La costa menos alterada del municipio de Santa Lucía de Tirajana está en el punto de mira del lobby turístico. Empresas locales e internacionales se disputan por un “cachito” de playa en el litoral santaluceño conocido como Bahía de Formas. PozoWind y Grupo Anfi, de mano de las influencias de las campeonas de windsurf, presionan al Ayuntamiento de Santa Lucía para imponer inversiones privadas. 

La empresa privada Anfi Vacation Club S.L. presentó en septiembre de 2014 un proyecto para intervenir el litoral de Bahía de Formas, solicitando la ocupación «de 512m2 para destinarlos a un uso privado en el centro de la Bahía y sobre la playa, es decir, en zona de DPMT [Dominio Público Marítimo Terrestre] y un área denominada Suelo Dominio Público Portuario, SDPP», según informa la Asociación Surf And Clean en una nota titulada ¿Qué va a ocurrir en la Bahía de Formas?, publicada en junio de 2015 en su página web. Desde entonces y según indica la misma asociación, el proyecto estaba apoyado y asesorado por la empresa PozoWinds y las gemelas Ruano. 

¿Quién es Anfi Vacation Club S.L.? 

 La empresa Anfi Vacation Club S.L. forma parte del Grupo Anfi, fundado en 1988 por el empresario noruego Björn Lyng, el mismo que –en 2008- invitó al entonces presidente del Partido Popular canario y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, a un viaje a Noruega y Austria a pescar salmones. El viaje llegó hasta la Fiscalía Anticorrupción que solicitó investigar a Soria por supuestos delitos de cohecho, dado que el entonces propietario del Grupo Anfi, Björn Lyng, pudo recibir trato de favor del Cabildo de Gran Canaria, al dar luz verde a la construcción de 3.600 camas turísticas en uno de sus complejos. 

Anfi Vacation Club S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, es una empresa «cuyo objeto social es la gestión del servicio de intercambio y otros productos de canje con los clientes de timesharing de los resorts». El timesharing es una modalidad vacacional en la que los usuarios aprovechan por turnos un bien inmueble. En este sentido, el Grupo Anfi acumulaba en 2016, 20 condenas en los tribunales españoles por irregularidades en los contratos formalizados bajo el sistema timesharing. No es de extrañar teniendo en cuenta las íntimas relaciones con los altos cargos del Partido Popular, quienes suelen frecuentar habitualmente los juzgados. 

El Grupo Anfi es una de las empresas turísticas más importantes de Europa. Además, principal artífice de la intervención paisajística y ambiental en las costas del sur grancanario. Una de las más importantes instalaciones turísticas del Grupo Anfi se encuentra en el Barranco de la Verga, el complejo Anfi del Mar, que según describe la empresa es «un santuario de paz y tranquilidad para aquellas familias de nuestros Socios durante más de dos décadas». Para los lúcidos y defensores de la integridad de nuestra tierra, Anfi del Mar es –entre otras- una intervención millonaria e insostenible que ha conseguido capitalizar las costas de nuestras islas. Es así que la visión de Anfi ha llegado hasta el Barranco de Tauro. Un campo de golf de 18 hoyos (inaugurado en 2006), una playa artificial de 70.000 toneladas de arena blanca expoliada en el Sahara y –próximamente- un puerto privado de 500 atraques y un centro comercial en la orilla de la marea, han sustituido y sustituirán lo que queda del idílico ecosistema de la desembocadura del Barranco de Tauro, en el municipio de Mogán. 

De esta manera, durante el pasado año 2016 la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas presentó una querella contra el exjefe de Demarcación de Costas por irregularidades en la autorización de la construcción de la playa Anfi Tauro. Es notorio el conocimiento del tráfico de influencias entre las empresas y las administraciones; y en este caso, inclusive, entre las mismas administraciones públicas, como podría ser la posibilidad de que Demarcación de Costas y Autoridad Portuaria favorezcan al Grupo Anfi en un futuro en la playa de Bahía de Formas. Las políticas ambientales de Anfi brillan por su ausencia, y más aún cuando sus intenciones son claras: vender nuestra tierra al capital de sus socios extranjeros. 

Las gemelas Ruano y el Grupo Anfi 

Las hermanas Daida e Iballa Ruano Moreno, más de 20 veces campeonas del mundo de windsurf, volvieron a proclamarse campeona y subcampeona del mundo en 2017. Con un rodaje venturoso y profesional, las hermanas Ruano han conseguido numerosos patrocinadores, entre los que actualmente se encuentran: la mítica fabricante de tablas Starboard, el distribuidor oficial de la marca Volkswagen Comerciales en Canarias, la marca de velas Severne, la compañía de quillas Maui Ultra Fins, el Ayuntamiento de Santa Lucía y -desde 2014- el Grupo Anfi. En el momento del fichaje, el director general del Grupo Anfi, José Luis Trujillo, manifestaba: «nuestra intención es fidelizar a nuestros clientes y qué mejor manera que junto a las Ruano, que se identifica con nuestro proyecto y los valores que caracterizan a Anfi». 

Y yo me pregunto ¿cuál es el proyecto y cuáles son los valores del Grupo Anfi? El proyecto de Santiago Santana Cazorla y los primogénitos de Björn Lyng en Canarias es claro: sacar todo el provecho posible a nuestra hermosa y exuberante geografía, privatizando la costa al son del ladrillo. ¿Y sus valores? Generar puestos de trabajos precarios y no especializados, presionar a las administraciones públicas, sobornar a los funcionarios, deteriorar el medioambiente y ponerle precio a nuestro patrimonio paisajístico-natural. Retomando las palabras del señor José Luis Trujillo, vuelvo a preguntarme: ¿se identifican las hermanas Ruano con el proyecto y los valores de Anfi? Eso tendrán que responderlo ellas, pero antes -digo yo- deberán cuestionárselo. 

Anfi en Bahía de Formas 

 El espacio que se extiende desde la Punta de Gaviota en el extremo norte de Pozo Izquierdo, hasta el Puerto de Arinaga en el sur de la misma, pertenece a la Autoridad Portuaria de Las Palmas; la playa de Bahía de Formas al estar dentro de este espacio, es Suelo de Dominio Público Portuario. El proyecto presentado por la filial del Grupo Anfi pretende ocupar 480 metros cuadrados del suelo portuario en la playa de Bahía de Formas con el objeto de construir una escuela de diferentes deportes de viento y mar, entre ellos y por el interés de la zona, el windsurf. Según los impulsores del mismo, la infraestructura consiste en una instalación desmontable, sostenible y «camuflada» en el entorno. La filial del Grupo Anfi prevé una inversión de 300.000 euros y vaticinan el ingreso de más de un millón de euros anuales. Pero ¿quién asegura que Anfi no tiene otros planes para Bahía de Formas? 

Lo cierto es que las embajadoras de Anfi, son las principales promotoras de la ocupación de Bahía de Formas por parte de la filial Anfi Vacation Club S.L. Mientras que la recién surgida Asociación de Usuarios de Cuevalaya, Bahía de Formas y Arinaga junto al apoyo de colectivos, organizaciones y partidos políticos (entre los que se encuentran Ascan, Ben Magec, AAVV de Sardina, PSOE, PP y La Fortaleza de Santa Lucía), conforman un bloque opositor al proyecto de Anfi y PozoWind. El Grupo de Gobierno de Santa Lucía (Nueva Canarias) se quedó solo en aquel entonces frente a la negativa de la oposición. Desde las últimas elecciones, con una ejecutiva tripartita gobernando el municipio, el conflicto parece haber entrado en consenso entre los partidos de gobierno. El PSOE santaluceño, que en un principio se opuso radicalmente a los planes de Anfi, y la Coalición Canarias Decide que en el pacto de gobierno con NC condicionaron la realización del proyecto, ahora que están en el Gobierno se tapan la boca como cómplices del expolio. 

Las gemelas Ruano, que tanto interés tienen en que sus patrocinadores intervengan el dominio público de Bahía de Formas para provecho del capital privado y de los que tengan dinero para matricularse en la previsible escuela, han removido cielo y tierra en las administraciones locales y regionales para ver culminado este proyecto antes de que termine la legislatura (2015 – 2019). ¿Será que las hermanas Ruano pretenden jubilarse del deporte marino a la política local? No podemos negar el interés de Nueva Canarias en fichar a las hermanas Ruano como candidatas con vistas en atraer nuevo electorado y mostrar la figura profesional y artística del municipio hacia fuera. Tampoco vamos a negar lo confortable que suena una cartera en la concejalía de deportes, arropadita por un buen sueldo durante cuatro años. Empero, no pueden haber dos concejalas de deportes ¿o sí? y en el primer caso ¿quién de las gemelas aspira a la concejalía de deportes? Tampoco podemos descartar la consejería de deportes del Cabildo de Gran Canaria, igual de jugosa, igual de confortable; y porqué no, con el mismo partido (NC). De campeonas del mundo auspiciadas por Grupo Anfi a concejala o consejera de deportes. No sabría decir qué es peor, si la compañía que tiene un amplio historial en depredar nuestro medioambiente o el partido que aprueba los presupuestos generales del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. 

A pesar que la Asociación de Usuarios de Cuevalaya, Bahía de Formas y Arinaga presentó en marzo de 2015 un proyecto alternativo al de la compañía turística, los planes de Anfi Vacation Club S.L. siguen en pie. El Grupo de Gobierno ha intentado solucionar el asunto con socializaciones y debates abiertos a toda la población aparentando interés por consensuar el proyecto, pero la realidad es que tanto el Grupo de Gobierno como la oposición política no son capaces de enfrentar una situación en la que salgan beneficiados todos los usuarios del entorno. Empezando por respetar el dominio público, espacio que es de todos y que no debe cederse a privados para beneficio de unos pocos.

Una Bolivia fraccionada

El pueblo boliviano dijo “No” el 21 de febrero de 2016, en el referéndum sobre la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) para permitir al presidente y al vicepresidente postularse en las elecciones de 2019. Votaron en esas elecciones bolivianas y bolivianos indignados por la corrupción, las políticas extractivas, la impunidad de las transnacionales chinas y petroleras, la falta de recursos en sanidad y educación, la homofobia y la misoginia dentro del gobierno, los avasallamientos de colonos a indígenas, los acuerdos con el agronegocio cruceño, la criminalización de la protesta social, la persecución a periodistas, y un sin fin de temas.

Dos años después de la consulta popular: médicos, estudiantes, obreros, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, intelectuales, ex miembros del gobierno y más vuelven a tomar las calles para pedir respeto al resultado del 21-F, dónde el 48,7% votó “Sí” frente al 51,3% que votó “No” a la reforma de la Constitución. Empero no lo han puesto fácil, dado que el régimen movilizó a toda su maquinaria represiva para impedir el «bloqueo de carreteras y vías fundamentales» con «policías antidisturbios en lugares claves» como informó el general Faustino Mendoza, comandante de la policía boliviana. Con estas acciones, se afianza aún más la idea de que las recientes explosiones en Oruro podrían tratarse de “terrorismo de Estado” para justificar la represión y la criminalización de la protesta social, así como para tildar y estigmatizar a sectores movilizados como “la derecha” o “imperialistas”.

Gente de los barrios en lucha

Los vecinos salían a la calle desde las seis de la mañana para bloquear las carreteras, acatando el paro cívico nacional. «Los vecinos nos estamos organizando en toda la ciudad, con nuestras sillitas, con algunos objetos para poder obstruir el paso de las movilidades más que todo» expresaba un miembro del directorio de la junta de vecinos de Cristo Rey en Sopocachi, ciudad de La Paz. Otros usaron sus propios autos para bloquear las vías. No faltaron piedras, cuerdas, carteles, pancartas e incluso ropa y peluches usaron para obstruir el paso a pesar de las amenazas de la policía de no permitir los bloqueos.

Tenían galletas para pasar la mañana, leían la prensa y mediante las redes sociales estaban informados de todo lo que ocurría en el país. «Evo es el que ha creado toda esta división entre nosotros mismos, él ha provocado más racismo en nuestro país, nos ha dividido» decía otro vecino de la zona Sopocachi. La administración de Morales ha generado una fuerte crisis en los movimientos sociales de Bolivia; la injerencia del oficialismo en las organizaciones de la sociedad civil ha provocado grandes rupturas, corrupción de dirigentes indígenas o sindicales que solo sirven al MAS y abandonan a sus bases, paralelismos en las organizaciones sociales (por ejemplo, la Fejuve –Federación de Juntas Vecinales- de El Alto orgánica y la Fejuve de El Alto masista, el Conamaq –Consejo Nacional de Ayllus del Qollasuyo- orgánico y el Conamaq masista –controlado por el gobierno-), así como otras problemáticas no menos importantes.

Antecedentes recientes

La Carta Magna promulgada por Evo Morales en 2009 solo permite dos mandatos consecutivos. Aún así, es la segunda vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resuelve que el mandatario vuelva a postularse. En 2013, el Constitucional alegó que el mandato 2006-2009 no computaba porque en 2009 el país fue refundado con motivo de la creación de la CPE. De esta forma, se presentó en 2014, ganando los comicios y manteniéndose hasta el día de hoy.

Esta vez, la estrategia del MAS no ha diferido mucho: puesto que la consulta de 2016 apelaba a la reforma del artículo 168 de la Constitución –y el “No” a su modificación ganó en seis de los nueve departamentos del país- los oficialistas han buscado otra táctica para legitimar la re postulación, presentando ante el Tribunal una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta. Por la cual piden al TCP declarar inconstitucional cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución, referidos al límite de participación en elecciones. El fallo del TCP tuvo lugar semanas antes de que el órgano judicial concluyera su mandato –lo que denotaba presión por parte del gobierno- declarando que por encima de la Constitución están los “derechos políticos” recogidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, tratado internacional reconocido por Bolivia y su Constitución. Por lo que Evo Morales y Álvaro García Linera podrán volver a postular en 2019, ya que sus derechos humanos estarían vulnerados.

La ciudadanía ya no confía en el sistema judicial. Las últimas elecciones judiciales del 3 de diciembre del pasado año 2017, demostraron el rechazo de la población a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental; dónde el voto nulo se impuso. Obteniendo el Tribunal Constitucional –una semana después de habilitar a Evo a su re postulación- un 52,58% de votos nulos según los resultados proporcionados por el Órgano Electoral con el 81,79% de votos escrutados. La suma de votos nulos y blancos superaron el 65% según datos oficiales. La justicia boliviana no es independiente, puesto que de los 96 candidatos preseleccionados por el parlamento, la gran mayoría eran oficialistas. Por lo que la oposición política y social no hizo más que manifestar su rechazo.

Jornadas protagonizadas por episodios represivos

El gobierno convocó a sus sectores sociales para contrarrestar las movilizaciones. En La Paz, los llamados llunkus –palabra quechua que podría traducirse como “sirviente” o “lame culo”- de Evo fueron movilizados: funcionarios públicos, cocaleros del Chapare, sindicalistas y dirigentes con intereses corruptos y clasemedieros; que salen a las calles en pro de la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera, convocados por el gobierno y con todo el aparato estatal a su favor.

Desde el comienzo de las protestas hubieron acontecimientos represivos por parte de las fuerzas de seguridad, quienes tenían ordenes del Ministerio de Gobierno, a la cabeza del ministro Carlos Romero, de amedrentar a la población que se manifestaba en contra de la re postulación de Morales.

Las victimas de las dictaduras organizadas en la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano -olvidadas por el gobierno de Evo- realizaron un bloqueo en las carpas donde están en vigilia desde hace más de cinco años, frente a la puerta del Ministerio de Justicia, en el Paseo del Prado. Desde allí denunciaban la represión de las primeras horas de la mañana: «Somos quienes hemos defendido y hemos luchado por reconquistar la democracia para nuestro país, pero hoy día somos maltratados, reprimidos por el actual régimen del MAS, pero estamos aquí porque queremos decir al pueblo No, dijimos No el 21 de Febrero, y volvemos a decir No, y cuando nos estén torturando y reprimiendo seguiremos diciendo No hasta la muerte compañeros» declaraba una de sus miembros.

Ataques a defensores de Derechos Humanos

En horas del medio día, policías encapuchados en motocicletas intentaron disolver el bloqueo que realizaba la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), pasando con sus motos por encima de las banderas, pancartas y otros materiales. Otros policías a pie retiraron las sillas y mesas que los defensores de derechos humanos habían instalado para cortar el paso de la Avenida Arce. Después de estos acontecimientos, la policía disparó una bomba de gas lacrimógeno al hijo de Waldo Albarracín, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Su hijo, el abogado de la Asamblea de Derechos Humanos (APDHLP) Franco Albarracín, fue herido en la pierna mientras se manifestaba contra la gasificación a la oficina de la APDHLP. Todo fue grabado en video desde un edificio cercano. Minutos después de la agresión, Waldo Albarracín denunció ante la prensa los hechos: «La policía ha disparado contra mi hijo, sabiendo que es mi hijo y además deliberadamente por instrucción del Ministro Romero [Ministro de Gobierno] … que además ya me ha empezado a amenazar públicamente». Las amenazas y ataques al Rector de la UMSA son resultado de la resistencia de la Universidad a ser controlada por el gobierno del MAS. Además, Waldo Albarracín es un personaje público crítico a la gestión de Evo Morales, fue presidente de la APDHB y el segundo Defensor del Pueblo de Bolivia. Por ello, es visto como una amenaza para los intereses de la oligarquía en el poder. En el momento que hirieron a su hijo Franco, afirmo a la prensa: «¡Esta es la prueba del gobierno fascista, esta es la prueba de que el gobierno del MAS es de ultraderecha!».

Este no fue el único altercado originado por la policía boliviana durante las protestas del 21 de Febrero de 2018 en Bolivia. En horas de la mañana, la policía desalojó a los manifestantes de la Plaza Isabel La Católica en La Paz utilizando gas pimienta. En la Plaza Murillo, los uniformados lanzaron gases sobre políticos de la oposición que se concentraban en un mitin. También hubieron jaleos en la Plaza del Estudiante. Según señalaba el diario El Deber, al menos cinco puntos de bloqueo en la ciudad de La Paz fueron gasificados.

Bolivia entera salió a la calle el 21-F

Otros departamentos del Estado también acataron el paro cívico con éxito. A pesar de los operativos policiales y las intervenciones del oficialismo.

Trinidad, Cochabamba, Santa Cruz y Pando, entre otras ciudades, fueron núcleo de las protestas. En la ciudad cruceña, los manifestantes quemaron neumáticos para bloquear las vías principales; la policía actuó con dureza reprimiendo a los participantes. En Cochabamba se produjeron enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra de la re postulación e inclusive se agredieron con piedras como indica el diario La Razón.

En La Paz, aproximadamente treinta mil personas ocuparon la Plaza de San Francisco y alrededores expresando el apoyo al presidente Evo Morales. La mayoría funcionarios de los Ministerios públicos que se vieron obligados por orden del gobierno a no acatar el paro cívico y a asistir a la concentración del MAS después de la jornada laboral. Allí se encontraban, agrupados esperando a que los responsables pasen lista de los asistentes. Un presente nos transmitía estas palabras: «Aquí hay muchedumbre que simplemente tiene mucho miedo de perder el trabajo, están obligados a venir acá y brindar con su presencia de decir lo que les dice el gobierno. Es un movimiento totalmente artificial, fabricado por una élite que quiere mantenerse en el gobierno para conservar sus privilegios … una persona marxista jamás podría ser parte de este movimiento».

Las movilizaciones de este 21 de Febrero fueron de ambos lados como señalaba en un principio. En los eventos organizados por el MAS, no solo habían funcionarios públicos, también se estaban presentes trabajadores metalúrgicos y mineros, quienes afirmaban venir en representación del sector; dirigentes de organizaciones sindicales e indígenas controladas por el MAS; y personas de municipios rurales del altiplano acompañadas de sus autoridades políticas masistas. Todos defendiendo la agenda patriótica 2020 – 2025 que dicen llevará a cabo el presidente Evo Morales si vuelve a ganar las alecciones del 2019.

Mientras, en el Estado español tenía lugar un acto de respaldo a Evo Morales. En el que participaban, entre otros: Pablo Iglesias, secretario general de Podemos; José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España; Pepe Álvarez, secretario general de UGT; y Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida. Dime con quién andas y te diré quién eres. Un acto organizado en la ciudad de Madrid por la Asamblea de Apoyo a Bolivia bajo el título “Por Bolivia, con Evo”. También hubo un acto de apoyo al mandatario en Barcelona.

De forma paralela, residentes bolivianos en España, Chile, México, Argentina, entre otros se manifestaron frente a sus embajadas para exigir respeto los resultados del 21F.

Bolivia, una lección para la izquierda

El régimen del MAS ha llegado muy lejos. Con un reconocimiento internacional cada vez más debilitado, y una credibilidad nacional totalmente desarmada, los días de Evo Morales y sus llunkus están contados. Empero, ¿cuál será la alternativa para Bolivia? Eso lo decidirán las bolivianas y los bolivianos. Por ahora, el resto nos quedamos con el aprendizaje.

Las intervenciones ciudadanas tras la presentación del plan, han permitido constatar el interés y la preocupación que todos sentimos por el litoral santaluceño. Un ambiente ecológico y social decadente en los últimos años debido al abandono de las instituciones y a la escasa participación y desvelo de las vecinas y vecinos del Sureste grancanario. Empero hoy (lunes 29 de Enero) algunas voces críticas a la gestión municipal y a la falta de solidez de las demandas de algunos vecinos de Pozo Izquierdo nos hemos hecho oír en el evento municipal; que más que una invitación a participar en la «Asamblea para debatir las propuestas sobre nuestro frente litoral» -como señalan en la página web municipal- ha parecido un acto de socialización de un proyecto convencido bajo un discurso populista y surrealista de la administración.

Para empezar, hay una serie de elementos claros en nuestro litoral que debemos poner sobre la palestra institucional si queremos impulsar un entorno comunitario y sostenible: la prioridad en estos tiempos de crisis social y ecológica global es conservar y proteger el poco patrimonio natural que posee nuestro municipio, restaurando los espacios naturales que han sufrido la “pata del hombre” a lo largo de nuestra costa. Lo segundo pero no menos urgente es reforzar la seguridad social de la que carece nuestro entorno sociocomunitario entre otras cosas -como nombraba anteriormente- por el desamparo de las instituciones y como no podemos ignorar, por la tendencia individualista de la población en general. En Pozo Izquierdo –como en todos lados- tenemos que entender que el transcurso del tiempo y las más o menos lujurias políticas de nuestra tierra, han colocado a unos por encima de otros, favoreciendo a determinadas familias o apellidos y desamparando a la gran mayoría social. Empero ya es tarde para preguntarnos por qué se hizo la playa en el Barranquillo de Pozo Izquierdo, cuestión que todos podríamos responder sin llegar a conclusiones nepóticas. También es sencillo respondernos por qué se realizó la Avenida en el Barranquillo y no en Piedras Negras sin entrar en los tratos diferenciados; sin embargo, estamos a tiempo de preguntarnos cuál es el modelo de desarrollo que queremos para nuestro litoral, libre de resentimientos y venganzas de la herencia que las dinámicas de poder locales han forjado; ojo, no estoy diciendo que “a lo hecho pecho”, sino que centremos nuestros esfuerzos en desarmar la lógica empleada hasta ahora y construir otras lógicas de gestión pública distintas.

El componente individualista sigue patente en nuestras vecinas y vecinos. Las distintas intervenciones durante el transcurso del “debate” sirvieron para reforzar esa idea. No faltaron demandas de mejoras particulares o de determinados sectores que llevan desde un principio menospreciados, demandas legítimas pero tan frágiles y aisladas como para que una ola se las lleve. Tampoco faltaron los lobbies, constituidos en primer lugar por las familias –que citaba antes como aventajadas- quienes forman parte de las estructuras del poder comarcal; y como no, por la popular actividad deportiva que ha mostrado Pozo Izquierdo al mundo, el windsurf, cuyos representantes han configurado una influyente baza más en los tejidos políticos de Santa Lucía, y claro, todos tiramos para nuestro lado (sin generalizar). Por otro lado, había un grupo de gente que no podíamos obviar el elemento natural de nuestro litoral y que humildemente desde la dialéctica que nos ha otorgado la observación hicimos las contribuciones que creemos pueden satisfacer a la colectividad, sin olvidarnos que las generaciones futuras corren riesgo de padecer un cáncer mortal si separamos lo social de lo natural.

Todos no podemos tener una playa en la puerta de nuestra casa y eso no es porque lo diga yo, sino que es ¡cuestión de sostenibilidad! No podemos seguir quitándole territorio al mar, hemos modificado el margen de nuestro litoral, hemos contribuido en el desorden y el déficit de guijarros (o callao) en las orillas y eso trae consecuencias a corto y largo plazo en el patrimonio, las actividades y las infraestructuras que están o planeamos realizar en la costa. Por otro lado, tenemos el aumento del nivel del mar, que es ya una realidad resultado del calentamiento global. ¿Proyectamos un futuro diferente al que hasta ahora hemos construido? o ¿seguimos llenándonos la boca de un discurso hipócrita y populista? No pude ignorar la promesa que la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia Gonzales, dijo en la reunión de hoy a los vecinos en el momento de cerrar el evento: algo así como «voy a hacer todo lo posible para que la avenida de Piedras Negras se realice» que para mi suena como si a los demás nos dijera “aceptamos las propuestas que han manifestado en vano, porque no las tendremos en cuenta”.

A partir de testimonios y vivencias del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), este artículo demuestra que el gobierno de Bolivia volvió a imponer la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos con actos de mala fe y desinformación, prometiendo proyectos a muchas comunidades e incumpliendo estos compromisos: ofrecieron semillas, techar sedes, atención médica, equipos como antenas, tanques de agua, paneles solares, y un siníin de “espejitos” a cambio de obtener firmas. Estas firmas se consiguieron a través de engaños y fraude. Posteriormente se usaron para legitimar la anulación de la Ley 180 que protege al parque.

En este lapso el gobierno central también movilizó al aparato estatal de la gobernación del Beni (departamento donde se ubica el TIPNIS), de ministerios como Desarrollo Rural, Trabajo e incluso la petrolera estatal YPFB y -lo que es más preocupante- aplicó toda una estrategia de militarización de los ríos de la Amazonía, a lo largo del Mamoré, Isiboro y Sécure. Los hechos más dramáticos fueron la detención de dos comunarios y las reyertas con la organización indígena.

Estas mujeres y hombres indígenas de la Amazonía boliviana han sufrido represión, golpes, persecución, división y engaños pero continúan resistiendo hace más de seis años. Las imágenes, videos y audios que les compartiremos se han relevado en dos viajes consecutivos al TIPNIS durante agosto de 2017, momento en el que el proyecto carretero se ha reactivado.

Resistencia en la Amazonía

La carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos es un proyecto vial que une los departamentos de Cochabamba y Beni con 400 kilómetros de carretera a través del corazón del TIPNIS. Este territorio, también llamado Loma Santa o Casa Grande por los indígenas, es un área titulada en beneficio de los pueblos Chimán, Moxeño y Yuracaré. Desde 2010 los pobladores denuncian la megaobra autorizada por Evo Morales y financiada en principio por el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), que proyectó un costo de 1,3 millones de dólares por kilómetro. Fue adjudicada a la empresa brasileña OAS, ligada al partido de Lula Da Silva, y tras las protestas sociales el gobierno rescindió el contrato con ésta. Actualmente la obra sería ejecutada por una empresa municipal de Villa Tunari. De cualquier forma, fue impuesta sin consulta previa, libre e informada a los pobladores.

En 2011 se realiza la VIII Marcha Indígena de Tierras Bajas de Bolivia, fue reprimida con brutalidad por la policía en Chaparina el 25 de septiembre y descalificada por el gobierno; pese a ello, la marcha logró ingresar a la ciudad de La Paz, haciendo aprobar la Ley 180 de protección del TIPNIS que prohíbe la construcción de la vía. Por ello, esta Ley es el resultado palpable de un gran esfuerzo de los pueblos indígenas amazónicos. Nadie creía que el gobierno la invalidaría.

Evo y la política de “divide e impera”

Días antes de la abrogación de la Ley 180, las comunidades del territorio estaban en alerta. Llegaban confusas informaciones por la frecuencia de radioaficionado del territorio y por las emisoras como Santa Cruz, San Ignacio o Panamericana. El gobierno había logrado dividir a un pequeño grupo de comunarios a la cabeza de Domingo Nogales, expresidente de la Subcentral TIPNIS (organización representante del territorio), Carlos Fabricano (expresidente de la Subcentral Sécure), Ramona Moye (Diputada Indígena Nacional), Griseldo Semo (exsecretario de Tierra y Territorio), Mauricio Guaje (presidente de la CPITCO, organización indígena ajena al TIPNIS). De esta forma lograron presentar un proyecto de Ley que eliminaba la intangibilidad del parque para viabilizar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Ingresamos al TIPNIS los primeros días de agosto, casi por una semana, a bordo de la canoa de don Hernán Maleca, comunario de Puerto San Lorenzo. Él tenía la misión de informar -a lo largo de los ríos Isiboro y Sécure- la intención del gobierno de Evo Morales de derogar esta Ley. Junto a él recorrimos las comunidades de Gundonovia, Paraíso, Santa María, Santa Lucía, San Vicente y Galilea.

Un mal gobierno con muy mala fe

Con mucha rabia, las comunidades nos contaron la forma en la que el gobierno había logrado promover esta anulación con engaños, mentiras y prebendas. Estas estrategias de mala fe y desinformación fueron usadas por funcionarios de la gobernación del Beni, manejada por el partido de Evo Morales, y por otras instancias del Estado central. Jenny Ramos de Santa Lucía, comunidad sobre el río Isiboro, nos relató que incluso brigadas médicas fueron usadas para llegar a las comunidades y chantajearles con atención en salud a cambio de hacerles firmar planillas: “Hemos rechazado a los médicos del gobierno porque venían, recogían firmas, llevaban y con eso falsificaban ‘sí carretera’. Así ha sido, por eso nosotros hemos rechazado”.

Así como el servicio de salud público fue utilizado para presionar a las comunidades, también se valieron de todo tipo de promesas irreales para conseguir firmas en cada comunidad. El gobierno garantizó proyectos en salud y educación, motores para las canoas, tanques de agua, paneles solares, antenas de teléfono, viviendas nuevas, e incluso dotación de insumos agropecuarios ¿Dónde se encuentran todas esas dotaciones?

Don Ovidio Teco, comunario de Gundonovia, nos transmitió la preocupación de un compañero a quien funcionarios del Estado le hicieron firmar un acta con la promesa de dotarle de semillas. Luego se enteró que su firma formaba parte de la petición de anulación de la Ley a favor de la carretera. Todo fue un engaño y nuevamente el gobierno actuó de mala fe, jugando con las necesidades de las familias indígenas.

En la comunidad San Vicente conversamos con la corregidora del lugar, Sara Nosa. Ella afirmó que las comisiones de la gobernación nunca les advirtieron que estaban consultando sobre la abrogación de la Ley 180, sino que simplemente vinieron a ofrecer y prometer proyectos. La comunidad pidió calaminas para techar su Cabildo (sede social). Hasta la fecha la gobernación no cumplió con esto, pero incluyó a la comunidad como favorable a la carretera: “son puros mentirosos”, concluía la líder.

El 24 de agosto, los grupos indígenas afines al gobierno convocaron a un acto en la comunidad San Pablo del Isiboro, que cuenta con una pista de aterrizaje de avionetas. Esta pista fue utilizada para trasladar a productores de hoja de coca que desean las áreas protegidas para cultivos ilícitos, también fueron traídos altos funcionarios públicos y medios de comunicación del país con el fin de presenciar el espectáculo en el que Evo Morales inauguraba una escuela en dicha comunidad. Una hora después, Evo abandonaba el TIPNIS. El acto fue financiado completamente por la gobernación del Beni y celebrado paralelamente al encuentro orgánico de las comunidades en resistencia del Centro de Gestión del territorio. La finalidad de este show fue legitimar la anulación de la Ley de protección del TIPNIS y afirmar el pedido de carretera.

Paralelamente, delegaciones de indígenas en resistencia y activistas solidarios/as nos organizábamos para instalar el XXXII Encuentro de Corregidores del TIPNIS. Luego de dos días de carretera, pontones y canoas, nuestras delegaciones arribaban al lugar de la cita en el Centro de Gestión, ahora completamente militarizando.

El trayecto por carretera desde Canatunse, sede de la Subcentral Sécure en Trinidad, con destino a Puerto Tarumá fue extenso. Casi una treintena de autos del gobierno nos rebasaron, transportes de la petrolera estatal YPFB, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Trabajo y del canal de televisión estatal Bolivia TV. Antes de llegar a nuestro destino, estas mismas movilidades y muchos funcionarios públicos nos hicieron un bloqueo en el camino, grabaron nuestros rostros con celulares y vimos que hasta algunos portaban armas de fuego. El Estado quería boicotear el encuentro orgánico de pueblos indígenas del TIPNIS.

Una vez llegados al Centro de Gestión para comenzar el encuentro orgánico, los comunarios y comunarias, corregidores y corregidoras instalaron un alambre de púas sobre el río Isiboro a la altura del Centro. El alambre cruzaba el río de una orilla a otra y estaba señalizado por garrafones vacíos que flotaban a modo de advertencia, para que ningún navegante sufriera estragos en su embarcación al chocar con él. Sin embargo, el río se podía cruzar con normalidad, el alambre no era ningún obstáculo para los navegantes, pero sí era una señal simbólica de soberanía y control sobre el territorio por parte de la organización indígena.

Durante esa jornada, eran constantes las visitas de militares de la Fuerza Naval que iban armados. Se acercaban al área del Centro de Gestión varias veces al día en sus lanchas. Los uniformados escoltaban a personas ajenas que pretendían entrar al territorio con destino al evento de San Pablo. Además, pidieron a algunos indígenas y compañeros observadores identificarse, como al exdefensor del pueblo, Rolando Villena, a la delegación indígena del pueblo Chiquitano, a activistas y a originarios del TIPNIS. Uno de ellos exclamaba: “cómo va a ser que tengamos que identificarnos en nuestro propio territorio”.

También provocaron a los participantes del encuentro orgánico filmándonos con celulares, imponiendo su presencia en los ríos y evidentemente violando prerrogativas internacionales sobre derechos indígenas. Incluso uno de los días se oyeron dos disparos que provenían de la zona donde estaban las lanchas militares, a unos 400 metros del Centro de Gestión, a la vuelta del río Isiboro. Muchos en el encuentro nos asustamos por los estruendos. Se trataba de generar un ambiente de tensión y miedo, mediante las provocaciones constantes de militares a indígenas en su propio territorio. Algunos indígenas recordaron el ambiente previo a la brutal represión policial ocurrida durante la VIII Marcha de 2011 en la localidad de Chaparina, cuando la policía gasificó, golpeó, apresó, torturó y confinó a cientos de mujeres, hombres, abuelos, niños y niñas indígenas.

En este contexto, el enfrentamiento entre ambas partes fue la culminación de toda esta tensión reunida durante esos días de angustia, desconcierto e impotencia. Cuando a las nueve de la mañana del domingo 27 de agosto, un grupo de militares que escoltaban una embarcación con asistentes al evento de San Pablo, intentaron cruzar el alambre de púas, -instalado por la dirigencia orgánica- las llamadas de atención por parte de las y los indígenas del Centro de Gestión se elevaron. A pesar de haber comunicado desde la orilla del río que los militares no tenían permiso para entrar al territorio, éstos hicieron caso omiso. Posteriormente, los indígenas se lanzaron a sus canoas para reforzar el bloqueo del río y se produjo un fuerte enfrentamiento que dejó a dos líderes heridos, Marquesa Teco e Hilario Noto, además de una barcaza militar hundida y las mechas de todos los testigos prendidas.

Modesto Yujo y Antonio Huayacuna, familiares de la Corregidora de la comunidad de Gundonovia, fueron detenidos irregularmente por la Fuerza Naval, y llevados hasta la ciudad de Trinidad. Los liberaron porque no había ninguna orden para su aprehensión. La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, logró entrevistarse con el Comandante de la Fuerza Naval y comprometerlo verbalmente a cesar el hostigamiento a las delegaciones de indígenas y activistas que se disponían a salir del territorio luego de culminado el encuentro.

Las mujeres del territorio estuvieron durante todo momento en la primera línea de resistencia. El 28 de agosto, un día después de los enfrentamientos, tres de ellas, Cecilia Moyoviri, Maria Luisa Maldonado y Marquesa Teco, nos contaban con enojo lo ocurrido.

Como una medida de autoprotección decidimos salir en un solo grupo de canoas. Regresábamos en una delegación de 12 cascos rumbo a puerto Tarumá. En todo este trayecto nosotros, como otras redes informativas y activistas independientes, reportamos que toda la zona de acceso al TIPNIS estaba militarizada, pues incluso se había instalado un campamento con al menos 50 militares con carpas y deslizadores en la playa de Gundonovia -primera comunidad de ingreso al territorio- desde la que controlaban el acceso y la salida al TIPNIS.

Coraje

“¡A nosotros el gobierno no nos va a comprar!”, exclamaba Jenny Ramos cuando la visitamos en Santa Lucía y conversamos con varias familias en la escuela de aquella comunidad. Esa simple frase demuestra la fuerza, convicción y humildad de la resistencia, pese a todo el poder desplegado por el gobierno de Bolivia y a las presiones capitalistas sobre el territorio: ampliar la colonización en favor de los productores de hoja de coca, reactivar la exploración petrolera, deforestar el área sensible del parque.

Ahora mismo la lucha en defensa del TIPNIS continúa y su llama se ha extendido nuevamente por varias ciudades dentro y fuera de Bolivia. La Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) convocó a una acción global el 22 de septiembre en defensa de los pueblos amazónicos, entre ellos el TIPNIS. Activistas ambientalistas y de derechos humanos de Bolivia, así como organizaciones sociales de maestros, sindicatos, universidades y otras luchas indígenas han hermanado esfuerzos para resistir el nuevo embate del paradójico gobierno boliviano “pachamamista”.

Amenazas de muerte, agresiones a líderes indígenas y secuestros a comunarios cometieron los militares enviados por Evo Morales durante un importante encuentro indígena que rechazó la abrogación de la Ley que protegía al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) contra megaproyectos. El evento fue una respuesta a la reactivación del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que partirá este territorio en dos, permitiendo la ampliación de la frontera agrícola de hoja de coca y la explotación petrolera.

Un viaje caracterizado por obstáculos y paralelismos

Tras más de veintisiete horas por carretera, la dirigencia indígena del TIPNIS, acompañada de observadores nacionales e internacionales, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el exdefensor del pueblo, Rolando Villena, investigadores, prensa y activistas de las ciudades, llegamos a puerto Tarumá sobre el río Isiboro. Nuestro destino era el Centro de Gestión del TIPNIS, donde celebraríamos el encuentro indígena los días 25, 26, 27 y 28 de agosto.

Durante el transcurso del viaje por carretera, una treintena de movilidades del gobierno rebasaron a la delegación, que tenía como finalidad ingresar en el territorio para celebrar su encuentro. A escasos metros de puerto Tarumá se produjo un bloqueo de coches oficiales y casi un centenar de funcionarios públicos que se negaban a dejar pasar el camión donde viajaba la comisión citada antes; entre los coches oficiales, encontrábamos los sellos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; de Bolivia TV (cadena pública) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, entre otros. Las autoridades indígenas y los observadores que acompañábamos, nos vimos obligados a desplazarnos a pie durante el ultimo tramo, cargando con los equipajes, víveres y otros insumos del viaje.

Salimos de puerto Tarumá bajo provocaciones de masistas (militantes del MAS, Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales), policías armados vestidos de civiles y funcionarios públicos de la gobernación del Beni. Una vez llegamos al Centro de Gestión, lugar de convocatoria del encuentro indígena, los comunarios y dirigentes instalaron en el río Isiboro un alambre de espino para impedir el ingreso de cualquier persona ajena al territorio.

Los indígenas afines a Evo Morales habían convocado de forma paralela su propio encuentro en la comunidad indígena de San Pablo del Isiboro, a tres horas del Centro de Gestión vía río, con el objetivo de legitimar la recién aprobada Ley 969 de Desarrollo Integral, que abrogó la Ley 180 de Intangibilidad del TIPNIS y da vía libre a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, permitiendo el ingreso de colonos productores de hoja de coca, llamados cocaleros, y transnacionales petroleras al territorio indígena.

El encuentro de San Pablo estuvo financiado por la gobernación del Beni, presidida por el masista Alex Ferrier, a quién los indígenas oficialistas solicitaron la cantidad de Bs 122.115, equivalente a casi 18.000 dólares americanos para la realización del encuentro. El gobierno de Bolivia militarizó el Territorio Indígena y movilizó a un centenar de funcionarios públicos y militantes del MAS para participar en el falso encuentro organizado por sus indígenas. Sorpresa al encontrarse con el alambre de espino que bloqueaba el río Isiboro a la altura del Centro de Gestión.

Desaforados enfrentamientos y agresiones

Los militares enviados por el gobierno para escoltar los víveres, la gasolina y a los masistas del encuentro de San Pablo, intentaron cruzar el alambre de espino que bloqueaba el camino por río, pero la presión por parte de los indígenas que se encontraban en el Centro de Gestión les obligó a detener sus intenciones y desembarcar para dialogar y llegar a un acuerdo con los mismos. La Armada boliviana y la Policía Nacional garantizaron a los indígenas, frente a las cámaras, proteger su seguridad y respetar las decisiones de los mismos de no cruzar el río, así como trasladar sus mensajes y peticiones al gobierno.

Al siguiente día, los militares rompieron su palabra e intentaron escoltar unas barcazas en las que viajaban oficialistas dirigiéndose al encuentro de San Pablo, por consecuencia entraron en discordia con los indígenas que se oponían a la entrada de personas externas al territorio, sin consulta de las autoridades y habitantes originarios dueños del mismo. Los enfrentamientos se produjeron con la presencia de observadores de derechos humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el exdefensor del pueblo, periodistas con media docena de cámaras, que filmaron a los militares haciendo caso omiso a las llamadas pacíficas de retroceso por parte de los indígenas.

La hostil situación culminó cuando un militar golpeó con un remo a dos indígenas que lideraban la resistencia, al verse rodeado por los mismos. Entre estos dos indígenas se encontraba la presidenta de la Subcentral de Mujeres del TIPNIS, Marquesa Teco, quién manifestaba: «ellos (los militares) dijeron 'estamos a disposición de ustedes, somos hermanos', y otra vez nuevamente llegan ellos, cuando le hemos dicho que ya no entren; y le dan palos al abuelo Hilario y a mí también me asientan dos palazos en la cabeza».

En ese contexto de forcejeos se hundió una balsa militar. Cayeron al agua varios soldados y se paralizó la entrada de personas externas dentro del territorio. Las fuerzas del Estado se retiraron y los indígenas lograron reforzar la resistencia, deteniendo los víveres y la gasolina que tenían como destino abastecer el falso encuentro de San Pablo, donde los indígenas afines a Evo Morales y los militantes masistas pretendían culminar su soberbio espectáculo mediático.

A continuación del retroceso de los militares, José Luis Antezana, comunario de Nueva Vida en el TIPNIS, declaraba con rabia: «no vamos a tolerar la mentira de estos uniformados, porque ya está de buen tamaño; el territorio es de nosotros y lo vamos a defender nosotros, estos sinvergüenzas fueron los que nos patearon en Chaparina (represión durante la VIII Marcha de 2011); hoy vienen a hacer otro chaparinazo acá dentro de nuestra casa».

En los días posteriores al enfrentamiento, eran constantes las visitas de los militares por el río, se acercaban hasta la ribera filmando desde la distancia con teléfonos móviles a todos los presentes en el evento. La vicepresidenta de la Subcentral TIPNIS, Cecilia Moyobiri, nos transmitía días después lo siguiente: «nos hemos concentrado en el Centro de Gestión con todos los comunarios y corregidores en este encuentro y en eso aparecen los militares a intervenirnos a nosotros en nuestro territorio. ¿Cómo es posible que hoy en día los militares estén interviniéndonos en nuestra propia casa? Eso es por falta de respeto, abuso de nuestros derechos, nuestra libre expresión y nuestra libre determinación. Esto nunca nosotros vamos a permitir y siempre vamos a resistir».

Provocaciones, secuestros y amenazas

Un día después de la finalización del Encuentro en el Centro de Gestión, muchas de las autoridades indígenas, comunarios y observadores invitados seguíamos en el territorio pensando en una forma de regreso pacífica sin intervención militar. Algunos asistentes se vieron obligados a salir unos días antes por motivos de agenda, como fue el caso de un grupo de observadores e investigadores, que el 28 de agosto tomaron un casco (como llaman los originarios a una barcaza de madera con forma de canoa) con destino a puerto Geralda en el río Mamoré, uno de los puertos más cercanos a la ciudad de Trinidad.

Mientras viajaban río abajo, un grupo de militares los detuvo en la comunidad de Gundonovia en el TIPNIS, les registraron sus pertenencias, les pidieron identificaciones y los retuvieron durante más de una hora. Al motorista indígena que manejaba el casco lo amenazaron de muerte delante de ellos: «Vamos a llevarte a la pampa y te vamos a meter un tiro en la cabeza», esas fueron las palabras que usaron los militares para amedrentar al joven indígena que transportaba al grupo de observadores.

Al día siguiente, los mismos militares detuvieron y secuestraron a Modesto Yujo y Antonio Huayacuma, padre e hijo de la Corregidora indígena de Gundonovia, Delsi Yujo, en el TIPNIS; llevándoles hasta Trinidad y poniéndoles a disposición de la Fiscalía. Fueron puestos en libertad de inmediato porque no existía orden en su contra y la situación de esta detención hasta ahora no se esclarece, pues los militares están impedidos por ley de hacer detenciones.

Después de la tormenta llega la supuesta calma

Luego de unas intensas jornadas de hostigamiento ilícito a los asistentes durante el pasado encuentro indígena orgánico en el Centro de Gestión, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, que también asistió al encuentro, mantuvo una reunión con el Comandante Aldo Bravo de la Fuerza Naval. Esta autoridad se comprometió verbalmente a no volver a realizar ninguna acción de amedrentamiento a comunarios, autoridades y observadores.

Posteriormente a conocer este acuerdo, las autoridades indígenas junto a comunarios y los demás invitados al encuentro partimos del Centro de Gestión hacia la ciudad de Trinidad, en una monumental caravana de 12 canoas por el río Isiboro. Al pasar junto a la comunidad de Gundonovia, observamos el contingente que el gobierno tenía montado; más de medio centenar de militares se encontraban esperando en la playa.

No se produjeron enfrentamientos y la delegación indígena con los observadores llegamos a puerto Tarumá, donde nos esperaba un camión para partir a la ciudad de Trinidad. Nuestro objetivo era poder denunciar con mayor repercusión las violaciones de derechos humanos, que han ocurrido durante estos días en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.

Resistir, un derecho y un deber

Bolivia está sujeta a la normativa internacional de las Naciones Unidas para el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y originarios. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, confunde a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional con su prédica de proceso de cambio en el país cuando en los hechos vulnera estos preceptos.

El Presidente teme a la capacidad de resistencia del TIPNIS, porque sabe que es el único territorio indígena que ha podido una vez hacer tambalear a su gobierno y sus políticas extractivistas desde la VIII Marcha Indígena de 2011. El TIPNIS resiste a un gobierno de avasalladores, de colonos depredadores, de narcotráfico, manipulación, compra y corrupción de las instituciones. El TIPNIS resiste al más fuerte terrorismo de Estado, que usa la fuerza militar para defender sus intereses.

Una traición histórica

Una delegación de indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en la Amazonía boliviana, se ha desplazado a la ciudad para denunciar los constantes abusos por parte del dirigente Domingo Nogales, afín al gobierno de Evo Morales.

Los indígenas acusan al dirigente de «traición» por participar en la presentación de un proyecto de Ley impulsado por sectores afines al MAS (partido de Evo Morales), que abroga la actual Ley 180 de protección de su territorio, para dar vía libre a la construcción de una megacarretera que atravesará el territorio indígena, partiéndolo por la mitad.

«¿Quién permite anular la Ley 180 que ha sufrido una marcha, atropello, gasificación, muerte? ¿Quién no valora eso? Nuestros ancestrales ya se fueron, somos nosotros los que tenemos que velar por todo el bienestar de nuestra niñez» declara Marquesa Teco, presidenta de las mujeres indígenas del TIPNIS.

Ley 180, una conquista social

La Ley 180 que prohíbe la carretera «ha sido fruto de la VIII Marcha en Defensa del TIPNIS y ha sido sacrificio de varios pueblos indígenas» declara José Luis Antezana, indígena yuracaré y comunario de Nueva Vida en el TIPNIS.

La VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS tuvo lugar en 2011, transitó desde el departamento del Beni hasta la ciudad de La Paz y duró 65 días. Los marchantes sufrieron represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en la localidad de Chaparina y fueron agredidos por colonos productores de hoja de coca, con la complicidad y el caso omiso de las autoridades gubernamentales. Además, hubieron cuantiosos heridos e incluso muertos en el transcurso de la misma. La movilización indígena tenía como finalidad detener el proyecto carretero que el régimen de Evo Morales quería imponer en la región. Esta acción del ejecutivo, entre otras, ha sido uno de los motivos por los que el “gobierno del indio” ha comenzado a ganarse el rechazo de gran parte de las organizaciones y pueblos indígenas en el Estado boliviano.

La política extractiva en el gobierno de Morales

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure ha sido y es víctima de atropellos por parte de colonos en busca de la ampliación de la frontera agrícola cocalera, cuya producción va destinada al narcotráfico además de la industria maderera ilegal, que viola incesablemente los límites del parque. Recientemente se ha denunciado que casi un tercio del total del territorio indígena se ha convertido en zona de concesiones hidrocarburíferas en favor de PETROBRAS, firma de capital brasileño; y de la empresa YPFB Petroandina SAM, propiedad del estado venezolano y boliviano. No es extraño que el gobierno busque levantar la protección al área. El proyecto de Ley de abrogación de la Ley 180 presentado por movimientos y asambleístas del MAS y ya promulgado por el presidente Morales, tiene como principal objetivo dar luz verde a la construcción de la carretera que satisfará los beneficios de los sectores citados anteriormente.

En 2011 durante el transcurso de la VIII Marcha, la revista de información y análisis crítico, PetroPress, recogió las siguientes declaraciones de Toribia Lero, mujer indígena del CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu): «el pueblo de Bolivia, nunca, esperó que el gobierno de Evo -el gobierno del indio como nosotros- iba a ser capaz de masacrar a su mismo pueblo; y no lo creíamos porque todos hemos apoyado este “proceso de cambio”» .

Por su parte, seis años después de la marcha, miembros de la delegación de indígenas del TIPNIS durante una rueda de prensa manifestaron: «realmente es el gobierno del Estado el que está cometiendo errores frente a nuestros derechos», «como es que es un gobierno indígena cuando se le está dando maltrato a los pueblos indígenas» .

Éstas no son las únicas oposiciones indígenas a las políticas extractivistas del gobierno de Evo Morales: en el departamento de La Paz, los indígenas tacanas, tsimanes y mosetenes han manifestado su repulsa a la construcción de dos mega represas sobre sus tierras sagradas: el Bala y el Chepete.

La dirección que está siguiendo la administración de Morales discurre totalmente de sus discursos reconocidos internacionalmente por la defensa de los pueblos originarios y de la Madre Tierra.

Las organizaciones y pueblos indígenas del TIPNIS expresan que son ellos «los habitantes de este paraíso que da el pulmón a Bolivia y al mundo» y, por lo tanto, son ellos los que deben decidir sobre su territorio, tal y como afirma la Constitución Política del Estado. Reiteran que van «a seguir defendiendo el TIPNIS» y hacen una llamada a la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos, otros pueblos indígenas y a toda la sociedad civil para que se sumen a su lucha.

“A partir de ahora vamos a empezar a hacer oleoductos”, declaró el actual presidente estadounidense, Donald Trump, después de autorizar por decreto ejecutivo la construcción de dos conductos en el norte del país. Tras las victorias alcanzadas en 2015 y 2016 contra los proyectos de transporte de crudo Keystone XL (KXL) y Dakota Access Pipeline (DAPL), el nuevo mandatario ha decidido revivirlos en medio de una oleada de protestas civiles lideradas por movimientos ambientalistas y comunidades tribales amenazadas.

En recientes publicaciones, el líder indígena, David Archambault II, testificaba: “Nos oponemos a los proyectos peligrosos, como DAPL, que ignoran nuestros derechos y ponen en peligro nuestro agua”. La infraestructura desafía el caudal del río Missouri, que es afluente más largo de Norteamérica y fuente de agua potable para millones de personas en Estados Unidos. A sus orillas han vivido los Sioux desde tiempos inmemorables y su sustento depende de la salubridad del agua.

Bajo consignas como “water is life”, miles de activistas y simpatizantes del movimiento se han congregado en torno a dos campamentos surgidos en la reserva india de Standing Rock, Dakota del Norte, la misma región donde planean transitar las tuberías. Los propósitos petroleros del Keystone XL esperan transportar alrededor de 830.000 barriles diarios de crudo procedentes de las arenas bituminosas canadienses hasta las refinerías estadounidenses del golfo de México. En ese viaje, atravesarán el estado de Dakota del Norte. Asimismo, el Dakota Access pretende llevar unos 570.000 barriles al día desde Dakota a Illinois y Texas.

Los combustibles que se obtienen de las arenas bituminosas son altamente contaminantes; emitiendo más gases de efecto invernadero que los generados a partir de hidrocarburos convencionales. Su extracción produce graves desórdenes en el medio en el que se encuentran ya que, se hallan cerca de la superficie: explotándose mediante minería a cielo abierto, ocasionando problemas de contaminación de suelos y aguas.

La tribu Sioux de Standing Rock ve amenazada sus tierras atávicas. Las obras destruirán yacimientos arqueológicos de sus antepasados, así como, lugares ceremoniales y de culto sagrados para su pueblo. El pasado mes de septiembre, las excavadoras arrasaron con un cementerio ancestral a pesar de la intervención de los nativos americanos.

Con estas nuevas medidas, el presente gobierno de los Estados Unidos pretende ampliar la infraestructura de la industria de los combustibles fósiles en el país. Actos que afianzan su postura negacionista del cambio climático.

A estas alturas darle la espalda a las energías renovables resulta ridículo. Ignorar a la comunidad científica que nos ha demostrado más de una vez las evidencias sobre la existencia del cambio climático es aún más anómalo; y practicar una política monóloga exenta de diálogo: se rinde intolerante.

Los protectores del agua seguiremos resistiendo, hemos llegado bastante lejos como para rendirnos ante los últimos sucesos. Estamos muy cerca de sentar un precedente de cara a los próximos años de legislatura. En esta lucha, no solo nos jugamos Standing Rock, sino el futuro de las influencias civiles sobre las políticas medioambientales de Donald Trump y compañía.

Nuestros abuelos emigraron a Cuba y Venezuela, buscando un lugar donde forjase el sustento. Miles de españoles marcharon a Francia, huyendo del régimen franquista y, en Canarias, otros se refugiaron en Argelia. Las dictaduras del pasado provocaron millones de desplazados; las del presente tiñen de rojo el Mediterráneo. En los acomodados nidos españoles, los jóvenes aprenden a volar en Inglaterra, Estados Unidos o Alemania a falta de trabajo en su país. Otros millones que aspiran a un modelo de vida en los países del Norte Global desaparecen por el camino; suenan otros destinos, pero cantan las mismas realidades. Los cantos, nunca mejor dicho, lo reflejan y, es que, la música se ha encargado de recordarnos que la identidad de nuestro pueblo llegó de más allá del Atlántico. La malagueña, el arrorró, la rumba y otras melodías viajaron con los alisios y quedaron atrapadas en las cumbres y corazones de los isleños: el cantante teldense, José Velez, es “canario con el corazón latinoamericano”; Olga Cerpa y Luis Morera entonaban “en busca de Valentina…la mujer que quiso la patria sin fronteras”. No hemos sido los únicos en “coger la maleta”, la de Pedro Lezcano. En muchos rincones del mundo ocurrió y ocurre exactamente lo mismo: desde Europa viajaron a América, las letras que Quilapayún e Inti Illimani cantaban desde el exilio añorando su tierra. Mercedes Sosa nos abría la mente con las estrofas de Todo Cambia que el chileno, Julio Numhauser, compuso desde Suecia: “pero no cambia mi amor, por mas lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente”. En muchos casos la música es un puente entre los que marchaban y sus raíces. Otras veces denuncia el camino de ida: “…yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto, ser un emigrante ese es mi deporte, hoy me voy pal’ norte, sin pasaporte, sin transporte…” rapea René Pérez de Calle 13 descubriendo a los Mexicanos que cruzan la frontera; el cantautor francés, Manu Chao, plasmaba una realidad en sus letras “pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar”, quién iba a decir que el 2016 sería el año más mortífero, con 3.800 inmigrantes y refugiados que perdieron la vida en el Mediterráneo. Han construido muros fuertes a las personas más débiles, han construido muros al pensamiento y a la libertad de expresión. Aún así, siguen habiendo millones de desplazados porque no tienen nada que perder. En 1984, la banda de rock Siniestro Total volvía a formularnos la cuestión que ha generado incertidumbre a la humanidad desde tiempos ancestrales, “¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos?”. Seguramente seamos una mezcla de todo, de todos; con la misma procedencia evolutiva en el oriente africano y un destino no muy lejano de la Tierra. Una Tierra que compartimos personas de diferentes culturas, edades y géneros. Una Tierra que padece nuestras discrepancias ideológicas, que recuerda de dónde venimos, pero no está segura hacia dónde vamos. Con un destino desconocido, pero previsible ante los últimos sucesos globales, que nos acercan en aumento a un mundo cada vez más fraccionado donde se levantan fronteras físicas y se destruyen las económicas. El artista argentino, León Gieco, en De Igual a Igual reflexiona ante la impotencia de aquellos que abandonan su hogar, desahuciados por un sistema cruel que fija sus intereses en valores monetarios y que, a pesar de todo, pretende repatriar: “si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país”.

Hay algo que se repite en la historia de la humanidad: cuando los seres humanos que odian construyen muros, los seres humanos que aman construimos puentes. Por eso, hoy más que nunca, el mundo necesita puentes de esperanza y solidaridad cargados de amor y reconciliación.

El gobierno les ha prohibido la caza en todo el territorio nacional bajo el rótulo del conservacionismo; pero, a la vez, permite la caza de trofeos a las elites que desembolsan numerosas cifras por ello. “Sé cómo cuidar de las presas. Es por eso que nací con ellas, viví con ellas y todavía están ahí. Si vas a mi zona, encontrarás animales, lo que demuestra que sé cómo cuidar de ellos”, decía un cazador bosquimano.

Los indígenas han creado la organización First People of the Kalahari y han contado con la ayuda del movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales Survival International para enfrentarse a la represión del gobierno. Consiguieron llevarlo a los tribunales y ganar la batalla legal, reconociéndoseles, en 2006, el derecho a regresar a sus tierras; pero el gobierno se ha esmerado en impedir su retorno, llegando a sellarles el único pozo de agua de forma que atesoran dificultades con el acceso para sobrevivir en la reserva. Una vez más en 2011, el Tribunal de Apelaciones de Botsuana pronunció que los bosquimanos podían explotar su antiguo pozo de agua y perforar otros. No obstante, los impedimentos para que los autóctonos vivan libres y en paz siguen reinando. Hace unas semanas un helicóptero militar del gobierno disparaba a un grupo de bosquimanos que cazaba un antílope para sustentar a sus familias. Acusándoles de furtivos por cazar para sobrevivir. Además, el régimen de Botsuana ha vetado al abogado de los indígenas, impidiéndole la entrada al país, lo que supone una violación de la normativa internacional.

Como consecuencia, los aborígenes han padecido más opresión por parte de las autoridades; llegando a tener que presentar, al cumplir 18 años, permisos mensuales para entrar a la reserva a visitar a sus familiares. El Apartheid se repite como en otros muchos lugares del planeta, el comportamiento despreciable de las autoridades hacia una etnia es inhumano; pero el fondo nunca es tan simple: los planes del Ejecutivo en la Reserva del Kalahari Central son muy ambiciosos y es que la zona cuenta con un increíble yacimiento diamantífero valorado en más de 4 mil millones de dólares que están siendo explotados por la compañía británica Gem Diamonds. Asimismo, el gobierno ya ha dado licencia a una empresa de safaris para la ubicación de un alojamiento turístico en las tierras bosquimanas.

Los intereses económicos, bajo el paraguas del progreso y el crecimiento de las naciones, se interponen una vez más en la vida de los pueblos originarios. Los bosquimanos seguirán luchando por la emancipación de su etnia y por recuperar sus tierras atávicas hasta la victoria. El boicot turístico a Botsuana y la denuncia ante la opinión pública es la mayor ayuda que podemos brindarles a estos seres humanos destacados por la resistencia ante una administración despótica y tirana.

Es muy fácil cargar la culpa a la raza humana de ser la causante del Cambio Climático, pero detrás de ésta se encuentra algo más complejo: el imperante sistema Capitalista. Aquel que nos han impuesto y del que nos han creado una dependencia social mediante la manipulación mediática y sus métodos globalizadores. Y es que, afirmar que la globalización está construida sobre los pilares del capital y que ésta a su vez lo ha introducido en casi la totalidad del planeta no provoca discrepancia ni siquiera en el sector más crítico. Estados Unidos y China representan más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Las dos principales potencias económicas del globo, junto a Rusia y emergentes como India, Sudáfrica y Brasil, basan su economía en el neoliberalismo. La normalidad con la que gastamos las reservas de combustibles fósiles de la Tierra, deforestamos hectáreas de selvas o contaminamos los océanos dificultando la vida a sus habitantes obedece a saciar las demandas de una sociedad consumista que insta el actual modelo productivo, favoreciendo los intereses del poder económico mundial.

Por todo ello, es lógico que el 97% de los miembros del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) esté de acuerdo con que el Calentamiento Global es producto de la actividad humana. Las últimas declaraciones del organismo científico de las Naciones Unidas arremeten contra las actuales voluntades políticas afirmando que para que no se supere los 1,5ºC de Temperatura media global (respecto a niveles pre-industriales), y por lo tanto se pueda mitigar los efectos del Cambio Climático, hace falta que los países comiencen a desarrollar acciones nacionales en reducción de las emisiones de dióxido de carbono antes del 2020 con el objetivo de llegar a mediados de siglo libres de CO2. Una iniciativa que ha sido presentada en algunos territorios.

Canarias, mediante el Informe Revolución energética para las Islas Canarias elaborado por el Instituto de Termodinámica de la Agencia Aeroespacial Alemana, argumenta que el Archipiélago puede ser 100% sostenible en 2050. La transición hacia un nuevo modelo energético basado en las energías renovables es posible, la tecnología existe y está al alcance de los gobiernos, sólo queda esperar a que éstos den de lado a los intereses del mercado y de la industria de los fósiles. Ahora más que nunca es necesario que la sociedad civil se una para cambiar el actual sistema por uno más justo con los moradores del planeta. Si no es así, las consecuencias del Cambio Climático nos costarían a finales de siglo el 50% del PIB mundial, advierte el IPCC. ¿Estamos dispuestos a vivir una crisis económica, social y ecológica por mantener al Capitalismo?

A lo largo de los años hemos observado que toda la ornamentación de las zonas verdes y jardines del entorno han dado la espalda a la vegetación histórica propia y característica de la zona. Recuperar, en lo posible, el entorno natural de este territorio de forma sostenible debería ser el objetivo fundamental y para ello debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales:

1.- El territorio forma parte del piso basal de la isla de Gran Canaria, cara sur de la misma. Su característica paisajista viene definida por la presencia del Cardonal - Tabaibal y todas las especies asociadas a este nicho ecológico.

2.- Dos características climáticas lo definen perfectamente: los fuertes vientos casi permanentes del Noreste y las escasas lluvias.

3.- La fuerte implantación de los asentamientos humanos que han propiciado la urbanización de todo el llano, eliminando barrancos, barranquillos, laderas y lomos provocan en los períodos de tiempo Sur con lluvias torrenciales, problemas de desagües a la población.

Algunas referencias históricas ilustran claramente lo que significó y fue el paisaje de esta zona. El Doctor René Verneau en su visita a Gran Canaria en los años 1884-1889 aporta algunos textos que describen el ambiente natural de la comarca. Estos textos los podemos leer en el libro “Agüimes recorridos históricos” escrito por Don Francisco Tarajano en el capítulo “Retazos de la Geografía del Sureste”. Destacamos los siguientes:

“Entre Juan Grande y Agüimes se encuentra el barranco de Los Balos, que contiene inscripciones numídicas....Es un lugar seco en el que, sin embargo, crecen una infinidad de arbustos (Plocama pendula) de un follaje muy elegante, pero de un olor repulsivo….”

“Son terrenos pocos fértiles a los que se llega a hacer producir alguna cosa a base de trabajo y llevando en canales, con grandes costos, el agua que nace en el cráter de Tirajana”. “El Sureste es la región de las euphorbias. Todas las especies en Canarias se encuentran allí y alcanzan proporciones gigantescas….La tabaiba (Euphorbia balsamifera) tiene el aspecto de un árbol….Esta especie es tan abundante que cubre por completo ciertas montañas, que de lejos tienen el aspecto de huertos plantados de manzanos”

Concluye Don Francisco:“…estos terrenos tan áridos que pertenecieron al Estado. Sin embargo, unos pobres diablos siembran allí trigo cada año, y, cuando llueve, hacen buenas cosechas. El primero que los ocupa tiene el disfrute hasta la recolección”.

Cualquier consulta que hagamos a los grandes naturalistas que han estudiado la flora canaria, su valor e importancia en el aspecto de la diversidad y antigüedad de nuestra flora, nos alertan de la necesidad de conservar en su estado natural nuestra rica y valiosa vegetación. Sventenius, Kunkel y otros han puesto a nivel internacional el alto valor paisajístico de Gran Canaria caracterizado por su rica variedad y la singular instalación en pisos ecológicos.

Abundar en la argumentación científico natural para demandar el respeto al paisaje en los pocos espacios libres que nos quedan, se nos antoja cansino y reiterativo, por ello exponemos nuestro deseo: que se lleve a cabo una gestión respetuosa con el medio y que ponga en valor nuestra riqueza. Ajardinando todas las áreas y espacios previstos en la autopista con flora del piso basal y que es característica de la zona: balos, tabaibas ( en todas sus variedades), cardón , verol, tajinaste y para las barreras de cortavientos, el tarahal ( Tamarix canariensis) tan utilizado por las generaciones anteriores para hacer de socos naturales.