realmente sirven para ayudar a quienes vienen a Europa huyendo de la miseria, la guerra y el horror.

En los últimos días estamos viendo imágenes de asaltos a refugiados, de incendios provocados en albergues de acogida, de manifestaciones de extrema derecha que atacan a los refugiados, de policías que les persiguen y reprimen. Y todas esas imágenes me hacen acordarme de otras imágenes, de otros tiempos, de épocas en las que Europa también estaba en crisis, en que la sociedad europea se desmoronaba y hacía surgir movimientos políticos extremistas que sacudieron el continente durante los años 1920-1940, y que dejaron millones de muertos. El incendio de un albergue, mientras los manifestantes cantan e impiden el trabajo de los bomberos, recuerda a la quema de las sinagogas en noviembre de 1938.

Pero todo esto, aunque muy preocupante, no es lo peor que hemos visto en los últimos tiempos. Las reacciones de la sociedad solo son un reflejo de lo que los gobiernos y Estados están haciendo, aplicando unas políticas que se pueden considerar racistas, sin ninguna vergüenza o carga moral para ellos. Resulta sorprendente que se limiten las libertades, los derechos y las garantías legales y sociales de los refugiados, tan alegremente, sin tener en cuenta las consecuencias, solo porque es lo que un sector de sus votantes espera que se haga.

Hace unos meses, la Unión Europea condenaba a España por las “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla, y ahora las considera dentro del nuevo marco legal que se está creando. Europa, después del tan cacareado tratado de libre circulación de los ciudadanos, permite ahora que Gran Bretaña cree ciudadanos de primera (los suyos) y de segunda (el resto de los ciudadanos de la Unión, que puedan necesitar asistencia en su territorio). Dinamarca ha aprobado una ley que permite la confiscación de los bienes de los inmigrantes a su llegada a las fronteras, como si quitarles su dinero, sus joyas o sus teléfonos vaya a modificar sustancialmente su balance presupuestario. Los partidos políticos conservadores alemanes exigen a la canciller Merkel que endurezca las medidas contra los refugiados y limite su entrada al país. La Unión Europea “soborna” a Turquía con una lluvia de millones de euros para que se encargue de servir de muro de contención ante la llegada de los inmigrantes.

La lista de estos desplantes sigue creciendo día a día. Y todos ellos tienen reminiscencias de esa época de los años más oscuros de la Europa de 1930-1940.

Y, nuevamente, la comunidad internacional reacciona tarde, mal y nunca, a lo que está pasando, igual que otras muchas veces. Igual que cuando durante la guerra de los Balcanes se masacraba a la población civil ante las narices de los Cascos Azules, sin que estos pudiesen hacer nada por evitarlo, por falta de un mandato legal. Lo mismo que ha pasado en otros genocidios, matanzas y guerras, como en Ruanda o Somalia. O en Irak, Afganistán… o lo que está pasando hoy en día en Siria.

La comunidad internacional se sienta, discute, conversa, rivaliza y debate para intentar llegar a una solución que no llega nunca, porque nunca se busca una solución acorde a las necesidades de la población afectada, sino que lo que se busca es mantener un equilibrio sociopolítico y geopolítico que favorezca los propios intereses. Sin tener en consideración lo que sucede en la zona de combate, sino tan solo lo que sucede en los mercados internacionales, en la necesidad de las industrias armamentísticas o en el precio del petróleo. Los Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia discuten sobre lo que hay que hacer en Siria, mientras los bombardeos de uno o de otro bando causan bajas entre los civiles, hombres, mujeres y niños, sin que a ninguno de los dirigentes de esos países les importe lo más mínimo.

Mientras tanto, solo algunos sectores sociales reaccionan y muestran su solidaridad con los mismos refugiados que los políticos desprecian, excepto cuando hacen alguna declaración grandilocuente sobre la necesidad de asistir a los más necesitados. Vemos a bomberos sevillanos salvando a personas en el Mediterráneo. Vemos a la población de las islas griegas asistiendo a los refugiados sin los medios adecuados, pero dándoles todo lo que tienen. Vemos recogidas de alimentos en los supermercados para poder distribuirlos entre los más necesitados.

Mientras tanto, la comunidad internacional (tal vez deberíamos decir la “comunidad internacional de los mercados”) sigue sentándose a discutir, a hablar sobre la conveniencia de unas medidas o de otras, pero sin llegar a ninguna conclusión efectiva. Solo que es necesario seguir discutiendo qué medidas aplicar para evitar que el problema llegue a nuestras puertas. “El problema se debe arreglar en el origen”. Cierto. Pero mientras el origen siga en guerra, tal vez el problema deba arreglarse de alguna otra forma, una forma que no castigue a la muerte, al exilio o a la pérdida de derechos a los que intentan salir del infierno.

El pacto de silencio de la Transición ha evitado la profundización de la democracia en nuestra sociedad, evitando que el discurso de la memoria democrática sustituyese a la memoria impuesta

Solo podremos llegar a la dignificación y reparación integral de las víctimas mediante la superación del marco artificioso creado por la Transición

¿Veremos el día en que se sienta una vergüenza generalizada por la complicidad de nuestras instituciones con los crímenes de la dictadura? Espero que sí, aunque últimamente no soy demasiado optimista. Sobre todo cuando veo en televisión al presidente de un gobierno que se dice de todos los españoles alardear estúpidamente, con tono chulesco, de haber anulado la Ley de Memoria con el sencillo mecanismo de dejarla sin fondos en los presupuestos. Cuando veo cómo el relator de la ONU nos saca los colores públicamente y nuestros partidos políticos ni se inmutan, ni se sienten aludidos, ni se sonrojan. Cuando veo a los descendientes de los desaparecidos, fusilados, enterrados en fosas sin nombre y vilipendiados por unos políticos sinvergüenzas que los acusan de buscar subvenciones o querer “romper España”, solo porque quieren saber qué fue de sus padres, madres, hermanos o hermanas.

Esos mismos políticos sin escrúpulos son los que miran hacia Alemania cuando se trata de recortar servicios sociales, de pedir que mejoremos nuestra productividad, que nos apretemos el cinturón… ¿Por qué no miran cómo han funcionado las políticas de memoria en Alemania que, a pesar de los debates y las controversias, ha conseguido recordar sus crímenes y víctimas? ¿Han pensado lo que pasaría si la actual Canciller dijese públicamente que ha dejado sin validez el proceso de memorialización porque le parece bien? ¿Se han dado cuenta de que la Constitución alemana sí habla de responsabilidad histórica y de dignidad humana, mientras la nuestra ha servido como coartada para la impunidad del franquismo?

En Alemania, los juicios al nazismo adquirieron una dimensión que trasciende a las víctimas, y se convirtieron en un revulsivo para la sociedad, una catarsis para la población. En España no ha habido juicios, no ha habido revulsivo, porque ha faltado que los responsables se sentasen en el banco de los acusados y que su condena acabase con la cultura de la impunidad y del negacionismo, algo que los alemanes comenzaron a quitarse de encima en los años sesenta, y que nosotros aún estamos esperando. Los defensores del régimen surgido de la Transición que tanto se oponen a que se juzguen los crímenes del franquismo no temen tanto las posibles condenas, sino el efecto transformador que tendrían en la forma de entender la sociedad española.

Los diferentes gobiernos españoles se han escudado en que no se pueden “reabrir” las heridas del pasado, debido al riesgo de… ¿qué? ¿Se trata de una amenaza? ¿Tan frágil es nuestra democracia que no podemos asumir con garantías el intento de cerrar esas heridas? Además, las heridas de las víctimas no se han cerrado nunca: la Transición no ha conseguido nunca sanar esas heridas. Las heridas permanecen y, tristemente, lo único que conseguirá cerrarlas será el inexorable paso del tiempo y la desaparición de la generación de los testigos; un testimonio que debemos mantener vivo con los medios a nuestro alcance.

Mientras tanto, las instituciones españolas se comportan como si tuvieran muchas lecciones que impartir y ninguna que recibir, señalando que nuestra Transición fue una “transición modélica”, pero en materia de verdad, justicia y reparación, ningún gobierno español, ninguna institución, puede dar lecciones de nada, como no sea de desvergüenza. Países muy diferentes han asumido la herencia sangrienta de sus dictaduras, sin que se hayan reabierto las “heridas”, sino al contrario. Alemania e Italia juzgaron a sus verdugos y dignificaron a las víctimas, sin que ocurriera nada; en América Latina también se ha juzgado a los criminales, se han anulado “leyes de punto final” y, que se sepa, no ha habido estallidos ni violencia en las calles. ¿Por qué aquí ha de ser diferente? Todos los pueblos deben enterrar a sus muertos, de una forma o de otra.

El pacto de silencio de la Transición ha evitado la profundización de la democracia en nuestra sociedad, evitando que el discurso de la memoria democrática sustituyese a la memoria impuesta. El Estado nunca ha asumido sus responsabilidades de investigar los delitos, de reparar a las víctimas, y cuando se ha visto presionado ha puesto un pobre presupuesto para que las víctimas se hagan cargo de las funciones que ellos han dejado de ejercer, como coartada persistente a la dejación de sus obligaciones, para luego anunciar que ese presupuesto se queda en cero para poder ayudar a la “reconciliación” de las dos Españas, esas dos Españas que ellos mismos han creado. Mientras tanto, las instituciones públicas no pierden ocasión para dejar clara su adhesión a las cláusulas de silencio, olvido e impunidad propias del falso consenso de la Transición. Como ejemplo, basta un botón: el gobierno francés homenajea a los republicanos españoles que lucharon en Francia, mientras aquí se homenajea a los miembros de la División Azul.

Los partidos mayoritarios tienen difícil reconocer lo que pasó, porque quedarían humillados por pactar el olvido de los crímenes. Pero esa actitud no va a hacer que los muertos desaparezcan. Solo podremos llegar a la dignificación y reparación integral de las víctimas mediante la superación del marco artificioso creado por la Transición.