Decía el viejo líder del PNV, Xabier Arzallus, que, puesto en la tesitura, prefería un lehendakari negro que hablara euskera a uno blanco que no lo hablara. Pero, vamos por partes, no hay nada de qué preocuparse: no hay ningún peligro de que el próximo lehendakari sea negro. Esto no es Escocia, donde el líder del partido nacionalista es un musulmán, hijo de padre pakistaní y madre africana, casado con una palestina. Ya pueden respirar tranquilas las gentes de bien: el lehendakari será bien blanco y bien católico.

Tampoco hay motivo de preocupación para quienes piensen que se puede romper la tradición de que todos los lehendakaris sean varones. Una vez que EH Bildu ha decidido relegar a Maddalen Iriarte y sustituirla por Pello Otxandiano, al no necesitar dicha decisión someterse a primarias, y al contar con el respaldo acrítico de los medios de comunicación mayoritarios, resulta que, de los partidos relevantes en el Parlamento Vasco, todos menos Elkarrekin Podemos optarán por presentar a un varón, por lo que no parece haber riesgo alguno de que se pierda una de nuestras rancias tradiciones.

¡Avancemos un paso más! El próximo lehendakari, además de blanco y varón, será de derechas. ¿Cómo podemos saberlo? Porque tanto EH Bildu como el PSE-EE ya han anunciado que, aunque consideran agotado el modelo de país del PNV, renuncian a plantear ninguna alternativa. Y asumen que su objetivo es conformar Gobierno de coalición con ese mismo PNV del modelo de país agotado. Así que lo único que nos queda por saber es quién será el vicelehendakari, si Otxandiano, de EH Bildu, o Andueza, del PSE-EE. Y, como es lógico, el PNV preferirá elegir como socio a quien menos sombra pueda hacerle.

Así que tendremos de vicelehendakari a Andueza. Otro elemento de tranquilidad, especialmente para los aficionados a los espectáculos con maltrato animal, ya que se trata de un defensor a ultranza de la tauromaquia. En resumen, y por no alargarnos, ya les adelanto que el próximo lehendakari también será del PNV.

No, el mismo, no. Urkullu cometió el error de no ponerle entusiasmo a una idea tan original -nunca vista antes en ningún sitio del mundo, como bien ha aclarado el presidente del PNV, Ortuzar- de meter un museo Guggenheim en medio de la zona más delicada y sensible de una reserva de la biosfera, como es Urdaibai. Y fue rápidamente sustituido por el impulsor de tan “original” iniciativa, el diputado de infraestructuras Pradales. También sin necesidad de primarias y sin la menor crítica por parte de los medios.

¿A quién le preocupa que el lehendakari sea siempre un hombre de derechas en un país donde son mayoría las mujeres y donde son mayoría las personas que se reconocen de izquierdas? A pocas personas, parece ser, en unos tiempos en que la opinión pública se atreve cada vez menos a disentir de la opinión publicada.

Así que Euskadi seguirá siendo un oasis en medio de un mundo donde las políticas neoliberales, las políticas de concentración en manos de unos pocos de los recursos que generamos entre todos, tienen que imponerse recurriendo a la polarización y al deterioro de la democracia. Aquí, no. Aquí se seguirán implementando con amplios consensos y sin que nada perturbe la calma de las gentes de bien.

España no es ajena a la ola reaccionaria que atraviesa Europa y el mundo, y de la que es un ejemplo emblemático la marcha atrás en EEUU en derechos que se consiguieron hace medio siglo, como el aborto. El Gobierno español se había convertido un poco en una isla, dentro de una Europa dominada por las derechas y las extremas derechas, en la que sólo alguna socialdemocracia sobrevivía en Alemania o Portugal.

Los partidos que conforman la coalición de Gobierno se examinan el 23J. Y defienden su legado. Si nos salimos un poco de la burbuja mediática, y vamos a las evaluaciones de los organismos internacionales, el éxito en la gestión es rotundo. A pesar de unas condiciones objetivas muy adversas, España ha avanzado casillas en prácticamente todos los ranking internacionales, empezando por el de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en el que ha pasado del puesto 22 al 16 con el actual Gobierno de coalición. El reconocimiento de los éxitos socioeconómicos del Gobierno llega desde los lugares más insospechados, como el FMI, el BCE o el Banco Mundial. Hoy tenemos la menor inflación de los países del entorno, la energía menos cara, el mayor empleo de la historia -Rajoy soñaba con veinte millones, aunque nunca superó los 18 y hoy nos acercamos ya a los 21- y un crecimiento profundo de los beneficios empresariales. Sólo en el último año, las exportaciones de las empresas españolas han crecido un 23%.

Estos datos los intentan hacer valer los socios de la coalición, al igual que los avances logrados en derechos civiles (muerte digna, sexo consentido, derechos trans, protección animal, …), políticos (memoria histórica, reconocimiento de víctimas, protección de denunciantes de corrupción, …) y socio-económicos (ERTE, reforma laboral, subida histórica del salario mínimo, revalorización digna de las pensiones, …).

Sin embargo, hay otros elementos positivos de la acción de gobierno que pasan inadvertidos y que no son menos importantes. Me refiero a la estabilidad, a los acuerdos entre diferentes y a la paz social. La formación del Gobierno de coalición vino precedida de un período de profunda inestabilidad, con la incapacidad de conformar mayorías y gobiernos estables -cuatro elecciones generales en cuatro años-, o de renovar presupuestos en tiempo y forma -los “presupuestos Montoro” se repetían como muertos vivientes-. Con todas las limitaciones que se quiera, la actual legislatura permitió por primera vez en la historia reciente un Gobierno que no era monocolor, que se basaba en un acuerdo programático amplio y estable, que incorporó mecanismos eficientes para evitar que las divergencias lógicas derivaran en rupturas; un gobierno que supo articular en torno a sí un amplio bloque de investidura de fuerzas no reaccionarias, y que supo traer a nuestro país una paz social envidiada en nuestro entorno, empezando por nuestros vecinos del norte, cuyas calles ardían.

Si nos salimos un poco de la burbuja mediática, y vamos a las evaluaciones de los organismos internacionales, el éxito en la gestión es rotundo

Ardían como habían ardido antes las calles de Cataluña, con dos consultas independentistas celebradas con el Partido Popular en el Gobierno, llegando la convivencia a situaciones que parecían irreversibles. Pero no lo fueron. Frente al viejo “la letra con sangre entra” con que el PP abordaba la cuestión, el Gobierno de coalición consiguió calmar las calles catalanas, promover los acuerdos entre diferentes y la convivencia, e incluso sacar a las fuerzas independentistas de su ensimismamiento y llevarlas a la senda constructiva de competir por quién aportaba más en la elaboración de las leyes y de las políticas públicas.

En las próximas elecciones no sólo se enfrentan dos visiones políticas diferentes: la del Gobierno que hizo frente a la crisis con resultados que nadie cuestiona fuera de nuestras fronteras, y la de unas derechas que se negaron a colaborar en los momentos más duros; y que se dedicaron sin éxito a intentar que las organizaciones europeas e internacionales asfixiaran nuestros esfuerzos, mientras nos impedían cumplir la obligación de renovar en tiempo y forma los órganos constitucionales. Se enfrentan también dos relatos sobre la realidad: uno que obedece a parámetros objetivables y otro construido mediáticamente a partir de la simplificación y de mensajes dirigidos a las vísceras; la realidad que nos venden ciertos medios, frente a la que certifican las organizaciones internacionales y que aprecia cualquier visitante extranjero desprejuiciado.

La estabilidad es un valor que no suele apreciarse hasta que ya se ha perdido. El 23J no sólo está en juego la consolidación del crecimiento y de los avances habidos esta legislatura; también lo está la cultura de la pluralidad y de la convivencia, de los acuerdos entre diferentes y de la paz social. ¿Volveremos a los tiempos de los recortes, de la corrupción desatada y de los choques de trenes entre nacionalismos interesadamente exacerbados? Sí es así, nos tocará llorar por lo que no supimos cuidar y defender.

Una imagen vale más que mil palabras. Más que las miles de palabras que se han vertido en el debate sobre la reforma laboral. Más que todos los argumentos que se han buscado para decir que una norma supone una recuperación de derechos —aunque se considere insuficiente— y, sin embargo, votar en contra. Más que las palabras conciliadoras de EH Bildu indicando que la grieta que se provocaba en el bloque de investidura ya se acabaría recomponiendo.

Esa imagen que vale más que mil palabras es la imagen del hemiciclo durante los segundos que duró el error de la presidenta del Congreso al anunciar que la reforma laboral de Yolanda Díaz quedaba derogada. Hubo una explosión de júbilo en las bancadas de Vox y el PP que se ponían en pie y aplaudían entusiasmadas para expresar la alegría por la victoria del no. Los representantes de PNV, EH Bildu y ERC, en lugar de celebrar su victoria, recibían la noticia como un jarro de agua fría, con las caras compungidas que captaron perfectamente las cámaras del hemiciclo. Una vez aclarado el error, visto que la reforma no quedaba tumbada y que no volvía a estar en vigor la normativa de Rajoy, con la consiguiente pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores, los representantes de esos tres partidos respiraban aliviados. Los trabajadores no les podrían culpar a ellos de haber conseguido con su 'no' que perdieran los derechos recuperados. Con la excusa de haberles querido conseguir más derechos, les habrían hecho perder los ya conseguidos.

Los tres partidos del bloque que votaron 'no' dejaron claro que no estaban en contra de ninguno de los contenidos del decreto-ley, pero que los consideraban insuficientes

Esta es una explicación posible al hecho de que una fuerza política se agobie pensando que ha ganado y respire relajada al saber que no lo ha hecho. No soy la única persona a la que le da la sensación de que ayer no sólo se votaba la convalidación de un decreto-ley, no sólo se debatía sobre unos artículos. Frente al 'no' de VOX y PP, el de PNV, ERC y EH Bildu no se basaba en el desacuerdo con el texto, sino en la idea de que la correlación de fuerzas existente permitía avanzar más en la recuperación de derechos, en el caso de EH Bildu y ERC, y a la necesidad de una cláusula de salvaguardia en el del PNV; y todo eso, a pesar de que la fuerza principal del bloque de investidura, el PSOE, había dejado más que claro que no apoyaría en caso de alterarse una sola coma del texto acordado en la concertación social entre representantes de empresarios y trabajadores (la CEOE incluso amenazaba con no volver a sentarse en una mesa).

Los tres partidos del bloque que votaron 'no' dejaron claro que no estaban en contra de ninguno de los contenidos del decreto-ley, pero que los consideraban insuficientes; y este es el quid de la cuestión: si uno reconoce que no tiene nada en contra de los contenidos de una norma, si reconoce explícitamente que la norma conlleva la recuperación de derechos perdidos; aunque crea que esa recuperación de derechos podía haber sido mayor…. ¿No existe ninguna otra opción de voto que permita expresar esa postura sin necesidad de unirse a PP y Vox y generar la grieta en el bloque de investidura que ellos mismos reconocen, y sobre todo, sin necesidad de poner en riesgo los derechos ya recuperados por los trabajadores? Si uno cree que los trabajadores no han recuperado suficiente derechos, ¿pone en riesgo los recuperados votando 'no'?

Según escribo este artículo, leo en Twitter el siguiente comentario: “En ese momento en el que se ha dicho que se derogaba, el plano de la tele se ha abierto a casi medio hemiciclo. Todo el país ha visto a Aitor Esteban llevarse las manos a la cabeza, en plan 'Dios mío, ¿qué hemos hecho?'. Imagen para la historia!. Porque hasta ahora no han explicado la razón que les movió a no expresar su disconformidad negando el apoyo mediante la abstención, sino recurriendo a un 'no' que ponía en riesgo los derechos recuperados por las y los trabajadores.

Pocos países tienen un parlamentarismo tan disciplinado como el español. La ruptura de la disciplina de voto es algo extremadamente inusual. Sin embargo, esta semana la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas ha provocado once quiebras de la disciplina de voto y unos debates muy agrios. Sólo en una cosa parece haber unanimidad: en que nadie ha salido satisfecho. Hay quien no ha querido apoyar la renovación, hay quien la ha apoyado tapándose la nariz y hay quien la ha apoyado, pero objetando en conciencia a alguno de los candidatos. Y si algo no le conviene a un país que intenta recuperarse del trauma de la pandemia es la sensación de desazón que ha generado este proceso.

Si nos ponemos a buscar responsables, será difícil llegar a un acuerdo, aunque en estos casos es bueno dejarse llevar por la intuición y preguntarse qué partido era el menos interesado en que se desbloqueara la situación, perdiendo una parte de la influencia que conservaba en esas instancias. Pero, responsabilidades aparte, creo que es necesario abordar la crisis como momento de oportunidad, diagnosticar bien el síntoma y buscar la terapia correcta.

Existe bastante acuerdo en que la renovación de las altas magistraturas del Estado no suele abordarse correctamente. Algunos creen que ese problema se arreglaría reformando las leyes orgánicas que regulan dichas instituciones y el sistema de nombramientos. Yo creo que antes de recetar, conviene diagnosticar correctamente; y mi diagnóstico es que el problema no reside en las normas que regulan estas instituciones, sino en cómo se implementan dichas normas. La ley exige que se seleccione a las personas más idóneas, mediante mayorías parlamentarias muy cualificadas. El problema está en la implementación, que se lleva varias décadas haciendo mediante lo que se conoce popularmente como “intercambio de cromos”, un sistema en el que no siempre son propuestos los más idóneos y en el que tienen más probabilidades de salir elegidos los candidatos con más conexiones partidistas.

Nada de esto viene exigido por la Constitución o por las leyes orgánicas que regulan estas instituciones. Al revés, supone defraudar su espíritu. De forma que, si se modifica la ley y se sigue defraudando el espíritu de la nueva, seguimos igual. Y en cambio, podemos corregir el modelo manteniendo la actual regulación legal y cambiando únicamente la forma en que se ejecuta el mandato que contiene la ley. Para ello, hace años que vengo defendiendo un sistema que Podemos incorporó a su programa electoral de 2015 y que se puede denominar como “de cuotas de rechazo”. No exige cambiar la ley, ni siquiera las “cuotas de influencia” de los partidos; bastaría con cambiar el sistema de negociación entre ellos, de forma que cada partido no pudiera proponer a los candidatos que le son más cercanos y proclives y que las negociaciones no se hicieran en secreto, sino en la propia comisión parlamentaria de nombramientos. En esa comisión se empezaría conformando un amplio listado de personas cualificadas y cada uno de los partidos sólo podría ir descartando de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte de los candidatos más rechazados por los diversos partidos en proporción a sus cuotas, acabarían quedando sólo los que menos rechazo hubieran generado. No estarían designados por nadie en concreto; y, por tanto, tampoco en deuda con nadie.

Con un sistema así, no quedaría garantizado que siempre se fuera a seleccionar a los mejores, igual que tampoco es imposible que con el actual sistema a veces puedan resultar elegidos candidatos buenos. Pero como está ahora, el resultado tendencial a largo plazo es que se premia la cercanía a los partidos y que se castiga el valor de la independencia. Mientras que si sustituimos el sistema de “cuotas de nombramiento” por uno de “cuotas de rechazo”, es mucho más probable que los mejores y más insobornables puedan acceder a estos cargos por descarte, al quedar eliminados del proceso los que más suspicacias despiertan. En resumen, las cuotas siguen existiendo, pero dejan de ser un instrumento para imponer candidatos proclives y sirven sólo para descartar a los más denostados.

Esto se puede hacer; y se puede hacer desde ya mismo, sin esperar a farragosas reformas de las leyes que regulan las distintas magistraturas. Mañana mismo se podría abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sólo hace falta que los partidos muestren voluntad de regeneración democrática y renuncien a practicar en las instituciones el feo vicio del amiguismo.

En pocos días el Congreso va a abordar la transposición de la Directiva europea UE 2017/828 que busca fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Su debate concede una oportunidad única para empezar a incorporar la participación de los trabajadores españoles en el gobierno de las empresas, actualizando el retraso de décadas respecto a la gran mayoría de los países europeos.

Se trata de seguir en camino de otros gobiernos europeos, en particular el de Francia, en el que la transposición de la misma Directiva actuó de excusa y soporte para impulsar una batería de medidas en la mejor versión de “empresa responsable”, según lo entiende Macron. De esa voluntad surgió en mayo de 2019 la conocida como Loi Pacte que incorporó cambios en los códigos de comercio y de trabajo que incluyeron mejoras tanto en la participación de los trabajadores en los Consejos de Administración de las grandes empresas como en los derechos de representación de los trabajadores-accionistas. 

Sin embargo, la propuesta que el gobierno español ha enviado al Parlamento, por iniciativa de la Ministra de Economía Nadia Calviño, pasa por encima de esa posibilidad ignorando la conexión entre participación de los trabajadores e implicación a largo plazo de los accionistas. Lo paradójico es que el articulado propuesto entra en contradicción con la exposición de motivos que entrecomilla la argumentación de la propia Directiva cuando afirma que “una mayor implicación por parte de todos los interesados, en particular los trabajadores, en el gobierno corporativo constituye un factor importante a la hora de garantizar un enfoque más a largo plazo por parte de las sociedades cotizadas, que debe ser fomentado y tenido en cuenta”.

Esa recomendación está en linea con lo que recoge el Libro Verde de la Comisión Europea de 2012 sobre 'La normativa de gobierno corporativo de la UE' y con los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas.

Ha sido una enmienda del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos la que obligará a debatir su extensión a esos aspectos olvidados.

Las enmiendas para explicitar la participación de los trabajadores

Las enmiendas solicitadas son coherentes con los objetivos de la transposición de la directiva y con las particularidades y necesidades de nuestro sistema económico. No es posible avanzar en un cambio en nuestro modelo productivo sin potenciar una empresa inclusiva,  ni es posible incrementar la innovación y la competitividad de nuestras empresas sin abordar un clima laboral participativo que se desarrolle en paralelo a la implicación a largo plazo de los accionistas con los proyectos empresariales. 

Para ello, se propone unos cambios muy modestos que fortalecen la lógica del buen gobierno corporativo y de la sostenibilidad de los proyectos mientras abren la puerta, en consonancia con las recomendaciones de la Directiva, a la actualización y modernización del Estatuto de los Trabajadores. Ese objetivo, que la ministra Calviño considera prioritario, requerirá, entre otras modificaciones, ampliar el artículo 64 para incorporar los derechos de Participación a los ya regulados sobre Derechos de Información y Consulta.

Entre los cambios que proponen las enmiendas destacan los siguientes:

Se puede argumentar que el Gobierno no incluye propuestas como estas porque se quiere limitar al contenido estricto de lo que supone transponer la Directiva. Pero no es así, puesto que, al margen de la Directiva, está incorporando otras mejoras normativas en materia de gobierno corporativo. 

Introduce, por ejemplo, las denominadas “acciones de lealtad” que incentiva la permanencia de los accionistas al otorgar mayores derechos políticos, con voto adicional, a los titulares que se mantienen más de dos años como accionistas. Por cierto, ojalá la urgencia en crear esta figura pueda ser utilizado de forma inmediata para asegurar la estabilidad del Estado como accionista de referencia en la fusión Caixa/Bankia. 

Volviendo a la ausencia de referencias a la participación de los empleados sería duro pensar que es porque no lo considera conveniente o no quiere vincularlo a la lógica del buen gobierno.

Participación y buen gobierno empresarial van de la mano

Lo que es evidente es que España comparte, junto al grupo de países del sur de Europa, (Italia, Portugal y Grecia), la ausencia de legislación participativa sobre el trabajo en las empresas convencionales. Y que nadie puede obviar que el modelo empresarial que subyace debajo de esa condición, basado en la ausencia de contrapesos al poder unilateral de las gerencias, está condicionando y empobreciendo nuestro modelo productivo.

Esa singularidad acentúa los comportamientos cortoplacistas de las empresas. Como recoge expresamente la propia Directiva, las sociedades cotizadas se enfrentan, en general, a la presión por generar y distribuir beneficios financieros en el corto plazo, y ello obliga a sus direcciones a centrarse en exceso en los resultados trimestrales. Esa lógica está detrayendo recursos para la inversión productiva en el largo plazo y, en particular, para la destinada a I+D+i y, en consecuencia, perjudica la sostenibilidad y rentabilidad futura de dichas sociedades.

El modelo de gobierno corporativo depende del sistema de control y equilibrio entre los distintos órganos y los grupos interesados (stakeholders en terminología inglesa). Y en ese marco, una mayor implicación en la gobernanza empresarial por parte de esos grupos (trabajadores, clientes, proveedores, instituciones….) pasa a ser un factor importante para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las sociedades. 

Confiamos en que el Grupo Parlamentario socialista mejore el proyecto de ley en el sentido que marcan las enmiendas. Sería paradójico que algo que constituyó siempre una de las principales señas de identidad de la socialdemocracia se diluyera en un momento tan crítico como el que vivimos.

Los países con una cultura jurídica procedente del derecho romano le damos mucha importancia a las leyes y en concreto, al texto escrito de las leyes. Y confiamos excesivamente en estos textos. Ante cualquier problema de naturaleza política, reaccionamos con ingenuidad, fiando la solución a una ley mejor. Y es verdad que las leyes pueden solucionar problemas, especialmente cuando se trata de problemas derivados de malas leyes. Pero en muchas ocasiones pretendemos solucionar con “buenas leyes” lo que en realidad no es un problema de “malas leyes”, sino de falta de respeto por ellas. Si hay algo que defina lo peor de cierta actitud ante la ley, es el viejo dicho de “hecha la ley, hecha la trampa”; perfecta definición del fraude de ley, es decir, de la utilización torticera de la letra de la ley para incumplir su espíritu.

Algo parecido a la actual situación de bloqueo del Poder Judicial se produjo en la renovación del gobierno, entre 2015 y 2019. Se dio una situación de parálisis que nos llevó a dos repeticiones electorales consecutivas, cuatro elecciones generales en cuatro años, como consecuencia de la negativa de algunos agentes políticos a reconocer que la ciudadanía había decidido acabar con el bipartidismo turnista y apostar por un sistema multipartidista, para el que ya no servía el modelo tradicional de gobierno de un sólo partido, apoyado en nacionalistas vascos o catalanes. Se cerraba un período de cuatro décadas y se abría un ciclo nuevo. Esa anomalía de las cuatro elecciones en cuatro años, que llegó a provocar un hastío enorme, fue consecuencia de las reticencias al cambio y del bloqueo institucional que ello provocaba. Algunos plantearon una solución “legal” al bloqueo, parecida a la que se había introducido en la Comunidad Autónoma Vasca: que en caso de que no hubiera acuerdo y ningún candidato alcanzara ni siquiera la mayoría simple, hubiera una última votación y pudiera gobernar en minoría el candidato con más apoyos.

Aunque la modificación legislativa prevista pueda suponer una salida a una gravísima situación de bloqueo, se trata de una solución de mal menor a un problema de fondo que subyace: el de una cultura democrática pobre

Algo parecido se plantea ahora con el bloqueo en el Poder Judicial, por la negativa del PP a cumplir el mandato legal de renovación, siendo imprescindible su concurso para que se dé la mayoría exigida. Para evitar la parálisis institucional y la continuidad en el ejercicio de unos titulares con un mandato agotado, se plantea como salida por parte de los dos socios de gobierno algo parecido: que, en caso de que sea imposible alcanzar la mayoría de ⅗, respecto de una parte de los miembros a renovar, los procedentes de la carrera judicial, haya una segunda votación en la que sea suficiente la mayoría absoluta.

Aunque la modificación legislativa prevista pueda suponer una salida a una gravísima situación de bloqueo, se trata de una solución de mal menor a un problema de fondo que subyace: el de una cultura democrática pobre. Una cultura democrática rica valora el pluralismo como la esencia del sistema y se concibe a sí misma como instrumento para la convivencia entre diferentes, buscando siempre los consensos más amplios y dejando siempre las mayorías ajustadas como último recurso, cuando todo lo demás se ha intentado y no ha sido posible.

Desgraciadamente, desde la desaparición de la UCD de Adolfo Suárez y la recomposición conservadora en torno a Aznar, España tiene una derecha política que tiene problemas para convivir con el pluralismo en general, ya sea político, social, lingüístico, territorial... El profesor de Filosofía del Derecho Jorge Urdanoz define certeramente en una frase la situación: “...gritan ”España“, pero en realidad solo ven cierto Madrid o aquellas partes de España que coinciden con ese cierto Madrid. Todo lo demás es deslealtad e infamia”.

Si no se sabe valorar esa esencia de la democracia que es el pluralismo, se tiende a la deslegitimación íntegra del rival político y a partir de ahí, se hace muy difícil llegar a acuerdos. Y si no hay capacidad de acordar, las instituciones acaban bloqueándose. Siempre hay instrumentos para forzar el desbloqueo. Pero esos instrumentos no serán, desgraciadamente, más que muletas que permiten seguir caminando, pero que no solucionan la cojera.

“Unas veces se gana; otras, se aprende”. Aunque tampoco hay garantía de eso. Es evidente que, cuando las cosas van bien, el ser humano tiene tendencia a reproducir rutinas, sin cuestionarlas; y que las situaciones de crisis, cuando las cosas fallan, se pueden convertir en momentos de oportunidad, de cuestionamiento, de aprendizaje. Por desgracia, no siempre se aprovecha la oportunidad que conlleva la crisis para extraer enseñanzas.

La economía del bien común parte precisamente de la premisa de que cuando las cosas vienen bien dadas, las personas tendemos más a a competir que a cooperar, mientras que cuando se producen situaciones catastróficas, suelen invertirse los términos de la ecuación y la mayoría de las personas, suelen sacar lo mejor de ellas mismas. Y la premisa a partir de la cual desarrolla su propuesta teórica, es que el Estado debería incentivar los comportamientos económicos más cooperativos, más igualitarios, más participativos y más respetuosos con el entorno.

Las catástrofes promueven la cooperación y la solidaridad precisamente porque ponen en evidencia algo a lo que nos empeñamos en vivir de espaldas: la idea de la fragilidad, la idea de los delicados y siempre precarios equilibrios de la vida, tanto de la vida humana como de la vida del planeta. Y frente a esa fragilidad, frente a esa consciencia repentina del fin de la vida, queda al desnudo el que ha sido entronizado como motor casi único del mundo: la idea del individualismo competitivo; del uso intensivo del tiempo en la producción y en el consumo de bienes materiales, dentro de un ciclo de acumulación ilimitada y radicalmente desigual.

Las catástrofes nos sacan -al menos temporalmente- del ensimismamiento individualista del liberalismo más burdo y nos obligan a vernos como miembros de una comunidad con relaciones de interdependencia, haciendo aflorar, por pura necesidad, los valores de la solidaridad y del republicanismo cívico, reducidos a la irrelevancia dentro de nuestro modelo de desarrollo. Ya decía Erich Fromm que los valores del capitalismo configuran el carácter de las personas y nos vuelven más despreocupados por los demás, más egoístas, ávidos y codiciosos. En su jerarquía de valores pervertida, “el capital está más alto que la mano de obra; la acumulación de riquezas, más alta que las manifestaciones vitales”.

Si el viejo capitalismo productivo que conoció Fromm ya conllevaba una profunda perversión en los valores, ni qué decir de lo que sucede con el capitalismo financiarizado. Hoy la acumulación de riqueza en el mundo se distribuye a medias entre la que posee una base productiva y la meramente especulativa. Especular en sí, no es necesariamente malo. Cualquiera que compra un bien que no es de consumo, tiende a hacer cálculos sobre cómo evolucionará su valor en el futuro. Lo que sí es malo es vivir de especular, dedicarse a comprar cosas con el único objeto de revenderlas más caras sin aportar ningún valor añadido. Porque si no hay valor añadido, si el benefiio se obtiene sólo de mover dinero de un lugar a otro, aunque sea inconscientemente, el objetivo de la actividad especuladora es lucrarse en base a las pérdidas a las que se induce a otros.

En resumen, las crisis son momentos de oportunidad para el civismo, la solidaridad e incluso la fraternidad, pero también lo son para el saqueo y la rapiña. Todas las crisis anteriores han sido momentos de oportunidad para la especulación a escala gigantesca y para la concentración de la riqueza en pocas manos. Los mecanismos son muchos, pero la bolsa de valores es el más eficiente. Porque, incluso cuando se respetan las reglas y los grandes no intervienen con ventaja -información privilegiada….-, aún así gana generalmente quien no se deja arrastrar, ni actúa de forma reactiva. Y la gran masa de pequeños inversores actúa por reacción en cadena y es presa fácil del pánico. Sólo los fuertes suelen permitirse invertir a contracorriente y hacerlo anticipándose a los movimientos de los débiles. Aunque es fácil intuir que determinadas informaciones van a inducir caídas en cascada y otras, por el contrario, tendencias alcistas, es difícil no caer presa del pánico cuando todos quieren vender. Y el mecanismo bursátil es sólo uno de los muchos instrumentos que precipitan en momentos de crisis la concentración de riqueza en pocas manos. También están los fondos buitres, presionando sobre las propiedades de las personas a las que la crisis deja sin recursos, aquellas empresas que obtienen posiciones ventajistas en la intervención del Estado frente a la crisis, y un largo etcétera de ventajistas.

¿Qué les queda en tiempos de crisis a las personas de a pie, a quienes carecen de capital y de privilegios? Además de esa solidaridad o fraternidad, les debería quedar el Estado. Por eso en estos días, todos vuelven la mirada, reclamando protección y seguridad de las instituciones públicas; incluso los que hasta ayer mismo exigían su desmantelamiento. Los defensores de la globalización sin control, de la desregulación, de las privatizaciones y externalizaciones, callan y disimulan, cuando no hiperventilan cínicamente contra el mínimo error de las instituciones.

Es el momento del republicanismo cívico, de la firmeza de las instituciones frente a los poderosos y de la pedagogía democrática, que ha sido siempre pedagogía de la igualdad y que necesita, hoy más que nunca, ser pedagogía de una nueva escala de valores, a partir de la comprensión del ser humano y del mundo desde la fragilidad y desde la necesidad de los cuidados. Ojalá no tengamos que repetir las palabras del economista austríaco Christian Felber sobre la última crisis: “La lección más dolorosa de la crisis es que estamos siendo testigos de un proyecto en contra de la democracia y de los derechos fundamentales, políticos y sociales”. Esta vez, la salida no debe ser menos, sino más democracia, más control democrático de la actividad económica. Y eso requiere que quienes toman las decisiones políticas no sean conniventes con las élites financieras a través de los lobbies y de las puertas giratorias.

*Roberto Uriarte Torrealday, profesor de Derecho constitucional, Diputado por Bizkaia de Unidas Podemos

La reforma del artículo 135 de la Constitución realizada durante el mandato de Zapatero, estableciendo el principio de estabilidad presupuestaria y la exigencia de que la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado, desplegará del todo sus efectos a partir del próximo 1 de enero, al aplicarse su disposición adicional, que estipula que “los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020”.

Si el artículo 135 dice que hay que hacer presupuestos estables y no incurrir en niveles de endeudamiento insostenibles y si eso constituye una buena práctica, ¿dónde está el problema? Empecemos por el principio: el equilibrio presupuestario es un buen principio, pero ni siquiera el equilibrio debe imponerse de forma desequilibrada. Porque un sistema económico eficiente y justo necesita ponderar adecuadamente una multitud de principios y no sacralizar uno sólo de ellos por encima de los otros; y, en segundo lugar, porque en un Estado democrático, la economía es un subsistema de la política, de forma que los objetivos de eficiencia económica no son los únicos objetivos políticos; ni unos objetivos a los que deban supeditarse todos los demás.

Al supeditar el resto de los objetivos no sólo económicos, sino también políticos, al objetivo de la deuda estricta, lo que se hace es alterar profundamente las prioridades que establece la Constitución, de forma que los objetivos a perseguir por los poderes públicos no son ya la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo, como afirma el artículo 1, sino los niveles de libertad, igualdad, justicia y pluralismo compatibles con un determinado nivel máximo de endeudamiento, fijado de acuerdo a los criterios de una alta burocracia supranacional. Porque una segunda perversión del artículo 135 consiste en que, hasta ese momento, correspondía al Parlamento, elegido directamente por la ciudadanía, decidir y controlar el nivel de endeudamiento aceptable, mientras que ahora corresponde a la burocracia comunitaria decidir los parámetros del que se nos ha impuesto como objetivo prioritario de la actividad de los poderes públicos.

¿Es demasiado grande la deuda pública española en relación al PIB? Sí y no. Países tan ricos como Japón y otros tan pobres como Eritrea, tienen una deuda bastante mayor. La de Estados Unidos es solo un poco mayor. En el otro extremo, países tan ricos como Dinamarca o tan pobres como Malí la tienen bastante más baja. Otros, incluso, como Hong-Kong, entre los ricos, o Afganistán, entre los pobres, prácticamente no tienen deuda. Pongo unos ejemplos tan diferentes para evidenciar que el nivel de endeudamiento no es una variable que, por sí sola, diga mucho de la fortaleza de una economía. En consecuencia, mucho menos explica la prosperidad general de un país, atendiendo a criterios no sólo económicos.

¿Es razonable, entonces, supeditar todos los demás objetivos del Estado constitucional a un único objetivo, que, aun siendo positivo, dice muy poco de la salud de una economía y mucho menos de la salud de un país? ¿Es razonable, por añadidura, que la fijación de los parámetros de un endeudamiento sostenible se sustraiga a la soberanía que representa un parlamento directamente elegido para atribuírsela a una alta burocracia sometida a unos controles democráticos mucho más difusos? ¿Es razonable, en última instancia, que una reforma constitucional de tal calado se hiciera de prisa y corriendo y sin consulta a la ciudadanía?

Pues a partir del 1 de enero se aplica una vuelta más de tuerca; la adecuación de la actividad de las Administraciones Públicas a las exigencias de las autoridades comunitarias queda convertida en parámetro de constitucionalidad, de forma que, a partir de ahora, desatender esas exigencias no constituye tan sólo un incumplimiento comunitario, sino que puede incurrir incluso en inconstitucionalidad.

Y aquí conviene recordar la actual composición del Tribunal Constitucional, con un sesgo que deja poco resquicio a la esperanza. Porque, puestos a soñar, sería hermoso imaginar un Tribunal Constitucional que, llamado a conocer un recurso de inconstitucionalidad con la base mencionada, acabara aplicando la vieja doctrina alemana de las “normas constitucionales inconstitucionales” y restableciera las prioridades y jerarquías constitucionales previas a la subversión perpetrada a través de la reforma del artículo 135.

*Roberto Uriarte Torrealday es profesor de derecho constitucional y diputado por Bizkaia de Unidas Podemos

Hace dos meses, este mismo medio me publicaba 'El último gobierno monocolor', en el que sostenía que la repetición de las elecciones del 28-A no debía interpretarse, como hacía la mayoría de los analistas, como una simple consecuencia de la incapacidad para negociar de determinados líderes políticos. Que había que insertar esa repetición electoral en un contexto que iba mucho más atrás del 28-A, concretamente hasta las generales de 2015. Porque esas elecciones de 2015 rompían el ciclo político de casi cuatro décadas de bipartidismo imperfecto, abocando a la articulación de gobiernos de coalición. Acabamos de afrontar las cuartas elecciones en menos de cuatro años; cuatro años de resistencia del PSOE, del 'Deep State', de los poderes financieros y de los medios de comunicación masivos a leer las nuevas exigencias de la voluntad general. Los números pedían a gritos desde 2015 un gobierno de coalición PSOE-Podemos, una vez que las derechas habían roto todos los puentes con sus viejos aliados del nacionalismo catalán. Un gobierno en el que razonablemente correspondía la presidencia al partido más votado y la vicepresidencia al otro. Decir algo que era tan evidente para cualquier observador imparcial extranjero se convirtió casi en un anatema. Sólo tras agotarse la paciencia de la ciudadanía, la tozuda realidad de los números parece que acabará imponiéndose.

Este cierre del ciclo político del bipartidismo coincide en fechas con el cierre del último de los macro-sumarios de corrupción en curso, el de los ERE de Andalucía. Decía Lord Acton que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso las democracias se articulan sobre el principio de desconcentración del poder y de articulación de contrapoderes institucionales. Siguiendo con esa lógica, no es exagerado pensar que los gobiernos de partido único con mayoría absoluta tienden a ser más susceptibles de corrupción que los gobiernos con mayoría relativa y los de coalición. El caso de los gobiernos de partido único y mayoría absoluta prolongada a lo largo de varias legislaturas es probablemente el más susceptible de generar formas agravadas de corrupción. Así ha sucedido con el PP en Madrid o el PSOE en Andalucía.

El daño que genera la corrupción es devastador en todos los ámbitos, desde el ético hasta el económico; pero no es menor el que genera en la cultura democrática, provocando el desprestigio de las instituciones y la desafección de los ciudadanos por la política. Sus derivadas políticas son especialmente graves para las izquierdas. Por una parte, porque la desafección deriva en abstencionismo y este fenómeno es mucho más fuerte en los barrios más pobres, cuando son precisamente las personas con menos recursos las que más necesitan la protección de las instituciones. Y por otra parte, porque la corrupción generalizada perjudica la cultura democrática y el pluralismo ideológico, al extender la sospecha, tan extendida por el franquismo,  del “todos son iguales; no te metas en política”, instalando así el caldo de cultivo para la despolitización, el desempoderamiento ciudadano y las derivas totalitarias.

Frente a estos peligros, el multipartidismo y la cultura del gobierno compartido no es vacuna suficiente, ni mucho menos. El pluralismo es un valor siempre en riesgo. Frente a la despolitización y a la desideologización, frente al desapego a las instituciones, la única fórmula es la pedagogía democrática radical. Sólo el republicanismo cívico permite progresar en el camino hacia una sociedad democrática avanzada, promoviendo la ciudadanía activa y crítica. Y haciéndolo desde la escuela. Es increíble que nuestros currículos académicos incluyan todo tipo de conocimientos, pero ninguna formación sobre la vida del ser humano en sociedad, sobre cómo debemos relacionarnos con los demás, sobre los deberes que tenemos respecto de las otras personas y respecto de la colectividad y sobre los derechos que nos asisten y sus límites. Y es increíble, en concreto, que no se nos explique desde niños que el poder tiende de por sí a concentrarse y a corromperse y que los derechos no nos vienen dados; que son conquistas realizadas con mucho sufrimiento frente a las resistencia de quienes detentan más poder dentro de una sociedad desigual.

*Roberto Uriarte Torrealday es profesor de Derecho Constitucional y diputado por Bizkaia de UP

Leo que el Gobierno vasco va a invertir de nuevo en planes para promocionar el comercio familiar y de cercanía. A primera vista, una medida conveniente, pero intentemos profundizar un poco. Pasear hoy por cualquier ciudad o pueblo es ver cómo día a día las tiendas de siempre, los negocios familiares, los viejos cafés, van cayendo uno a uno y van siendo sustituidos por franquicias internacionales o simplemente, por locales vacíos o en constantes reaperturas abocadas al fracaso. Paseo por Bilbao y observo a tres jóvenes, sentados a pie de calle, comiendo comida-basura en recipientes de plástico, apoyados sobre una mesa improvisada, que es en realidad una caja-mochila de una empresa multinacional de repartos en bicicleta.

Hace unos años no habría imaginado algo así en el siglo XXI, en una ciudad desarrollada y mucho menos en este país, donde hasta la persona más humilde comía en mesa y mantel decentes; alimentos suculentos y calientes en platos de cerámica y con cubiertos metálicos. Es la nueva clase social de quienes, en pleno corazón de la riquísima Europa, tienen un trabajo que no les permite salir de la pobreza. Pero no sólo son ellos: incluso quienes pueden permitirse viajar en avión, se ven forzados en los aeropuertos a consumir comida-basura de marcas internacionales en envases de usar y tirar. La única diferencia es que tienen que pagar el doble o el triple de lo que en esa misma ciudad se paga en negocios locales por productos de mucha mayor calidad y servidos en condiciones dignas. Pero estos últimos son negocios condenados al cierre antes o más tarde. Es sólo la avanzadilla de lo que se nos viene encima. 

El gobierno que dice que va a destinar nuestro dinero a promover la recuperación del comercio de cercanía es el mismo que ha abocado al cierre sin remedio a ese mismo comercio, al promover y dar todas las facilidades al establecimiento masivo de las grandes superficies comerciales y las franquicias internacionales, justificándolas, sin el mínimo rubor, en que crean trabajo. ¿Cuanto trabajo digno en pequeños negocios se destruye para crear trabajo-basura de las grandes firmas internacionales? Pasados los tiempos en que ridiculizábamos, con razón, las colas que se solían hacer en los países comunistas, ahora ya no nos molesta hacer colas en franquicias con pocos empleados desbordados, para estirar al máximo los beneficios de muy pocos a costa de los derechos de esos trabajadores y también de los de los usuarios y consumidores de sus servicios, es decir, nosotros mismos.

Paso por delante del que ha sido hasta hace poco uno de los principales cafés históricos de la villa, La Granja. Lo cerraron. Precioso patrimonio material e inmaterial dilapidado. Ha reabierto como un negocio despersonalizado, con una decoración igualmente despersonalizada y con rótulos exclusivamente en inglés. Ha seguido el camino de otro de los cafés centenarios, La Concordia, el que acogía las legendarias tertulias de Unamuno y Prieto, que ya se convirtió hace años en un bingo. El Boulevard ha cerrado también sus puertas. Sólo queda el Iruña. A saber por cuanto tiempo. Pero no pasa nada: el Ayuntamiento que les ha concedido la licencia a los nuevos negocios para destruir un patrimonio centenario no tiene problemas de conciencia. Y si los tiene, siempre se puede habilitar una partida presupuestaria para hacer publicidad a favor del negocio tradicional. La mercadotecnia lo arregla todo. ¿O no?

Pues, no. Hacer políticas públicas a favor de un modelo de desarrollo y del modelo opuesto tiene mucho de patológico. Y es lo que está sucediendo, por mucho que se intente vender como un punto de equilibrio entre tradición y modernidad. Se trata de un falso debate; el debate real está entre un modelo de crecimiento a escala humana y respetuoso con el patrimonio humano y natural y otro de naturaleza irracional y depredadora. No es sensato dedicar la mitad de nuestras energías a apoyar un modelo y la mitad a apoyar el contrario. Porque se trata de una lucha desigual en la que el modelo inhumano y depredador está destruyendo al otro y los poderes públicos están obligados a velar por el interés general y a poner coto a la depredación.

No es razonable que quienes favorecen el enésimo macrocentro comercial de este país, el de Zaldumborda, vayan a hacer luego campañas para aparentar que promocionan los pequeños comercios que éste va a dejar moribundos. Tampoco vale alegar que se trata del último macrocentro. De hecho, a estas alturas, ya practicamente no cabe uno más.

Igual que tampoco es razonable apoyar un modelo de crecimiento de corte neoliberal y pretender que se está luchando contra la pobreza y que el crecimiento de esta es como una especie de fenómeno casual, que no tiene nada que ver con el modelo de acumulación. No se puede apostar a la vez por la concentración de la riqueza y por su reparto. No se puede apostar a la vez por el transporte público y por el privado. No se puede apostar a la vez por un modelo que prioriza la energía procedente de la quema de combustibles fósiles y subvenciona al oligopolio eléctrico y también por un modelo alternativo.

Hay una batalla sin cuartel que día a día va ganando un modelo basado en la irracionalidad, en la desigualdad severa y en la depredación de recursos sociales y ambientales; y quienes envían tropas a luchar en los dos bandos, no están siendo neutrales, porque su neutralidad es tan falsa como la del que asiste con indiferencia de espectador a la disputa entre maltratador y maltratada.

(*) Roberto Uriarte es candidato de la coalición Elkarrekin Podemos por Bizkaia

Las próximas elecciones van a suponer, muy probablemente, el fin de un ciclo político de cuatro décadas de gobiernos monocolores, un modelo que se ha definido como “de bipartidismo imperfecto o tendencial” en el que los dos mayores partidos se alternaban en el poder, con la habitual muleta del nacionalismo catalán y/o vasco; y la transición a un nuevo ciclo de gobiernos de coalición, asimilable al vigente en la mayoría de los países de Europa. Este cierre de ciclo está resultando más largo y complicado de lo necesario, como consecuencia de la resistencia de esos dos partidos, prácticamente hegemónicos en el anterior ciclo, a dar carta de naturaleza a los profundos cambios operados en los últimos años en los hábitos de voto de la ciudadanía y, en consecuencia, en el sistema de partidos.

Esta resistencia se vió en principio encarnada especialmente en el Partido Popular, con sus exóticas propuestas a favor de que gobierne obligatoriamente el partido más votado, haciendo abstracción de si tiene apoyos suficientes en el Parlamento; y privando a los demás partidos del derecho a pactar para conformar mayorías, implícito en el sistema parlamentario. Sin llegar al extremo de pretender prohibir las “coaliciones de perdedores”, el Partido Socialista le ha tomado el relevo, iniciando Sánchez el anterior período de sesiones con una propuesta de reforma de la Constitución que no ha llegado a concretar. No sería grave si se tratara sólo de introducir la previsión de algunos Estatutos de Autonomía de que, pasado un plazo razonable para que los partidos intenten coaligarse sin que sean capaces de hacerlo, pueda gobernar en minoría el que obtenga más apoyos parlamentarios. La propuesta no es mala en su contenido, pero es pésima en su oportunidad, al plantear como prioridad del país reformar la Constitución para que haya una forma de evitar la repetición electoral que sortee la necesidad de acuerdos y permita sobrevivir a gobiernos débiles y sin apoyos, que serán probablemente incapaces de ver sus presupuestos aprobados.

Aunque haya quien prefiere buscar explicaciones superficiales y de tipo personalista, el problema que subyace a la actual crisis institucional es que se ha producido un divorcio entre la soberanía popular, que en los últimos años ha abandonado el bipartidismo imperfecto y ha apostado por el multipartidismo y su consecuencia natural, los gobiernos de coalición, por una parte; y por otra, la reacción de los partidos mayores, que se resisten a adaptarse a las nuevas preferencias más pluralistas de la ciudadanía y que pretenden resolver ese divorcio obligando a repetir procesos electorales, en la esperanza de que la gente deje de “votar mal” y se resigne a volver al tiempo anterior, intentando hacer recaer sobre las y los votantes y sobre los partidos menos grandes la responsabilidad de esa parálisis.

Fue Rajoy el primero en practicar la estrategia ostracista, contraria al espíritu del artículo 99 de la Constitución, de renunciar a presentarse a la investidura, a pesar de haber sido propuesto por el Rey. La misma táctica ha sido utilizada por Sánchez, y en este caso, además, con la connivencia del Rey, quien incluso ha renunciado a proponerlo, a pesar de que el artículo 99.4 de la Constitución establece expresamente que: “Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores”. No hubo sucesivas propuestas. Y la Constitución en ningún caso condiciona la tramitación de sucesivas propuestas a que el candidato tenga garantizados con antelación los apoyos necesarios para un resultado favorable.

Esta actitud no es la más respetuosa con la Constitución, ni la más correcta desde un criterio fuerte de democracia y de respeto a la soberanía popular y al pronunciamiento de la ciudadanía en las elecciones, al igual que no lo es la desarrollada por el candidato Sánchez, cuando ha pretendido tener legitimidad para imponer cuales deben ser las estrategias políticas y quienes los gobernantes que vayan a representar a los votantes de quien afirma que es su “socio preferente”. Y en ese sentido, el papel jugado por los medios masivos de comunicación, aunque con honrosas excepciones, deja también mucho que desear, desde el punto de vista de la pedagogía democrática. La presión concentrada sobre un partido como Unidas Podemos para que admita que sus votantes no tienen derecho, como los demás, a que sus votos se vayan a traducir en opciones de participar en el gobierno, sino sólo en apoyos externos al gobierno de otro partido, no tiene un pase en democracia.

Es cierto que existe la excepción portuguesa, un modelo en el que dos fuerzas menores han venido manteniendo un apoyo muy fuerte al gobierno desde fuera. Pero no se trata de una estrategia impuesta, sino decidida por esos partidos, que no deseaban ver su acción condicionada por estar en el gobierno. Si no es de recibo que un partido -o los medios- pretendan forzar a otro partido a tomar estrategias distintas a las que deciden sus bases, menos aún lo es que se admita la posibilidad de acuerdo con ese partido, pero vetando a los líderes que esas mismas bases han elegido. Un candidato debe buscar los apoyos necesarios para gobernar sin forzar a sus eventuales socios a perder la libertad para decidir sus estrategias y para elegir a sus líderes y respetando la aportación de votos de estos a la gobernabilidad. La actitud contraria es poco respetuosa con el contenido del derecho a la participación política de los votantes y de los militantes de un partido: el derecho de los votantes, a ver sus votos convertidos en opciones de participar en el gobierno; y el de los militantes, a decidir sus estrategias y a elegir a sus líderes.

¿Por qué esa misma resistencia a la coalición no se da en las Comunidades Autónomas o en los Ayuntamientos? Porque en esas esferas, además de no verse afectado el núcleo duro del poder del Estado, el más reticente a los cambios, al menos a los cambios en la vía de la transparencia y de la democratización, la soberanía popular llevaba mucho tiempo apostando a multipartidismo y a gobiernos plurales.

Que se normalice lo que ya viene sucediendo con naturalidad en el ámbito local y autonómico es sólo cuestión de tiempo. Si el escenario político resultante de las últimas elecciones se repite sin grandes cambios, veremos probablemente dentro de unos meses el cierre definitivo del anterior ciclo y la conformación del primer gobierno de coalición, sean unos u otros los socios de ese gobierno. En un escenario así, las dos grandes incógnitas serían, por una parte, la de Ciudadanos y la posibilidad de que cediera a las presiones que se aprecian desde Europa y desde los grandes poderes económicos y levantara el veto a acuerdos con Sánchez; y por otra, la de la irrupción de un nuevo actor político en el espacio progresista, fragmentando el voto de ese espacio e incrementando las opciones del espacio conservador.

*Roberto Uriarte Torrealday es profesor de derecho constitucional, Diputado al Congreso por Bizkaia de Unidas Podemos

Las elecciones a celebrar el próximo 28 de abril no van a ser unas elecciones sin más. Van a ser tan decisivas que, como dice el profesor Héctor Illueca, van a tener una naturaleza materialmente constituyente, a pesar de no ser formalmente unas Cortes constituyentes.

En primer lugar, las elecciones van a marcar el final de una época: la del bipartidismo turnista, en la que el gobierno era siempre monocolor, aunque a veces necesitaba el apoyo parlamentario de alguna fuerza menor. Este papel de sostén del gobierno solía recaer en el nacionalismo catalán y/o vasco, gracias a los efectos del sistema electoral, que perjudicaba enormemente a terceros partidos de ámbito estatal, anulando de facto la capacidad de estos para actuar como partidos-bisagra. La irrupción de Podemos rompió este esquema “tendencialmente bipartidista”, iniciando la evolución hacia el multipartidismo. Consecuencia de ello es que el de Sánchez será probablemente el último gobierno monocolor y el próximo, el primero de coalición entre partidos.

Llegados al punto de un sistema que funciona en este momento como multipartidista, la política de pactos adquiere un protagonismo especial. Antes se trataba sólo de saber si el partido en el gobierno iba a necesitar o no el apoyo de alguno o algunos grupos menores. Ahora se trata de saber qué partidos formarán parte de la coalición que gobierne. En consecuencia, el hecho de que los ciudadanos conozcan los aliados preferentes de cada fuerza constituye en las nuevas circunstancias un componente esencial de aquello que la ciudadanía tiene derecho a saber para ejercer correctamente el derecho al voto. Y en consecuencia, ocultar a los votantes potenciales quienes serán los aliados preferentes de una fuerza política supone un desprecio al derecho de los ciudadanos a decidir qué tipo de gobierno, qué tipo de acuerdos de gobierno y qué tipo de políticas promueve cada fuerza.

Las tres derechas de ámbito estatal ya han dejado claro quiénes son sus aliados preferentes y cuáles las coordenadas básicas de una coalición de gobierno en la que estarían dispuestas a integrarse. También lo ha hecho Unidas Podemos. Y lo ha hecho en cierto sentido, la ciudadanía vasca, según una encuesta reciente encargada por EITB: un 86 % se inclina por continuar la reciente entente del PSOE con Podemos y nacionalistas, frente al 4 % que la sustituiría por otra entre las derechas.

Desgraciadamente, hay dos fuerzas que se niegan a aclarar si apoyan la apuesta de la mayoría social vasca. Y lo que es más grave, se niegan a facilitar que sus votantes puedan ejercer su derecho al voto conociendo por anticipado qué tipo de acuerdos de gobierno van a promover y para desarrollar qué tipo de políticas públicas.

En primer lugar está el propio PSOE, que se niega a concretar quiénes van a ser sus socios preferentes de cara a un acuerdo de gobierno. Es más, últimamente se está dedicando a implorar a Ciudadanos que no se cierre al acuerdo, a pesar de las repetidas veces en que este partido le ha dado con la puerta en las narices, con acusaciones de grueso calado al presidente del gobierno. Pero el PSOE insiste, seguramente con la triste esperanza de que Ciudadanos incumpla su palabra.

Más extremo es aún el caso del PNV. Este partido se resiste a facilitar a sus eventuales votantes la información sobre quiénes serán sus socios y sus acuerdos de gobierno preferentes. Ortuzar ha reivindicado explícitamente la “libertad absoluta” del PNV para decidir sobre posibles pactos tras las elecciones. Y es evidente que dispone de esa libertad absoluta. Nadie puede forzar al PNV a apoyar a quien no desea. Pero al proclamar esa libertad absoluta de su partido y negarse a informar a sus potenciales votantes de sus preferencias, lo que hace Ortuzar no es defender un derecho de su partido que nadie cuestiona ni puede cuestionar, sino justificar una falta de transparencia, bajo el manto de que todo lo que sea pactar es bueno, sea quien sea con quien se pacte, siempre que se obtengan las correspondientes contraprestaciones y al margen de cuáles sean las políticas que impulse ese gobierno e incluso de cuál sea la incidencia de esas políticas estatales sobre la ciudadanía vasca.

Haciendo oídos sordos a la voluntad mayoritaria de esa ciudadanía vasca que reflejan las encuestas, Ortuzar se muestra indiferente ante la eventualidad de pactar a favor o en contra de las tres derechas. En ello no hace sino profundizar en su actitud tradicional, que en la pasada legislatura se ha traducido en el apoyo al gobierno del PP la mayor parte del tiempo y en el posicionamiento contra el PP al final de la legislatura, siendo por ello acusado por esta organización de no respetar la palabra dada.

Jugar a todos los palos ha sido muy rentable políticamente para el PNV en el tiempo del bipartidismo. Es más dudoso que le resulte igualmente eficaz esa estrategia en los nuevos tiempos que se avecinan de multipartidismo. En todo caso, no es la más respetuosa con la ciudadanía, ya que fuerza a sus votantes a darle un cheque en blanco, sin que puedan intuir siquiera en manos de quién va a acabar.

*Roberto Uriarte Torrealday es profesor de Derecho Constitucional, cabeza de lista al Congreso por Bizkaia de Elkarrekin Podemos

Los que hace 40 años renegaban de la Constitución de 1978 ahora se sienten legitimados a retirar a quien ellos consideren oportuno las credenciales que habilitan para el juego democrático

Ahora que se celebran con mucha pompa los 40 años de la Constitución Española, conviene recordar que sólo tuvo seis votos en contra en el Congreso, además de 14 abstenciones. De los seis que votaron en contra, cinco eran populares, militantes de Alianza Popular, el partido que se refundó años más con el nombre de Partido Popular. A los populares no les gustaba la Constitución, aunque algunos la aceptaron como mal menor y votaron “sí” a regañadientes. El entonces líder del grupo popular en el Congreso, Manuel Fraga, afirmó: “Nunca me he sentido tan portavoz del entero Grupo, de aquellos que en su conciencia se han visto obligados a decir que no, y aquellos que se han visto obligados a abstenerse”. 

Cuarenta años más tarde, los populares, convertidos de palabra al constitucionalismo, y con el fanatismo propio de todos los conversos, han iniciado una campaña en la que dividen a los miembros de la Cámara baja en quienes son constitucionalistas y quienes no lo son, siguiendo la rancia estrategia de separar a los diputados en buenos y malos españoles. Reviven, de la mano de Ciudadanos, la oscurantista tradición inquisitorial contra los malos cristianos, que reciben ahora el sambenito de “no constitucionalistas”, y que son, claro, los de siempre, los rojos y los separatistas. Se admite en el selecto club constitucionalista a aquellos que, procediendo de las filas “socialistas”, purguen sus pecados originales renegando del “sanchismo”.

Como sucede siempre con los conversos, los que hace 40 años renegaban de la Constitución de 1978 -hijos a su vez de quienes 40 años antes se habían alzado en armas contra la Constitución de 1931, trayendo la guerra civil y la dictadura militar-, esos conversos a los que llamaremos “neoconstitucionalistas” por simplificar, ahora se sienten legitimados a retirar a quien ellos consideren oportuno las credenciales que habilitan para el juego democrático.

Estos neoconstitucionalistas nuestros no se diferencian mucho de los neocons, los neoconservadores de otros lugares. Defienden el individualismo, los mercados desregulados y las políticas exteriores agresivas. Por eso, sus exageradas profesiones de fé constitucionalista no cuadran nada con el núcleo de la Constitución de 1978, una Constitución cuyo artículo 1 define no un Estado liberal, sino un  Estado social y democrático de derecho; cuyo artículo 9 obliga a los poderes públicos a remover todos los obstáculos para una igualdad efectiva de las personas y de los grupos -a eso de remover obstáculos los jueces neocons del supremo le llaman poner en riesgo el orden público económico-; y cuyo artículo 128 establece que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” y que “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica”. Esto ya no es que chirríe con sus ideas. Es que para ellos eso es la esencia del mal.

Para nuestros neocons, como para cualquier neocons, todas esas normas expresan justo la antítesis de su “pensamiento”. Para ellos, el mercado no es un instrumento más al servicio de los fines igualitarios que impone la Constitución y que debe concretar el juego democrático, sino que es un fin en sí mismo, un fín que está por encima de la política y al que la democracia debe someterse. Cuando dicen que son constitucionalistas no debe entenderse que piensan como la Constitución. Sólo que son fanáticos de algunos de sus elementos. ¿De cuales? Pues claramente, de la corona, del art. 155 y del 135. La monarquía es una institución con una lógica ajena a la de la democracia, que algunos países admiten como residuo histórico y concesión fáctica a etapas pre-democráticas. El artículo 155, la cláusula federal, es un instrumento de excepción, una suspensión de garantías democráticas que debe funcionar sobre todo como advertencia. Si la excepción se convierte en norma, decae el principio democrático. En cuanto al artículo 135, supone la perversión y el secuestro del resto del articulado, mediante la alteración de las prioridades constitucionales, relegando la libertad y la igualdad y entronizando por encima de ellas la austeridad, como nuevo principio constitucional impuesto al sistema democrático desde los poderes financieros y sin aprobación en referéndum.

En esto reside el constitucionalismo de los conversos, el constitucionalismo neocons. En el desprecio de los elementos sociales y democráticos de la Constitución y en la defensa a ultranza de sus residuos predemocráticos, de las alteraciones no aprobadas por la ciudadanía y de la utilización abusiva de los instrumentos de excepción.

La juventud de un país es su futuro y que los niveles de derechos, de bienestar y de cohesión social que aún conservan las actuales generaciones no están en absoluto garantizados para el futuro próximo

Lanbide ha hecho público un informe sobre la 'Situación del Mercado de Trabajo de las personas jóvenes en la CAE' que alerta sobre la gravísima situación del trabajo juvenil en Euskadi y que contiene unas conclusiones demoledoras, llegando a afirmar expresamente que estamos “en riesgo de perder a una generación para el empleo”. Aun dejando de lado el grave problema de que una parte de nuestra juventud tiene que salir a países extranjeros a buscar un empleo con unas condiciones que se le niegan en su propio país y de la enorme fuga de talento que esto supone, los datos que aporta el informe son desoladores. De los 185.600 vascos menores de 25 años que había hace sólo una década, ahora quedan sólo 163.000. De ellos, más de la cuarta parte -concretamente el 26 %- está en el paro. La mayoría de los restantes, en el trabajo precario.

Quizá no esté de sobra recordar que Lanbide no es una ONG independiente o vinculada a algún grupo de la oposición; que es el servicio de empleo del Gobierno vasco y que, por tanto, sus documentos son documentos oficiales y expresan el análisis de nuestra realidad socio-laboral que hacen los responsables políticos del gobierno. Ellos mismos reconocen que estos hechos, con ser graves en sí mismos, conllevan una gravedad añadida que excede a lo laboral y que impregna todo lo personal, generando en quienes la padecen una sensación de “desánimo” y de “desgaste psicológico” que podría “desembocar en exclusión social” y en un aumento de la “sensación de inutilidad que podría conllevar a elevar los índices de criminalidad…”.

Quizá tampoco esté de sobra recordar que la juventud de un país es su futuro y que los niveles de derechos, de bienestar y de cohesión social que aún conservan las actuales generaciones no están en absoluto garantizados para el futuro próximo. Que las familias constituyen un colchón que desdramatiza la situación y que genera una apariencia de realidad engañosa, en la medida en que no es sostenible a largo plazo. Que una radiografía que dibuja la fuga de talento, el desempleo desorbitado y los elevados niveles de precariedad laboral no augura nada bueno para el futuro de la sociedad vasca. Que no se puede construir nada sólido sobre cimientos precarios.

En resumen, el informe apunta pocos motivos para el optimismo. Este es el análisis oficial que hacen los responsables de empleo del PNV. Esta es la situación en la que ellos mismos afirman que se encuentra la juventud vasca después de decenas de años de gobierno de su partido. Siendo ese el diagnóstico que hace quien nos gobierna, ¿cuál es su receta para salir de esa situación? Pues no parece casar muy bien con el diagnóstico. No se plantea rectificación alguna. Ni siquiera se hace la mínima autocrítica a las políticas implementadas hasta ahora, políticas neoliberales que impulsan los poderes privados salvajes y que han venido ejecutando obedientemente al dictado de la troika comunitaria los gobiernos español y vasco.

La receta del PNV lleva, como siempre, una dosis de optimismo y dos de resignación. Consiste en lamentarse de no tener todas las competencias y en derivar la responsabilidad hacia 'Madrid', olvidando que en Madrid, igual que en Bruselas, el PNV apoya las contrarreformas que fomentan la reducción de derechos laborales y la precarización del trabajo. Y consiste también en seguir comparándonos con quienes viven en latitudes más al sur y en convencernos de que debemos conformarnos pensando que hay sociedades que aún presentan datos más alarmantes, mientras que nosotros todavía retenemos algo de la pujanza que caracterizó a la sociedad vasca del siglo XX.

¿Por cuánto tiempo? Una pregunta incómoda que parece que nadie se quiere hacer. Parece ser más fácil cerrar los ojos y seguir haciéndonos trampas al solitario.

Nunca, jamás de los jamases, ni tu ayuntamiento, ni tu diputación, ni tu gobierno te consultaron sobre nada que no tuvieran que consultar por exigencia legal. Donde gobierna el PNV, nunca se pregunta. Ahora dicen que te quieren consultar. Que quieren hacer una “consulta habilitante”

Es cierto. Has convivido durante casi toda tu vida adulta con gobiernos del PNV, en

tu Ayuntamiento, en tu Diputación, en Gasteiz. Incluso quien gobernaba en Madrid lo hacía muchas veces gracias a pactos con el PNV. Y tienes razón en que nunca, jamás de los jamases, ni tu ayuntamiento, ni tu diputación, ni tu gobierno te consultaron sobre nada que no tuvieran que consultar por exigencia legal. Donde gobierna el PNV, nunca se pregunta. Ahora dicen que te quieren consultar. Que quieren hacer una “consulta habilitante”.

No te preguntaron sobre las mayores infraestructuras que se construyeron en el

país. No te consultaron sobre el Tren de Alta Velocidad. Tampoco sobre la supersur, esa carísima autopista que está siempre medio vacía a pesar de que los carteles a la entrada inducen por confusión a entrar en ella. Ni sobre el modelo energético. No te preguntaron si creías que la fiscalidad debía basarse en las rentas del trabajo o si las rentas del capital debían tributar igual. No te consultaron para bajar el Impuesto de sociedades en Euskadi por debajo incluso del tipo español. No te preguntaron en su día sobre las vacaciones fiscales vascas, ni te preguntan hoy sobre las bonificaciones fiscales para algunos inversores extranjeros. Nunca te preguntaron sobre los impuestos con los que tú ibas a mantener sus gobiernos, ni sobre dónde se debía gastar tu dinero. Mucho menos te preguntaron sobre cuestiones como si se debía regular o prohibir tal o cual espectáculo con maltrato animal. Nunca, nada.

Había diversas razones para no consultarte. Una de ellas es que miran con sospecha la participación directa. Consideran que quienes la promueven son unos populistas y unos demagogos. Que los ciudadanos votan cada cuatro años para algo. Que la virtud está en la delegación, en la vida parlamentaria y especialmente en los pactos entre partidos diferentes. Que el mejor político es el que más pacta, sin importar demasiado el qué, el cómo y el con quién. Que lo importante es saber negociar, transigir y acordar, sin detenerse en las circunstancias concretas que rodean cada pacto. En resumen, casi te acaban convenciendo de que la mejor forma de decidir es votar cada cuatro años y a partir de ahí, que cada partido pacte hasta con el diablo.

No les convence la cultura de los países que equilibran la democracia representativa con las consultas periódicas a la ciudadanía, como sucede en Suiza e incluso en Estados Unidos, donde aprovechan cada proceso electoral para acumular por el mismo precio un paquete de consultas ciudadanas sobre temas diversos. Ni qué decir de procesos de participación más avanzados, en los que la ciudadanía no se limita a participar en la fase descendente del proceso, como algunos que se han desarrollado en municipios vascos no gobernados por el PNV.

En todo aquello sobre lo que tienen competencia y poder, les gusta decidir por sí

solos o a través de pactos negociados con mayor o menor transparencia, pero siempre sin necesidad de “interrumpir” a la ciudadanía con consultas. Siempre lo han hecho así y nunca han convocado una consulta que no fuera obligatoria por ley; pero esta vez quieren hacer una excepción. Quieren preguntarte sobre un documento que han acordado con Bildu y que quieren que tú confirmes. No importa que sepan que, para que entre en vigor un nuevo Estatuto, ya es obligatorio someterlo a referéndum. Quieren una consulta más sobre un documento previo. No les preocupa gastarse el dinero en una consulta que ellos mismos afirman que no tendrá ningún valor jurídico. Una consulta en la que es previsible el resultado. Si el Ayuntamiento de Bilbao preguntara a las gentes de la ciudad si les gustaría que tuviera más competencias o más recursos a coste cero, parece claro que no se opondrían.

Por eso, esta vez no hablarán del enorme mérito de quien sabe negociar y llegar a

acuerdos transversales entre diferentes en sede parlamentaria o a pactos de tú a tú entre gobiernos. Tampoco reconocerán su parte de responsabilidad en que no hayan conseguido acuerdos más amplios. Como un viejo patrón, que decía: “He pescado tantas toneladas de anchoa; pero los marineros me han roto las redes”. Pues así mismo: si consigo acuerdosventre diferentes es mi virtud; si no los consigo, es responsabilidad de los otros, no mía.

En resumen, han decidido que te van a preguntar sobre una cuestión concreta y sin que sirva de precedente. Pero no hay que escatimar su capacidad. Es posible que te convenzan de que lo hacen por tu bien. Porque de repente están muy interesados en saber lo que realmente piensas. Incluso porque quieren empoderarte y que ejercites tu derecho a decidir. Y van a pedirte que lo ejerzas ratificando el acuerdo tomado en sede parlamentaria por la mayoría que conforman dos de los cinco partidos representados.

Sí, tienes razón, siempre les podrás decir: “¿Pero no eran ustedes los paladines de

la negociación y de los acuerdos?, ¿no eran ustedes los genios del realismo político, los que siempre y bajo cualquier circunstancia conseguían los mejores acuerdos posibles, aunque se vieran forzados a pactar con el diablo?....pues actúen en consecuencia y llámenme a votar cuando hayan conseguido un acuerdo amplio para cambiar el estatus político, es decir, las reglas de juego; que ustedes saben muy bien que eso no se debe hacer con mayoría ordinaria, como si fuese una decisión corriente, sino con mayoría cualificada de dos tercios. Y sobre todo...no me llamen sólo una vez y precisamente para debilitar a sus rivales políticos; llámenme siempre que haya que tomar una decisión importante y entonces creeré que de verdad les preocupa mi derecho a decidir

En Europa seguimos hablando de 'Estado Social' haciendo como que no supiéramos que hace décadas ya que se rompió el pacto social de la postguerra. El difícil equilibrio entre Estado y mercado se rompió a favor del último y hoy la política no intenta ya la composición de dos lógicas diferentes, sino que se limita a la legitimación 'a posteriori' de las decisiones que toma el mercado. O mejor dicho, los mercados. Porque los mercados reales tienen muy poco que ver con el modelo plenamente neutral, igualitario y eficiente de la hipótesis liberal, frente a la cual la realidad es la de unos mercados cautivos y distorsionados, no gobernados por ninguna mano invisible, sino por todopoderosos actores privados en connivencia con gobiernos obedientes.

Este modelo de desarrollo conlleva profundos desequilibrios y dosis importantes de descontento ciudadano. Un malestar que es canalizado sabiamente a lo largo y ancho del mundo por numerosos partidos nacionalistas-populistas, que plantean soluciones milagrosas para contentar a los de abajo sin cuestionar los privilegios de los de arriba. La fórmula más habitual consiste en culpar de todos los males a los extranjeros y fomentar el 'orgullo nacional'. Y si se reside en el norte de un continente o de un Estado, también suele funcionar bien acusar de todos los males a los 'vagos e incompetentes del sur'. En Italia, la Liga Norte utiliza las dos estrategias para sacar rédito de enfrentar, dentro de la cadena de la desigualdad y de la precariedad a quienes ocupan los penúltimos eslabones (las clases medias empobrecidas) con quienes se sitúan en los últimos (inmigrantes y sectores marginalizados del sur). La estrategia se completa, al estilo Trump, con un discurso económico proteccionista 'anti-establishment globalizador'.

La respuesta a los italianos de ese establishment no ha tardado en llegar: ante las reticencias del nuevo gobierno italiano a ejecutar sin más la disciplina a ultranza que imponen los poderes financieros a los Estados desde Alemania y Bruselas, el vicepresidente de la Comisión europea y comisario de la competencia, Oettinger, ha declarado que los mercados enseñarán a los italianos lo que deben votar. Así de claro: los ciudadanos deben votar lo que mandan los mercados y si se equivocan y eligen mal, pagarán las consecuencias. Conclusión: la vieja idea de la 'voluntad general' como base de la democracia que tanto le costaba explicar a Rosseau ha quedado obsoleta y la definición de la era global es mucho más simple y está al alcance de cualquier mortal. La voluntad general consiste en entender los mensajes que nos llegan de quienes manejan los hilos de los mercados financieros. Por fin alguien habla claro.

Que el presidente de la Comisión europea, Junker, famoso por haber promovido medidas tendentes a reforzar su país como paraíso fiscal, le haya reprendido a Oettinger por ser tan explícito, no les quita a sus declaraciones el interés, sino que se lo añade. Ese tipo de cosas no se debe decir tan explícitamente. Deben ir envueltas en palabrería tecnocrática que las revista de un halo de cientificidad.

Por poner un ejemplo más cercano a nosotros: si queremos crear en Bizkaia, por ejemplo, parcelas de 'paraísos fiscales' al estilo Junker, para que los poderosos queden aminorados de su obligación de contribuir al bienestar colectivo, en ningún caso debemos mencionar que pretendemos dejar en suspenso el artículo 31 de la Constitución, que establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”. Totalmente desaconsejable hacer eso. Lo apropiado es decir, como suele hacer con buen tino el diputado general de Bizkaia, que “pretendemos crear entornos fiscales atractivos para las inversiones internacionales que generan puestos de trabajo”. Así sí que suena bien y hay que ser muy anticuado para no desear que esos fondos aterricen sobre nosotros y nos colonicen con tanta prosperidad y tanta preocupación por garantizarnos nuestro derecho al trabajo.

En todo caso, no deja de producir admiración el hecho de que nuestras autoridades nacionalistas no necesiten recurrir aquí, como hacen sus homónimos ideológicos en otros lugares, a promesas proteccionistas. Y que puedan compatibilizar un discurso tan nacionalista en todo lo demás, y a la vez, tan internacionalista y pro-globalización en lo económico. Y que además, no les genere la mínima contradicción afirmar que la capacidad para trabajar de un pueblo como el vasco deba hacerse depender de conceder privilegios fiscales a inversores extranjeros. En tiempos de tanta ciudadanía indignada y de tanto político buscando soluciones milagrosas que no requieran intervenir sobre los privilegios de los poderosos, quizá podríamos patentar la receta: “nacionalismo globalizador a la vasca”.

Dice el artículo 10.2 de la Constitución española que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Entre estos, resulta especialmente relevante el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que interpreta el Tribunal de Estrasburgo. La doctrina de este tribunal es fundamental para entender cuáles son los límites y las limitaciones admisibles de esos derechos. En materia de libertad de expresión, este tribunal ha ido conformando a lo largo de décadas una doctrina que constituye una pequeña joya de la racionalidad jurídica, por su exquisita valoración de los confines en los que termina la libertad de expresión y comienza el posible delito. Pues bien, el Tribunal Constitucional español, o mejor dicho, su sector mayoritario, se resiste a aplicar dicha doctrina, provocando con ello la condena repetida del Reino de España.

El tirón de orejas que dio Estrasburgo a España en el caso Otegi no ha servido para que el Constitucional rectificase. De nuevo el caso de la quema de retratos del rey se tradujo en una sentencia “de brocha gorda” que ha provocado otra condena europea. Lo triste del caso es que la “manca di finezza” de la corte española no se debe al desconocimiento del Derecho. Si leemos los fundamentos jurídicos de la sentencia, podemos ver que el tribunal parte de unas premisas acertadas para extraer de ellas unas conclusiones que las anulan.

El tribunal reconoce expresamente “el riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en el Estado democrático” y que “la formulación de críticas hacia los representantes de una institución o titulares de un cargo público, por desabridas, acres o inquietantes que puedan resultar no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público”. El tribunal va incluso más allá. Y afirma que “en nuestro sistema no tiene cabida un modelo de ‘democracia militante’, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución”. Son palabras textuales del Tribunal. En nuestro sistema no cabe la democracia militante. Justo lo contrario del mensaje que emiten continuamente los partidos que se autoproclaman “constitucionalistas”. Mensaje que sería “antisistema” o al menos ajeno al sistema, si seguimos al pie de la letra lo que dice el Constitucional.

A partir de dichas premisas, la conclusión natural resultaría evidente. Es preciso proteger la libertad de expresión de los excesos punitivos. Pero lo sorprendente es que el tribunal deduce justo la contraria, colocándose él mismo en ese ámbito de la “democracia militante” previamente rechazado, tal y como, con muy buen criterio, advierte en su voto particular la Magistrada Adela Asua: “...mi discrepancia se proyecta sobre los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la Sentencia, momento en el que la aplicación del canon y de los criterios definidos en los fundamentos precedentes los somete a una reformulación que los convierte en irreconocibles”. Hablando en plata: de esas premisas no se deriva esa conclusión, sino la contraria.

¿Y cómo hace el tribunal para justificar esta quiebra de la lógica, especialmente después del varapalo del caso Otegi? Pues, visto que Estrasburgo reconoce un amplísimo espacio para la crítica a los cargos políticos e institucionales y que excluye que los jefes de Estado tengan una protección penal reforzada frente a las ofensas, lo que hace es recurrir a una limitación prevista para un supuesto distinto y aplicarla al caso con calzador. Se trata del discurso del odio. Como Estrasburgo no me permite sobreproteger a las instituciones de la crítica política, ni sobreproteger al jefe del Estado de las injurias por encima de las demás personas, lo que hago es intentar llevar el caso al ámbito del “discurso del odio”, para legitimar una mayor restricción de la libertad. Ello requiere retorcer mucho el argumento, para presumir que quien está quemando una fotografía está impulsando el odio y que lo está haciendo no sólo hacia la institución monárquica, sino también hacia la persona concreta que ostenta el cargo institucional, y no de cualquier forma, sino hasta el extremo de incitar a su muerte.

Estrasburgo ha rechazado la desquiciada argumentación. El discurso del odio protege frente a actos que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia. Pero otorga una protección reforzada precisamente a las minorías más vulnerables, que son, en consecuencia, las más necesitadas de protección; y no a personas que poseen ya de por sí una posición institucional privilegiada, como es el caso del rey.

¿Servirá de escarmiento para el Constitucional esta nueva condena a España? Visto lo visto, cabe albergar serias dudas.

*Roberto Uriarte es profesor de derecho constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

El Estado de Michigan ha exigido a un preso que pague su estancia en prisión con los ingresos de un libro que ha escrito en concepto de “reembolso parcial por los costes de los cuidados del procesado mientras estaba en prisión”. El caso tiene un interés suficiente para generar un debate específico, pero lo traigo aquí a colación sólo porque plantea de forma descarnada algo que, a pesar de ser evidente, no suele tenerse en cuenta cuando se habla de la cárcel: que se trata de un servicio público que ofrece el Estado y que tiene un coste elevadísimo que deben pagar a escote los contribuyentes.

Siendo esto así, ¿no es sorprendente que las mismas personas que no pierden oportunidad de erosionar los servicios públicos, acusándolos de ineficiencia y de unos costos inasumibles no dejen de reivindicar el código penal como panacea para casi todos los males de nuestra sociedad?

Día a día se van introduciendo nuevos delitos en el código penal, día a día se van agravando las penas de los delitos existentes, día a día crece la confianza social en las soluciones punitivas a los problemas sociales. Día a día ingresan en prisión “tuiteros”, raperos o independentistas catalanes. Seguimos con la “prisión permanente revisable”, que no es otra cosa que la restauración de la cadena perpetua. Pero nada es suficiente para saciar el ímpetu punitivo de quienes se proclaman sucesores ideológicos del liberalismo, pero tienen una habilidad pasmosa en hacer al menos tres excepciones en su empeño por adelgazar el Estado: la cárcel, la policía y el ejército.

El Gobierno español se ha comprometido recientemente con la OTAN a incrementar en más de un 80% su actual gasto militar en los próximos siete años, hasta rondar los 18.000 millones de euros. ¿Cuantas personas autoproclamadas liberales se han quejado? Las mismas que se quejan cuando el gobierno interviene sobre el mercado para rescatar a los bancos o a las autopistas.

El Estado español gasta tres millones de euros al día en mantener a las 57.000 personas que cumplen condena en sus centros penitenciarios. ¿A cuantos autoproclamados liberales se ha oído cuestionar el gasto público en el sistema penitenciario? ¿A cuantos poner en cuestión la eficiencia de ese servicio? ¿Cuantos se preocupan de en qué medida consigue la cárcel ser un instrumento adecuado para obtener el resultado de la reinserción social, de reeducar al preso pero que no vuelva a delinquir, de reducir, en fin, la actividad delictiva y garantizar una mayor seguridad pública? ¿Cuántos plantean la posibilidad de medidas alternativas a la prisión?

Como se puede advertir, las anteriores reflexiones no las planteo desde la divergencia en lo ideológico o en materia de valores. Olvidémonos de Foucault. Prescindamos incluso del hecho de que desde una perspectiva de democracia radical y en la medida en la que supone la privación del bien más preciado del ser humano, su libertad, la cárcel debe ser el último recurso, la última solución, cuando ya no queda otra solución. Y de que el Estado no está legitimado para privar a la persona presa de ningún otro derecho que los mínimos necesarios para restaurar el daño o impedir que se repita. El garantismo democrático exige que las restricciones de libertades y derechos sólo se ejecuten en la  medida mínima necesaria para garantizar las libertades y derechos de todos.

Aquí no pretendo ir tan lejos. No pretendo cuestionar los argumentos de quienes tienen una visión menos garantista del derecho penal. Simplemente, planteo unas interrogantes desde una perspectiva utilitarista. ¿Cómo pueden unas personas tan preocupadas por la eficiencia de cada euro que el Estado gasta en pensiones, en educación o en sanidad despreocuparse tanto de la eficiencia de cada euro que gasta en cárceles o en ejército?

Si se preocuparan realmente de lo que dicen preocuparse, observarían también que existe una relación estrecha entre el dinero que deja de gastarse en políticas “sociales” y el que se necesita gastar en seguridad, en policía y en cárceles. Es más: si observaran el mundo de una forma desprejuiciada, llegarían a la conclusión de que los países donde existe menor delincuencia y mayor seguridad no son los que tienen unas leyes más crueles, ni siquiera son los que porcentualmente gastan más en seguridad, sino los que poseen una mayor igualdad social, por haber practicado a lo largo del tiempo importantes políticas redistributivas.

En Estados Unidos, uno de los países con un sistema penal más severo y que aplica más penas de muerte del mundo, las cárceles están atestadas: más de un millón y medio de personas, sin contar a las que permanecen presas en centros del ejército y otros similares. Es el país con mayor número de presos del mundo y con mayor proporción de su población encarcelada. Y sin embargo, probablemente no exista otro país con un desarrollo económico equiparable que sea menos seguro.

Frente a datos tan abrumadores, no faltarán neoliberales que en lugar de abordar la cuestión de fondo, prefieran coger el rábano por las hojas y aplicar su receta habitual: reducir el gasto, privatizando el servicio. Cada recluso nos cuesta aproximadamente 2.000 euros al mes. Sabiendo lo que cuesta, por ejemplo, mantener a un anciano en una residencia privada y si añadimos los costos de unas medidas de vigilancia y seguridad enormes, ¿hasta dónde se nos iría la factura, incluso si obviamos los elementos de interés particular e incluso corrupción que suelen acompañar cualquier proceso de privatización?

En el otro extremo, Noruega es uno de los países más seguros del mundo. Sólo tiene 3.800 reclusos. 115 de ellos tienen el privilegio de entrar en la cárcel de la isla de Bastoy, un recinto autónomo y ecológico donde no hay rejas y que está volcado en la rehabilitación. Sólo una de cada diez personas que salen de Bastoy vuelve a reincidir.

En resumen: que los problemas sociales complejos, como lo es el de la delincuencia, no admiten atajos ni recetas mágicas. Y que desde luego, ni limitarse a cambiar la redacción de las leyes para hacerlas más estrictas, ni pretender adelgazar los servicios públicos son soluciones que funcionen en el mundo real. La seguridad sí está vinculada, en cambio, a las sociedades igualitarias y a las políticas públicas eficientes.

La importancia del 'caso De Miguel' es muy superior a lo que parece indicar la cuantía de lo recaudado por dicha trama, al menos si nos atenemos a las cifras que se manejan hasta ahora. De hecho, el caso supone en mi opinión un importante salto cualitativo en el mapa de la corrupción política en Euskadi.

Resulta difícil hacer una radiografía exhaustiva de la corrupción en las instituciones vascas. No ayuda el hecho de que en Euskadi no exista una Fiscalía especial anticorrupción, a pesar de que ha sido reivindicada de forma insistente por parte de distintas entidades, incluido el exfiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro. Tampoco ayuda el hecho de que la Unidad de delitos económicos de la Ertzaintza tenga adjudicados sólo 23 agentes de un total de 8.000. Si dividimos estos agentes entre los turnos de trabajo por jornada laboral y por provincias, resulta que en cada territorio histórico no hay más de un agente de guardia para encargarse de todos los delitos, no sólo de corrupción, sino en general de los delitos económicos. La falta de una Fiscalía especializada y la escasa dotación de la Ertzaintza son sólo dos datos, pero son sintomáticos de la voluntad política que subyace a la lucha anticorrupción.

Volvamos ahora al macrojuicio. Es evidente que su inicio se ha atrasado demasiado. Pero cuando uno escucha esta queja en boca de los responsables políticos del PNV, se le plantea si no creen que habría ayudado el que la investigación hubiera contado con más medios y colaboración. El raquitismo de la unidad de delitos económicos es responsabilidad directa del propio PNV. Además, ese mismo partido ha firmado importantes acuerdos con el PP, pero entre ellos nunca se ha contemplado la dotación de una Fiscalía anticorrupción en Euskadi.

Todavía más grave me parece que la defensa base su estrategia en el intento de anular las pruebas, extendiendo la sospecha de que no hay garantías de que la Ertzaintza no haya manipulado las grabaciones. ¿No se van a desmarcar los responsables políticos de la Ertzaintza de esta estrategia de cuestionar sin pruebas el buen hacer del cuerpo? ¿Qué ha quedado de la defensa del corporativismo a ultranza de la Ertzaintza y de las instituciones de autogobierno? Cubrir de sospechas la actuación de la Ertzaintza no parece lo más coherente desde el partido que dirige la consejería a cuyas órdenes actúa el cuerpo. Y yendo más allá, ¿realmente alguien cree que la Ertzaintza que dirige el PNV va a intentar manipular unas pruebas para imputar a una trama política de líderes del propio PNV? La misma preocupación por anular las pruebas de cargo parece indicar la contundencia de esas pruebas.

En todo caso, considero que el 'caso De Miguel' marca un antes y un después en la corrupción política en Euskadi. Al margen de las cuantías económicas que se barajan, no se trata de un caso más. Hasta ahora, la mayoría de los casos de corrupción destapados tenían la naturaleza de lo que se conoce como nepotismo o trato de favor a personas o a empresas vinculadas a las redes clientelares del partido en el gobierno. Y es evidente que en Euskadi las redes clientelares poseen una densidad específica. Ningún despacho de abogados, estudio de arquitectos o empresa de obras públicas de este país, por poner sólo unos ejemplos, desconoce algunas de la muchas prácticas de trato de favor que las administraciones vascas utilizan. Algo parecido sucede también con las puertas giratorias entre la política y las finanzas, que encuentran un actor privilegiado en el PNV.

Sin embargo, en algunos lugares del mundo y también de España, la corrupción política da un paso más adelante y constituye auténticas tramas organizadas en el seno de las instituciones políticas que articulan formas estables de extorsión económica, mediante la exigencia a las empresas de “mordidas”  a cambio de la adjudicaciones. Hasta el 'caso De Miguel' no había habido ninguna imputación por esta forma agravada de corrupción en las administraciones vascas. Y el PNV hacía gala de esa situación, que llevó a acuñar la metáfora del “oasis vasco”.

Unos meses más tarde de que Maragall hiciera público el cobro por parte de Convergencia del famoso “tres per cent”, se publicó la autobiografía de Arzalluz, en la que afirmaba que cuando llegas al poder, “empiezas a tener la posibilidad de que te den dinero…..ante lo cual se te abren dos posibilidades. La primera es exigir que te paguen un porcentaje sobre el precio total del encargo: te concedo esta obra, o te recalifico este terreno, o te encargo la fabricación de estos uniformes, o te asigno la contrata de tal o de cual, si tú pagas a mi partido el 4, el 5, el 8 ó el 10%”. La segunda posibilidad consiste en que “tú atribuyes estos trabajos conforme a la ley, por las vías de adjudicación establecidas, pero no ocultas a los empresarios que tu partido tiene necesidades que cubre con mucha dificultad….. Es más limpio y evita muchas corrupciones”. Estas palabras son ilustrativas de los criterios del que fuera máximo dirigente de un partido que ni siquiera se planteaba como hipótesis la posibilidad de resistirse a alguna de las formas de corrupción.

Pues bien, al margen de que el dinero acabara financiando al partido o en los bolsillos de sus miembros, este caso repite los elementos fundamentales de las principales tramas de corrupción de naturaleza mafiosa juzgadas en otros territorios. Y también la respuesta del PNV repite uno a uno los elementos de defensa que ha solido utilizar el PP o Convergencia: los líderes afirman que se trata de comportamientos individuales y que el partido no tiene nada que ver con ellos y que “a diferencia de los demás partidos” ha tomado todas las medidas en su mano desde el primer momento. Por supuesto que esas medidas se limitan a reunirse personalmente con los imputados y pedirles en un clima de camaradería que devuelvan el carné y asuman personalmente las consecuencias para no perjudicar al partido. Y mientras los dirigentes hacen eso, los medios de comunicación afines califican el proceso de montaje mediático contra el partido y ponen en marcha la maquinaria de cuestionar los comportamientos de la denunciante, de la Fiscalía, de la instrucción e incluso de la Ertzaintza.

En resumen, el hecho diferencial del 'caso De Miguel' es que indica que no todos en el PNV seguían los criterios de Arzalluz de optar por las formas más sutiles y sibilinas de la corrupción. Y una vez puestos a dar mordidas, ¿por qué iban a conformarse con el 3%?

La dirección de este diario me ha pedido una valoración del proceso que afronta Podemos de renovación de su dirección vasca. Intentaré ser lo más objetivo posible, aunque es conocida mi distancia respecto de la gestión de la dirección saliente. Nunca he sido favorable a las estrategias netamente populistas, como las que dicha dirección ha defendido y practicado. Del pensamiento populista creo que se pueden adoptar elementos correctivos, pero una estrategia estrictamente populista es incapaz de construir algo sólido y a largo plazo y menos aún en sociedades desarrolladas. Y siempre he defendido que en Euskadi no se dan las condiciones objetivas para una estrategia de ese tipo, ya que ni hay unas instituciones muy deslegitimadas, ni una cultura política débil, ni una sociedad civil poco organizada. Por eso creo que la dirección saliente de Podemos ha desarrollado una estrategia que no es la más acertada para una sociedad tan desarrollada y politizada como la vasca. Hacer política en Euskadi intentando agradar a todos y eludiendo tomar partido y posicionarse en cuestiones que pueden resultar impopulares puede hacer que no te salgan enemigos, pero te condena a la subalternidad.

Ese no es el único problema. Todos los teóricos del pensamiento populista, desde Laclau a Errejón o Mouffe, tienen claro que una estrategia populista exige un liderazgo fuerte, ya que se atribuye a la confianza en el líder la función de compensar la falta de concreción del programa político. La dirección saliente de Podemos ha intentado la cuadratura del círculo: una estrategia populista con un liderazgo débil y oscilante.

Visto el resultado electoral en las autonómicas y visto que en la asamblea Vistalegre II los partidarios de mantener estas estrategias no consiguieron imponerse, la dirección saliente abandonó su anterior beligerancia y asumió aparentemente la situación. Esto debería haber llevado a un proceso de revisión de lo andado y al diseño de una nueva estrategia para los próximos años. Por desgracia, no ha sido así.

Weber, y de forma más radical su discípulo Michels, teorizaron sobre la tendencia innata de las organizaciones a la burocratización y a ir sustituyendo los fines para los que nacieron por las necesidades propias de su supervivencia. Las organizaciones políticas pronto dejan de ser un medio para alcanzar determinados objetivos socioeconómicos y se transforman en un fin en sí mismas. No se me ocurre ejemplo más gráfico que el del actual PSE, desconectado del proyecto social que inspiró el surgimiento de la socialdemocracia y volcado casi en exclusiva en garantizar su supervivencia, fiada a gestionar parcelas de poder institucional, por marginales que sean.

Si Podemos Euskadi pierde la capacidad de autocrítica creo que corre el peligro de perder la conexión privilegiada que tenía con la sociedad civil y de caer en este tipo de dinámicas. No faltan datos preocupantes. No está siendo capaz de alterar la agenda y la hegemonía discursiva del PNV, ni de descolocar a los partidos tradicionales con iniciativas propias. Se mueve a rebufo de los demás, y especialmente, a rebufo de las necesidades de su grupo parlamentario de posicionarse sobre prioridades ajenas.

Mientras tanto, el PNV profundiza cada día con menos complejos en su agenda neoliberal y en el reforzamiento de sus pactos con el PP, consciente como es de las debilidades de las fuerzas de la oposición. Esta misma semana ha pactado con el PP una importante contrarreforma fiscal para Euskadi, con un tipo para las empresas que baja del 28% al 24%, lo que nos aleja de la que pagan los empresarios vascos de Iparralde (33%) y nos pone incluso por detrás de la española y la portuguesa (25%). La conversión reciente de ELA en una especie de oposición de facto al PNV me parece una prueba inequívoca de la debilidad que muestran tanto Unidos Podemos como EHBildu en la labor de limitar la agenda cada vez menos solapadamente neoliberal del nacionalismo conservador.

¿Será Podemos capaz de rectificar el rumbo y recuperar la confianza de la mayoría social vasca de progreso para liderar una alternativa a esas políticas neoliberales? El proceso electoral abierto supone una oportunidad. Creo que un cambio en el liderazgo es condición necesaria, pero no suficiente. Creo que es necesario también que la dirección que salga elegida haga un ejercicio profundo de autocrítica del camino andado y unas rectificaciones importantes tanto en la estrategia como en las prácticas políticas desarrolladas.

En el lado positivo de la balanza habría que poner el hecho de que Podemos Euskadi carece de mochilas históricas que hipotequen su futuro y que en su corta andadura, no ha cometido ningún error político irreversible. De forma que un liderazgo con mayor respeto y credibilidad y una estrategia más a pie de calle, menos acomplejada y seguidista, más decidida y ambiciosa, le podría permitir empezar a recuperar el espacio perdido.