Julián Ayala Armas y Luis Pérez Serichol son presidente y vicepresidente de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias

El 7 de abril se conmemoró el Día mundial de la Salud y la Sanidad. Su relevancia ha sido, en esta ocasión, muy especial por la excepcional situación que atravesamos y por lo que esta nos está enseñando. Con frecuencia representantes de instancias oficiales se llenan la boca, declarando que España tiene uno de los mejores sistemas públicos de salud, y es posible que sea así, que tengamos un buen modelo sanitario, basado en la sanidad universal financiada por el Estado, con excelentes hospitales y mejores profesionales.

Sanidad devastada.

Sin embargo, hemos podido constatar, tristemente, que no es oro todo lo que reluce. La pandemia ha puesto de relieve las graves carencias del sistema sanitario español, consecuencia de las políticas de privatizaciones, que a partir del ya lejano año 1991 fueron eliminando los aspectos progresistas recogidos en la Ley General de Sanidad promulgada por el PSOE de Felipe González en 1986, que sobre el papel no permitía la entrada de empresas privadas en la sanidad pública.

Este lento proceso de deterioro tomó carta de naturaleza a partir de la Ley 15/1997 aprobada conjuntamente por PSOE, PP, CIU, Coalición Canaria y PNV que, con el pretexto de “modernizar la sanidad”, permitió la entrada de todo tipo de empresas privadas lucrativas en la gestión sanitaria pública, dando lugar al progresivo desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, acelerado con las políticas del PP y otros partidos (Coalición Canaria en nuestra Comunidad) antes, durante y después de la crisis de 2008, con la consiguiente reducción de centros (los hospitales del Norte y del Sur siguen en el limbo), camas, personal y medios, cuyos efectos nocivos se han puesto de manifiesto en la actual crisis del coronavirus.

Para centrarnos solo en algunos casos más significativos, resulta deplorable observar cómo el personal sanitario se ha tenido que enfrentar a un virus tan contagioso con una gran carencia de medios.

El resultado es que 20.000 de ellos se han infectado por falta de equipos de protección individual (EPI) y algunos incluso han fallecido. Concretamente en Canarias, el número de sanitarios que han dado positivo por coronavirus supone un 20% del total de contagios.

La industria sanitaria se ha depauperado hasta el punto de no poder garantizar mascarillas para los trabajadores y trabajadoras de la salud y mucho menos para el conjunto de la población. A más de dos meses del inicio de esta crisis, seguimos en la misma situación, y eso en un país con los recursos económicos que tiene España.

No podemos dejar de señalar también la carencia de material esencial para el tratamiento de los pacientes, como los necesarios y escasos respiradores, que han obligado a los facultativos, en casos puntuales, a decidir a qué enfermos se les debía aplicar.

Las personas mayores, las más afectadas.

En el Día Internacional de la Salud y la Sanidad, queremos llamar también la atención sobre la situación de las personas mayores ingresadas en residencias. Ya han muerto, según los inciertos recuentos de hace unos días, más de 3.600, aunque posiblemente la cifra sea mucho mayor, porque la información transparente brilla por su ausencia, los datos no están centralizados y cada comunidad informa como y cuando quiere.

Pero sí hemos podido acercarnos al conocimiento de lo que ocurre detrás de esas paredes. El 75% de las residencias de mayores en nuestro país son privadas (un 87% en Madrid), y la mayoría de ellas pertenecen a fondos buitre de inversión, los mismos que desahuciaron y siguen desahuciando a muchos miles de personas de sus viviendas.

Esos fondos de inversión, sobre todo franceses, pero también británicos, no han venido a invertir en residencias de mayores por su vocación de cuidado a las personas dependientes, sino por ganar dinero. España es un país con una gran longevidad y esas multinacionales han visto aquí un nicho de negocio seguro.

El resultado está siendo desastroso para las personas alojadas, hasta el punto de que el número de muertos en esas residencias supone un 30% del total de fallecidos por el covid-19 en todo el país. Esto se debía haber prevenido y evitado.

En Canarias, el número de residencias privadas no es tan alto como en la Península, alrededor de un 46% del total de las plazas existentes, pero las largas listas de espera evidencian que la oferta pública no está cubriendo las necesidades y va cediendo terreno al negocio privado.

También hay que tener en cuenta que buena parte de las residencias públicas son de gestión privada, con lo que no es aventurado suponer y las denuncias al efecto lo confirman, que, al igual que sucede en otros lugares, la lógica del beneficio prima muchas veces sobre la atención que merecen las personas.

Las evidencias sobre las malas condiciones de vida de las personas ingresadas en esas residencias y sobre la falta de medios y de personal con formación adecuada para cumplir sus funciones son numerosas, pero las administraciones hacen oídos sordos.

La Comunidad de Madrid es la más afectada por los decesos y el Gobierno Autonómico (integrado por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox) se ha negado sistemáticamente a aceptar las comisiones de investigación exigidas por la oposición en numerosas ocasiones, a partir de las denuncias de sindicatos y personal de los centros sobre el mal funcionamiento de muchas de las residencias, ahora puesto en evidencia por la pandemia.

Lo de Madrid es una catástrofe evidente atribuible sobre todo al PP, que gobierna esta Comunidad desde 1995 hasta la actualidad. Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes —todos sometidos a investigación judicial por los numerosos casos de corrupción en los que aparecen implicados— fueron los antecesores de la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Durante estos años, especialmente durante la crisis de 2008, la Comunidad madrileña fue líder de recortes y privatizaciones en sanidad y hoy registra el trágico ranking de ser la Autonomía con menor inversión sanitaria por número de habitantes y mayor privatización de hospitales y residencias de mayores. Pero no es solo Madrid; pocas comunidades autónomas españolas saldrían bien paradas de una inspección seria. Los cadáveres de ancianos localizados por la Unidad Militar de Emergencia no se han encontrado únicamente en la capital de España.

Prepararnos para la guerra de clases que vendrá.

La alarma pasará y todos nos felicitaremos por lo bien que hemos sorteado la pandemia y, como los chinos, homenajearemos a los sanitarios que nos han cuidado, a los farmacéuticos, a los trabajadores de los comercios de alimentación, a las limpiadoras…

Todos y todas habremos tomado conciencia de la importancia de disponer de unos servicios públicos universales y de calidad, pero si no aprovechamos esa conciencia recién adquirida para crear organismos y plataformas ciudadanas que enfrenten con resolución y firmeza los años de crisis que vendrán, cuando la pandemia deje de ser nuestra principal preocupación, volverán los recortes y las privatizaciones.

A poco que bajemos la guardia, esa exigua minoría de grandes empresarios capitalistas sin conciencia, para los que la acumulación de riqueza está por encima del bienestar general y, como constatamos ahora con claridad, también por encima de la vida, no cejarán en su intento de hacernos pagar la crisis a las clases trabajadoras y medias, a los pensionistas, a los jóvenes subempleados, a los parados y paradas, a los inmigrantes con y sin papeles, a los marginados y excluidos sociales, a las clases subalternas en general.

Esa minoría expoliadora no cejará nunca en su ambición. Ni tampoco sus testaferros y mamporreros: la ultraderecha política y social y sus medios de prensa afines, que ya desde hoy, con sus ataques desaforados al Gobierno de coalición PSOE-UP, están preparando el terreno para la guerra de clases que vendrá.

“No volveremos a la normalidad, porque la normalidad es el problema” escribió alguien especialmente consciente en una pared, durante las pasadas protestas en Chile. No hay normalidad a la que volver cuando la pandemia se controle, porque esa normalidad nos ha llevado a la situación que sufrimos hoy. A la gente de abajo nos toca inevitablemente crear una nueva normalidad, que tenga en cuenta por encima de todo la noción y el objetivo del bien común. Utópico, pero no imposible. Nos va la vida en ello.

La no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que, aunque insuficientes, recogían una serie de medidas paliativas de la situación de miseria de más de la mitad de las y los pensionistas españoles, ha dejado las cosas en el mismo punto en que las dejó M. Rajoy cuando fue descabalgado del poder.

Entonces dijimos que las medidas pactadas entre PP y PNV para 2018 y 2019 eran una victoria parcial de las movilizaciones de millones de pensionistas y trabajadores en todo el Estado, pero constituían también un mercadeo político, donde se utilizaba como moneda de cambio cuestiones tan vitales como las pensiones de más de nueve millones de personas mayores.

ESTAMOS EN LAS MISMAS. Hoy estamos en las mismas. Aunque con medidas parciales que consideramos justas, como la subida del salario mínimo a 900 euros y la reimplantación del subsidio a las trabajadoras y trabajadores en paro mayores de 52 años, siguen sin abordarse las cuestiones de fondo que permitan la viabilidad futura y sostenible del sistema público de pensiones, e incluso se ha intentado devaluar en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo una reivindicación tan clara y ajustada a la realidad como la revalorización de las prestaciones según el IPC real. El Pacto de Toledo ha cerrado en falso sus trabajos ante la firme oposición de Unidos Podemos y Esquerra Republicana. Todos los demás partidos (incluso el PSOE, que en la oposición prometió defender esta reivindicación) estaban por considerar, junto al IPC, otros aspectos encaminados a rebajar la subida anual de las pensiones por debajo de la inflación.

Esto es sólo una muestra de las verdaderas intenciones de los sectores dominantes en nuestro país, que solo se han preocupado estos años de crisis de aumentar los beneficios de los grandes consorcios financieros, sumiendo en la pobreza a las mayorías sociales, aumentando las desigualdades a base de reformas y recortes de servicios públicos y redoblando sus esfuerzos para destruir el sistema público de seguridad social y facilitar así su privatización.

DISTRIBUIR LA RIQUEZA. El sistema de reparto debe ser la base de un sistema de pensiones público, sin embargo, tal como está planteado, no garantiza por sí solo la financiación de las pensiones actuales y la viabilidad de las que se están generando. Al contrario, la existencia de pensiones de miseria que no permiten una vida digna a sus perceptores/as, cuando el país produce riqueza suficiente para evitarlo, pone en primer término la necesidad de que sean los Presupuestos Generales del Estado quienes garanticen las prestaciones -sin eliminar cuotas sociales de trabajo-, mediante un reparto equitativo a través de impuestos de la riqueza que genera la masa productiva del país, aplicando si fuera necesario el artículo 128 de la Constitución (1).

Por otra parte, la apuesta política por un sistema público de pensiones implica que el Gobierno no impulse planes privados en sus distintas modalidades, por tres razones: 1) mermaría la Caja Única de la Seguridad Social, 2) bajarían las pensiones de quienes no puedan suscribirlos, y 3) las desgravaciones fiscales de dichos planes disminuirían los ingresos públicos.

REFORMA FISCAL. Es necesaria e ineludible una reforma fiscal progresiva y justa para que quienes tengan más recursos económicos, fundamentalmente las rentas del capital. ¿Si la riqueza española se distribuye en torno a un 46% en rentas del trabajo y un 54% en rentas de capital, por qué el 75% de los impuestos se pagan por IRPF e IVA, es decir, lo pagan los consumidores y los trabajadores, y no llega al 25% lo que paga el capital? Con este planteamiento hay que hacer una reforma fiscal integral, para sostener las pensiones y también el resto de servicios públicos.

A VUELTAS CON NUESTRA TABLA REIVINDICATIVA. Por repetida, no podemos dejar de recordar que muchas de nuestra exigencias siguen perdidas en algún recóndito cajón del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por ello seguimos demandando la derogación de las reforma de las pensiones de 2011 y 2013 que contiene el diabólico factor de sostenibilidad, que penalizará a los pensionistas a medida que su edad aumente; así como las sucesivas reformas laborales que han precarizado el trabajo, disminuido los salarios y vulnerado los derechos sindicales. También han desoído nuestra exigencia de establecer la edad de jubilación a los 65 años o que las pensiones mínimas, no contributivas y de viudedad suban hasta los 1.084 euros al mes que recoge la Carta Social Europea.

Es inadmisible que no se haya hecho nada para que se cierre la injusta y vergonzosa brecha de género en la pensión media, que es del 38% inferior en las mujeres. Seguimos reclamando que se derogue definitivamente el copago farmacéutico y se vuelvan a introducir los medicamentos retirados del sistema de la Seguridad Social y que la reiteradamente incumplida Ley de Dependencia se dote de las suficientes partidas económicas para desarrollarla en toda su extensión, para que no vuelva a repetirse la sangrante injusticia de ver cómo, desde el 2011 hasta la actualidad, más de 126.000 personas dependientes murieron esperando su prestación y otras 384.000 permanecen en lista de espera sin ser atendidas pese a tener reconocido el derecho.

Por último, que se abra un debate en profundidad sobre la viabilidad del sistema público de pensiones con la participación de las organizaciones de trabajadores y de pensionistas, incluida nuestra Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, como paso previo a la puesta en marcha de la legislación que garantice la sostenibilidad del sistema con unas pensiones dignas y suficientes.

Es de justicia.

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(1) Art. 128 CE: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica”.

*Presidente de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias

La sentencia emitida estima el recurso contencioso-administrativo que interpuse, declara que el acto administrativo impugnado no es conforme a derecho, anula le resolución recurrida y condena al Ayuntamiento al pago de las costas con el límite máximo de 300 euros.

Contra la sentencia no cabe recurso de apelación.

UN MONTAJE. Aunque el fallo judicial se basa en la concurrencia de una serie de irregularidades en la tramitación del expediente que afectan directamente al derecho de defensa del recurrente, sin entrar a valorar las alegaciones de este, considero que aquel es el resultado lógico de todo un montaje en el que están implicados como autores directos los policías locales 10137 y 12173, que firman tres actas de infracción manifiestamente falsas fechadas el 15 de diciembre de 2016; la comisaria de la Policía Municipal, Carmen Delia González Martín, que traslada dichas actas al Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, especialmente, el concejal delegado de dicho área, Dámaso Arteaga Suárez, que ordena iniciar el expediente sancionador y nombra instructor del mismo al jefe de la Sección de Soporte Administrativo y Control de Servicios Públicos, Pablo López Armas.

El problema empieza –tal vez casualmente, pues igual podían habérselo endosado a otro– con mi identificación por dos policías locales el 19 de diciembre de 2016, cuando, en unión del profesor universitario Santiago Pérez García, acababa de dar una rueda de prensa a las puertas del Parlamento de Canarias, donde criticamos el proyecto de Ley del Suelo que en esos momentos se tramitaba en la Cámara autonómica. Además de los datos del DNI, los agentes me pidieron un teléfono de contacto y yo, que en ese momento carecía de móvil, les di el fijo de mi domicilio, que no figura en el listín telefónico. Cito este dato, porque aparece en las actas de infracción, lo que me reafirma en la creencia de que los autores de estas actas falsas fueron los policías que me identificaron.

Casi un año después de este hecho, el 23 de octubre de 2017, recibí la notificación del decreto de incoación de expediente sancionador por haber fijado carteles de propaganda (la convocatoria de la manifestación contra la Ley del Suelo que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2016) en tres vías de la ciudad donde, según el artículo 7 de la Ordenanza de Paisaje Urbano, está prohibido hacerlo. El decreto establecía como propuesta de sanción una multa de 60 euros por considerar la infracción como leve.

CONTRADICCIÓN EN LAS ACTAS. En las alegaciones siguientes hice constar la existencia de contradicción en las tres actas de infracción levantadas por los agentes; contradicción consistente en que en ellas se consignaba simultáneamente que fui identificado y que estaba ausente, por lo que no pudo dárseme a firmar ninguna.

¿Cómo llegaron a la conclusión de que fui yo quien colocó los carteles, si no me sorprendieron colocándolos? Misterio. La única prueba de mi autoría es lo que dicen los propios agentes actuantes en un informe que dirigen a la comisaria del cuerpo: “Los policías que suscriben informan a usted que en funciones propias del servicio y al observar publicidad en mobiliario urbano en diferentes zonas del centro se comunican con responsable de la manifestación para que retirara dicha publicidad, bajo apercibimiento de levantar acta por las infracciones observadas, pasado quince días, se procede al no ser retirada la publicidad en lugares no autorizados, se levanta actas según Ordenanza de Paisaje Urbano”.

Mentira evidente, pues aparte de que yo no fui el “responsable de la manifestación”, que fue convocada por la Plataforma Canarias por un Desarrollo Sostenible, integrada por más de doscientas personas pertenecientes a organizaciones ecologistas, sindicatos y partidos políticos, así como ciudadanos y ciudadanas a título individual, ningún policía se puso en contacto conmigo para indicarme nada referente a dicha publicidad.

La realidad fue, como he indicado más arriba y así hice constar en las alegaciones, que se me identificó cuando realizaba un acto legal, el 19 de diciembre de 2016, y se utilizó esa identificación para achacarme una serie de acciones ilegales, de las que, supuestamente, los policías habían levantado actas cuatro días antes. Todo un montaje para reprimir la legítima protesta ciudadana contra una ley que va a convertir el territorio de las islas en materia de especulación y negocio inmobiliario. Abunda en esta certeza el hecho de que el informe policial y las actas fechadas el 15 de diciembre no fueron enviadas al concejal responsable por la comisaria de la Policía hasta el 19 del mismo mes, exactamente a las 14 horas y 12 minutos, como consta en el expediente; es decir, dos horas después de mi identificación a las puertas del Parlamento. En la fase probatoria, quizá hubiera solicitado que alguien explicara esta falta de diligencia, que de todas maneras no es lo más importante en el embrollo fraudulento del expediente sancionador.

Por todo ello solicité el archivo del expediente y, en caso de que la solicitud fuera desestimada, la apertura de una fase probatoria para ejercer mis derechos de defensa.

CATÁLOGO DE DESAFUEROS. Sin embargo, el funcionario instructor del expediente y el concejal responsable no se dieron por aludidos, pues ni trasladaron a los agentes denunciantes mis alegaciones, para que emitieran el obligatorio informe de ratificación, ni se pronunciaron formalmente sobre la admisión o no de la prueba presentada, ni procedieron a la apertura de la fase probatoria.

Todo ello debió haberse efectuado, según la ley, antes de la propuesta de resolución, que recibí el 1 de diciembre de 2017. Esta propuesta, naturalmente, no tuvo en cuenta para nada las alegaciones presentadas, pues se limitó a citar como único fundamento de la sanción el artículo 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 52 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que en ambos casos recoge, la presunción legal de las denuncias, atestados o actas formuladas por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones. “De lo que se deduce que dicho acta tiene presunción de veracidad”.

Todos estos desafueros me colocaron en la situación de indefensión a la que se refiere el juzgado, que, por ello, estimó el recurso y dictó la nulidad del procedimiento administrativo.

RIZAR EL RIZO DEL ESPERPENTO. Pero hay más. Mis alegaciones a la propuesta de resolución les hicieron caer en la cuenta del patinazo cometido al no haber recabado la ratificación de los agentes ni realizado prueba alguna, especialmente sobre los extremos que, según los policías denunciantes, me fueron informados telefónicamente.

Para intentar tapar la chapuza solicitaron –fuera ya del tiempo habilitado para ello– un informe de la Policía Local, que me fue comunicado el 7 de marzo de 2018. Dicho informe riza el rizo del esperpento, pues los policías denunciantes, verdaderos émulos de Torrente, el brazo tonto de la ley, que popularizó hace unos años el cineasta español Santiago Segura, afirmaron lo que copio textualmente, respetando incluso las incorrecciones gramaticales:

“Nos ratificamos en los hechos denunciados, lugar y hora.

Para la localización e identificación del denunciado y adjudicarle la autoría se realizan varias gestiones para llegar a esta conclusión.

Nos comunica la Subdelegación del Gobierno que el responsable como organizador de la manifestación y presidente de dicha organización es el que nos refiere.

Puestos en contacto telefónico con el mismo e informarle de la prohibición de colocar publicidad en mobiliario urbano y tratándose de un acto sin ánimo de lucro, se le da un plazo de diez días para que retire la publicidad que se ha observado en varios puntos de la capital en mobiliario urbano y fachadas no autorizadas. Comunicándonos que efectivamente él es el responsable, pero que hasta que no retiren las microalgas o pague algún responsable él no va a hacer nada.

Transcurrido el plazo establecido se procede a levantar acta“.

Y se quedaron tan panchos, sin caer en la cuenta de que esta supuesta conversación era imposible que se hubiera producido en diciembre de 2016, pues el fenómeno de las microalgas, que también fue causa de una gran manifestación ciudadana, se produjo durante el verano de 2017.

No obstante, Dámaso Arteaga, igual de velillo y mentiroso que los dos “brazos tontos de la ley”, no tuvo el menor reparo en firmar el decreto de resolución y concluyó multando a un ciudadano inocente con 60 euros. Sin cortarse y por la jeta, que para eso es el concejal delegado del Área de Gobierno de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos. El puto amo, vamos. (¡Dios nos coja confesados!)

PINCHAR EN HUESO. Pero esta vez el ilustrísimo señor pinchó en hueso. Quizá tuvo la idea de que darle un pequeño escarmiento a un perroflauta o “terrorista social de los que se oponen a todo” nunca está de más y la ocasión la pintan calva. A mí los 60 euros me la traen al pairo; si don Dámaso los necesitara para sus tareas de Bienestar Comunitario no me hubiera importado donárselos (y más incluso). Lo que me repateó el ánimo y me hizo perder mi tiempo, refutando los enredos y faramallas de estos badulaques, hasta el punto de presentar un recurso contencioso contra la sanción, no fue la cuantía de esta, sino el atropello y abuso de poder de que hicieron gala unos responsables municipales, que confunden el Ayuntamiento con su finca privada y la política municipal, que debe estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, con la represión de las personas que, legítimamente, pueden no estar de acuerdo con algún proyecto emanado de los poderes públicos afines a quienes gobiernan la corporación.

CODA PARA GENERAL CONOCIMIENTO. Ingresé en la honorable cofradía de perroflautas cuando el viejo genocida estaba todavía pescando salmones y firmando sentencias de muerte, y si entonces no me resigné a las arbitrariedades del poder, mucho menos lo voy a hacer ahora, viejo, peleón y con el colmillo más retorcido que un jabalí asilvestrado. Que lo tengan en cuenta los mandamases y caciquillos de tres al cuarto, como estos que fueron por lana y salieron trasquilados. Es un aviso.

CENIT DE LOS CONFLICTOS. Esta etapa de conflictos sociales tuvo su cenit en los meses de octubre, noviembre y principios de diciembre de 1977, con las huelgas de Transportes de Tenerife y de las empresas tabaqueras, así como la del Frío Industrial, del puerto de Santa Cruz; en total, más de cinco mil obreros y obreras movilizados por subidas salariales y mejores condiciones de trabajo. Estos conflictos parciales desembocaron en la convocatoria de una huelga general el 12 de diciembre, en el transcurso de la cual fue asesinado por la Guardia Civil el estudiante universitario Javier Fernández Quesada, lo que dio lugar a disturbios sociales similares a los de septiembre de 1976, por el asesinato, también a manos de la fuerza pública, del estudiante de Magisterio Bartolomé García Lorenzo en la barriada de Somosierra, y a una represión inusitada por fuerzas especiales de policía, traídas ex profeso de la Península, que aplastaron con una violencia insólita las protestas populares.

Pues bien, fue en este contexto donde un año más tarde, del 22 al 27 de diciembre de 1978, tuvo lugar la huelga de los trabajadores del sector turístico de Tenerife, que coincidió en el tiempo con la de los empleados del turismo en las islas de Gran Canaria y Lanzarote. Es decir, la huelga se extendió prácticamente a todo el sector turístico del Archipiélago con la participación de más de 12 mil trabajadores y trabajadoras.

Voy a centrarme solo en la huelga de Tenerife, pero antes creo necesarias algunas puntualizaciones sobre el contexto general en que se producen estos conflictos.

LOS PACTOS DE LA MONCLOA. Las vicisitudes políticas de la transición estuvieron acompañadas en todo el Estado español, y concretamente en Canarias, por un recrudecimiento de la crisis económica, que tuvo su origen en 1973 con la primera crisis del petróleo. Las consecuencias en una economía débil, como la española de los últimos años del franquismo, fueron importantes: restricciones de empresas industriales (en Tenerife concretamente hubo una importante huelga en el sector del metal), subida del desempleo, bajada sensible del turismo extranjero (como consecuencia de la crisis europea), casos de fuga de capitales y una gran inflación, que llegó a superar el 26% a mediados de 1977.

Los empresarios, por su parte, acostumbrados al corporativismo e intervencionismo que presidían las relaciones económicas y sociales durante la dictadura, recelaban de la nueva situación política y de los nuevos interlocutores sociales, los sindicatos de clase.

La superación de este grave panorama, desde la perspectiva de la adecuación de los sistemas económico y político a los nuevos tiempos, se hizo a través de los llamados Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977, por el Gobierno, los partidos del arco parlamentario, entre ellos UCD, PSOE y PCE (las primeras elecciones habían sido el 15 de junio del mismo año), las asociaciones empresariales y los sindicatos CC.OO. y UGT. Esta última los había rechazado al principio, pero llamada al orden por el PSOE, entró después por el aro. No así la CNT, que no firmó los acuerdos y fue condenada al ninguneo por los poderes constituidos.

Aparte de los derechos políticos (reunión, asociación, libertad de expresión y de prensa, etc.) se reconoció el derecho de asociación sindical, se instituyó el despido libre para un máximo del 5% de la plantilla de las empresas y se puso un límite al incremento salarial que se fijó en el 22%, la inflación prevista para 1978 (más de cuatro puntos por debajo de la existente en aquel momento, que era del 26,39%). Este tope fue uno de los principales obstáculos que puso la patronal en las negociaciones que dieron lugar a la huelga de la hostelería canaria.

NEGOCIACIONES Y RUPTURA. Las negociaciones del convenio colectivo habían empezado en las primeras semanas de diciembre, sin que hubiera avances significativos debido a lo dispar y contradictorio de las posiciones enfrentadas. Los sindicatos con presencia en hostelería eran la UGT, CC. OO., CNT y principalmente la FCSU (Federación Canaria de Sindicatos Unitarios), surgida de la escisión de un numeroso sector de militantes de las todavía ilegales CC.OO. Canarias, opuestos a la conversión de Comisiones en un sindicato clásico, tal como se acordó en la Asamblea de Barcelona de 1976, donde se abandonó el carácter de movimiento sociopolítico que la organización había tenido hasta entonces. La FCSU, un sindicato autónomo, con gran presencia en la hostelería tinerfeña y desvinculado de los acuerdos de La Moncloa, fue la punta de lanza del movimiento obrero asambleario que llevó a buen término la huelga y las negociaciones del convenio.

Por el lado patronal el sector estaba agrupado en dos asociaciones, la de Empresarios de Hospedaje, presidida por Juan Cólogan Ponte, que abarcaba a los dueños de los hoteles, y la Asociación de Hostelería, en la que estaban las empresas de bares, cafeterías y restaurantes. Ambas patronales tenían divergencias en aspectos importantes del convenio, hasta el punto que los representantes de bares y restaurantes intentaron que hubiera dos convenios distintos para cada grupo empresarial, idea que no prosperó.

Ante la cerrazón de la patronal, los trabajadores, reunidos en asamblea en el Parque de San Francisco, acordaron el 19 de diciembre romper las negociaciones y convocar huelga general a partir de las 24 horas del día 21 del mismo mes. Comenzó entonces el periodo más duro del convenio, con manifestaciones y concentraciones de trabajadores, piquetes de huelga y despidos, así como tensas negociaciones, que duraban a veces noches enteras (recuerdo haber asistido a algunas de ellas celebradas en el edificio de la AISS, con presencia del delegado de Trabajo de la época, Ángel Delgado, y en el Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife).

PAPEL DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS. La prensa y la TV -y con esto entro en el tema que se me ha atribuido en esta mesa-, se refirieron al conflicto de manera desigual y fragmentaria, como suele ser usual por estos lares. He tenido ocasión estos días de repasar las noticias publicadas en los periódicos El Día (algunas de ellas las redacté yo mismo) y Diario de Avisos. No hay grandes diferencias entre lo que cuentan unas y otras, aunque sí se aprecian matices más peyorativos en el Diario, donde se suele hacer hincapié en las nefastas consecuencias que la huelga está acarreando a la economía de la provincia tinerfeña y a la irresponsabilidad de los huelguistas “que están causando pérdidas irreparables a una tierra que dicen querer” (editorial de Diario de Avisos del domingo 24 de diciembre de 1978, tercer día de huelga).

No es rara esta evidente parcialidad, pues Diario de Avisos ha sido siempre, desde su traslado a Tenerife desde La Palma a inicios de los años 70, un periódico al servicio de las clases dominantes de la provincia. En los tiempos que estamos tratando su accionista principal era Pedro Modesto Campos, uno de los caciques agrarios más importantes (si no el que más) de Tenerife. Su principal objetivo era la defensa de sus negocios y, naturalmente de los de sus adláteres en poder social y económico, entre ellos los grandes empresarios hoteleros, como el ya citado Cólogan, también vinculado al sector agrario.

Como muestra del trato de favor a los empresarios están las páginas enteras que el Diario dedica a la publicación de sus extensos comunicados a la opinión pública, mientras las posturas de los trabajadores aparecen reflejadas de forma genérica y muchas veces confusa en las crónicas de los redactores de a pie. No es extraño que en la asamblea donde se decidió la huelga los corresponsales de Diario y El Día en el Puerto de la Cruz fueran expulsados con modos muy poco corteses, incluso algún cogotazo, aunque ya me ha informado Martín, que estaba presente, que la sangre no llegó al río.

En cuanto a El Día, aunque más objetivo por la parte que me toca, también en sus editoriales y artículos sin firma cae en el alarmismo y catastrofismo con que la prensa local solía en aquellos tiempos –y también en estos de ahora si se producen–, tratar los conflictos y huelgas laborales. Fue precisamente en 1978 cuando se inició el empoderamiento del propietario y editor del periódico, José Rodríguez Ramírez, de luctuoso recuerdo. El director, Ernesto Salcedo, había sido apartado de su puesto y su sucesor, el director en funciones, Ricardo Acirón, era un profesional plegado totalmente al parecer de D. Pepito, cuyo primer objetivo fue quitar responsabilidades al grupo de redactores jóvenes que se había articulado y adquirido cierta independencia profesional en torno al antiguo director. Concretamente, un año y medio más tarde, yo mismo, en mi etapa de concejal de UPC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, fui despedido del periódico, gané el juicio y me indemnizaron, pero no volví más a El Día, que, como ustedes saben, tuvo pasado el tiempo la deriva xenófoba y políticamente disparatada que le insufló su propietario, convertido ya en director del rotativo, hasta su fallecimiento hace unos pocos años.

TRAPACERÍAS SINDICALES. Mención aparte merece la actitud de UGT y (más moderadamente) de CC.OO., firmantes como hemos dicho, de los pactos de la Moncloa. Concretamente la dirigencia de UGT mantuvo a lo largo de la huelga una negociación paralela y oculta con la patronal de Hospedaje. Al parecer, fruto de estas triquiñuelas, en las que era maestro el responsable ugetista Juan Sabater, se produjo el intento de desconvocar la huelga en la madrugada del día 22, a las tres o cuatro horas de iniciada. En su edición del día siguiente, Diario de Avisos se hizo eco de la intentona y, posteriormente, su jefe de redacción me culpó a mí, sin nombrarme, de echar barro contra ellos al desmentir en El Día la falsa noticia de la suspensión de la huelga.

Las maniobras de Sabater fueron denunciadas en la asamblea permanente del Parque de San Francisco por los representantes de la FCSU, concretamente por Ignacio Rodríguez y José Ángel Martín aquí presentes, y desde aquel momento Sabater dejó de acudir a la asamblea y ésta se constituyó en la verdadera dirigente de las negociaciones hasta el triunfo final.

A UGT se debe también su apoyo a la patronal en aspectos como la subida salarial, pues coincidía con ella en no traspasar el tope del 22% impuesto en los Pactos de la Moncloa, que al final fue ampliamente rebasado, pues el aumento salarial fue superior al 27%, lo que unido a los demás renglones dinerarios del convenio (pago de las horas extra que antes eran gratis total, abono del cien por cien del salario en caso de baja por enfermedad, póliza de seguro con una cobertura de 700 mil pesetas, etc.) elevaban la cuantía a un 44 %.

Lo raro es que pese a la voracidad insaciable de los trabajadores, que ya se sabe cómo son, el sector turístico no se arruinó, los visitantes siguieron viniendo incluso en los días más álgidos de la huelga, no hubo que activar el plan de evacuación de los turistas que vagaban como zombis por los pasillos desolados y llenos de basura sin recoger de los hoteles, la economía no entró en recesión, el Teide no estalló y devolvió las islas a las honduras del Océano donde nacieron… En fin, no se cumplió ninguna de las profecías catastróficas que los sectores interesados esgrimían y los medios de persuasión (que no de información) extendían a diestro y siniestro durante la semana que duró la huelga.

Pero de todo esto les informarán con más conocimiento y detalle que yo los compañeros que me acompañan en la mesa. Les dejo con ellos, pero antes quiero decirles que si bien veinte años no es nada, como cantaba Carlos Gardel, cuarenta años son toda una vida, la vida que han dedicado a la defensa de los derechos de los trabajadores compañeros como Ignacio Rodríguez, José Ángel Martín, Vicente Pérez y tantos otros que están hoy aquí, así como algunos ausentes como nuestro querido amigo y camarada Agustín Padilla, que tuvo también su bautismo de fuego en la huelga del 79. A todos mi reconocimiento y el orgullo de haber compartido algunas de las luchas que ellos han protagonizado.

Muchas gracias por su atención.

*Palabras pronunciadas en el acto conmemorativo del XL aniversario de la primera huelga general de hostelería, que tuvo lugar en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote en diciembre de 1978. Julián Ayala es periodista y siguió para El Día el conflicto laboral.El Día

Antes de la crisis, bajo la pauta de la especulación y el pelotazo inmobiliario, los intereses de los grandes empresarios, unidos a los de una élite política corrupta y clientelar, gestaron una variante de crecimiento económico que generaba empleo (siempre con un paro estructural superior al de los países de nuestro entorno) y atraía rentas externas. El Estado y sus instituciones a escala autonómica permitían y promovían un modelo de crecimiento, cuyas principales características eran el endeudamiento privado, las burbujas especulativas y la desigualdad social. Pero la profundidad de la crisis ha desarticulado esa red de intereses en medio de un tsunami de casos de corrupción que afecta a todo el territorio nacional (Canarias es la cuarta c omunidad autónoma en casos judicializados “de extrema complejidad”). El modelo se ha agotado y con él ha perdido sentido la configuración misma del Estado, dando lugar a la citada crisis de régimen.

MERCANTILIZACIÓN DEL SUELO.- Ante esto, los grandes empresarios cuyos beneficios están en juego, exigen a los poderes públicos nuevas reformas estructurales de carácter neoliberal, con el objetivo de recuperar la acumulación de capital anterior. Concretamente en Canarias, junto a las exigencias generales de incremento de la explotación laboral, recortes, pérdida de derechos sociales y privatización de servicios públicos, la élite empresarial añade una demanda particular, que constituye un atentado capital a los intereses comunitarios: la mercantilización del suelo. Es decir, que el territorio del Archipiélago sea considerado no patrimonio de sus habitantes y sustentáculo de necesidades colectivas de todo tipo, sino mero objeto de negocio privado.

Este y no otro es el objetivo de la nueva Ley del Suelo, cuyo anteproyecto ha sido redactado a instancias del presidente del Gobierno Autónomo, Fernando Clavijo, y al dictado de los intereses de CEOE-Tenerife y de la Confederación Canaria de Empresarios, de Las Palmas.

“AGILIZAR LA NORMATIVA”.- El presidente Clavijo y sus adláteres utilizan como excusa de su Ley la necesidad de simplificar la “maraña legislativa” existente, pero no dicen por qué se ha producido esa situación. Como si las causas de dicha inflación normativa y de su complejidad fueran estrictamente técnico-jurídicas (y basadas en un desaforado afán de defender los intereses públicos en detrimento de los privados), y no fueran debidas, como ha ocurrido en realidad, a la actuación durante todos estos años de los políticos que nos han gobernado (los mismos de ahora) y de los empresarios que han comprado sus voluntades para hacer negocio fácil (también los mismos). Los juzgados están llenos de casos al respecto.

En realidad, para que empresarios y políticos poco escrupulosos no tengan que arriesgar la cárcel por saltarse las leyes, lo que se hace es cambiarlas (“agilizar la normativa”, en palabras del presidente de la CEOE tinerfeña, José Carlos Francisco), desregular, quitar todo aquello que incomode o moleste a los inversores y, de paso, adelgazar la Administración; concretamente, vaciar de competencias a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), único organismo de control de la legalidad del planeamiento y verdadera “bestia negra” empresarial. En resumen, dar “barra libre” a las grandes empresas del ladrillo para que hagan y deshagan a su antojo en un territorio que es patrimonio de todas y todos los canarios, presentes y futuros.

RENOVACIÓN DEL PACTO.- Con esto Coalición Canaria pretende renovar el pacto político-empresarial, que forma parte de su ADN desde la época de sus partidos originarios: Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) y Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC); el centro-derecha canario, al que, a partir de 1993, se unió Iniciativa Canaria (ICAN), el centro-izquierda que, después de la escisión de la mayoría de su organización grancanaria en 2003 (origen de Nueva Canarias), ha acabado confundiéndose con los poderes económicos en la misma amalgama clientelar que iniciaron las primitivas ATI/AIC.

Así, se intenta volver a la época dorada de sus primeros años de hegemonía política en las instituciones de gobierno del Archipiélago –primero, desde hace casi cuarenta años, en ayuntamientos y cabildos de la provincia tinerfeña, y luego, desde hace 23, en el propio ejecutivo autonómico–. En maridaje con los sectores empresariales más poderosos, CC planificó y llevó a cabo un proyecto político y económico que, bajo la retórica del “todo por Canarias”, ha beneficiado exclusivamente a las capas dominantes de la sociedad. Sin atender a la desastrosa incidencia social de esta política, que ha arrinconado a las mayorías sociales en los últimos lugares del ranking de crecimiento económico, incrementando el desempleo (según datos de la EPA de marzo de este año, en Canarias hay 285.000 parados y paradas, el 26% de la población activa, superior en un 5’6% a la media estatal) y el subdesarrollo social, con el aumento de la marginación y la pobreza, la falta de atención a las personas dependientes y el deterioro progresivo de la educación, la sanidad pública y el medio ambiente. Pero, eso sí, con una red de carreteras envidiable, unos puertos y aeropuertos infrautilizados (que sin embargo, se quiere ampliar) y multitud de obras públicas ostentosas y faraónicas, cuya principal finalidad han sido las “comisiones” que han cobrado algunos gestores políticos de las mismas.

LA COLUMNA PRINCIPAL.- Esa época es añorada por los grandes depredadores del territorio, cuyas ansias CC –con la inestimable ayuda de PSOE y PP– se dispone diligentemente a satisfacer. La Ley del Suelo es una de las principales columnas –si no la más importante– sobre las que CC pretende reconstruir su deteriorado aparato de dominación política (sus perspectivas electorales inmediatas son misérrimas). Y ello, a través del fomento de una nueva burbuja inmobiliaria y siguiendo la tradición de desarrollismo a ultranza, no sostenible, que tan buenos réditos políticos y económicos le proporcionó en el pasado y hasta el inicio de la crisis.

REFORMA O RUPTURA.- CC y la cúpula del PSC/PSOE, apoyados por el PP, son hoy por hoy los garantes políticos de la reconstitución del régimen en Canarias. Pero el agotamiento de las formas utilizadas por la oligarquía para garantizar su acumulación de capital se hace perceptible cada vez más para un amplio sector de la población, como se ha puesto de manifiesto en las pasadas citas electorales.

Esto nos lleva al dilema de las posibles salidas a la crisis orgánica o de régimen que nos afecta: La disyuntiva entre una reforma que realice los cambios necesarios, para reajustar el Estado y sus autonomías a las nuevas necesidades de la acumulación de capital, de acuerdo con los intereses de las grandes empresas, y una ruptura acorde con las necesidades objetivas de las clases populares, que plantee una alternativa al sistema político y al régimen de acumulación capitalista en recomposición.

Este dilema es general del Estado y no se va a resolver en y desde Canarias, pero aquí podemos contribuir a ello. En primer lugar, aunando todas las fuerzas sociales y políticas contrarias al proyecto oligárquico, con el objetivo inmediato de una gran movilización popular que paralice la presente Ley del Suelo y proponga la elaboración de otra con verdaderas garantías de participación democrática y sostenibilidad. En paralelo a ello y profundizando la alternativa rupturista, abriendo el necesario debate social y político que conduzca a una salida de la crisis favorable a los intereses de las mayorías.

A escala estatal, la unidad de las fuerzas populares y la caída del bipartidismo que desde hace cuarenta años sustenta al régimen caduco de dominación, abre una brecha para la esperanza. En esa brecha, ahondándola, debemos encontrarnos todas y todos los que luchamos por un mundo mejor y más justo, que hoy parece más posible que nunca. Como decía un agitador social de otros tiempos, Mihail Bakunin, “nuestros enemigos organizan sus fuerzas mediante la potencia del dinero y la autoridad del Estado. Nosotros sólo podemos organizar las nuestras mediante la convicción y la pasión”.

Vamos a ello.

no más se le iba en puro llorar,

dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar,

juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto...“

Consternados, desolados, amargados, angustiados… Así están desde el pasado día 10, cuando conocieron el informe de la Dirección Técnico-jurídica del Ayuntamiento sobre la demolición del mamotreto, el ínclito alcalde José Manuel Bermúdez y el concejal de Urbanismo Carlos Garcinuño, famoso por sus pasiones funestas. Son las primeras voces del coro municipal de plañideras, al que se ha unido públicamente un tercer palomo buchón, José Alberto Díaz-Estébanez, portavoz municipal de Coalición Canaria y delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento.

DISLATES Y CANTIFLADAS.- Las disparatadas y cantinflescas declaraciones de este último a Diario de Avisos el pasado día 17 son la mejor prueba de la desazón que embarga al grupo de gobierno municipal. El concejal nos puso en antecedentes de la hoja de ruta tramada por los tres mariachis para seguir mareando la perdiz: Hacer coincidir los seis meses que ellos mismos se han dado para redactar el proyecto, llevar a cabo la licitación y adjudicar el derribo del engendro urbanístico, con el de la realización y aprobación inicial del Plan Especial de Las Teresitas. “Una vez aprobado –remató Díaz-Estébanez–, se enviará al juzgado para que el juez decida si es suficiente para mantener el edificio”.

Porque, según puntualizó el brillante estratega, “legalizar y mantener no es lo mismo”. Una genial sutileza semántica que se da de bruces con la lógica, pues a ver cómo se puede mantener un edificio que no es legal y que, vistas las circunstancias que concurrieron en su construcción, no se puede legalizar, como afirma claramente en su conclusión número 7 el informe de la Dirección Técnico-Jurídica del Ayuntamiento: “EL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL FRENTE DE LA PLAYA DE LAS TERESITAS NO ES INSTRUMENTO NI CONSTITUYE NORMA PARA LEGALIZAR LAS OBRAS ACOMETIDAS Y DECLARADAS JUDICIALMENTE ILEGALES.” Y eso porque, según reitera el mismo informe, la ficha 35 del Plan General de Ordenación, que contempla un aparcamiento en la cabecera de la playa, es sólo indicativa y no tiene, por tanto, fuerza legal para ser considerada “modificación del planeamiento que haga innecesaria la demolición al posibilitar la legalización de la obra” (1)

NO ESCARMIENTAN.- En la misma humareda retórica destinada a confundir a la opinión pública (porque al juzgado no lo van a embaucar con tales dislates) se encuadran las declaraciones de José Alberto-Picodeoro-Estébanez sobre nuevos informes complementarios al de la Dirección Técnico-Jurídica, entre ellos el que emita el servicio de Infraestructuras a su cargo y el de la Secretaría General del Ayuntamiento. Recuérdese que algo parecido hizo el exalcalde Miguel Zerolo para saltarse el informe de la arquitecta municipal Pía Oramas sobre la tasación de los terrenos de la playa de Las Teresitas, vendidos a los empresarios Plasencia y González por un precio mucho menor. Operación que fue anulada por el Tribunal Supremo y por la cual están procesados, además de los citados empresarios, el mismo Zerolo y otros ediles de entonces, así como varios funcionarios municipales, entre ellos el que en aquellos tiempos era secretario del Ayuntamiento. Estos tipos no escarmientan.

Todo esto para concluir en la guinda del disparate, la repetición del viejo mantra del alcalde, que trata de negar lo evidente: “El Ayuntamiento no encarga informes para salvar nada –termina embarulladamente Díaz-Estébanez–. Encarga informes sectoriales sobre el posible mantenimiento, porque tiene la obligación de tener garantía de que todo aquello que pueda mantenerse se mantenga, porque si derriba algo que a posteriori se demuestra que se podía mantener, podría estar cometiendo una prevaricación.” En roman paladino, prevaricar diciendo que no se quiere prevaricar; el colmo del tartufismo, “incurrir en la denominada 'insinceridad de la desobediencia disimulada' que menciona el informe de la Dirección Técnico-Jurídica, apostillando que ”el acuerdo que se tome a tal fin sería nulo de pleno derecho e incurriría en desviación de poder; y sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiera lugar“ (2). Con su pan se lo coman.

TURIFERARIOS EN ACCIÓN.- Mientras, los turiferarios mediáticos siguen agitando sus incensarios ante las insaciables narices del alcalde Bermúdez y demás cofrades. Recientemente en El Día, un consolidado monaguillo de ATI-CC echaba la culpa a los funcionarios del desaguisado mamotrético, por no haber informado en su día de lo que informan ahora, y achacaba a esta negligencia la pérdida de los ocho millones de euros (otros hablan de seis) que ha costado el inconcluso adefesio. En el mismo sentido, La Opinión titulaba en primera página a cuatro columnas el jueves 18 que “Santa Cruz gastará 700.000 euros en el derribo del 'mamotreto'”. Un uso abusivo de la sinécdoque, pues es bien sabido que Santa Cruz (es decir, el Ayuntamiento que teóricamente nos representa a todas y todos los ciudadanos) no pagará el derribo del engendro, cuyo costo se repartirá a partes iguales entre todos los condenados del caso.

Y es que la necesidad de aprovechar el dinero gastado ha sido el argumento más socorrido por los partidarios de mantener el edificio, que en ningún momento han señalado a los verdaderos culpables de la tropelía, los concejales y funcionarios venales, que para beneficiar no se sabe –aunque se sospecha– a qué empresarios amiguetes, quebrantaron un montón de normas legales y por ello fueron juzgados y condenados.

Vale, se gastó mucha pasta en llevar a cabo un acto delictivo, pero eso no justifica que el cuerpo del delito siga en pie. Llevando el argumento al absurdo, es como si una banda de atracadores quisiera justificar la posesión del botín, alegando la enorme inversión en dinamita que tuvieron que hacer para reventar la caja fuerte del banco.

Porque un delito es un delito, valga la tautología al estilo de nuestro sin par y noqueado presidente Mariano Rajoy. Una de las funciones de la ley es la reparación del orden legal vulnerado. Para eso están los tribunales y mientras, en este caso concreto, permanezca en pie ese monumento a la corrupción que es el mamotreto, dicho orden, base de lo que se ha dado en llamar estado de derecho, seguirá hecho unos zorros.

“DICEN QUE POR LAS NOCHES…”.- Y a todas estas, nos hemos olvidado de una víctima colateral de este turbio asunto, el fervoroso amante Carlos Garcinuño, que seguramente estará necesitando apoyo psicológico para superar el trauma. Quizá el alcalde destine una partida presupuestaria a tan benéfico fin o tal vez se dirija a la aseguradora del Ayuntamiento para que corra con los gastos, como quieren los condenados que se haga con el coste del derribo.

¡Amotreto, amotreto, sin ti no puedo vivir!, clama Garcinuño, arrastrando su dolor como alma en pena en torno al semiarruinado edificio, cuyos muros besa y abraza con pasión. Los vecinos de San Andrés, asustados con los lamentos y gemidos de esta nueva versión del fantasma de Catalina Lercaro, no se atreven ya a pasar de noche por la zona.

Si no por otra cosa, el alcalde debía conmoverse ante tal padecimiento y ordenar de una vez el derribo del adefesio. Por caridad, señor Bermúdez, sea bueno.

“Cucurrucucú, palomo,

cucurrucucú no llores.

Las piedras jamás, palomo,

qué van a saber de amores.“

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(1) Fundamento Jurídico 10º de la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife del 18 de noviembre de 2014.

(2) Informe de la Dirección Técnico-Jurídica, página 16.