Seamos claros. Ninguno de los últimos Gobiernos ha tenido la voluntad y la valentía suficiente para atreverse a cortar de raíz la exclusión de millones de personas del derecho a disponer de un suministro de energía suficiente. La pobreza mata en nuestro país. La estimación de más de siete mil muertes prematuras anuales por pobreza energética, señala directamente a las condiciones inadecuadas de habitabilidad de las viviendas de las personas afectadas que impactan en su salud.

La reforma del bono social, acordada por el PP, PSOE y C’S en 2017, ha demostrado ser un absoluto despropósito. En ella se tejía una tela de araña de trámites administrativos que dificultaba la renovación (obligada) del Bono Social a las personas beneficiarias, acompañadas de campañas publicitarias y de información insuficientes. Una reforma del Bono Social que no solo no ha introdujo protecciones suficientes a los consumidores vulnerables, sino que ha aumentado las cifras de pobreza energética.

La reforma aprobada por el Gobierno del PSOE no cambió la estructura del diseño de un bono social que parecía tener como objetivo final reducir el número de personas acogidas al descuento en la factura eléctrica. A mediados de enero del presente año la cifra de hogares acogidos al bono social no alcanzó el millón doscientos mil, cuando a  fecha de 31 de octubre de 2017 se superaban los dos millones tres cientos mil usuarios acogidos al mismo.

El Acuerdo de Presupuestos suscrito entre el Gobierno y el Grupo Confederal establecía medidas concretas para acabar con la pobreza energética, reducir el precio de la electricidad, acabando con los beneficios injustificados de las eléctricas, y modificar la factura de la electricidad. Medidas para las que no se necesitaba de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, como la automatización de la gestión del bono social, para evitar la burocracia que limita el acceso de muchas personas; la financiación íntegra a cargo de las empresas; la aplicación estricta del principio de precaución, para que las empresas no puedan cortar la luz sin un informe favorable de los servicios sociales, ya que ahora sólo protege a determinados colectivos; o permitir que el bono social sea gestionado por todas las comercializadoras, municipales o cooperativas, y no sólo por las empresas del oligopolio.

El Gobierno no ha dado cumplimiento a estos acuerdos, se ha concentrado en la elaboración de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, hecha pública el pasado cinco de abril. Una Estrategia sin presupuesto ni plasmación de medidas estructurales reales y en la que se obvia del diagnóstico los elevados precios de la luz y el papel de las grandes empresas energéticas, así como tampoco plantea soluciones estructurales que afecten al diseño de la factura eléctrica y al mercado energético. Parece que no se quiere molestar al oligopolio.

España tiene una de las facturas de la luz más caras de Europa y tolera desde hace décadas cifras crecientes de pobreza energética, según datos del propio Gobierno entre 3’5 y 8’1 millones de personas sufren alguna de las manifestaciones de la pobreza energética. Todo ello en un mercado energético concentrado en manos de unas pocas empresas que obtienen grandes beneficios, véanse los 1.417 millones de euros de beneficio neto en 2018 de la antigua empresa pública de electricidad, Endesa.

Para reducir el precio de la electricidad y acabar con la pobreza energética hay que tomar medidas de calado, introduciendo una regulación que proteja a la ciudadanía. Se trata de seguir el camino marcado por la ley catalana 24/2015, surgida de una iniciativa legislativa popular, que ha demostrado su eficacia en la protección de las personas vulnerables ante los cortes de la luz.

La transición ecológica a un modelo electrificado y basado totalmente en las energías renovables va a garantizar energía mucho más barata que la producida por los combustibles fósiles o las nucleares. Pero no podemos esperar, es necesario tomar medidas inmediatas que garanticen que toda la ciudadanía tenga acceso a un consumo vital de suministros básicos, electricidad, agua y la calefacción.  Las propuestas están sobre la mesa, son patrimonio de la sociedad civil, de las asociaciones, de los colectivos de personas afectadas, de las centrales sindicales, del defensor del pueblo y un largo etcétera. Lo que ha quedado claro es que para que sean llevadas a la práctica, hace falta un gobierno liderado por Unidas Podemos y En Comú Podem.

Nuestro grupo parlamentario presentó en el Congreso una moción consecuencia de interpelación al ministro de energía, para poner fin a la pobreza energética que instaba al Gobierno a, entre otras cosas “la prohibición de cortes de suministros energéticos a hogares en situación de vulnerabilidad, siguiendo el principio de precaución” y a “aprobar una tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta a la que puedan acogerse todos los hogares en situación de vulnerabilidad y que sea sufragada por las compañías energéticas”. Esta moción fue aprobada por todos los grupos con la excepción del PP. Hoy estos dos principios no están recogidos en el acuerdo PP-PSOE.

Fue durante la réplica a esa interpelación, cuando el ministro Álvaro Nadal convocó la primera de las reuniones con todos los grupos de la Cámara para abordar la cuestión del bono social. En las dos reuniones celebradas, el Ministerio mostró su predisposición a llegar a un acuerdo sobre la financiación del bono social y a tramitar como ley el Real Decreto para acordar las posibles soluciones a la pobreza energética.

Nuestro grupo le hizo llegar al Ministerio en dichas reuniones, y luego por escrito, nuestra posición, con una idea central: no se trataba sólo de resolver qué empresas financian el bono social. Era necesario legislar para evitar que se produzcan cortes de los suministros energéticos sin autorización de los servicios sociales y diseñar una auténtica tarifa social que incorpore la renta per cápita como criterio fundamental.

De encuentros plurales hemos pasado a un acuerdo PP-PSOE, de un Decreto ley que se podía mejorar en el trámite parlamentario, pasamos a un Decreto ley cerrado sin posibilidad de intervención del Parlamento. Y todo ello sin contar, ni el Gobierno ni el PSOE, con las organizaciones sociales que están trabajando sobre el terreno contra la pobreza energética.

El PSOE le ha regalado un cheque en blanco al Partido Popular para que el ministro Nadal regule, en los próximos tres meses, vía decreto (es decir, sin trámite parlamentario) cuestiones tan determinantes como qué criterios deberán cumplir las personas afectadas para ser consideradas “vulnerables severas”. O incluso, establecer la cantidad máxima que las empresas eléctricas deberán aportar para cofinanciar aquellas facturas impagadas de las personas a las que se les deba garantizar el suministro.

A cambio de una foto y un titular en la prensa el PSOE acepta una reforma del bono social que no es efectiva. Al final el acuerdo no va a solucionar nada: ni la financiación del bono, ni la pobreza energética. No va a solucionar la financiación porque las empresas afectadas van a recurrir nuevamente a los tribunales, al quedar fuera de ella, por ejemplo, los grandes consumidores que compran directamente en el mercado eléctrico o a las generadoras. Peor aún, el criterio para establecer la financiación se basa en el número de clientes y no en la energía vendida, perjudicando a las pequeñas empresas y cooperativas que venden a clientes domésticos y que no tienen grandes clientes industriales.

Y desde luego, la nueva ley no va proteger como debería a las personas en situaciones vulnerables. El borrador de decreto ley que se nos ha remitido liquida la posibilidad de aplicar el principio de precaución. Así, se establece como requisito previo para prohibir un corte que la persona o familia afectada tengan la condición de vulnerables severos (concepto aún por definir), tengan contratada la tarifa de último recurso o bono social y estén siendo atendidas por los servicios sociales, respecto al suministros eléctrico, por hallarse en riesgo de exclusión social.

La gravedad de lo que esto supone se puede entender rápidamente con dos informaciones sencillas. La primera: la aplicación de esta nueva ley no hubiera evitado el corte de luz que provocó la muerte de Rosa, la anciana de Reus. Y es que Rosa, como tanta gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, no tenía contratado el bono social. La segunda: en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, sólo el 20% de los usuarios en situaciones de impago y, por lo tanto, susceptibles de “ser cortados” por las empresas suministradoras, están registrados (atendidos) en los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Y la población atendida por los servicios sociales en Barcelona es muy superior al de otras ciudades con menor población. La conclusión es rápida: sólo se va a librar de los cortes un pequeño porcentaje de la gente que lo necesita.

Esta ley supone una estafa mayúscula a las millones de personas que esperan una respuesta efectiva a la problemática de la pobreza energética. Tanto a las que la sufren de forma directa, como a las que de forma incansable y sostenida se han movilizado para denunciarla y combatirla durante años. Ni una de las principales demandas de las organizaciones sociales y movimientos ciudadanos como la Alianza Contra la Pobreza Energética o Facua que conocen de primera mano la problemática está incluida en el texto.

Se trata además de una ley que pone en grave peligro leyes autonómicas mucho más ambiciosas, como la Ley 24/2015, aprobada el año pasado en Cataluña, que sí contempla el principio de precaución. Que nadie dude que las empresas eléctricas van a aprovechar esta oportunidad de oro. Los recursos a los Tribunales para dejar de cumplir leyes autonómicas, en virtud del cumplimiento de una legislación de ámbito estatal, no van a tardar en llegar.

El papel que el PSOE ha jugado con el tema de la pobreza energética en el Congreso merece una reflexión profunda. La actitud de Antonio Hernando, que en rueda de prensa declaraba “mientras unos protestan, otros aportamos soluciones” demuestra, o bien un profundo desconocimiento del acuerdo, o la incapacidad de dejar a un lado lo que muchas calificamos ya de “vieja política”. Atrapado por un PP que le exige sacrificios como votar a su lado el techo de gasto, es capaz de vender la lucha contra la pobreza energética a cambio de un titular y poco más.

El resultado final a la vista está: ¿Por qué el PSOE se ha entregado a cambio de tan poco? Con un PP en minoría, la mayoría parlamentaria conseguida con la aprobación de la moción contra la pobreza energética, podría haber actuado como palanca de presión para conseguir mucho más. ¿Qué ha ocurrido? Sólo queda pensar en una clara falta de voluntad política o en la extrema debilidad del PSOE como grupo que pretende ejercer de oposición.

Las organizaciones y movimientos sociales han puesto la pobreza energética en la agenda política. Los gobiernos del PSOE y el PP nunca se plantearon nada que se acercara a la prohibición de los cortes. Hoy hay esperanza porqué la ciudadanía no acepta ya sólo titulares, quiere soluciones justas y efectivas

Lucía Martín, portavoz de vivienda y Josep Vendrell, portavoz de energía del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La pobreza energética mata. Esta frase tan clara y cruda que quizá a mucha gente le pudiera parecer exagerada hasta hace poco, hoy nadie la cuestiona ya. La muerte de una mujer en Reus, que iluminaba su casa con velas porque Gas Natural le había cortado la luz dos meses atrás, no es lamentablemente un caso aislado. En su último estudio, la Asociación de Ciencias Ambientales dibuja un país en el que, en 2014, el 11% de los hogares (5'1 millones de personas) se declaraba incapaz de mantener su vivienda adecuada en los meses fríos y estima en 7.000 el promedio anual de muertes posiblemente asociadas a la pobreza energética en los últimos 18 años.

El incumplimiento de la ley 24/2015 (surgida de una ILP y aprobada por unanimidad en Catalunya hace 17 meses para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética), que obliga a las compañías a comunicarse con la administración antes de realizar un corte de suministro, y su fatal consecuencia, ha tenido una enorme repercusión mediática. Hoy la ciudadanía quiere soluciones legislativas a todos los niveles, mientras señala al oligopolio eléctrico que amasa unos beneficios estratosféricos año tras año.

La APE, junto con la PAH y el Observatori DESC han sido las organizaciones impulsoras de la ley 24/2015. De manera que si hoy existe esa ley en Catalunya y empiezan a aparecer otras leyes autonómicas similares en Aragón y Valencia; si hoy el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros, está empezando a sancionar a empresas suministradoras por cortes de suministros a familias vulnerables; si hoy sucede todo lo que está sucediendo ha sido principalmente gracias a la lucha de la ciudadanía organizada y de tanta y tanta gente anónima, que con su denuncia y sus propuestas, ha conseguido poner en el centro el problema de la pobreza energética.

Entretanto, durante la pasada legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy no aprobó ni una sola iniciativa para abordar un problema que conocía muy bien pero que pretendía invisibilizar: en el Congreso, el PP no sólo rechazó todas las propuestas de la oposición para hacer frente a la pobreza energética, sino que en los debates parlamentarios negó incluso que existiera.

El PP ha llegado tarde a este problema como a tantos otros. La solución no pasa por maquillar un “bono” social, que consiste en el descuento del 25% de la factura de la electricidad (el gas no se bonifica), que solo determinados colectivos pueden recibir (familias numerosas, potencia contratada inferior a 3kW, personas con pensión mínima de jubilación, incapacidad permanente o viudedad o hogares con todos los miembros del hogar en paro) y nunca de forma automática, si no previa solicitud a la compañía; cuestión ésta última que dificulta mucho su conocimiento y obtención.

Además el bono no es efectivo porque la pobreza energética no ha dejado de crecer. Al no tener en cuenta el criterio de la renta, excluye a gran parte de las personas que viven una situación de pobreza energética.  No podemos permitir que “reformar el bono social” sea tan sólo un parche con el que el PP pretende acallar su mala conciencia.

Es inaplazable aprobar en el Congreso una ley de emergencia para abordar este problema que incluya, como mínimo dos cuestiones:

Las empresas energéticas, asumiendo su responsabilidad, estarán obligadas a aplicar el principio de precaución y no podrán realizar cortes de suministro sin antes contactar con la Administración correspondiente para comprobar la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas. Basta de marear a la gente de aquí para allá demostrando su situación de precariedad para evitar un corte de luz inminente.

Durante muchos años, dirigentes políticos, responsables de bancos y de inmobiliarias nos han intentado meter en la cabeza que la sistemática vulneración del derecho a la vivienda que se daba (y se da) en este país no era tal cosa, sino un gran desajuste fruto de problemas individuales: lamentablemente había familias que no podían pagar su hipoteca y, en todo caso, en la medida de lo posible, se las tenía que ayudar para que pudieran seguir haciéndolo. Ese discurso estigmatizaba, paralizaba y atomizaba a las personas afectadas, que tardaron años en desculpabilizarse y empoderarse para diagnosticar y enfrentar un problema colectivo, con causas estructurales, que había beneficiado a unos pocos y perjudicado a millones.

Tenemos mucho que agradecerle a la PAH en este sentido, pues el ejemplo de la vivienda hoy nos permite desmontar el relato que el PP  intenta imponer de nuevo, cuando dice que todo se reduce a que algunas familias necesitan ayuda para pagar la luz, el agua o el gas.

Porque detrás de la situación de vulnerabilidad de los millones de familias que no pueden pagar los suministros, existe un modelo energético, avalado básicamente por el PSOE y el PP. Un modelo que ha permitido encarecer la factura eléctrica un 70% en los últimos 10 años; un modelo que ha beneficiado al poderoso oligopolio eléctrico con la transferencia de miles de millones de euros mediante pagos y generación de deuda a través del déficit de tarifa, de los costes de transición a la competencia, que no han tenido que devolver al Estado; y de “beneficios caídos del cielo” la generación de electricidad se retribuye al precio de la tecnología más cara.

No olvidemos que en todos estos años de crisis, hasta 2015, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa han acumulado unos beneficios de más de 56.000 millones de euros. Y todo ello, por supuesto, engrasado por la enorme capacidad de presión política de las grandes compañías y sus puertas giratorias, que cada poco incorporan a exministros y expresidentes del Gobierno a sus Consejos de Administración.

En fin, la cuestión de fondo que hay que resolver es que la energía debe ser un bien público a cuyo acceso todos y todas debemos tener derecho. Pero el reconocimiento de ese derecho no va a llegar sólo del trabajo parlamentario sino que pasa también y sobre todo por la movilización social en y desde las calles, que hoy ha conseguido que ya ningún partido pueda mirar hacia otro lado.

Ninguno de los derechos que tenemos reconocidos ha sido una concesión graciosa del Estado; todos nuestros derechos han sido más bien el resultado de una lucha incansable, sostenida por cientos de vidas vulnerables a lo largo de la historia. La potencia  surgida de esa radical vulnerabilidad tiene, de nuevo, un papel clave que jugar ahora. Esa lucha ha llegado por fin a las instituciones porque ya somos muchas las que estamos dispuestas a batallar por terminar con la pobreza energética; para garantizar derechos y por salvar la vida de quienes mueren cada año y sólo figuran como números en los asientos contables de los grandes oligopolios.

Lucía Martín portavoz de Vivienda y Josep Vendrell, portavoz de Energía, diputadxs de En Comú Podem.

"Només hi ha dues opcions reals de Govern: fórmules diverses de gran coalició o un govern progressista i de canvi real. I aquest continuarà sent el dilema després del debat d’investidura, perquè a Sánchez, per aquest debat d’investidura, no li surten els números", afirma el diputat d'En Comú Podem Josep Vendrell

Aquestes darreres setmanes hem sentit molts cops l’expressió: això no havia passat mai. I efectivament, no havia passat mai que els dos grans partits que s’han repartit el Govern els darrers trenta tres anys, tinguessin uns resultats electorals tant dolents. No havia passat mai que fórmules polítiques noves, que qüestionen tant el bipartidisme com les polítiques d’austeritat, obtinguessin 69 escons i més de cinc milions de vots. Tampoc havia passat mai que a Catalunya guanyés les eleccions generals una força de confluència com En Comú Podem.

Estem en un temps nou, el bipartidisme està en crisi i el PP comença a estar en descomposició per la davallada electoral i per l’explosió de casos de corrupció que afecten el nucli dur del mateix partit, posant en evidència que el problema no és que hi hagi unes quantes pomes podrides sinó que és el cistell el que està podrit.

Són temps en els quals la cronificació de la crisi econòmica i social, el caràcter sistèmic de la corrupció i la crisi de la relació de Catalunya amb l’Estat, així com els mateixos resultats electorals haurien d’empènyer en la direcció d’un canvi real, de tipus de Govern i de polítiques. 

L’acord tancat pel PSOE amb Ciutadans només pot tenir un objectiu: cercar l’abstenció del PP, més enllà d’aquest primer debat d’investidura. Albert Rivera ho va dir ben clar: aquest pacte no el pot subscriure Podemos i les confluències.   

Sánchez vol frenar el canvi que representa Podemos i les confluències i guanyar temps per acabar de pressionar el PP perquè tard o d’hora  s’abstingui. El PSOE, tutelat per Susanna Díaz i la vella guàrdia encapçalada per Felipe González, no pot permetre un Govern de Coalició que qüestioni les polítiques dominants, basades en l’austeritat, i que acabi amb el monopoli de la governabilitat a mans del PSOE i del PP. Aquesta és la veritable línia vermella de Sánchez. No hi ha res en el pacte que pugui incomodar els poders econòmics ni que pugui esperonar les institucions europees a flexibilitzar la seva política per revertir les retallades i crear treball digne, que no sigui precari. Ben el contrari ens amenacen amb una nova reforma laboral. I, per suposat, en relació a Catalunya no hi ha cap proposta de solució, només més immobilisme.

Són temps de claredat i coherència, no es pot continuar enganyant la gent. Les polítiques de Ciutadans són incompatibles amb un canvi social i econòmic com el que necessita la majoria que més ha patit la crisi i les polítiques del PP. Només hi ha dues opcions reals de Govern: fórmules diverses de gran coalició o un govern progressista i de canvi real.  I aquest continuarà sent el dilema després del debat d’investidura, perquè a Sánchez, per aquest debat d’investidura, no li surten els números. 

Encara queda camí per recórrer si el PSOE tingués voluntat política. Els resultats electorals permeten un Govern clarament progressista i de canvi, un Govern de coalició sòlid i estable amb el suport d’11 milions d’electors. Els més de cinc milions de vots, obtinguts per Podem i les confluències són un mandat per negociar de tu a tu amb el PSOE, sense cap tipus de subordinació, per formar un Govern de coalició amb el PSOE, Podem-En Comú Podem-En Marea, Compromís i IU per garantir que el canvi sigui real que és el que reclama la gent que en ha votat tant a nosaltres com al PSOE. 

El canvi real és una necessitat objectiva per capgirar una política caracteritzada per l’immobilisme, la corrupció i el creixement escandalós de les desigualtats. Cal iniciar una nova etapa amb la recuperació de drets socials i blindar l’Estat de benestar per reduir les desigualtats i impulsar un nou model econòmic ecològic per crear ocupació digna. El canvi real és plantejar una solució democràtica per Catalunya amb el dret a decidir i el reconeixement del caràcter plurinacional de l’Estat.     

Aquesta legislatura serà de transició, allò vell no ha acabat de desaparèixer i allò nou encara no s’ha imposat. Si s’imposa la gran coalició es pot aturar el procés de canvi per tornar a la lògica bipartidista, si guanya l’opció d’un govern progressista i de canvi la transició iniciada amb les eleccions del 20-d tindrà continuïtat i continuaran passant coses que no havien passat mai.

"Sólo hay dos opciones reales de Gobierno: fórmulas diversas de gran coalición o un gobierno progresista y de cambio real. Y este seguirá siendo el dilema tras el debate de investidura, porque a Sánchez, porque a este debate de investidura, no le salen los números", afirma el diputado de En Comú Podem, Josep Vendrell

Estas últimas semanas hemos oído muchas veces la expresión “esto no había pasado nunca”. Y efectivamente, no había pasado nunca que los dos grandes partidos, que se han repartido el Gobierno en los últimos treinta y tres años, tuvieran unos resultados electorales tan malos. No había pasado que fórmulas políticas nuevas, que cuestionan tanto el bipartidismo como las políticas de austeridad, obtuvieran 69 escaños y más de cinco millones de votos. Tampoco había pasado que en Catalunya ganara las elecciones generales una fuerza de confluencia como En Comú Podem.

Los tiempos cambian, el bipartidismo está en crisis y el PP empieza a estar en descomposición por la bajada electoral y por la explosión de casos de corrupción que afectan la columna vertebral del mismo partido, poniendo en evidencia que el problema no es que haya unas cuantas manzanas podridas, sino que es el cesto lo que está podrido.

Son tiempos en los que la cronificación de la crisis económica y social, el carácter sistémico de la corrupción y la crisis de la relación de Catalunya con el Estado, así como los mismos resultados electorales, deberían empujar en la dirección de un cambio real, de tipo de Gobierno y de políticas.

El acuerdo alcanzado por el PSOE con Ciudadanos sólo puede tener un objetivo: buscar la abstención del PP, más allá de este primer debate de investidura. Albert Rivera lo dijo bien claro: este pacto no lo pueden suscribir Podemos y las confluencias.

Sánchez quiere frenar el cambio que representa Podemos y las confluencias y ganar tiempo para terminar de presionar al PP, para que tarde o temprano se abstenga. El PSOE, tutelado por Susana Díaz y la vieja guardia encabezada por Felipe González, no puede permitir un Gobierno de coalición que cuestione las políticas dominantes, basadas en la austeridad, y que acabe con el monopolio de la gobernabilidad en manos del PSOE y del PP. Esta es la verdadera línea roja de Sánchez. No hay nada en el pacto que pueda incomodar a los poderes económicos ni que pueda estimular a las instituciones europeas a flexibilizar su política para revertir los recortes y crear trabajo digno, que no sea precario. Más bien lo contrario, nos amenazan con una nueva reforma laboral. Y, por supuesto, en relación a Catalunya no hay ninguna propuesta de solución, sólo más inmovilismo.

Son tiempos de claridad y coherencia, no se puede seguir engañando a la gente. Las políticas de Ciudadanos son incompatibles con un cambio social y económico como el que necesita la mayoría que más ha sufrido la crisis y las políticas del PP. Sólo hay dos opciones reales de Gobierno: fórmulas diversas de gran coalición o un gobierno progresista y de cambio real. Y este seguirá siendo el dilema tras el debate de investidura, porque a Sánchez, porque a este debate de investidura, no le salen los números.

Aún queda camino por recorrer si el PSOE tuviera voluntad política. Los resultados electorales permiten un Gobierno claramente progresista y de cambio, un Gobierno de coalición sólido y estable con el apoyo de 11 millones de electores. Los más de cinco millones de votos, obtenidos por Podemos y las confluencias son un mandato para negociar de tú a tú con el PSOE, sin ningún tipo de subordinación, para formar un Gobierno de coalición con el PSOE, Podemos-En Comú Podem-En marea, Compromis e IU para garantizar que el cambio sea real, que es lo que reclama la gente que nos ha votado tanto a nosotros como al PSOE.

El cambio real es una necesidad objetiva para cambiar una política caracterizada por el inmovilismo, la corrupción y el crecimiento escandaloso de las desigualdades. Hay que iniciar una nueva etapa con la recuperación de derechos sociales y blindar el Estado de bienestar para reducir las desigualdades e impulsar un nuevo modelo económico ecológico para crear empleo digno. El cambio real es plantear una solución democrática para Cataluña con el derecho a decidir y el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado.

Esta legislatura será de transición, lo viejo no ha terminado de desaparecer y lo nuevo aún no se ha impuesto. Si se impone la gran coalición se puede detener el proceso de cambio para volver a la lógica bipartidista, si gana la opción de un gobierno progresista y de cambio la transición iniciada con las elecciones del 20D tendrá continuidad y continuarán pasando cosas que no habían pasado nunca.

"El antídoto para hacer frente a la enfermedad no lo tienen, no lo pueden tener, los partidos que la han provocado. Pero tampoco lo tiene C's que propone las mismas recetas que han provocado la enfermedad: el neoliberalismo y el autoritarismo" , asegura Josep Vendrell, número 3 por Barcelona de En Comú Podem

Las elecciones del próximo 20 de diciembre son una oportunidad de cambio no sólo para 4 años. Es un voto de cambio para toda una generación. Hace más de un año movimientos sociales, ciudadanía y algunas fuerzas políticas sumamos para hacer realidad una nueva manera de hacer política en las instituciones. Este cambio no se puede quedar aquí. El 24 de mayo ya se produjo en muchos ayuntamientos de Catalunya, empezando por Barcelona, y del resto del Estado. Y el 20 de diciembre debe ser la continuación de este cambio.

El sistema democrático en España está enfermo. Su enfermedad tiene tres síntomas: las desigualdades sociales generadas por las políticas de austeridad y una economía incapaz de generar empleo que no sea precaria; la corrupción, tanto la tipificada en el código penal, como la “legal”, consecuencia de la enorme influencia que tienen las grandes empresas y los bancos en la toma de decisiones; y la crisis de la relación de Catalunya con el Estado que el PP y C's, pero también el PSOE, quieren resolver de forma autoritaria rechazando el referéndum. La enfermedad es muy grave, ya que las desigualdades, la corrupción y el autoritarismo son incompatibles con una democracia de verdad.

El sistema de partidos hasta ahora dominante, basado en el bipartidismo, en la alternancia entre PP y PSOE, con la ayuda de CiU cuando ha sido necesario, es parte del problema y no de la solución. El antídoto para hacer frente a la enfermedad no lo tienen, no lo pueden tener, los partidos que la han provocado. Pero tampoco lo tiene C's que propone las mismas recetas que han provocado la enfermedad: el neoliberalismo y el autoritarismo.

Por ello la propuesta de En Común Podem es más que un simple cambio de gobierno. Queremos un cambio para superar el bipartidismo y un régimen agotado, antiguo y que no da respuesta a las necesidades de la mayoría de la gente.

Es la hora de cambiar las recetas y las prioridades. Las clases trabajadoras y medias que han pagado la crisis han de recuperar los derechos y las prestaciones sociales recortadas estos años de crisis. Y la impunidad debe dejar paso a la tolerancia cero frente a toda forma de corrupción.

Hay que pasar de incrementar las desigualdades a redistribuir la riqueza a través de una profunda reforma fiscal que garantice un mínimo vital para que nadie sufra pobreza de ningún tipo; de precarizar el empleo a garantizar la creación de trabajo digno, derogando la reforma laboral y con un ambicioso plan basado en la economía verde; de devaluar los salarios a incrementar el salario mínimo, por justicia pero también para estimular la economía; de priorizar la reducción del déficit a subordinar la gestión del déficit y de la deuda a la creación de empleo y a las políticas sociales; de los desahucios a garantizar la vivienda como derecho fundamental; de la energía nuclear y la economía del CO2 a combatir con eficacia el cambio climático con las renovables.

Es urgente acabar de una vez con los del 3% y el poder de los negocios en la política. Y es la hora de ganar el referéndum necesario para resolver democráticamente el conflicto con el Estado y que nos merecemos, después de años de movilizaciones.

En Común Podem somos una candidatura catalana para las elecciones del 20D formada por personas que vienen de todas partes, de movimientos sociales y fuerzas políticas que nos hemos juntado (ICV, Podem, EUiA, Barcelona en Comú y Equo) para que en un contexto de emergencia social, en el que es imprescindible echar al PP y acabar con un bipartidismo caduco, no nos podíamos permitir quedarnos de brazos cruzados.

Estas elecciones pueden ser las del cambio de verdad con la construcción de una nueva mayoría social y política para curar la democracia de desigualdad, corrupción y autoritarismo.

"L’antídot per fer front a la malaltia no el tenen, no el poden tenir, els partits que l’han provocat. Però tampoc el té C’s que proposa les mateixes receptes que han provocat la malaltia: el neoliberalisme i l’autoritarisme", assegura Josep Vendrell, número 3 per Barcelona d’En Comú Podem.

Les eleccions del pròxim 20 de desembre són una oportunitat de canvi no només per a 4 anys. És un vot de canvi per a tota una generació. Fa més d'un any moviments socials, ciutadania i algunes forces polítiques vam sumar per fer realitat una nova manera de fer política a les institucions. Aquest canvi no es pot quedar aquí. El 24 de maig ja es va produir a molts ajuntaments de Catalunya, començant per Barcelona, i de la resta de l’Estat. I el 20 de desembre ha de ser la continuació d’aquest canvi.

El sistema democràtic a l’Estat espanyol està malalt. La seva malaltia té tres símptomes: les desigualtats socials generades per les polítiques d’austeritat i una economia incapaç de generar ocupació que no sigui precària; la corrupció, tant la tipificada en el codi penal, com la “legal”, conseqüència de l’enorme influència que tenen les grans empreses i els bancs en la presa de decisions; i la crisi de la relació de Catalunya amb l’Estat que el PP i C's, però també el PSOE, volen resoldre de forma autoritària rebutjant el referèndum. La malaltia és molt greu, ja que les desigualtats, la corrupció i l’autoritarisme són incompatibles amb una democràcia de debò.

El sistema de partits fins ara dominant, basat en el bipartidisme, en l’alternança entre PP i PSOE, amb l’ajut de CiU quan ha calgut, és part del problema i no de la solució. L’antídot per fer front a la malaltia no el tenen, no el poden tenir, els partits que l’han provocat. Però tampoc el té C’s que proposa les mateixes receptes que han provocat la malaltia: el neoliberalisme i l’autoritarisme.

Per això la proposta d’En Comú Podem és més que un simple canvi de govern. Volem un canvi per superar el bipartidisme i un règim esgotat, antic i que no dóna resposta a les necessitats de la majoria de la gent.

És l’hora de canviar les receptes i les prioritats. Les classes treballadores i mitges que han pagat la crisi han de recuperar els drets i les prestacions socials retallades aquests anys de crisi. I la impunitat ha de deixar pas a la tolerància zero davant tota forma de corrupció.

Cal passar d’incrementar les desigualtats a redistribuir la riquesa a través d’una profunda reforma fiscal que garanteixi un mínim vital perquè ningú pateixi pobresa de cap tipus; de precaritzar l’ocupació a garantir la creació de treball digne, derogant la reforma laboral i amb un ambiciós pla basat en l’economia verda; de devaluar els salaris a incrementar el salari mínim, per justícia però també per estimular l’economia; de prioritzar la reducció del dèficit a subordinar la gestió del dèficit i del deute a la creació d’ocupació i a les polítiques socials; dels desnonaments a garantir l’habitatge com a dret fonamental; de l’energia nuclear i l’economia del CO2 a combatre amb eficàcia el canvi climàtic amb les renovables.

És urgent acabar d’una vegada amb els del 3% i el poder dels negocis en la política. I és l’hora de guanyar el referèndum que cal per resoldre democràticament el conflicte amb l’Estat i que ens mereixem, després d’anys de mobilitzacions.

En Comú Podem som una candidatura catalana per a les eleccions del 20D formada per persones vingudes d'arreu, de moviments socials i forces polítiques que ens hem ajuntat (ICV, Podem, EUiA, Barcelona en Comú i Equo) perquè en un context d’emergència social, en què és imprescindible fer fora el PP i acabar amb un bipartidisme caduc, no ens podíem permetre quedar-nos de braços plegats.

Aquestes eleccions poden ser les del canvi de debò amb la construcció d’una nova majoria social i política per guarir la democràcia de desigualtat, corrupció i autoritarisme.