La Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife tomó conocimiento, en sesión de 5 de noviembre de 2015, de un informe de los técnicos de esa institución insular en el que se concluía que el Ayuntamiento de La Laguna viene otorgando, desde hace una década, licencias urbanísticas en el ámbito del Conjunto Histórico contrarias a la Ley de Patrimonio Histórico Canario, concretamente infringiendo el trámite de la autorización previa del Cabildo. Esta infracción determinaría, nada menos, que la nulidad de todas y cada una de las licencias emitidas por el Ayuntamiento en estos últimos diez años.

Este informe venía precedido de otro elaborado por un grupo de profesores universitarios que coincidía con el realizado por la sección de Patrimonio Insular, al menos en lo que se refería a incumplimiento de aquella ley en las licencias de obras mayores en el Conjunto Histórico que no contaran con autorización previa. Según se recoge en el acta de aquella sesión de la Comisión Insular, este incumplimiento se producía a pesar de que el Cabildo había advertido reiteradamente a los responsables municipales de esta infracción. En virtud de ello la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, compuesta entre otros miembros, por historiadores, expertos universitarios y arquitectos especialistas en la materia, ha elevado propuesta para que la Gerencia de Urbanismo de La Laguna informe sobre aquellas licencias que se hayan otorgado sin autorización previa o conformidad del Cabildo, “con vistas a su análisis y, en su caso, su revisión de oficio”.

Una gran parte de estas licencias infringían además el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, entre otras cuestiones, en aspectos referidos a incumplimientos de los niveles de protección que aquel documento les otorgaba a los inmuebles sobre los que se autorizaban las obras. Por ejemplo, en algunos casos se consintieron obras que significaron la demolición casi total de inmuebles con grado de protección integral o protección ambiental; en otros casos se autorizó la destrucción de elementos protegidos de determinados inmuebles o del Conjunto Histórico, y también se concedieron licencias que autorizaban la ocupación privativa espacios libres públicos. De lo visto hasta ahora parece lógico deducir que muchas de estas licencias se concedieran sin la autorización previa del Cabildo, precisamente para que no existiera control externo que advirtiera de estas irregularidades.

Estamos asistiendo al descubrimiento del mayor caso de destrucción programada de los valores de un conjunto histórico excepcional como consecuencia de un irresponsable modelo de gestión que pivotaba entre los caprichos de una multinacional del sector y la incompetencia y el clientelismo de los responsables políticos municipales.

Pero cuando se sigue con la lectura de la exposición de motivos y se comprueba cómo se prodigan las ocurrencias, por ejemplo, cuando se afirma que en los momentos de expansión económica la balanza del desarrollo sostenible debe tender a la conservación mientras que “en un momento de crisis, la misma debe moverse hacia la generación de riqueza”, uno empieza a corroborar el nivel en el que está sumergido el nuevo Ejecutivo canario de CC- PSOE, y comienza a tener temores fundados de lo que puede uno encontrarse en el texto normativo.

Y el temor se asienta cuando se comprueba que, con esta propuesta de norma, el presidente del Gobierno canario ha decidido demoler, ya de manera definitiva, la construcción legal que nos hemos ido dotando desde hace más de quince años, reduciendo el valor de las directrices (que antes, por su propia naturaleza, desempeñaban un papel central); abandonando el principio de planificación previa frente a determinados proyectos lo que supone, como dice Ben Magec, planificar a golpe de ocurrencia; liquidando la Cotmac (aunque parece que el último borrador la resucita, no sabemos cuánto tiempo); eliminando la calificación territorial a la par que se otorga mayor permisividad de construcciones en el suelo rústico (nuestro recurso natural por excelencia) abriendo la posibilidad a los usos residenciales y turísticos. Nunca un presidente de Gobierno había entrado como elefante en una cacharrería con tanta soltura y desparpajo.

Se trata de la sempiterna versión local de las viejas fórmulas desreguladoras que, en los últimos años, se han ido introduciendo lentamente a través de diversas modificaciones legales y que ahora se intenta, de forma abrupta, dejar definitivamente instalada, a través de un menor control público en el proceso de elaboración del planeamiento y toma de decisiones territoriales, lo que, desde mi punto de vista, pone en grave riesgo nuestros recursos naturales. Por eso no está de más recordar que estos lodos territoriales en forma de borrador de proyecto de ley vienen de aquellos polvos que siempre fueron alegremente apoyados por PSOE-CC-PP.

En el fondo, con estas simplezas, el tripartito acredita que siempre ha carecido de un modelo de desarrollo sostenible para Canarias y esa incapacidad política la rellenan con ese mantra neocon de liberalizar el suelo (incluso el suelo rústico) para generar más crecimiento y que, pasado el tiempo, siempre acredita su fracaso económico y ambiental. No debemos permitir este retroceso, hemos desarrollado un modelo integrador desde la Ley de Directrices en el que hay que seguir profundizando, exigiendo mayores recursos (humanos y materiales) para consolidarlo, pero nunca abandonarlo por estos cantos de sirenas floridas. Si las fuerzas políticas y sociales de progreso fueran conscientes de lo que suponen estos cambios legales y se movilizaran en defensa del territorio, al presidente del Gobierno le auguro un calvario como el que sufrió con el PGO de La Laguna.

Partiendo de esta desigualdad “específica” canaria que recae sobre un elemento de primera necesidad, este órgano fiscalizador se cuestiona la actuación de nuestro Gobierno autonómico y, en nuestra isla, del Consejo insular de Aguas. El Tribunal de Cuentas les recuerda a los responsables políticos de estas instituciones que el establecimiento de criterios para la fijación de precios en materia de agua en Canarias corresponde por ley a la Comunidad Autónoma y que una vez definidos esos criterios, son los Consejos Insulares de Aguas los que pueden determinar precios máximos o de vigilancia especial para las transacciones y transporte de agua en las Islas, previa autorización del ejecutivo canario. El Tribunal de Cuentas advierte que es necesario aplicar estos mecanismos legales para eliminar situaciones oligopolísticas, recordando que nuestro ordenamiento jurídico ofrece alternativas, a través de la iniciativa pública, cuando se produzcan estas situaciones de oligopolio en los mercados de aguas.

Las conclusiones que arroja el informe de este órgano fiscalizador nos permite afirmar, por tanto, que el incumplimiento de nuestro sistema legal está generando una profunda desigualdad entre los canarios y el resto de los ciudadanos del Estado. Hasta tal punto el Gobierno canario ha mostrado una total indolencia en este asunto que, en el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, se ha llegado a exceptuar expresamente, entre sus competencias, “la fijación de los precios máximos o de vigilancia especial para las transacciones de agua que se celebraran en cada isla y para su transporte”, o sea la consejería competente, para no enfrentarse al oligopolio de los aguatenientes, se declara incompetente. Algo parecido puede predicarse de la desatención llevada a cabo por el Consejo Insular de Aguas y de la que es una buena carta de presentación el recientemente aprobado Plan Hidrológico de Tenerife.

El resultado de la irresponsabilidad de nuestras instituciones canarias supone que finalmente “el precio del agua en alta en Tenerife se determina en el mercado existente en la Isla, abonándose por las adquisiciones de agua las cuantías definidas en función de la oferta y la demanda en cada momento”.

Por último, este informe de fiscalización también denuncia que se produce una falta de control entre el agua adquirida y el agua facturada, lo “que no favorece la disminución del elevado porcentaje de pérdidas de agua sufridas” uno de los problemas ambientales más importantes de nuestra isla y que, por lo que denuncia el Tribunal de Cuentas, tampoco parece importarle en exceso a las instituciones canarias.

Poco importa que los mejores expertos mundiales nos hayan colocado entre los lugares del planeta con mayor potencialidad para desarrollar las energías limpias. Como Jeremy Rifkin, que afirmó en el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles organizado por la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria que “Canarias es la Arabia Saudí de las energías renovables y puede ser un modelo para el resto del mundo creando empleo y oportunidades”, añadiendo que nunca ha visto “un sitio tan idóneo como las Islas para apostar por las energías renovables” o como afirma Mark Jacobson, director del programa de Atmósfera y Energía de la Universidad de Stanford, “en España la industria de las energías renovables podría crear 182.000 empleos y que se evitarían las 27.000 muertes que provoca la contaminación cada año”.

Tampoco parece importarle a este trío de las Canarias las conclusiones del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife que reconocen que “Canarias es un laboratorio que debería convertirse en una auténtica punta de lanza en esta materia y apenas contamos con un 7% de implantación” lamentando el retraso en la apuesta por consolidar las energías limpias en Canarias, situación, a la que, sin tapujos, califican de “vergonzosa”.

Las antiguallas políticas que nos ha tocado en suerte están dispuestos a mandarnos al vagón de cola del desarrollo, alejarnos por décadas del objetivo de alcanzar el nuevo modelo energético que se está imponiendo en todo el planeta, incumplir con nuestra obligada contribución de lucha contra el cambio climático, entregar a las multinacionales eléctricas un elemento fundamental para nuestra prosperidad y perder la oportunidad para lograr la soberanía energética en nuestra tierra.

Estamos igual que en el siglo pasado cuando el exconsejero de industria, Francisco de la Barreda, afirmara a mediados de los años 90 que aquella Consejería “era una oficina de Unelco-Endesa, de CEPSA, de grandes superficies, de poderes fácticos”. Como se ve, y, nunca mejor dicho, nada nuevo bajo el sol.

Podemos se convierte en segunda fuerza política en el archipiélago, sube nueve puntos porcentuales respecto al resultado obtenido en las pasadas elecciones autonómicas al incrementar su apoyo en cien mil votos más. Si ya en las elecciones de mayo de 2015 los resultados de Podemos habían sido calificados de extraordinarios, el logro ahora obtenido por esta nueva organización política, todavía en pleno proceso de creación, sin apenas estructura en Canarias y con los media en plena campaña de hostigamiento, no tiene parangón alguno en la historia democrática de Canarias. En Santa Cruz de Tenerife son particularmente esperanzadores los resultados obtenidos por Podemos si observamos el apoyo que ha recibido esta organización política en los barrios más populares de nuestra ciudad, muchos de los cuales la han erigido a primera fuerza política. Por primera vez se rompe el hielo de la denostada tendencia clientelar que siempre caracterizó a estas zonas urbanas en los procesos electorales y se logra un voto popular que apoye en conciencia y con inusitada fuerza opciones transformadoras.

Otra de las novedades que ha experimentado nuestro archipiélago es que desde el 20 de diciembre nos gobierna en Canarias un presidente que pertenece a un partido político que sólo cuenta con un 8,24% de apoyo ciudadano, que ha sido relegado a la quinta fuerza política, totalmente marginal en la provincia de Las Palmas, y que ha estado a punto de desaparecer del panorama estatal al obtener, por los pelos, un acta de diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Los partidos con representación en nuestro Parlamento pueden continuar manteniendo un presidente con el menor número de apoyos populares de todo el Estado, engrosando, de esta manera, el anecdotario de nuestro breviario parlamentario que, en ocasiones, nos sitúa, como reza el eslogan, como Tierra Única, pero sería oportuno recordarles a los actuales representantes progresistas del Parlamento canario que este momento puede ser una oportunidad para buscar nuevas mayorías con la legitimidad del cambio que se ha producido en nuestra sociedad, lo que permitirá obtener un Ejecutivo que cuente con mayor apoyo popular, en un momento especialmente importante para acometer reformas en profundidad. En este sentido, no debemos olvidar que las elecciones generales han convertido a la izquierda en fuerza mayoritaria en una Comunidad Autónoma donde las sumas, hasta la fecha, siempre se habían inclinado en favor de las opciones conservadoras.

Esa nueva realidad debe tener reflejo en el Parlamento, y es responsabilidad de los representantes de las opciones progresistas en el hemiciclo ir rompiendo las tendencias paralizantes que tanto daño han hecho a nuestro archipiélago.

Es indudable que lo ya logrado por Podemos en este corto periodo de vida es extraordinario y digno de elogio. La recuperación de la política, el rearme democrático de la ciudadanía y la ilusión que ha despertado el mensaje de Podemos entre amplias capas de la población canaria, de una inusitada intensidad entre la gente joven –como tuvimos ocasión de comprobar recientemente en el mitin que tuvo lugar en la Universidad de La Laguna–, son claros ejemplos de que nos encontramos ante una de las coyunturas más interesantes, quizás la única que se nos presentará a muchas generaciones, para promover un cambio político profundo en nuestra tierra.

Pero es evidente que queda mucho por hacer. La velocidad con que ha crecido esta formación política le ha impedido sumergirse, con el debido reposo, en la compleja realidad de nuestra tierra, y, por las urgencias del cronómetro electoral, no ha sido posible establecer alianzas con otras fuerzas de progreso de Canarias que permitieran articular con mayor solidez el cambio indispensable que se preconiza. Después de las elecciones queda toda una vida para, con el impulso democrático de la ciudadanía, empaparnos de Canarias y lograr que los representantes de Podemos sean lo que están llamados a ser: la voz de los intereses del pueblo canario en Madrid. Para entregarles nuestra voz en Madrid es necesario que todos tomemos conciencia de que, para afrontar los retos de nuestra tierra, es preciso reconocernos como pueblo con plena capacidad para intervenir en nuestra realidad.

Primero tenemos que saber que es indispensable conquistar poder político suficiente para enfrentarnos a los más graves problemas que tenemos en materia de empleo, políticas sociales, educación, viviendas, soberanía energética y alimentaria, apertura a África, recursos naturales, etc. Algunas de las intervenciones de los máximos representantes de Podemos apuntan en esta dirección cuando hablan del reconocimiento de una realidad plurinacional, pero será necesario concretar cómo este reconocimiento de la diversidad del Estado se concreta en el caso de Canarias. En Sí se puede se ha reflexionado y avanzado mucho en este objetivo y será ocasión de debatirlo en los próximos meses.

Pero si importante es contar con un proyecto político propio para Canarias, también es necesario lograr la unidad de las fuerzas políticas de progreso en el archipiélago, elaborando y rubricando este proyecto de manera conjunta. Si logramos unir a todas estas formaciones sociales y políticas en un proyecto transformador para nuestra tierra, la voz del cambio político se oirá con más fuerza en los hemiciclos de Madrid y, lo más importante, en toda Canarias. Con esa esperanza apoyamos desde Sí se puede a Podemos.